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Decreto de ANC contra partidos viola libertad política y derecho al sufragio

Decreto de ANC contra partidos viola libertad política y derecho al sufragio

La ANC concretó las amenazas del presidente de la República Nicolás Maduro contra los partidos políticos entre ellos, Voluntad Popular (VP), Primero Justicia (PJ) y Acción Democrática (AD) que no participaron en las elecciones municipales y decretó que debían renovarse nuevamente ante el Consejo Nacional Electoral para poder presentar candidaturas a las presidenciales de 2018.

Acceso a la Justicia quiere destacar que estamos ante otra decisión írrita que trata de complacer los caprichos del Gobierno nacional para cancelar a las principales organizaciones que integran la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), e impedir ilegítimamente su participación en la próxima contienda electoral para elegir al Jefe de Estado.

máquina de votación Así mismo acotamos que la medida aprobada por la ANC es incompatible con la libertad política (artículo 62 constitucional) y con el derecho al sufragio (artículo 63 constitucional), además de violatoria al principio de legalidad, piedra angular de toda sociedad democrática, al sancionar a las organizaciones con fines políticos a partir de una conducta que no está encuadrada como infracción, delito o falta electoral en la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones, tal y como lo establecen los artículos 49.7 y 137.

Se trata, adicionalmente, de una decisión que produce una peligrosa escisión del Estado constitucional y democrático de Derecho al ponerse al margen de lo dispuesto en el artículo 32 de la mencionada legislación que regula a las toldas políticas, clave para asegurar la estabilidad y existencia jurídica de dichas organizaciones.

De hecho, a partir de esta importante base legal sólo se exige la renovación de nóminas de inscritos de las organizaciones con fines políticos cuando estas no hayan participado en dos procesos electorales consecutivos. Son muy claros los supuestos -cuatro en total- a través de los cuales podrían ser canceladas las inscripciones de los partidos ante el CNE:

  • Cuando sea solicitada por el propio partido, conforme a sus estatutos internos.
  • Por la fusión o incorporación a otro partido político.
  • Cuando el partido ha dejado de participar en las elecciones, en dos períodos constitucionales sucesivos.
  • Cuando se compruebe que hubo fraude durante la inscripción o que su actuación no estuviere ajustada a las normas legales.

De esta forma la ANC nos muestra cómo en sus decisiones predominan los intereses del Gobierno nacional al obligar, en este caso, a las organizaciones o partidos políticos a validar nuevamente la nómina de sus afiliados por no haber participado –legítimamente- en la contienda electoral pasada.

Vale recordar, al respecto, que con ocasión de la sentencia n° 1 de fecha 5 de enero de 2016 dictada por la Sala Constitucional (SC) la mayoría de los partidos, entre abril y junio de este año, debieron someterse a un proceso de renovación de nómina, atestado de irregularidades y obstáculos propiciados por el ente comicial.

partidos políticos

El forzado cumplimiento de este proceso de validación permitió a las toldas políticas participar en las cuestionadas elecciones de gobernadores celebradas el domingo 15 de octubre.  Pero los ilícitos de dicha jornada que fueron desde cambios de última hora de centros de votación, voto asistido a favor del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) y la destitución del electo gobernador del Zulia, Juan Pablo Guanipa por no juramentarse ante la ANC, entre muchas otras, provocaron que el grueso de la oposición se abstuviera de competir por las alcaldías, como forma de protesta. Está visto que para el chavismo en el poder rebelarse contra sus abusos es un delito.

¿Y a ti venezolano, cómo te afecta?

 La  transgresión de la Constitución y las leyes por parte de la Constituyente  sólo generará más orfandad e incertidumbre jurídica, más allá de favorecer la exacerbada polarización política que actualmente se vive en el país.

Pero a pesar de esta realidad  es importante  reforzar  la confianza en los pocos instrumentos y espacios ciudadanos que todavía tenemos para defender y denunciar las constantes violaciones a los derechos humanos, a fin de alcanzar la pronta recuperación de nuestro país.

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