¿Es un logro el debate de la crisis venezolana en el Consejo de Seguridad de la ONU?


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Para la comunidad internacional el régimen político que gobierna Venezuela ya no se disfraza de democracia, simplemente no lo es.

De hecho, durante la reunión del Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas (ONU) realizada el lunes 13 de noviembre para discutir la crisis en nuestro país, el representante de Uruguay, Elbio Rosselli, criticó que la gestión de Nicolás Maduro pretenda funcionar de manera correcta con sus países vecinos, mientras en su nación “no existe la democracia”. También advirtió que el papel que ejerce la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), usurpando funciones de la Asamblea Nacional, hace cuesta arriba recuperar la “convivencia institucional” y por ende el restablecimiento del sistema democrático.

Embajadores como los de Francia y Reino Unido recordaron otras razones por las cuales se considera que no hay democracia en Venezuela además de la propia existencia de la ANC, como lo son las reiteradas violaciones a derechos como la libertad de expresión —reforzado con la aprobación de la Ley Contra el Odio—, la manifestación pacífica, la salud y la alimentación. Sobre estos últimos se refirieron con preocupación al hecho de que, pese a la crisis, en Miraflores se nieguen a aceptar ayuda humanitaria por motivos políticos, mientras hay gente que muere por desnutrición y falta de medicamentos.

Quizás las palabras más duras en el encuentro propiciado por Estados Unidos e Italia bajo la “fórmula Arria” (reunión informal del Consejo) fueron las de Nikki Haley, embajadora de la nación, quien tildó de “narcoestado violento” al régimen de Maduro y por lo tanto un “peligro” para la región y el mundo entero. “Estamos pendientes, no nos dejamos engañar”, advirtió.

Pese a lo grave de la situación, los países participantes coincidieron en que se retome un diálogo en Venezuela, pero verdadero, y se espera que las sanciones como las recientemente impuestas por la Unión Europea sirvan para presionarlo.

Mediáticamente se ha considerado un logro, y en efecto lo es, que a través de la fórmula Arria el tema de la crisis venezolana llegara al Consejo, en el que generalmente sólo participan Estados y que, en cambio, también participaran las ONG, como es el caso de Foro Penal Venezolano y Cáritas de Venezuela, que han recopilado importantes denuncias sobre violaciones de derechos humanos en nuestro país.

Cáritas puso sobre la mesa cifras dramáticas, como que 68% de los venezolanos actualmente padece de hambre, que sólo 4 millones puede ingerir dos comidas al día y que 82% vive en pobreza, entre otras.

Acceso a la Justicia debe recordar que la fórmula Arria está basada en encuentros informales que se llevan a cabo entre los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU con agentes externos, con el fin de promover el diálogo directo entre los distintos agentes implicados en un conflicto.

¿Y a ti venezolano, cómo te afecta?

El hecho de que en instancias internacionales como la ONU, que tiene entre sus funciones la protección de los derechos humanos, se esté discutiendo la crisis venezolana y las acciones a implementar para resolverla (sanciones, acompañamientos), luce hasta ahora como el camino más viable y garantista para los ciudadanos a los efectos de destrancar el juego político y dar paso al restablecimiento de la democracia en el país y a las soluciones de su crisis social, política y económica.

Es más, para que tenga lugar un verdadero diálogo entre los actores políticos parece necesaria la presión internacional de organismos como la ONU, porque es la única garantía de que ese diálogo se dirija a resolver los problemas reales de los venezolanos, como son, sobre todo, los que se derivan de la emergencia humanitaria.

Entrevista Alí Daniels :” El poder Judicial solo está pendiente de complacer al Ejecutivo”


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Alí Daniels: Ante la falta de legalidad el Gobierno recurre a cualquier recurso para mantenerse en el poder

El miércoles 22 de marzo, Acceso a la Justicia tuvo la oportunidad de mostrar en la Comisión de Derechos Interamericanos (CIDH)  los resultados de los estudios profundos sobre la eficiencia y efectividad del Poder Judicial, en los que entre otros hallazgos logró precisar cómo éste poder público pone en segundo plano las necesidades de los venezolanos para beneficiar intereses políticos.

“Lo más destacado es ver cómo el Poder Judicial se ha convertido en el valedor del Ejecutivo y en un verdugo de la Constitución”, expuso Alí Daniels, representante de Acceso a la Justicia, en una entrevista a Carla Angola el mismo miércoles.

Explicó que mientras la explosividad social se encuentra en las nubes, el Poder Judicial complace al Ejecutivo y no se preocupa de los problemas del país. “Por ejemplo el Ministerio Público ha triplicado el número de imputaciones, pero tenemos los mismos jueces que hace 10 años”, manifestó.

Daniels agregó que las violaciones al debido proceso y de derechos humanos que comete el Poder Judicial también se han acrecentado. En este sentido mencionó las presiones que reciben los jueces en casos de presos políticos y puntualizó el caso de la jueza Karla Moreno que se negó a dar un veredicto fuera de la Constitución y renunció (por la presión del Sebin) en plena presentación de tres jóvenes detenidos por grabar una marcha.

“Esto se ha visto en otros casos. Evidencia un cambio de actuar del Gobierno, porque entonces hay más casos en la justicia militar. Es decir, se ve que ante la falta de argumentos, se está yendo ante la justicia militar. Por ejemplo el caso del diputado Gilber Caro, que ni si quiera ha sido presentado. En dos años 40 personas han pasado por ahí”, dijo.

Ante la pregunta de la periodista de qué significan estos cambios el abogado respondió que “ante la falta de legitimidad, se recurre a cualquier elemento para mantenerse en el poder”.

El representante de Acceso a la Justicia rechazó las declaraciones de William Castillo, presidente de Conatel, quien aseguró que las redes sociales deberían ser controladas por el Estado.

“El argumento de proteger a los niños es el que justificó la Ley Resorte, la cual censuró a  los medios. Hoy en día no se publica la información, los medios están censurados y recurren a la autocensura para evitar ser sancionados. Ahora hay que recurrir  a las redes sociales porque es un sitio donde uno se entera de lo que está pasando, dónde hay una protesta”, explicó.

Daniels calificó al Gobierno venezolano como una autocracia formalista, “porque trata de darle un barniz de legalidad con decisiones del TSJ, dando a entender que se está cumpliendo una legalidad que no existe”.

Sebin vs. Poder Judicial: presos con boletas de excarcelación


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Venezuela en la actualidad enfrenta un grave problema pues la separación de poderes es apenas una ilusión. Esto es demostrado por el simple hecho de que hayan presos con boleta de excarcelación, pues refleja la ausencia total de respeto del Poder Ejecutivo sobre lo que decide el Poder Judicial. Esto implica más claramente, que los detenidos en esta situación están privados de libertad de manera ilegal e inconstitucional por las fuerzas policiales, pues sin razón alguna continúan tras las rejas, no importando si un juez ha otorgado una medida sustitutiva, o peor aún, la libertad plena porque la persona es inocente.

En este sentido el desprecio de los órganos policiales por lo ordenado por los jueces no puede ser más evidente.

Por esta razón, familiares de diversos presos políticos acudieron en febrero de este año al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en Caracas para denunciar la violación al debido proceso. Presentaron 18 boletas de excarcelación emitidas por el sistema judicial, pero “el régimen no permite la libertad de los detenidos”, manifestó Gaby Arellano, diputada a la Asamblea Nacional por la Unidad.

En menos de un mes de esa denuncia, se elevó a 21 la cantidad de casos de privados de libertad que tienen una boleta de excarcelación sin cumplir, según el conteo que lleva Foro Penal al respecto.

Y lo peor es que la respuesta oficial ante esto no es más que el silencio.

Alfredo Romero, director de Foro Penal, aclaró a Acceso a la Justicia que no en todos los casos se trata de presos políticos. “No son todos calificados como presos políticos. Dentro de este grupo están los 14 funcionarios de la Policía de Chacao, por ejemplo. En el caso de los presos políticos están Yon Goicochea, José Vicente García y concretamente uno que teniendo una boleta de excarcelación nunca se le ejecutó que fue Víctor Ugas, un tuitero que está preso por supuestamente estar relacionado con la foto publicada de Robert Serra en la morgue”.

Romero sostuvo que llevarán los casos a instancias internacionales. “Lo hemos denunciado ante la Dirección de Derechos Fundamentales de la Fiscalía, ante la Defensoría del Pueblo y ahora lo que nos queda y estamos haciendo es una solicitud de medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”.

La  exmagistrada Blanca Rosal Mármol también se pronunció sobre este hecho asegurando que se trata de “la negación absoluta del Estado de derecho”. Ella explicó que una boleta de excarcelación que las autoridades policiales se niega a cumplir es un desacato a una orden judicial. “Además, en el caso de Yon Goicochea el juez fue lo suficientemente cobarde para permitir el cierre del tribunal por más de dos meses, para que así sus abogados no pudieran exigirle que se haga efectivo el cumplimiento de esa orden de excarcelación. Ante esto se ratifica que en Venezuela no hay a quién acudir, no hay instituciones y por eso es que nosotros tenemos que empezar de nuevo con una constituyente originaria”, expuso Mármol.

La abogada Rocío San Miguel, por su parte, lo calificó como una “afrenta a la justicia y a la Constitución”.

Para ella esta situación no solo vulnera el debido proceso y el principio de independencia de poderes, sino que también viola el derecho a la vida. Recalcó que el director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin),  Gustavo González López, no tiene la potestad de detener, pues por encima está el Poder Judicial.

“Falta de autorización”

Desde el año pasado 14 funcionarios de la Policía del Municipio Chacao se encuentran en la sede del Sebin en El Helicoide, por el caso del asesinato del periodista Ricardo Durán, pese a que tienen boleta de excarcelación, según lo reseña la fundación Venezuela Awareness en su portal web.

“Todos los polichacaos están recluidos en el Sebin desde el 20 de junio y tienen boleta de excarcelación desde el 8 de agosto de 2016, la cual fue ratificada el día 03 de enero de 2017. Es decir, que están en libertad por orden de un tribunal y cada vez que sus abogados o familiares intentan al menos hablar con algún alguacil, la respuesta es la falta de autorización”, se lee en la página de la organización.

Las investigaciones penales arrojaron que los 14 funcionarios son inocentes, además que la detención de todos fue arbitraria, y a pesar de ello, el Sebin hace caso omiso al Poder Judicial al no otorgarles la libertad después de recibir boleta de excarcelación emanada de un tribunal, “lo cual constituye un delito, al violentar los derechos humanos por impedir la libertad de personas halladas inocentes por los organismos del Estado, y por desacato y usurpación de funciones de otros organismos públicos”, reiteró Venezuela Awareness.

Alfredo Romero, quien lleva el caso de los 14 funcionarios de Polichacao, explicó que al estar vinculados a un caso de asesinato su organización no los califica como presos políticos, porque hay una situación de violencia que no es necesariamente un hecho de carácter político.

“El punto fundamental  es que hay una orden de excarcelación de los tribunales que no ha sido ejecutada por el Sebin. Eso representa una violación clara al debido proceso, al derecho a la defensa Para que el juez haya dado la excarcelación tuvo en consideración todos los elementos y en cualquier caso, lo más grave es que el Sebin, que es un órgano del Poder Ejecutivo y de la Vicepresidencia de la República, no está cumpliendo con las órdenes judiciales”.

José Vicente García, un concejal preso

Al concejal por Voluntad Popular en San Cristóbal, José Vicente García, lo detuvieron funcionarios del Sebin, el 18 de octubre de 2016 cuando salía de su residencia ubicada en el sector La Castra. Se dirigía a la sesión del concejo municipal, por supuestamente tener en su posesión uniformes militares y armas explosivas, las cuales según la defensa fueron sembradas por los funcionarios.

García ya se habría dado a conocer desde que hizo una huelga de hambre en compañía del edil Martín Paz en el Vaticano en junio de 2015, para exigir la realización de elecciones parlamentarias.

Hoy es un ejemplo de detención arbitraria, puesto que sin mayores justificaciones fue aprehendido por los funcionarios y además teniendo boleta de excarcelación permanece aún retenido en la sede del Sebin de San Cristóbal.

Yon Goicochea, una espera que desespera

Fue detenido el 29 de agosto de 2016 también por presunto terrorismo. Es un dirigente de Voluntad Popular, quien al igual que García tiene boleta de excarcelación y aún no ha sido liberado.

La detención del activista fue arbitraria, puesto que no cumplió con los parámetros establecidos en la Constitución ni con los suscritos en los tratados de derecho internacional, lo cual fue denunciado desde el inicio por su defensa, entre otras cosas, por ejemplo, porque no fue presentando ante un tribunal dentro del lapso de 48 horas que establece el artículo 44 de la Constitución. Se encuentra tras las rejas desde septiembre de 2016.

Víctor Ugas, apresado por una imagen

Otro polémico caso es el de Víctor Ugas, detenido el 13 de octubre de 2014 por presuntamente haber difundido una foto del fallecido diputado Robert Serra en redes sociales.

Su causa fue llevada por la jueza Karla Moreno, quien renunció en febrero de este año a su cargo por presiones del Sebin para condenar a tres productores audiovisuales.

Ugas sigue detenido en El Helicoide pese a que recibió boleta de excarcelación en julio de 2015, la cual no se ejecutó.

Eduardo García, detenido por protestar

El pasado 10 de marzo el tribunal 4º de juicio otorgó la libertad a Eduardo García, quien fue detenido arbitrariamente el 7 de mayo del 2014 tras participar en una cadena humana.

Al salir del Palacio de Justicia funcionarios del Sebin le solicitaron a Eduardo que los acompañara para realizar el procedimiento administrativo de la institución sobre su excarcelación.

Al día de hoy, García está a la expectativa de la orden de libertad del director del Sebin. Por eso el 24 de marzo el departamento legal de Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia (Codhez) interpuso una acción de amparo en contra del Sebin por desacato a una orden judicial en favor de la libertad de Eduardo García.

El caso también está siendo presentado por esa ONG ante el Grupo de Detenciones Arbitrarias de las Naciones Unidas.

¿Y a ti venezolano, cómo te afecta?

Un estado donde la policía decide si acata o no una orden judicial no es un Estado de derecho, y peor aún, un estado en el que la orden de un juez no tiene valor alguno, en ningún caso puede llamarse una democracia.

Y recordemos, sin democracia no hay derechos humanos.

Audiencia ante la CIDH por ausencia de acceso a la justicia en Venezuela


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Este 22 de marzo, ocho organizaciones de la sociedad civil presentaron en la 161° audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington (Estados Unidos) un informe para denunciar la denegación de justicia y violación de los derechos humanos en Venezuela.

En este evento participó Acceso a la Justicia en la voz del abogado Alí Daniels, el Centro de Justicia y Paz (Cepaz), Transparencia Venezuela, Sinergía, Espacio Público, Civilis, Programa Venezolano de Educación – Acción en Derechos Humanos (Provea) y el Instituto de Prensa y Sociedad (Ipys).

Por otra parte, como representante del Estado en la CIDH estuvo el consultor jurídico del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Pacheco, así como Larry Devoe, secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos.

¿Qué denunciaron las ONG?

Mercedes de Freitas, directora de Transparencia Venezuela, tuvo primero​ la palabra y explicó cómo mediante distintas sentencias, el TSJ ha ido ​quitándole paulatinamente competencias a la Asamblea Nacional, al mismo tiempo que afectando los derechos de los venezolanos​.

Luego, el representante de Acceso a la Justicia, Alí​ Daniels, expuso cómo funciona la administración de justicia en Venezuela. Al respecto dijo: “Se ha construido una categoría general de esta idea que podemos calificar como ‘derecho del enemigo’ en virtud del cual el Estado se comporta de una manera dual: cuando se trata de solicitudes afines a los intereses del Poder Ejecutivo se actúa prestamente y se complace la solicitud, mientras que cuando ciudadanos comunes u otros actores sociales realizan demandas ante los tribunales, no se cumplen con los lapsos legales”.

Mencionó que, pese a que el proceso de nombramiento de Magistrados se encuentra reglamentado por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV), actualmente hay 21 de estos máximos jueces que no cumplen con los requisitos constitucionales ni legales y además, están los llamados “magistrados exprés” (nombrados luego de que la oposición ganó la mayoría parlamentaria), en que 10 de los 13 nombrados no cumplen con los requisitos para ser magistrado.

​El representante de la ONG Acceso a la Justicia ​ “pone en evidencia que lo que predomina para su designación es la lealtad a la ideología política del partido de gobierno”, de hecho, el presidente Nicolás Maduro durante la apertura del año judicial dijo tener “un sentimiento muy grande de gratitud por la lealtad, magistradas, magistrados”.

El abogado administrativista Daniels indicó que al menos 73% de los jueces son provisorios, por lo que estos pueden ser destituidos por un simple oficio sin motivación ni procedimiento alguno. Señaló que el anuncio de regularización de la provisionalidad de los jueces es sólo un disfraz porque sólo los que actualmente se encuentran en el cargo son los que podrán participar en los concursos de oposición.

Daniels aseguró que existe además una merma de la efectividad judicial: “tenemos que el TSJ en cuanto al número de casos ingresados, aumenta considerablemente hasta 2005, en que llega a su máximo con un total de 11.835, pero a partir de 2006 empieza a decaer y pasa a 5.821 en el 2015, llegando a recibir menos expedientes que en 2001”.

Mencionó como otro indicador vinculado al derecho de acceso a la justicia es el enorme incremento de los linchamientos y las protestas públicas, según cifras del Observatorio Venezolano de Violencia y el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, respectivamente.

​Por su parte, la ONG Espacio Público en el informe presentado ante la CIDH aseveró que el derecho de acceso a la información es negado en el país. Más de 23 solicitudes fueron rechazadas en 2016.​

Beatriz Borges, representante de Cepaz, indicó que su organización pudo determinar que existen ocho patrones de persecución política, y en seis de ellos incurre el Poder Judicial. Entre estos se encuentran la destitución de cargos públicos y aquiescencia de actos violentos.
“Solicitamos a la CIDH que considere como prioridad elaborar un informe que declare la vulneración de las garantías judiciales y la denegación de justicia de los magistrados. Solicitamos que la CIDH visite a Venezuela y pedimos medidas de protección para los activistas de derechos humanos”, cerró Borges.

¿Qué respondió el Estado?

El consultor jurídico del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Pacheco, inició su intervención asegurando que en Venezuela el Poder Judicial es autónomo e independiente, dado que en 1999 la CRBV había creado un procedimiento especial para la designación de los magistrados en que participa el poder judicial y el poder ciudadano. Omitió explicar que la sociedad civil debe participar y esto no se ha cumplido.

Pacheco explicó que no es cierto que el Ejecutivo resulte vencedor en el 100% de los casos que interpone ante el TSJ, pues en la Sala Político Administrativo “el gobierno del Estado venezolano” ha perdido 840 juicios, en la Sala de Casación Social de los 4.812 juicios ha ganado 2.308 y tuvo 1.114 casos perdidos. Luego mencionó que en la Sala Constitucional, en cinco años, el Estado había perdido solo 49 juicios. No hizo referencia a la Sala Electoral, que es otra en que se tratan asuntos del Estado.

Con respecto al tema del desacato de la Asamblea Nacional, el consultor jurídico aclaró que esta situación se debe a la no desincorporación de los diputados y que en ese sentido el Poder Judicial ha debido emitir más sentencias porque “en un Estado democrático no se puede concebir un poder público que haya decidido no acatar al Poder Judicial, sin un fundamento lógico y constitucional”, alegó. No dijo que la Asamblea Nacional incorporó a los diputados este año y aun así sigue en desacato.

El consultor jurídico del TSJ justificó la celeridad de las respuestas del TSJ al Presidente en que existen unos lapsos “excepcionales por “normativa” y además, ​explicó que es importante para “garantizar la seguridad nacional y soberanía”.

Pacheco reconoció que no se ha permitido al acceso a la información pública solicitada por las ONG porque para que los organismos del Estado admitan una solicitud de información, esta debe indicar para qué se quiere usar la misma.

Debe aclararse que la Constitución no establece esta limitación, es más garantiza el derecho de acceder a la información que sea de carácter público.

​En relación a las amenazas y ataques a los defensores de derechos humanos dijo que: ​ “en Venezuela el Poder Judicial se abstiene de utilizar los mecanismos de justicia punitiva para intimidar a las personas en virtud de su opinión política o profesión, adoptando los mecanismos necesarios para la protección de los derechos judiciales y humanos de todas las personas”.

El representante del Estado agregó que las leyes venezolanas no permiten que el Poder Legislativo sea quien remueva a los magistrados en una acción “solitaria”, pues en la CRBV se incluye que este proceso pasa también por el Poder Moral; y expuso el mismo argumento para la acción contralora sobre los funcionarios de Pdvsa, indicando que el TSJ no le  negó esta potestad a la Asamblea Nacional ​sino que le indicó que debía articular con la Vicepresidencia de la República para poder recibir esa información​.

También indicó que el TSJ declaró constitucional la ley del bono de alimentación para los pensionados y jubilados, aunque omitió decir que no se ha cumplido ni puesto en vigencia.

Venezuela no pudo seguir negando la falta de independencia judicial en el EPU


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Venezuela ha culminado este jueves 16 de marzo de 2017 su evaluación en el marco del segundo ciclo del Examen Periódico Universal (EPU), mecanismo que utiliza la ONU para monitorear la situación de los Derechos Humanos a nivel mundial. En esta ocasión se recibieron 18 recomendaciones de manos de 16 países distintos relativas a la independencia de los poderes, y el Estado aceptó 10 de ellas lo que (aunque insuficiente) es un logro del sistema EPU y de la sociedad civil organizada.

Para poner esta situación en contexto, vale la pena recordar que durante el primer ciclo de este examen, que fue en 2011, nuestro país recibió 17 recomendaciones relativas a la independencia judicial y las rechazó absolutamente todas, negándose a aceptar que existe un problema en el sistema de justicia venezolano.

Adicionalmente, desde el gobierno se ha acusado de “injerencista” a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en reiteradas ocasiones cuando sus decisiones no coinciden con la narrativa oficial; llegando al punto de denunciar la Convención Americana de Derechos Humanos, lo que en la práctica se ha traducido en que los venezolanos tengamos una instancia menos a la que acudir cuando consideramos que nuestros derechos no están siendo respetados, concretamente la Corte Interamericana.

Ahora bien, volviendo al EPU actual, Acceso a la Justicia ve con buenos ojos que el Estado venezolano haya decidido aceptar 10 de las 18 (55%) recomendaciones recibidas sobre independencia de los poderes (con especial énfasis en la independencia del Poder Judicial), agregando un compromiso voluntario en esta materia; lo que implica que finalmente reconoce que existe mucho trabajo por hacer en este ámbito.

Sobre todo esto es relevante si se tiene presente que hace apenas unos meses el gobierno regresó de Ginebra en negación; anunciando que había “salido eximido” en el examen, a pesar de que 102 países (más del doble que en 2011) intervinieron para realizar 274 recomendaciones, lo que difícilmente puede considerarse un triunfo.

Desgraciadamente no todo es positivo y las ocho recomendaciones restantes en materia de independencia de poderes “no contaron con el apoyo” del Estado pues fueron consideradas “sesgadas, confusas, políticamente mal intencionadas y elaboradas sobre bases falsas”.

Acceso a la Justicia quiere hacer notar que en el caso de las sugerencias aceptadas, el Estado venezolano las apoya pues “ya se están implementando de manera prioritaria en su primer Plan Nacional de Derechos Humanos 2016-2019” lo que, al menos en el tema que nos ocupa, no es así.

Como hemos mencionado más arriba, el Estado venezolano rechazó todas y cada una de las recomendaciones en esta materia durante el primer ciclo del EPU, hace 5 años, negando el problema. Tampoco aparece mencionado en su Informe Nacional correspondiente al examen de este año, por lo que habría que pensar que en opinión del Estado no había nada relevante que decir, ni que hacer.

Más aún, si se revisa el Plan Nacional de Derechos Humanos a que alude la representación diplomática de nuestro país, el mismo no habla de independencia de poderes en ningún momento, así como tampoco lo hace el Plan Estratégico del Poder Judicial vigente; por lo que es obligado preguntarse ¿a qué se refiere el Estado venezolano cuando asegura que “continuará” trabajando en este tema? De hecho la situación ha empeorado mucho respecto de 2011, por lo que si ya en esa época la situación era grave, ¿en qué ha trabajado si ahora es peor? ¿Por qué no explicó en el Informe Nacional qué ha hecho?

Lo mismo puede decirse del quinto compromiso voluntario en que el gobierno ofrece “continuar con la realización de concursos públicos para el ingreso a la carrera judicial y al Ministerio Público”, cuando desde el 2004 no se realizan los primeros (aunque el Tribunal Supremo de Justicia dice que desde 2005) y el más reciente de los segundos fue en el año 2011.

Resulta poco alentador que el Estado venezolano considere que está trabajando en un asunto en el que tiene 13 años en mora, pese a que es un mandato expreso de la Constitución, y, aunque hace poco aprobó unas normas para regular los concursos de los jueces, las mismas solo permiten que participen los que ya están dentro de la judicatura que no son titulares, escogidos a dedo, y además, no prevén que la sociedad civil forme parte del proceso para la selección de los jueces, lo que no son precisamente garantías para la independencia judicial, todo lo contrario.

En conclusión; si bien Acceso a la Justicia saluda que el Estado venezolano acepte la existencia de un problema en materia de independencia judicial, es necesario exigir que esto lleve a acciones concretas y que no se convierta en otra declaración de intención que queda en palabras y nada más.

¿Y tú venezolano, qué puedes hacer?

Con la aceptación de las recomendaciones por parte del Estado se confirman las denuncias que desde hace años hace la sociedad civil de que los derechos de los venezolanos están siendo vulnerados, y esta es una situación que un Estado democrático no puede simplemente ignorar, como hace un niño que cree que si cierra los ojos la realidad desaparece.

Ante esta situación es poco lo que en la práctica podemos hacer, pero lo que sí está a nuestro alcance (y es de capital importancia) es no permitir que este escenario nos parezca normal y, por ello, reclamar nuestros derechos de manera constante y persistente.

Laura Louza, “Según TSJ: Soberanía es el poder del gobierno… No del pueblo”


“Según TSJ: Soberanía es el poder del gobierno… No del pueblo”

El 2 de Marzo en entrevista con Azalea Liscano, por la emisora Super Estereo 98.1 FM del estado Nueva Esparta, la Dra. Laura Louza, abogado, profesora universitaria, fundadora y directora de la ONG Acceso a la Justicia, indicó que las constantes modificaciones ilegítimas a la Constitución y las leyes, las realizan solo para favorecer los intereses del Presidente de la República y de su partido, alejándose de forma grotesca de sus verdaderos postulados, así como de la libertad y dignidad de los venezolanos, pilares fundamentales en una sociedad democrática.

El TSJ “legitima” el ejercicio de medidas arbitrarias que puedan ser dictadas por la misma Sala Constitucional o por otros órganos del Estado contra la Asamblea Nacional, con el propósito de obstaculizar aún más el ejercicio de funciones parlamentarias, pero bajo un velo de supuesta “legalidad”.

Los DDHH no aceptan dualidad, el Estado Venezolano debe resolver la crisis humanitaria de alimentos, medicamentos y las elecciones, como lo dictamina la Constitución Nacional. Por ello Luis Almagro, en nombre de la OEA agradeció este miércoles 1 de marzo el apoyo bipartidista del Senado de EE.UU. para que el organismo aplique la Carta Democrática a Venezuela.

Para escuchar la entrevista, ingresa aquí.

¿Error judicial o simulación de hecho punible?


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¿Error judicial o simulación de hecho punible?

Uno de los temas que no han sido resueltos en Venezuela es el relacionado con el error judicial y la simulación de hechos punibles. En efecto, son muchas las sentencias que terminan en nada, con el aserto “los hechos no revisten carácter penal”. Ello a pesar de que la máxima instancia de Casación Penal ha asegurado que un caso jamás debió ser tramitado por cuanto los hechos no son punibles, luego de varios años de trámite con gastos inmensos para el acusado y costas abundantes para la administración de justicia. En fin, el error judicial es un hecho dañoso en todos los sentidos que viola, incluso, los derechos a la presunción de inocencia, a un juicio justo, al debido proceso y a la necesaria indemnización por el error cometido.

Un ejemplo es el caso de un avocamiento sentenciado por la Sala de Casación Penal del TSJ (Nº 461 del 14/11/2016) en el cual, después de 7 años de parálisis, se dicta el sobreseimiento por haberse constatado “…que el Ministerio Público debió proceder a emitir un acto conclusivo en su oportunidad legal. Esta irregularidad creó una situación de indefinición jurídica a los justiciables por cuanto inobservó las normas sobre el archivo fiscal y los actos conclusivos, siendo que en el proceso penal acusatorio vigente, no existen las averiguaciones abiertas e indefinidas, las cuales eran propias de un proceso inquisitivo ya derogado por el sistema procesal penal actual…”. En otras palabras, el vicio procesal de la “averiguación abierta” infinita que existía en el anterior sistema inquisitivo se repite de facto y de forma ilegal en el modelo procesal acusatorio, pero sin consecuencia alguna para el infractor ni la debida reparación a la víctima. Algo sumamente grave.

Hay que preguntarse, ¿bajo qué argumento se puede justificar que un ciudadano se mantenga en entredicho durante años sin definición precisa de su posible o ninguna responsabilidad penal? ¿Quién resarce los daños materiales en costos de su defensa y los morales relativos a su reputación? Adicionalmente, si la persona estuvo privada de su libertad bajo un falso supuesto, ¿quién resarce al ciudadano por la interrupción de su proyecto de vida? Y, en el caso de estar detenido en uno de los pavorosos centros de reclusión (temporal o penitenciario), ¿quién lo protege de las agresiones de otros presos o de los abusos que suelen cometer funcionarios y guardias? ¿Quién le indemniza por una detención arbitraria? ¿Quién le reparará el sufrimiento causado en prisión? ¿Y la consecuente pérdida del afecto familiar y de su entorno social por el rechazo y el estigma? ¿Quién aliviará la rabia por la humillación e injusticia padecida?

La Constitución establece que toda persona podrá solicitar del Estado el restablecimiento o reparación de la situación jurídica lesionada por error judicial, retardo u omisión injustificados. Queda a salvo el derecho del o de la particular de exigir la responsabilidad personal del magistrado o de la magistrada, del juez o de la jueza; y el derecho del Estado de actuar contra éstos o éstas” (art. 49.8). No obstante, el Código Orgánico Procesal Penal (COPP) nada dice sobre cómo puede reclamarse la indemnización por el error judicial.

La jurisdicción contencioso-administrativa tampoco resuelve casos de este tipo, salvo meritorias excepciones como el histórico caso del Sr. Angel Nava, quien fue indemnizado por causa de una prisión injusta en El Dorado en aplicación de la anulada Ley sobre Vagos y Maleantes, que preveía medidas correccionales sin juicio ni proceso penales. Pero incluso en ese caso es difícil considerar que se hizo justicia, pues la retribución que se asignó al ciudadano antes mencionado no llega al salario mínimo que (a nivel conceptual, aunque la realidad diste de ser así) es el monto necesario para la subsistencia de una persona.  Lo peor es que cuando el Sr. Nava intentó recurrir esta decisión su causa fue desestimada.

De resto, la burocracia judicial se expresa en negativo, como fue el caso de Antonio Carlos Correia Freitas, quien intentó ser indemnizado y con pruebas fehacientes del error judicial que sufrió, pero su demanda fue declarada “sin lugar” luego de unos argumentos rocambolescos y absurdos para negar lo obvio.

En el artículo 30 constitucional se establece la obligación del Estado de indemnizar a las víctimas de violaciones de derechos humanos y a sus derechohabientes, además de proteger a toda víctima de delitos comunes y procurar que los culpables reparen los daños causados. Sin embargo, en materia de errores judiciales y posibles simulaciones de hechos punibles nada ocurre. Es una norma muerta.

La Casación Penal corrige los errores sustantivos y procesales de las instancias inferiores y en ese sentido nadie duda de su importancia. El problema es que nada ocurra si el expediente que llega allí es falso o, simplemente, erróneo. En esos casos la Casación debería tener un propósito aleccionador de tipo penal o disciplinario si se constata, como fue el caso citado, una irregularidad tan grave como detener de manera indefinida un proceso contra un ciudadano.

En la justicia penal contemporánea y el derecho comparado, alejados de la presunción de culpabilidad y afincados en la presunción y el trato de inocente, el error judicial tiene consecuencias. La mala fe, la simulación de un hecho punible y la calumnia son más graves por el abuso de la violencia legal del Estado en contra de un inocente, a sabiendas de que lo es.

En Venezuela es muy fácil incurrir en errores en la imputación: la conducta no se subsume en el tipo penal; el tipo penal fue descriminalizado, derogado por una nueva ley o anulado por el TSJ. Repetimos, es fácil equivocarse, habida cuenta de la gran cantidad de leyes penales especiales (más de 80, incluido el Código Penal) y de delitos (casi 1.000). A lo que hay que sumar que el Código Penal es una colcha de retazos, lo cual facilita el error en la imputación.

Indefiniciones legales como la del error judicial ante hechos que no revisten carácter penal y, además, la inacción formalista de la Sala de Casación Penal, son oportunidades que favorecen la corrupción, el abuso, la simulación de hechos punibles, la detención arbitraria y sus consecuencias ulteriores como el terrorismo judicial, las persecuciones, las extorsiones, etc.  También es una forma inaceptable de violar derechos humanos que debe cesar.

Fernando M. Fernández

El reto del TSJ: una apertura del año judicial en medio de protestas


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                     El reto del TSJ: una apertura del año judicial en medio de protestas

(Caracas, 07 de febrero de 2016).- Con motivo del Acto de Apertura del Año Judicial 2017, abogados y sociedad civil organizada acudieron este martes a las afueras de la sede del Tribunal Supremo de Justicia para recordarle al órgano judicial su obligación de decidir conforme a la Constitución y garantizar la plena vigencia de los derechos fundamentales.

Una brecha enorme se ha abierto entre quienes, por una parte, hoy ostentan cargos dentro del Poder Judicial, y quienes, por la otra, son afectados por sus decisiones Judicial, es decir, los venezolanos de a pie.

La apertura del año judicial se inició con protestas, que no pudieron acallar de ningún modo. Desde tempranas horas, mientras funcionarios vestidos casi de gala ingresaban al Tribunal Supremo de Justicia para el acto de apertura del año judicial, varias ONG y familiares de presos políticos, acompañados por algunos ciudadanos que rechazan las actuaciones del TSJ, alzaban su voz en las adyacencias, recordando el proceder del TSJ el pasado 2016 y el de este primer mes del año, en el cual ya ha solicitado investigaciones contra diputados a la Asamblea Nacional, según sentencia del pasado 26 de enero emanada del máximo órgano judicial.

Rodeados de guardias y funcionarios del TSJ que impedían la grabación de las declaraciones de los manifestantes, el diputado al Parlasur, Rafael Veloz, acompañado de organizaciones no gubernamentales sostuvo sobre la actuación del Poder Judicial: “La Sala Constitucional y el Tribunal Supremo de Justicia se utilizan como mecanismos para llevar adelante el proceso revolucionario, de tal forma que nosotros realizamos esta protesta cívica y pacífica con la finalidad de exigir a este sistema de justicia la vuelta y el rescate de la democracia”.

“Tenemos un Poder Judicial donde más del 90 por ciento de los jueces no son titulares y es por eso que en los últimos informes los organismos internacionales declaran a Venezuela como un país sin libertad, fundamentalmente porque los operadores políticos ocuparon y secuestraron los espacios judiciales. Esto es muy delicado porque la Sala Constitucional ha establecido un mecanismo para producir un caos institucional, de tal forma que la exhortación de los abogados y de los parlamentarios es que nosotros volvamos a la democracia, y sólo es posible esto cuando nosotros salgamos de Nicolás Maduro y de esta injusta justicia”.

La hija de Mitzy Capriles y del alcalde Ledezma, Oriette Schadendorf, también repudió el comportamiento de la Sala Constitucional asegurando que “es ilegítima, así como las actuaciones que ha hecho en contra de la Asamblea Nacional y en contra de Venezuela entera, que han sido violatorias de la Constitución nacional; es una Sala que está al servicio de un partido político, de un sistema de Gobierno fracasado que lleva ya casi dos décadas y que ha sumido a Venezuela en una crisis humanitaria como nunca había ocurrido antes. Estamos acá como familiares de presos políticos, defendiendo los derechos humanos de nuestros familiares porque los presos políticos son inocentes, en este caso, Antonio Ledezma, el alcalde Metropolitano de Caracas el próximo 19 de febrero cumple dos años presos, Leopoldo López cumple tres años preso, los policías de la Metropolitana catorce años presos, es decir, acá se han violado durante dieciocho años los derechos humanos de muchas personas inocentes”.

Asimismo, Jorge Fernández, el padre de Vilca Fernández, apresado por enviar tuits contra el gobierno, se sumó a la protesta en favor de los presos políticos y en contra de las sentencias del TSJ que han avalado las decisiones del Ejecutivo, tales como las que han privado de libertad a cientos de venezolanos: “Le están violentando los derechos humanos a todos los presos políticos, se viola el debido proceso, se viola el Estado de derecho, y en ese sentido en el día de hoy en esta apertura del año judicial estamos alzando nuestra voz de protesta, haciéndole un llamado a quienes ostentan el poder”.

Ante este panorama el Poder Judicial inicia el año 2017, con un pueblo que cada día exige con más fuerza que le sean devueltos sus derechos y clama justicia, una justicia imparcial que cumpla con la premisa de darle a cada cual lo que le corresponda, sin presiones externas y en democracia.