Los hechos que se deben demostrar para declarar la existencia de la unión concubinaria. La importancia de la prueba testimonial en estos juicios


JUSTICIA-NOTA

Sala: de Casación Social

Tipo de Recurso: Casación

TSJ/SCS N° 862             Fecha: 04-10-2017

Caso: ALEXIS RAFAEL RIVERO OROZCO contra LAURA PATRICIA TABATA RINCONES

Decisión: Se declara con lugar el recurso de casación contra la sentencia dictada el 2 de noviembre de 2016, por el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, Tránsito y de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del estado Monagas y sin lugar la demanda.

Extracto:

“Como corolario de lo anterior se desprende que tradicionalmente el concubinato ha sido considerado como una unión estable de hecho (unión more uxorio), es decir, una relación o situación fáctica, contraria a una situación de derecho como lo es el matrimonio, pues alude a un conjunto de hechos o circunstancias que surgen de forma espontánea y sin formalidades dando origen a la situación concubinaria, que una vez probada, generalmente por vía judicial, produce determinados efectos jurídicos. Por lo tanto, para su declaración se requiere la demostración de determinados requisitos.

Entre estos presupuestos destaca el tratamiento recíproco de marido y mujer que debe prevalecer entre la pareja, ello supone que se encuentren presentes en la relación los elementos esenciales de la posesión de estado como lo son el trato y la fama, siendo primordial el primero de estos requerimientos, es decir, que aunque las partes no se presenten como cónyuges, se dispensen idéntico trato.

Para la demostración de estas circunstancias, adquiere especial relevancia la prueba testimonial y en el caso en concreto ha resultado determinante para esta Sala que los testigos aportados por la parte actora no lograron crear la suficiente convicción acerca de la existencia de la unión alegada, mientras que los testigos de la demandada consiguieron desvirtuar los alegatos efectuados por el actor en su libelo de demanda, al colocar en evidencia, no sólo la ausencia del trato como cónyuges, sino además, que la relación entre las partes no gozó del carácter de estabilidad que debe imperar en las uniones estables de hecho para poder ser declaradas como tal.

Adicionalmente, debe esta Sala destacar que si bien no es un hecho controvertido la presencia de una hija en común, ello por sí solo no basta para declarar la existencia de la relación invocada, por lo tanto ante la ausencia de otros elementos probatorios capaces de generar la certeza necesaria para considerar demostrada la unión invocada, resulta imperativo para esta Sala declarar sin lugar la demanda interpuesta. Así se decide.”

Comentario de Acceso a la Justicia: La sentencia ratifica el criterio de la Sala sobre los hechos que se deben demostrar para declarar la existencia de la unión concubinaria y la importancia de la prueba testimonial en estos juicios.

Voto salvado: No hay.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scs/octubre/203497-0862-41017-2017-17-068.HTML

Requisitos de procedencia del exequatur. La citación del demandado


MONITOREO1

Sala: de Casación Civil

Tipo De Recurso: Casación

Nº Exp: 16-229      TSJ/SCC Nº Sent: 436      Fecha: 28-06-2017

Caso: Solicitud de exequatur interpuesta por U.S. MORTGAGE FINANCE II, LLC. contra LEONARDO RUIBAL GUEVARA.

Decisión: Se niega fuerza ejecutoria en el territorio de la República a la sentencia dictada el 9 de marzo de 2015, por la Corte de Circuito del Onceavo Circuito Judicial en y para el Condado de Miami-Dade, Estado de Florida, Estados Unidos de América, mediante la cual ordenó el “pago por saldo insoluto” en contra de LEONARDO RUIBAL GUEVARA y MARÍA TERESA MORENO RODRÍGUEZ.

Extracto:

La Sala observa que la acción fue intentada contra “LEONARDO RUIBAL GUEVARA, a título personal; MARÍA T. MORENO RODRÍGUEZ, también conocida como MARÍA TERESA MORENO RODRÍGUEZ, a título personal…” (folio 29 vuelto del expediente); dictándose sentencia definitiva de ejecución de hipoteca en fecha 25 de junio de 2013, contra todos los demandados, a saber: “LEONARDO RUIBAL GUEVARA, a título personal; MARÍA T. MORENO RODRÍGUEZ, también conocida como MARÍA TERESA MORENO RODRÍGUEZ…” (folios 40 al 44 del expediente); posteriormente se dictó sentencia definitiva de pago por saldo insoluto en fecha 9 de marzo de 2015, contra todos los accionados, vale decir, “LEONARDO RUIBAL GUEVARA, a título personal; MARÍA T. MORENO RODRÍGUEZ, también conocida como MARÍA TERESA MORENO RODRÍGUEZ, a título personal…” (folios 55 al 58 del expediente). Evidenciándose, que el día 18 de julio de 2012 fue practicada la citación personal sólo del ciudadano Leonardo Ruibal Guevara, “…en el Estado Miranda, Venezuela, de conformidad con una Solicitud de Notificación en el Exterior de Documentos Judiciales o Extrajudiciales bajo la Convención de La Haya por este Tribunal el 26 de octubre de 2011. El Demandado (…) firmó acuse de recibo de la notificación judicial…” (folios 55 al 58 del expediente); obviándose la citación de la codemandada María Teresa Moreno Rodríguez, en su carácter de cónyuge codemandada; siendo que el objeto de la sentencia cuyo exequátur se solicita pretende sustraer una cantidad de dinero del patrimonio de la comunidad conyugal que existe entre los cónyuges que se mencionaron.

Así las cosas, esta Sala ha sostenido de manera reiterada que “…la falta de citación y consecuente falta de participación de uno de los litis consortes pasivos necesarios vulnera los derechos del que no haya sido convocado a la tutela judicial eficaz, al debido proceso, a la defensa y a la propiedad…” (Ver sentencia N° 976 de la Sala Constitucional, de fecha 15 de octubre de 2010, caso: Orgilia Angélica Tovar de Pierini).

Con base en lo expuesto, esta Sala considera que en el caso de autos no está cumplido el requisito atinente a que el demandado haya sido debidamente citado, con tiempo suficiente para comparecer, y que se le hayan otorgado en general, las garantías procesales que aseguren una razonable posibilidad de defensa, pues se omitió la citación de la cónyuge codemandada, para que se hiciera parte del juicio, vulnerando con tal proceder los derechos a la tutela judicial efectiva, al debido proceso y a la defensa, que incumbe al orden público constitucional. Así se establece.

Visto que la presente causa no cumple lo atinente a que a la parte demandada haya sido debidamente citado, con tiempo suficiente para comparecer, y que se le hayan otorgado en general, las garantías procesales que aseguren una razonable posibilidad de defensa, al obviarse la citación de la cónyuge codemandada, violando con tal actuación las garantías del debido proceso, de defensa de las partes y el de tutela judicial efectiva, siendo que tales derechos incumbe al orden público constitucional; la Sala se abstiene de analizar los restantes presupuestos y niega la fuerza ejecutoria a la sentencia dictada por la Corte de Circuito del Onceavo Circuito Judicial en y para el Condado de Miami-Dade, Estado de Florida, Estados Unidos de Norteamérica, de fecha 9 de marzo de 2015, la cual ordena el “PAGO POR SALDO INSOLUTO” en contra de los ciudadanos Leonardo Ruibal Guevara y María Teresa Moreno Rodríguez; tal y como se declarará de manera expresa, positiva y precisa en el dispositivo de este fallo. Así se establece.” (Resaltado de la Sala)

Comentario de Acceso a la Justicia: La sentencia ratifica el criterio de la Sala sobre el requisito de que el demandado haya sido citado, con tiempo suficiente para comparecer, y que se le hayan otorgado en general, las garantías procesales que aseguren una razonable posibilidad de defensa.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scc/junio/200490-EXE.000436-28617-2017-16-229.HTML    

 

Los requisitos para demandar el retracto legal arrendaticio


JUSTICIA-NOTA

Sala: de Casación Civil

Tipo De Recurso: Casación

Nº Exp: 17-239      TSJ/SCC Nº Sent: 422      Fecha: 26-06-2017

Caso: Demanda de retracto legal arrendaticio interpuesta por TOMA, C.A. contra CRUZ ANTONIO MATA MARÍN, BEDA CRUZ MATA MARÍN y ROMELIA VIRGINIA MATA MARÍN.

Decisión: Se declara sin lugar el recurso de casación contra la sentencia dictada el 27 de enero de 2017, por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Nueva Esparta.

Extracto:

Al respecto señaló que de conformidad con los artículos 1546 del Código Civil así como los artículos 42 y 43 de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios, se requiere que el accionante sea el arrendatario del inmueble, que además se encuentre solvente en el pago de los cánones de arrendamiento y que la acción se ejercite dentro del lapso de 40 días calendario desde el momento en que se protocoliza la venta del bien.”

Comentario de Acceso a la Justicia: La sentencia ratifica el criterio de la Sala sobre los requisitos para demandar el retracto legal arrendaticio, de conformidad con lo dispuesto en el Código Civil y la Lay de Arrendamientos Inmobiliarios.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scc/junio/200316-RC.000422-26617-2017-17-239.HTML    

 

Requisitos para conceder fuerza ejecutoria en Venezuela a una sentencia extranjera


JUSTICIA-NOTA

Sala: de Casación Social

Tipo De Recurso: Exequátur

TSJ/SCS Nº Sent: 529      Fecha: 22-06-2017

Caso: Antonieta Di Bari Martinelli y Luis Alejandro Veiga Pérez

Decisión:  CONCEDE FUERZA ejecutoria parcial en el territorio de la República Bolivariana de Venezuela solo respecto a la disolución del vínculo conyugal existente entre los ciudadanos ANTONIETA DI BARI MARTINELLI y LUIS ALEJANDRO VEIGA PÉREZ, a la sentencia dictada N° 807/13 dictada en fecha 9 de diciembre de 2013 por la Audiencia Provincial Sección Décima de Valencia, España, que confirmó lo decidido en la sentencia N° 51/2013 proferida por el Juzgado de Primera Instancia N° 2 de Moncada-Valencia, España respecto a la disolución del matrimonio entre los solicitantes.

Extracto:

Sala pasa a evaluar si en la presente solicitud están cumplidos plenamente los extremos previstos en el artículo 53 de la Ley de Derecho Internacional Privado, así como, si la sentencia analizada no contraría preceptos del orden público venezolano, y al efecto observa que entre los requisitos se encuentran:

1. Que hayan sido dictadas en materia civil o mercantil o, en general, en materia de relaciones privadas. (…)

2. Que tengan fuerza de cosa juzgada de acuerdo con la Ley del Estado en el cual han sido pronunciadas. (…)

3. Que no versen sobre derechos reales respecto a bienes inmuebles situados en la República o que no se haya arrebatado a Venezuela la Jurisdicción para conocer del negocio. (…)

4. Que los tribunales del Estado sentenciador tengan jurisdicción para conocer la causa de acuerdo con los principios generales de jurisdicción consagrados en el Capítulo IX de esta Ley. (…)

5. Que el demandado haya sido debidamente citado, con tiempo suficiente para comparecer, y que se le hayan otorgado en general, las garantías procesales que aseguren una razonable posibilidad de defensa. (…)

6. Que no sean incompatibles con sentencia anterior que tenga autoridad de cosa juzgada; y que no se encuentre pendiente, ante los tribunales venezolanos, un juicio sobre el mismo objeto y entre las mismas partes, iniciado antes que se hubiere dictado la sentencia extranjera. (…)

Asimismo, la Sala observa que la sentencia extranjera sometida a exequátur no afecta ni contraría los principios esenciales del orden público venezolano, pues aun cuando la motivación del fallo para acordarse el divorcio solicitado es que habían transcurrido más de tres meses desde la celebración del matrimonio, como lo establece el apartado 2 del artículo 81 del Código Civil de España, consta en la decisión que el demandado abandonó el país (España) durante más de un año anterior a la demanda de divorcio, lo cual ha sido asimilado por analogía en la República Bolivariana de Venezuela a lo establecido en el artículo 185 del Código Civil, referido a la separación de cuerpos por más de un (1) año sin haber ocurrido en dicho lapso la reconciliación de los cónyuges.

Vista toda la relación anterior, esta Sala de Casación Social considera que la presente solicitud de exequátur parcial de la sentencia extranjera N° 807/13 dictada en fecha 9 de diciembre de 2013 por la Audiencia Provincial Sección Décima de Valencia, España, que confirmó lo decidido en la sentencia N° 51/2013 proferida por el Juzgado de Primera Instancia N° 2 de Moncada-Valencia, España respecto a la disolución del matrimonio entre los solicitantes, cumple los requisitos esenciales y concurrentes establecidos en el artículo 53 de la Ley de Derecho Internacional Privado para su procedencia. En consecuencia, concede fuerza ejecutoria parcial en la República Bolivariana de Venezuela a la referida decisión, solo respecto a la disolución del vínculo conyugal existente entre los ciudadanos ANTONIETA DI BARI MARTINELLI y LUIS ALEJANDRO VEIGA PÉREZ, tal como se declarará de manera expresa, positiva y precisa en el dispositivo de este fallo. Así se establece.”

Comentario de Acceso a la Justicia: Un Exequátur” es un procedimiento jurídico internacional por el cual un Estado solicita a otro Estado el reconocimiento, la ejecución u homologación de una sentencia que se dictó en el Estado requirente a efectos de asegurar la eficacia extraterritorial de la misma.

En el fallo la Sala pasa a evaluar si en la presente solicitud están cumplidos plenamente los extremos previstos en la Ley de Derecho Internacional Privado, y si la sentencia no contraría preceptos del orden público venezolano, y al efecto observa que cumple con los requisitos por lo que CONCEDE FUERZA ejecutoria parcial en el territorio de la República Bolivariana de Venezuela a la disolución del vínculo conyugal dictada en España.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scs/junio/200203-0529-22617-2017-16-516.HTML

El requisito de que el demandado haya sido citado, con garantías que aseguren una razonable posibilidad de defensa


MONITOREO1

Sala: de Casación Civil

Tipo De Recurso: Casación

Nº Exp: 15-170      TSJ/SCC Nº Sent: 419      Fecha: 22-06-2017

Caso: Solicitud de exequatur interpuesta por MILDRED KARINA SANTANA DE CAMPOS contra MARCOS LUIS CAMPOS SALAS.

Decisión: Se niega fuerza ejecutoria en el territorio de la República a la sentencia dictada el 24 de febrero de 2014, por el Tribunal de Circuito del Circuito Judicial Undécimo del Condado de Miami-Dade, Estado de Florida, Estados Unidos de América mediante la cual declaró la disolución del vínculo conyugal.

Extracto:

Con respecto al cumplimiento de este requisito, tenemos que durante la audiencia oral celebrada ante esta Sala se pudo escuchar los argumentos producidos por las partes, mediante los cuales la Defensa Pública consideró cumplido el mismo en tanto que la Fiscalía del Ministerio Público no dio su aprobación.

Ahora bien, en este sentido se hace necesario hacer especial referencia al Acuerdo Boliviano sobre Ejecución de Actos Extranjeros en su artículo 5, a) el cual señala que este requisito debe ser analizado “(…) conforme a la ley del país en donde se ha seguido el juicio (…)”, así como también sobre del artículo 2 de la Convención Interamericana sobre Eficacia Extraterritorial de las Sentencias y Laudos Arbitrales Extranjeros, el cual establece:

“(…) Las sentencias, laudos arbitrales y resoluciones jurisdiccionales extranjeros a que se refiere el artículo 1, tendrán eficacia extraterritorial en los Estados Partes si reúnen las condiciones siguientes:

(…) e. Que el demandado haya sido notificado o emplazado en debida forma legal de modo sustancialmente equivalente a la aceptada por la ley del Estado donde la sentencia, laudo y resolución jurisdiccional deban surtir efecto; (…)”.

 

La norma ut supra transcrita exige una equivalencia sustancial, en relación con la forma de practicar la citación, entre el derecho del lugar donde se haya dictado la sentencia o donde se haya practicado la citación, y el derecho del Estado en el cual se pretende su reconocimiento.

Por su parte, el artículo 49 de la República Bolivariana de Venezuela según el cual “(…) La defensa y la asistencia jurídica son derechos inviolables en todo estado y grado de la investigación y del proceso. Toda persona tiene derecho a ser notificada de los cargos por los cuales se le investiga, de acceder a las pruebas y de disponer del tiempo y de los medios adecuados para ejercer su defensa. (…)”.

Nuestra jurisprudencia venezolana específicamente esta Sala de Casación Civil, ha ratificado este requisito cuando la parte demandada en el juicio extranjero es quien solicita el pase de exequátur en Venezuela (Ver sentencia Nº 00675, de fecha 20 de noviembre de 2009, expediente Nº 08-096, caso: Juan Carlos Veliz Oliva contra Margoth Francisca Castellanos Thielen); cuando en la sentencia extranjera cuyo reconocimiento se pretende ambas partes celebraron un acuerdo matrimonial el cual fue ejecutado voluntariamente por los cónyuges (Ver sentencia Nº 000021, de fecha 11 de febrero de 2010, expediente Nº 09-226, caso Amanda del Carmen Díaz Cabello contra Carlos Rafael Noguera Adams); o cuando ambas partes solicitan conjuntamente el exequátur con lo que se evidencia que el demandado no sólo está conforme con los términos contenidos en la declaratoria de la sentencia extranjera, sino que además tiene interés legítimo en que el fallo cuyo pase se solicita, sea reconocido por el estado venezolano. (Ver sentencia Nº 000162, de fecha 17 de mayo de 2010, expediente Nº 09-454, caso: María Virginia Camou Morador y otro).”

“…OMISSIS…”

“Así, la Sala respecto al incumplimiento de este requisito ha negado el pase de fuerza ejecutoria en el territorio de la República Bolivariana de Venezuela, en sentencias tales como Nº 000177, de fecha 20 de mayo de 2010, expediente Nº 08-636 y Nº 000552, del día 17 de septiembre de 2015, expediente Nº 14-700.

En consecuencia, en aplicación de las jurisprudencias antes referidas de la Sala, dado que del texto de la sentencia cuyo pase se pretende, no se evidencia que la parte demandada haya tenido cubiertas las garantías a su defensa toda vez que no se precisa cómo y en qué sentido se practicó su citación para que estuviera en juicio, ni dicho supuesto es señalado de qué forma fue cumplido en la solicitud de exequátur, por parte del demandante, esta Sala considera que no está cumplido el requisito contemplado en el numeral 5° de la Ley de Derecho Internacional Privado.”

Comentario de Acceso a la Justicia: La sentencia ratifica el criterio de la Sala sobre el requisito de que el demandado haya sido citado, con tiempo suficiente para comparecer, y que se le hayan otorgado en general, las garantías procesales que aseguren una razonable posibilidad de defensa, para poder otorgarle fuerza ejecutoria en Venezuela.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scc/junio/200212-EXE.000419-22617-2017-15-170.HTML    

 

Los requisitos de procedencia de la reivindicación y de la condenatoria en costas de la apelación


JUSTICIA-NOTA

Sala: de Casación Civil

Tipo De Recurso: Casación

Nº Exp: 17-083      TSJ/SCC Nº Sent: 415      Fecha: 22-06-2017

Caso: Demanda de nulidad de asiento registral y reivindicación interpuesta por ADMINISTRADORA E INMOBILIARIA SU CASA, C.A. contra ANTOINETTE MACHAALANI VDA. DE YOUNES, CLAUDIA JOSEPH YOUNES MACHAALANI, TANIA JOSEPH YOUNES MACHAALANI, WALID JOSEPH YOUNES, MARIANNY DEL VALLE ROSAS ROSAS y JAVIER ORLANDO CONTRERAS VELÁSQUEZ.

Síntesis:

Decisión: Se declara con lugar el recurso de casación contra la sentencia dictada el 22 de noviembre de 2016, por el Juzgado Superior Accidental en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Nueva Esparta.

Extracto:

De conformidad con la jurisprudencia antes transcrita, en los juicios de reivindicación como el de autos, tal acción se halla condicionada a la concurrencia de los siguientes presupuestos: 1) el derecho de propiedad del reivindicante; 2) el hecho de encontrarse el demandado en posesión de la cosa reivindicada; 3) la falta de derecho de poseer del demandado y; 4) la identidad de la cosa reivindicada, esto es, que la cosa reclamada sea la misma sobre la cual el demandante alega derechos como propietario.”

“…OMISSIS…”

“De conformidad con lo anterior, las costas del recurso establecidas en el artículo 281 del Código de Procedimiento Civil, proceden contra quien haya apelado de una sentencia que sea confirmada en todas sus partes, siempre y cuando no haya vencimiento total en el proceso.”

Comentario de Acceso a la Justicia: La sentencia ratifica el criterio de la Sala sobre los requisitos de procedencia de la reivindicación y los requisitos de procedencia de la condenatoria en costas de la apelación.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scc/junio/200208-RC.000415-22617-2017-17-083.HTML    

 

Los requisitos de procedencia del exequatur


gaceta_comision

Sala: de Casación Social

Tipo De Recurso: exequatur

Nº Exp: 15-641      TSJ/SCS Nº Sent: 528      Fecha: 22-06-2017

Caso: Solicitud de exequátur interpuesta por WALDO DE LA CARIDAD VALDÉS-VALLE RODRÍGUEZ contra NELLY CARMEN NOGUEIRA DE JESÚS.

Decisión: Se concede fuerza ejecutoria en el territorio de la República a la sentencia dictada el 14 de septiembre de 2010, por la Corte Distrital del Distrito Judicial 233 del Condado Tarrant, estado de Texas, Estados Unidos de América, mediante la cual declaró la disolución del vínculo conyugal, el destino de sus propiedades y el régimen familiar de sus hijos.

Extracto:

“Siendo la oportunidad para pronunciarse sobre la solicitud formulada, se observa que toda solicitud de exequátur debe fundamentarse para su decisión, en la jerarquía de las fuentes en materia de Derecho Internacional Privado.

Dicho orden de prelación aparece claramente expuesto en el artículo 1° de la Ley de Derecho Internacional Privado, en los términos siguientes:

Los supuestos de hecho relacionados con los ordenamientos jurídicos extranjeros se regularán, por las normas de Derecho Internacional Público sobre la materia, en particular, las establecidas en los Tratados Internacionales vigentes en Venezuela; en su defecto, se aplicarán las Normas de Derecho Internacional Privado venezolano; a falta de ellas, se utilizará la analogía y, finalmente, se regirán por los principios de Derecho Internacional Privado generalmente aceptado.

La disposición transcrita ordena, en primer lugar, la aplicación de las Normas de Derecho Internacional Público sobre la materia, en particular las establecidas en los Tratados Internacionales vigentes en Venezuela.

En el caso de autos, se solicita que por el procedimiento de exequátur se declare fuerza ejecutoria en la República Bolivariana de Venezuela, de una sentencia dictada por un tribunal de los Estados Unidos de Norteamérica, país con el que la República Bolivariana de Venezuela no ha suscrito tratados internacionales en materia de reconocimiento y ejecución de sentencias; por tal razón, y siguiendo el orden de prelación de las fuentes en la materia, se impone la aplicación de las normas de Derecho Internacional Privado venezolano.

En este orden de ideas, la Ley de Derecho Internacional Privado, consagra en su Capítulo X las disposiciones concernientes a la eficacia de las sentencias extranjeras, estableciendo en el artículo 53, derogatorio parcialmente de los artículos 850 y 851 del Código de Procedimiento Civil, los requisitos que deben concurrir para que las sentencias extranjeras tengan efecto en Venezuela, los cuales son:

Artículo 53:

  1. Que hayan sido dictadas en materia civil o mercantil o, en general, en materia de relaciones privadas;
  2. Que tengan fuerza de cosa juzgada de acuerdo con la Ley del Estado en el cual han sido pronunciadas;
  3. Que no versen sobre derechos reales respecto a bienes inmuebles situados en la República o que no se haya arrebatado a Venezuela la Jurisdicción para conocer del negocio;
  4. Que los tribunales del Estado sentenciador tengan jurisdicción para conocer la causa de acuerdo con los principios generales de jurisdicción consagrados en el Capítulo IX de esta Ley;
  5. Que el demandado haya sido debidamente citado, con tiempo suficiente para comparecer, y que se le hayan otorgado en general, las garantías procesales que aseguren una razonable posibilidad de defensa;
  6. Que no sean incompatibles con sentencia anterior que tenga autoridad de cosa juzgada; y que no se encuentre pendiente, ante los tribunales venezolanos, un juicio sobre el mismo objeto y entre las mismas partes, iniciado antes que se hubiere dictado la sentencia extranjera.”

Comentario de Acceso a la Justicia: La sentencia ratifica el criterio de la Sala sobre los requisitos de procedencia del exequátur.

Fuente:  http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scs/junio/200202-0528-22617-2017-15-641.HTML    

 

La existencia del concubinato putativo y los requisitos de procedencia de la demanda


matrimonio

Sala: de Casación Social

Tipo De Recurso: Casación

Nº Exp: 15-1362      TSJ/SCS Nº Sent: 495      Fecha: 12-06-2017

Caso: Demanda de reconocimiento de unión concubinaria interpuesta por ISORA MERCEDES LUNA MELO contra GIUSEPPE MANNONE IACALONI.

Decisión: Se declara con lugar el recurso de casación contra la sentencia dictada el 28 de octubre de 2015, por el Juzgado Superior de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del estado Lara, y, parcialmente con lugar la demanda.

Extracto:

“Por tanto, debe concluirse, que sí es factible que existan uniones estables de hecho o concubinatos putativos que se formaron o nacieron entre una mujer y un hombre, que si bien uno de ellos era casado, el otro lo desconocía, es decir, se unió establemente a dicha persona actuando de buena fe y, en ese sentido, es necesario advertir, que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 127 del Código Civil antes transcrito, la unión estable putativa o el concubinato putativo, resulta válido y surte efectos hacia el pasado, “ex tunc”, desde que comenzó, o desde que quedó demostrado que se inició la unión estable o concubinato, hasta el momento que se produce la sentencia en la cual se declara su existencia y, dicha sentencia adquiera el carácter de sentencia definitivamente firme.

“…OMISSIS…”

Así tenemos que, lo que distingue en la determinación de la unión estable de hecho, es la cohabitación o vida en común, con carácter de permanencia, y que la pareja sea soltera, formada por divorciados o viudos entre sí o con solteros; sin que existan impedimentos dirimentes que impidan el matrimonio.

En tal sentido, la existencia de la unión estable de hecho se formará mediante una declaración judicial dictada en un proceso con ese fin, el cual dependerá de la comprobación de elementos indispensables para calificar una relación como una unión estable de hecho en la modalidad de concubinato, la cual está signada por la permanencia de la vida en común, que tal y como fue interpretado por la Sala Constitucional, resulta identificada por actos que hacen presumir a terceras personas que se está ante una pareja, que actúan con apariencia de un matrimonio o, al menos, de una relación seria y compenetrada.”

Comentario de Acceso a la Justicia: La sentencia ratifica el criterio de la Sala sobre la existencia del concubinato putativo, cuando uno de los concubinos desconoce que el otro está casado, y los requisitos de procedencia de la demanda.

Fuente:   http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scs/junio/199862-0495-12617-2017-15-1362.HTML  

 

Los requisitos para ejercer el derecho de retracto legal arrendaticio


MONITOREO1

Sala: de Casación Civil

Tipo De Recurso: Casación

Nº Exp: 16-827      TSJ/SCC Nº Sent: 371      Fecha: 07-06-2017

Caso: Demanda de retracto legal arrendaticio interpuesta por MERCANTIL SAN PABLO C.A. contra MARÍA MILAGROS VIEITO ALONZO y HÉCTOR JOSÉ TERÁN CASTELLANOS.

Decisión: Se declara sin lugar el recurso de casación contra la sentencia dictada el 4 de agosto de 2016, por el Juzgado Superior Accidental 9 en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Carabobo.

Extracto:

Seguidamente la recurrida establece los requisitos indispensables para ejercer el derecho de retracto legal arrendaticio, lo cuales son “que se trate de una negociación que conlleve la transmisión de la propiedad y; que se cumplan las condiciones establecidas en el artículo 42 de la Ley de Arrendamiento Inmobiliario (que se ofrezca el inmueble a aquellos arrendatarios que tengan más de dos años como tales, que se encuentran solventes y que estos satisfagan las aspiraciones del propietario)”

En atención a lo anteriormente expuesto, en el presente caso, el demandado a los fines del ejercicio del derecho preferente, ofreció en venta el inmueble en primer lugar –se repite- al arrendatario del local comercial, y este disponía de un lapso legal de 15 días continuos a su notificación para manifestar su voluntad o no de comprar el referido inmueble, transcurrido dicho término sin que el arrendatario haya aceptado el ofrecimiento, el propietario quedó en libertad para enajenar el inmueble objeto de la pretensión, lo cual hizo al co-demandado Héctor José Terán Castellano.

“…OMISSIS…”

Ahora bien, el artículo 49 de la Ley de Arrendamiento Inmobiliario establece la no procedencia del retracto legal arrendaticio en los casos de que la enajenación sea global; en el presente caso, el propietario suscribió un contrato de opción compra venta del local comercial arrendado signado con el N° 2 conjuntamente con el apartamento N° 1, los cuales conforman un solo inmueble, con el ciudadano Héctor José Terán Castellano, y según lo previsto por el artículo 49 eiusdem, no nacía para el arrendatario derecho de preferencia a que se refiere el mencionado artículo.”

Comentario de Acceso a la Justicia: La sentencia ratifica el criterio de la Sala sobre los requisitos para ejercer el derecho de retracto legal arrendaticio; y, la improcedencia del retracto legal arrendaticio en los casos de enajenación global.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scc/junio/199737-RC.000371-8617-2017-16-827.HTML

Las medidas cautelares como garantía de la tutela judicial efectiva, su trámite, sustanciación y recursos


JUSTICIA-NOTA

Sala: de Casación Social

Tipo De Recurso: Control de legalidad

Nº Exp: 16-784      TSJ/SCS Nº Sent: 451      Fecha: 05-06-2017

Caso: Demanda de rendición de cuentas interpuesta por EUCLEIDYS JOHANA VILLASANA PALACIOS contra JOSÉ DE NÓBREGA DA SILVA.

Decisión: Se declara con lugar el recurso de control de la legalidad contra la sentencia dictada el 26 de julio de 2016, por el Juzgado Superior de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del estado Guárico.

Extracto:

En ese orden de ideas, es menester atender a la naturaleza de la medidas cautelares, las cuales implican brindar tutela judicial anticipada a los beneficiarios de las mismas; razón por la cual, se les reconoce autonomía en cuanto a la medida en sí misma y al procedimiento para sustanciarlas, pues los requisitos para su procedencia son distintos, aunque íntimamente relacionados, a los exigidos para la procedencia de las pretensiones debatidas en la causa principal. Esto es lo que explica que su trámite y sustanciación, no obstante su carácter instrumental y, por ende, accesorio con respecto al juicio en el que son solicitadas, se realice en cuaderno separado, con lo que, las decisiones que se dicten en la sustanciación deben estar sometidas a un régimen recursivo igualmente separado y autónomo.”

“…OMISSIS…”

“No podía el Juez de la recurrida, sin vulnerar la ley, decidir en un mismo fallo, la solicitud de medidas cautelares y dictar sentencia sobre lo principal del juicio dirimiendo la controversia, pues por imperativo legal tanto en la Ley Especial como en el Código de Procedimiento Civil la incidencia sobre medidas cautelares debe tramitarse y decidirse en cuaderno separado e independiente del juicio principal. La violación de este principio procesal, trae diversas complicaciones que atentan contra el derecho a la defensa.

La incidencia cautelar, cuando se sustancia correctamente, se decide en primera instancia a través de un fallo susceptible de ser apelado en un solo efecto; esta apelación es independiente y autónoma de la apelación que pueda haberse intentado contra la sentencia definitiva. Si se decide el juicio principal y la medida cautelar en una misma sentencia se distorsiona la posibilidad de ejercer recursos independientes de apelación y extraordinario de impugnación contra las decisiones que resuelvan la incidencia cautelar.”

Comentario de Acceso a la Justicia: La sentencia ratifica el criterio de la Sala sobre la naturaleza de las medidas cautelares como garantía de la tutela judicial efectiva, su trámite, sustanciación y recursos.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scs/junio/199600-0451-5617-2017-16-784.HTML