Elecciones presidenciales anticipadas: la nueva jugada del poder político


Elecciones presidenciales anticipadas: la nueva jugada del poder político

En un ambiente de contradicciones en el seno de la oposición y con un férreo control social ejercido sobre la población venezolana por el Gobierno, este último lanzó su última jugada a través de la fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente (ANC): la convocatoria adelantada de las elecciones para la Presidencia de la República que, según establece el decreto de ese órgano, deben realizarse antes del 30 de abril de 2018.

Acceso a la Justicia advierte que esta decisión de la írrita ANC no es más que una represalia ante las medidas acordadas por la Unión Europea (UE) con las que sancionó a siete altos funcionarios del régimen del presidente Nicolás Maduro, entre los que resalta el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Maikel Moreno, por afectar “la progresiva evolución del Estado de derechos humanos, de inclusión, justicia e igualdad”.

Consejo Nacional ElectoralAunado a ello, hay una carencia absoluta de todo anclaje jurídico para convocar este proceso comicial debido a que usurpa nuevamente las funciones electorales asignadas constitucionalmente al Consejo Nacional Electoral (CNE), según el artículo 293, numeral 5, y legalmente desarrolladas en el artículo 42 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales (LOPRE), que contempla expresamente la facultad que tiene el órgano electoral de convocar y fijar la fecha de los eventos electorales para los cargos de elección popular.

Para Acceso a la Justicia esta supuesta convocatoria también es motivo de gran inseguridad jurídica entre los actores políticos y la ciudadanía en general, no sólo por la falta de equidad de competencia y parcialidad del CNE, orientado hasta ahora a favorecer al oficialismo, sino también por dos razones fundamentales:

  1. Equiparar elecciones con democracia. El solo hecho de votar no es una condición suficiente para que un gobierno sea democrático. Existe, desde luego, una profunda diferencia entre elecciones y democracia. Un régimen dictatorial, por ejemplo, también gana por elecciones; es el caso de Cuba donde, como se sabe, no hay democracia pero sí se celebran comicios.

Para que los procesos electorales sean considerados auténticos métodos democráticos se requiere de forma inexorable el respeto a la participación política (artículo 62 de la Constitución), tanto de los electores como de los partidos políticos y candidatos, sobre todo a partir de condiciones justas, iguales y transparentes (artículo 294 de la Constitución). En ese sentido, es falsa la justificación que en su último considerando da a su decreto la ilegítima ANC, cuando afirma que las elecciones presidenciales convocadas conducen a afianzar la “paz, la convivencia y la tranquilidad pública, por lo que resulta necesario continuar avanzando en la consolidación de procesos democráticos que permiten dirimir las diferencias políticas mediante métodos democráticos y respetuosos de participación protagónica, particularmente a través de las elecciones”, pues sólo la observancia y el respeto de las garantías mínimas electorales que aseguren la voluntad popular, hacen democráticas a las elecciones.

La democracia está indudablemente asociada a elecciones equitativas, limpias y justas, pero la idea de elecciones a secas no está ligada a ningún proceso democrático. Afirmar que con estas elecciones presidenciales habrá paz y justicia en el país es insensato cuando se ignoran esas garantías.

10 reglas para una elección democrática que no se cumplen en Venezuela

En esta infografía se puede ver qué reglas deben existir para que haya unas elecciones realmente democráticas, que en la actualidad no se cumplen en Venezuela.

  1. Violación de la garantía de la convocatoria a elecciones y la fijación de la fecha. Justamente, esta es una de las garantías electorales mínimas imprescindibles para unos comicios justos y limpios, pues permite dar a conocer, de antemano, cuándo se celebrará la contienda electoral.

Es en razón de lo antes expuesto que el artículo 298 de la Constitución prohíbe, sin ningún tipo de excepción, cualquier modificación –parcial o total– de la legislación que regula el proceso electoral antes de los seis meses de su celebración o realización, para impedir que se produzcan cambios inesperados o sorpresivos que atenten contra la certeza jurídica y la transparencia de la contienda electoral, y asegurar de esta forma el respeto del derecho de participación política y del voto.

AhoNicolás Madur y Cilia Floresra bien, es importante aclarar que la convocatoria y fijación de la fecha de elecciones lamentablemente luce poco resguardada en la práctica por parte del CNE, debido a que, a pesar de ser una actividad exclusiva del órgano electoral (artículo 42 LOPRE) –actualmente usurpada por la ANC–, se ha traducido en una medida arbitraria y que sólo responde a los intereses del Gobierno nacional.

No debe olvidarse lo que ocurrió con las fraudulentas elecciones de gobernadores  que debían celebrarse en 2016 y fueron pospuestas injustificadamente por el CNE en 2017 hasta que la ANC le giró instrucciones para que fueran realizadas en octubre de dicho año.

Pero vale destacar que el caso más emblemático aconteció en las elecciones presidenciales de 2012, en las que el entonces presidente Hugo Chávez buscaba su tercera reelección. De hecho, a raíz del deteriorado estado de salud en que se encontraba Chávez, el CNE decidió adelantar las presidenciales fijando el domingo 7 de octubre como fecha de votación y no los primeros días del mes de diciembre como había ocurrido en las pasadas elecciones del 3 diciembre de 2006, o en las de 1998, en las que fue electo por primera vez como presidente de los venezolanos.

Al respecto, es importante resaltar que la celebración de comicios presidenciales en el mes de diciembre, más que un invento, ha sido una tradición o costumbre jurídica de gran relevancia en el país que se remonta a 1958 y que, por cierto, es una consecuencia lógica por la inmediatez que ha existido entre esa fecha de elección y la toma de posesión por parte del candidato electo en el cargo presidencial. De hecho, así estaba contemplado en la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política de 1998 (artículo 152), hasta que en 2009 la Asamblea Nacional –predominantemente chavista– decidió derogarla por la actual legislación electoral (artículo 42), suprimiendo expresamente que las elecciones debían celebrarse “para un día domingo de la primera quincena del mes de diciembre del año anterior a la finalización del período correspondiente”.

En cualquier caso, aunque no exista en la actualidad disposición constitucional ni legal que expresamente imponga la celebración de los comicios presidenciales en diciembre, no puede pretender convertirse la fijación de la fecha de elección en una especie de poder caprichoso sin norma que lo controle, tal como lo hace la reciente decisión de la ANC.

En ese sentido, para Acceso a la Justicia esta facultad debe adecuarse inexorablemente a la previsión constitucional estipulada en el artículo 231, en el que se establece que el día 10 de enero es la fecha de toma de posesión del candidato elegido como presidente de la República, pues ese término constitucional es el parámetro jurídico más idóneo y razonable que debe tomarse en cuenta para establecer el día de la elección presidencial.

El adelanto de las presidenciales en el primer cuatrimestre de 2018 por parte de la ANC es inconstitucional a la luz del límite derivado del artículo 231 de la Carta Magna venezolana, además que en nada coadyuva a solventar la actual crisis política, económica y social que padece la población venezolana, ni mucho menos ofrece garantías para elecciones justas, libres y trasparentes, pues de momento, aún no se tiene la fecha y tampoco se conocen las condiciones en que se realizarán estos comicios.

¿Y a ti venezolano, cómo te afecta?

La decisión de adelantar las elecciones presidenciales lanza a los venezolanos al abismo de una dictadura. La ilegítima ANC –invocando su supuesto carácter de titular de soberanía constituyente– comporta la destrucción de facto del orden constitucional y democrático del país para consolidar un régimen dictatorial de Maduro disfrazado o maquillado de elecciones que trastocan y alteran la integridad de los pilares fundamentales del Estado de derecho.

Constituyente, Poder Electoral y TSJ vs. partidos de oposición


Constituyente, Poder Electoral y TSJ vs. partidos de oposición

La Sala Constitucional (SC) del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) dictó una nueva sentencia, la n.° 53, en la que ordenó al Consejo Nacional Electoral (CNE), cambiar el aviso oficial mediante el cual convocó al proceso de validación a aquellos partidos políticos que no participaron en las elecciones de alcaldes celebradas el 15 de diciembre de 2017, siguiendo instrucciones de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC). La razón de este cambio es que debe excluir a la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) porque se pudiera incurrir en doble militancia, lo que a criterio de la Sala está prohibido por la normativa nacional.

La SC se fundamenta en que la conformación de la MUD “obedece a la agrupación de diversas organizaciones políticas ya renovadas y otras pendientes de renovación que podrán participar en el proceso electoral de carácter nacional”, por lo que si aquella se validara podría incurrirse en la prohibición de la doble militancia política.

 Acceso a la Justicia reitera que no hay norma alguna en Venezuela que prohíba la doble militancia. La SC se basa en la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones, concretamente en los artículos 16, 17 y 32, aplicándolos a supuestos de hecho diferentes a los que estas disposiciones regulan. En efecto, por una parte, se refieren a la cancelación de partidos regionales cuando se fusionen en uno nacional, quedando así vigente este último. Se debe señalar que los partidos de la MUD son nacionales y no regionales, por tanto, estas normas no se les aplican y, además, no han solicitado fusión alguna.

Por otra parte, el artículo 32.c prevé la cancelación de la organización política que no participe en más de dos períodos constitucionales seguidos. A este respecto, la SC estableció arbitrariamente que los partidos que no fueron con símbolos propios a las parlamentarias, como los que se adhirieron a la MUD, no participaron en realidad en esa elección, por lo que deben validarse. Y aunque así lo hicieron en su mayoría durante 2017, es la ilegítima ANC la que exige que se vuelvan a validar sin justificación legal alguna.

Constituyente, Poder Electoral y TSJ vs. partidos de oposiciónAdicionalmente, el máximo tribunal en su nueva sentencia n.° 53, no advierte que la convocatoria del CNE no ofrece garantías suficientes a las organizaciones políticas que se someterán al proceso de renovación, especialmente por dos razones fundamentales:

  1. Inseguridad jurídica. No se sabe cuáles son los reglamentos electorales o las normas que aplicará el CNE en este proceso de renovación. Valga decir que si bien publicó las actividades del proceso y las fechas o lapsos dentro de los cuales se llevará a cabo cada fase, no indicó cuáles serán las reglas jurídicas a las que deberán atenerse cada una de ellas (recolección de manifestaciones de voluntad, impugnaciones, reparos, etc.), situación que pone en desventaja a los partidos, pues el CNE, tal y como lo ha demostrado en el pasado, suele improvisar sus decisiones atendiendo, claro está, a los intereses del chavismo.
  1. Falta de transparencia. Otro aspecto preocupante es que el CNE tampoco garantiza la transparencia del proceso convocado, toda vez que no establece en el aviso oficial publicado el número de máquinas captahuellas que serán utilizadas. Asimismo, no indica dónde estarán ubicadas dichas máquinas, desconociéndose de este modo si los espacios contarán o no con una estructura física adecuada o, incluso, si su acceso facilitará o no la movilización de los ciudadanos para validar su voluntad.

No menos grave es que el supuesto árbitro electoral y la SC actúen sin importarle que la fraudulenta ANC le usurpara sus funciones electorales al CNE y adicionalmente le ordenara hacer algo ilegal e inconstitucional.

Constituyente, Poder Electoral y TSJ vs. partidos de oposiciónLa falta de claridad de las normas del CNE, aunada a la nueva sentencia del TSJ que parece tener como objeto la eliminación total de la MUD, lo que busca es impedir la competitividad electoral en el país, así como entorpecer y negar la participación de los principales partidos opositores en los próximos comicios presidenciales, que además por orden de la Constituyente deberán celebrarse antes del 30 de abril de 2018, violando el artículo 298 de la Constitución, entre otros. Todo esto apunta a que Venezuela se adentra cada vez más en la senda autocrática.

¿Y a ti venezolano, cómo te afecta?

Nada bueno parecen augurar las decisiones que no brindan respeto por las garantías democráticas ni respetan el orden jurídico. Lamentablemente, en Venezuela es un riesgo ejercer los derechos políticos, sobre todo cuando estos atentan o ponen en riesgo los intereses del Gobierno nacional y los de sus dirigentes.

Por ello, a los venezolanos sólo nos queda continuar, dejando constancia de las arbitrariedades del poder, y luchar porque ahora o más adelante se garantice el pleno ejercicio de nuestros derechos y libertades.

El Petro amplía hegemonía inconstitucional del Gobierno


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Desde hace dos años, el Gobierno mantiene al país bajo un régimen de estado excepción y emergencia económica -decretado por primera vez el 14 de enero de 2016- que no da tregua a los derechos de los venezolanos, pero que se ha configurado en el medio para que el Ejecutivo amplíe su hegemonía y genere mecanismos para dar un marco jurídico, aunque sea ilegal, a sus acciones.

 La última extensión de esta medida extraordinaria en los ámbitos social, económico y político se dio el pasado 9 de enero con el Decreto N°  3.239. Como en otras prórrogas, el Presidente de la República se valió de esta resolución para aplicar cambios, que en esta ocasión le permitieron instrumentar el Petro, el que espera sea la primera criptomoneda del país.

 BCVAunque en círculos económicos este criptoactivo no es una moneda virtual, sino esencialmente un instrumento de deuda -porque no es minable, está respaldado en recursos naturales y será emitido por el Banco Central-; en términos jurídicos, el mecanismo financiero abre una nueva brecha en la legalidad del país.

 Específicamente el numeral 6 del artículo 2 del decreto N°  3.239 faculta al Ejecutivo para “dictar medidas que permitan la incorporación al sistema económico nacional de criptoactivos a partir de instrumentos que generen seguridad sobre la base del aprovechamiento nacional de las materias primas, recursos minerales e hidrocarburos de la República y su aplicación productiva en el corto plazo al mejoramiento de las condiciones económicas del país y el desarrollo nacional”.

 Este poder excepcional que se atribuyó el Presidente de la República se inscribe en el marco del decreto No. 3.196 del 8 de diciembre de 2017, con el cual dispuso la creación y uso del Petro, y el artículo 3 del decreto N° 3.074 del 11 de septiembre de 2017, que si bien no contempla expresamente la facultad para dictar esta medida, fue tomado como base para asegurar la implementación irregular de esta moneda  en el país.

 Al desagregar los elementos cuestionables del Petro, destaca que el Ejecutivo desconoció que la regulación del sistema financiero y monetario del país es competencia exclusiva de la Asamblea Nacional (artículos 156.11 y 187.1 de la Constitución), evidenciando la falta de constitucionalidad del decreto, y la peligrosa hegemonía que el Jefe de Estado pretende consolidar ampliando todavía más sus competencias, aunque diezme el vigor del texto constitucional y el estado de derecho.

 Otro aspecto del Petro que se riñe con la legalidad fue aludido por el Legislativo -en sesión del pasado 9 de enero- cuando declaró la inconstitucionalidad del criptoactivo, por considerar que contraviene la regulación que protege a los bienes del dominio público del país.

 El Parlamento argumentó que el artículo 12 de la Constitución, que especifica que los yacimientos mineros y de hidrocarburos existentes en el territorio nacional son bienes del dominio público y, por tanto, inalienables e imprescriptibles, fue quebrantado por el Gobierno, al establecer como respaldo del Petro parte de las reservas petroleras y otros recursos naturales.petróleo

 Irregularidades recurrentes

 Aunado a las violaciones vinculadas expresamente al criptoactivo, el Decreto de Estado de Excepción y Emergencia económica reitera la irregularidad cometida en las disposiciones previas, pues fue puesto en práctica sin la previa aprobación del Parlamento como lo exige el artículo 339 constitucional.

 También el Ejecutivo vuelve sobre la irregularidad de la duración de esta condición excepcional, ya que a pesar de tratarse de la declaratoria de un “nuevo” régimen es, sin duda, una reedición de los decretos anteriores,  especialmente del emitido el 11 de septiembre de 2017 bajo el número 3.074.

 Con esta maniobra, el Jefe de Estado busca evadir el carácter limitado en el tiempo (principio de la temporalidad) al que debe estar sometido este tipo de actos conforme a lo dispuesto en el artículo 338 de la Constitución que prevé un plazo máximo de 120 días.

 Finalmente, el decreto N° 3.239 tampoco garantiza el respeto de los derechos humanos, pues basta leer su contenido para constatar que no señala o determina las garantías restringidas y sus límites, al igual que ha ocurrido con todas las resoluciones anteriores, contraviniendo concretamente la norma constitucional prevista en el artículo 337, así como pactos internacionales y sin notificar a la Organización de Naciones Unidas (ONU).

 Y a ti venezolano, ¿cómo te afecta?

 El estado de excepción y emergencia económica recientemente decretado por el Gobierno nacional es un reconocimiento a su incapacidad e ineficiencia para hacerle frente a la compleja y grave crisis social, económica y política que padece la sociedad venezolana.

 Esta decisión arbitrariamente adoptada no ofrece para nada soluciones concretas y prácticas. Por el contrario, favorece al desabastecimiento de productos de primera necesidad,  la paralización de los servicios públicos esenciales para la comunidad,  la hiperinflación galopante, entre otros, pero sobre todo pone en peligro el ejercicio de los derechos individuales dado su  ambigüedad e imprecisa y genérica regulación.

Régimen de lactancia materna


MONITOREO1

Sala: Constitucional

Tipo de recurso: Solicitud de revisión

N° de Sentencia: 991                          Fecha: 30 de noviembre

Caso: Solitud de revisión constitucional sobre la decisión dictada el 05 de octubre de 2015, por el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, Tránsito, Bancario y de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas que declaró sin lugar el recurso de apelación ejercido por el apoderado judicial de la sociedad mercantil PETRÓLEOS DE VENEZUELA, S.A. (PDVSA), inadmisible la acción de amparo que intentara contra el Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes del Municipio Maturín del Estado Monagas, ratificando la sentencia dictada por el Tribunal Primero de Primera Instancia de Juicio y del Régimen Procesal Transitorio del Circuito de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la misma Circunscripción Judicial, de fecha 20 de agosto de 2015.

Decisión: Que NO HA LUGAR a la solicitud de revisión de la sentencia dictada, el 05 de octubre de 2015, por el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, Tránsito, Bancario y de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas. SEGUNDO: Se ORDENA la publicación del presente fallo en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, en la Gaceta Judicial y en la página web de este Máximo Tribunal con el siguiente titulado: “Sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia que establece con carácter ex nunc el régimen de lactancia materna con alimentación complementaria en las jornadas laborales”.

Extracto:

dada la progresividad de los derechos que han ido evolucionando de manera acelerada desde la promulgación de nuestra Carta Magna de 1999, así como la trascendencia colectiva nacional tanto en materia laboral como de familia, teniendo como norte la necesidad de establecer una regulación uniforme de la materia que conlleve a la disminución y posterior eliminación de la discriminación laboral femenina (sobre todo en edades reproductivas) en la selección de personal así como internamente en las instituciones laborales, aclarar el alcance de la norma prevista en el artículo 2 de la Ley de Promoción, Protección y Apoyo a la Lactancia Materna.

En este sentido, el artículo 76 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, prevé la protección tanto a la paternidad como a la maternidad, estableciendo la garantía de que Estado brindará los medios para garantizar la asistencia y protección de la maternidad.

Asimismo el artículo 78 eiusdem desarrolla lo relativo al interés superior del niño, entendiéndose éste como un principio fundamental que orienta todo lo relacionado a la niñez. En este sentido esta Sala se pronunció al respecto en la sentencia número 1917, de fecha 14 de julio de 2003, estableciendo, entre otras cosas, lo siguiente:

El “interés superior del niño”, en tanto concepto jurídico indeterminado, tiene por objetivo principal el que se proteja de forma integral al niño por su falta de madurez física y mental, pues requiere protección y cuidado especiales, incluso la debida protección legal, tanto antes como después de su nacimiento. A título ejemplificativo, el niño debe ser protegido contra toda forma de discriminación o castigo por causa de la condición, las actividades, las opiniones expresadas o las creencias de sus padres, tutores o familiares.

Dentro de este ámbito de protección, por el hecho mismo de la maternidad, tanto el padre como la madre tienen el deber de mantener, educar e instruir a sus hijos menores de edad. De estas obligaciones se desprende tácitamente el deber de alimentar el hijo menor de edad por parte de los padres.

Con el cumplimiento de dicha obligación se garantiza derechos esenciales para el desarrollo integral del niño y del adolescente, tales como: Nivel de vida adecuado (artículo 30 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes), salud y servicio de salud, educación y recreación (artículos 4, 53 y 61eiusdem). (Héctor R. Peñaranda. Derecho de Familia, Apuntes Luz, 2013).

Consecuente con la garantía de protección general de la maternidad y del devenir correcto del niño a través del interés superior de éste, establecidos a partir de la promulgación del Texto Constitucional de 1999, el Estado ha realizado un arduo trabajo desde diferentes ámbitos buscando consolidar el desarrollo efectivo los derechos antes mencionados.

En este sentido, en el año 2007 el Poder Legislativo dictó la Ley de Promoción, Protección y Apoyo a la Lactancia Materna, la cual tiene como objeto promover, proteger y apoyar la lactancia materna a fines de garantizar la vida, salud y desarrollo integral de los niños y niñas.

Asimismo de la exposición de motivos de dicha ley, se desprende, entre otras cosas, lo siguiente: 

Es de suma importancia contar en nuestro país con una Ley, que garantice la práctica adecuada de la lactancia materna y la alimentación complementaria oportuna y debidamente administrada. Asimismo este instrumento jurídico permite garantizar los derechos de las madres trabajadoras en el periodo de amamantamiento, promover prácticas éticas en la comercialización de los alimentos infantiles y establecer las sanciones en casos de infracción.

La lactancia materna exclusiva o complementada con otros alimentos es concebida y reconocida científicamente como el método ideal y la estrategia nutricional por excelencia requerida por los niños y niñas durante los primeros seis meses de vida y hasta los dos años.

El periodo entre el nacimiento y los dos años de edad es considerada como “ventana de tiempo crítica” para la promoción del crecimiento, la salud y el desarrollo óptimo de los niños.

Se ha comprobado científicamente que ésta es la edad en la que ocurren fallas de crecimiento, deficiencia de ciertos micronutrientes y enfermedades comunes de la niñez.

La práctica de la lactancia materna le brinda al niño y niña todos los requerimientos nutritivos en sus primeros seis meses de vida; lo protege e inmuniza de enfermedades y contribuye al buen desarrollo de su capacidad respiratoria y gastrointestinal, ayudando a la formación de niños y niñas sanos, fortaleciendo el vínculo filial madre- hijo/a. (Subrayado de este fallo).

De lo anterior se desprende que con dicha ley se busca fijar la lactancia materna como el alimento primordial para los niños en edad de lactancia, ello en virtud de los múltiples beneficios que conlleva dicha práctica en la fase inicial del desarrollo del niño.

Ahora bien, el artículo 2 eiusdem prevé lo siguiente:

Artículo 2: Todos los niños y niñas tienen derecho a la lactancia materna en condiciones adecuadas que garanticen su vida, salud y desarrollo integral. Asimismo, las madres tienen derecho a amamantar a sus hijos e hijas, con el apoyo y colaboración de los padres.

Los padres y demás integrantes de las familias deben alentar y brindar todo el apoyo necesario para que las madres puedan ejercer el derecho humano previsto en este artículo en beneficio de sus hijos e hijas.

El Estado, con la participación solidaria de las comunidades organizadas, promoverá, protegerá y apoyará la lactancia materna exclusiva a libre demanda de los niños y niñas hasta los seis (6) meses de edad y, la lactancia materna con alimentación complementaria oportuna, adecuada, inocua y debidamente administrada hasta los dos (2) años de edad. El ministerio con competencia en materia de salud podrá incrementar esta edad mediante resolución especial. (Subrayado de este fallo).

Se vislumbra del artículo citado que el Estado deberá promover, proteger y apoyar la lactancia materna con alimentación complementaria hasta los dos años de edad.

La alimentación complementaria se encuentra definida en el artículo 5.1 de la Ley en cuestión, la cual establece que por alimentación complementaria deberá entenderse “El proceso mediante el cual se introducen nuevos alimentos en la dieta del niño o niña lactante, sin abandono de la leche materna a partir de los seis (6) meses de edad, la cual deberá ser oportuna, adecuada, inocua, debidamente administrada y preparada en base a alimentos disponibles en la localidad.”

De modo pues que el Estado brindará el apoyo y protección a la madre lactante, por hasta dos años, siempre y cuando el niño/a se encuentre amamantando de forma exclusiva a los 6 primeros meses de edad, y con alimentación complementaria desde ese momento hasta los dos años después de nacido.

Ahora bien, en el ámbito laboral la promoción, protección y apoyo de la lactancia materna con alimentación complementaria debe entenderse como una licencia prevista legalmente para la madre trabajadora hasta que el lactante cumpla los dos años, que es distinta al permiso que se otorga para el descanso pre y post natal.

En este sentido el Reglamento Parcial de la Ley Orgánica del Trabajo del año 2006, en su artículo 100 establece que:

El período de lactancia, a que se refiere el artículo 393 de la Ley Orgánica del Trabajo, no será inferior a seis (6) meses contado desde la fecha del parto, sin perjuicio de que los Ministerios del Trabajo y Salud puedan extender este período mediante Resolución conjunta.

La mujer trabajadora, finalizado el período de licencia postnatal, notificará al patrono o patrona la oportunidad en que disfrutará los descansos diarios para la lactancia. El patrono o patrona sólo podrá imponer modificaciones a lo planteado por la trabajadora, cuando a su juicio ello afecte el normal desenvolvimiento de la unidad productiva y lo acredite fehacientemente. En caso de desacuerdo entre las partes, el Inspector o Inspectora del Trabajo decidirá si existe o no desmejora de conformidad con el procedimiento previsto en el artículo 454 de la Ley Orgánica del Trabajo.

En igual orden de ideas, el artículo 345 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, es específico al prever que:

Durante el período de lactancia, la mujer tendrá derecho a dos descansos diarios de media hora cada uno, para amamantar a su hijo o hija en el Centro de Educación Inicial o sala de lactancia respectiva.

Si no hubiere Centro de Educación Inicial con sala de lactancia, los descansos previstos en este artículo serán de una hora y media cada uno.

Se desprende de lo anterior que la protección a la lactancia con alimentación complementaria consiste en una serie de permisos otorgados a la madre trabajadora destinados a la lactancia del niño, de modo pues que si el lugar de trabajo cuenta con un centro de educación inicial o en el mismo se ha  destinado una sala para la lactancia, el descanso será por dos (2) veces al día por un lapso de treinta (30) minutos, mientras que si el lugar de trabajo no cuenta con el centro de educación inicial o la referida sala, el descanso se concederá por un lapso de una hora y treinta minutos dos (2) veces al día.

Ahora bien, resulta fundamental esclarecer que en los casos en los cuales el lugar de trabajo no posea centro de educación inicial o sala de lactancia, los referidos permisos serán utilizados al inicio y final del horario de trabajo, es decir, si una madre empieza su jornada laboral a las 8:30am ésta podrá llegar una hora y media más tarde, esto es, a las 10:00am, de igual forma hará uso de su segundo lapso de permiso al finalizar su jornada, por lo que podrá retirarse de su sitio de trabajo una hora y media antes de lo pactado, en garantía del interés superior de su niño o niña.

De igual forma, esta Sala Constitucional no se encuentra ajena a las realidades sociales y aquellas que devienen de las relaciones laborales, por lo que apunta que en el caso de disfrutar del descanso atinente al lapso de una hora y treinta (30) minutos dos (2) veces al día, en virtud de las razones expresadas ut supra, tendrá la trabajadora la posibilidad de plantear al patrono la solicitud de acumular ambos permisos, lo cual de conformidad con lo establecido en el artículo 100 del Reglamento Parcial de la Ley Orgánica del Trabajo podrá ser posteriormente modificado por el patrono en el supuesto de que afecte el normal desenvolvimiento de la unidad productiva, advirtiendo que tal modificación deberá estar fehacientemente demostrada toda vez que, reitera esta Sala Constitucional, se garantiza indubitablemente la estructura para ejercer los derechos en beneficio de las generaciones de relevo.

Ello así, en la consolidación del Estado Democrático y Social de Derecho, nuestro ordenamiento jurídico apuesta por obtener como fin teleológico de nuestra sociedad la suprema felicidad, situación por la cual establece parámetros para el efectivo disfrute de los derechos sociales, sin que ello niegue la posibilidad de convenios entre partes para regular las diversas situaciones fácticas que esta Sala Constitucional no limita en atención a los derechos del niño o niña que se beneficia de tal licencia.

Asimismo, para acceder al goce del descanso para el amamantamiento en el período de la alimentación complementaria, la madre deberá consignar al patrono los requisitos establecidos en el artículo 3 de la resolución conjunta n° 271, del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social y el Ministerio de Salud, de fecha 22 de septiembre de 2006 y publicado en Gaceta Oficial n° 38.528, la cual desarrolla de manera puntual y objetiva los requisitos necesarios para disponer de dicho permiso, ya que por el tiempo que el mismo se ha estipulado en aras de la progresividad de los derechos a los que expresamente alude la Constitución, el mismo debe otorgarse cumpliendo las exigencias antes establecidas que permiten el equilibrio entre la prestación del servicio y la efectiva garantía y goce de tal beneficio.

Tal resolución establece lo siguiente:

Artículo 3º.- Para disfrutar de los descansos para amamantar a su hijo o hija, la madre trabajadora deberá presentar mensualmente ante el patrono o patrona un certificado de consulta de control de salud del hijo o hija, expedido por un centro de salud, en el cual se deje constancia de la asistencia oportuna a la consulta, del amamantamiento y, de ser el caso, de la condición de salud de la madre, su hijo o hija de conformidad con el numeral 2 del artículo 1 de esta Resolución. (Subrayado de este fallo).

Toda madre lactante que cumpla con los requisitos supra señalados en la resolución precitada, y que formule tal solicitud, debe obtener de manera obligatoria, por parte de su patrono, el permiso para realizar el amamantamiento en los términos establecidos en el presente fallo. El hecho de que dicha licencia sea de obligatorio cumplimiento por parte del patrono, no significa que opere de pleno derecho, pues debe previamente ser requerido en forma expresa por parte de la madre lactante y en cada caso variará el tiempo de duración de la licencia de alimentación complementaria, de acuerdo a la situación particular en relación con la posibilidad de amamantar de la madre.

Asimismo, debe recalcar la Sala que la licencia en cuestión, como se dijo antes, no es de obligatoria solicitud por parte de la madre lactante, ello en virtud de que puede que ésta no pretenda amamantar o no pueda por sus condiciones hacerlo, y por ende no es una licencia obligatoria y necesaria por parte de la madre.

Dentro de este mismo orden de ideas, resulta válido señalar que la presente licencia no necesariamente debe ser por el lapso de los dos (2) años establecidos supra, ya que esto dependerá del caso en concreto y se demostrará mediante los exámenes mensuales que deberá consignar la madre lactante a los fines de validar el permiso, visto que puede ocurrir que una madre deje de amamantar cumplido el año del niño o menos, es decir, esta licencia no posee un término específico pues puede culminar de un momento a otro, sólo que el tiempo máximo es de dos (2) años.

Con fuerza en las consideraciones anteriores, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, establece, conforme a la potestad otorgada en el artículo 335 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, con carácter vinculante que, una vez concluido el descanso post natal, la madre lactante podrá solicitar licencia para la alimentación complementaria, en los términos que se establecen supra, cumpliendo con los requisitos exigidos por ley, para así demostrar que efectivamente el niño o la niña, según sea el caso, se encuentra en período de alimentación complementaria y que la madre se encuentra amamantando, ya que el fin último de la Constitución y la normativa analizada es garantizar y proteger el interés superior del niño o niña. Por último se establece que la presente decisión tendrá efectos ex nunc en el tiempo. Así se establece.

En consecuencia, se ordena la publicación del presente fallo en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, en la Gaceta Judicial y en la página web de este Máximo Tribunal con el siguiente titulado: “Sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia que establece con carácter ex nunc el régimen de lactancia materna con alimentación complementaria en las jornadas laborales”. Y así se ordena.

Comentario de Acceso a la Justicia:   A pesar que la Sala Constitucional (SC) declaró que no era viable la revisión constitucional solicitada por el apoderado judicial de Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, Tránsito, Bancario y de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas por no contradecir ningún criterio jurisprudencial de la mencionada Sala, el juez constitucional no desaprovechó la ocasión para “interpretar” y establecer el “nuevo” alcance que tendrá el permiso por lactancia materna previsto en el artículo 2 Ley de Promoción, Protección y Apoyo a la Lactancia Materna.

En efecto, la SC argumentado la vigencia y el respeto que merecen los principios de progresividad en la interpretación de los derechos y  del “interés superior del niño” (artículo 78 de la Constitución) estableció que las mujeres parturientas podrán gozar de dos años de permiso laboral para amamantar a sus hijos. Si bien es destacable, al respecto, el carácter beneficioso de este criterio jurisprudencial, es evidente que configura otro caso emblemático en que la SC desnaturaliza las funciones que le asigna la Constitución venezolana, especialmente por invadir  la función legislativa de la Asamblea Nacional (AN).

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/noviembre/205884-991-301117-2017-16-0103.HTML

¿Es un logro el debate de la crisis venezolana en el Consejo de Seguridad de la ONU?


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Para la comunidad internacional el régimen político que gobierna Venezuela ya no se disfraza de democracia, simplemente no lo es.

De hecho, durante la reunión del Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas (ONU) realizada el lunes 13 de noviembre para discutir la crisis en nuestro país, el representante de Uruguay, Elbio Rosselli, criticó que la gestión de Nicolás Maduro pretenda funcionar de manera correcta con sus países vecinos, mientras en su nación “no existe la democracia”. También advirtió que el papel que ejerce la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), usurpando funciones de la Asamblea Nacional, hace cuesta arriba recuperar la “convivencia institucional” y por ende el restablecimiento del sistema democrático.

Embajadores como los de Francia y Reino Unido recordaron otras razones por las cuales se considera que no hay democracia en Venezuela además de la propia existencia de la ANC, como lo son las reiteradas violaciones a derechos como la libertad de expresión —reforzado con la aprobación de la Ley Contra el Odio—, la manifestación pacífica, la salud y la alimentación. Sobre estos últimos se refirieron con preocupación al hecho de que, pese a la crisis, en Miraflores se nieguen a aceptar ayuda humanitaria por motivos políticos, mientras hay gente que muere por desnutrición y falta de medicamentos.

Quizás las palabras más duras en el encuentro propiciado por Estados Unidos e Italia bajo la “fórmula Arria” (reunión informal del Consejo) fueron las de Nikki Haley, embajadora de la nación, quien tildó de “narcoestado violento” al régimen de Maduro y por lo tanto un “peligro” para la región y el mundo entero. “Estamos pendientes, no nos dejamos engañar”, advirtió.

Pese a lo grave de la situación, los países participantes coincidieron en que se retome un diálogo en Venezuela, pero verdadero, y se espera que las sanciones como las recientemente impuestas por la Unión Europea sirvan para presionarlo.

Mediáticamente se ha considerado un logro, y en efecto lo es, que a través de la fórmula Arria el tema de la crisis venezolana llegara al Consejo, en el que generalmente sólo participan Estados y que, en cambio, también participaran las ONG, como es el caso de Foro Penal Venezolano y Cáritas de Venezuela, que han recopilado importantes denuncias sobre violaciones de derechos humanos en nuestro país.

Cáritas puso sobre la mesa cifras dramáticas, como que 68% de los venezolanos actualmente padece de hambre, que sólo 4 millones puede ingerir dos comidas al día y que 82% vive en pobreza, entre otras.

Acceso a la Justicia debe recordar que la fórmula Arria está basada en encuentros informales que se llevan a cabo entre los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU con agentes externos, con el fin de promover el diálogo directo entre los distintos agentes implicados en un conflicto.

¿Y a ti venezolano, cómo te afecta?

El hecho de que en instancias internacionales como la ONU, que tiene entre sus funciones la protección de los derechos humanos, se esté discutiendo la crisis venezolana y las acciones a implementar para resolverla (sanciones, acompañamientos), luce hasta ahora como el camino más viable y garantista para los ciudadanos a los efectos de destrancar el juego político y dar paso al restablecimiento de la democracia en el país y a las soluciones de su crisis social, política y económica.

Es más, para que tenga lugar un verdadero diálogo entre los actores políticos parece necesaria la presión internacional de organismos como la ONU, porque es la única garantía de que ese diálogo se dirija a resolver los problemas reales de los venezolanos, como son, sobre todo, los que se derivan de la emergencia humanitaria.

Boletín n.° 13. Del 6 al 13 de noviembre de 2017


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El Inca, primera película censurada y retirada de las salas de cine en la historia del país- Un Mundo Sin MordazaJavier Torres: En Perú surgió un nuevo tipo de dictaduraProvea. Las graves contradicciones del TSJ en el caso de Freddy Guevara– Acceso a la JusticiaMujeres al límite: el peso de la emergencia humanitaria– CEPAZPretensión totalitaria anunciada: la regulación de la expresión– Espacio PúblicoDesconocer el voto es lanzar al país por el despeñadero de la violencia-Transparencia Venezuela

Boletin 13 Crisis en Venezuela

Las graves contradicciones del TSJ en el caso de Freddy Guevara


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Con los mismos argumentos del Derecho Penal del Enemigo, tal y como sucedió con el diputado de la Asamblea Nacional (AN), Germán Ferrer, la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), mediante sentencia del pasado 3 de noviembre, ordenó el enjuiciamiento del primer vicepresidente del Parlamento, Freddy Guevara. De nuevo, el máximo tribunal se salta el procedimiento del antejuicio de mérito al considerar que el acusado cometió delitos flagrantes y ordena su prohibición de salida del país.

Responsablemente afirmamos que los magistrados del TSJ con este tipo de decisiones usan el derecho como un instrumento de represión política, al incurrir en artificios como equiparar la figura del delito permanente con la del delito flagrante, con el fin de saltarse el escollo del antejuicio de mérito. Hablan de una compatibilidad que no es tal entre el delito permanente y el delito flagrante; se trata de definiciones tan básicas que cualquier estudiante de Derecho sabría distinguir y diferenciar.

El delito permanente consiste en que su acción se prolonga en el tiempo. El ejemplo típico para entender este concepto es el secuestro, que inicia su comisión desde el momento en que se priva de libertad a la víctima y puede tener una permanencia en el tiempo mientras dure esa privación de libertad.

Con respecto a la flagrancia o delito flagrante, es en cambio aquel que se está cometiendo o acaba de cometerse. Parafraseando al abogado penalista Alberto Arteaga Sánchez, la flagrancia en el delito es una realidad, de cuya consecuencia surge la posibilidad de apresar al autor in fraganti. Se trata, pues, de situaciones diferentes: el permanente es un tipo de delito, mientras que la flagrancia es una manifestación o situación que puede presentarse en cualquier delito, de manera que no son conceptos que puedan identificarse ya que están referidos a condiciones distintas. En dos platos, se están mezclando peras con manzanas.

Así, el hecho de que una persona pueda ser aprehendida en flagrancia cometiendo un delito permanente no implica en lo absoluto que todo delito permanente sea flagrante.

Esta contradicción de la Sala Plena resulta evidente cuando se analiza la sentencia, en la que haciendo alusión al escrito acusatorio de la Fiscalía señala que “entre los meses de abril a julio del año 2017, ocurrieron en nuestro país, una serie de hechos violentos”; luego hace referencia a supuestas declaraciones de personas sobre hechos ocurridos el 5 de mayo de este año, es decir, hace más de cinco meses, y finalmente dice: “Es menester señalar que el ciudadano FREDDY GUEVARA, ha continuado hasta los actuales momentos instigando al odio contra la instituciones públicas”, y esto último sin indicar los elementos de pruebas sobre tal particular.

Luego de una larga enumeración de citas para equiparar delitos permanentes o continuados con delitos cometidos en flagrancia, el TSJ concluye que “resulta claro que la noción de delitos continuados y permanentes, son flagrantes, siempre que no haya cesado la permanencia o la continuidad”, es decir, que si el delito permanente cesa en el tiempo este no puede ser flagrante, y en ese sentido no explica por qué, a pesar de que los hechos imputados son de hace más de cinco meses, se está en presencia de un delito permanente o continuado.

Lo que también llama la atención es que el fin de las protestas es un hecho público y notorio y la propia presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) a la que el TSJ se ha autosometido así lo ha indicado: “¡Se acabaron las guarimbas, trancazos, quema de (sic) personas vivas y violencia política!”. En este sentido, mal puede ser un delito continuado algo que los más altos representantes del régimen indican que se ha terminado.

Pero más allá de esto, lo jurídicamente relevante es que, a pesar de su extendido análisis sobre el delito permanente, la sentencia nunca dice por qué los delitos imputados a Guevara se mantienen en el tiempo, y en efecto no hay respuesta jurídica a ello, pues la Fiscalía no aportó elemento probatorio alguno, es más, reconoció que se trata de hechos ocurridos hace meses, por lo que la Sala Plena violó una vez más el privilegio constitucional de inmunidad parlamentaria.

Adicionalmente, con la remisión del expediente a la ANC, el TSJ viola también la Constitución, pues en ningún artículo se le atribuyen funciones legislativas. En este sentido, el artículo 200 de la Carta Magna expresa: “De los presuntos delitos que cometan los o las integrantes de la Asamblea Nacional conocerá en forma privativa el Tribunal Supremo de Justicia, única autoridad que podrá ordenar, previa autorización de la Asamblea Nacional, su detención y continuar su enjuiciamiento”.

Así, queda claro que el allanamiento de la inmunidad parlamentaria es una atribución exclusiva del Parlamento que no puede ser usurpada por ningún otro órgano.

¿Y a ti venezolano, cómo te afecta?

La violación de la inmunidad de un diputado no es algo que lo afecte a él exclusivamente, sino que es también un atentado contra la voluntad del soberano que lo eligió y por lo mismo una usurpación de la soberanía popular. Cuando una sentencia puede ser desmontada con uno o dos simples argumentos, es una prueba clara del poco valor que tienen para el poder los derechos, no de los políticos, sino de todos los ciudadanos.

Nueva exigencia de la Sala Civil del TSJ viola independencia judicial y acceso a la justicia


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La independencia judicial es fundamental para que haya justicia verdadera en un país, y esta exige, entre otros, la independencia funcional del juez, que garantiza su  libertad de criterio a la hora de actuar y decidir, de modo que no sea sometido a presiones de otros órganos del mismo sistema judicial.

En abierta violación a la independencia funcional del juez, el 14 de agosto de 2017, mediante oficio n.° CICJC-OFC-00907-2017, la presidencia de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) les exigió a los jueces rectores y coordinadores de los tribunales civiles que le informen sobre las comisiones de los jueces de primera instancia hacia otras circunscripciones judiciales antes de ser emitidas, así como las que reciban los jueces de municipio y ejecutores de medidas.

Las comisiones son órdenes de un juez a otro para que practique una diligencia judicial determinada, en caso de no poder hacerlo personalmente o por tratarse de un acto que deba realizarse en el territorio de otro juez. Por ejemplo, la citación de una persona que se encuentra fuera del territorio del tribunal donde se lleva a cabo el juicio. Este tipo de órdenes pueden ser emitidas por el juez según su criterio y las necesidades del proceso que dirige, siempre que lo haga conforme a la ley (artículos 14 y 234 y siguientes del Código de Procedimiento Civil.

Por esta razón el que la Sala Civil del TSJ establezca un requisito no previsto en la ley, agregando un paso adicional al proceso judicial por medio de un acto de rango sublegal inferior a la ley, como es un oficio, viola la reserva legal (artículo 156.32) y el propio Código de Procedimiento Civil. Asimismo, incurre en usurpación de funciones, al ser el órgano legislativo el competente para modificar la ley y no el judicial.

Quizás la presidencia de la Sala Civil podría fundamentar su propia competencia en que el TSJ, según el artículo 267 de la Constitución, es el órgano de dirección, gobierno y administración del Poder Judicial, así como de  inspección y vigilancia de los tribunales. Sin embargo, la Ley Orgánica del TSJ le da competencia en esta materia a la Sala Plena o a la Inspectoría General de Tribunales, y no a la Sala Civil, e incluso esos órganos actuando como administrativos no pueden cambiar la ley y menos aún establecer procedimientos judiciales. Esto es propio del órgano legislativo, es decir, de la Asamblea Nacional.

A las razones de ilegalidad e inconstitucionalidad antes mencionadas de la decisión de la Sala Civil, se añade otra causa de inconstitucionalidad. Este oficio también afecta directamente a los ciudadanos, porque sus juicios civiles serán aún más lentos cuando requieran de alguna comisión, lo que viola el artículo 26 de la Constitución. En este sentido, la norma constitucional dice que para que haya acceso a la justicia se requiere, entre otros, que esta sea rápida y sin formalismos inútiles. No obstante, el requerimiento de la Sala Civil de enviarle la información sobre las comisiones judiciales que se van a expedir retrasará los procesos y es un requisito que no añade nada al juicio, sino un control judicial que como, ya explicamos, viola la independencia del juez.

Si en 2016 la justicia civil aparecía en el puesto 112 de 113 países evaluados según el World Justice Project (p. 158), en 2017 es muy probable que aparezca en el último lugar con esta nueva medida de la Sala Civil.

El rol legislativo de la Asamblea Nacional Constituyente al servicio del poder


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“¡La Constituyente va!” fue el eslogan utilizado por el Gobierno antes de instalar su Asamblea Nacional Constituyente (ANC), y aunque muchos pensaron que no sucedería por las serias denuncias en torno a cómo fue convocada y constituida, se instaló. Ahora bien, ¿sobre qué está debatiendo? ¿Realmente está redactando una nueva Constitución? ¿Qué rol tiene?

La lógica indica que la Asamblea Nacional Constituyente debería estar elaborando una nueva Carta Magna, pues es lo que establece la norma constitucional aún vigente (artículo 347). Pero no se sabe con claridad cómo va el tema entre los asambleístas; informaciones de prensa han asomado la posibilidad de incluir en la nueva Constitución los cuadrantes de paz y reforzar los derechos de las personas con discapacidad.

Lo que en cambio sí se conoce, es que la ANC está legislando. En efecto, se ha convertido en el nuevo poder legislativo, usurpando sus funciones.

Hasta ahora están en el tapete cerca de diez proyectos de leyes, entre los que resalta la Ley contra el Odio, la Intolerancia y por la Convivencia Pacífica, que persigue aniquilar de manera definitiva la disidencia política y el libre pensamiento.

En dicha lista destacan también ocho propuestas de leyes para alcanzar la paz económica presentadas por el presidente de la República, Nicolás Maduro, en las que aparecen, entre otras, la Ley de Régimen Especial Tributario para la Protección Social del Pueblo y Sanciones a los Delitos de Economía, la Ley de Abastecimiento Soberano y Precios Acordados, la Ley para la Creación de Fiscales de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), la Ley de la Promoción y Protección de la Inversión Extranjera y la Ley para regular el Régimen Tributario para el Desarrollo del Arco Minero del Orinoco.

De lo anterior se deduce que los temas que principalmente ocupan al Gobierno son la economía y la represión. El primero es muy importante en vista de la crisis sin precedentes que hay en el país. El problema es que el título de las propuestas legales antes mencionadas alude al modelo que ha conducido a la actual debacle económica y que se siguen atacando las consecuencias y no las causas.

Por ejemplo, se pretende sancionar de manera más dura al “bachaquero”, cuando no es más que una persona que pertenece a la economía informal, que para aprovecharse de la escasez revende productos que tienen un precio regulado a un precio superior. Su actividad no es moralmente aprobable porque se aprovecha de los demás en medio de una situación caótica, pero el problema es la regulación de los productos y la falta de incentivos para producir, lo que lleva a la escasez y a que el que los obtenga especule y los ofrezca al doble de su precio.

El segundo tema que ocupa a la ANC, la represión, es consecuencia del primero. En vista del descontento existente por el modelo implantado y que, a pesar de ello, se quiere mantener, es importante para el régimen imperante tomar medidas represivas para atornillarse en el poder.

En este sentido, no es de extrañar que el presidente Nicolás Maduro le haya solicitado a la ANC, además de lo ya mencionado, que reforme las leyes penales y de seguridad nacional con el objetivo de lograr una legislación “implacable” contra el terrorismo. “Yo le pido a la Asamblea Nacional Constituyente hacer una reforma del Código Penal y de la Ley de Seguridad Nacional rápido, por favor, y elevar las penas”. Ante esto es válido preguntar a quién se aplicarán estas penas

En el mismo sentido, el ministro del Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol le entregó a la ANC ochenta y dos propuestas de seguridad nacional, para, entre otros, combatir las nuevas amenazas de un “plan desestabilizador” o guerra híbrida que se vive en Venezuela, instando a los ciudadanos a “cambiar de actitud” porque toda la responsabilidad no puede caer en las instituciones que deben garantizar la seguridad.

¿Y a ti venezolano, cómo te afecta?

Mientras el Gobierno, sea a través de la ANC, del Consejo Nacional Electoral (CNE) o de cualquier otro órgano que hoy en día lo representa, no cumpla con su verdadero rol, que es prestar servicios a los ciudadanos y brindar la seguridad necesaria para sus vidas, bienes y transacciones, y se dedique más bien a asegurarse el poder y los bienes del país para sí mismo, no se resolverá la crisis, y estaremos como un perro que se muerde la cola, que siempre hace lo mismo y no se desenreda ni resuelve.