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Actos de la ANC carecen de validez ante los ojos del mundo

Actos de la ANC carecen de validez ante los ojos del mundo

Pese a las innumerables protestas contra la propuesta del presidente, Nicolás Maduro y  el centenar de asesinatos hasta la fecha, 10 de ellos en plena jornada electoral, el Gobierno nacional materializó su eslogan el día de ayer, 30 de julio, “La Constituyente Sí va”.

La Asamblea Nacional Constituyente (ANC) tendrá poderes supraconstitucionales, tal como lo han recalcado los altos jerarcas del chavismo. A partir de allí podrá legislar, por encima del parlamento nacional, destituir y nombrar funcionarios, entre otras potestades. Ante la inminencia de un Estado paralelo y un “arrase” contra todo lo que implique oposición al proyecto socialista del gobierno mediante métodos ajenos a la Carta Magna, la comunidad internacional hizo la salvedad de que no reconocería los resultados de los comicios de este 30 de julio en nuestro país. Incluso, mucho antes de que la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE) Tibisay Lucena, asegurara que el total de votos obtenidos por los candidatos a la ANC sumaron 8 millones 089 mil 320.

El viernes, fue el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, quien advertía del origen “espurio” de la convocatoria a la ANC, al no haberse realizado un referendo para que la aprobara el pueblo. Las características del proceso comicial en sí: candidatos de una sola tendencia política, ausencia de garantías como la tinta indeleble, máquinas capta huellas, observadores internacionales imparciales, auditorias previas ni posteriores, no publicación del padrón electoral, uso irregular del carnet de la patria en el acto de sufragio, celebración anticipada de los voceros pro gobierno ante una supuesta afluencia masiva de votantes,  amenazas a los medios de comunicación que mostraran centros electorales vacíos y la fuerte represión por parte de las fuerzas de seguridad contra las manifestaciones de calle,  generó un efecto dominó el domingo con pronunciamientos internacionales de desconocimiento por parte de Perú, Argentina, Brasil, México, Chile, Paraguay, Costa Rica, Suiza, España, Reino Unido y la Unión Europea, además de Estados Unidos que ya había amenazado con sanciones económicas.

Sucesivamente, Alemania rechazó este lunes el “uso desproporcionado de la fuerza” contra quienes salieron a protestar este domingo en todo el país, con mayor intensidad en los estados Mérida, Táchira, Lara y Distrito Capital.  La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos denunció igualmente hoy al gobierno de Venezuela por dispersar de forma “violenta”  las manifestaciones, lo cual trajo como consecuencia la muerte de personas, cuyos homicidios pidió, se investigaran de forma objetiva e independiente. Italia por su parte solicitó más diálogo entre los bandos políticos en pugna.

Ante estas manifestaciones, el gobierno ha restado méritos a la queja internacional, calificando los gobiernos que se han manifestado contra la ANC como pro imperialistas, lo que significa a su entender que no son realmente representativos de sus pueblos, a diferencia del de Venezuela, quien según el potencial presidente de la ANC, Diosdado Cabello, sí acompañan los ideales de la revolución bolivariana.

Políticamente, la gestión de Maduro podría mostrarse despreocupada, pero económicamente, según expertos, no convendría a nuestro país un aislamiento internacional porque agravaría aún más la prolongada crisis de escasez de alimentos y medicamentos que padecen los venezolanos.

Además, los actos emanados de la ANC, que pretenderá el Ejecutivo defender con una “dudosa” mayoría y probablemente con el uso de la fuerza, no gozan del reconocimiento nacional e internacional y al carecer de legitimidad desde su origen, adolecen de validez jurídica.

Sin embargo, esto no significa que no se hagan valer, aunque sea por la fuerza, o a través de otras autoridades, en principio, elegidas democráticamente como el Presidente de la República, que además por ahora son reconocidas internacionalmente, a pesar de su constante violación de la Constitución y de normas de derechos humanos tanto nacionales, como internacionales.

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