Boletín n.° 19. Del 8 al 15 de enero de 2018


Boletín Crisis en Venezuela

TSJ le tendió la alfombra roja a la dictadura en 2017- Acceso a la JusticiaProvea constata que venezolanos consumen comida para perros-Provea. ONG repudian impunidad en el asesinato de niña Yara Emiliana- CEPAZLa ley contra el odio en uso– Un Mundo Sin MordazaEn 2018 seguiremos de pie pese a las adversidades contra la libertad de expresión- Espacio Público. Estamos en un escenario de guerra por la emergencia humanitaria– Codevida.

Boletín n.° 19 Crisis en Venezuela

TSJ concretó disolución de la Asamblea Nacional en 2017


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La Asamblea Nacional (AN), electa el 6 de diciembre de 2015 por estar conformada por una mayoría calificada opositora al gobierno (por primera vez en 16 años de chavismo) no ha podido prácticamente ejercer sus funciones por una serie de obstáculos impuestos por el Poder Judicial.

 Para tener una idea de la guerra judicial en contra de la AN que emprendió el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) desde su elección, se debe recordar que en 2016 bajo el amparo de la tesis del desacato le quitó prácticamente todas sus atribuciones a partir de julio de ese año.

Ya en 2017, el TSJ desconoció a la directiva presidida por el diputado Julio Borges sin justificación y permitió la instalación de una Asamblea Nacional Constituyente (ANC), que  vino entre otras cosas a sustituir al Parlamento.Julio Borges

Estado de excepción impuesto

Desde enero de 2016, Venezuela permanece bajo un perenne estado de excepción, cuya finalidad desde el inicio, según el mismo Jefe de Estado, era tomar medidas extraordinarias que permitieran superar la crisis económica.

Sin embargo, en cada ocasión que se han cumplido los 60 días que prevé la Constitución como plazo máximo de duración del decreto de emergencia económica, el Ejecutivo ha firmado una extensión por el mismo lapso, lo que también permite la Constitución, sólo que al culminar la prórroga dicta un nuevo decreto que luego extiende, lo que está prohibido por el texto constitucional que prevé un plazo máximo de 120 días de estado de excepción por la causa indicada.

Con esta metodología, el Ejecutivo mantiene al país en estado de excepción desde hace dos años, haciendo lo que quiere en materia de legislación socioeconómica e incluso en otros ámbitos. El decreto más reciente es del 09 de enero por lo que ha habido 13 decretos en total.

Ninguno de los decretos de estado de excepción ni sus prórrogas han sido aprobados por el Poder Legislativo como exige expresamente el artículo 339 de la Constitución, y aun así el TSJ los ha declarado constitucionales, haciendo caso omiso también de la Ley Orgánica de Estados de Excepción y de la Exposición de Motivos del texto fundamental que incluso le prohíben intervenir en ese supuesto.

Con esto queda muy claro que el máximo tribunal desempeña un rol al revés de su mandato, al permitir la desintegración de la Carta Magna con estados de excepción inconstitucionales, cuando su función según el artículo 334 es “asegurar la integridad de la Constitución”.

El eterno desacato

La tesis del desacato fue la que creó el TSJ poco después de las elecciones parlamentarias en diciembre de 2015 para hacer lo que la Constitución no le permite al gobierno, pero que era su mayor desiderátum: disolver la AN, como en efecto hizo posteriormente el TSJ con la sentencia nº 156 del 30 de abril.

El desacato surgió porque la AN no quiso acatar la decisión de la Sala Electoral de no juramentar a los cuatro diputados de Amazonas. Aunque la AN más adelante desincorporó a los parlamentarios (enero de 2017) la sanción persistió, de hecho la Sala Constitucional (SC, sentencia 2/2017) del TSJ declaró que todas las sesiones de la AN desde su instalación el 05 de enero eran nulas, desconoció la juramentación de la directiva de Borges y prohibió el inicio del nuevo período legislativo mientras persistiera el supuesto desacato.

Reiteramos que el desacato es un “delito o falta, según el caso, que implica la desobediencia a una orden judicial” y acarrea prisión o arresto pero no anulación de actuaciones. Por ello, lo conducente era eventualmente la sanción de su directiva, la presidida por Henry Ramos Allup por juramentar a diputados de Amazonas, pero no la anulación del órgano.

Impunidad

PdvsaEn 2016, el TSJ declaró que no le convenía al país una investigación por corrupción sobre Petróleos de Venezuela (Pdvsa) que había iniciado la AN y en 2017, ordenó a la Contraloría General de la República (CGR) investigar al diputado Freddy Guevara por querer notificar en Nueva York de esa investigación a Rafael Ramírez, quien se desempeñaba como embajador por Venezuela ante la ONU. Lo más increíble de esto es que a finales de este año la persecución a Ramírez por corrupción ha sido la bandera del gobierno.

En el transcurso de 2017 el TSJ tomó decisiones con las que negó uno de los principios básicos republicanos: la responsabilidad de cualquier órgano del Estado y su obligación de rendir cuentas. En este sentido, entre otros, desconoció en la sentencia nº 7 del 26-1-2017 de la SC el abandono del cargo del Presidente de la República declarado por la AN; permitió que la memoria y cuenta le fuera presentada a él y no a la AN, eliminó el control de la CGR sobre las empresas militares a pesar de que tienen a su cargo la mayoría de los recursos naturales del país y autorizó al Ejecutivo a vender parte de Pdvsa y a endeudarse sin control del legislativo.

Ruptura del orden constitucional

Desde el 2016, el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, ha denunciado la grave alteración del orden constitucional y democrático en Venezuela y en febrero de 2017 reabrió el debate sobre la activación de la aplicación de la Carta Democrática Interamericana en nuestro país, presentando el 14 de marzo un nuevo informe sobre la crisis. A raíz de ello, la AN aprobó un acuerdo para la reactivación de la Carta.

El partido de gobierno inmediatamente reaccionó y presentó un recurso ante la Sala Constitucional del TSJ y esta respondió a los seis días con la sentencia 155 del 29 de abril en la que anula el acuerdo de la AN que aprobó el informe de Almagro e incentivó al Ejecutivo a legislar en materia de seguridad nacional, en el ámbito penal y militar, aunque sin limitaciones, para evitar un supuesto estado de conmoción exterior (otra causal de estado de excepción). Además desconoce la inmunidad parlamentaria por el desacato. Al día siguiente, esa misma Sala dictó otra sentencia, la 156 en que permite la venta de parte de la estatal petrolera sin la autorización de la AN a una empresa rusa y además disolvió el parlamento. También decidió que desde ese momento, la Sala o el órgano que ella indicara sustituían a la Asamblea Nacional.

Estas dos sentencias causaron gran escándalo en la comunidad internacional, quien anunció que en Venezuela se había instaurado una dictadura y como consecuencia de ello se produjo el retiro de embajadores de varios países. Esto dio lugar a la activación por parte del Ejecutivo del Consejo General de Seguridad quien exhortó al TSJ a revisar sus sentencias. El 1º de abril, la Sala Constitucional anuló sus sentencias, pero en la práctica la AN siguió invalidada.

TSJ

La Fiscal

Hasta la fiscal general de la República Luisa Ortega Díaz reconoció que había habido una ruptura del orden constitucional en Venezuela por las sentencias 155 y 156 e inició una verdadera guerra judicial contra el Gobierno, pero esto no tuvo mayores frutos, pues aunque visibilizó aún más el régimen y sus debilidades su cruzada dio lugar a su destitución del cargo por la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente (ANC), potestad que es de la AN.

El esposo de la Fiscal, diputado del partido de gobierno, Germán Ferrer también se le unió. Como consecuencia de ello, mediante la sentencia 66 de la Sala Plena, el TSJ le quitó la inmunidad parlamentaria, competencia que es de la AN. Luego un tribunal de instancia dictó una orden de aprehensión en su contra por manejar supuestamente una importante red de corrupción desde la Fiscalía.

El golpe electoral

La renovación de los partidos políticos por el TSJ fue uno de los temas clave de 2017. Esta exigencia fue por una sentencia del máximo tribunal, la primera de 2016 de la Sala Constitucional, en la que prohibió la doble militancia y exigió, en contra de la lo que dice la ley de la materia, la renovación de los partidos políticos que hubieran participado en las elecciones parlamentarias con la tarjeta de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) y no con su propia tarjeta.

El TSJ también en 2016 designó a los rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE) que tenían el periodo vencido, aunque fuera competencia de la AN.

La guinda del pastel del TSJ contra la AN en 2017 fue el aval a la convocatoria del presidente Nicolás Maduro e instalación de la fraudulenta ANC a través de varias sentencias. Hoy en sustitución ilegal del Parlamento, la ANC aprueba leyes, incluido el presupuesto nacional, ha allanado la inmunidad parlamentaria de diputados de oposición y ordena investigaciones, entre otras funciones.

¿Y a ti venezolano, cómo te afecta?

Sin Parlamento, no hay democracia, pues es el órgano democrático por excelencia al ser el que representa a todas las ideologías del país y permite el debate entre ellas. Mientras en el Ejecutivo suele estar el partido político que obtuvo la mayoría, en el Parlamento u órgano legislativo nacional están también los que no la obtuvieron y esto permite controlar mejor la gestión del Ejecutivo y del partido de gobierno.

Además como el Parlamento suele tener no sólo funciones legislativas, sino también de control, puede garantizar el mejor uso de los recursos públicos por parte del Ejecutivo, de hecho es quien recibe la memoria y cuenta del gobierno, así como aprueba el presupuesto nacional de cada año. Si se elimina el Parlamento, como ha ocurrido en Venezuela, el Ejecutivo tiene rienda suelta en la administración y uso de los recursos públicos, lo que puede causar exceso de endeudamiento, corrupción e inflación, que son entre otros males los que hoy en día nos afectan a todos.

¿Tendrá oportunidad la Asamblea Nacional de liberarse del desacato?


TSJ vs AN

Este viernes 5 de enero se instala la Asamblea Nacional (AN) sin convocatoria previa, según lo exige la Constitución en su artículo 219. Sin embargo, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) considera que la AN está en desacato desde julio de 2016 y por ello, todos sus actos se deben considerar nulos.

La pregunta que surge es ¿qué hará la nueva directiva de 2018 con el caso de los diputados de Amazonas, aún no resuelto por el TSJ para que pueda cesar el injusto desacato? Recordemos que la directiva elegida en 2017, encabezada por el diputado Julio Borges desincorporó a Julio Ygarza, Nirma Guarulla y Romel Guzamana en enero de 2017, pero la sentencia nº 2 de la Sala Constitucional (SC) del máximo tribunal de la República el 11 de enero de ese año desconoció a dicha directiva precisamente por la situación de desacato y declaró nulas todas las actuaciones del Parlamento.

Acceso a la Justicia consideró tal sentencia un galimatías y un acto político y no jurídico, ya que no tiene fundamento en ningún principio del derecho y menos aún en la Constitución.

La sentencia llegó a indicar que lo que debía hacer la AN era instalar nuevamente la anterior directiva (la de 2016), liderada por Henry Ramos Allup y que esta excluyera a los legisladores amazonenses, porque sólo de esta manera podía subsanarse la omisión de acatar la orden del TSJ en que había incurrido el órgano legislativo. Una vez cumplida esta condición era que procedía el nombramiento de una nueva directiva (de 2017).

El problema planteado es que seguir el mandato del TSJ implica violar la Constitución y el Reglamento de Interior y Debates de la AN, que establecen que a partir del 5 de enero del año siguiente a su elección, la anterior directiva ya no puede ejercer función alguna, por lo que según la Carta Magna no puede instalarse de nuevo.

Pareciera que según esa decisión del TSJ, la AN nunca podrá tener una directiva válida por lo que hizo la de 2016, ni siquiera si la que corresponde a 2018 acata lo que el TSJ le ordena. Esta sentencia muestra el criterio personalista con el que actúa el alto Tribunal, que confundió el órgano con su directiva y pretendió aplicarle al Parlamento las sanciones que deberían imputarse eventualmente a su directiva, en este caso la que tuvo a Ramos Allup como presidente en 2016. En todo caso, si una nueva directiva deja de estar en desacato, pues eso valdría para el órgano, independientemente de lo que hizo la anterior.Henry Ramos Allup

Reiteramos además que el desacato no tiene como efecto jurídico anular los actos del órgano legislativo y menos aún al organismo completo, como en cambio ha hecho el TSJ.

Pareciera igualmente que el problema del reconocimiento de la directiva de la AN y del propio órgano por el TSJ tampoco tiene solución en el sentido que este tome una decisión de fondo sobre el caso de los legisladores de Amazonas, pues todo indica que cuando se trata de asuntos del gobierno la justicia va a paso de tortuga.

Para complicar aún más el panorama actual de la AN, desde julio de este año está en funcionamiento la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), la cual sin justificación alguna, ni jurídica (porque no lo prevé la Constitución) ni política (porque no la eligió el pueblo como parlamento, ni tampoco como constituyente), le ha quitado su función legislativa, lo cual ha sido reconocido y avalado por el propio TSJ.

Aunado a ello, existen otros problemas adicionales y es que, aunque la AN siga teniendo desde el punto de vista jurídico otras funciones, varias sentencias del TSJ de 2016, precedentes a la instalación de la ANC, se las han quitado, y no por causa del desacato. Algunas  de esas funciones son la contralora (sentencia nº 9/2016), la de control del poder político (las nº 4/2016 y 7/2016) y la de organización interna (nº 269/2016).

Asamblea Nacional Lo anterior deja aún más claro que la verdadera intención del TSJ ha sido, desde la elección parlamentaria de diciembre de 2015, no dejar funcionar al Parlamento, para que el Presidente de la República y su partido puedan operar a favor de sus intereses políticos.

¿Y a ti venezolano, cómo te afecta?

Cuando un órgano del Estado no tiene límites en el ejercicio del poder, como es el caso de Ejecutivo Nacional en Venezuela, tiende a querer más poder y al obtenerlo, quiere más y más. Por ello un gran pensador, Montesquieu decía: “es una experiencia eterna, que todo hombre que tiene poder siente la inclinación de abusar de él.”

El problema con ello es que al tener más poder no es que beneficia más al pueblo sino a sí mismo y a su entorno. Eso resume lo que vivimos en Venezuela y por qué ha empeorado tanto la crisis institucional desde 2016.

El viacrucis judicial de los diputados de Amazonas


Diputados de Amazonas

Fueron electos como diputados de la Asamblea Nacional (AN) por expresión de la voluntad popular del estado Amazonas el 6 de diciembre de 2015, pero nunca han podido ejercer sus cargos por diversas sentencias del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

La primera de ellas (sentencia 260/2015) se dictó en plenas vacaciones judiciales el 30 de diciembre de 2015, es decir, ya hace dos años. En la decisión, la Sala Electoral del máximo tribunal de la República ordenó la suspensión del acto de totalización, adjudicación y proclamación de los cuatro parlamentarios por representación indígena, circuito 1 y lista: Julio Ygarza, Nirma Guarulla, Romel Guzamana (los 3 de oposición) y Miguel Rodríguez (Psuv). El fallo que sólo tardó un día en emitirse favoreció la petición de quien fuera candidata en dicha entidad por el Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Nicia Maldonado, además de ex ministra del Ambiente del gobierno de Hugo Chávez.

En su momento Acceso a la Justicia y otros expertos juristas advirtieron que la totalización, adjudicación y proclamación constituían actos ejecutados y ya cumplidos, con lo cual resultaba imposible, material y legalmente, suspender o retrotraer sus efectos a través de la medida cautelar dictada por la Sala Electoral. Por ello, la AN recién electa juramentó a todos sus diputados, incluidos los de Amazonas, al instalarse en enero de 2016.

Por ello, el TSJ a través de su Sala Electoral en su sentencia nº 1 de 2016, por solicitud nuevamente de Maldonado y en sólo 4 días, ordenó a la AN desincorporar a los diputados, so pena de desacato.

Como consecuencia de este nuevo fallo, la AN desincorporó a los diputados de Amazonas. La Sala Constitucional (SC) reconoció en su sentencia nº 3 que había cesado el desacato, por lo que el presidente de la República, Nicolás Maduro, podía presentar su memoria y cuenta ante la AN, tal como establece la Constitución.

Sorprendentemente, pese al reconocimiento de la AN por parte de la SC, esta empezó a dictarsentencias que indicaron lo contrario y sin causa clara. Por ejemplo en su decisión nº 4 declaró constitucional el estado de excepción invocado por el Jefe de Estado antes del pronunciamiento de la AN como exige la Constitución y en la nº 7 anuló el acuerdo de la AN que lo desaprobaba. Poco tiempo después, en su decisión nº 9 desconoció la función contralora del parlamento, cambiando el texto constitucional sin justificación alguna.

Diputados de Amazonas

Mientras tanto, la directiva de la AN y los diputados suspendidos de Amazonas acudieron al TSJ para oponerse a la medida cautelar en su contra y los magistrados se tomaron 211 días para decirles que seguían suspendidos , lo contrario a la justicia exprés a favor del Psuv. También se esperaba en 2016 la orden para que se repitieran los comicios en Amazonas, la cual nunca llegó, dejando a una población tan vulnerable como la indígena y a 116. 216 votantes sin representación política en el parlamento.

Tira y encoje

Aún a la espera de la repetición de los comicios en Amazonas y como reacción a las sentencias de desconocimiento de sus actos del TSJ, la AN bajo el mando de Henry Ramos Allup (AD) entregó de nuevo sus credenciales a los diputados en pugna el 28 de julio de 2016 sobre la base siguiente: “Nunca van a resolver el tema de la incorporación de los diputados de Amazonas. No vamos a acatar ninguna decisión (del TSJ) que viole la Constitución”. Por su parte, el TSJ insistió a los pocos días (2 de agosto) con el desacato (sentencia 108/2016) y declaró  “la invalidez, inexistencia e ineficiencia jurídica” de la nueva juramentación y de todos los actos siguientes del parlamento.

Probablemente, en vista de la guerra judicial del 2016 en contra de la AN a raíz del desacato, en enero de 2017 la nueva directiva de la AN, encabezada por el diputado Julio Borges tomó como primera medida la desincorporación de los diputados de Amazonas, a solicitud de los mismos afectados, por las repercusiones que estaba teniendo el supuesto desacato para la democracia venezolana.

A pesar de ello, el TSJ consideró que la manera en que la AN había desincorporado a los diputados y elegido a la nueva directiva no era la adecuada y volvió a declararla en desacato, ordenando que se volviera a incorporar la vieja directiva, lo cual viola la Constitución que establece que a partir del 5 de enero la directiva anterior no puede ejercer funciones de ningún tipo. La AN no hizo lo que le pidió la SC por lo que el TSJ consideró que estuvo en desacato todo el 2017.

Falsa esperanza

A principios de diciembre de 2017, el TSJ declaró concluido un caso judicial relacionado con Amazonas,  una de las siete causas que se originaron a partir de esas elecciones y que no tuvo que ver con la sentencia 260 que suspendió a los cuatro diputados. Se trató del caso de la diputada Guarulla (sentencia 221/2017), el cual pereció por desinterés del demandante en el juicio y que en nada cambió su situación de exclusión de la AN, ni la de los otros 3 diputados de Amazonas.

De lo anterior queda claro que de nada han servido las entradas y salidas de los diputados de Amazonas de la AN, pues seguimos con un Poder Legislativo atado de manos con las consecuencias ya conocidas hasta la fecha, derivadas de la completa anulación de sus competencias.

Dicha problemática se agravó con la llegada de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) que funge como un ilegítimo parlamento nacional, además con poderes supraconstitucionales.

Diputados de Amazonas

¿Y a ti venezolano, cómo te afecta?

Al impedir el ejercicio de la representación política de Amazonas y la Región Indígena Sur de dicha entidad que también abarca el estado Apure, por parte de los diputados electos, el TSJ violó los derechos políticos más básicos de sus habitantes, así como la voluntad popular de todos los venezolanos al desconocer además por esa causa todos los actos de la AN.

El Gobierno nacional tiene como una de sus banderas a los indígenas, pero al apoyar las acusaciones de fraude electoral en las elecciones parlamentarias en ese estado y pedir a través del Psuv que se repitieran los comicios para que nunca se hicieran, demostró junto al Poder Judicial que poco le importa esta población, ni la democracia en Venezuela y por ello es que no hay defensa alguna del colectivo, aunque sostenga siempre lo contrario.

 

 

 

Decreto de ANC contra partidos viola libertad política y derecho al sufragio


Tarjetón regionales-2017

La ANC concretó las amenazas del presidente de la República Nicolás Maduro contra los partidos políticos entre ellos, Voluntad Popular (VP), Primero Justicia (PJ) y Acción Democrática (AD) que no participaron en las elecciones municipales y decretó que debían renovarse nuevamente ante el Consejo Nacional Electoral para poder presentar candidaturas a las presidenciales de 2018.

Acceso a la Justicia quiere destacar que estamos ante otra decisión írrita que trata de complacer los caprichos del Gobierno nacional para cancelar a las principales organizaciones que integran la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), e impedir ilegítimamente su participación en la próxima contienda electoral para elegir al Jefe de Estado.

máquina de votación Así mismo acotamos que la medida aprobada por la ANC es incompatible con la libertad política (artículo 62 constitucional) y con el derecho al sufragio (artículo 63 constitucional), además de violatoria al principio de legalidad, piedra angular de toda sociedad democrática, al sancionar a las organizaciones con fines políticos a partir de una conducta que no está encuadrada como infracción, delito o falta electoral en la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones, tal y como lo establecen los artículos 49.7 y 137.

Se trata, adicionalmente, de una decisión que produce una peligrosa escisión del Estado constitucional y democrático de Derecho al ponerse al margen de lo dispuesto en el artículo 32 de la mencionada legislación que regula a las toldas políticas, clave para asegurar la estabilidad y existencia jurídica de dichas organizaciones.

De hecho, a partir de esta importante base legal sólo se exige la renovación de nóminas de inscritos de las organizaciones con fines políticos cuando estas no hayan participado en dos procesos electorales consecutivos. Son muy claros los supuestos -cuatro en total- a través de los cuales podrían ser canceladas las inscripciones de los partidos ante el CNE:

  • Cuando sea solicitada por el propio partido, conforme a sus estatutos internos.
  • Por la fusión o incorporación a otro partido político.
  • Cuando el partido ha dejado de participar en las elecciones, en dos períodos constitucionales sucesivos.
  • Cuando se compruebe que hubo fraude durante la inscripción o que su actuación no estuviere ajustada a las normas legales.

De esta forma la ANC nos muestra cómo en sus decisiones predominan los intereses del Gobierno nacional al obligar, en este caso, a las organizaciones o partidos políticos a validar nuevamente la nómina de sus afiliados por no haber participado –legítimamente- en la contienda electoral pasada.

Vale recordar, al respecto, que con ocasión de la sentencia n° 1 de fecha 5 de enero de 2016   dictada por la Sala Constitucional (SC) la mayoría de los partidos, entre abril y junio de este año, debieron someterse a un proceso de renovación de nómina, atestado de irregularidades y obstáculos propiciados por el ente comicial.

partidos políticos

El forzado cumplimiento de este proceso de validación permitió a las toldas políticas participar en las cuestionadas elecciones de gobernadores celebradas el domingo 15 de octubre.  Pero los ilícitos de dicha jornada que fueron desde cambios de última hora de centros de votación, voto asistido a favor del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) y la destitución del electo gobernador del Zulia, Juan Pablo Guanipa por no juramentarse ante la ANC, entre muchas otras, provocaron que el grueso de la oposición se abstuviera de competir por las alcaldías, como forma de protesta. Está visto que para el chavismo en el poder rebelarse contra sus abusos es un delito.

¿Y a ti venezolano, cómo te afecta?

 La  transgresión de la Constitución y las leyes por parte de la Constituyente  sólo generará más orfandad e incertidumbre jurídica, más allá de favorecer la exacerbada polarización política que actualmente se vive en el país.

Pero a pesar de esta realidad  es importante  reforzar  la confianza en los pocos instrumentos y espacios ciudadanos que todavía tenemos para defender y denunciar las constantes violaciones a los derechos humanos, a fin de alcanzar la pronta recuperación de nuestro país.

TSJ le tendió la alfombra roja a la dictadura en 2017


TSJ le tendió la alfombra roja a la dictadura en 2017

Si al término de 2016 Acceso a la Justicia declaró que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) acabó con la democracia en Venezuela a través de sentencias inconstitucionales como la que dejó al estado Amazonas sin representación en la Asamblea Nacional (AN), durante 2017 el máximo tribunal del país superó todas las expectativas y le tendió una alfombra roja al paso formal de una dictadura en Venezuela.

El año comenzó sin dar tregua a la guerra declarada del poder político contra el Parlamento nacional desde diciembre de 2015 por la juramentación de 4 diputados de Amazonas, tras lo cual lo declaró en desacato (enero de 2016). El 11 de enero de 2017, la Sala Constitucional (SC, sentencia n° 2) del TSJ dictaminó que todas las sesiones de la AN desde su instalación el 05 de enero eran nulas – por ende desconoció la juramentación de la nueva directiva encabezada por el diputado Julio Borges – y prohibió el inicio del nuevo período legislativo mientras persistiera la sanción.

Desde allí y hasta casi la llegada del receso navideño (15 de diciembre) la máxima autoridad del Poder Judicial no tuvo reparo a la hora de acabar con lo que quedaba de Constitución y sentencia tras sentencia a lo largo de todo este año, despejó el camino al Ejecutivo de todos los obstáculos que le imponía la ley para instaurar su modelo totalitario en nuestro país, a costa de lo que fuera necesario, incluso de vidas.

Ruptura del orden constitucional

El 27 y 29 de marzo la comunidad nacional e internacional fue sorprendida con los fallos 155 y 156. El primero básicamente dejó sin efecto la inmunidad parlamentaria y habilitó al Presidente de la República para legislar bajo estado de excepción, mientras que el segundo estableció que la SC, o el órgano que ella determinara, asumían las funciones de la AN por persistir su desacato.

Coincidimos con otros expertos juristas en que ambas sentencias son quizás las más graves del año porque desencadenaron cuatro meses (abril a julio) de fuertes protestas en todo el país, con un saldo de más de 100 muertes de ciudadanos, la mayoría jóvenes a manos de las fuerzas de seguridad del Estado.

Luisa Ortega Díaz denunció ruptura del orden constitucional

Luisa Ortega Díaz denunció ruptura del orden constitucional

Ante la advertencia de la fiscal general Luisa Ortega Díaz, según la cual ambos sentencias constituían una “ruptura del orden constitucional”, la condena de numerosos países del mundo y la denuncia de “autogolpe” del secretario de la Organización de Estados Americanos (OEA) Luis Almagro , el Consejo de Defensa de la Nación, convocado por el Jefe de Estado, Nicolás Maduro, sugirió al TSJ “revisar” esas decisiones como en efecto lo hizo. Así, el 01 de abril la cabeza del Poder Judicial publicó las sentencias 157 y 158 en las que supuestamente revirtió el despojo de la inmunidad parlamentaria y de las competencias de la AN. El tiempo demostró que no fue más que una “mampara”, puesto que el legislativo continuó y sigue anulado aún hoy sus atribuciones, ahora con la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) quien sanciona las leyes que le son necesarias, incluyendo la ley que contiene el presupuesto nacional de 2018.

Constituyente sin pueblo

Entrando mayo, un Gobierno nacional consciente de que su popularidad se hallaba en el sótano (sólo 10% para enero de 2017 según sondeos), olvidó por completo la tan invocada por Hugo Chávez soberanía popular (cuando convocó la ANC en 1999) y por el partido de gobierno mientras tuvo la mayoría popular.

Así el primer día de mayo, Maduro emitió su decreto para llamar a la Constituyente por iniciativa propia, y el día 31, ante las críticas incluso internas porque no se tenía pensando hacer un referendo para preguntarle al pueblo si estaba de acuerdo o no, el máximo juzgado del país sentenció (SC 378/2017) que “no era necesario ni constitucionalmente obligante” realizar la consulta popular. Y no se quedó allí, el 12 de junio (sentencia SC 455/2017), avaló las bases comiciales para elegir a los constituyentistas.

En su momento, Acceso a la Justicia denunció que el método de elección de los miembros de la ANC violaba el derecho al voto y el principio de la universalidad del sufragio, porque por un lado se sectorizó la votación con grupos seleccionados por el mismo Maduro (campesinos, pescadores, trabajadores públicos, entre otros) y por el otro, la distribución poblacional no fue la adecuada, es decir, estados menos poblados elegían más constituyentes y los más poblados, por ejemplo el Zulia (con una clara tendencia opositora), escogían menos.

La “afrenta” de la fiscal general se la cobró el alto Tribunal (sentencia de la Sala Plena 65/2017), aprobando un antejuicio de mérito sin la autorización de la AN el 4 de agosto  contra la funcionaria, hoy en el exilio, por presuntas faltas graves en el ejercicio de su cargo.

La voluntad popular también fue vulnerada, cuando entre julio y agosto y sin el menor respeto al debido proceso, el TSJ condenó a 15 meses de prisión a los alcaldes David Smolansky (El Hatillo), Ramón Muchacho (Chacao), Carlos García (Mérida), Alfredo Ramos (Barquisimeto) y Gustavo Marcano (Lechería). Otros 12,  más el exgobernador de Miranda, Henrique Capriles estuvieron en la mira.

Un tema tan sensible como es el derecho a la salud, seriamente afectado por la escasez de medicamentos y la negativa del Ejecutivo a aceptar ayuda humanitaria, a sabiendas de que no ha podido resolver ni aliviar el problema, fue abordado por el alto Tribunal pero no de forma favorable. El 27 de octubre rechazó de manera definitiva (sentencia de la SC 823/2017) la solicitud de la ONG Cecodap (intentada otras 3 veces ante distintas instancias del Poder Judicial) para que el Gobierno le garantizara medicamentos a la población infantil.

Finalmente, el país cerrará 2017 y comenzará 2018 con el ya eterno estado de excepción avalado 12 veces por el TSJ, la última vez, el 22 de noviembre al declarar constitucional (sentencia de la SC 959/2017) una nueva prórroga de 60 días firmada por Maduro, es decir hasta el 22 de enero.  A los magistrados poco les ha importado que el primer mandatario siga sin especificar cuáles garantías constitucionales restringe la medida que, según la norma constitucional debe ser temporal, y aprobada por la AN, además de notificada a la comunidad internacional a través del Secretario General de la Organización de Naciones Unidas (ONU), de acuerdo con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 4.3).

¿Y a ti venezolano, cómo te afecta?

ANCCon poderes públicos plegados al poder y una AN atada de manos, los venezolanos vimos como este año el régimen de Nicolás Maduro instauró impunemente en el país su propia dictadura con el ropaje democrático de tres elecciones fraudulentas (ANC, regionales y municipales).  Todo indica que en 2018 la tiranía seguirá profundizándose pese a las sanciones y la presión internacional y el ciudadano de a pie continuará pegado a la pared y obligado a depender de una bolsa de comida, sin que nadie lo defienda de la hiperinflación y de la escasez de medicinas y alimentos.

De momento, las violaciones sistemáticas de derechos humanos observadas en las protestas de abril a julio y la persecución judicial a la oposición política han pasado por alto. El trabajo de documentación y denuncia de las diversas ONG continuará a la espera de la justicia, sea dentro o fuera del país.

¿Qué dice la sentencia n° 550 del Tribunal Supremo de Justicia?


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Sala: Constitucional

Tipo De Recurso: Desacato

Nº Exp: 17-0563      TSJ/SC Nº Sent: 550      Fecha: 01-08-2017

Caso: Acción de protección de derechos e intereses colectivos o difusos interpuesta por Elizabeth Izarra Peña y otros

Decisión: Niega solicitud de diferimiento y mantiene la celebración de la audiencia para el día miércoles 02 de agosto de 2017

Extracto:

“Vista la solicitud formulada el 31 de julio de 2017, por el Alcalde del Municipio Libertador del Estado Mérida, ciudadano Carlos García Odón, a través de su representación judicial, en la cual pide el diferimiento de la audiencia constitucional fijada para el día miércoles 2 de agosto de 2017, a las diez de la mañana, en aras de su derecho a la defensa, por cuanto no ha podido -según alega- imponerse de las actuaciones en el expediente.

Esta Sala, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26, 49, 51 y 257 del Texto Fundamental, pasa a pronunciarse sobre lo solicitado, y al respecto, observa:

El derecho a la defensa comporta como lo ha sostenido esta Sala en reiteradas oportunidades, entre otras, en sentencia n° 1166 del 29 de junio de 2001, caso Alejandro de la Cruz Moreno, que “…las partes enfrentadas, en condiciones de igualdad, deben disponer de mecanismos suficientes que les permitan alegar y probar las circunstancias tendientes al reconocimiento de sus intereses, aunque, necesariamente, una sola de ellas resulte gananciosa (…)”.

De la revisión de las actas del expediente se observa que la sentencia n° 371 del 24 de mayo de 2017 fue notificada al ciudadano Carlos García Odón, Alcalde del Municipio Libertador del Estado Mérida el día 7 de junio de 2017, y desde esa oportunidad hasta la fecha de la solicitud de diferimiento, su representación judicial, abogados Armando Adolfo Vivas Maldonado y  Johanna Virginia Rojas, han actuado en la causa, en más de ocho oportunidades, para alegar y formular defensas así como efectuar pedimentos.

Por ello, dado que el amparo cautelar se ha decretado en una demanda de trascendencia nacional, como se expuso en la decisión n° 371 del 24 de mayo de 2017, por la denuncia referida al incumplimiento por parte del mencionado alcalde de los mandatos inherentes a sus funciones previstos en el artículo 178 constitucional, numerales 1, 2, 4, 5, 6 y 7; que según la parte accionante vulnera los derechos constitucionales a la vida, a la salud, al libre tránsito, al trabajo, a la alimentación, a la educación de los niños y adolescentes y demás estudiantes, a la familia, a la seguridad personal, a la recreación y a un ambiente sano ecológicamente equilibrado, entre otros consagrados en los artículos 20, 50, 55, 75, 78, 80, 83, 87, 102, 111, 112 y 127 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, es por lo que constatado como ha sido que el Alcalde del Municipio Libertador del Estado Mérida, ciudadano Carlos García Odón, se encuentra a derecho y ha ejercido en forma amplia y plena su derecho a la defensa conforme a lo dispuesto en el artículo 49 constitucional, y siendo un deber del Estado, que se desarrolla por medio del órgano jurisdiccional, realizar los actos de acuerdo a los lapsos establecidos en la ley, para garantizar la justicia expedita y oportuna a que se refiere el artículo 26 constitucional, es por lo que este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela por autoridad de la Ley, NIEGA la solicitud de diferimiento formulada por la representación judicial del mencionado ciudadano, en su condición de Alcalde del Municipio Libertador del Estado Mérida y, en consecuencia, MANTIENE la celebración de dicha audiencia constitucional para el día miércoles 2 de agosto de 2017, a las diez de la mañana. Así se decide.”

Comentario de Acceso a la Justicia: La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) mediante sentencia número 550 del 01 de agosto de 2017 negó la solicitud de diferimiento de la audiencia formulada por el alcalde del municipio Libertador del estado Mérida, Carlos García Odón y la mantuvo para el día miércoles 2 de agosto de 2017, a las 10:00 a.m. El alto Tribunal fijó la audiencia (sentencia 548 del 28 de julio de 2017) por el desacato a la sentencia 371 del 24 de mayo, que ordena impedir la obstaculización de vías y las manifestaciones públicas, por parte del mandatario local. El caso es el mismo que se le sigue a otros burgomaestres de oposición al Gobierno nacional por permitir protestas de calle en sus jurisdicciones.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/agosto/201662-550-1817-2017-17-0563.HTML