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Golpe Constitucional

Este capítulo muestra cómo el presidente de la República tiene prácticamente la posibilidad de hacer lo que quiera en materia económica, porque desde enero de 2016 decretó un estado de excepción a nivel nacional por causa de la emergencia económica, sin cumplir con los parámetros constitucionales y legales, y lo ha ido extendiendo en el tiempo y ampliando sus funciones, con el aval de la Sala Constitucional (SC) del Tribunal Supremo de Justicia. (TSJ).

1. Golpe a las garantías constitucionales

El presidente de la República, desde enero de 2016 decretó un estado de excepción a nivel nacional sin cumplir con los parámetros constitucionales y legales. Lo ha ido extendiendo en el tiempo y ha ampliado sus funciones, por lo que ya van 13 prórrogas desde el primero.

El resultado ha sido que nuestros derechos como ciudadanos han ido desapareciendo progresivamente y el Jefe de Estado tiene prácticamente la posibilidad de hacer lo que quiera.

Lo más alarmante es que el estado de excepción cuenta con el aval del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en su Sala Constitucional (SC), aunque no con la aprobación de la Asamblea Nacional (AN), que es un requisito constitucional para que pueda considerarse decretado.

La exposición de motivos de la Constitución y la Ley Orgánica de Estados de Excepción prohíben al TSJ pronunciarse al respecto, si la AN desaprueba la medida. Sin embargo, la SC, sin atender a esa exigencia, y sobre todo violando los derechos de los venezolanos y poniéndolos en una situación de desamparo, los ha declarado constitucionales y ha aceptado sus prórrogas, a pesar de que la Carta Magna permite que un estado de excepción por causa de emergencia económica, que ha sido el decretado, dure un máximo de 120 días, incluida su extensión.

El Ejecutivo Nacional además no ha notificado a los órganos competentes de la comunidad internacional sobre la declaratoria del estado de excepción y el TSJ tampoco se lo ha exigido, a pesar de ser su obligación como manda la propia Constitución al reconocer los tratados de derechos humanos como parte de su texto (artículos 23 y 31).

Dicho régimen de restricción de garantías continuado ha tenido por lo menos dos importantes efectos:

1. El primero es que el Ejecutivo legisla en materia socio-económica en vez de la AN y así tiene la potestad de limitar derechos constitucionales hasta que la situación vuelva a la normalidad. Sin embargo, después de más de dos años de prórroga por razones de emergencia económica, la situación no ha hecho sino empeorar. En efecto, las medidas tomadas por el Ejecutivo son las mismas que llevaron a la crisis existente en 2016, profundizándose y llevando a nuestro país a una emergencia humanitaria compleja en la actualidad. Las cifras de nuestra infografía y el informe de Amnistía Internacional, 2017/2018, hablan por sí solas.

2. Otro efecto del estado de excepción continuado ha sido que el Ejecutivo Nacional ha hecho con los recursos públicos y con el presupuesto nacional lo que ha deseado porque no tiene control de otros Poderes, ni rinde cuentas. Nuestra infografía sobre las competencias que el TSJ a través de 76 sentencias dictadas entre diciembre de 2015 y 2017, le ha quitado a la AN, lo demuestra.

El resultado ha sido que el control del Parlamento sobre el Ejecutivo ha sido eliminado al ser este último el que legisla, y cuando la norma constitucional le exige una autorización de la AN para alguna operación, pues el TSJ se encarga o le atribuye esa función de manera definitiva.

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2. Golpe a la rebelión popular y al derecho a la resistencia

Desde abril de 2017 con las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) (155 y 156), que desconocían de manera más tajante (antes hubo 52 con el mismo propósito) a la Asamblea Nacional (AN) por suplirla totalmente en sus funciones, empezaron a producirse importantes manifestaciones ciudadanas bajo el manto del artículo 350 de la Constitución. La oposición política concentrada en el Parlamento también desconoció al Gobierno e invocó el derecho a la rebelión y a la resistencia.

Las protestas tuvieron un gran apoyo internacional, sobre todo a través del Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA) Luis Almagro, quien ya se había pronunciado sobre la ausencia del Estado de Derecho en Venezuela, el irrespeto a los derechos humanos y el camino del gobierno hacia una dictadura. Así mismo, el Alto Comisionado de la Organización de Naciones Unidos (ONU) Zeid Raad al Hussein fijó posición en 2016 sobre la crisis humanitaria del país.

La rebelión popular con manifestaciones masivas, que es como Provea llamó a este fenómeno de alzamiento organizado, duró 4 meses (abril a julio) y hubo más de 100 muertos como consecuencia directa de la represión gubernamental. En esos meses, la crisis del país aumentó, porque el Gobierno no rectificó su política económica, sino que la profundizó y así, la desnutrición, la mortalidad infantil, la pobreza y las enfermedades se incrementaron. La cifra de presos políticos también creció.

En los meses de intensas protestas, el derecho al debido proceso desapareció y se volvieron hechos comunes la detención arbitraria, la desaparición forzada y la tortura en prisión, así como el uso de la justicia militar para los civiles. El Gobierno continuó usando sus grupos armados de civiles en contra de los ciudadanos (“colectivos”) y persistieron los ataques de militares a residencias privadas o a manifestantes y a sus familias, al igual que durante las movilizaciones de 2014.

Asimismo se incrementó la persecución política con juicios, entre otros, a los alcaldes de oposición. También la Contraloría General inhabilitó a dirigentes de oposición para impedirles su participación en procesos electorales.

Finalmente, para aplacar al país, desde el Poder Ejecutivo se decidió dar inicio a un proceso constituyente con el objetivo supuesto de hacer una nueva Constitución, pero en realidad la finalidad fue la de crear un súper poder por encima de todos los existentes o “constituidos”, y controlar así de manera más efectiva a la sociedad. De modo que la persecución política de los alcaldes de oposición y finalmente, la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente tuvieron como fruto la extinción de la protesta.

Aunque distintas ONG como Provea sostienen que fracasó la rebelión popular, las manifestaciones visibilizaron aún más la naturaleza del régimen y las condiciones del país, y mostraron que los venezolanos en su inmensa mayoría no están de acuerdo con el Gobierno, así como lo represivo y violento que es el régimen. De hecho, el Alto Comisionado de la ONU publicó un informe titulado: “Violaciones y abusos de los derechos humanos en el contexto de las protestas en la República Bolivariana de Venezuela del 1 de abril al 31 de julio de 2017”.

3. Golpe constituyente: La ANC

Desde la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente (ANC), el Gobierno aclaró que dicha instancia tendría poder originario, por lo que podría cambiar todas las normas existentes, incluso la Constitución y además, destituir a cualquier autoridad o representante del poder público existente.

La manera de llevar adelante el proceso constituyente no pudo ser menos democrática. Fue convocado por el presidente de la República, no por el pueblo mediante un referéndum como en cambio lo exige la Constitución, y además no participó la oposición representada en sus partidos políticos.

De manera repentina y en un tiempo récord, el Consejo Nacional Electoral (CNE), después que manifestó su incapacidad de organizar el revocatorio presidencial el año anterior ni pudo realizar las elecciones regionales, armó en dos meses la elección de los constituyentes. Para ser candidato a la ANC solamente se necesitaba estar de acuerdo con la ideología socialista del partido de Gobierno.

Frente a esto, la Asamblea Nacional (dominada por la oposición), sobre la base de lo establecido en la Carta Magna, propuso hacer una consulta popular sobre si la gente quería o no una nueva Carta Magna, dado que el Ejecutivo se negó a preguntarle al pueblo sobre el tema. En este proceso celebrado el 16 de julio participaron reconocidos observadores internacionales, pero no hubo apoyo del CNE. Acudieron al mismo más de 7 millones de venezolanos y manifestaron su disenso con la Constituyente. El padrón electoral tiene aproximadamente 19 millones de electores, por lo que queda claro que fue muy alta la participación, así como el rechazo a la iniciativa presidencial.

El Gobierno no se dio por aludido y continuó con el proceso. Los resultados de la votación de la ANC, con la ayuda del CNE, fueron supuestamente superiores a los de la consulta popular opositora (más de 8 millones de votos), aunque después la empresa que lo apoyó tecnológicamente (Smarmatic) denunció que se agregó de forma irregular más de un millón de sufragios, con lo cual no había duda de que más ciudadanos estaban en contra de la Constituyente que a favor.

Vale acotar además que la elección de los constituyentes no tuvo observadores internacionales imparciales ni fue auditada; tampoco puede dejar de mencionarse la coerción y chantaje a la población para que fuera a manifestar su voluntad a favor del poder político en Miraflores.

La peculiaridad más importante del proceso es que no se podía expresar si se estaba de acuerdo o no con él, porque esto ya lo había decidido el Ejecutivo al convocarlo él mismo (según el Tribunal Supremo de Justicia no era constitucionalmente obligante preguntarle al pueblo mediante referendo si estaba de acuerdo o no con la iniciativa), sólo podía decidirse por cuál de los candidatos del  Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) o de supuestos independientes con ideología afín se votaba en un territorio determinado y/o en un sector específico. El tipo de votación también fue antidemocrático: el principio básico de una elección democrática, un elector es igual a un voto, se violó.

 

De esta manera se instaló una fraudulenta ANC, que empezó a gobernar, juzgar y legislar. En pocos días, ésta destituyó a la Fiscal General de la República, nombró al Defensor del Pueblo, Tarek William Saab como encargado del Ministerio Público y a su adjunto como Defensor sustituto, creó una comisión de la verdad para amedrentar a los familiares de los manifestantes que murieron durante las protestas de abril-julio de 2017, perseguir a quienes protestan y políticos involucrados.

Los poderes públicos se han ido sometiendo a la ANC,  incluso el TSJ. En realidad sigue mandando el presidente de la República y el poder militar, pero los demás poderes se someten a la instancia presidida por Delcy Rodríguez y esta a su vez hace lo que le pide el Gobierno, ya que sus miembros además son parte del Psuv. Aparentemente no hay oposición a esa instancia.

La ANC en la práctica sustituyó al Parlamento, aunque en teoría la AN podía seguir funcionando. Las leyes que hasta ahora ha promulgado el organismo fraudulento, casi todas propuestas por el Ejecutivo, mantienen y profundizan el modelo socioeconómico socialista y además están dirigidas a reprimir más a la población y acallar la disidencia política.

 

 

 


Créditos

Dirección General: Laura Louza y Alí Daniels. Investigación y redacción:  Andreina Vargas, Beatriz Chavarri, Deisy Martínez y Laura Aguerrevere. Recopilación de fotografías: Miguel Romero y Juan Carlos Hernández. Diseño gráfico:  Juan Carlos Hernández

Agradecimientos: Transparencia Venezuela, Foro Penal, Provea, Codevida, Cáritas, Observatorio Venezolano de la Violencia, Fundación Bengoa, Comisión de Finanzas de la AN, Ideográfiko.