Acceso a la Justicia published a note.

5 hours ago

El Ministerio Público: una caja negra difícil de evaluarPese a que el artículo 25 de la Ley del Sistema de Justicia obliga a los miembros del sistema judicial a «presentar anual y públicamente, un informe detallado y preciso de la gestión» realizada en el período anterior, el Ministerio Público ha hecho caso omiso a este mandato y a lo largo de los años ha venido ofreciendo información de manera «inestable y cambiante», lo cual «dificulta la obtención de resultados sólidos, y, por ende, la evaluación y comparaciones de las actuaciones de un año a otro».

Así lo denunció Acceso a la Justicia en el Informe sobre desempeño del Ministerio Público (2000-2018), el cual elaboró a lo largo de 2019 y para el que revisó todos los informes de gestión presentados a la Asamblea Nacional por los distintos fiscales generales desde principios del siglo.

Una de las principales fallas detectadas por el equipo de investigadores que redactó el estudio (coordinado por Elienai González y con la investigación de Lissette González, Carmen Jiménez, Thais López y Keymer Ávila) es que el organismo presenta solamente el número de casos que los fiscales recibieron, pero sin determinar si dichas averiguaciones se iniciaron de oficio, por denuncia, querella o flagrancia, «por lo que no es posible conocer el nivel de proactividad de los fiscales y el cumplimiento de sus funciones en esta etapa inicial».

La misma falencia se observó al tratar de ver la respuesta que el Ministerio Público dio a las causas que llegaron a su poder. «Hay años en que solamente se informó la totalidad de actos conclusivos sin ser distinguidos por tipo (acusación, sobreseimiento, archivo fiscal), como ocurrió en 2009 y 2010», se lee en el informe.

A medias

Aunque el Ministerio Público cumplió con su deber legal y constitucional de rendir cuentas de su labor al Parlamento hasta 2017, Acceso a la Justicia halló que la misma se hizo de manera deficiente, y así quedó en claro al revisar las estadísticas en materia de delitos comunes; es decir homicidio, robos, secuestros y hurtos.

En esta área, el organismo no solo presentó «genéricamente» las cifras en materia de actos conclusivos, sino que además:

«no fueron reportados todos los años y desconocemos qué actuaciones abarcan; aunque de manera dispersa entre 2002 y 2007, los casos egresados quedaron representados por actos conclusivos, solicitudes de desestimación, aplicación del principio de oportunidad, suspensión condicional del proceso y de acuerdos reparatorios; pero en otros años como el 2010, se amplió la brecha de estos indicadores, al punto de considerar casos egresados hasta escritos de mero trámite enviados a tribunales, lo cual explicaría los motivos por los que a partir de dicho año los egresos superaron los casos ingresados, aunado a que todos los informes anuales incluyen en los egresos casos de años anteriores al evaluado, sin especificar el remanente acumulado; así en el año 2012 se registraron 343.936 casos ingresados y 370.297 casos egresados».

La opacidad probó ser mayor en materia de homicidios: no se informó la cantidad de casos ingresados ni egresados, ni hubo información detallada sobre su incidencia hasta el año 2015, en que «por primera vez en la historia del sistema acusatorio venezolano», se informó que hubo 17.778 personas fallecidas por homicidios dolosos ese año, lo que arrojó una tasa de 58 homicidios por cada 100 mil habitantes. Ello confirma que Venezuela es uno de los países más violentos y peligrosos de la región, apunta el informe.

Ese mismo año, el Ministerio Público también reportó que acusó a 7.121 personas por este delito:

«lo que representaría un 40,06% de los fallecidos, en el caso que los acusados pertenecieran a los occisos reportados en ese año, de lo cual no tenemos la certeza; se dieron un total de 4.465 solicitudes de órdenes de aprehensión, de las cuales reportaron que “algunas estaban por ejecutarse”, sin especificar cantidad».

Como el cangrejo

Pese a que el Ministerio Público no ha rendido cuentas a los venezolanos de manera detallada y precisa, lo cierto es que no se puede considerar como de los más opacos de la región. Al menos de acuerdo a un análisis del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), que, para el año 2015, lo ubicó en el puesto 15 de 28 organismos evaluados, encontró Acceso a la Justicia.

Sin embargo, desde que en agosto de 2017 Tarek William Saab fuera designado por la cuestionada Asamblea Nacional Constituyente como fiscal general de la República, Acceso a la Justicia detectó importantes retrocesos. Así, los informes anuales de las gestiones anteriores fueron eliminados de la página web del organismo y en la misma tampoco hay información sobre la cantidad de fiscales que hay en el país, quiénes son y dónde están.

¿Y a ti venezolano, cómo te afecta?

La falta de transparencia con la que el Ministerio Público ha manejado la información complica la posibilidad de evaluar objetivamente su labor, detectar las fallas y aplicar correctivos que redunden en un mejor servicio al venezolano. Al no contar con la mayoría de las actuaciones discriminadas por delitos, por ejemplo, se generan serias dificultades para verificar los hechos punibles por los que se están iniciando la mayoría de las investigaciones o se están haciendo las acusaciones. Ello imposibilita determinar el tipo de atención brindada a los tipos penales más graves o de mayor entidad.

La opacidad impide determinar contundentemente si se castiga a quien se tiene que castigar, si por el contrario se castiga en exceso a los que cometen delitos más leves ni si el Estado no persigue a quien tiene que castigar realmente, que son los que cometen los delitos más graves.

Para leer el Informe sobre el desempeño del Ministerio Público (2000-2018), haga clic aquí.

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1 day ago

Pueblos indígenas en Venezuela pierden su derecho al voto secreto y directoLos pueblos indígenas volverán a ser ciudadanos de segunda, porque el próximo 6 de diciembre no podrán elegir a sus representantes a la Asamblea Nacional (AN) de la misma manera que el resto de los 19 millones de venezolanos habilitados para votar. Esto gracias a la decisión del fraudulento Consejo Nacional Electoral (CNE) designado por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de cambiar el sistema electoral para escoger a los representantes de los pueblos originarios ante el Parlamento.

En el Reglamento Especial para Regular la Elección de la Representación Indígena en la Asamblea Nacional 2020, contenido en la resolución n.° 200630-0024 del 30 de junio de 2020, el írrito árbitro aprobó un procedimiento especial que incorpora un conjunto de medidas novedosas pero imprecisas para la elección de los diputados indígenas en las parlamentarias, y cuyo contenido vulnera groseramente lo establecido en Constitución.

La Carta Magna de 1999 estableció una representación mínima para los pueblos originarios en las esferas políticas nacional, estadal y local como parte de su derecho a la participación política. En el caso del Parlamento Nacional, el texto fundamental fijó en tres los diputados que corresponden a las distintas etnias y ordena que sean elegidos «respetando sus tradiciones y costumbres».

Para ejercer este derecho político, la Constitución, en su Disposición Transitoria Séptima, prevé unas normas y principios. Fija requisitos para la postulación de las candidaturas, así como la definición de las circunscripciones electorales; sobre todo, establece que la selección se debe realizar mediante el voto directo, pues indica que los nominados «estarán en el tarjetón de su respectivo Estado o circunscripción y todos los electores y electoras de ese Estado podrán votarlos o votarlas». Esas condiciones fueron posteriormente desarrolladas en 2009, en la Ley Orgánica de Procesos Electorales (LOPRE).

Sin embargo, el nuevo reglamento especial obvia estos lineamientos y fija un peculiar y complejo sistema electoral que no garantiza la participación política del pueblo indígena. Asimismo, a partir de esa reglamentación, el CNE se convierte en un «legislador», usurpando las funciones exclusivas de la AN con el aval de la Sala Constitucional, gracias a su decisión 068 del 5 de junio, en la cual le ordenó establecer «un sistema de elección de los representantes indígenas en consonancia con los usos y costumbres ancestrales de estas comunidades».

Sin voto directo

El reglamento pauta que los representantes indígenas a la AN serán elegidos única y exclusivamente por los integrantes de las comunidades indígenas, por medio de asambleas comunitarias por cada población. De hecho, el artículo 16, concretamente indica lo siguiente:

«Las Asambleas Generales como espacios de participación libre y directa, estarán conformadas por los voceros y voceras electos y electas del seno de los pueblos y comunidades indígenas de las Asambleas Comunitarias. Se conformará una Asamblea General por cada entidad federal de la Circunscripción Indígena. Los voceros y voceras reunidos en Asambleas Generales, tendrán la potestad de elegir en total un Diputado o Diputada como Representación a la Asamblea Nacional por los Pueblos y Comunidades Indígenas, por región».

Esta disposición viola groseramente el derecho al sufragio de los miembros de los pueblos originarios, pero también dos principios fundamentales de la Carta Magna. El primero, contenido en el artículo 5, el cual establece que «la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente en la forma prevista en esta Constitución y en la ley, e indirectamente, mediante el sufragio, por los órganos que ejercen el Poder Público», y el segundo en el artículo 6, que estipula: «El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y de las entidades políticas que la componen es y será siempre democrático, participativo, electivo, descentralizado, alternativo, responsable, pluralista y de mandatos revocables».

El írrito CNE no define en el mencionado reglamento especial cómo se elegirán los voceros que participarán en las «asambleas generales», pues deja esta regulación a manos de otro instrumento normativo denominado Manual de Funcionamiento de las Asambleas Comunitarias (artículo 11), sin indicarse, por cierto, quién lo aprobará, pese a que solo faltan cuatro meses para la celebración de las parlamentarias.

El sistema diseñado por el árbitro electoral configura, sin lugar a dudas, una elección de segundo grado o indirecta, que es incompatible con el carácter universal y democrático del sufragio contemplado en el artículo 63 constitucional. Para Acceso a la Justicia, el reglamento especial aprobado por el CNE exprés atenta contra la libertad política del cuerpo electoral indígena, al imponer restricciones a su capacidad electoral, luego de excluirlo de la calidad de elector para elegir directamente a sus autoridades representativas a la AN.

A mano alzada

Por su parte, el artículo 17 del texto indica que la forma de votación para la designación de los voceros se realizará a mano alzada, y se sujetará a lo dispuesto en el Manual de Funcionamiento de las Asambleas Generales para la designación de los Voceros y Voceras para la Elección de los Diputados y Diputadas de la Representación Indígena a la Asamblea Nacional 2020. Esta disposición viola una de las condiciones del sufragio: el secreto del mismo.

El voto secreto es una conquista de la democracia que significa que el elector emite su voto sin que ninguna persona pueda conocer su preferencia electoral, pero, tal como aparece dispuesto la manera de escogencia de los delegados, que a su vez designarán los representantes de los pueblos indígenas a la AN, realmente no se impide que se conozca el contenido del voto de los electores, lo que puede generar un gran temor, y más aún después de la experiencia que se vivió en el país con las listas Tascón y Maisanta en el revocatorio presidencial de 2004.

No estando recogido en las normas dictadas por el CNE el carácter del secreto del sufragio, no hace más que poner en peligro la libertad del cuerpo electoral indígena para votar o no, dado que los electores podrían estar sujetos a algún tipo de coacción física o psicológica para que las personas escojan a determinados candidatos, configurándose otra flagrante violación al derecho de libertad del sufragio contenido en el artículo 63 constitucional.

Cambiando las reglas a mitad del juego

Por si lo anterior no fuera suficiente, el CNE con su reglamento desconoce la prohibición constitucional de modificar la normativa electoral seis meses antes de la celebración de unos comicios (artículo 298), una situación que está muy lejos de garantizar la estabilidad, seguridad jurídica, transparencia y confiabilidad, principios democráticos que demanda toda elección.

Este incumplimiento puede dar lugar a la manipulación del sistema electoral indígena y, por ende, a la del resultado final de la votación, sobre todo cuando la escogencia de la representación indígena a la AN se llevará a cabo mediante un procedimiento y cronograma electoral paralelo y distinto del resto de la elección de los representantes parlamentarios, lo cual es evidentemente excluyente, discriminatorio y, por supuesto, contrario a la Constitución y los estándares internacionales para elecciones auténticas, libres y justas.

Excediéndose de las disposiciones constitucionales, el írrito CNE adopta unas medidas que buscan desconocer los derechos de los pueblos y comunidades indígenas como parte de la política del régimen de Nicolás Maduro impuesta luego de la victoria de la oposición en las elecciones parlamentarias celebradas en diciembre de 2015.

¿Y a ti venezolano, cómo te afecta?

Las deliberadas y gravísimas arbitrariedades antes descritas solo ratifican la necesidad de intentar obtener más ventajas para el partido oficialista en el proceso comicial pautado para el 6 de diciembre, bajo la batuta de un CNE que solo da muestras de su ilegitimidad de origen y de la alta parcialidad política de sus rectores.

La evidencia de un sistema electoral indígena con francos vicios de inconstitucionalidad sirve para denotar el desprecio que existe en el régimen de Maduro por la voluntad popular, lo que viene manifestándose desde 2015, luego de que la otrora magistrada Indira Alfonzo, hoy presidenta del fraudulento árbitro comicial, desconociera la legítima AN, tras suspender arbitrariamente a los diputados electos por los pueblos indígenas del estado Amazonas, y que acabó con la soberanía popular en esa entidad federal, generando desde entonces la grave crisis institucional que vive el país. ... See MoreSee Less