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Detenidos por decir la verdad

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«Todas las personas son iguales ante la ley, y en consecuencia no se permitirán discriminaciones». Pese a que esto estipula el artículo 21 constitucional, durante la pandemia de COVID-19 las autoridades en Venezuela han dejado en claro que hay unos venezolanos que son más que iguales que otros, y lo ha hecho al momento de decidir a quién le aplica la polémica Ley contra el Odio que la cuestionada Asamblea Nacional Constituyente dictó a finales de 2017.

Las advertencias que en su momento realizaron distintas organizaciones de derechos humanos y de protección de periodistas nacionales e internacionales respecto a que el instrumento no buscaba acabar con el odio ni fomentar la paz, sino acallar las críticas y sembrar el miedo, para así intentar ponerle freno al descontento social reinante en el país, han quedado comprobadas durante las primeras semanas del confinamiento.

Periodistas, médicos, personal sanitario en general y ciudadanos de a pie han sido detenidos y se les han abierto procedimientos judiciales al amparo del texto antes mencionado luego de expresar a través de las redes sociales sus críticas tanto a la estrategia frente al coronavirus como por la escasez de gasolina reinante, mientras que no se ha tomado ninguna medida contra quienes han hecho pintadas amenazantes a las casas de dirigentes opositores en distintas localidades del país.

El 21 de marzo el periodista Darvinson Rojas fue detenido por agentes de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), luego de haber tuiteado una serie de mensajes en los cuales ponía en evidencia las contradicciones entre las cifras de contagiados por el virus que manejaban distintos voceros gubernamentales. Tras pasar casi nueve días privado de libertad, el Tribunal 23 de Control de Caracas lo dejó en libertad bajo fianza, aunque está sometido a un juicio por instigación al odio e instigación pública. Por el primer delito, previsto en el cuestionado instrumento, podría pasar hasta veinte años tras las rejas.

A los días, dos comunicadores de los estados Apure y Guárico corrieron la misma suerte. El primero por publicar informaciones sobre la escasez de combustible y el segundo por presenciar las protestas de ciudadanos demandando que la situación se solucionara.

Nadie está a salvo

Pero no solo los comunicadores están en la mira de las autoridades. El pasado 15 de abril el ginecólogo Luis Araya, médico del Hospital larense Pastor Oropeza Riera, fue aprehendido por agentes de la Dirección de Contrainteligencia Militar (DGCIM) luego de publicar en su cuenta de Instagram el siguiente mensaje:

«No saben el cansancio que traemos, el dolor de ver morir personas, la frustración de fracasar, de no tener suficientes recursos y la vergüenza de haber dicho en vano las palabras: “Vas a estar bien”; el llanto no derramado y las horas sin comer por el volumen de trabajo o una experiencia que te quite el apetito»

El galeno fue excarcelado pero no dejado en libertad plena, porque tiene un proceso abierto. La organización no gubernamental Espacio Público ha contabilizado en total veintiocho detenciones por el uso de redes sociales durante las primeras cuatro semanas del confinamiento decretado por Nicolás Maduro, de las cuales once afectaron a profesionales de los medios de comunicación social, cuatro a médicos y el resto a ciudadanos de a pie.

Lo anterior está en sintonía con la amenaza que el exalcalde de Caracas y ahora «protector» del estado Táchira, Freddy Bernal, afirmó en días pasados:

«Toda persona que ha llamado por videos a alterar el orden público, a dar muestras de odio y llamar al levantamiento de la población en estos momentos está detenida e imputada por la Ley contra el Odio. He ordenado la detención de todas y cada una de ellos. Ya ustedes no verán esos videos, porque están en la cárcel (…). No es tiempo de guarimbas, no es tiempo de payaseos, ni es tiempo de sabotear una acción de protección de la ciudadanía».

Pero mientras todo aquel que ponga en duda la versión oficial sobre la evolución de la pandemia y se queje por la falta de combustible corre el riesgo de ser privado de libertad y de terminar en prisión, quienes se han dedicado a intimidar a dirigentes opositores o incluso a ciudadanos comunes están libres. Ni el Ministerio Público ni los cuerpos de seguridad han informado de actuaciones para determinar a los responsables de los mensajes intimidatorios que diputados como Luis Lippa recibieron en sus propiedades, bajo la firma de la «Furia Bolivariana». Tampoco se ha reportado ninguna medida contra los colectivos que amenazaron a los vecinos del 23 de enero, pese a que hay constancia en video.

¿Y a ti venezolano, cómo te afecta?

La Ley contra el Odio no es más que una herramienta dentro del vasto arsenal con el que cuenta el chavismo para reprimir a la disidencia, y así ha quedado en evidencia desde el primer momento. En los más de dos años que tiene en vigencia el instrumento solo se le ha aplicado a voces disidentes o a quienes se hacen eco de críticas contra el Gobierno, pero hasta el momento no se ha informado que se le haya aplicado a algún oficialista, a pesar de que altos funcionarios han dado sobrados motivos. Un ejemplo reciente podría ser el de la ministra del Servicio Penitenciario, Iris Varela, quien no dudó en tachar de «escorpiones» a los venezolanos que se han visto obligados a retornar al país debido a los estragos de la COVID-19 y pidió que no se les permita beneficiarse de ningún plan social.

El texto es tan vago y establece penas de prisión y multas tan altas que pareciera estar diseñado para inhibir el debate público. Así lo advirtió a finales de 2017 el relator para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el uruguayo Edinson Lanza, quien fustigó la ley por considerar que la misma podría «impedir de forma severa el ejercicio del derecho a la libertad de expresión en Venezuela y generar un fuerte efecto intimidatorio incompatible con una sociedad democrática».

La libertad de expresión es uno de los pilares de la democracia, y su ausencia impide el ejercicio de otros derechos como la protesta, reunión, participación en los asuntos públicos o defender libertades como la vida, justicia, educación, salud, educación y trabajo, entre otros.

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