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Estado venezolano NO invierte en la Justicia

Estado venezolano NO invierte en la Justicia

Presupuesto del Poder Judicial

El análisis del Poder Judicial no puede restringirse nada más a los preceptos jurídicos, pues es un servicio y por ende deben evaluarse también el costo, la eficiencia y otros aspectos de su desempeño. A este efecto Acceso a la Justicia realizó una investigación con la intención de revisar tales detalles y expondrá sus hallazgos en materia presupuestaria.

Para ello es de suma utilidad la Ley de Presupuesto aprobada por la Asamblea Nacional, ya que indica de manera detallada los órganos y partidas a que se destina el presupuesto. Sin embargo, hay que notar que esta fuente tiene sus limitaciones, porque la cantidad de recursos asignados por la Ley no es necesariamente la que se gasta en realidad, al no ser la planificación la mejor o porque no siempre hay la disponibilidad de recursos necesarios en el momento de la aprobación de la ley; como consecuencia de ello, se aprueban créditos adicionales a lo largo del año.

Incluso en esta fuente de información tan importante para poder controlar en qué se gasta y cómo, hay inconsistencias que aumentan la opacidad generalizada en la gestión judicial del país, a la que ya Acceso a la Justicia ha hecho referencia. Por ejemplo, desde el 2005 no se puede distinguir lo que se gasta en el TSJ de lo que se gasta en los Tribunales. Esto ayudaría a establecer los costos de cada uno, luego contrastarlo con su eficiencia y así apreciar cuál gasto está mejor justificado, así como la diferencia entre ambos.

Por otro lado, al calcular el monto asignado al Poder Judicial en términos reales (es decir, eliminando las diferencias producidas por la inflación) podemos observar que el mismo crece de manera importante entre el año 2001 y el 2007, llegando a ser en este último más del doble que en el primero. A partir de allí se estanca hasta 2009, y luego sufre una importante caída haciendo que en cuanto a poder de compra el presupuesto de 2011 sea equivalente al de 2005. Luego de una pequeña recuperación en 2012 la caída se acentúa a partir de 2013, hasta cerrar 2015 con la menor disponibilidad de recursos financieros del período, siendo equivalente a la mitad del presupuesto de 2001.

Estos datos son muy graves porque muestran un retroceso en el desarrollo de este poder, lo que es peor si se tiene en cuenta que hablamos de un período de alta conflictividad social, donde se necesita más que nunca la intervención de los órganos llamados a solucionar las diatribas en una sociedad. Es lamentable que en Venezuela no se invierta más en solucionar los problemas, sino mucho menos.

Otro dato relevante es qué proporción de los recursos asignados son utilizados para pagar personal, pues entre más alto sea este número, menos dinero habrá para otros gastos que son necesarios si se quiere prestar un servicio de calidad. A lo largo de todo el período este ha sido el rubro principal del presupuesto, ocupando al menos 50% de los recursos todos los años, con excepción de 2002. A partir de 2007 se supera el 70% en conceptos salariales, con una disminución temporal en 2011 y 2012 (poco más de 60%) para luego retomar el ascenso acercándose al 80% en 2015. Resulta fácil comprender que, si alrededor de 7 bolívares de cada 10 destinados a la Justicia se van en personal, existan problemas con la adquisición de materiales de oficina, el mantenimiento de infraestructura y equipos, y la capacitación, que afecten la prestación del servicio al ciudadano.

Ahora bien, es muy importante comparar el monto asignado al Poder Judicial con el total absoluto del presupuesto nacional de ese año para determinar si ha subido, bajado o se mantiene. Desgraciadamente, durante los 15 años revisados solamente en tres (2007-2009) se logró un 2% (anteriormente rondaba el 1,6%), con una caída pronunciada y continuada a partir de entonces cerrando el 2015 por debajo del 1%. Este dato pone en evidencia que no solamente disminuyó la cantidad de dinero sino que se dedicó proporcionalmente menos que antes a esta materia. Es decir, si solamente hubiese bajado la cantidad total podría pensarse que es una consecuencia de la crisis económica, pero al ver que del total disponible se asignó una parte más pequeña que antes para la Justicia, resulta evidente que es una elección consciente del Estado, esto es, se ha tratado de una política pública y no es el resultado de circunstancias económicas poco favorables.

Una segunda prueba de esto se obtiene al comparar el presupuesto del Poder Judicial con el Producto Interno Bruto (PIB) del país, pues este último da una idea del tamaño de la economía en un momento dado y al revisar sus tendencias puede entenderse si el presupuesto se comporta de manera similar o no. A inicios de este período, en 2001, el presupuesto del Poder Judicial representaba el 0,6% del PIB, cifra que bajó hasta cerrar en menos del 0,5% en 2003, recuperándose paulatinamente desde 2005 hasta un punto máximo de más del 0,6% en 2007. A partir de entonces ha caído considerablemente (con algunos repuntes temporales), cerrando 2014 en poco más del 0,3%. Para el momento de realizar esta investigación el BCV aún no ha publicado oficialmente el PIB de 2015.

La gravedad de la situación de la Justicia en Venezuela es conocida por la mayoría de los venezolanos y en Acceso a la Justicia hemos venido denunciándola constantemente. El hecho de que cada vez se le otorguen menos recursos a esta área tan importante, solo trae como consecuencia que la situación empeore y, lo más grave, muestra una política de Estado que no considera a la Justicia como una prioridad para el país.

¿Y a ti venezolano, cómo te afecta?

Cada vez que un venezolano va a un tribunal y se encuentra con que no hay suficientes jueces, le piden papel para sacar copias o le dicen que no hay tóner para imprimir (por poner algunos ejemplos), está viviendo en carne propia la consecuencia directa de que no se asignen los recursos necesarios al sistema de justicia. El retardo procesal también afecta la vida de todos los ciudadanos, y es consecuencia de falta de equipos y condiciones materiales adecuadas para prestar el servicio, así como de un personal profesional que no necesariamente está bien capacitado, a pesar de la importante labor que debe desempeñar.

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