El camino a la eliminación de los partidos políticos de oposición en Venezuela


El camino a la eliminación de los partidos políticos de oposición en Venezuela

La situación actual que viven los partidos políticos de oposición en Venezuela no atiende al carácter plural y democrático definido en la Constitución. Las organizaciones políticas en el país han sido el centro de amenazas y ataques sistemáticos por parte del Gobierno nacional tras decisiones de la Sala Constitucional (SC) del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), el Consejo Nacional Electoral (CNE), y recientemente por la írrita Asamblea Nacional Constituyente (ANC), luego de que esta se instalara en agosto de 2017.

Y es que desde enero de 2016 los brazos ejecutores del régimen de Nicolás Maduro, impulsados por una farsa inconstitucional e ilegal, comenzaron a generar en el país una cadena de decisiones destinadas a favorecer la construcción de un proceso antipartidista para llevar adelante la cancelación de las organizaciones políticas disidentes u opositoras a su régimen.

Acceso a la Justicia ha considerado necesario determinar cuáles han sido los pasos desencadenantes que han forjado el camino hacia la desaparición de los partidos de oposición:

Primer paso: sentencia n.º 1 de la SC del 5 de enero de 2016

TSJ y eleccionesEste fallo constituye la piedra angular sobre la cual empezó a construirse la ruta de la exclusión de las organizaciones políticas, dado que la decisión judicial cuestionaba la validez de los partidos de la oposición que no habían presentado candidaturas propias en las elecciones presidenciales, celebradas tras la muerte del presidente Hugo Rafael Chávez en 2013, porque habían decidido ir a esa contienda con la tarjeta única de la organización Mesa de la Unidad Democrática (MUD), así como también lo hicieron en los comicios parlamentarios realizados el 6 de diciembre de 2015. De tal manera, se las obligó a renovar su nómina de inscritos ante el CNE por no haber participado en dos elecciones seguidas de manera directa.

La decisión de la Sala también impuso la renovación de la nómina de la militancia de las toldas que participaron en los comicios parlamentarios de 2015 pero que no pudieron alcanzar el 1% de los votos.

Así pues, la SC asumió la facultad de ordenarle al CNE que regulara la verificación de las nóminas de las organizaciones políticas en el lapso de sesenta días siguientes a la publicación de la sentencia, además de que debía “implementar mecanismos de seguridad (electrónica e informática) sobre la verificación de la manifestación de voluntad de los inscritos en los mismos, atendiendo a los requisitos señalados en el artículo 30 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales”.

Segundo paso: Normas para la Renovación de Nóminas de Inscritos de las Organizaciones con Fines Políticos Nacionales, dictadas por el CNE mediante resolución 160304-0010, publicadas en Gaceta Electoral n.° 801 del 6 de marzo de 2016

Para hacer efectiva la sentencia número 1 de la SC, el CNE dictó el instrumento normativo a partir del cual obligaría a sesenta y dos de las sesenta y siete organizaciones políticas nacionales inscritas hasta ese momento someterse a la renovación de la nómina de su militancia, a fin de validarse y mantenerse en la vida política del país.

El CNE, al respecto, introdujo en el instrumento en cuestión el uso de las máquinas captahuellas para la validación de las manifestaciones de voluntad de las personas interesadas en asociarse a los partidos políticos, como mecanismo de control para evitar la doble militancia. Sobre este aspecto es importante precisar que en Venezuela no es una irregularidad electoral la doble militancia, pues la Constitución y la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones no impiden la realización de esta práctica. En Derecho no se puede prohibir a través de una sentencia lo que la Ley no prevé explícitamente. La Sala, en efecto, dice que lo “deduce” de la norma.

Así, fue la SC en su sentencia antes mencionada la que creó la piedra angular de la ruta de exclusión trazada contra los partidos de oposición, por calificar como ilícito el que una persona aparezca inscrita en dos toldas simultáneamente. Tal prohibición se perfilará más adelante como el argumento clave para blindar la anulación del principal partido político adversario del gobierno de Maduro, la Mesa de la Unidad (MUD).

Tercer paso: sentencia n.º 878 de la SC del 21 de octubre de 2016 (aclaratoria de la n.º 1)

Aunque el CNE dictó las normas para la renovación de los partidos políticos, hizo caso omiso de atender su deber y realizar el proceso de renovación en el lapso establecido por la Sala Constitucional, toda vez que su atención estuvo centrada en “resolver” la solicitud de referendo revocatorio que la oposición buscaba activar en ese momento contra el primer mandatario del país.

Ante este incumplimiento notorio por parte del órgano comicial, numerosas organizaciones políticas solicitaron una aclaratoria del fallo número 1 de la SC. Esta solicitud dio lugar a que la SC concediera un lapso de seis meses más a fin de lograr “la reprogramación del cronograma para la realización de la renovación de los partidos políticos que se encuentran deslegitimados”.

Pero el TSJ aprovechó la ocasión para extender el uso del sistema biométrico, no sólo para el proceso de renovación ordenado en la sentencia n.° 1 sino para cualquier solicitud de inscripción de nuevos partidos. Al respecto, adujo que en cada uno de estos casos había que tener en cuenta la prohibición de la doble militancia como ilícito electoral en el país, a pesar de que como ya dijimos no existe tal prohibición en la normativa venezolana.

Con la ampliación del lapso otorgado por la SC para el proceso de validación de los partidos políticos, empezaron retrasos significativos de este proceso, poniendo incluso en riesgo las contiendas electorales regionales que debían llevarse a cabo en 2016 y 2017, las cuales, como se sabe, estuvieron condicionadas a la conclusión de la renovación de las organizaciones políticas.

Cuarto paso: sentencia interpretativa n.° 223 de la SC del 28 de abril de 2017

A pesar de que ya se había establecido el proceso de validación por parte del CNE, la SC, después de un año de haber emitido la sentencia n.° 1, ordenó flexibilizar por “vía interpretativa” la renovación. Es por esta razón, que los partidos progobierno Tupamaro, Nuvipa y Partido Comunista de Venezuela (PCV) se vieron beneficiados directamente al quedar excluida su militancia de dicho requisito. Igualmente, otras organizaciones se vieron favorecidas, pero sólo respecto al porcentaje de manifestaciones de voluntad que requerían para alcanzar su validez.

En todo caso, esta sentencia, a pesar de que dio beneficios con la flexibilización de su posición plasmada en el fallo número 1 (primer paso), sobre todo a los partidos simpatizantes del Gobierno, ciertamente produjo otro retraso en el proceso, sin dejar de lado la falta de credibilidad o de confianza por la forma en que se estaba llevando a cabo la validación de las asociaciones políticas.

Quinto paso: programación definitiva del proceso de renovación por el CNE

Luego de las sentencias 878 (tercer paso) y 223 (cuarto paso), el CNE fijó el nuevo cronograma para la recolección de manifestaciones de voluntad de los militantes de las organizaciones políticas.

Vale destacar que frente a las demoras antes comentadas, el órgano comicial tampoco facilitó el ejercicio de los derechos de los militantes de las organizaciones a renovarse, pues según su programación cada partido sólo iba a tener dos días para recolectar las manifestaciones de voluntad y otros dos para repararlas (sábado y domingo), en los lugares de recolección y según el horario que estableciera la instancia electoral.

Era obvio que este tipo de circunstancias impuestas arbitrariamente por el Poder Electoral provocarían más dificultades hacia el camino que debían recorrer los partidos para su renovación. Frente a esta forma antidemocrática en que fue llevado a cabo el proceso de validación, finalmente sólo alcanzarían la meta catorce de las cincuenta y nueve organizaciones políticas que habían sido obligadas a participar.

Sexto paso: Decreto Constituyente para la Validación de Partidos Políticos, publicado en Gaceta Oficial n.° 41.038 del 27 de diciembre de 2017

Partidos políticos venezolanosSe trató de una decisión de la ilegítima ANC que produjo un quiebre profundo y gravemente peligroso del Estado constitucional y democrático de derecho, dado que impuso irrazonablemente otra validación para las cinco principales asociaciones políticas opositoras del país: Acción Democrática (AD), MUD, Primero Justicia (PJ), Voluntad Popular (VP) y Puente, que libremente habían decidido no participar en las últimas elecciones de alcaldes celebradas en diciembre del 2017.

Tras esta decisión, avalada por el CNE, quedarían cancelados automáticamente Puente y VP, que rechazaron acudir al proceso de validación, así como PJ por una decisión intempestiva e injustificada del órgano comicial.

Séptimo paso: sentencia n.° 53 de la SC del 25 de enero de 2018

La organización política MUD, como alianza alternativa al proyecto revolucionario del Gobierno, se estrenó en las parlamentarias de 2010. Asimismo, se impuso en las parlamentarias celebradas en 2015, convirtiéndose en el partido con el mayor número de votos obtenidos. Sin embargo, tras esta inédita sentencia de la SC su inscripción como asociación con fines políticos fue declarada nula.

El fallo estuvo sustentado, de hecho, en que la conformación de ese partido obedece a la agrupación de diversas organizaciones políticas ya renovadas y otras pendientes de renovación, que podrían participar en el proceso electoral de carácter nacional, por lo que su validación incurriría, en opinión de la Sala, en el ilícito electoral de la doble militancia política.

Esta medida judicial emitida por la SC tuvo como base la sentencia n.° 1 (primer paso), que fue la que permitió diseñar el camino hacia el conjuro de los principales partidos opositores que ha venido tomando cuerpo en la política antipartidista del Gobierno de los últimos años.

¿Y a ti venezolano, cómo te afecta?

Con el transcurrir del tiempo se ha ido revelando la consolidación de un sistema divorciado absolutamente de la estructura y principios fundamentales de la Constitución y tratados internacionales de derechos humanos, sobre todo si se considera la posibilidad de los venezolanos de ejercer sus derechos, y en el caso que analizamos especialmente los de carácter político, que son cada vez más obstaculizados por un régimen que en nada representa los valores democráticos. Justamente, la eliminación de los partidos políticos de oposición es un síntoma claro de que en Venezuela estamos ya en una dictadura.

Boletín n.° 23. Del 5 al 12 de febrero de 2018


Boletín Crisis en Venezuela

CNE le eliminó la competencia electoral al gobierno con medidas inconstitucionales- Acceso a la JusticiaEnero: La censura como instrumento para infundir miedo- Espacio Público. Anuncio de elecciones presidenciales no ofrece garantías para la participación- Provea. Sociedad civil venezolana condena prácticas de censura suscitadas en las universidades- Un Mundo Sin Mordaza. Linda Loiza: primer caso venezolano de violencia de género que llegó a la justicia internacional- CEPAZ. El gobierno de Nicolás Maduro engordó casi 500% el presupuesto 2017 con créditos adicionales- Transparencia Venezuela. Asamblea Nacional debe investigar causas del desabastecimiento de medicamentos- Codevida. Aplicación de la Ley contra el Odio viola la libertad de asociación y otras libertades de la sociedad civil en Venezuela- Civilis.

Boletín n.° 23 Crisis en Venezuela

CNE le eliminó la competencia al Gobierno con medidas inconstitucionales


CNE le eliminó la competencia al Gobierno con medidas inconstitucionales

Entre 2016 y lo poco que va de 2018 el registro de los partidos políticos nacionales ha disminuido en más de 75%. Este descenso anómalo se explica, en primer lugar, por la decisión de “interpretación constitucional” contenida en la sentencia n.° 1 del 5 de enero de 2016 de la Sala Constitucional (SC) del Tribunal Supremo de Justicia, en la que estableció que los partidos políticos que hubieran obtenido menos del 1% de los votos en las elecciones parlamentarias de 2015 en menos de doce entidades federales debían renovar la nómina de sus inscritos.

EleccionesTras el referido fallo, el Consejo Nacional Electoral (CNE) dictó las Normas para la Renovación de Nóminas de Inscritos de las Organizaciones con Fines Políticos Nacionales (publicado en Gaceta Electoral n.° 801 del 4 de marzo de 2016), a las cuales debían someterse un total de sesenta y dos partidos, a fin de mantenerse activos y poder participar en cualquier elección convocada por el Poder Electoral.

De acuerdo con la mencionada resolución, las toldas políticas que debían renovarse eran, por el lado de la oposición, Acción Democrática (AD), Movimiento Primero Justicia (PJ), Voluntad Popular Activistas (VP) y Un Nuevo Tiempo Contigo (UNT), y por el lado del gobierno y sus simpatizantes o adeptos, entre otros, Patria Para Todos (PPT), Partido Comunista de Venezuela (PCV) y Movimiento Electoral del Pueblo (MEP).

Únicamente cinco organizaciones políticas, Mesa de la Unidad Democrática (MUD), Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Partido Unión y Entendimiento (Puente), Independientes por el Progreso (IPP) y Unidad Política Popular 89 (UPP 89), quedaron exentas del proceso de validación.

A estos cinco partidos políticos, sin embargo, se sumaron otras organizaciones políticas tras una sentencia “aclaratoria” de la SC del TSJ contenida en el fallo n.° 223 del 28 de abril de 2017 que en realidad fue discriminatoria, en la que flexibilizó el proceso de renovación impuesto. A partir de esta decisión se abrió la puerta para beneficiar sólo a los partidos oficialistas Tendencias Unificadas para Alcanzar el Movimiento de Acción Revolucionaria Organizada (Tupamaro), Nueva Visión Para Mi País (Nuvipa) y el PCV.

Una vez finalizado el proceso de validación, protagonizado por una cadena de obstáculos, el CNE, según resolución n.° 170731-0227 del 31 de julio de 2017 (publicada en Gaceta Electoral n.° 865 del 13 de septiembre de 2017), dio a conocer que de un total de cincuenta y nueve partidos políticos nacionales que debían renovar sus nóminas de inscritos conforme al proceso ordenado por la SC del TSJ, tan sólo catorce toldas alcanzaron su legalización. Entre ellas los opositores AD, UNT, VP, Movimiento al Socialismo (MAS) y el Comité de Organización Política Electoral Independiente (Copei) y los afectos al Ejecutivo Nuevo Camino Revolucionario (NCR), PPT y MEP.

En tal sentido, de acuerdo con la información oficial del CNE (resolución n.° 170731-0228 del 31 de julio de 2017, y publicada en Gaceta Electoral n.° 865 del 13 de septiembre de 2017), los partidos políticos nacionales que “no alcanzaron el porcentaje de manifestaciones de voluntad requeridas en por lo menos doce entidades federales”, fueron cuarenta y dos, a saber Alianza Bravo Pueblo (ABP), La Causa Radical (CR), Bandera Roja (BR) y Proyecto Venezuela (PV), entre los adversos al chavismo y el integrante del Polo Patriótico Gente Emergente (GE).

Adicionalmente, el CNE mediante resolución n.° 170731-0229 del 31 de julio de 2017 (publicada en Gaceta Electoral n.° 865 del 13 de septiembre de 2017) también decidió cancelar a otros tres partidos políticos porque no “consignaron la Solicitud de Renovación”, conforme al artículo 6 de las Normas para la Renovación de Nóminas de Inscritos de las Organizaciones con Fines Políticos Nacionales. Los afectados por la medida fueron Movimiento Laboralista, Partido Socialismo y Libertad y Progreso Social.

De esta manera, a raíz del fallo de la SC, se eliminaron cuarenta y cinco partidos políticos nacionales, entre los que destacan organizaciones de una significativa trayectoria en el país como ABP, BR, Causa R y PV. Asimismo, se revelaba que un total de veintidós asociaciones (las catorce validadas más las ocho exentas de renovación) eran los partidos habilitados legalmente en el país para participar en las elecciones de gobernadores y alcaldes del 15 de octubre de 2017, tales como AD, AP, Copei, MUD y VP de un lado, y PSUV, Tupamaro, PPT, PCV y MEP, del otro.

Coctel de ataques

Sin embargo, la vigencia de esta lista de partidos nacionales se ha visto mermada a finales de 2017 y las primeras semanas de enero del año 2018 por decisiones de la fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente (ANC), el CNE y el TSJ, que sin observar las condiciones establecidas en la Constitución y en la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones, e incluso sus propias decisiones del año anterior (en el caso del CNE y el TSJ), ejecutaron un coctel de ataques sistemáticos en contra de las cinco principales asociaciones políticas opositoras del país: AD, MUD, PJ, VP y Puente.

Esto responde a una estrategia gubernamental concreta: la de eliminar la mayor competitividad electoral posible en las próximas elecciones presidenciales, adelantadas inconstitucionalmente por la ANC. De hecho, la cancelación automática de los partidos Puente y VP que rechazaron acudir al proceso de validación ordenado por la ANC y avalado por el CNE, así como la anulación insólita de la tarjeta de la MUD por un fallo “interpretativo” de la SC, son hechos palpables que demuestran los graves riesgos a los que están expuestos los derechos de participación política (artículo 62 constitucional) y de libertad de pensamiento y opinión (artículo 57 constitucional) en el contexto actual del país, además de atentar contra la autonomía y libertad de las personas.

Primero JusticiaPero el mayor de los ataques es la reciente decisión del CNE, tomada el pasado 2 de febrero, de cancelar imprevistamente a Primero Justicia luego de que la propia administración electoral aprobara e informara las actividades que debía cumplir dicha tolda para alcanzar su validación.

Resulta alarmante y peligroso que, entre 2016 y las pocas semanas que van del año 2018, se han eliminado cuarenta y nueve partidos políticos a partir de medidas muy alejadas de los estándares de un Estado democrático de derecho, que sólo buscan favorecer al partido gobernante. De momento apenas restan diecisiete partidos nacionales “legalizados” para participar en los próximos comicios, pues aún se está a la espera de que el Poder Electoral apruebe la validación o no de Acción Democrática. Se trata de un panorama político que no luce para nada alentador en la actual crisis que vive el país.

¿Y a ti venezolano, cómo te afecta?

Cada vez más el Gobierno nacional, a través de sus distintos brazos ejecutores (ANC, CNE y TSJ), se va apropiando de las instituciones y métodos democráticos con el fin de enmascarar sus verdaderas intenciones.

El ataque constante contra los partidos políticos de oposición supone la neutralización del pluralismo político y el reforzamiento para la constitución de un sistema de partido único (unipartidismo), tal y como se ha impuesto en países como Cuba, Corea del Norte y China. La privación y la posible muerte de tales organizaciones representarían para los venezolanos el grave peligro de perder los remotos espacios que aún sobreviven en el país, a pesar del progresivo autoritarismo.

Boletín n.° 21. Del 22 al 29 de enero de 2018


Boletín Crisis en Venezuela

Crece el cerco a la libertad de expresión– Espacio PúblicoTrabajador del Minci enviado a Ramo Verde– Foro Penal Venezolano¿Puede Maduro postularse a la reelección por la Presidencia?– Acceso a la JusticiaPresidente Maduro cumple 700 días con suprapoderes con la anuencia del TSJ– Transparencia Venezuela. 280 mil niños podrían fallecer en Venezuela por desnutrición en 2018- Un Mundo Sin MordazaVenezuela: 15 años, 10 masacres, 177 asesinados– ProveaOrganizaciones de la sociedad civil exigen condiciones electorales para recuperar la democracia en Venezuela– CEPAZPrograma de Acción Humanitaria ha distribuido 38 toneladas de ayuda– Codevida.

Boletín n.° 21 Crisis en Venezuela

Constituyente, Poder Electoral y TSJ vs. partidos de oposición


Constituyente, Poder Electoral y TSJ vs. partidos de oposición

La Sala Constitucional (SC) del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) dictó una nueva sentencia, la n.° 53, en la que ordenó al Consejo Nacional Electoral (CNE), cambiar el aviso oficial mediante el cual convocó al proceso de validación a aquellos partidos políticos que no participaron en las elecciones de alcaldes celebradas el 15 de diciembre de 2017, siguiendo instrucciones de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC). La razón de este cambio es que debe excluir a la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) porque se pudiera incurrir en doble militancia, lo que a criterio de la Sala está prohibido por la normativa nacional.

La SC se fundamenta en que la conformación de la MUD “obedece a la agrupación de diversas organizaciones políticas ya renovadas y otras pendientes de renovación que podrán participar en el proceso electoral de carácter nacional”, por lo que si aquella se validara podría incurrirse en la prohibición de la doble militancia política.

 Acceso a la Justicia reitera que no hay norma alguna en Venezuela que prohíba la doble militancia. La SC se basa en la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones, concretamente en los artículos 16, 17 y 32, aplicándolos a supuestos de hecho diferentes a los que estas disposiciones regulan. En efecto, por una parte, se refieren a la cancelación de partidos regionales cuando se fusionen en uno nacional, quedando así vigente este último. Se debe señalar que los partidos de la MUD son nacionales y no regionales, por tanto, estas normas no se les aplican y, además, no han solicitado fusión alguna.

Por otra parte, el artículo 32.c prevé la cancelación de la organización política que no participe en más de dos períodos constitucionales seguidos. A este respecto, la SC estableció arbitrariamente que los partidos que no fueron con símbolos propios a las parlamentarias, como los que se adhirieron a la MUD, no participaron en realidad en esa elección, por lo que deben validarse. Y aunque así lo hicieron en su mayoría durante 2017, es la ilegítima ANC la que exige que se vuelvan a validar sin justificación legal alguna.

Constituyente, Poder Electoral y TSJ vs. partidos de oposiciónAdicionalmente, el máximo tribunal en su nueva sentencia n.° 53, no advierte que la convocatoria del CNE no ofrece garantías suficientes a las organizaciones políticas que se someterán al proceso de renovación, especialmente por dos razones fundamentales:

  1. Inseguridad jurídica. No se sabe cuáles son los reglamentos electorales o las normas que aplicará el CNE en este proceso de renovación. Valga decir que si bien publicó las actividades del proceso y las fechas o lapsos dentro de los cuales se llevará a cabo cada fase, no indicó cuáles serán las reglas jurídicas a las que deberán atenerse cada una de ellas (recolección de manifestaciones de voluntad, impugnaciones, reparos, etc.), situación que pone en desventaja a los partidos, pues el CNE, tal y como lo ha demostrado en el pasado, suele improvisar sus decisiones atendiendo, claro está, a los intereses del chavismo.
  1. Falta de transparencia. Otro aspecto preocupante es que el CNE tampoco garantiza la transparencia del proceso convocado, toda vez que no establece en el aviso oficial publicado el número de máquinas captahuellas que serán utilizadas. Asimismo, no indica dónde estarán ubicadas dichas máquinas, desconociéndose de este modo si los espacios contarán o no con una estructura física adecuada o, incluso, si su acceso facilitará o no la movilización de los ciudadanos para validar su voluntad.

No menos grave es que el supuesto árbitro electoral y la SC actúen sin importarle que la fraudulenta ANC le usurpara sus funciones electorales al CNE y adicionalmente le ordenara hacer algo ilegal e inconstitucional.

Constituyente, Poder Electoral y TSJ vs. partidos de oposiciónLa falta de claridad de las normas del CNE, aunada a la nueva sentencia del TSJ que parece tener como objeto la eliminación total de la MUD, lo que busca es impedir la competitividad electoral en el país, así como entorpecer y negar la participación de los principales partidos opositores en los próximos comicios presidenciales, que además por orden de la Constituyente deberán celebrarse antes del 30 de abril de 2018, violando el artículo 298 de la Constitución, entre otros. Todo esto apunta a que Venezuela se adentra cada vez más en la senda autocrática.

¿Y a ti venezolano, cómo te afecta?

Nada bueno parecen augurar las decisiones que no brindan respeto por las garantías democráticas ni respetan el orden jurídico. Lamentablemente, en Venezuela es un riesgo ejercer los derechos políticos, sobre todo cuando estos atentan o ponen en riesgo los intereses del Gobierno nacional y los de sus dirigentes.

Por ello, a los venezolanos sólo nos queda continuar, dejando constancia de las arbitrariedades del poder, y luchar porque ahora o más adelante se garantice el pleno ejercicio de nuestros derechos y libertades.