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Corte Penal Internacional: informe sobre las actividades de examen preliminar sobre Venezuela 2018

Corte Penal Internacional: informe sobre las actividades de examen preliminar sobre Venezuela 2018

Venezuela
Historia del procedimiento

99. La situación en la República Bolivariana de Venezuela (“Venezuela”) ha estado en examen preliminar desde el 8 de febrero de 2018. La Fiscalía ha recibido un total de 110 comunicaciones con arreglo al artículo 15 en relación con esta situación, incluyendo 43 vinculadas con hechos ocurridos desde abril de 2017.

100. El 8 de febrero de 2018, tras un examen cuidadoso, independiente e imparcial de una serie de comunicaciones e informes que documentaban presuntos crímenes potencialmente comprendidos en la competencia de la CPI, la Fiscal abrió un examen preliminar sobre la situación en Venezuela, al menos desde abril de 20171.

101. El 27 de septiembre de 2018, la Fiscalía recibió una remisión de un grupo de Estados Partes del Estatuto, a saber, la República Argentina, Canadá, la República de Colombia, la República de Chile, la República del Paraguay y la República del Perú (los “Estados remitentes”) en relación con la situación en Venezuela. Con arreglo al artículo 14 del Estatuto, los Estados remitentes solicitaron a la Fiscal que inicie una investigación por crímenes de lesa humanidad presuntamente cometidos en el territorio de Venezuela desde el 12 de febrero de 2014, a fin de determinar si se ha de acusar de la comisión de tales crímenes a una o varias personas determinadas. En este sentido, y haciendo referencia a las constataciones formuladas en una serie de informes relativos a la situación de los derechos humanos en Venezuela, los Estados remitentes indicaron que deberá tomarse como documentación justificativa el informe de la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (“OEA”) sobre la posible comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela.

102. El 28 de septiembre de 2018, la Presidencia de la CPI asignó la situación en Venezuela a la Sala de Cuestiones Preliminares I.

Cuestiones jurisdiccionales preliminares

103. Venezuela depositó su instrumento de ratificación del Estatuto el 7 de junio de 2000. Por consiguiente, la CPI tiene competencia respecto de los crímenes del Estatuto de Roma  cometidos en el territorio de Venezuela o por sus nacionales a partir del 1º de julio de
2002.

Contexto

104. Entre abril y julio de 2017, Venezuela experimentó un recrudecimiento de la inestabilidad política, incluyendo una nueva ola de protestas con miles de manifestantes contra el gobierno del Presidente Nicolás Maduro, luego de que la Corte Suprema dictara dos decisiones asumiendo los poderes de la Asamblea Nacional y limitando la inmunidad parlamentaria. Los partidos de la oposición en Venezuela describieron la iniciativa de la Corte como un “golpe de Estado” y convocaron manifestaciones para exigir que el Gobierno reestableciera la división de poderes, celebrara elecciones presidenciales, liberase a los prisioneros políticos y mitigase la grave escasez de insumos médicos y alimentarios. La respuesta del Gobierno a las protestas realizadas entre abril y julio de 2017 comprendió el despliegue frecuente de las fuerzas de seguridad del Estado para llevar a cabo operaciones de orden público. Fuentes públicas también informan de la existencia de un plan de emergencia –conocido como “Plan Zamora”– activado por el Presidente Maduro entre abril y junio de 2017 para reprimir las manifestaciones.

105. A finales de abril de 2017, el Gobierno venezolano también anunció que daría inicio al proceso de dos años de retiro de la OEA, luego de que Estados miembros de la OEA votasen para celebrar una sesión especial para discutir la crisis en Venezuela.

106. El 1º de mayo de 2017, el Presidente Maduro anunció planes para remplazar la Asamblea Nacional por una nueva Asamblea Nacional Constituyente (“ANC”), que se encargaría de redactar una nueva constitución –una medida que fue recibida con nuevas protestas generalizadas. El 17 de mayo de 2017, se lanzó una segunda fase del Plan Zamora. Según la información disponible, esta segunda fase incluyó la participación de miembros de la policía y del ejército, así como también de grupos de civiles armados, y conllevó el despliegue de alrededor de 2,000 miembros de la Guardia Nacional Bolivariana y de 600 tropas militares para controlar las manifestaciones públicas en Venezuela.

107. La elección para la ANC se celebró el 30 de julio de 2017, y el partido del Presidente Maduro y sus aliados obtuvieron la totalidad de los 545 escaños en la nueva asamblea. La oposición había boicoteado la elección, aduciendo que ésta había sido fraudulenta y que erosionaría la democracia en el país. La elección también fue criticada por varios Estados y observadores.

108. El 15 de octubre de 2017 se celebraron elecciones regionales en Venezuela, y el partido del Presidente Maduro ganó la mayoría de las gobernaciones. La oposición se comprometió a impugnar los resultados e hizo un llamamiento a sus partidarios a tomar las calles.

109. Según fuentes públicas, las fuerzas de seguridad del Estado frecuentemente emplearon fuerza excesiva para dispersar y reprimir las manifestaciones realizadas entre abril y julio de 2017, provocando muertos y heridos. La información indica también que miles de integrantes de la oposición –reales o percibidos como tales– fueron arrestados, de los cuales un número significativo fue presuntamente llevado ante tribunales militares. También se ha informado que, en varios casos, los individuos detenidos por las autoridades estatales fueron sometidos a abusos y maltratos graves. Además, fuentes públicas indican que las fuerzas de seguridad podrían haber seguido realizando detenciones arbitrarias, torturas, maltratos y otros abusos a los derechos humanos
después de agosto de 2017.

110. Además, se ha informado que algunos grupos de manifestantes contra el gobierno recurrieron a medios violentos, en algunos casos atacando a las fuerzas de seguridad, provocando que algunos miembros de esas fuerzas resultasen heridos o muertos.

111. El 20 de mayo de 2018, se llevó a cabo una elección presidencial en Venezuela, boicoteada por parte de la oposición. Según los resultados oficiales, el Presidente en ejercicio Maduro fue re-elegido para un segundo mandato de seis años con el 67,7% de los votos, en medio de alegaciones de fraude y de irregularidades generalizadas. Luego del anuncio de la victoria de Maduro, el Grupo de Lima, una agrupación compuesta por 14 Estados latinoamericanos y Canadá, creado en 2017 para hacer frente a la crisis política en Venezuela, decidió no reconocer la legitimidad del proceso electoral, aduciendo que no se habían cumplido “los estándares internacionales de un proceso democrático, libre, justo y transparente”. Otros Estados y organizaciones internacionales condenaron igualmente la elección del Presidente Maduro e impusieron sanciones contra altos funcionarios venezolanos.

112. Mientras el país sigue sufriendo una grave crisis económica, marcada por la escasez aguda de alimentos, medicamentos y suministros médicos, una criminalidad en aumento y riesgos crecientes de violencia política, cientos de miles de venezolanos habrían salido del país, según la información disponible, a países vecinos. Se estima que aproximadamente 1,6 millones de venezolanos han abandonado el país desde 2015. En agosto de 2018, el Gobierno de Venezuela lanzó el “Plan Vuelta a la Patria” para facilitar el regreso de los migrantes venezolanos a través de un puente aéreo. En octubre de 2018, las fuentes oficiales informaron que más de 8,000 nacionales venezolanos habían sido repatriados en el marco de este programa.

Presuntos crímenes

113. El examen preliminar se centra en crímenes presuntamente cometidos en Venezuela al menos desde abril de 2017, en el marco de las manifestaciones contra el gobierno y la inestabilidad política conexa. En particular, se ha alegado que las fuerzas de seguridad del Estado con frecuencia emplearon fuerza excesiva para dispersar y reprimir manifestaciones, y que han detenido y encarcelado a miles de civiles, algunos de los cuales habrían sido presuntamente sometidos a graves abusos y maltratos durante su detención. También se ha informado que algunos grupos de manifestantes recurrieron a medios violentos, provocando que algunos miembros de las fuerzas de seguridad resultaran heridos o muertos.

114. De acuerdo a la información disponible, las fuerzas de seguridad del Estado y las autoridades del gobierno, incluyendo altos funcionarios, fueron responsables de distintos actos de violencia que constituyen crímenes de lesa humanidad presuntamente cometidos contra opositores –reales o percibidos como tales– al gobierno del Presidente Maduro. Estas alegaciones incluyen varios casos de asesinato, encarcelación u otra privación grave de la libertad física, tortura, otros actos inhumanos, violación y otras formas de violencia sexual, desapariciones forzadas, y persecución fundada en motivos políticos. También se ha alegado que las fuerzas del Estado emplearon fuerza excesiva durante las operaciones de seguridad y redadas realizadas fuera del contexto de manifestaciones contra el gobierno.

115. También se ha informado que las fuerzas del Estado, en ocasiones, colaboraron con civiles armados pro gobierno, incluyendo los grupos denominados “colectivos”, que también habrían presuntamente perpetrado una serie de actos violentos contra manifestantes, miembros de la oposición –reales o percibidos como tales– y activistas, funcionarios elegidos y estudiantes.

116. En la remisión presentada ante la Fiscalía, los Estados remitentes alegan que se han cometido los crímenes de lesa humanidad de asesinato, encarcelación, tortura, violación y otras formas de violencia sexual, persecución (fundada en motivos políticos), y desapariciones forzadas contra la población civil venezolana, particularmente contra miembros de la oposición –reales o percibidos como tales– al menos desde el 12 de febrero de 2014.

Actividades de la Fiscalía

117. Durante el período sobre el que se informa, la Fiscalía inició un examen cuidadoso e independiente de toda la información disponible a efectos de llevar a cabo una determinación plenamente informada acerca de si se han cumplido los criterios legales con arreglo al Estatuto de Roma para iniciar una investigación.

118. Desde el inicio del examen preliminar, la Fiscalía ha analizado las comunicaciones con arreglo al artículo 15 recibidas en 2018 y en los años anteriores, y consultado una cantidad de fuentes públicas, incluyendo informes de organizaciones de la sociedad civil venezolanas e internacionales, la OACNUDH, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y la Secretaría General de la OEA, así como también una multiplicidad de informes de grupos de expertos y medios de comunicación.

119. Luego de recibir la remisión en septiembre de 2018, la Fiscalía continuó reuniendo y examinando información disponible procedente de una variedad de fuentes acerca de los presuntos crímenes cometidos durante el período de tiempo abarcado por el examen preliminar, incluyendo fuentes públicas identificadas en la remisión. De conformidad con los procedimientos habituales, la Fiscalía continuamente somete la información examinada a un riguroso proceso de evaluación de las fuentes, que abarca tanto la fiabilidad de las fuentes como la credibilidad de la información recibida.

120. Asimismo, la Fiscalía ha reunido información fáctica y contextual significativa y relevante para su análisis jurídico. En particular, se ha procurado obtener información detallada sobre incidentes específicos alegados con miras a determinar si se han cumplido todos los elementos constitutivos de los crímenes de lesa humanidad exigidos por el Estatuto. En el último año, la Fiscalía también ha seguido muy de cerca los desarrollos y sucesos que podrían aportar elementos adicionales a su examen de la situación.

121. Durante el período sobre el que se informa, la Fiscalía sostuvo numerosas reuniones con partes interesadas relevantes y proveedores de información a efectos de discutir una serie de asuntos relevantes para el examen preliminar. En este sentido, la Fiscalía ha solicitado información adicional específica respecto de una cantidad de alegaciones, así como también respecto de la metodología y el proceso de recolección de información empleados por los remitentes de comunicaciones con arreglo al artículo 15.

Conclusión y próximos pasos

122. La Fiscalía continúa su examen de la información disponible a efectos de llegar a una determinación respecto de si existe fundamento razonable para creer que los presuntos crímenes están comprendidos en la competencia material de la Corte. Este análisis se guía estrictamente por los requisitos del Estatuto y se está realizando con el objetivo de formular conclusiones en un período de tiempo razonable. Como cuestión general, la recepción de una remisión podría acelerar el proceso de apertura de una investigación, sólo en la medida en que no sea necesaria la revisión judicial de la decisión de la Fiscal con arreglo al Estatuto.

123. La Fiscalía también seguirá en contacto con una variedad de fuentes fiables y partes interesadas respecto de todos los asuntos relevantes para el examen preliminar de la situación en Venezuela, tales como el Gobierno de Venezuela, los Estados remitentes, organizaciones internacionales y la sociedad civil. De conformidad con su Documento de política general sobre exámenes preliminares, la Fiscalía podrá seguir reuniendo información disponible respecto de procedimientos nacionales, en la medida en que ello resulte necesario y apropiado en esta etapa.

124. En virtud del carácter abierto de la situación remitida, la Fiscalía continuará registrando alegaciones de crímenes cometidos en Venezuela en la medida en que puedan estar comprendidos en la competencia material de la Corte. La Fiscalía también podrá incluir en su análisis todo presunto crimen conectado con la situación y comprendido en la competencia de la Corte, que pueda haber sido cometido desde el 12 de febrero de 2014.

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