¿Qué dice la sentencia n° 550 del Tribunal Supremo de Justicia?


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Sala: Constitucional

Tipo De Recurso: Desacato

Nº Exp: 17-0563      TSJ/SC Nº Sent: 550      Fecha: 01-08-2017

Caso: Acción de protección de derechos e intereses colectivos o difusos interpuesta por Elizabeth Izarra Peña y otros

Decisión: Niega solicitud de diferimiento y mantiene la celebración de la audiencia para el día miércoles 02 de agosto de 2017

Extracto:

“Vista la solicitud formulada el 31 de julio de 2017, por el Alcalde del Municipio Libertador del Estado Mérida, ciudadano Carlos García Odón, a través de su representación judicial, en la cual pide el diferimiento de la audiencia constitucional fijada para el día miércoles 2 de agosto de 2017, a las diez de la mañana, en aras de su derecho a la defensa, por cuanto no ha podido -según alega- imponerse de las actuaciones en el expediente.

Esta Sala, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26, 49, 51 y 257 del Texto Fundamental, pasa a pronunciarse sobre lo solicitado, y al respecto, observa:

El derecho a la defensa comporta como lo ha sostenido esta Sala en reiteradas oportunidades, entre otras, en sentencia n° 1166 del 29 de junio de 2001, caso Alejandro de la Cruz Moreno, que “…las partes enfrentadas, en condiciones de igualdad, deben disponer de mecanismos suficientes que les permitan alegar y probar las circunstancias tendientes al reconocimiento de sus intereses, aunque, necesariamente, una sola de ellas resulte gananciosa (…)”.

De la revisión de las actas del expediente se observa que la sentencia n° 371 del 24 de mayo de 2017 fue notificada al ciudadano Carlos García Odón, Alcalde del Municipio Libertador del Estado Mérida el día 7 de junio de 2017, y desde esa oportunidad hasta la fecha de la solicitud de diferimiento, su representación judicial, abogados Armando Adolfo Vivas Maldonado y  Johanna Virginia Rojas, han actuado en la causa, en más de ocho oportunidades, para alegar y formular defensas así como efectuar pedimentos.

Por ello, dado que el amparo cautelar se ha decretado en una demanda de trascendencia nacional, como se expuso en la decisión n° 371 del 24 de mayo de 2017, por la denuncia referida al incumplimiento por parte del mencionado alcalde de los mandatos inherentes a sus funciones previstos en el artículo 178 constitucional, numerales 1, 2, 4, 5, 6 y 7; que según la parte accionante vulnera los derechos constitucionales a la vida, a la salud, al libre tránsito, al trabajo, a la alimentación, a la educación de los niños y adolescentes y demás estudiantes, a la familia, a la seguridad personal, a la recreación y a un ambiente sano ecológicamente equilibrado, entre otros consagrados en los artículos 20, 50, 55, 75, 78, 80, 83, 87, 102, 111, 112 y 127 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, es por lo que constatado como ha sido que el Alcalde del Municipio Libertador del Estado Mérida, ciudadano Carlos García Odón, se encuentra a derecho y ha ejercido en forma amplia y plena su derecho a la defensa conforme a lo dispuesto en el artículo 49 constitucional, y siendo un deber del Estado, que se desarrolla por medio del órgano jurisdiccional, realizar los actos de acuerdo a los lapsos establecidos en la ley, para garantizar la justicia expedita y oportuna a que se refiere el artículo 26 constitucional, es por lo que este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela por autoridad de la Ley, NIEGA la solicitud de diferimiento formulada por la representación judicial del mencionado ciudadano, en su condición de Alcalde del Municipio Libertador del Estado Mérida y, en consecuencia, MANTIENE la celebración de dicha audiencia constitucional para el día miércoles 2 de agosto de 2017, a las diez de la mañana. Así se decide.”

Comentario de Acceso a la Justicia: La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) mediante sentencia número 550 del 01 de agosto de 2017 negó la solicitud de diferimiento de la audiencia formulada por el alcalde del municipio Libertador del estado Mérida, Carlos García Odón y la mantuvo para el día miércoles 2 de agosto de 2017, a las 10:00 a.m. El alto Tribunal fijó la audiencia (sentencia 548 del 28 de julio de 2017) por el desacato a la sentencia 371 del 24 de mayo, que ordena impedir la obstaculización de vías y las manifestaciones públicas, por parte del mandatario local. El caso es el mismo que se le sigue a otros burgomaestres de oposición al Gobierno nacional por permitir protestas de calle en sus jurisdicciones.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/agosto/201662-550-1817-2017-17-0563.HTML

 

¿Qué dice la sentencia n° 549 del Tribunal Supremo de Justicia?


alcalde

Sala: Constitucional

Tipo De Recurso: Desacato

Nº Exp: 17-0600      TSJ/SC Nº Sent: 549      Fecha: 01-08-2017

Caso: Acción de protección de derechos e intereses colectivos o difusos interpuesta por Micaela Alexandra Zavarce, César Antonio Linares Adarfio y otros.

Decisión: Fija y convoca Audiencia Pública y Decreta prohibición de salida del País.

Extracto:

“Visto que, el 8 de junio de 2017, la sentencia n° 401 del 1 de ese mismo mes y año fue notificada al ciudadano José Antonio Barreras Blanco, en su carácter de Alcalde del Municipio Palavecino del Estado Lara.

Visto que con ocasión de esa decisión, esta Sala Constitucional acordó requerir en atención a lo contemplado en el artículo 70 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y en el artículo 177 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, el apoyo y colaboración de los Juzgados con competencia en lo Civil y con competencia en Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, a los fines de que practiquen en el Municipio Palavecino, las inspecciones correspondientes, con la finalidad de constatar el cumplimiento o no del amparo cautelar en los términos en que ha sido dictado por esta Sala, e informe de dichas resultas a esta instancia constitucional, dados los intereses colectivos tutelados.

Transcurrido como ha sido el lapso para la realización de las inspecciones ordenadas, y dado que en la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales no está contemplado procedimiento alguno para la valoración sobre el cumplimiento o el posible incumplimiento de un mandamiento de amparo como el decretado en la presente causa.

Visto que, conforme con lo señalado en el artículo 98 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, cuando en el ordenamiento jurídico no se preceptúe un proceso especial a seguir se aplicará el que exclusivamente las Salas de este Alto Tribunal juzguen más conveniente para la realización de la justicia, siempre que tenga fundamento legal.

Esta Sala, para determinar el presunto incumplimiento al mandamiento

de amparo cautelar decretado, estima que el procedimiento que más se adecua para la consecución de la justicia en el caso de autos es el estipulado para el amparo constitucional, tal y como lo señalara en sentencia n° 138 del 17 de marzo de 2014, recaída en el caso Vicencio Scarano Spisso, por lo que de conformidad con la Ley que rige la materia, se CONVOCA al ciudadano José Antonio Barreras Blanco, Alcalde del Municipio Palavecino del Estado Lara, a una audiencia pública que se celebrará dentro de los cuatro (4) días siguientes a que conste en autos su notificación, para que exponga los argumentos que a bien tuviere en su defensa.

A tenor de lo señalado en el artículo 23 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, en concordancia con la sentencia N° 7 de 1 de febrero de 2000 (caso: José Amando Mejía), en la cual se señaló que: “La falta de comparecencia del presunto agraviante a la audiencia oral aquí señalada producirá los efectos previstos en el artículo 23 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales”, la inasistencia del aludido funcionario municipal a la audiencia pública se tendrá como aceptación de los hechos.

Una vez celebrada la audiencia la Sala, podrá decidir inmediatamente el fondo; en cuyo caso expondrá de forma oral el fallo, y lo publicará dentro de los cinco (5) días siguientes; o diferir cualquier pronunciamiento, por estimar que es necesaria la presentación o evacuación de alguna prueba que sea fundamental para resolver el caso.

Esta Sala Constitucional, en el supuesto de constatar el desacato, impondrá la sanción conforme a lo previsto en el artículo 31 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales y remitirá la decisión para su ejecución a un juez de primera instancia en lo penal en funciones de ejecución del Circuito Judicial Penal correspondiente.

De conformidad con los artículos 26 de la Constitución y 130 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, esta Sala para garantizar la tutela judicial efectiva, atendiendo a la potestad que dicha norma consagra para dictar -de oficio- las medidas cautelares dadas las circunstancias del caso y los intereses públicos en conflicto, acuerda como medida cautelar la prohibición de salida del país del ciudadano José Antonio Barreras Blanco, titular de la cédula de identidad n° V-27.198.813.”

Comentario de Acceso a la Justicia: La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) mediante sentencia número 549  del 01 de agosto de 2017, convocó al alcalde del municipio Palavecino del estado Lara, José Antonio Barreras Blanco, a una audiencia pública que se celebrará dentro de los cuatro (4) días siguientes a que conste en autos su notificación, para que exponga los argumentos que a bien tuviere en su defensa por desacatar la sentencia 401 del 1 de junio que ordena impedir la obstaculización de vías y las manifestaciones públicas. Esto, porque desde el punto de vista del Gobierno nacional, el haber permitido las protestas en su jurisdicción ha “afectado” derechos ciudadanos tales como la libre circulación y que los niños, niñas y adolescentes puedan desenvolverse en un ambiente libre de violencia, entre otros.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/agosto/201659-549-1817-2017-17-0600.HTML

El documento fundamental en la demanda de invalidación de sentencia


imagen de penal

Sala: de Casación Social

Tipo De Recurso: Casación

Nº Exp: 16-974      TSJ/SCS Nº Sent: 480      Fecha: 07-06-2017

Caso: demanda de invalidación interpuesta por Sorangel Sánchez Mayorca contra Proequip Salud Asociación Civil C.A. (PROEQUIP AC)

Decisión: CON LUGAR el recurso de casación. ANULA el fallo recurrido. REPONE la causa al estado de que el Juzgador de juicio de la referida Circunscripción Judicial que resulte competente dicte decisión sobre el fondo del recurso de invalidación.

Extracto:

Acto seguido, la recurrida consideró que al haber incumplido la parte solicitante de la invalidación, con su deber de acompañar a la demanda el instrumento fundamental de la acción, tal como lo prevén los artículos 330, 340.6 y 434 del Código de Procedimiento Civil, o indicar, en caso, de ser un instrumento público, los datos de la oficina o registro en que se hallen, o presentar sus originales en caso de ser privados, devenía la inadmisibilidad de la acción.

Estima conveniente esta Sala indicar, que si bien el artículo 330 del Código de Procedimiento Civil, norma de aplicación supletoria, en la sustanciación del recurso de invalidación, establece: “El recurso se interpondrá mediante un escrito que contenga los requisitos indicados en el artículo 340, y al mismo se acompañarán los instrumentos públicos o privados fundamentales del recurso. El recurso se sustanciará y decidirá en cuaderno separado del expediente principal, por los trámites del procedimiento ordinario” en concordancia con los artículos 340 ordinal 6 eiusdem, que dispone: “El libelo de la demanda deberá expresar: (…) 6º Los instrumentos en que se fundamente la pretensión, esto es, aquellos de los cuales se derive inmediatamente el derecho deducido, los cuales deberán producirse con el libelo” y el artículo 434, que prevé: “Si el demandante no hubiere acompañado su demanda con los instrumentos en que la fundamenta, no se le admitirán (…)”; dichas normas deben ser interpretadas a la luz de los principios que rigen el proceso laboral, entre ellos, la uniformidad, brevedad, oralidad, publicidad, gratuidad, celeridad, inmediatez, concentración, prioridad de la realidad de los hechos y equidad; habida cuenta de que en materia procesal laboral, el procedimiento ordinario, a fin de cumplir con el postulado de rango constitucional de garantizar una justicia expedita y oportuna, está desprovisto de una serie de formalismos propios del procedimiento civil ordinario, como lo es presentar con el libelo de demanda el instrumento fundamental de la acción, tal como lo asentó esta Sala en sentencia N° 168 de fecha 26 de julio de 2001 (caso: José Dionisio Sifontes contra Ingeniería y Servicios Técnicos Newsca, S.A.), reseñada supra.

Así pues, al observar esta Sala que el juez de la recurrida señaló que el recurso de invalidación interpuesto por Proequip Salud Asociación Civil AC (PROEQUIP AC) fue contra las actuaciones procesales que se encuentran contenidas en el expediente N° RP31-L-20152000296 de la nomenclatura utilizada por el Juzgado Tercero de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo del estado Sucre -las cuales cursan agregadas a los folios 111 al 179 de la pieza única del expediente-; y que en el procedimiento ordinario laboral -aplicable al procedimiento del recurso de invalidación-, dentro de los requisitos de la demanda no prevé que se debe acompañar, el instrumento fundamental de la acción, tal como lo disponen los artículos 330, 340.6° y 434 del Código de Procedimiento Civil -normas de aplicación supletoria, siempre que no contraríen los principios del procedimiento ordinario laboral-, y siendo que las causales de inadmisibilidad de la demanda se regulan conforme a las previsiones contenidas en los artículos 341 del Código de Procedimiento Civil y 124 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, cuyos presupuestos normativos no se configuraron en el caso de autos, colige esta Sala, que el fallo recurrido está incurso en el quebrantamiento de formas procesales que menoscaban el derecho a la defensa, el debido proceso y la tutela judicial efectiva de la parte recurrente Proequip Salud Asociación Civil AC (PROEQUIP AC), pues la recurrida declaró inadmisible la demanda, sobre la base del incumplimiento de la parte demandada de un requisito no previsto en el procedimiento ordinario laboral. Así se establece.

Comentario de Acceso a la Justicia: La Sala considera que el instrumento fundamental de la acción, en el presente caso, lo constituiría la copia certificada de la sentencia ejecutoriada y no los medios de pruebas que sustenten la invalidación, pues esa es la cuestión fáctica que debe ser demostrada en el juicio.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scs/junio/199709-0480-7617-2017-16-974.HTML

    

Efectos de la publicación fuera de lapso de la sentencia penal


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Sala: de Casación Penal

Tipo De Recurso: de Casación

TSJ/SCP Nº: 141      Fecha: 07-04-2017

Caso: Jonny Gabriel Daza Mendoza

Decisión: Decreta la nulidad de oficio de todas las actuaciones relacionadas con el acusado JONNY GABRIEL DAZA MENDOZA, posteriores a la sentencia condenatoria, por admisión de los hechos, de fecha 3 de septiembre de 2015, dictada por el Tribunal Segundo de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del estado Mérida. Se ordena reponer la causa al estado que se realicen las notificaciones a las partes, (incluyendo al acusado detenido) de la sentencia emitida por el Tribunal Segundo de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del estado Mérida el 3 de septiembre de 2015.

Extracto:

“De lo anteriormente transcrito, se evidencia que existen tres momentos procesales para publicar una sentencia, bien sea definitiva o interlocutoria con fuerza de definitiva, a saber:

1.- La sentencia se dicta una vez concluido el debate de juicio (fase de juzgamiento), o finalizado la audiencia preliminar (fase intermedia).

2.-  Cuando el Tribunal se acoge al lapso de ley a los fines de publicar el texto íntegro de la sentencia (10 días hábiles contados a partir del día siguiente que es pronunciada la parte dispositiva en juicio, conforme al artículo 347 del Código Orgánico Procesal Penal, o 3 días hábiles si la sentencia interlocutoria con fuerza de definitiva es dictada en la fase intermedia).

3.-  Publicada fuera del lapso legal, en este caso, deberá notificarse la sentencia a las partes y a la víctima -si la hay-, debiendo correr el lapso de apelación una vez que conste en autos el último de los notificados (incluyendo el acusado detenido).

De lo anteriormente reseñado, es evidente que el Tribunal Segundo de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del estado Mérida, debió dictar el texto en extenso de la sentencia condenatoria por aplicación del procedimiento por admisión de los hechos, el mismo día de la audiencia (19 de agosto de 2015), por cuanto no se desprende del acta de la Audiencia Preliminar que el juez se haya reservado el lapso legal para su publicación, previa notificación de las partes involucradas, y en caso que lo hubiera hecho, tenía hasta el día lunes 24 de agosto de 2015.

Ahora bien, la jurisprudencia de este Alto Tribunal ha señalado que en el caso que el Tribunal publique la sentencia fuera del lapso legal, está en la obligación de notificar a las partes y trasladar al acusado detenido para su imposición; asimismo el lapso para la interposición del recurso de apelación deberá computarse a partir de que conste en autos la última notificación. (Vid., fallo de esta Sala N° 139 del 11 de marzo de 2016, caso Omar Alexis Díaz Peña).

Por todo lo anteriormente expuesto, esta Sala de Casación Penal, considera que el  Tribunal Segundo de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del estado Mérida, así como la Corte de Apelaciones del mencionado Circuito Judicial Penal, lesionaron derechos constitucionales y procesales al no analizar y darle efectiva aplicación a las referidas jurisprudencias, con respecto al deber de notificar a las partes, con la finalidad de que comience a contarse los lapsos para el ejercicio de los medios recursivos, pronunciándose la Corte de Apelaciones sobre la inadmisibilidad de la sentencia recurrida, y no constatando la omisión de las notificaciones a las partes de la publicación de la sentencia. Así se decide.”

Comentario de Acceso a la Justicia: Por una parte se ratifica el criterio relativo a los tipos y oportunidades para publicar sentencias en el proceso penal y se hace énfasis en la necesidad de notificar a las partes la sentencia que haya sido publicada fuera de los lapsos previamente señalados; lo cual de no cumplirse conlleva a la nulidad de todas las actuaciones posteriores.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scp/abril/197740-141-7417-2017-C17-78.HTML