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Golpe a las garantías constitucionales

Golpe a las garantías constitucionales

Desde la elección de la Asamblea Nacional (AN) en diciembre de 2015 con 2/3 partes de sus diputados de partidos de oposición, organizados en un bloque llamado Mesa de la Unidad Democrática (MUD), se ha venido configurando en Venezuela un golpe de Estadopor parte del Ejecutivo Nacional y su brazo político, el Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) con apoyo de otros poderes públicos, con el  progresivo control de todos los ámbitos del país  y la eliminación creciente de los derechos de los venezolanos.

La situación se ha agravado con la implantación de una nueva Asamblea Nacional Constituyente (ANC), erigida como un súper poder por encima de los constituidos, con la potestad de dictar normas supraconstitucionales y de destituir a las autoridades o funcionarios que considere.

Esto ha dado lugar a que nuestro país sea catalogado como una dictadura por organizaciones expertas en materia de derechos humanos como Human Rigths Watch y Freedom House International. Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde el 2010 le ha dado un puesto a Venezuela en su informe anual (capítulo IV) dedicado a los países en los que no hay democracia o enfrentan situaciones que afectan seria y gravemente el goce y disfrute de los derechos fundamentales.

De igual forma, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU en agosto de 2017 publicó un informe sobre el uso generalizado y sistemático de la fuerza excesiva, detenciones arbitrarias, allanamientos ilegales, malos tratos y torturas, entre otros abusos cometidos por las autoridades nacionales y las fuerzas de seguridad durante los cuatro meses de protestas contra el Gobierno nacional.

La comunidad internacional no se ha quedado atrás y en particular, desde las sentencias nº 155 y 156 de la Sala Constitucional (SC) del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de marzo de 2017, empezó a retirar embajadores y a pronunciarse sobre el hecho de que en Venezuela se ha instaurado una dictadura.

En el ámbito nacional, varias ONG, así como defensores reconocidos de derechos humanos del país también han declarado que Venezuela en 2016 entró en un modelo autoritario de gobierno y que el TSJ tuvo un rol clave en ello.

A pesar de que cada vez sea más evidente que Venezuela está en dictadura, el camino del Gobierno para llegar a ello no ha sido sencillo ni directo, y menos aún el tradicional. La razón de esto es que el origen del chavismo, que es como se autodenomina el régimen del gobierno actual, fue democrático.

Por ello, desde Acceso a la Justicia hemos pensado que es fundamental explicar de una manera simple y gráfica cómo ha sido ese camino, especialmente desde las eleccionesparlamentarias de diciembre de 2015, así como el impacto que esta situación de descalabro institucional ha tenido sobre la vida de los venezolanos. Para ello, hemos elaborado infografías, y este especial de nuestra página cuenta con distintas secciones en las que se puede conocer más sobre los detalles del golpe de Estado del que el país ha sido víctima.

 

 

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