Acceso a la Justicia published a note.

2 days ago

TSJ nombra a CNE exprésPese a que la Constitución de 1999 es muy clara al establecer que es competencia de la Asamblea Nacional (AN) designar a los rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE), la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) nombró y juramentó el pasado 12 de junio a los cinco miembros principales y diez suplentes del organismo, por quinta vez en casi dos décadas.

La decisión la adoptó la instancia a través de su sentencia n.º 0070, en la cual respondió la solicitud que la llamada Mesa de Diálogo Nacional, compuesta por organizaciones políticas que no son representativas de toda la sociedad opositora, presentara el 4 de junio una solicitud de omisión legislativa contra el Parlamento.

Para Acceso a la Justicia la designación del CNE en manos del TSJ, brazo ejecutor del régimen de Nicolás Maduro, sin imparcialidad ni independencia, no es sorpresiva, aunque sí asombra en esta oportunidad que la Sala usurpara la función de la legítima AN y, por ende, desconoció la voluntad popular encarnada en el Parlamento, sobre todo a la luz de que había un Comité de Postulaciones ya nombrado y que le faltaba cumplir con el procedimiento de postulaciones de candidatos para el cargo de rectores.

Creando un problema para «resolverlo»

Esta no es la primera vez que la intérprete de la Carta Magna nombra al CNE, pues después de la efectuada en 2003 lo ha hecho en otras tres ocasiones (2005, 2014 y 2016). Sin embargo, esta vez como en la última atribuyó la «omisión legislativa» al supuesto desacato en el que está la AN. La sentencia, no obstante, declara inválidos, por estar viciados de nulidad absoluta, todos los actos y actuaciones de la AN, así como el que los pueda realizar en vista del desacato en que se encuentra el órgano legislativo.

Desde Acceso a la Justicia consideramos contradictorio el argumento del desacato, pues cómo un órgano estatal, que a su vez no es reconocido como tal por el TSJ, puede ser juzgado y condenado por este porque no realizó o llevó a cabo alguna actividad que le correspondía hacer y que no hizo.

La disonancia queda patente en la sentencia n.º 68, donde la Sala Constitucional afirma que:

«procederá al nombramiento de los Rectores Principales y Suplentes del Consejo Nacional Electoral (CNE) y de los integrantes de sus órganos subalternos, previa la solicitud al Comité de Postulaciones Electorales del listado de los ciudadanos preseleccionados para integrar el Consejo Nacional Electoral».

Por otro lado, dictamina que el desacato de la AN se mantiene de forma ininterrumpida, razón por la que todos los actos y todas las actuaciones emanadas por la Cámara relacionados con el proceso de designación de los funcionarios del CNE carecen de validez, eficacia y existencia jurídica y son nulos de nulidad absoluta.

Desde el punto de vista de la lógica jurídicaes un contrasentido decir que se va a solicitar al Comité de Postulaciones Electorales, instancia de la AN, la lista de los preseleccionados para integrar el nuevo órgano comicial, cuando al mismo tiempo se declara su nulidad.

La actuación parcializada de la Sala Constitucional también queda patente, cuando a pesar de haber dado un plazo de 72 horas mediante el auto nº 69 para que el mencionado Comité entregara la lista de preseleccionados, decide desconocer ese tiempo y de una vez designa sin consulta alguna a los nuevos integrantes del Poder Electoral. La justificación para no dejar correr íntegramente el lapso establecido en el fallo nº 69 por parte del TSJ es que se supo que el Comité de Postulaciones Electorales no cuenta con la lista de preseleccionados, y a tal efecto, cita tweets de miembros de ese comité. Es decir, el TSJ reconoce expresamente que omitió el procedimiento constitucional para que se postularan los candidatos a rectores y que los nombró a dedo.

Para Acceso a la Justicia, en definitiva, la adopción del desacatocomo elemento legitimador para sostener la «omisión legislativa» y, en consecuencia, argüir la exclusión y sustitución de la AN implica, sin duda, un fraude a la Constitución. Esta estrategia además ha venido acompañada por otras irregularidades, como arrebatarle a la sociedad civil el derecho a participar en el proceso de designación del CNE, con el solo pretexto de asegurar la designación de una nueva autoridad electoral conveniente a los intereses del régimen chavista, de cara a la celebración de las elecciones parlamentarias.

Un árbitro parcializado

La selección de las altas autoridades del Poder Electoral es piedra fundamental para la gobernabilidad del país, sobre todo cuando de este Poder Público depende la celebración de elecciones, que podrían realizarse bajo criterios democráticos y empezar a dar fin a la grave crisis institucional que vive el país.

Para ello el artículo 296 de la Constitución exige que los candidatos que sean seleccionados por la AN para integrar el CNE deben ser personas sin vínculos con organizaciones políticas, a fin de garantizar la independencia e imparcialidad del órgano que representan y, de esta manera, reforzar la confianza pública y la seguridad jurídica en los procesos electorales. Sin embargo, no es un secreto que este mandato nunca se ha cumplido y que el grueso de quienes han integrado el organismo han sido personas afectas al régimen chavista. Y en esta oportunidad ocurrió lo mismo.

Lo significativo en este caso es cómo el TSJ actúa como juez y parte, pues designó a dos de sus miembros como rectores: Indira Alfonzo, quien se desempeñaba como presidenta de la Sala Electoral y vicepresidenta del TSJ, fue nombrada presidenta del organismo comicial; y Gladys Gutiérrez, magistrada de la propia Sala Constitucional.

Sobre ambas exmagistradas, hoy rectoras del CNE, recaen denuncias comprobadas de parcialización a favor del régimen de Maduro. Ambas han sido piezas fundamentales en la neutralización del Parlamento y han sido sancionadas (Gutiérrez por los gobiernos de Estados Unidos y Canadá, y Alfonzo por Canadá), entre otras razones, porque son señaladas por haber participado en el deterioro de la democracia del país.

Similar sanción corre contra la rectora Tania D’Amelio, quien ocupa el puesto desde 2009 tras ser designada por la AN que estaba dominada por mayoría chavista. Hoy día es la única integrante de la directiva anterior del CNE ratificada en su cargo. Sobre ella también recaen graves denuncias referentes a su vinculación con la militancia del partido oficialista, pues antes de ser nombrada rectora fue diputada por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

Para Acceso a la Justicia la designación de estas tres funcionarias, sin ningún basamento jurídico, representa la burla más grave cometida contra la Constitución por parte del TSJ, al desatender los principios de independencia, autonomía y transparencia que el artículo 294 impone respecto a las autoridades de los órganos del Poder Electoral, que están contemplados, de hecho, para evitar cualquier ventajismo político.

¿Y a ti venezolano, cómo te afecta?

Quedan en evidencia las irregularidades en la designación de los miembros del CNE, que lamentablemente se traducen en más desconfianza en el árbitro electoral, una reacción natural a medida que el régimen de Maduro ha venido incrementando los fraudes y las maniobras electorales desde los comicios celebrados en 2017, con el apoyo del TSJ y la írrita Asamblea Nacional Constituyente (ANC).

¿Cómo confiar en un árbitro que fue nombrado al margen de la Constitución y de la Ley Orgánica del Poder Electoral? La designación exprés del nuevo CNE no representa una garantía para los próximos comicios, y mucho menos en las elecciones parlamentarias, que se vienen anunciando desde Miraflores en medio de los efectos de la pandemia de la COVID-19.

La sombra del riesgo de violación del derecho a elecciones libres, auténticas y democráticas que reclaman los venezolanos y la comunidad internacional, con el propósito de solventar la grave crisis institucional, pareciera de momento extenderse sobre el país. ... See MoreSee Less

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3 days ago

TSJ ordena al ilegítimo CNE cambiar el «mejor sistema electoral del mundo»Como si el arrogarse la potestad para designar, por quinta vez en casi dos décadas, a los miembros del Consejo Nacional Electoral (CNE) no fuera suficiente, pues la Constitución no la faculta para ello, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia dio un paso más allá en sus extralimitaciones y le ordenó al nuevo organismo comicial que, además de organizar las próximas elecciones a la Asamblea Nacional (AN), reforme el sistema legislativo para elegir a los diputados y así favorecer al chavismo.

La instrucción está contenida en la sentencia número 68 del 5 de junio, en la cual el intérprete de la Carta Magna no solo nombró a los rectores, dos de los cuales fueron hasta ese momento magistrados de las Salas Electoral y Constitucional (Indira Alfonzo Izaguirre y Gladys Gutiérrez Alvarado, respectivamente), sino que además desaplicó doce artículos de la Ley Orgánica de Procesos Electorales (LOPRE), por considerar que contravenían principios como el de la representación proporcional y el pluralismo político, y que además no garantizaban a los pueblos indígenas su representación en los órganos legislativos nacional, estadales y municipales.

Se lee en la sentencia lo siguiente:

«Esta Sala Constitucional considera que un Estado democrático y social de derecho y de justicia que proclama a la democracia y al pluralismo político como uno de los valores superiores de su ordenamiento jurídico, debe ser congruente con su sistema electoral. Por lo tanto, es constitucionalmente incompatible que la Ley Orgánica de Procesos Electorales, en sus artículos 14 y 15, paute que los cargos (de diputados o concejales) que se elegirán por lista, según el principio de representación proporcional, serán solo tres (3) o dos (2), según el número de diputados a elegir y que el resto se elegirá en circunscripciones nominales por mayoría, ya que, de esta manera, se establece una proporción entre ambos sistemas de elección equivalente al setenta por ciento (70%) para el voto personalizado y treinta por ciento (30%) para la representación proporcional, lo cual disminuye la posibilidad de que las organizaciones con fines políticos que no cuenten con la mayoría de las preferencias electorales, tenga mayores posibilidades de ocupar escaños en los órganos colegiados de representación política, lo que afecta al pluralismo político como valor superior del ordenamiento jurídico».

Por dónde van los tiros

Según la Sala, el sistema electoral venezolano paralelo contemplado en la LOPRE no atiende al principio de la personalización del sufragio ni al de representación proporcional. Sin embargo, el artículo 8 del mencionado instrumento señala que para la elección de los integrantes de los cuerpos legislativos «se aplicará un sistema electoral paralelo, de personalización del sufragio para los cargos nominales y de representación proporcional para los cargos de la lista».

La personalización del sufragio significa que el elector vota por un candidato identificado con nombre y apellido, es decir, que vota por el candidato de su preferencia, mientras que en la proporcionalidad el elector vota por listas cerradas y bloqueadas, que han sido elaboradas por los partidos políticos. En este caso el elector elige votar por un partido u organización política de su preferencia. Por esto, los votantes tienen que emitir al menos dos sufragios.

Ahora bien, según la Sala, la combinación de ambos principios en la distribución de los cargos o designación de escaños perjudica el principio de representación popular, porque consolida un sistema de partido dominante.

En el fallo, el máximo juzgado faculta al CNE a modificar el sistema electoral paralelo y aumentar la cantidad de diputados en listas cerradas en detrimento de los diputados nominales. Debemos advertir que en el voto lista los electores no conocen a los candidatos que son postulados por el partido u organización política, pues es un sistema de listas cerradas (el elector no tiene otra opción que votarla o no), además de que el orden de los candidatos es invariable (lista bloqueada).

Asimismo la Sala también desea que se ajuste el número de representantes del órgano legislativo en función del incremento demográfico de la población del país, un escenario que, sin duda, implicará la modificación de las circunscripciones electorales. Este es un tema álgido, debido a la enorme discrecionalidad atribuida al CNE, según el artículo 19 de la LOPRE, para diseñar las circunscripciones y, especialmente, por la opacidad con la que el árbitro comicial ha manejado en el pasado los criterios metodológicos para crear o reorganizar el tamaño de los territorios electorales de forma fraudulenta, y que se han traducido en ventajismos a los candidatos del oficialismo.

Donde dije digo, ahora digo Diego

La nueva postura de la Sala Constitucional sobre el modelo electoral venezolano, que por lo menos existe en el país desde hace unos catorce años, representa un giro de 180 grados, porque el mismo se edificó gracias a su aval. Así en 2006, en su sentencia número 74 no tuvo problemas en dar su visto bueno a «Las Morochas», pese a que las mismas suponían una sobrerrepresentación de la opción que más votos obtenía.

«La Constitución reconoce solo el principio de representación proporcional, sin calificar si se trata de mayorías o minorías, lo cual se reserva al ordenamiento jurídico», declaró en esa ocasión, sin mostrar mucha preocupación por el pluralismo ni que todas las tendencias políticas del país tuvieran un espacio en la AN.

El giro no solo parece haber condenado al«mejor sistema electoral del mundo», como lo calificó la anterior presidenta del organismo, Tibisay Lucena, presidenta del CNE durante catorce años, sino que además representa una violación del principio de reserva legal que ella misma reconoció que era exclusiva de la AN.

El cambio solo puede atribuirse a una razón: el chavismo ya no tiene la mayoría, como quedó de manifiesto en las elecciones legislativas de 2015.

¿Y a ti venezolano, cómo te afecta?

Como puede entenderse fácilmente, los hechos demuestran que es previsible cuál es el objetivo del Gobierno de Nicolás Maduro: Hacerse con la Asamblea Nacional, cambiando nuevamente las reglas de juego para favorecer sus intereses. El cambio del sistema electoral por parte de un ilegítimo CNE, nombrado al margen de la Constitución, y sobre el cual existen dudas más que razonables sobre su independencia y autonomía, alejan las posibilidades de que en el país se puedan celebrar elecciones auténticamente libres, justas y transparentes.

Con este telón de fondo, todo parece indicar la clara intencionalidad política que tendrán las próximas elecciones parlamentarias. Lo cierto es que el panorama no es nada alentador para la sociedad venezolana, básicamente frente a un TSJ cada vez más servicial a los intereses del régimen, y ante un nuevo árbitro electoral que, al igual que el anterior, tampoco parece generar confianza y seguridad jurídica. ... See MoreSee Less