Un Momento con los Derechos Humanos: mitos y realidades de la CPI en el caso Venezuela


Un Momento con los Derechos Humanos

En esta nueva edición de Un momento con los Derechos Humanos, el profesor Alí Daniels responde a diversas interrogantes acerca del reciente anuncio de la fiscal de la Corte Penal Internacional de abrir una averiguación sobre los hechos suscitados en el marco de las protestas del año pasado. ¿La fiscal tiene la potestad de abrir de oficio una investigación? ¿Existen fases de las averiguaciones preliminares? ¿En qué fase se encontraría Venezuela?

A un mes de la Masacre de El Junquito el Poder Moral sigue sin cumplir sus funciones


Masacre de El Junquito

Se cumplió un mes de la Operación Gedeón o Masacre de El Junquito, en la que resultaron muertos el ex-CICPC Óscar Pérez y un grupo de hombres —más una mujer—, por haber realizado actividades de sublevación contra el gobierno de Nicolás Maduro desde junio de 2017, sin que la Fiscalía General de la República (FGR) haya anunciado una investigación formal de los hechos, ni la Defensoría del Pueblo haya hecho alusión a los derechos vulnerados en esa operación.

Entierro víctimas Masacre de El Junquito¿Se rindieron Óscar Pérez y sus compañeros ante los cuerpos de seguridad que sitiaron la vivienda donde se encontraban en el kilómetro 16 de El Junquito, tal como el mismo expolicía declaró en varios videos antes de morir? ¿Hubo uso desproporcionado de la fuerza? ¿Actuaron grupos paramilitares en el operativo?, son algunas de las preguntas a las que por ahora no hay respuestas certeras, porque en el lugar de los hechos no había fiscales del Ministerio Público (MP), mediando una eventual entrega, o la Defensoría del Pueblo, protegiendo los derechos humanos de los ciudadanos allí presentes. Tampoco había medios de comunicación que narraran los acontecimientos, ni una averiguación posterior que sirva para aclarar lo que realmente sucedió. Sin embargo, la manera en que posteriormente se trataron los cadáveres de los abatidos aumentaron las sospechas de un ajusticiamiento.

En este sentido, Acceso a la Justicia respaldó el pronunciamiento de varias ONG y expertos en derechos humanos, en el que se denunció la posibilidad de que haya ocurrido una ejecución extrajudicial en el caso de Pérez y sus compañeros, a los que el Ejecutivo calificó como “célula terrorista”, en un intento por justificar el uso de la fuerza contra el grupo.

Con respecto al uso de la fuerza en el operativo policial, el artículo 119 del Código Orgánico Procesal Penal (COPP) establece que utilizar la fuerza para ejecutar la detención es excepcional y debe ser proporcional a la resistencia que oponga el imputado; el uso de armas está expresamente prohibido, excepto para proteger la vida o la integridad de las personas, y está destinado a conseguir la captura de los imputados, por lo que el uso de armamento de guerra es cuestionable.

En otros videos difundidos se pudo observar cómo los efectivos emplearon lanzagranadas y otras armas calificadas como de guerra. Un ensangrentado Óscar Pérez aseguraba en una transmisión en vivo que la intención de los cuerpos de seguridad no era dejarlos con vida.

De hecho, la organización Human Rights Watch (HRW) aseguró que existen pruebas de la ejecución extrajudicial, entre ellas los mencionados videos con los testimonios de Pérez durante el ataque a la vivienda donde se escondía; la afirmación de un familiar de uno de los caídos según la cual el cadáver presentaba varios disparos en la cabeza, pero el acta de defunción decía que fue un disparo único, lo que denota encubrimiento oficial; más el sorpresivo entierro de los cuerpos sin que la familia pudiera velarlos e impidiendo el acceso de público. Sobre esto el artículo 254 del Código Penal advierte que ayudar a eludir las averiguaciones por la comisión de un hecho punible merece pena de hasta cinco años de prisión.

Tarek William SaabVale acotar que las autopsias a Pérez y a su grupo debieron realizarse ante un juez y en presencia de los familiares y abogados de todos los fallecidos para que luego pudiera reproducirse en un hipotético juicio (artículo 289 del COPP), lo cual no ocurrió, y todo indica que no sucederá mientras dure este gobierno. Debemos recordar que no fue sino hasta el 22 de enero (una semana después) que el fiscal Tarek William Saab apareció públicamente para retar a sus detractores a un debate sobre derechos humanos, luego de justificar el procedimiento que acabó con Pérez, su grupo, una civil y dos policías nacionales. Nada dijo de una investigación seria para esclarecer los hechos. El defensor del pueblo, Alfredo Ruíz, simplemente ha hecho mutis.

Otras personas fuera de la administración de justicia, como el constituyente Diosdado Cabello y el presentador Mario Silva, entre otros, fueron quienes a las horas del asesinato de los sublevados dieron detalles del procedimiento, que se supone sólo debían conocer las fuerzas de seguridad del Estado y los organismos con competencia en la materia.

¿Qué hubiera pasado con el procedimiento policial y la investigación si estuviéramos en un estado de Derecho?

El MP debió estar presente en la negociación si la intención de los sublevados era entregarse, como consta en los videos difundidos, donde pedían alto al fuego. Pero no había fiscales, no hubo entrega, el fuego no cesó y el resultado fue ocho personas muertas, incluyendo civiles.

Es oportuno recordar una sonada situación de rehenes en la parroquia El Cementerio, en Caracas, en febrero de 2016, cuando un peligroso antisocial conocido como “El Buñuelo” (Claudio Jovannis Jiménez), portando un fusil y una granada, retuvo a la fuerza a una mujer y su hija para evitar ser capturado por la policía. Jiménez solicitó la presencia de su madre, un sacerdote y fiscales del MP para rendirse; esto le fue concedido y él se entregó. De hecho, nadie resultó herido.

En el seno de la opinión pública fue inevitable la comparación con el intento de golpe de Estado, encabezado por Hugo Chávez en 1992. Aun con el calibre del delito cometido y las numerosas muertes, los insurrectos fueron capturados con vida y hasta al teniente coronel se le permitió pronunciarse a través de los medios de comunicación, llamando a la rendición de sus compañeros de armas. Óscar Pérez y su grupo no tuvieron la misma suerte en la llamada Quinta República.

¿Y a ti venezolano, cómo te afecta?

Resulta muy peligroso que el Ejecutivo utilice el delito de terrorismo a discreción para poder arremeter con todo el peso de la fuerza pública contra la disidencia, incluyendo la letal. Incluso un sublevado contra un gobierno tiene derechos, de modo que ninguna acción justifica el violarlos, pues lo que debe prevalecer es la protección de los mismos. Pero queda claro que, finalmente, lo ocurrido con Óscar Pérez y su grupo es un mensaje del régimen sobre lo que le puede ocurrir a todo aquel que se pronuncie en su contra.

Boletín n.° 19. Del 8 al 15 de enero de 2018


Boletín Crisis en Venezuela

TSJ le tendió la alfombra roja a la dictadura en 2017- Acceso a la JusticiaProvea constata que venezolanos consumen comida para perros-Provea. ONG repudian impunidad en el asesinato de niña Yara Emiliana- CEPAZLa ley contra el odio en uso– Un Mundo Sin MordazaEn 2018 seguiremos de pie pese a las adversidades contra la libertad de expresión- Espacio Público. Estamos en un escenario de guerra por la emergencia humanitaria– Codevida.

Boletín n.° 19 Crisis en Venezuela

Decreto de ANC contra partidos viola libertad política y derecho al sufragio


Tarjetón regionales-2017

La ANC concretó las amenazas del presidente de la República Nicolás Maduro contra los partidos políticos entre ellos, Voluntad Popular (VP), Primero Justicia (PJ) y Acción Democrática (AD) que no participaron en las elecciones municipales y decretó que debían renovarse nuevamente ante el Consejo Nacional Electoral para poder presentar candidaturas a las presidenciales de 2018.

Acceso a la Justicia quiere destacar que estamos ante otra decisión írrita que trata de complacer los caprichos del Gobierno nacional para cancelar a las principales organizaciones que integran la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), e impedir ilegítimamente su participación en la próxima contienda electoral para elegir al Jefe de Estado.

máquina de votación Así mismo acotamos que la medida aprobada por la ANC es incompatible con la libertad política (artículo 62 constitucional) y con el derecho al sufragio (artículo 63 constitucional), además de violatoria al principio de legalidad, piedra angular de toda sociedad democrática, al sancionar a las organizaciones con fines políticos a partir de una conducta que no está encuadrada como infracción, delito o falta electoral en la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones, tal y como lo establecen los artículos 49.7 y 137.

Se trata, adicionalmente, de una decisión que produce una peligrosa escisión del Estado constitucional y democrático de Derecho al ponerse al margen de lo dispuesto en el artículo 32 de la mencionada legislación que regula a las toldas políticas, clave para asegurar la estabilidad y existencia jurídica de dichas organizaciones.

De hecho, a partir de esta importante base legal sólo se exige la renovación de nóminas de inscritos de las organizaciones con fines políticos cuando estas no hayan participado en dos procesos electorales consecutivos. Son muy claros los supuestos -cuatro en total- a través de los cuales podrían ser canceladas las inscripciones de los partidos ante el CNE:

  • Cuando sea solicitada por el propio partido, conforme a sus estatutos internos.
  • Por la fusión o incorporación a otro partido político.
  • Cuando el partido ha dejado de participar en las elecciones, en dos períodos constitucionales sucesivos.
  • Cuando se compruebe que hubo fraude durante la inscripción o que su actuación no estuviere ajustada a las normas legales.

De esta forma la ANC nos muestra cómo en sus decisiones predominan los intereses del Gobierno nacional al obligar, en este caso, a las organizaciones o partidos políticos a validar nuevamente la nómina de sus afiliados por no haber participado –legítimamente- en la contienda electoral pasada.

Vale recordar, al respecto, que con ocasión de la sentencia n° 1 de fecha 5 de enero de 2016   dictada por la Sala Constitucional (SC) la mayoría de los partidos, entre abril y junio de este año, debieron someterse a un proceso de renovación de nómina, atestado de irregularidades y obstáculos propiciados por el ente comicial.

partidos políticos

El forzado cumplimiento de este proceso de validación permitió a las toldas políticas participar en las cuestionadas elecciones de gobernadores celebradas el domingo 15 de octubre.  Pero los ilícitos de dicha jornada que fueron desde cambios de última hora de centros de votación, voto asistido a favor del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) y la destitución del electo gobernador del Zulia, Juan Pablo Guanipa por no juramentarse ante la ANC, entre muchas otras, provocaron que el grueso de la oposición se abstuviera de competir por las alcaldías, como forma de protesta. Está visto que para el chavismo en el poder rebelarse contra sus abusos es un delito.

¿Y a ti venezolano, cómo te afecta?

 La  transgresión de la Constitución y las leyes por parte de la Constituyente  sólo generará más orfandad e incertidumbre jurídica, más allá de favorecer la exacerbada polarización política que actualmente se vive en el país.

Pero a pesar de esta realidad  es importante  reforzar  la confianza en los pocos instrumentos y espacios ciudadanos que todavía tenemos para defender y denunciar las constantes violaciones a los derechos humanos, a fin de alcanzar la pronta recuperación de nuestro país.

TSJ le tendió la alfombra roja a la dictadura en 2017


TSJ le tendió la alfombra roja a la dictadura en 2017

Si al término de 2016 Acceso a la Justicia declaró que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) acabó con la democracia en Venezuela a través de sentencias inconstitucionales como la que dejó al estado Amazonas sin representación en la Asamblea Nacional (AN), durante 2017 el máximo tribunal del país superó todas las expectativas y le tendió una alfombra roja al paso formal de una dictadura en Venezuela.

El año comenzó sin dar tregua a la guerra declarada del poder político contra el Parlamento nacional desde diciembre de 2015 por la juramentación de 4 diputados de Amazonas, tras lo cual lo declaró en desacato (enero de 2016). El 11 de enero de 2017, la Sala Constitucional (SC, sentencia n° 2) del TSJ dictaminó que todas las sesiones de la AN desde su instalación el 05 de enero eran nulas – por ende desconoció la juramentación de la nueva directiva encabezada por el diputado Julio Borges – y prohibió el inicio del nuevo período legislativo mientras persistiera la sanción.

Desde allí y hasta casi la llegada del receso navideño (15 de diciembre) la máxima autoridad del Poder Judicial no tuvo reparo a la hora de acabar con lo que quedaba de Constitución y sentencia tras sentencia a lo largo de todo este año, despejó el camino al Ejecutivo de todos los obstáculos que le imponía la ley para instaurar su modelo totalitario en nuestro país, a costa de lo que fuera necesario, incluso de vidas.

Ruptura del orden constitucional

El 27 y 29 de marzo la comunidad nacional e internacional fue sorprendida con los fallos 155 y 156. El primero básicamente dejó sin efecto la inmunidad parlamentaria y habilitó al Presidente de la República para legislar bajo estado de excepción, mientras que el segundo estableció que la SC, o el órgano que ella determinara, asumían las funciones de la AN por persistir su desacato.

Coincidimos con otros expertos juristas en que ambas sentencias son quizás las más graves del año porque desencadenaron cuatro meses (abril a julio) de fuertes protestas en todo el país, con un saldo de más de 100 muertes de ciudadanos, la mayoría jóvenes a manos de las fuerzas de seguridad del Estado.

Luisa Ortega Díaz denunció ruptura del orden constitucional

Luisa Ortega Díaz denunció ruptura del orden constitucional

Ante la advertencia de la fiscal general Luisa Ortega Díaz, según la cual ambos sentencias constituían una “ruptura del orden constitucional”, la condena de numerosos países del mundo y la denuncia de “autogolpe” del secretario de la Organización de Estados Americanos (OEA) Luis Almagro , el Consejo de Defensa de la Nación, convocado por el Jefe de Estado, Nicolás Maduro, sugirió al TSJ “revisar” esas decisiones como en efecto lo hizo. Así, el 01 de abril la cabeza del Poder Judicial publicó las sentencias 157 y 158 en las que supuestamente revirtió el despojo de la inmunidad parlamentaria y de las competencias de la AN. El tiempo demostró que no fue más que una “mampara”, puesto que el legislativo continuó y sigue anulado aún hoy sus atribuciones, ahora con la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) quien sanciona las leyes que le son necesarias, incluyendo la ley que contiene el presupuesto nacional de 2018.

Constituyente sin pueblo

Entrando mayo, un Gobierno nacional consciente de que su popularidad se hallaba en el sótano (sólo 10% para enero de 2017 según sondeos), olvidó por completo la tan invocada por Hugo Chávez soberanía popular (cuando convocó la ANC en 1999) y por el partido de gobierno mientras tuvo la mayoría popular.

Así el primer día de mayo, Maduro emitió su decreto para llamar a la Constituyente por iniciativa propia, y el día 31, ante las críticas incluso internas porque no se tenía pensando hacer un referendo para preguntarle al pueblo si estaba de acuerdo o no, el máximo juzgado del país sentenció (SC 378/2017) que “no era necesario ni constitucionalmente obligante” realizar la consulta popular. Y no se quedó allí, el 12 de junio (sentencia SC 455/2017), avaló las bases comiciales para elegir a los constituyentistas.

En su momento, Acceso a la Justicia denunció que el método de elección de los miembros de la ANC violaba el derecho al voto y el principio de la universalidad del sufragio, porque por un lado se sectorizó la votación con grupos seleccionados por el mismo Maduro (campesinos, pescadores, trabajadores públicos, entre otros) y por el otro, la distribución poblacional no fue la adecuada, es decir, estados menos poblados elegían más constituyentes y los más poblados, por ejemplo el Zulia (con una clara tendencia opositora), escogían menos.

La “afrenta” de la fiscal general se la cobró el alto Tribunal (sentencia de la Sala Plena 65/2017), aprobando un antejuicio de mérito sin la autorización de la AN el 4 de agosto  contra la funcionaria, hoy en el exilio, por presuntas faltas graves en el ejercicio de su cargo.

La voluntad popular también fue vulnerada, cuando entre julio y agosto y sin el menor respeto al debido proceso, el TSJ condenó a 15 meses de prisión a los alcaldes David Smolansky (El Hatillo), Ramón Muchacho (Chacao), Carlos García (Mérida), Alfredo Ramos (Barquisimeto) y Gustavo Marcano (Lechería). Otros 12,  más el exgobernador de Miranda, Henrique Capriles estuvieron en la mira.

Un tema tan sensible como es el derecho a la salud, seriamente afectado por la escasez de medicamentos y la negativa del Ejecutivo a aceptar ayuda humanitaria, a sabiendas de que no ha podido resolver ni aliviar el problema, fue abordado por el alto Tribunal pero no de forma favorable. El 27 de octubre rechazó de manera definitiva (sentencia de la SC 823/2017) la solicitud de la ONG Cecodap (intentada otras 3 veces ante distintas instancias del Poder Judicial) para que el Gobierno le garantizara medicamentos a la población infantil.

Finalmente, el país cerrará 2017 y comenzará 2018 con el ya eterno estado de excepción avalado 12 veces por el TSJ, la última vez, el 22 de noviembre al declarar constitucional (sentencia de la SC 959/2017) una nueva prórroga de 60 días firmada por Maduro, es decir hasta el 22 de enero.  A los magistrados poco les ha importado que el primer mandatario siga sin especificar cuáles garantías constitucionales restringe la medida que, según la norma constitucional debe ser temporal, y aprobada por la AN, además de notificada a la comunidad internacional a través del Secretario General de la Organización de Naciones Unidas (ONU), de acuerdo con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 4.3).

¿Y a ti venezolano, cómo te afecta?

ANCCon poderes públicos plegados al poder y una AN atada de manos, los venezolanos vimos como este año el régimen de Nicolás Maduro instauró impunemente en el país su propia dictadura con el ropaje democrático de tres elecciones fraudulentas (ANC, regionales y municipales).  Todo indica que en 2018 la tiranía seguirá profundizándose pese a las sanciones y la presión internacional y el ciudadano de a pie continuará pegado a la pared y obligado a depender de una bolsa de comida, sin que nadie lo defienda de la hiperinflación y de la escasez de medicinas y alimentos.

De momento, las violaciones sistemáticas de derechos humanos observadas en las protestas de abril a julio y la persecución judicial a la oposición política han pasado por alto. El trabajo de documentación y denuncia de las diversas ONG continuará a la espera de la justicia, sea dentro o fuera del país.

Condena contra “carnicero de Bosnia” ratifica que crímenes de lesa humanidad no prescriben


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Pasó mucho tiempo, quizá demasiado, pero finalmente se hizo justicia. Los acusados eran poderosos, y tenían una red de apoyos y complicidades que hacían creer a muchos que sus atrocidades quedarían impunes. El Tribunal Penal Internacional para la Ex-Yugoslavia (TPIY) condenó a cadena perpetua por crímenes de lesa humanidad a quien fuera jefe del Estado Mayor del Ejército, el general Ratko Mladic, mejor conocido como el “carnicero de Srebrenica” o de Bosnia.

Un gran logro en la lucha contra las violaciones de los derechos humanos ha sido su imprescriptibilidad, es decir, eliminar esa falsa argumentación según la cual debía privar la “seguridad jurídica” por encima de la justicia, y que por lo mismo debían dejarse prescribir los delitos para que la sociedad continuara su camino, sin considerar que al hacerlo también lo hacía la impunidad.

carnicero-nota3Esto ha quedado demostrado en el caso de los crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos que Mladic dirigió durante el conflicto de la desaparecida Yugoslavia. Recordemos que en esa conflagración se persiguió a la minoría musulmana con el fin de erradicarla, generándose esa terrible actuación que ahora conocemos bajo la aséptica descripción de “limpieza étnica”, que no es otra cosa que el asesinato de niños, mujeres, ancianos, enfermos y hombres por el solo hecho de pertenecer a una identidad de grupo que se considera per se como enemigo. Es curioso cómo lo retorcido de una ideología puede llegar a negar la humanidad de alguien al considerarlo como enemigo, pues partiendo de ello, para la mente del perpetrador el crimen se convierte en una obligación.

El caso más famoso de este tipo de delitos fue el ocurrido en la ciudad de Srebrenica, donde las fuerzas serbiobosnias comandadas por Mladic mataron en 1995 a más de 8.000 personas pertenecientes a la minoría musulmana. Este atroz hecho fue cometido ante la incapacidad de la comunidad internacional, la cual a pesar de ser advertida del peligro existente no tomó las medidas necesarias para evitarla.

carnicero-nota1Luego de terminado el conflicto en la extinta Yugoslavia, hubo indicios para pensar que matanzas como la de Srebrenica iban a quedar impunes, porque los líderes tenían una red de apoyos políticos, sociales e incluso religiosos que los protegerían contra la persecución internacional y permitirían la tradicional inacción de los tribunales nacionales.

Los perpetradores directos formaban parte de las fuerzas armadas y, al actuar en conjunto tanto el alto mando como los medios y bajos, se establecía un nexo de complicidad que facilitaría la no persecución al estamento militar al considerarlo como un todo; los crímenes se planearon en las más altas instancias del Estado, desde la Presidencia misma, por lo que se garantizaba la inacción de las instancias internas y esto servía de protección ante las instancias internacionales con el escudo de esa ilusión llamada “verdad oficial”. Asimismo, el “enemigo” era una minoría cada vez más rechazada ante muchos por culpa del radicalismo islámico, lo que pudo facilitar la falta de voluntad política para procesar a los responsables.

Sin embargo, lo que ocurrió fue todo lo contrario, pues si bien es verdad que pasaron muchos años sin que se juzgara a los responsables, el caso de la antigua Yugoslavia es un ejemplo para todos los represores de derechos humanos: el tiempo es su verdadero enemigo.

Hoy en día, con toda la red de comunicaciones que existe, no es posible alegar ignorancia sobre la comisión de graves violaciones a los derechos humanos. Aunque es importante destacar que ante tales crímenes, la comunidad internacional debe ser más diligente y actuar para evitar situaciones terribles como la descrita.

¡Hay justicia!

Desde su constitución el 1 de julio de 2002, el Tribunal Penal Internacional para la ex-Yugoslavia ha procesado a 161 personas, de las cuales 83 fueron condenadas por el propio tribunal, apenas 21 absueltas y otras 17 fallecieron mientras eran juzgadas. Además, 13 casos fueron transferidos a tribunales nacionales que dictaron sentencias en todos los casos. Sin embargo, todavía no se pueden dar cifras definitivas de condenas y absoluciones definitivas por cuanto algunos procesos están en apelación o se han reiniciado nuevos juicios en casos de sentencias anuladas.

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Vale destacar que en este momento no existen personas pendientes de ser llevadas ante el Tribunal, pues todos los imputados fueron detenidos y presentados ante la justicia, aunque algunos no sobrevivieran al proceso como hemos indicado. Es decir, a la fecha no hay prófugos de la justicia por los crímenes en Yugoslavia.

De hecho la condena a cadena perpetua de Mladic es la última sentencia de la mencionada instancia judicial por tales crímenes, quedando los casos pendientes y en apelación bajo el encargo de un cuerpo judicial denominado Mecanismo para los Tribunales Penales Internacionales (MTPI), que dará fin a todos los procesos que estén por decidir tanto para la extinta Yugoslavia como para el caso de Ruanda. Siendo así, debemos destacar que ni el carácter de militar de Mladic, ni su rango de general, ni su proximidad al presidente, ni sus protectores en la sociedad serbia, ni los años que pasó escondiéndose de la justicia como un vulgar criminal, le sirvieron de nada.

Recordemos que los crímenes de lesa humanidad comportan una acción planificada y coordinada por parte de los perpetradores y que forma parte de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil. En tal circunstancia, a diferencia de la Ley Disciplinaria Militar venezolana, el Estatuto de Roma no considera como obligación el cumplimiento de una orden contraria a los derechos humanos y por el contrario exige la persecución tanto de quienes la cumplan así como de quien la haya impartido.

No olvidemos entonces que los crímenes de lesa humanidad no prescriben, y eso, para Ratko Mladic, no es letra muerta.

¿Y a ti como venezolano como te afecta?

Las violaciones de los derechos, independientemente de dónde ocurran, nos afectan a todos, y en el caso de los delitos de lesa humanidad, como su mismo nombre lo indica, lesionan a cualquiera que crea en la dignidad de la persona humana, por lo que la reivindicación de la justicia, por mucho que tarde, e incluso aunque tarde demasiado, es un recordatorio para los que se creen protegidos por el poder, la fuerza y el abuso, siendo el tiempo su mayor enemigo.

¿Es un logro el debate de la crisis venezolana en el Consejo de Seguridad de la ONU?


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Para la comunidad internacional el régimen político que gobierna Venezuela ya no se disfraza de democracia, simplemente no lo es.

De hecho, durante la reunión del Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas (ONU) realizada el lunes 13 de noviembre para discutir la crisis en nuestro país, el representante de Uruguay, Elbio Rosselli, criticó que la gestión de Nicolás Maduro pretenda funcionar de manera correcta con sus países vecinos, mientras en su nación “no existe la democracia”. También advirtió que el papel que ejerce la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), usurpando funciones de la Asamblea Nacional, hace cuesta arriba recuperar la “convivencia institucional” y por ende el restablecimiento del sistema democrático.

Embajadores como los de Francia y Reino Unido recordaron otras razones por las cuales se considera que no hay democracia en Venezuela además de la propia existencia de la ANC, como lo son las reiteradas violaciones a derechos como la libertad de expresión —reforzado con la aprobación de la Ley Contra el Odio—, la manifestación pacífica, la salud y la alimentación. Sobre estos últimos se refirieron con preocupación al hecho de que, pese a la crisis, en Miraflores se nieguen a aceptar ayuda humanitaria por motivos políticos, mientras hay gente que muere por desnutrición y falta de medicamentos.

Quizás las palabras más duras en el encuentro propiciado por Estados Unidos e Italia bajo la “fórmula Arria” (reunión informal del Consejo) fueron las de Nikki Haley, embajadora de la nación, quien tildó de “narcoestado violento” al régimen de Maduro y por lo tanto un “peligro” para la región y el mundo entero. “Estamos pendientes, no nos dejamos engañar”, advirtió.

Pese a lo grave de la situación, los países participantes coincidieron en que se retome un diálogo en Venezuela, pero verdadero, y se espera que las sanciones como las recientemente impuestas por la Unión Europea sirvan para presionarlo.

Mediáticamente se ha considerado un logro, y en efecto lo es, que a través de la fórmula Arria el tema de la crisis venezolana llegara al Consejo, en el que generalmente sólo participan Estados y que, en cambio, también participaran las ONG, como es el caso de Foro Penal Venezolano y Cáritas de Venezuela, que han recopilado importantes denuncias sobre violaciones de derechos humanos en nuestro país.

Cáritas puso sobre la mesa cifras dramáticas, como que 68% de los venezolanos actualmente padece de hambre, que sólo 4 millones puede ingerir dos comidas al día y que 82% vive en pobreza, entre otras.

Acceso a la Justicia debe recordar que la fórmula Arria está basada en encuentros informales que se llevan a cabo entre los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU con agentes externos, con el fin de promover el diálogo directo entre los distintos agentes implicados en un conflicto.

¿Y a ti venezolano, cómo te afecta?

El hecho de que en instancias internacionales como la ONU, que tiene entre sus funciones la protección de los derechos humanos, se esté discutiendo la crisis venezolana y las acciones a implementar para resolverla (sanciones, acompañamientos), luce hasta ahora como el camino más viable y garantista para los ciudadanos a los efectos de destrancar el juego político y dar paso al restablecimiento de la democracia en el país y a las soluciones de su crisis social, política y económica.

Es más, para que tenga lugar un verdadero diálogo entre los actores políticos parece necesaria la presión internacional de organismos como la ONU, porque es la única garantía de que ese diálogo se dirija a resolver los problemas reales de los venezolanos, como son, sobre todo, los que se derivan de la emergencia humanitaria.