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El Comité de Postulaciones Judiciales y su continua desfiguración

El Comité de Postulaciones Judiciales y su continua desfiguración

La próxima designación de magistrados por la Asamblea Nacional

El proceso de elección de magistrados se encuentra tergiversado, en la medida en que normas de rango legal (las de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia) han desnaturalizado prácticamente cada parte de este proceso, y además, el Comité actual en el proceso de selección de los magistrados, que empezó en octubre de 2015, ha violado también el procedimiento legal.

El análisis de la composición y funcionamiento del Comité de Postulaciones Judiciales pone en evidencia la existencia de otro tipo de lógica, ajena a la Constitución, a tal punto que hasta hace dos semanas era su presidente un diputado de la Asamblea Nacional, Elvis Amoroso, y una vez que no resultó reelecto, se ha postulado para ser magistrado y su hijo es ahora el secretario de ese Comité (ver más…).

En este sentido, la Constitución establece que para ser magistrado no hay que ser activista político, y sin duda, Elvis Amoroso es activista del PSUV. Asimismo ocurre con el diputado Christian Zerpa, quien al no ser reelecto como diputado es parte de la lista de postulados al Tribunal Supremo de Justicia.

Esto es muy alarmante, porque de acuerdo con la Constitución, el Poder Judicial debe ser imparcial e independiente (art. 265); y por ello, resulta necesario que quienes sean magistrados no sean activistas políticos (artículo 256). Ello es confirmado por los Principios básicos relativos a la independencia de la judicatura.

Para garantizar dicha independencia es evidente que también el procedimiento para escoger a los magistrados debe estar regido por la imparcialidad y la independencia de los otros poderes públicos e intereses particulares o políticos.

Al respecto, la Constitución establece que el proceso se inicia con la conformación del Comité de Postulaciones Judiciales, pero mientras esta exige que esté integrado por representantes de “diferentes sectores de la sociedad” (artículo 270); el artículo 65 de la LOTSJ, establece que de los 11 miembros que la conforman, 5 serán diputados de la Asamblea Nacional y 6 serán “de los demás sectores de la sociedad”, cuando para la Constitución obviamente no debe haber miembros del sector político, sólo de la sociedad.

Lo expuesto ya es suficientemente delicado, porque afecta el logro de los principios constitucionales, no obstante, si a ello agregamos que incluso los 6 miembros restantes no son completamente independientes, el resultado es desolador.

Tal conclusión se deriva de la información dada por El Nacional, el cual publicó un cuadro en que analizaba las vinculaciones de los candidatos que se postularon y que finalmente fueron designados como representantes de la sociedad para conformar el actual Comité de Postulaciones Judiciales, de la siguiente manera:

• Uno fue diputado por el MVR y por el PSUV.
• Otro fue secretario del grupo de amistad parlamentaria Venezuela-Italia, que presidió el actual presidente del Comité de Postulaciones, diputado Elvis Amoroso, es decir, tuvo una relación de subordinación con este.
• Otra miembro es secretaria de la Comisión de Política Interior que preside el mismo diputado Elvis Amoroso. Esto último es aberrante, porque esa funcionaria, no sólo no representa a la sociedad civil para nada, sino que además tiene una relación de subordinación laboral con el Ex Presidente del Comité ahora candidato a magistrado, lo que pone en entredicho la imparcialidad de sus actuaciones.
• El último fue el contacto de una empresa contratista del Estado que entre 2002 y 2012 obtuvo un contrato de la Gobernación de Aragua bajo el mandato de Rafael Isea (PSUV). Quizás este sea el más independiente porque no es funcionario público, aunque está demostrada su preferencia política.
• Dos son funcionarios públicos activos.

A este panorama tan preocupante se añade el hecho que muchos de los postulados no cumplen con los requisitos para ser magistrados. En este sentido, la Constitución exige que para ser magistrado hay que ser “jurista de reconocida competencia” y “gozar de buena reputación” (artículo 263, numeral 2). Entre los postulados aparecen jueces y fiscales destituidos. Es posible que las causas no sean válidas, pero hasta que no se diga lo contrario, es muy dudosa “su reconocida competencia” y “su buena reputación”, y sobre todo, en los casos en que han sido destituidos por órganos del propio sistema de justicia, como ocurre generalmente, no deberían ser seleccionados para un cargo de máxima jerarquía en uno de esos órganos, como es el Tribunal Supremo de Justicia.

Lo más grave es que el Presidente de la Asamblea Nacional anunció el 15 de diciembre que ese organismo nombrará a los magistrados el próximo 23 de diciembre lo que significa que no se abrirá el lapso para las audiencias a los objetados, ya que el Comité de Postulaciones aprobará a todos los postulados y entre ellos preseleccionará a algunos.

A este respecto, llama la atención que no se deje correr completo del lapso de impugnación y el Comité proceda a la primera preselección, faltando un solo día para su conclusión (vence el 24 no el 23); el Comité del Poder Ciudadano también lo haga antes del vencimiento de ese plazo, y asimismo, la propia Asamblea Nacional.

¿Y a ti venezolano cómo te afecta?

La elección de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia nos afecta a todos los venezolanos, porque si se escogen magistrados parcializados y dependientes de otros poderes del Estado o de intereses particulares o políticos, los ciudadanos no tendremos justicia, y sin justicia no hay ciudadanos.

La importancia de llevar adelante un proceso de selección acorde a la norma, resulta ahora más evidente a la luz del resultado electoral, que por las mismas declaraciones del Presidente de la República plantea un conflicto político y jurídico que puede ser resuelto en buena medida por el Tribunal Supremo de Justicia, por lo que se requiere para garantizar la democracia que sus magistrados sean imparciales e independientes políticamente para que puedan resolverlos de acuerdo al Derecho (Constitución y tratados internacionales de derechos humanos), y no a la política.

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