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Cuando la justicia avala la arbitrariedad

Cuando la justicia avala la arbitrariedad
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Una seguidilla de acciones en contra del fundo Ganadería La Pradeña, ubicado en el estado Apure, pone al descubierto que en Venezuela se pueden ganar dos juicios, pero igualmente perderlo todo. Es el caso de esta finca productiva de 42.500 hectáreas, con bienhechurías y 4.000 reses, a la cual en agosto de 1989 el Ministerio de la Defensa —Ministerio del Poder Popular (MPP) para la Defensa a partir de 2007— decidió ocupar de manera arbitraria, pues violentó los extremos legales.

Aunque el ministerio inició un proceso de expropiación, desistió del mismo pero ocupó de manera irregular el fundo hasta octubre de 1994. La acción dio paso a la invasión de los terrenos hasta el año 2000.

Debido a que los dueños de la finca llevaban más de once años sin poder disponer de su propiedad y sin recibir alguna compensación, decidieron acudir a un tribunal agrario y demandar una indemnización por daños y perjuicios.

Los dueños de La Pradeña exigieron 1,2 millardos de bolívares en el año 2000, pero aunque el juzgado agrario admitió la demanda, tomó un avalúo de 1989 sin actualizarlo y fijó la compensación en poco más de 25 millones. La indemnización pedida equivalía a 1,7 millones de dólares al cambio oficial de la época, pero lo aprobado por el tribunal la redujo a apenas 37.430.

Aunque en esa primera decisión se reconoció la ocupación ilegal del fundo y se le ordenó al Ministerio de la Defensa indemnizar a sus dueños, en apenas unos días la sentencia fue revocada por la Sala Político Administrativa (SPA) del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

El caso de La Pradeña fue referido a la SPA en agosto de 2000, pero por diversos motivos fue dilatado hasta 2003, fecha en la que esta instancia estaba lista para dictar sentencia, pero lo hizo catorce años después.

La decisión sobre La Pradeña se dio en diciembre de 2017, es decir, diecisiete años después de que sus dueños demandaran ser indemnizados, lo que no solo dejó constancia de un criminal retardo procesal sino de medidas que fueron una burla. Un ejemplo es que en 2011 los dueños del fundo solicitaron al TSJ que se pronunciara, pero este respondió pidiendo a las partes llegar a un acuerdo amistoso, que nunca fue respondido por el MPP para la Defensa, sino que hizo perder casi otro año de proceso.

Desde 2011 los propietarios de La Pradeña solicitaron en seis ocasiones al TSJ que decidiera su caso, pero no fue sino hasta diciembre de 2017 que sentenció que el ministerio ocupó de manera no autorizada la finca e impuso una indemnización.

Aunque los dueños del fundo ganaron por segunda vez el caso, en realidad el TSJ tomó decisiones que impidieron desagraviarlos monetariamente, porque ignoró los diecisiete años transcurridos y usó criterios que desvalorizaron la compensación.

El TSJ, sin que nadie lo pidiera así, decidió que el MPP para la Defensa debía compensar pagando el alquiler que hubieran obtenido los dueños, pero partiendo del avalúo hecho para el proceso expropiatorio que nunca se ejecutó en 1989. Según el justiprecio, en 1989 las bienhechurías y reses del fundo valían Bs. 25.228.365. Además, aparte de no actualizarlo, le descontó el valor de los animales (Bs. 8.187.925), que si bien algunos fueron recuperados otros se perdieron.

En total, se ordenó indemnizar sobre la base de bienes que valían Bs. 17.040.440, esto es, Bs. 17.040 tras la eliminación de tres ceros de 2008, con lo cual la toma ilegal y el retardo procesal los dejaron con menos de un dólar actual.

Así, transcurridos veintiocho años luego de ser despojados de sus bienes, los dueños de La Pradeña ganaron dos juicios y no obtuvieron justicia alguna.

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