Al reenganchar a un trabajador procede pago de salarios caídos, el cestaticket y demás beneficios dejados de percibir en especie


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Sala: de Casación Social

Tipo de Recurso: Casación

Nº Sent: 1243                          Fecha: 13-12-2017

Caso: Daniel Alberto Machado Barrios contra Pepsi-Cola Venezuela, C.A.

Decisión: Con Lugar

Extracto:

“La norma in commento no limita los beneficios laborales dejados de percibir a aquellos que se materialicen en dinero, de allí que, resulta aplicable el principio de interpretación según el cual, donde no distingue el legislador no le es dado hacerlo al intérprete, y en consecuencia, no le está dado al juzgador restringir los derechos del trabajador durante el lapso en que estuvo suspendida la relación laboral por el procedimiento de inamovilidad, excluyendo beneficios en especie a que tenían derecho todos los trabajadores activos.

(…)

En relación con la jurisprudencia de esta Sala de Casación Social que el formalizante alega incluye solo los beneficios en dinero y no en especie, la misma condenó el pago de los beneficios reclamados, que casualmente eran dinerarios, pero en sentencia alguna se ha excluido expresamente el pago de beneficios en especie.

Por las razones anteriores, considera la Sala que la recurrida no incurrió en error de interpretación del artículo 425 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, y en consecuencia, se declara improcedente la denuncia.”

Comentario de Acceso a la Justicia: Consideró la SCS/TSJ en la sentencia, que una vez que proceda el reenganche del trabajador no sólo procede el pago de los salarios caídos sino también todos aquellos beneficios a los que hubiese tenido derecho de estar efectivamente prestando sus servicios como trabajador, es decir, los beneficios en especie a que tenían derecho todos los trabajadores activos, incluyendo los establecidos convencionalmente en el contrato colectivo.

Voto Salvado: No tiene

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scs/diciembre/206449-1243-131217-2017-17-674.HTML  

Las utilidades legales se calculan a razón de 30 días por año, empleando el salario normal promedio del año


BILLETES

Sala: de Casación Social

Tipo De Recurso: Casación

TSJ/SCS Nº Sent: 876        Fecha: 16-10-2017

Caso: Demanda por cobro de prestaciones sociales interpuesta por Freddy Enrique Soto Montilla contra José Rafael Andrade Villegas

Decisión: CON LUGAR y SE ANULA el fallo recurrido.

Extracto:

“Utilidades, el accionante reclama dicho concepto por la totalidad del tiempo de servicio, en este contexto, aprecia esta Sala de las documentales cursantes a los folios 108, 113, 116 y 120 de la primera pieza, que dicho concepto fue honrado con base al salario mínimo nacional, es decir, sin considerar los recargos correspondientes por concepto de bono nocturno, días de descanso y feriados laborados, y días compensatorios no otorgados, en tal sentido, siendo que debió considerarse el salario normal para su pago, resulta procedente el recalculo de las utilidades a razón de treinta (30) días por año, empleando el salario normal promedio del año en el cual se generó el derecho a percibirlo, una vez obtenido los referidos montos, deberá deducirse las cantidades canceladas por el mencionado concepto.”

Comentario de Acceso a la Justicia: Con respecto al salario base de cálculo para las utilidades ha sido criterio pacífico y reiterado de la Sala, entre otras, en sentencias No. 1778 del 6 de diciembre de 2005, No. 2246 del 6 de noviembre de 2007, No. 226 del 4 de marzo de 2008, No. 255 del 11 de marzo de 2008, No. 1481 del 2 de octubre de 2008 y la 1793 del 18 de noviembre de 2009, que las utilidades se pagan con base en el salario promedio devengado en el año en que se generó el derecho, es decir, al salario normal promedio devengado en el año y no el “últimos salario o el salario integral” pues, el salario integral conformado por el salario normal más las alícuotas de utilidades y bono vacacional, se utiliza para el pago de la prestación de antigüedad o “prestaciones sociales”.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scs/octubre/203808-0876-161017-2017-17-247.HTML

 

Boletín n.° 4. Del 4 al 11 de septiembre de 2017


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Barra libre para un festín con los salarios de altos funcionarios – Acceso a la JusticiaMemorias por la Vida – Un Mundo Sin Mordaza. Pretensión totalitaria anunciada: la regulación de redes sociales – Espacio PúblicoEnviada lista de presos políticos al Parlamento Europeo – Foro Penal VenezolanoComienzan los delitos electorales y aún no hay fecha para elecciones –Transparencia Venezuela. “Nuevas” medidas económicas: mayor corrupción, crisis y represión- Transparencia Venezuela. 

Boletin 4 Crisis en Venezuela

¿Qué dice la sentencia n.° 686 del TSJ sobre la Ley de Emolumentos?


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La sentencia n.° 686 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró nula la Ley Orgánica de Emolumentos, Pensiones y Jubilaciones de los Altos Funcionarios y Altas Funcionarias del Poder Público, que establecía los límites a las remuneraciones para este tipo de servidores públicos.

La legisladora del estado Carabobo, Neidy González introdujo ante el alto Tribunal un recurso de nulidad contra los artículos 4 y 17 de la citada normativa, que el TSJ declaró con lugar y aprovechó para anular todo el instrumento legal.

Barra libre para un festín con los salarios de altos funcionarios


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La sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) con la que se declaró nula la Ley Orgánica de Emolumentos, Pensiones y Jubilaciones de los Altos Funcionarios y Altas Funcionarias del Poder Público, que establecía los límites a las remuneraciones para este tipo de servidores públicos, pasó por debajo de la mesa.

Lo grave de dicha decisión radica en que abre la puerta a la arbitrariedad, a la opacidad, a la no rendición de cuentas y a que se desangre el presupuesto público con salarios que se niegan al resto de la población.

La ley fue aprobada por la Asamblea Nacional anterior con mayoría del chavismo y fue publicada en la Gaceta Oficial n.° 39.952 del 12 de enero de 2011. Tal instrumento legal se dictó en ejecución de lo dispuesto en el artículo 147 de la Constitución, cuyo segundo aparte señala expresamente que “La ley orgánica podrá establecer límites razonables a los emolumentos que devenguen los funcionarios públicos y funcionarias públicas municipales, estadales y nacionales”.

La normativa, como su nombre lo indica, limita las remuneraciones de los altos funcionarios del Estado y utiliza como base para ello el salario mínimo. Así, por ejemplo, el artículo 8 establecía como límite para el presidente, diputados, magistrados, fiscal general y ministros un salario que no podía ser mayor a 12 salarios mínimos, en el caso de viceministros 10 salarios y en el de gobernadores 9. Finalmente, para los legisladores estadales 8, para los alcaldes 7 y para los concejales, contralores municipales y síndicos 5 salarios mínimos.

Sin embargo, los topes no se quedaban allí; también se establecía que el bono vacacional tenía un límite de 45 días anuales y de 90 días para el de fin de año, y prohibía que los altos funcionarios tuvieran beneficios sociales “superiores en sus condiciones y alcance a los percibidos por los funcionarios públicos y funcionarías públicas de carrera”. Además, impedía el recibir cualquier clase de comisión por el ejercicio de sus funciones.

La solicitud vs. la decisión

Posteriormente, la legisladora estadal Neidy Rosal González (MUD-Carabobo) interpuso un recurso de nulidad contra los artículos 4 y 17 de la ley. Específicamente solicitó anular el artículo 4, pues si el funcionario ya tenía asignados los 8 salarios mínimos que imponía la ley, como en el caso de la demandante, no podía agregar otro ingreso, por cuanto se incluía dentro del concepto de emolumentos todo ingreso en dinero o en especie. Así, no era posible el beneficio del llamado cestaticket, aunque el mismo tenga un carácter social como lo establece el artículo 105, numeral 2 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras.

Por otro lado, pidió la nulidad del artículo 17 según el cual el aumento en el salario mínimo y su correspondiente impacto en la remuneración de los altos funcionarios tendría vigencia en el ejercicio fiscal del año siguiente en que se haya fijado el salario mínimo de referencia, con lo cual, a pesar de que el Presidente de la República hubiera establecido varios aumentos del salario mínimo, los legisladores estadales, como era el caso de la demandante, seguían devengando sus ingresos de acuerdo con el salario mínimo del año anterior y debían esperar al siguiente para verse beneficiados por lo ordenado por el Ejecutivo.

Hasta aquí las razones de la demanda interpuesta se limitaban a pedir el beneficio de cestaticket para los altos funcionarios y a que no se tuviera que esperar hasta el año siguiente para beneficiarse de los aumentos de salario mínimo del año anterior.

Para decidir sobre el primer aspecto de la petición, la Sala Constitucional declaró el asunto de mero derecho, sin explicar por qué lo estimó así, pues sólo indicó que es una “facultad discrecional”, obviando que aun en tal caso toda decisión debe estar debidamente sustentada y, en consecuencia, pasó directamente a sentenciar el fondo del asunto, sin que otras personas pudieran intervenir en el juicio o se promovieran o evacuaran pruebas. Precisamente es la consecuencia de que un juicio se declare de mero derecho.

Luego, la sentencia pasa a señalar que, aunque se solicitó la nulidad de dos artículos, la Sala Constitucional del TSJ estimaba que era necesario, sin indicar tampoco por qué, “determinar si la aplicación de la totalidad de la mencionada ley, infringe derechos constitucionales”. Así, tras citar los artículos constitucionales sobre diversos derechos de los trabajadores, y de indicar que la ley en cuestión debe “constituir un elemento que ayude a armonizar la remuneración de los funcionarios públicos con la situación económica del país y que sea acorde y justa con sus funciones”, señaló que el citado texto legal “unificó la remuneración de los funcionarios de alto nivel de todos y cada uno de los órganos nacionales, suponiendo una drástica disminución de la remuneración de los funcionarios o funcionarias de alto nivel”.

Esto último, que es un hecho (lo cual pone en evidencia que no se trataba de un juicio de mero derecho), no fue fundamentado por el TSJ pues no señala cuál es la base para llegar a tal conclusión y concluye que la unificación de remuneraciones constituye una violación de los derechos de los altos funcionarios, pues afecta la intangibilidad y progresividad de sus beneficios como trabajadores, además de constituir un “deterioro sistemático y continuo de la relación trabajo-salario, y además de los derechos adquiridos” (sin precisar cuáles).

A partir de estas generalidades, la Sala Constitucional concluye entonces que toda la ley (no sólo los dos artículos impugnados) “es inconstitucional, pues desconoce las remuneraciones que los funcionarios públicos nacionales, estadales y municipales han venido percibiendo, en aplicación de las leyes vigentes en su momento” y que además la ley de emolumentos “condujo a una clara depresión de los montos de las remuneraciones de los altos funcionarios del Estado, transgrediéndose la intangibilidad de los beneficios salariales” generándoles “una pérdida sustancial en la calidad de vida”.

Sin límites

Se debe señalar que no es cierto que el juicio fuera de mero derecho, pues ante la supuesta existencia de una depresión de los ingresos, esta debió ser probada. Para ello, habría que evidenciar que, aunque los montos de los salarios actuales tienen muchos ceros, y son mayores en número que los salarios de 2011, cuando entró en vigencia la ley, la inflación acumulada y, sobre todo, la capacidad de compra de la moneda ha bajado a niveles nunca vistos. Pero comentar sobre tales profundidades podría generar molestias que la Sala prefirió ahorrar, por ser todo ello consecuencia de la política económica y financiera gubernamental.

Por otro lado, lo que no tiene sentido alguno es que si el problema era con los montos a percibir o el hecho de que los aumentos tenían que esperar hasta el año siguiente, ¿por qué se anuló la ley entera?, ¿qué tienen que ver los límites a los bonos de fin de año o de vacaciones, o más aún con la prohibición de recibir comisiones? En fin ¿qué tiene que ver todo lo anterior con la prohibición de que los altos funcionarios tengan mejores beneficios que los demás funcionarios o trabajadores del Estado?

Lo antes expuesto es lo preocupante de la sentencia, y al mismo tiempo la explicación del silencio de “tirios y troyanos”, pues a partir de la nulidad del instrumento legal, con sus errores y virtudes, quedan sin límites las remuneraciones de los altos funcionarios del Estado, lo cual es especialmente preocupante en aquellos casos cuya percepción de ingresos propios les permitirá hacer lo que quieran con tales salarios sin tener que esperar el presupuesto del año que viene. Así, no será sorpresa que encontremos concejales de un municipio con 5.000 habitantes, con remuneraciones superiores al del Presidente de la República.

¿Y a ti venezolano, cómo te afecta?

Adicionalmente, esta nulidad dificultará una vez más la contraloría social, pues al existir dispares regímenes salariales los ciudadanos desearán saber cuánto gana su alcalde o su gobernador, y como ya ocurrió en el caso del Contralor General en 2010, la Sala dirá que eso no se puede informar por ser parte del derecho a la intimidad del funcionario. Es decir, al caos presupuestario se une la falta de transparencia: tormenta perfecta para el abuso.

Vale recordar que el TSJ no mostró la misma preocupación cuando el año pasado les negó a los pensionados el reclamo por el ticket alimentación, con el pretexto de la viabilidad económica que el Parlamento debió consultar primero con el Ejecutivo nacional. Viabilidad que por lo visto no hace falta para los altos funcionarios. ¿Esto es el socialismo del siglo XXI?

Si ha disminuido la calidad de vida de los funcionarios que ganan varias veces el salario mínimo, ¿qué les queda a nuestros pensionados y a la mayoría de los trabajadores que sólo devengan un único salario mínimo?

Pago de Bono Nocturno y Horas Extras no genera Salario Variable


SALARIO

Sala: de Casación Social

Tipo De Recurso: Casación

TSJ/SCS Nº Sent: 840        Fecha: 14-08-2017

Caso: Demanda por cobro de diferencia de acreencias laborales interpuesta por Henry Antonio Castillo Rojas contra Laboratorios la Sante, C.A.

Decisión: SIN LUGAR y CONFIRMA la decisión recurrida.

Extracto:

“Del extracto de sentencia transcrito supra se observa, que el sentenciador de alzada dictaminó que al devengar el accionante un salario por unidad de tiempo, era improcedente la solicitud de la incidencia de las horas extras y el bono nocturno generado en el pago de descanso semanal y días feriados, por cuanto el supuesto fáctico alegado no permite que la paga devengada se convierta de una remuneración fija a una variable.”

Comentario de Acceso a la Justicia: La Sala Social del TSJ considera que la actuación del ad quem fue acertada y ajustada a derecho al haber concluido apropiadamente que, por el tipo de jornada laborada por el accionante, no le corresponde la supuesta variabilidad salarial alegada en la cancelación de los días de descanso y feriados disfrutados.

En nuestra apreciación como bien afirma la Sala no existe salario variable sino una fluctuación del salario que es distinto a una variación, es decir, el salario base sigue siendo el mismo pero como es el caso se laboran horas extras que generan una fluctuación.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scs/agosto/202902-0840-14817-2017-17-260.HTML

El derecho a percibir propinas tiene carácter salarial, no así el monto de las propinas recibidas


SALARIO

Sala de Casación Social

Tipo De Recurso: Casación

TSJ/SCC Nº Sent: 729       Fecha: 07-08-2017

Caso: Demanda por cobro de diferencia de prestaciones sociales interpuesta por Marcel Eloy Medina Duque contra Representaciones Capcana 2006, C.A.

Decisión: Sin LUGAR y se confirma el fallo recurrido.

Extracto:

“De la norma transcrita se desprende que el derecho a percibir propinas tiene carácter salarial, no así las propinas recibidas; que dicho derecho se estimará por convención colectiva o por acuerdo entre las partes; y a falta de acuerdo entre las partes, la estimación se hará por decisión judicial; y, que el valor del mismo se determinará considerando la calidad del servicio, el nivel profesional y la productividad del trabajador o la trabajadora, la categoría del local y demás elementos derivados la costumbre o el uso.”

Comentario de Acceso a la Justicia: La Sala ordena la compensación del monto condenado contra las bonificaciones graciosas y no obligatorias que se le hicieron al trabajador. Así, en dicha sentencia se reitera criterio similar establecido por esa misma Sala Social del TSJ en sentencias N° 534 del 07/05/14 y 1647 del 11/11/14.

En tal sentido, se considera que la recurrida confirmó la estimación realizada por el a quo aplicando los criterios establecidos en las normas denunciadas, como son: la categoría del local (incorporando su ubicación y la capacidad de pago de sus clientes); la calidad del servicio; los precios de lo vendido (lo cual permite apreciar la productividad del trabajador); y, otros elementos derivados del uso y costumbre, señalando que es máxima de experiencia que el salario mínimo es la referencia de pago que tienen la mayoría de los patronos que tienen este tipo de negocio.

Se aprecia que la alzada examinó si el derecho a percibir propina estaba establecida en convención colectiva o por acuerdo entre las partes; y, por los alegatos del libelo y la contestación, concluyó que no existía tal acuerdo; y de conformidad con el artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, que repite lo dispuesto en el artículo 134 de la Ley Orgánica del Trabajo (1997), lo estimó en el equivalente a un salario mínimo, aplicando los criterios exigidos en dichas normas, con lo cual, no incurrió en falta de aplicación de las mismas. 

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scs/agosto/202115-0729-7817-2017-15-077.HTML