¿Es un logro el debate de la crisis venezolana en el Consejo de Seguridad de la ONU?


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Para la comunidad internacional el régimen político que gobierna Venezuela ya no se disfraza de democracia, simplemente no lo es.

De hecho, durante la reunión del Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas (ONU) realizada el lunes 13 de noviembre para discutir la crisis en nuestro país, el representante de Uruguay, Elbio Rosselli, criticó que la gestión de Nicolás Maduro pretenda funcionar de manera correcta con sus países vecinos, mientras en su nación “no existe la democracia”. También advirtió que el papel que ejerce la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), usurpando funciones de la Asamblea Nacional, hace cuesta arriba recuperar la “convivencia institucional” y por ende el restablecimiento del sistema democrático.

Embajadores como los de Francia y Reino Unido recordaron otras razones por las cuales se considera que no hay democracia en Venezuela además de la propia existencia de la ANC, como lo son las reiteradas violaciones a derechos como la libertad de expresión —reforzado con la aprobación de la Ley Contra el Odio—, la manifestación pacífica, la salud y la alimentación. Sobre estos últimos se refirieron con preocupación al hecho de que, pese a la crisis, en Miraflores se nieguen a aceptar ayuda humanitaria por motivos políticos, mientras hay gente que muere por desnutrición y falta de medicamentos.

Quizás las palabras más duras en el encuentro propiciado por Estados Unidos e Italia bajo la “fórmula Arria” (reunión informal del Consejo) fueron las de Nikki Haley, embajadora de la nación, quien tildó de “narcoestado violento” al régimen de Maduro y por lo tanto un “peligro” para la región y el mundo entero. “Estamos pendientes, no nos dejamos engañar”, advirtió.

Pese a lo grave de la situación, los países participantes coincidieron en que se retome un diálogo en Venezuela, pero verdadero, y se espera que las sanciones como las recientemente impuestas por la Unión Europea sirvan para presionarlo.

Mediáticamente se ha considerado un logro, y en efecto lo es, que a través de la fórmula Arria el tema de la crisis venezolana llegara al Consejo, en el que generalmente sólo participan Estados y que, en cambio, también participaran las ONG, como es el caso de Foro Penal Venezolano y Cáritas de Venezuela, que han recopilado importantes denuncias sobre violaciones de derechos humanos en nuestro país.

Cáritas puso sobre la mesa cifras dramáticas, como que 68% de los venezolanos actualmente padece de hambre, que sólo 4 millones puede ingerir dos comidas al día y que 82% vive en pobreza, entre otras.

Acceso a la Justicia debe recordar que la fórmula Arria está basada en encuentros informales que se llevan a cabo entre los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU con agentes externos, con el fin de promover el diálogo directo entre los distintos agentes implicados en un conflicto.

¿Y a ti venezolano, cómo te afecta?

El hecho de que en instancias internacionales como la ONU, que tiene entre sus funciones la protección de los derechos humanos, se esté discutiendo la crisis venezolana y las acciones a implementar para resolverla (sanciones, acompañamientos), luce hasta ahora como el camino más viable y garantista para los ciudadanos a los efectos de destrancar el juego político y dar paso al restablecimiento de la democracia en el país y a las soluciones de su crisis social, política y económica.

Es más, para que tenga lugar un verdadero diálogo entre los actores políticos parece necesaria la presión internacional de organismos como la ONU, porque es la única garantía de que ese diálogo se dirija a resolver los problemas reales de los venezolanos, como son, sobre todo, los que se derivan de la emergencia humanitaria.

Boletín n.° 13. Del 6 al 13 de noviembre de 2017


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El Inca, primera película censurada y retirada de las salas de cine en la historia del país- Un Mundo Sin MordazaJavier Torres: En Perú surgió un nuevo tipo de dictaduraProvea. Las graves contradicciones del TSJ en el caso de Freddy Guevara– Acceso a la JusticiaMujeres al límite: el peso de la emergencia humanitaria– CEPAZPretensión totalitaria anunciada: la regulación de la expresión– Espacio PúblicoDesconocer el voto es lanzar al país por el despeñadero de la violencia-Transparencia Venezuela

Boletin 13 Crisis en Venezuela

Las graves contradicciones del TSJ en el caso de Freddy Guevara


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Con los mismos argumentos del Derecho Penal del Enemigo, tal y como sucedió con el diputado de la Asamblea Nacional (AN), Germán Ferrer, la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), mediante sentencia del pasado 3 de noviembre, ordenó el enjuiciamiento del primer vicepresidente del Parlamento, Freddy Guevara. De nuevo, el máximo tribunal se salta el procedimiento del antejuicio de mérito al considerar que el acusado cometió delitos flagrantes y ordena su prohibición de salida del país.

Responsablemente afirmamos que los magistrados del TSJ con este tipo de decisiones usan el derecho como un instrumento de represión política, al incurrir en artificios como equiparar la figura del delito permanente con la del delito flagrante, con el fin de saltarse el escollo del antejuicio de mérito. Hablan de una compatibilidad que no es tal entre el delito permanente y el delito flagrante; se trata de definiciones tan básicas que cualquier estudiante de Derecho sabría distinguir y diferenciar.

El delito permanente consiste en que su acción se prolonga en el tiempo. El ejemplo típico para entender este concepto es el secuestro, que inicia su comisión desde el momento en que se priva de libertad a la víctima y puede tener una permanencia en el tiempo mientras dure esa privación de libertad.

Con respecto a la flagrancia o delito flagrante, es en cambio aquel que se está cometiendo o acaba de cometerse. Parafraseando al abogado penalista Alberto Arteaga Sánchez, la flagrancia en el delito es una realidad, de cuya consecuencia surge la posibilidad de apresar al autor in fraganti. Se trata, pues, de situaciones diferentes: el permanente es un tipo de delito, mientras que la flagrancia es una manifestación o situación que puede presentarse en cualquier delito, de manera que no son conceptos que puedan identificarse ya que están referidos a condiciones distintas. En dos platos, se están mezclando peras con manzanas.

Así, el hecho de que una persona pueda ser aprehendida en flagrancia cometiendo un delito permanente no implica en lo absoluto que todo delito permanente sea flagrante.

Esta contradicción de la Sala Plena resulta evidente cuando se analiza la sentencia, en la que haciendo alusión al escrito acusatorio de la Fiscalía señala que “entre los meses de abril a julio del año 2017, ocurrieron en nuestro país, una serie de hechos violentos”; luego hace referencia a supuestas declaraciones de personas sobre hechos ocurridos el 5 de mayo de este año, es decir, hace más de cinco meses, y finalmente dice: “Es menester señalar que el ciudadano FREDDY GUEVARA, ha continuado hasta los actuales momentos instigando al odio contra la instituciones públicas”, y esto último sin indicar los elementos de pruebas sobre tal particular.

Luego de una larga enumeración de citas para equiparar delitos permanentes o continuados con delitos cometidos en flagrancia, el TSJ concluye que “resulta claro que la noción de delitos continuados y permanentes, son flagrantes, siempre que no haya cesado la permanencia o la continuidad”, es decir, que si el delito permanente cesa en el tiempo este no puede ser flagrante, y en ese sentido no explica por qué, a pesar de que los hechos imputados son de hace más de cinco meses, se está en presencia de un delito permanente o continuado.

Lo que también llama la atención es que el fin de las protestas es un hecho público y notorio y la propia presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) a la que el TSJ se ha autosometido así lo ha indicado: “¡Se acabaron las guarimbas, trancazos, quema de (sic) personas vivas y violencia política!”. En este sentido, mal puede ser un delito continuado algo que los más altos representantes del régimen indican que se ha terminado.

Pero más allá de esto, lo jurídicamente relevante es que, a pesar de su extendido análisis sobre el delito permanente, la sentencia nunca dice por qué los delitos imputados a Guevara se mantienen en el tiempo, y en efecto no hay respuesta jurídica a ello, pues la Fiscalía no aportó elemento probatorio alguno, es más, reconoció que se trata de hechos ocurridos hace meses, por lo que la Sala Plena violó una vez más el privilegio constitucional de inmunidad parlamentaria.

Adicionalmente, con la remisión del expediente a la ANC, el TSJ viola también la Constitución, pues en ningún artículo se le atribuyen funciones legislativas. En este sentido, el artículo 200 de la Carta Magna expresa: “De los presuntos delitos que cometan los o las integrantes de la Asamblea Nacional conocerá en forma privativa el Tribunal Supremo de Justicia, única autoridad que podrá ordenar, previa autorización de la Asamblea Nacional, su detención y continuar su enjuiciamiento”.

Así, queda claro que el allanamiento de la inmunidad parlamentaria es una atribución exclusiva del Parlamento que no puede ser usurpada por ningún otro órgano.

¿Y a ti venezolano, cómo te afecta?

La violación de la inmunidad de un diputado no es algo que lo afecte a él exclusivamente, sino que es también un atentado contra la voluntad del soberano que lo eligió y por lo mismo una usurpación de la soberanía popular. Cuando una sentencia puede ser desmontada con uno o dos simples argumentos, es una prueba clara del poco valor que tienen para el poder los derechos, no de los políticos, sino de todos los ciudadanos.

Nueva exigencia de la Sala Civil del TSJ viola independencia judicial y acceso a la justicia


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La independencia judicial es fundamental para que haya justicia verdadera en un país, y esta exige, entre otros, la independencia funcional del juez, que garantiza su  libertad de criterio a la hora de actuar y decidir, de modo que no sea sometido a presiones de otros órganos del mismo sistema judicial.

En abierta violación a la independencia funcional del juez, el 14 de agosto de 2017, mediante oficio n.° CICJC-OFC-00907-2017, la presidencia de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) les exigió a los jueces rectores y coordinadores de los tribunales civiles que le informen sobre las comisiones de los jueces de primera instancia hacia otras circunscripciones judiciales antes de ser emitidas, así como las que reciban los jueces de municipio y ejecutores de medidas.

Las comisiones son órdenes de un juez a otro para que practique una diligencia judicial determinada, en caso de no poder hacerlo personalmente o por tratarse de un acto que deba realizarse en el territorio de otro juez. Por ejemplo, la citación de una persona que se encuentra fuera del territorio del tribunal donde se lleva a cabo el juicio. Este tipo de órdenes pueden ser emitidas por el juez según su criterio y las necesidades del proceso que dirige, siempre que lo haga conforme a la ley (artículos 14 y 234 y siguientes del Código de Procedimiento Civil.

Por esta razón el que la Sala Civil del TSJ establezca un requisito no previsto en la ley, agregando un paso adicional al proceso judicial por medio de un acto de rango sublegal inferior a la ley, como es un oficio, viola la reserva legal (artículo 156.32) y el propio Código de Procedimiento Civil. Asimismo, incurre en usurpación de funciones, al ser el órgano legislativo el competente para modificar la ley y no el judicial.

Quizás la presidencia de la Sala Civil podría fundamentar su propia competencia en que el TSJ, según el artículo 267 de la Constitución, es el órgano de dirección, gobierno y administración del Poder Judicial, así como de  inspección y vigilancia de los tribunales. Sin embargo, la Ley Orgánica del TSJ le da competencia en esta materia a la Sala Plena o a la Inspectoría General de Tribunales, y no a la Sala Civil, e incluso esos órganos actuando como administrativos no pueden cambiar la ley y menos aún establecer procedimientos judiciales. Esto es propio del órgano legislativo, es decir, de la Asamblea Nacional.

A las razones de ilegalidad e inconstitucionalidad antes mencionadas de la decisión de la Sala Civil, se añade otra causa de inconstitucionalidad. Este oficio también afecta directamente a los ciudadanos, porque sus juicios civiles serán aún más lentos cuando requieran de alguna comisión, lo que viola el artículo 26 de la Constitución. En este sentido, la norma constitucional dice que para que haya acceso a la justicia se requiere, entre otros, que esta sea rápida y sin formalismos inútiles. No obstante, el requerimiento de la Sala Civil de enviarle la información sobre las comisiones judiciales que se van a expedir retrasará los procesos y es un requisito que no añade nada al juicio, sino un control judicial que como, ya explicamos, viola la independencia del juez.

Si en 2016 la justicia civil aparecía en el puesto 112 de 113 países evaluados según el World Justice Project (p. 158), en 2017 es muy probable que aparezca en el último lugar con esta nueva medida de la Sala Civil.

El rol legislativo de la Asamblea Nacional Constituyente al servicio del poder


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“¡La Constituyente va!” fue el eslogan utilizado por el Gobierno antes de instalar su Asamblea Nacional Constituyente (ANC), y aunque muchos pensaron que no sucedería por las serias denuncias en torno a cómo fue convocada y constituida, se instaló. Ahora bien, ¿sobre qué está debatiendo? ¿Realmente está redactando una nueva Constitución? ¿Qué rol tiene?

La lógica indica que la Asamblea Nacional Constituyente debería estar elaborando una nueva Carta Magna, pues es lo que establece la norma constitucional aún vigente (artículo 347). Pero no se sabe con claridad cómo va el tema entre los asambleístas; informaciones de prensa han asomado la posibilidad de incluir en la nueva Constitución los cuadrantes de paz y reforzar los derechos de las personas con discapacidad.

Lo que en cambio sí se conoce, es que la ANC está legislando. En efecto, se ha convertido en el nuevo poder legislativo, usurpando sus funciones.

Hasta ahora están en el tapete cerca de diez proyectos de leyes, entre los que resalta la Ley contra el Odio, la Intolerancia y por la Convivencia Pacífica, que persigue aniquilar de manera definitiva la disidencia política y el libre pensamiento.

En dicha lista destacan también ocho propuestas de leyes para alcanzar la paz económica presentadas por el presidente de la República, Nicolás Maduro, en las que aparecen, entre otras, la Ley de Régimen Especial Tributario para la Protección Social del Pueblo y Sanciones a los Delitos de Economía, la Ley de Abastecimiento Soberano y Precios Acordados, la Ley para la Creación de Fiscales de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), la Ley de la Promoción y Protección de la Inversión Extranjera y la Ley para regular el Régimen Tributario para el Desarrollo del Arco Minero del Orinoco.

De lo anterior se deduce que los temas que principalmente ocupan al Gobierno son la economía y la represión. El primero es muy importante en vista de la crisis sin precedentes que hay en el país. El problema es que el título de las propuestas legales antes mencionadas alude al modelo que ha conducido a la actual debacle económica y que se siguen atacando las consecuencias y no las causas.

Por ejemplo, se pretende sancionar de manera más dura al “bachaquero”, cuando no es más que una persona que pertenece a la economía informal, que para aprovecharse de la escasez revende productos que tienen un precio regulado a un precio superior. Su actividad no es moralmente aprobable porque se aprovecha de los demás en medio de una situación caótica, pero el problema es la regulación de los productos y la falta de incentivos para producir, lo que lleva a la escasez y a que el que los obtenga especule y los ofrezca al doble de su precio.

El segundo tema que ocupa a la ANC, la represión, es consecuencia del primero. En vista del descontento existente por el modelo implantado y que, a pesar de ello, se quiere mantener, es importante para el régimen imperante tomar medidas represivas para atornillarse en el poder.

En este sentido, no es de extrañar que el presidente Nicolás Maduro le haya solicitado a la ANC, además de lo ya mencionado, que reforme las leyes penales y de seguridad nacional con el objetivo de lograr una legislación “implacable” contra el terrorismo. “Yo le pido a la Asamblea Nacional Constituyente hacer una reforma del Código Penal y de la Ley de Seguridad Nacional rápido, por favor, y elevar las penas”. Ante esto es válido preguntar a quién se aplicarán estas penas

En el mismo sentido, el ministro del Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol le entregó a la ANC ochenta y dos propuestas de seguridad nacional, para, entre otros, combatir las nuevas amenazas de un “plan desestabilizador” o guerra híbrida que se vive en Venezuela, instando a los ciudadanos a “cambiar de actitud” porque toda la responsabilidad no puede caer en las instituciones que deben garantizar la seguridad.

¿Y a ti venezolano, cómo te afecta?

Mientras el Gobierno, sea a través de la ANC, del Consejo Nacional Electoral (CNE) o de cualquier otro órgano que hoy en día lo representa, no cumpla con su verdadero rol, que es prestar servicios a los ciudadanos y brindar la seguridad necesaria para sus vidas, bienes y transacciones, y se dedique más bien a asegurarse el poder y los bienes del país para sí mismo, no se resolverá la crisis, y estaremos como un perro que se muerde la cola, que siempre hace lo mismo y no se desenreda ni resuelve.

¿Qué dice la sentencia Nº 545 de la Sala Constitucional?


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La Sala Constitucional, en el mismo día de un paro cívico nacional por la grave crisis que vive el país, dictó su sentencia Nº 545 de este año, en que anuló el procedimiento de designación de los 13 magistrados y 21 suplentes, que está llevando a cabo la Asamblea Nacional por considerar nulo el nombramiento realizado por la Asamblea Nacional saliente el 23 de diciembre de 2015. Debe aclararse que esta sentencia es muy oportuna porque la Asamblea Nacional aprobó juramentar a los magistrados el viernes 21 de julio, es decir el día después de la sentencia de la Sala, así que esta pretende impedirlo, ya que no solo anula esa decisión del Parlamento, sino que además advierte a los parlamentarios y a los magistrados que deberían ser juramentados mañana que si lo son incurrirán en usurpación de funciones, delito establecido en el artículo 213 del Código Penal.

¿Qué dice la sentencia n.° 470 del TSJ en que se destituye al vicefiscal general?


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El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) publicó el 27 de junio  en su página web la Sentencia n.º 470 de la Sala Constitucional, con la que respondió a un recurso de la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, solicitando la nulidad de las bases comiciales de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC). Pero decidió algo más: fue la anulación del nombramiento del vicefiscal general, Rafael González, designado el 17 de abril por la Fiscal, previa aprobación de la Asamblea Nacional (AN).

La razón de esta decisión es el supuesto desacato del Parlamento que lo imposibilita a actuar y hace nulas todas sus decisiones. En vista de ello, la Sala declara que nombrará más adelante al vicefiscal y, mientras tanto, el actual está atado de manos y no puede proceder como tal.

Esta sentencia es un capítulo más del golpe de estado de índole judicial que ha estado perpetrando la Sala desde la elección del Parlamento en diciembre de 2015 con una mayoría opositora al gobierno.

Previamente, el TSJ emitió la Sentencia n.º 469 de la Sala Constitucional que le da acceso al defensor del pueblo, Tareck William Saab, a todos los actos de investigación que cursen ante el Ministerio Público (MP), en materia de violaciones de derechos humanos. Esto se traduce en que la Fiscalía queda muy limitada en cuanto al ejercicio de sus competencias ,y sobre todo, su independencia.

El Defensor del Pueblo es constantemente señalado por su parcialidad política a favor del Ejecutivo nacional, al igual que el Tribunal Supremo de Justicia, en particular su Sala Constitucional. Una muestra más es el hecho de que ambas instituciones quieren intentar una toma aparentemente “legal” de un organismo público que recientemente se  ha declarado despolitizado y alineado con la Constitución, mediante el enjuiciamiento de su titular y la anulación de todas sus actuaciones.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) calificó este viernes como “profundamente preocupante” el proceso judicial contra Ortega Díaz, la destitución del vicefiscal, así como el despojo de competencias al MP para otorgárselas a la Defensoría del Pueblo.

“Los países deben garantizar que los fiscales puedan ejercer su labor sin intimidación, obstaculización, acoso, interferencias inadecuadas o exposiciones injustificadas a responsabilidades civiles, parciales u otras”, expresó el portavoz de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Rupert Colville, según la agencia internacional EFE.

¿Y a ti venezolano, cómo te afecta?

Si las instituciones de justicia, como la Fiscalía o la Defensoría están politizadas no habrá garantía de la defensa de nuestros derechos, ni de que se castigue a quienes cometen delitos ni la corrupción. Esos órganos serán más bien usados por el partido de gobierno para perseguir a la disidencia política, que en un régimen como se ha instaurado en Venezuela, de corte totalitario, ya casi comprende a todos los habitantes del país.

¿Qué dice la sentencia n.º 469 del TSJ sobre las nuevas competencias del defensor del Pueblo?


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El 27 de junio de 2017, el Tribunal Supremo de Justicia públicó en su página web la Sentencia n.º 469 de la Sala Constitucional, mediante la cual asignó competencias de la Fiscalía General de la República (FGR) a la Defensoría del Pueblo sin quitárselas, de manera tal que pareciera que ahora las comparten.

La Sala en su decisión hizo una interpretación inconstitucional, ya que cambió el rol del defensor del Pueblo: de defensor de las víctimas de violaciones a los derechos humanos se puede transformar en acusador por el Estado.

Lo preocupante de esta decisión, además de su inconstitucionalidad e incluso ilegalidad al tergiversar especialmente los artículos 123 y 124 del Código Orgánico Procesal Penal (COPP), es que se produce como consecuencia de la posición de la fiscal general frente a  las autoridades que quieren actuar en contra de la Constitución y su política de represión.

Aunque la sentencia de la Sala no dice que el defensor del Pueblo puede imputar delitos como lo hace la Fiscalía, le permite estar presente en todos los juicios e incluso poder ejercer la representación de las víctimas. Esto podría llevar a que el Defensor actúe como acusador de personas que realmente no son violadores de derechos humanos, como parte de la política de persecución a la disidencia del gobierno según los lineamientos del derecho penal del enemigo. También podría ocurrir que en un juicio en que la Fiscalía presente una acusación, hubiera dos versiones sobre los mismos hechos y que eso permitiera a la Sala de una manera “legal” tomar en cuenta lo presentado por la Defensoría del Pueblo en lugar de la Fiscalía.

El defensor ha demostrado que no es independiente políticamente como lo exige su cargo, por lo que es considerado defensor del gobierno y no del pueblo.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) calificó este viernes como “profundamente preocupante” el antejuicio de mérito contra la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, la destitución del vicefiscal, Rafael González, así como el despojo de competencias al MP para otorgárselas a la Defensoría del Pueblo, aprobado por el TSJ.

¿Y a ti venezolano, cómo te afecta?

Si el defensor del Pueblo no hace su trabajo de defenderte frente al Estado, e incluso defiende a este, estamos sin el amparo debido por las violaciones a nuestros derechos humanos. Debemos aclarar que las víctimas de violaciones a los derechos humanos son los ciudadanos y el Estado y sus funcionarios son los que los violan, no al revés.

Hay que tener cuidado con esta sentencia del TSJ que puede llevar a que el victimario (funcionario civil o militar) sea defendido por el Estado en contra de los ciudadanos y no al revés como corresponde.

El Ejecutivo usurpa la Justicia


maduro y la justicia

La fiscal general vuelve a ser protagonista esta semana en los medios con su rueda de prensa, en la que destacó la importancia de cumplir con la garantía constitucional del debido proceso, incluso en un estado de excepción, y reconoció “ciertas detenciones sin sustento legal”. También dijo que “no se puede descalificar a quienes piensen distinto a nosotros”.

A este respecto, llama la atención que justamente unos días antes a esta rueda de prensa, concretamente la noche del domingo 16 de abril, el presidente de la República en un medio televisivo nacional, transmitió unos videos que contenían la supuesta “confesión” de los hermanos José y Alejandro Sánchez, así como del señor Guido Rodríguez, dirigentes de la organización política Primero Justicia, en los que acusan a su propio partido de estar involucrado en los actos vandálicos del 8 de abril de 2017  contra la sede de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura del TSJ.

Ya nos hemos referido a este caso replicando en nuestra página web la nota de Luis Carlos Díaz, pero queremos resaltar ahora a la luz de lo que dijo la fiscal general que el Poder Ejecutivo hizo una detención arbitraria e, incluso, hubo una desaparición forzosa en ese caso, y descalificó a opositores políticos por pensar distinto.

En ese sentido, Acceso a la Justicia insta a la fiscal a que tome las riendas del asunto tomándole la palabra sobre su propia advertencia: “Que nadie se aventure a recorrer caminos distintos a la Constitución”.

En efecto, en el caso de los morochos Sánchez y el señor Rodríguez hubo importantes violaciones al debido proceso:

  1. Fueron detenidos sin estar en flagrancia ni haber orden de captura.
  2. Estuvieron incomunicados, sin acceso a sus abogados ni sus familiares durante horas, sin saberse dónde estaban.
  3. Fueron torturados para obtener una confesión.
  4. Los vídeos que trasmitió el presidente de la República no son pruebas lícitas por la forma en que fueron obtenidos.
  5. El presidente de la República violó además la presunción de inocencia al calificarlos como “terroristas”.
  6. inalmente, al presentar pruebas, acusaciones, calificar delitos y anunciar procesos judiciales en televisión y sin la participación del Ministerio Público y del Poder Judicial, usurpó sus funciones.

¿Y a ti venezolano, cómo te afecta?

Al ejercer todas las funciones del Estado sin contención alguna y sin respetar las garantías mínimas de un estado de derecho y de una democracia, como es la del debido proceso, el presidente de la República puede, como de hecho está ocurriendo, perseguir a ciudadanos que simplemente no estén contentos con su gestión (manifestantes) o que sean opositores políticos y someterlos a cualquier tipo de presión y maltrato como ocurrió con los hermanos Sánchez y el señor Guido Rodríguez. Por ello es muy importante lo que dijo la Fiscal General sobre la necesidad de que se cumpla con el debido proceso siempre, incluso en un estado de excepción.