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Sala Constitucional ratifica una vez más control del Ejecutivo nacional sobre el BCV

Sala Constitucional ratifica una vez más control del Ejecutivo nacional sobre el BCV

La Sala Constitucional (SC) del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), mediante sentencia n.º 247 del 25 de julio de 2019 arrecia su sistemática persecución en contra de la Asamblea Nacional (AN), elegida en diciembre de 2015.

En esta oportunidad el TSJ declara la nulidad del acuerdo de la AN del 16 de julio de 2019, en el cual designó un directorio ad hoc del Banco Central de Venezuela (BCV), integrado por cinco miembros, cuyo único objetivo es rescatar y proteger las reservas internacionales del país, sin la posibilidad de usar o disponer de esos fondos. El propósito de ese acuerdo es salvaguardar los bienes y activos que están en el exterior de Venezuela y que son de su propiedad.

Este convenio se basa en otro del 15 de enero de 2019, en que solicitó a varios países la protección de los activos venezolanos. Asimismo, se fundamenta en el acuerdo del 26 de junio de 2019, en que rechazó la designación de Calixto Ortega Sánchez como presidente del BCV, al haber sido nombrado por el Ejecutivo nacional sin la participación de la AN como establece la Constitución (artículo 318 y disposición transitoria cuarta, numeral 8).

Además, el acuerdo de la AN del 16 de julio desarrolla los artículos 15 y 36 del Estatuto que rige la transición a la democracia para restablecer la vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela –que es una ley formal del parlamento venezolano para regular la peculiar situación del país con un régimen político de facto–, los cuales se refieren a la salvaguarda de los activos y bienes venezolanos en el exterior.

En suma, la AN cimienta su nuevo acuerdo en las potestades que le da la Constitución para controlar el BCV y su autonomía, así como sobre el presupuesto y los recursos públicos.

No obstante, el máximo tribunal del país en su rol de favorecer el poder político en contra de la Constitución y del interés general ratifica el supuesto desacato en que se encuentra la AN, y sobre ese argumento pretende justificar una vez más que cualquier decisión que tome el órgano legislativo y su directiva será nula e inexistente.  Con ello, avala el control del Ejecutivo sobre el BCV y su falta de autonomía, que es la causa fundamental del caos monetario y financiero actual.

En efecto, la sentencia n.° 247 no es sino es una reedición de la decisión 259 del 31 de marzo de 2016 de la Sala Constitucional, mediante la cual anuló la reforma parcial de la Ley del Banco Central de Venezuela para cambiar las modificaciones que había introducido a su vez el Ejecutivo Nacional en 2015 por decreto ley n.° 2.179 (publicado en Gaceta Oficial n.° 6.211 Extraordinario del 30 de diciembre de 2015), con las cuales se hizo del control absoluto del BCV.

En este sentido, el objetivo de la reforma de la AN en 2016 era “restablecer el régimen legal del BCV de 2014 y, con él, los tradicionales controles del Poder Legislativo sobre el BCV”, que Maduro con su decreto ley de un solo plumazo había eliminado, sometiéndolo completamente a su poder.

Así, dicha reforma tenía el propósito de volver a la versión de la ley, que existió entre el 3 de octubre de 2001 y el 29 de diciembre 2015 hasta que el presidente de la República decidió cambiarla para garantizar con ella su control absoluto sobre el BCV y eludir el de la AN.

¿Y a ti venezolano, cómo te afecta?

En medio de la grave situación política y económica del país, el fallo de la SC constituye un abono más para su destrucción institucional y social, promovida desde el Ejecutivo nacional, especialmente desde las elecciones parlamentarias, con el fin de lograr la toma absoluta del poder y, lo que es aún más grave, el control social y político de los venezolanos.

El Parlamento procura conducir el rumbo del país hacia la democracia. Para ello, uno de sus propósitos, justamente, está en salvaguardar los activos del país y emprender la recuperación de la autonomía del BCV. Pero mientras esto sea impedido por las distintas instancias del Ejecutivo, entre ellas la ilegal e ilegítima ANC y el propio guardián “legal” del régimen, vale decir, el TSJ,  los venezolanos seguiremos viendo cómo la quincena se convierte en sal y agua.

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