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Elevar pena máxima a 50 institucionalizaría persecución política

El miércoles 16 de agosto Laura Louza, abogada constitucionalista y directora de la ONG Acceso a la Justicia, fue entrevistada por Sergio Novelli y Alba Cecilia Mujica en el programa Alba y Sergio, transmitido por Onda 107.9 La Superestación para hablar sobre la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) y la propuesta del presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Maikel Moreno,  para elevar de 30 a  50 años la pena máxima a quienes hayan incurrido en delitos considerados graves, entre ellos instigación al odio, terrorismo y traición a la patria.

La primera preocupación acerca de la propuesta hecha por Moreno radica en la ambigüedad de la misma, ya que habla de “por lo menos 50 años”, con lo cual se está diciendo que se trata de un mínimo; de ser así, “se trata en buena medida de una pena perpetua y eso viola el derecho a la vida”, atentando contra la progresividad de los derechos.

Louza además cuestionó la posición del magistrado al poner al TSJ a la orden de la ANC. “¿Qué significa esto? ¿Van a proponer que eliminen la garantía de independencia judicial e imparcialidad que debe tener el Tribunal Supremo?”. Toda esta situación es vista por la abogada como un instrumento de amedrentamiento propio de las dictaduras que se evidencia en hechos como las persecuciones a los alcaldes o a las supuestas agresoras de la rectora  del  Consejo Nacional Electoral, Socorro Hernández. “Hay toda una política de persecución de la disidencia”, dijo.

También tocaron el tema del uso de la justicia militar contra la población civil; esta depende directamente del Ministerio de la Defensa y, en consecuencia, del Ejecutivo, pero con el nombramiento de Tarek William Saab como Fiscal General ya no es “necesario” utilizarla, pues el Ministerio Público actúa según lo que dicte la ANC. “Ahora me puedo volver a la justicia civil pues es más fácil, ya que tienes más tribunales civiles que militares y puedes extender más la persecución”.

Por último, Louza señaló que la ANC, por su pretendido poder originario, no solo puede cambiar los órganos constituidos sino que también podría ocurrir lo mismo con las leyes vigentes. “Están por encima de la Constitución” y “puede que deroguen las leyes que tenemos”.

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