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Golpe Electoral

Este capítulo muestra cómo el derecho a la participación política, y en especial, el derecho al voto fueron desapareciendo a partir de la elección de una Asamblea Nacional (AN) con mayoría opositora.

1.Golpe a la participación electoral

 La toma de poder casi absoluta del presidente de la República, Nicolás Maduro, con el apoyo del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en 2016 a través de la declaratoria continuada del estado de excepción y la anulación progresiva de la Asamblea Nacional (AN), dio lugar a que la oposición política pensara en proponer una enmienda de la Constitución para recortar el periodo presidencial a 4 años y así concluir el mandato de Maduro en 2017, o incluso solicitar un referéndum para la revocatoria en el cargo.

Lo primero que hizo el partido de oposición, Mesa de la Unidad Democrática (MUD), fue solicitar una enmienda constitucional. No obstante, la Sala Constitucional (SC) del TSJ mediante sentencia nº 274 del 21 de abril de 2016, declaró que la enmienda no era posible durante el ejercicio del mandato del presidente de la República, porque no se podía desconocer la voluntad del pueblo, quien lo eligió para un periodo de 6 años y no de 4, y además, por ser un fraude a la Carta Magna, dado que la revocatoria de su mandato era el verdadero objetivo de la enmienda

Esta decisión dio pie a que la tesis de solicitar un referéndum revocatorio contra el Jefe de Estado adquiriera más fuerza entre los adversarios del chavismo. Sin embargo, debía realizarse antes de que se venciera la mitad de su periodo presidencial para que pudiera celebrarse una nueva elección, es decir, antes del 1º de enero de 2017.

Pero las trabas del Consejo Nacional Electoral (CNE) fueron inmensas, lo que hizo que le tomara a la MUD  unos 5 meses, aproximadamente, formalizar su solicitud ante el ente comicial. Al respecto hay que destacar que el CNE, conjuntamente con el TSJ, desde 2004 (en vista de la tentativa casi exitosa de la oposición de revocar al presidente de la República para ese momento, Hugo Chávez), había creado un entramado normativo muy complejo, que agregaba una fase previa a la realización del referéndum establecido y regulado por la Carta Magna.

Así cuando finalmente el referéndum pareció posible, el CNE paralizó el proceso hasta una nueva instrucción judicial, en virtud de unas medidas cautelares dictadas por tribunales penales de cuatro estados del país.

Sucesivamente, el TSJ lo hizo aún más imposible con la sentencia de la Sala Electoral (SE) nº 147 del 17 de octubre de 2016, con la que exigió que el 20% requerido según la Constitución para aprobar la realización de la consulta popular fuera por estado y no a nivel nacional. Esta decisión es inconstitucional por tratarse de un proceso nacional y no regional.

A partir de ese momento, la ONG Provea calificó al gobierno de Venezuela como una dictadura.

2.Estocada a elección estadal

El 15 de octubre de 2017 tuvieron lugar en Venezuela unas elecciones regionales en las que se escogieron a los nuevos gobernadores de 23 estados del país. Dichos comicios fueron ampliamente cuestionados durante y posteriormente al proceso por los actores políticos y organizaciones de la sociedad civil organizada.

Esta elección no fue más que la continuación y profundización de los ilícitos ya registrados en la votación de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) de julio del año pasado. Entre otros, causó ruido la fecha de convocatoria de unos comicios que tradicionalmente se realizaban en diciembre, por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE), para favorecer los intereses del Gobierno.

Además asombró la destitución arbitraria de un jefe regional, incluso después de ser elegido por el pueblo, Juan Pablo Guanipa en Zulia, por no quererse juramentar ante la írrita Asamblea Nacional Constituyente (ANC), lo que constituyó un claro golpe a la voluntad expresada por los ciudadanos en las urnas.

Aunado a ello, se verificaron inhabilitaciones de la Contraloría General de la República contra dirigentes opositores, que podían ser candidatos a gobernador, como el mandatario de Amazonas, Liborio Guarulla y de Miranda, Henrique Capriles Radonski, así como el impedimento por parte del Poder Electoral a la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), para la sustitución de candidaturas. Por si fuera poco, la gran mayoría de las organizaciones partidistas fueron obligadas a someterse a un proceso de renovación ante el ente comicial con múltiples obstáculos, como el poco tiempo para recabar las firmas y la insuficiencia de máquinas captahuellas para impedir una doble militancia que no está prohibida por la ley.

Luego, cuando apenas faltaban cuatro días para los comicios, el CNE sorprendió a los ciudadanos con la reubicación de 282 centros de votación, lo cual significó en la mayoría de los casos el desplazamiento del elector a zonas de difícil acceso.

Otro hecho que llamó la atención del proceso fue la manipulación del voto asistido, pues de ser un derecho de las personas con discapacidad  pasó a ser usado por el Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) como un mecanismo para sacar ventaja a favor de sus candidatos, sin ningún tipo de control de parte del árbitro electoral. A ello se le sumaron denuncias sobre el chantaje con las cajas de alimentos de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) y la instalación de los puntos rojos cerca de los centros de votación para que los electores pasaran a chequearse con el llamado Carnet de la Patria.

Ante tal escenario, los resultados electorales no fueron muy confiables y las denuncias de fraude por parte de candidatos como el  de Bolívar, Andrés Velásquez, pasaron por debajo de la mesa, pues ante un CNE plegado al Ejecutivo, pocas eran las probabilidades de que los reclamos fueran atendidos.

La guinda del pastel fue lo que ocurrió después. La oposición al Gobierno, pese a hallarse en desventaja, ganó 5 jefaturas regionales de 23, a saber, Anzoátegui, Mérida, Nueva Esparta, Táchira y Zulia y sus gobernadores fueron obligados a juramentarse ante la ANC, ignorándose  a las juntas electorales estadales.

Juan Pablo Guanipa, electo como gobernador del Zulia con 700.755 votos (el candidato más votado en todo el país) fue el único que se negó, por tal razón se le impidió tomar posesión de su cargo y mediante un decreto, la ANC llamó a nuevos comicios en la entidad. El Poder Electoral calló y acató la orden de una instancia ilegítima.

3.Municipales sin sorpresas

Transcurridas las dudosas elecciones de los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) y de los gobernadores en julio y octubre de 2017, los comicios municipales del 10 diciembre al cierre de 2017, vinieron a mermar aún más la confiabilidad en el sistema electoral venezolano y a ratificar que no tenemos a un árbitro independiente como lo establece la Constitución.

Para nadie fue una sorpresa que el Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) arrasara con más de 300 alcaldías de las 335 en disputa porque el uso de mecanismos ilícitos tales como  como el chequeo con el Carnet de la Patria, el voto asistido irregular, los puntos rojos, el ventajismo en la campaña, entre otros, se repitió y logró su cometido.

La no participación de los principales partidos políticos de oposición en dicha escogencia, en protesta por el proceso de validación injusto al que fueron sometidos por disposición del Consejo Nacional Electoral (CNE) y por orden del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) entre 2016 y 2017, también anticipó la victoria. Al igual que la supresión de fases electorales y el acortamiento de los lapsos (para la modificación de postulaciones que bajó de los diez de ley a dos, por ejemplo) que fueron en detrimento de las garantías de transparencia ofrecidas al elector.

Otra irregularidad a destacar fue la eliminación de la inscripción de nuevos votantes dado que el CNE acordó que el registro electoral, que serviría de base a esas elecciones municipales, sería el corte del 15 de julio de 2017, dejando por fuera a los jóvenes que cumplirían la mayoría de edad hasta el 10 de diciembre y por ende, negándoles su derecho al voto.

El derecho a elegir a sus representantes también les fue vedado a los votantes de las alcaldías metropolitanas de Caracas y del Alto Apure, por cuanto dichas elecciones fueron separadas de las municipales, al igual que la de los concejales. Con ello se contravino la Ley de Regularización de los Períodos Constitucionales y Legales de los Poderes Públicos Estadales y Municipales que establece (artículo 2.2) que las elecciones de alcaldes, concejales, concejos municipales, distritales y metropolitanos deben realizarse de forma conjunta para garantizar la uniformidad en el inicio y culminación de sus mandatos y evitar que se altere o modifique la periodicidad de los cargos –ejecutivos y legislativos– que ocupan las autoridades pertenecientes al poder público municipal.

La poca confianza que despertó este proceso organizado por el CNE se reflejó en la participación de los votantes, pues en esta ocasión acudió a sufragar sólo 47,32% del padrón electoral  (9.139.564 de personas), 1, 5 millones menos que en las municipales de 2013.

4.Golpe a partidos políticos

Una vez que el chavismo se dio cuenta  a partir de los comicios parlamentarios de 2015, en los que la oposición ganó la mayoría de escaños (112 vs. 55), que podía iniciar una debacle electoral -que incluso podía llevarlo a perder la Presidencia de la República- comenzó a emplear estrategias, la gran mayoría ilícitas, para permanecer en el poder.

Una de sus varias maniobras fue la eliminación de la oposición política en un inicio, a través del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y el Consejo Nacional Electoral (CNE), y luego de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), lo que llevó a que de 67 toldas existentes para diciembre de 2015, quedaran solamente 17 (12 progobierno y 5 del antichavismo) para el año 2018.

La “purga” comenzó con una sentencia, la número 1, de la Sala Constitucional (SC) del TSJ, del 5 de enero de 2016, en la que se estableció que los partidos políticos que hubieran obtenido menos del 1% de los votos en las elecciones parlamentarias de 2015 en menos de doce entidades federales, debían renovar la nómina de sus inscritos. Esto, porque las organizaciones con fines partidistas renunciaron al uso de sus tarjetas propias para adoptar la de la Mesa Democrática de la Unidad (MUD), alianza que resultó exitosa para la oposición en contra de los adversarios del denominado Gran Polo Patriótico, la coalición del partido de gobierno.

Quedaron excluidos de este proceso de renovación cinco partidos, entre los cuales se encontraba la MUD, el mayor partido de oposición; y del lado del gobierno, también el más importante, el PSUV.

El fallo del alto tribunal dio lugar además a que el CNE dictara las “Normas para la Renovación de Nóminas de Inscritos de las Organizaciones con Fines Políticos Nacionales” (publicadas en Gaceta Electoral n.° 801 del 4 de marzo de 2016), que fueron aplicadas a los partidos con miras a la participación en cualquier elección a partir de ese momento.

Posteriormente se produjo una  sentencia discriminatoria (n.° 223), también de la SC, del 28 de abril de 2017, que flexibilizó dicho proceso de renovación, pero sobre todo para las toldas oficialistas: Acción Revolucionaria Organizada (Tupamaro) y Partido Comunista Venezolano (PCV), así como para un pequeño partido opositor: Nueva Visión Para Mi País (Nuvipa). A todos los demás partidos, prácticamente en su gran mayoría opositores, les tocó sortear una seguidilla de obstáculos traducidos en pocos días (sólo 2) para recoger las firmas, pocos puntos habilitados por el Poder Electoral y la imposición de captahuellas bajo el pretexto de impedir la doble militancia, lo cual, valga acotar, no está prohibido por la ley ni la Constitución en Venezuela.

La consecuencia: sólo 14 partidos fueron renovados, sumados a los 8 declarados válidos sin tener que someterse al proceso de renovación, entre ellos la MUD.

La fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente (ANC) también colaboró con la “limpieza política” a favor del poder en Miraflores. El 27 de diciembre de 2017 emitió un decreto que ordenó una nueva validación de las organizaciones, en represalia contra las que no participaron en la contienda de las municipales del 10 de diciembre. Así, tras otro proceso de validación injusto e ilegal, fueron eliminados los partidos de oposición: Primero Justicia, Voluntad Popular y Puente.  El primero porque no recogió las firmas en el tiempo estipulado y luego de forma sorprendente no se le permitió revisar esa decisión, y los segundos porque no aceptaron participar en el proceso por considerarlo una “farsa”.

A esto se añade que a comienzos de 2018 (25 de enero) una insólita sentencia interpretativa de la SC (la número 53), eliminó de la carrera electoral a la tarjeta de la MUD. “Se hace (la exclusión) en razón de que su conformación obedece a la agrupación de diversas organizaciones políticas ya renovadas y otras pendientes de renovación, y dicho carácter de agrupación contraría abiertamente la prohibición de la doble militancia”, se lee en el fallo.

El resultado fue favorable para el Gobierno, pues entre el TSJ y el CNE le despejaron el camino a Nicolás Maduro para las presidenciales, que debían celebrarse a final de 2018, pero que fueron anticipadas de manera ilegal al 20 de mayo, eliminándole la competencia de peso de los principales partidos políticos de oposición del país. Esto resultó ser una fórmula perfecta para acabar con la oposición, si se toman en cuenta también las inhabilitaciones políticas impuestas por la Contraloría General a figuras como Henrique Capriles o con las persecuciones del Poder Judicial a los alcaldes de oposición y diputados de la AN.

5.Golpe al derecho al voto: elecciones conjuntas

El Ejecutivo no pudo ser complacido por el Consejo Nacional Electoral (CNE) en su deseo de que se celebraran en el país unas megaelecciones en las que se escogieran al Jefe de Estado, diputados de la Asamblea Nacional (AN), de los Consejos Legislativos, así como los concejales municipales. Luego de que la presidenta del ente comicial, Tibisay Lucena dijera en febrero de este año que no tenía la capacidad técnica para organizar tal escogencia para el 22 de abril, aceptó armar la contienda que finalmente fue fijada para el 20 de mayo, pero dejando por fuera a los miembros del Poder Legislativo Nacional.

Acceso a la Justicia denunció irregularidades y violaciones jurídicas en esta nueva convocatoria a elecciones. En cuanto a la votación para la Presidencia de la República, en tono irónico,  el poder político se ufanó al decir que le dieron el gusto a la oposición que pedía comicios adelantados para salir de Nicolás Maduro y aun así se queja y no acepta. En este sentido, vale aclarar que el artículo 42 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales (LOPRE) señala que la fecha de convocatoria de comicios debe hacerse en concordancia con los períodos constitucionales de cada cargo.

Por un lado, el periodo presidencial culminó el 10 de enero, según el artículo 231 de la Constitución, en este caso de 2019, por lo que tradicionalmente las contiendas para dicho cargo se organizan en diciembre. Por el otro, los comicios para legisladores regionales y municipales que estaba en mora desde 2016 se realizaron en mayo y diciembre de 2018, respectivamente, es decir, que en nuestro país, las elecciones se atrasan o se adelantan según los intereses del partido de gobierno.

Posteriormente, a principios de abril de 2018, la rectora del CNE Socorro Hernández admitió que dada la complejidad del proceso de postulación de candidatos a concejales por el número de circunscripciones, la escogencia de dichas autoridades también quedaría excluida para el 20 de mayo de ese año, alargando aún más e inconstitucionalmente el mandato de quienes actualmente ejercen esos cargos.  De hecho ni para la convocatoria de los cuerpos deliberantes estadales el ente comicial definió previamente las circunscripciones electorales, nominales y lista, las cuales son fundamentales para el reparto de los escaños en este tipo de elecciones, complicadas por tratarse de órganos colegiados.

De igual forma, la opacidad, sobre todo al inicio del llamado del proceso electoral también ha jugado en contra del derecho al voto de los ciudadanos porque nunca hubo un cronograma electoral claro y transparente, pues cada una de las actividades y fases han sido anunciadas sobre la marcha por los rectores, así como los cambios de última hora.

Por si fuera poco, el Poder Electoral anunció unas normas para la campaña electoral, según las cuales, entre otros aspectos, está prohibido promover la abstención ante un proceso plagado de irregularidades y arbitrariedades. Recordemos que según los artículos 62 y 63 de la Constitución, el voto es un derecho, no una obligación, ratificado esto por jurisprudencia reiterada de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), de acuerdo a la cual la abstención también es una forma de “expresar el sufragio”.

6.Golpe final al sufragio

El lobo llegó y se quedó. El régimen de Nicolás Maduro parece no admitir que se le subestime en cuanto a los medios que es capaz de utilizar para atornillarse en el poder, y eso ha pasado por la destrucción de los mecanismos democráticos sin importar a quien se lleve por delante, que es por supuesto el pueblo mismo.

Los comicios regionales, municipales y para la elección de la fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente (ANC) con el agregado de las inhabilitaciones de la Contraloría General de la República (CGR) y la eliminación de partidos políticos de oposición vía Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y Consejo Nacional Electoral (CNE), sirvieron de ensayo para la estocada final: las temidas elecciones presidenciales a la medida del dictador para garantizar a toda costa su permanencia en el poder, así no cuente con el voto popular (al menos no el suficiente para ganar una contienda de forma democrática) , como de hecho ocurre y él lo sabe. La firma Datanálisis le daba entre 18% y 25% de popularidad entre los ciudadanos para marzo de 2018, en medio de una crisis económica y social sin precedentes, frente a 32,5% que le atribuía a finales de 2014.

Pese al llamado nacional e internacional que clamó porque la fecha de las elecciones presidenciales fijadas para el 20 de mayo de 2018 se pospusieran aún más (inicialmente eran el 22 de abril), en aras de restablecer las garantías para que fueran libres, transparentes y democráticas, el CNE, sobre cuya composición también se pidió un cambio por su evidente parcialidad a favor del poder, se negó a un nuevo diferimiento y pisó el acelerador para que se concretara la contienda.

Las irregularidades registradas antes, durante y después del proceso se pueden resumir en tres hechos: convocatoria ilegal por parte de la ANC, siendo competencia del Poder Electoral, según el artículo 293.5 constitucional; la ya mencionada eliminación de partidos políticos de oposición de peso (Mesa de la Unidad Democrática, Primero Justicia y Voluntad Popular) para evitar que se presentaran candidatos que pudieran derrotar a Maduro, y el ventajismo oficial, expresado entre otros factores, en el uso del Carnet de la Patria como instrumento de extorsión con beneficios sociales, instalación de puntos rojos, así como el uso del voto asistido a favor del candidato-presidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

¿Sorpresas? No. El CNE le adjudicó la reelección a Maduro con 6,1 millones de sufragios frente al 1,9 atribuido a Henri Falcón, así como resultaron ganadores la mayoría de abanderados rojos a los legislativos regionales (ya que se incluyeron en estas elecciones además a los Consejos Legislativos estadales, que en cambio estaban atrasadas), aunque la verdadera triunfadora fue la abstención con 53,95%, lo que evidenció la poca confianza de la ciudadanía en el sistema electoral.

La comunidad internacional también dejó constancia de su desacuerdo con el desarrollo y producto de la elección, principalmente la Organización de Estados Americanos (OEA) en su 48ª Asamblea (5 de junio) al desconocer los comicios, y por ende, a Maduro como Jefe de Estado reelecto.

La ilegitimidad fue coronada con la juramentación de Maduro ante la írrita ANC, pues la Constitución dice que debe hacerlo ante la Asamblea Nacional (artículo 231 constitucional), amén de haberse realizado 6 meses antes de lo que establece la Carta Magna, por lo cual Acceso a la Justicia considera el acto nulo.

Aun a sabiendas de que tendrían pocas posibilidades de éxito ante un Poder Judicial completamente plegado a los intereses del Ejecutivo, Falcón (cuyo recurso ya fue declarado inadmisible) y luego las ONG Programa Venezolano de Educación Acción de Derechos Humanos (Provea), Observatorio Electoral de Venezuela (OEV) y Acceso a la Justicia, impugnaron los comicios para dejar constancia de los atropellos de quienes habitan Miraflores.

Ante lo que parece ser la destrucción del voto como uno de los mecanismos de resolución pacífica de conflictos políticos en Venezuela, Acceso a la Justicia considera fundamental que la sociedad civil y los factores políticos no desmayen en su lucha por lograr el nombramiento de un CNE legítimo, recuperar las garantías electorales y reconquistar la confianza del elector en el poder del sufragio para cambiar incluso a las dictaduras modernas.


Créditos

Dirección General: Laura Louza y Alí Daniels. Investigación y redacción:  Andreina Vargas, Beatriz Chavarri, Deisy Martínez y Laura Aguerrevere. Recopilación de fotografías: Miguel Romero y Juan Carlos Hernández. Diseño gráfico:  Juan Carlos Hernández

Agradecimientos: Transparencia Venezuela, Foro Penal, Provea, Codevida, Cáritas, Observatorio Venezolano de la Violencia, Fundación Bengoa, Comisión de Finanzas de la AN, Ideográfiko.