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El caso del Ministerio Público prueba que la calidad es más importante que la cantidad

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La introducción del sistema acusatorio poco antes de principios de siglo colocó al Ministerio Público en el centro del proceso judicial penal venezolano, al conferirle a ese organismo la responsabilidad de dirigir las investigaciones para identificar a los responsables de los crímenes y sentarlos en el banquillo de los acusados. Esta doble función obligó a incorporar más funcionarios y crear nuevas dependencias, sin embargo, ello no se ha traducido en una mejora del servicio.

Al menos esta es la conclusión a la que arribó Acceso a la Justicia en su Informe sobre el desempeño del Ministerio Público (2000-2018), elaborado a lo largo de 2019 con la coordinación de Elienai González y la investigación de Lissette González, Carmen Jiménez, Thais López y Keymer Ávila, y para el cual revisó los informes anuales que el organismo presentó a la Asamblea Nacional desde el año 2000.

En el reporte se da cuenta del incremento de personal sufrido por la instancia garante de la legalidad en las últimas dos décadas, al afirmar que en el año 2002 el Ministerio Público contaba con 1.135 fiscales, y en 2019 con 2.199, para una tasa de 6,82 fiscales por cada 100 mil habitantes, lo que implicó un aumento de 93,7% en la cantidad total. Venezuela en el año 2015 se encontraba dentro del promedio de la tasa internacional recomendada con 5,5 fiscales por cada cien mil habitantes (pccmh).

El número de fiscales venezolanos está dentro del promedio de la región, arrojó el estudio, aunque también está por debajo del de otros países con alta incidencia de violencia criminal como El Salvador, el cual tiene 8,9 pccmh, con la tasa más alta de la región; Colombia, que tiene 7,8, o Guatemala que tiene 6,9.

El delito sigue campeando

El crecimiento experimentado por el Ministerio Público debería haberse traducido en una mejor respuesta a la ciudadanía, porque debió resolver el colapso que provocó la entrada en vigor del Código Orgánico Procesal Penal (COPP). En el informe se recuerda que para el primer semestre de 1999 ingresaron a la Dirección de Delitos Comunes 17.249 casos, para el segundo semestre de ese año y el primero de 2000 se contaron 206.072 casos, y para el primer trimestre de 2001 ingresaron 133.129 causas nuevas, es decir, cinco veces más que en el primer semestre de 1999.

Sin embargo, el aumento en el número de fiscales no ha venido acompañado por un crecimiento proporcional en la cifra de investigaciones y en la calidad de estas. Ello se demuestra al revisar los propios datos del Ministerio Público sobre casos relacionados con ejecuciones extrajudiciales, torturas y otras violaciones a los derechos humanos cometidas por funcionarios públicos.

Al respecto, en el documento se lee que a pesar del aumento en la cantidad de homicidios, víctimas, y acusados en 2007, con respecto 2006, paradójicamente los funcionarios privados de libertad disminuyeron en un 26,35%, es decir, de 52 detenidos en 2006, se pasó a solo 16 en 2007.

Una situación similar se constató en la lucha contra la corrupción. La investigación detectó que las cifras brindadas sobre la cantidad de acusados en los años 2015 (3.119), 2016 (2.167) y 2017-2018 (1.282), revela un descenso ininterrumpido, de 2015 a 2016 bajó en un 30,52%, y de 2016 a 2018 en un 40,84%, lo que comparado con la cantidad de imputaciones en los mismos años revela la decisión de no acusar en muchos de los casos aun contando con los elementos de convicción para ello, ya que en 2015 imputaron a 3.565, y en 2016 a 3.165 personas, es decir bajó un 11,22%. En 15 meses (2017-2018) se reportaron prácticamente la mitad de los acusados que en el año anterior.

Esto explicaría por qué casos emblemáticos de irregularidades administrativas como Odebrecht, Cadivi o PDVSA permanecen sin castigo.

Otro indicador para medir la eficacia del Ministerio Público que aborda el informe de Acceso a la Justicia es el relacionado con el costo para resolver cada caso. Así, el estudio, muestra que «entre 200 dólares y 400 dólares costó cada asunto resuelto por el Ministerio Público entre 2009 y 2013».

Precisamente el aspecto económico no parece ser una de las razones por las cuales el organismo no ha cumplido cabalmente sus funciones, al menos en buena parte de las dos décadas estudiadas. Entre 2000 y 2011 el Ministerio Público vio cómo su presupuesto no hacía más que crecer —llegó a manejar más de 336 millones de dólares en 2008—. Sin embargo, a partir de 2012 los fondos no han hecho más que caer y «en 2015 se registró el menor presupuesto del período, con 23 millones de dólares».

¿Y a ti venezolano, cómo te afecta?

El Ministerio Público es un organismo fundamental en el sistema democrático diseñado en la Constitución de 1999, porque no solo es el encargado de llevar ante la justicia a quienes quebrantan la ley, sino que además es el responsable de velar porque los tribunales y los cuerpos policiales respeten los derechos de los ciudadanos.

La ineficacia del Ministerio Público es uno de los motivos por los cuales la impunidad campea en el país. La ausencia de castigo a los crímenes no solo incita a que estos se repitan, sino que lo hagan con una mayor virulencia, poniendo así en jaque a los ciudadanos. No hay que olvidar que Francisco de Miranda ya advirtió que «Entre las diversas maneras de matar la libertad, no hay ninguna más homicida para la República que la impunidad del crimen o la proscripción de la virtud».

Para leer el Informe sobre el desempeño del Ministerio Público (2000-2018), haga clic aquí.

Si deseas leer el Resumen Ejecutivo del Informe sobre el desempeño del del Ministerio Público (2000-2018), pulse aquí.

Enlace a la nota en idioma inglés.

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