Gobierno prorroga estado de excepción por undécima vez sin notificar a la ONU


Decimoprimera prórroga del estado de excepción

El 10 de noviembre el presidente de la República, Nicolás Maduro, firmó una nueva prórroga del Decreto de Emergencia Económica y de Excepción por 60 días, afirmando que se trataba de la quinta vez. Diez días más tarde, y sin ninguna objeción, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) lo declara constitucional sin que previamente la Asamblea Nacional (AN) diera su aprobación tal como lo establece el artículo 339 de la Constitución.

ONUDe igual forma, como viene ocurriendo desde el 14 de enero de 2016, el Estado venezolano no ha notificado la adopción de dicho régimen extraordinario a la Organización de Naciones Unidas (ONU), como lo ordena el artículo 4.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos suscrito por Estados miembros.

El Pacto establece lo siguiente:

“Todo Estado parte que haga uso del derecho de suspensión (de algunos de los derechos civiles y políticos) deberá informar inmediatamente a los demás Estados Partes en el presente Pacto, por conducto del Secretario General de las Naciones Unidas, de las disposiciones cuya aplicación haya suspendido y de los motivos que hayan suscitado la suspensión. Se hará una nueva comunicación por el mismo conducto en la fecha en que se haya dado por terminada tal suspensión”.

Acceso a la Justicia reitera que esta obligación (que puede parecer una simple formalidad sin relevancia práctica) tiene gran importancia, porque protege en alguna medida a los ciudadanos al evitar que se limiten derechos humanos sin justificación por parte de los gobiernos. Otra irregularidad reiterada en cada firma de la medida es que no establece cuáles son las garantías restringidas y cómo se limitan, como lo impone la Constitución, que también advierte que no se pueden suspender los derechos a la vida, al debido proceso, a la información, la prohibición de incomunicación o tortura y los demás derechos humanos intangibles

Fuera de la Constitución de forma permanente

Es así como desde enero de 2016 Venezuela permanece bajo un estado de excepción cuya finalidad desde el inicio, según el mismo Jefe de Estado, era tomar medidas extraordinarias que permitieran superar la crisis.

En cada ocasión, superados los sesenta días de un decreto original, el Ejecutivo ha firmado una extensión por el mismo lapso, que al culminar da origen a un nuevo decreto, hasta llegar a noviembre de 2017 (el más reciente) con prórroga hasta el mes de enero de 2018.

El artículo 338 de la Carta Magna reza:

“Podrá decretarse el estado de emergencia económica cuando se susciten circunstancias económicas extraordinarias que afecten gravemente la vida económica de la Nación. Su duración será de hasta sesenta días, prorrogable por un plazo igual”.

En este sentido, se habla de “circunstancias” y de restringir “temporalmente” es decir, a un solo decreto con su prórroga, no a una permanencia indefinida en el tiempo, por lo que en realidad no es la quinta extensión como lo sostiene el Ejecutivo, quien trata de hacer ver que cumple con la Constitución, sino la decimoprimera vez que prorroga el primer decreto del 14 de enero de 2016.

Casi dos años después el Ejecutivo ya debería haberse dado cuenta de que el estado de excepción no es la respuesta, porque los problemas se han agravado y, aun así, la figura prevista en el artículo 337 constitucional continúa siendo aplicada.

¿Y a ti venezolano, cómo te afecta?

Escasez en VenezuelaLa profundización de los problemas (hiperinflación, escasez de medicinas y alimentos, entre otros) que padece el pueblo venezolano y que el presidente Maduro prometió resolver desde el primer decreto de estado de excepción demuestra que dicho régimen extraordinario sólo ha sido usado por el Gobierno para aumentar y abusar de su poder, con la venia del TSJ y sin ningún tipo de control.

Un ejemplo de dicho uso ha sido el manejo del presupuesto nacional sin supervisión y sin la aprobación de la Asamblea Nacional. Recordemos que ante la anulación de las competencias del parlamento con la excusa del supuesto desacato por la juramentación de los diputados opositores de Amazonas, fue el TSJ el que aprobó la Ley de Presupuesto y Endeudamiento 2017, mientras que el de 2018  fue autorizado por la Asamblea Nacional Constituyente en clara usurpación de las funciones del legislativo.

Boletín n.° 16. Del 27 de noviembre al 2 de diciembre de 2017


Boletín Crisis en Venezuela

Poder Judicial somete a la población infantil a una larga agonía- Acceso a la JusticiaEl voto es el medio de expresión más legítimo con el que cuenta la ciudadanía- CEPAZ. Comité de Jubilados y Pensionados realizó su 26 encuentro anual nacional- Provea. Gobierno utiliza cadenas para promover a candidatos del PSUV- Espacio Público. Codevida asiste a Dominicana para plantear la situación de emergencia humanitaria- Codevida. Gobierno aplica método “puerta giratoria” con presos políticos- Foro Penal Venezolano. La estructura de “la Gran Corrupción” se instaló en el país y traspasó las fronteras- Transparencia Venezuela. Sistema Público Nacional no garantiza tratamiento para pacientes con hemofilia- Un Mundo Sin Mordaza.

Boletín n.° 16 Crisis en Venezuela

Sentencia del TSJ abre debate sobre ampliar competencias a inspectorías del trabajo


Sentencia n.° 758 TSJ

Pocas veces una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), como la n.° 758 emitida por la Sala Constitucional el pasado 27 de octubre, desencadena tantos hechos contrarios al texto y la ley: no sólo confundió en su alcance, sino que fue usada para endilgar obligaciones que no incluye el fallo y se configuró en un elemento que prueba la ruptura del orden legal en el país.

trabajo-nota1La decisión se refiere a un amparo introducido por trabajadores de Cervecería Polar, que buscaba se ejecutara un reenganche ordenado por la Inspectoría del Trabajo que no fue admitido por el juez al considerar que el recurso no era idóneo para ese tipo de solicitud.

La Sala Constitucional, al revisar la sentencia del tribunal, ordenó que se admitiera el amparo por ser la única alternativa de los empleados ante la desobediencia del patrono para obtener de manera rápida y eficaz la restitución de la situación jurídica infringida.

Dentro del fallo, además, se planteó un obiter dictum, que es una afirmación que de pasada hace un tribunal en la decisión y que no tiene relación directa con el caso que se le presentó.

Específicamente en ese obiter dictum, la Sala esbozó la necesidad de que sea reformada la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (LOTTT), a los fines de otorgar a las inspectorías del trabajo competencias para ejecutar directa y forzosamente sus órdenes de reenganche y pago de salarios caídos.

El TSJ argumentó que si bien la LOTTT –aprobada en 2012– fue un importante avance en materia laboral, la misma podría complementarse con la ampliación o revisión de las potestades de las inspectorías del trabajo, de manera de lograr el efectivo cumplimiento de sus providencias administrativas, como las que ordenan el pago de salarios caídos de los trabajadores.

Para promover su planteamiento, la Sala resolvió enviar copia de la decisión a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), buscando que analice la posibilidad de reformar la Ley Orgánica del Trabajo.

Alcance verdadero

Conocida la decisión, se generaron reacciones y lecturas equivocadas que ameritan ser aclaradas.

trabajo-nota2En principio, con la sentencia surgió la tesis de que el TSJ está recomendando que la ANC faculte a las inspectorías del trabajo poder ejecutar forzosamente sus decisiones, por ejemplo, embargando el patrimonio de los patronos, cuando la decisión nada dice al respecto.

La decisión 758 lo que hace es ordenarle a la ANC que adelante una reforma de la LOTTT que facilite el cumplimiento de las decisiones de las inspectorías.

En este sentido, la sentencia representa una ruptura más del orden constitucional, ya que la Sala reconoce nuevamente la existencia de la ANC, que es un órgano ilegítimo e inconstitucional, por haber sido convocada sin el aval popular, y cuya elección violó los principios de la soberanía popular.

Preocupa así que el fallo retome la línea de desconocer las competencias constitucionalmente atribuidas a la Asamblea Nacional –que es el órgano facultado para dictar las leyes en Venezuela– y se las traspase a la ANC, cuya única misión, en el caso de que hubiera sido correctamente constituida, sería la de redactar una nueva Constitución, mas no reformar leyes existentes.

¿Y a ti venezolano, cómo te afecta?           

Si el TSJ, quien debe proteger la integridad de la Constitución y tus derechos (334), reconoce un órgano que violó tu soberanía por no haber sido electo por el pueblo y le atribuye la competencia para dictar las leyes que la Constitución le otorga a la Asamblea Nacional (electa por el pueblo en diciembre de 2015), entonces está violando tu derecho soberano a elegir a tus representantes y a que sean éstos, y no otros, quienes establezcan el ordenamiento jurídico del país.

Poder Judicial somete a la población infantil a una larga agonía jurídica


Poder Judicial vs Cecodap

La Asociación Civil Centros Comunitarios de Aprendizaje (Cecodap), y con ella las niñas, niños y adolescentes, han sufrido una verdadera agonía personal y jurídica, sin resultado positivo, para poder lograr que el Gobierno asuma su responsabilidad constitucional en materia de protección de la salud infantil.

Logo CecodapDesde hace casi dos años, Cecodap ha estado tratando que el Estado venezolano asuma sus deberes constitucionalmente establecidos en esta materia mediante acciones ante el Poder Judicial, pero la respuesta ha sido negativa en cuatro oportunidades. De esta forma, los órganos llamados a impartir justicia fungen como verdaderos paladines en defensa de los intereses del Ejecutivo y en detrimento de los ciudadanos y, en este caso, de uno de los sectores más vulnerables: los niños, niñas y adolescentes.

La primera respuesta negativa fue la del Juzgado 14º de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes del Área Metropolitana de Caracas en fecha 11 de febrero de 2016, bajo el argumento de que no había pruebas suficientes de la escasez de medicamentos y de la consecuente crisis. En franca contradicción, ese mismo día el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) a través de su Sala Constitucional declaró constitucional, sin tener competencia para ello, el primero de los estados de excepción, decretado a nivel nacional por el presidente de la República, en el que reconocía la crisis del país en diversos ámbitos, la salud incluido, y solicitaba poderes especiales para solucionarla.

Seguidamente, se pronunció el Juzgado Superior 3º de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes del Área Metropolitana de Caracas, quien declaró sin lugar la apelación ejercida por la ONG y confirmó la decisión del Juzgado 14º.

Pero Cecodap insistió e interpuso un recurso de control de la legalidad ante el TSJ contra la decisión del Juzgado Superior, la cual fue declarada inadmisible por su Sala de Casación Social mediante sentencia 1.448 del 16 de diciembre de 2016, por supuestamente no haberse cumplido con determinadas formalidades.

Finalmente, la ONG intentó un recurso extraordinario de revisión ante la Sala Constitucional, el cual fue declarado inadmisible mediante sentencia 823 del 27 de octubre de 2017, sin que a la fecha se conozcan las razones de hecho y de derecho por las cuales la Sala tomó esa decisión. Un resumen de esta fue publicado en la cuenta virtual de la página web del máximo tribunal, no así su contenido completo. Es decir, ha transcurrido un mes de tomada la decisión y hasta la fecha se desconoce su contenido.

Infografía Mortalidad infantilNo hay razones valederas desde el punto de vista jurídico ni humano para someter a nuestras niñas y niños a una larga agonía en la lucha por sus derechos, mientras mueren por falta de medicinas y atención adecuada en los centros hospitalarios.

Irónicamente, el TSJ realizó el XIV Foro Derechos de la Infancia y la Adolescencia los días 24 y 25 de noviembre, en el que se llamó a la erradicación definitiva de la violencia en el trato con niños y adolescentes. Negar la crisis humanitaria y no garantizarle el derecho a la salud a la población infantil también es una forma de violencia.

¿Y a ti venezolano, cómo te afecta?

Un Gobierno que constantemente responsabiliza a la oposición y a otros países de las malas consecuencias de sus propias políticas, especialmente de la crisis en el área de salud, no puede solucionar los problemas. Más grave aún, no hay poderes independientes que lo obliguen a tomar medidas. Mientras, los venezolanos seguirán padeciendo indefinidamente la falta de medicinas y las malas condiciones de los hospitales públicos, con la terrible consecuencia de la muerte en muchos casos y sin que puedan contar con un Poder Judicial que les brinde amparo a sus derechos constitucionales.

Boletín n.° 11. Del 23 al 30 de octubre de 2017


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Menos medios, más represión y justicia militar– Espacio PúblicoEl gobierno no ha perdido un solo juicio en el TSJ vinculado con política –Transparencia Venezuela¿Qué dice la primera sentencia del “TSJ en el exilio”?- Acceso a la JusticiaMinisterio de Salud debe pronunciarse sobre el brote de difteria– CodevidaEn Venezuela no hay libertad de expresión- Un mundo sin Mordaza.ONG exigen a la CIDH firmeza sobre Venezuela- Provea.  484 personas siguen detenidas por motivaciones políticas – Foro Penal VenezolanoBeatriz Borges en la CIDH: Institucionalidad democrática fue socavada por el gobierno venezolano– CEPAZ

Boletin 11 Crisis en Venezuela

TSJ en el exilio vs. ANC


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Si bien es cierto que el primer fallo dictado por Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en el exilio, con el que declaró el pasado 25 de octubre la nulidad de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), dejó constancia de la importancia, el respeto y la defensa que merece la Constitución frente a un Gobierno nacional interesado cada vez más en desplazar y desconocer su vigencia, Acceso a la Justicia considera conveniente destacar algunos aspectos de tal sentencia.

Es notable la falta de legitimidad democrática de la ANC declarada en el dictamen del TSJ en el exilio, ya que “al no existir la voluntad popular en su origen, no se puede hablar de un poder legítimo y mucho menos de un poder constituyente”.

Del mismo modo, la Sala Constitucional del TSJ en el exilio tampoco dejó pasar por alto que la propuesta constituyente violó de forma explícita el artículo 63 constitucional —que consagra el carácter universal, directo y secreto del derecho al sufragio—,  al basarse en un sistema electoral injusto y discriminatorio impuesto por el Ejecutivo para la escogencia de los constituyentes.

Este es un aspecto significativo que sintetiza mucho las denuncias planteadas por Acceso a la Justicia sobre la fórmula electoral para la participación del electorado mediante votaciones sectoriales y territoriales a partir de la cual se eligieron a los representantes de la Constituyente.

La actuación de la ANC y la de sus integrantes se limita, según el dictamen, a “usurpar facultades que no le son propias, como la destitución de funcionarios públicos, la elaboración de leyes constituyentes, el sometimiento de funcionarios a sus designios, entre otras actuaciones”, que son competencias de la Asamblea Nacional (AN) y, por tanto, contradice los principios fundamentales de la Constitución.

Para los magistrados en el exilio resulta insostenible que la ANC tenga poderes plenipotenciarios, porque sus actuaciones están sometidas “a las restricciones obtenidas a través de la conquista de valores y principios de la historia Republicana, democracia, libertad e igualdad, así como el cumplimiento de los tratados internacionales, acuerdos y compromisos válidamente suscritos por la República, el carácter progresivo de los derechos fundamentales de los ciudadanos, todos de carácter supra nacional”.

A partir de estos dos últimos argumentos, es evidente que lo más grave que ha ocurrido a lo largo de estos tres meses desde la instalación de la ANC es que con el pretexto del carácter “originario” que dice poseer ha ido eludiendo el texto constitucional para convertirse hasta tal punto en un “superpoder”.

Esta es la manera en la cual la ANC ha buscado justificar la usurpación de funciones en la que está incurriendo, sobre todo al invadir las competencias legislativas exclusivamente asignadas a la AN, violando el principio de separación de poderes previsto en el artículo 136 constitucional, también denunciado por Acceso a la Justicia, lo que profundiza la grave crisis institucional que actualmente se vive en el país.

Ante la situación descrita vale preguntarse si acaso no hay nada ni nadie que pueda impedir las ambiciones de la ANC. Sin lugar a dudas, es una amenaza ostensible contra los derechos humanos, aparte de vulnerar la supremacía de la que goza el texto de la Constitución (artículo 7), exigencias que son importantes en un Estado de derecho que busca someter la conducta de las personas y los órganos del poder público a las reglas jurídicas.

Lo anterior pone de manifiesto la relevancia de la sentencia del TSJ en el exilio, pues si bien es cierto que no tiene efectos jurídicos, está orientada a la defensa y salvaguarda del sistema democrático y el orden jurídico constitucional del Estado venezolano frente a una ANC impuesta por el Ejecutivo Nacional de manera inconsulta y unidireccional, con el propósito de permanecer en el poder indefinidamente.

Asimismo, deja claro cuál es la correcta y adecuada aplicación del texto de la Constitución tras declarar la nulidad de la ANC y, sobre todo, al activar la resistencia pacífica por parte del pueblo venezolano, según lo dispuesto en el artículo 333 de la Constitución, con el objeto de desconocer, resistir y desobedecer toda actuación de la ANC, conforme a lo previsto en el artículo 350 constitucional.

¿Y a ti venezolano, cómo te afecta?

Independientemente de cuál sea el valor que tenga para los venezolanos, esta decisión del “TSJ en el exilio” se traduce en una voz denunciante en contra del fraude totalitario impuesto por el Gobierno nacional.

En definitiva, la sentencia analizada es realmente oportuna y positiva en estos momentos decisivos e inciertos que actualmente vive Venezuela, principalmente por lo que puede generar en la comunidad internacional, cada vez más atenta y vigilante de lo que sucede en nuestro país. Por lo pronto, conviene seguir sumando esfuerzos y condenar cada uno de los atropellos y violaciones del régimen autocrático al que estamos sometidos los venezolanos.

¿Qué dice la primera sentencia del “TSJ en el exilio”?


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El autodenominado “TSJ en el exilio” emitió a través de los magistrados nombrados por la Asamblea Nacional (AN) para conformar su sala constitucional su primera sentencia. Esta versa sobre la solicitud de nulidad por inconstitucionalidad de distintos actos jurídicos del Ejecutivo Nacional y del Consejo Nacional Electoral que convocan a una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) y fijan las condiciones para la elección de los constituyentistas. Esta solicitud fue presentada por cuatro ciudadanos, Diego Enrique Arria Salicetti, María Corina Machado Parisca, Antonio José Ledezma Díaz y Cecilia Sosa Gómez. La Sala Constitucional se integró con los tres magistrados principales nombrados por la AN y los cuatro suplentes que actuaron como principales, para cumplir con el requisito de los siete magistrados que exige la ley nacional.

La decisión de la Sala Constitucional del “TSJ en el exilio” declara la nulidad de los actos jurídicos que convocaron a la Asamblea Nacional Constituyente y fijaron las condiciones de elección de sus miembros. Adicionalmente, determina la disolución la ANC de facto, así como la activación inmediatade la resistencia pacífica del pueblo venezolano, e insta a la Sala de Casación Penal del TSJ a determinar la responsabilidad penal que hubiere a lugar contra las personas que han ejecutado y convalidado los actos fraudulentos, en especial los que ejecutan actualmente los integrantes de la Constituyente.

Respecto a esta decisión, la ONG Acceso a la Justicia quiere destacar que tiene un valor simbólico, pues no tiene efectos jurídicos por las razones ya explicadas anteriormente.

Sin embargo, debe resaltarse la relevancia que puede tener moralmente hablando en vista de la desaparición progresiva en Venezuela de los valores democráticos y, además, su importancia para recordar qué dice nuestra Constitución, que en la práctica jurídica del Gobierno y de los órganos del Poder Público actuales, incluyendo en especial la ANC, no es aplicada.

Históricamente, han existido tribunales simbólicos con mucho reconocimiento internacional como el tribunal Russell. En la actualidad, por ejemplo, existen el Tribunal Permanente de los Pueblos y el  World Courts of Women.

¿Cuál es la trampa detrás de la decisión de la Sala Electoral del TSJ?


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Con la celeridad que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) tiene reservada a las decisiones que benefician al poder, las salas Constitucional y Electoral decidieron que algo que era un derecho se convirtiese en una potestad arbitraria por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE): la sustitución de candidaturas de cara a las elecciones regionales del 15 de octubre.

Mediante la admisión de un recurso de interpretación del artículo 63 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales (Lopre), el TSJ ratificó que la sustitución de candidaturas de cara a las elecciones regionales de este 15 de octubre, tenía como fecha límite 10 días antes de los comicios. El problema estuvo en que, según denunciaron partidos políticos de oposición, el CNE —que optó por el silencio— no tramitó el reemplazo de los abanderados inscritos inicialmente por los ganadores de las primarias. De manera que el lapso venció y la campaña opositora se centra ahora en evitar que sus simpatizantes incurran en votos nulos por la confusión con las candidaturas.

La presidenta del poder electoral, Tibisay Lucena, reapareció y ratificó que efectivamente el lapso se venció y aseguró que sí tramitaron 189 solicitudes de modificaciones de candidaturas. ¿Pero de quiénes? No lo dijo.

El artículo 63 de la Lopre es claro: “Las organizaciones postulantes podrán modificar las postulaciones que presenten y, en consecuencia, sustituir candidatos o candidatas hasta diez días antes de ocurrir el acto electoral”. Como nítidamente señala la norma citada, es un derecho de los partidos políticos el modificar las postulaciones que hagan siempre que sea en el mencionado lapso previo a la elección de que se trate.

En la decisión del TSJ se interpretó que dicho artículo no dice lo que dice, sino que en realidad se trata de algo diferente, pues para la Sala Electoral una cosa es el derecho de los partidos para hacer modificaciones y otra cosa es que el CNE no pueda fijar “la oportunidad para el cambio o modificación de postulación de candidatos o candidatas”, pues esto es de su competencia y por tanto “podrá establecerla mediante lapso o término que apreciará de acuerdo a las particularidades y requerimientos técnicos de cada proceso electoral, siempre y cuando no sobrepasen los diez días anteriores al acto de votación”.

Lo primero que debemos decir de este argumento es que el artículo 63 en ninguna parte menciona al CNE, de modo que interpretar un derecho de los partidos como una potestad del ente comicial es ajeno a la norma interpretada, y en segundo lugar, si el artículo indica que los cambios se pueden hacer hasta diez días antes de las elecciones no tiene sentido que se dé el poder al CNE para que sólo se pueda hacer dos meses antes (y en un solo día), pues a partir de ello la norma queda vacía de contenido.

Conveniente confusión

Recordemos que la Asamblea Nacional Constituyente ordenó que las elecciones regionales se adelantaran mediante un “Decreto Constituyente” (figura esta que no se encuentra prevista en ninguna parte de nuestro ordenamiento jurídico), de fecha 12 de agosto de este año. El CNE hizo una reprogramación de las actividades electorales y, curiosamente, ese mismo día publicó un nuevo cronograma electoral que estableció como fechas para la postulación de candidatos los días 13 y 14 de agosto y apenas 24 horas después de este cierre, es decir para el 16 de agosto, como único día para que los partidos hicieran las sustituciones y modificaciones de candidatos que consideraran conforme lo establece la ley sobre la materia.

Llama la atención que el CNE no había dicho nada hasta ahora, sabiendo que la MUD realizaría las elecciones internas (10 de septiembre) y tampoco contestó a las solicitudes de la coalición de sustituir a los candidatos elegidos en primarias.

Debemos indicar que la decisión del CNE, ahora aprobada por la Sala Electoral, viola el artículo 67 de la Constitución, que indica que los ciudadanos tienen derecho a formar partidos políticos y que al efecto “sus candidatos o candidatas a cargos de elección popular serán seleccionados o seleccionadas en elecciones internas con la participación de sus integrantes”. Ahora bien, dar apenas 24 horas entre la postulación y la oportunidad para hacer modificaciones impide, obviamente, que se realice ningún tipo de primarias, así que sólo por esta razón la decisión del CNE y de la Sala Electoral es contraria a la Constitución y violatoria de los derechos humanos de los electores, quienes deberían estar informados fielmente de cuáles son los verdaderos candidatos a ser elegidos. Ahora ocurrirá que los ciudadanos se encontrarán en el tarjetón a personas que renunciaron y que no son abanderados, dando paso a la confusión a la hora de votar por los gobernadores de cada estado.

Es decir, si alguien que no sabe que el candidato de su preferencia renunció a su pretensión de ser electo en favor de otro, este voto será considerado nulo en perjuicio no sólo del candidato que quedó elegido sino también del propio elector que no tenía conocimiento de este cambio. Esta es la trampa detrás de todo este tinglado. Ahora la tarea de la oposición de aquí al domingo de informar a los votantes será ardua, ya que por supuesto el CNE no hará nada al respecto.

Por otro lado, queremos destacar el hecho de que la Sala Constitucional fue la que inicialmente conoció (4 de octubre) el recurso de interpretación del artículo 63 de la Lopre, introducida por el ciudadano Omar Ávila. El mismo día 4 dicha instancia declinó la competencia, el día 5 la Sala Electoral tomó el caso y en esa misma fecha dictó sentencia. Tal celeridad no la vemos, por ejemplo, en el caso del juicio de los diputados de Amazonas, que ya tiene 22 meses sin decisión, dejando sin representación legislativa a todo un estado y que ha servido de excusa para justificar el desacato de la Asamblea Nacional y anular toda su actuación.

¿Y a ti venezolano, cómo te afecta?

Cuando un tribunal, como es la Sala Electoral del TSJ, dicta una decisión en apenas unas horas para facilitar los intereses del poder y tratar de respaldar decisiones arbitrarias y violatorias de los derechos humanos, como lo es la del CNE, queda una vez más en evidencia la parcialidad de ese órgano jurisdiccional, y sobre todo se afecta nada menos que la fuente realmente originaria del poder de este país como lo es la soberanía popular, pues la misma se verá afectada al presentarse una oferta electoral que no fue la que decidieron los ciudadanos, sino la que le interesa al poder.