Secretario General de la OEA presenta cuarto informe sobre Venezuela
- Investigaciones
- septiembre 26, 2017
Desde diciembre de 2015 el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ha buscado la manera de anular a la Asamblea Nacional (AN) de mayoría opositora, sirviéndose de fallos que han ido despojando de funciones al Parlamento. Hasta la fecha son ochenta y nueve los fallos del máximo tribunal contra el Poder Legislativo, anulándole sus funciones legislativa,
Venezuela Historia del procedimiento 99. La situación en la República Bolivariana de Venezuela (“Venezuela”) ha estado en examen preliminar desde el 8 de febrero de 2018. La Fiscalía ha recibido un total de 110 comunicaciones con arreglo al artículo 15 en relación con esta situación, incluyendo 43 vinculadas con hechos ocurridos desde abril de 2017. 100. El
14 y 15 de noviembre de 2018, Caracas, Venezuela Nosotros, defensores y defensoras de los derechos humanos de diversos estados y regiones de Venezuela, firmemente comprometidos con la causa del respeto a la dignidad humana y con los cambios pacíficos que permitan a todas las personas vivir en condiciones económicas, sociales, civiles y políticas que
El concejal del municipio Libertador (Caracas), Fernando Albán, miembro del partido político de oposición Primero Justicia (PJ), se convirtió en octubre de 2018, no sólo en uno de los cientos de ejemplos de políticos venezolanos contrarios al Gobierno que han sido apresados de manera arbitraria, sino en uno más de los venezolanos que mueren bajo
La jueza venezolana María Lourdes Afiuni se convirtió en 2009 en unos de los principales ejemplos del deterioro de la institucionalidad venezolana. La abogada fue detenida de manera arbitraria e ilegal, mientras desde el Poder Ejecutivo se le enjuició e impuso una condena, que hoy por hoy sigue cargando. Transcurrida casi una década desde los
La falta de información o los obstáculos para acceder a ella, impidieron evaluar completamente el desempeño de los órganos de administración de justicia entre los años 2001 y 2017, arrojando serias dudas acerca del cumplimiento de sus funciones para garantizar los derechos humanos. Recordemos que el artículo 26 de la Constitución exige que la administración