Estudio 7 preguntas sobre la Justicia Militar


Estudio 7 preguntas sobre la Justicia Militar

Acceso a la Justicia frente al uso de la justicia militar para juzgar a civiles en 2017 en las masivas protestas que se verificaron entre abril y julio, consideró importante analizar el marco jurídico de la justicia militar a los efectos de determinar el porqué del uso repentino por parte del gobierno de este tipo de administración de justicia para juzgar a civiles.

La investigación realizada da respuesta a esta interrogante: la justicia militar depende del Ejecutivo Nacional según la normativa vigente, aunque la Constitución así no lo prevea.

Enlace al estudio 7 preguntas sobre la Justicia Militar.

¿Cómo la justicia militar en Venezuela viola la Constitución?


¿Cómo la justicia militar en Venezuela viola la Constitución?

El tema de la justicia militar en Venezuela cobró especial vigencia durante los cuatro meses (abril- julio) de 2017 de fuertes manifestaciones contra el Gobierno nacional, puesto que 757 civiles detenidos en tales protestas (según las ONG Human Rights Watch y Foro Penal) fueron procesados por tribunales castrenses ante la negativa de imputarlos por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) al mando de Luisa Ortega Díaz.

Pese a que la fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente (ANC) ordenó en agosto de 2017 que los casos pasaran a la jurisdicción civil, como corresponde, todavía hoy en día se presentan casos de ciudadanos civiles acusados de delitos militares. En uno de los más recientes resultó afectado el fotógrafo Héctor Pedroza, a quien un tribunal militar de Aragua le dictó privativa de libertad a principios de año supuestamente por instigación a la rebelión y terrorismo tras ser detenido el 27 de diciembre de 2017, mientras tomaba fotografías a una manifestación contra el Gobierno por falta de comida. Está recluido por ello en la cárcel de Ramo Verde.

Los civiles sometidos a tribunales castrenses constituyen un claro ejemplo de cómo la justicia militar en Venezuela viola la Constitución, pues el artículo 49 de la Carta Magna prevé el derecho de los ciudadanos al debido proceso y a ser juzgados por sus jueces naturales.

En este sentido, Acceso a la Justicia indica lo siguiente en su informe:

“La realización de una manifestación pacífica por parte de civiles no puede ser considerada, bajo ningún concepto, como rebelión militar (que fue uno de los delitos imputados), y en ese sentido debemos recordar que todas las manifestaciones realizadas, fueron consideradas, a priori, es decir, aún antes de ocurrir, como violentas, y por tanto sujetas a represión. En este supuesto, además, trataba de manifestantes civiles que protestaban en las vías públicas y contra de los cuales se transportaban tropas militares a los efectos de reprimirlas, es decir, los manifestantes estaban actuando en su ámbito natural, es decir, el civil, y eran los militares los que salían de sus instalaciones para reprimirlos. La intervención de un militar en una situación no cambia la naturaleza de los hechos, pues lo militar es la excepción y no la regla”.

Sobran ejemplos

militar-nota1Otra muestra de cómo desde la jurisdicción castrense se atenta contra el texto fundamental es el hecho de que el Código Orgánico de Justicia Militar (COJM) que fue puesto en vigencia durante la dictadura de Juan Vicente Gómez, la concibe como parte del Poder Ejecutivo y no como parte del Poder Judicial como lo señala la Constitución (artículo 261). Aunado a ello, establece expresamente que el presidente de la República, violando el principio de separación de poderes, es funcionario del Poder Judicial y puede ordenar que se sobresea (se suspenda) un juicio, lo que puede favorecer la impunidad. También nombra a los fiscales militares a los cuales, de paso, no se les exige ser abogados (artículos 71 y 77 del mismo código), lo cual viola la autonomía del Poder Ciudadano.

Como indica la investigación realizada por Acceso a la Justicia:

“El COJM, como era de esperarse en el régimen que lo vio nacer, hace que la justicia militar gire en torno a la figura del presidente de la República. Por ello, el artículo 28 señala literalmente que “son funcionarios de Justicia Militar” tanto el jefe de Estado como el ministro de la Defensa y otros militares con mando de tropa. Esta sola afirmación pone de manifiesto la manera en que se concibe la llamada justicia militar: como un órgano del Poder Ejecutivo. En cualquier democracia verdadera los tribunales militares no dependen del Ejecutivo”.

De hecho, para ser funcionario de la justicia militar se exige en la mayoría de los casos que sean oficiales y no abogados (artículos 24, 33, 41 y 49 del COJM), lo cual afecta la profesionalización de la carrera judicial militar y el principio de concurso.

En materia de dictar normativas y nombramiento de funcionarios, las competencias del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) como gobierno del Poder Judicial también han sido ignoradas por los militares. En su estudio 7 preguntas y respuestas sobre la Justicia Militar en Venezuela, Alí Daniels menciona que el ministro de la Defensa (resolución n.° 17.082 (12/01/2011) dictó el Reglamento Interno del Circuito Judicial Penal Militar sin tener competencias para ello, pues le corresponde al TSJ.

Por otro lado, dicho reglamento establece (artículo 8) que el nombramiento de los miembros de la Corte Marcial lo realizará el TSJ, pero no mediante el concurso que señala la Constitución sino escogiendo de una lista que dicte el propio ministro de la Defensa.

Vladimir Padrino LópezEn la investigación realizada por Acceso a la Justicia se indica asimismo que en un acto reciente dicho ministro, por disposición del presidente de la República, nombró al oficial general que ejercía como fiscal militar para el puesto de presidente de la Corte Marcial y además, designó a un nuevo fiscal militar para reemplazar al anterior (resolución n.° 22.275 del 21/12/2017). A pesar de que no la ejerza, esa competencia le toca al TSJ (artículo 255 de la Carta Magna).

¿Y a ti venezolano, cómo te afecta?

Ante el total irrespeto de la regulación existente en materia de justicia militar respecto de la Constitución, los derechos ciudadanos están expuestos a la voluntad de la tiranía.

De acuerdo con la Carta Magna, en Venezuela sólo existe un Poder Judicial, con la jurisdicción militar incluida (artículo 261), aunque le da ciertos elementos diferenciadores, al igual que a la justicia de paz y la indígena, pero la normativa que la regula la transforma en un sistema de administración justicia paralelo que no respeta el debido proceso y no diferencia entre civiles y militares.

Con la instalación en Venezuela de un gobierno cada vez más autoritario, este tipo de regulación poco garantista es una herramienta útil para que el Gobierno la use en contra del ciudadano que proteste o de la oposición política.

Enlace al informe.

Enlace al informe resumido.

Enlace a la infografía.

Boletín n.° 21. Del 22 al 29 de enero de 2018


Boletín Crisis en Venezuela

Crece el cerco a la libertad de expresión– Espacio PúblicoTrabajador del Minci enviado a Ramo Verde– Foro Penal Venezolano¿Puede Maduro postularse a la reelección por la Presidencia?– Acceso a la JusticiaPresidente Maduro cumple 700 días con suprapoderes con la anuencia del TSJ– Transparencia Venezuela. 280 mil niños podrían fallecer en Venezuela por desnutrición en 2018- Un Mundo Sin MordazaVenezuela: 15 años, 10 masacres, 177 asesinados– ProveaOrganizaciones de la sociedad civil exigen condiciones electorales para recuperar la democracia en Venezuela– CEPAZPrograma de Acción Humanitaria ha distribuido 38 toneladas de ayuda– Codevida.

Boletín n.° 21 Crisis en Venezuela

¿Puede Maduro postularse a la reelección en la Presidencia?


Reelección Nicolás Maduro

En momentos en que la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) decidió convocar las elecciones presidenciales en el primer cuatrimestre de este año (el 30 de abril como límite), usurpando funciones del Consejo Nacional Electoral (CNE), es importante la respuesta a la pregunta sobre si el jefe de Estado es venezolano de nacimiento o si de poseer doble nacionalidad renunció a la no venezolana, pues de ella depende la legalidad o no de su postulación a la reelección en el cargo.

Y es que la duda sobre la verdadera nacionalidad del presidente de la República, Nicolás Maduro nunca fue despejada con argumentos contundentes, pues la partida de nacimiento del primer mandatario como prueba principal, jamás ha sido mostrada.

TSJDe acuerdo con la Sala Constitucional (SC) del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), plegado a los intereses del Gobierno, Maduro está totalmente habilitado para ocupar la silla de Miraflores y, por ende, puede optar por un segundo mandato (2019-2023). Mediante sentencia n.° 907 del 28 de octubre de 2016, al resolver un recurso –inventado por el juez constitucional–, declaró que Maduro “es venezolano por nacimiento”.

Afirmó, de hecho, que el sucesor de Hugo Chávez en el poder “nació en la ciudad de Caracas, para entonces, Departamento Libertador del Distrito Federal, parroquia la Candelaria, el 23 de noviembre de 1962; y que, en fin, ha cumplido y cumple con los requisitos señalados en los artículos 41 y 227 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, para ejercer el cargo de Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela”.

Dicho fallo, a pesar de su tenaz intento por aclarar cuál es la nacionalidad del presidente, deja más confusiones justamente cuando termina diciendo con ciertos malabarismos que su partida de nacimiento es un documento “incontrovertible” (figura que no existe en derecho), con lo que busca evitar cualquier controversia. De ahí que Acceso a la Justicia catalogara esta sentencia como la “peor” decisión emitida por el TSJ en 2016, porque sólo buscó justificar la nacionalidad del mandatario nacional sin mostrar su acta de nacimiento y sin argumentos jurídicos ni de hecho válidos.

Elección anulada

Pero según el TSJ en el exilio, Maduro es un jefe de Estado ilegítimo, por lo que menos aún podría repetir en funciones.

En un intento por frenar la grave ruptura de la Constitución y el estado de Derecho en Venezuela, la SC del llamado TSJ en el exilio, mediante sentencia n.° 8 de fecha 10 de enero de 2018, admitió una demanda que pretende anular la elección presidencial celebrada el pasado 14 de abril de 2013, precisamente en vista de las múltiples contradicciones que ponen en duda la nacionalidad de Maduro.

En este sentido, acordó una medida cautelar en la que se ordena al presidente exhibir “al pueblo de Venezuela (…) la copia certificada de su acta de nacimiento en Venezuela; así como también la prueba de haber renunciado a cualquier otra nacionalidad que pudiera haber tenido antes de su postulación como candidato a la presidencia de la República”. Del mismo modo, ordenó a la Fuerza Armada y a las autoridades del CNE a colaborar con sus investigaciones para determinar si el mandatario nació o no en nuestro país.

Acceso a la Justicia reitera que las decisiones del TSJ en el exilio no tienen valor jurídico, porque entre otras cosas está fuera del país y la Carta Magna establece (artículo 6) que la ciudad de Caracas es el asiento de los órganos del Poder Nacional. Pero la ONG también insiste en que tales sentencias son importantes para impulsar la defensa del orden constitucional ante los sistemáticos ataques emprendidos en Venezuela, sobre todo por el Ejecutivo Nacional, el Poder Judicial y el CNE, y más recientemente la ANC.

Se trata de una decisión que busca, además de garantizar una efectiva transparencia, alertar a la opinión pública sobre la falta de certeza e información fidedigna que existe sobre el lugar de nacimiento del mandatario nacional, pues si se comprobara que Maduro no es venezolano o goza de doble nacionalidad quedaría invalidada su elección en 2013 y, por ende, estaría obligado a abandonar el cargo y verse impedido para postularse en las próximas elecciones presidenciales.

Ahora bien, independientemente de la respuesta que pueda dar el TSJ en el exilio, la nacionalidad del presidente Maduro es un asunto de orden público que interesa a todos los venezolanos sin excepción, y por eso el interés significativo de esta decisión judicial, pues se trata de una condición de elegibilidad que exige transparencia informativa en aras de asegurar la normalidad institucional y la legitimidad de las elecciones.

CRBVEl artículo 41 de la Constitución establece que “Sólo los venezolanos y venezolanas por nacimiento y sin otra nacionalidad, podrán ejercer los cargos de Presidente o Presidenta de la República”. El 227 también señala que “Para ser elegido Presidente o Presidenta de la República se requiere ser venezolano o venezolana por nacimiento, no poseer otra nacionalidad, mayor de treinta años, de estado seglar y no estar sometido o sometida a condena mediante sentencia definitivamente firme y cumplir con los demás requisitos establecidos en esta Constitución”.

Por ello puede afirmarse, a la luz de las disposiciones antes mencionadas, que la partida de nacimiento del jefe de Estado se considera un documento público que debe ser de fácil acceso, ya que acredita la identidad y nacionalidad del mandatario nacional y, en consecuencia, es un instrumento imprescindible para comprobar el cumplimiento o no de los requisitos indispensables en una elección para el cargo presidencial.

No hay duda de que la intencionalidad política del Gobierno nacional está muy lejos de lo que establece el tejido constitucional, atentando contra el principio democrático, y por tanto, contra el Estado de derecho. Ello ha quedado evidenciado en reiteradas ocasiones al violar y eliminar el ejercicio de las libertades públicas, entre otras, el derecho a la información (artículo 58) y a la transparencia (artículo 141), configurándose en un régimen autocrático.

Y a ti venezolano, ¿cómo te afecta?

Los venezolanos estamos atravesando por un momento crucial dada la disminución drástica de nuestra calidad de vida. A esto se suma, sin duda, una cadena de problemas, entre ellos la impunidad, la corrupción, la burocracia sin límites, y por supuesto, el ocultamiento de información cuando esta ponga en riesgo los intereses del Gobierno nacional o la de sus dirigentes.

En la medida en que se niega información acerca de asuntos de interés público, como es el de la nacionalidad del presidente de la República, se profundiza más el camino hacia la dictadura y la consecuente negación del ejercicio de los derechos humanos de la población venezolana.

Boletín n.° 19. Del 8 al 15 de enero de 2018


Boletín Crisis en Venezuela

TSJ le tendió la alfombra roja a la dictadura en 2017- Acceso a la JusticiaProvea constata que venezolanos consumen comida para perros-Provea. ONG repudian impunidad en el asesinato de niña Yara Emiliana- CEPAZLa ley contra el odio en uso– Un Mundo Sin MordazaEn 2018 seguiremos de pie pese a las adversidades contra la libertad de expresión- Espacio Público. Estamos en un escenario de guerra por la emergencia humanitaria– Codevida.

Boletín n.° 19 Crisis en Venezuela

TSJ concretó disolución de la Asamblea Nacional en 2017


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La Asamblea Nacional (AN), electa el 6 de diciembre de 2015 por estar conformada por una mayoría calificada opositora al gobierno (por primera vez en 16 años de chavismo) no ha podido prácticamente ejercer sus funciones por una serie de obstáculos impuestos por el Poder Judicial.

 Para tener una idea de la guerra judicial en contra de la AN que emprendió el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) desde su elección, se debe recordar que en 2016 bajo el amparo de la tesis del desacato le quitó prácticamente todas sus atribuciones a partir de julio de ese año.

Ya en 2017, el TSJ desconoció a la directiva presidida por el diputado Julio Borges sin justificación y permitió la instalación de una Asamblea Nacional Constituyente (ANC), que  vino entre otras cosas a sustituir al Parlamento.Julio Borges

Estado de excepción impuesto

Desde enero de 2016, Venezuela permanece bajo un perenne estado de excepción, cuya finalidad desde el inicio, según el mismo Jefe de Estado, era tomar medidas extraordinarias que permitieran superar la crisis económica.

Sin embargo, en cada ocasión que se han cumplido los 60 días que prevé la Constitución como plazo máximo de duración del decreto de emergencia económica, el Ejecutivo ha firmado una extensión por el mismo lapso, lo que también permite la Constitución, sólo que al culminar la prórroga dicta un nuevo decreto que luego extiende, lo que está prohibido por el texto constitucional que prevé un plazo máximo de 120 días de estado de excepción por la causa indicada.

Con esta metodología, el Ejecutivo mantiene al país en estado de excepción desde hace dos años, haciendo lo que quiere en materia de legislación socioeconómica e incluso en otros ámbitos. El decreto más reciente es del 09 de enero por lo que ha habido 13 decretos en total.

Ninguno de los decretos de estado de excepción ni sus prórrogas han sido aprobados por el Poder Legislativo como exige expresamente el artículo 339 de la Constitución, y aun así el TSJ los ha declarado constitucionales, haciendo caso omiso también de la Ley Orgánica de Estados de Excepción y de la Exposición de Motivos del texto fundamental que incluso le prohíben intervenir en ese supuesto.

Con esto queda muy claro que el máximo tribunal desempeña un rol al revés de su mandato, al permitir la desintegración de la Carta Magna con estados de excepción inconstitucionales, cuando su función según el artículo 334 es “asegurar la integridad de la Constitución”.

El eterno desacato

La tesis del desacato fue la que creó el TSJ poco después de las elecciones parlamentarias en diciembre de 2015 para hacer lo que la Constitución no le permite al gobierno, pero que era su mayor desiderátum: disolver la AN, como en efecto hizo posteriormente el TSJ con la sentencia nº 156 del 30 de abril.

El desacato surgió porque la AN no quiso acatar la decisión de la Sala Electoral de no juramentar a los cuatro diputados de Amazonas. Aunque la AN más adelante desincorporó a los parlamentarios (enero de 2017) la sanción persistió, de hecho la Sala Constitucional (SC, sentencia 2/2017) del TSJ declaró que todas las sesiones de la AN desde su instalación el 05 de enero eran nulas, desconoció la juramentación de la directiva de Borges y prohibió el inicio del nuevo período legislativo mientras persistiera el supuesto desacato.

Reiteramos que el desacato es un “delito o falta, según el caso, que implica la desobediencia a una orden judicial” y acarrea prisión o arresto pero no anulación de actuaciones. Por ello, lo conducente era eventualmente la sanción de su directiva, la presidida por Henry Ramos Allup por juramentar a diputados de Amazonas, pero no la anulación del órgano.

Impunidad

PdvsaEn 2016, el TSJ declaró que no le convenía al país una investigación por corrupción sobre Petróleos de Venezuela (Pdvsa) que había iniciado la AN y en 2017, ordenó a la Contraloría General de la República (CGR) investigar al diputado Freddy Guevara por querer notificar en Nueva York de esa investigación a Rafael Ramírez, quien se desempeñaba como embajador por Venezuela ante la ONU. Lo más increíble de esto es que a finales de este año la persecución a Ramírez por corrupción ha sido la bandera del gobierno.

En el transcurso de 2017 el TSJ tomó decisiones con las que negó uno de los principios básicos republicanos: la responsabilidad de cualquier órgano del Estado y su obligación de rendir cuentas. En este sentido, entre otros, desconoció en la sentencia nº 7 del 26-1-2017 de la SC el abandono del cargo del Presidente de la República declarado por la AN; permitió que la memoria y cuenta le fuera presentada a él y no a la AN, eliminó el control de la CGR sobre las empresas militares a pesar de que tienen a su cargo la mayoría de los recursos naturales del país y autorizó al Ejecutivo a vender parte de Pdvsa y a endeudarse sin control del legislativo.

Ruptura del orden constitucional

Desde el 2016, el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, ha denunciado la grave alteración del orden constitucional y democrático en Venezuela y en febrero de 2017 reabrió el debate sobre la activación de la aplicación de la Carta Democrática Interamericana en nuestro país, presentando el 14 de marzo un nuevo informe sobre la crisis. A raíz de ello, la AN aprobó un acuerdo para la reactivación de la Carta.

El partido de gobierno inmediatamente reaccionó y presentó un recurso ante la Sala Constitucional del TSJ y esta respondió a los seis días con la sentencia 155 del 29 de abril en la que anula el acuerdo de la AN que aprobó el informe de Almagro e incentivó al Ejecutivo a legislar en materia de seguridad nacional, en el ámbito penal y militar, aunque sin limitaciones, para evitar un supuesto estado de conmoción exterior (otra causal de estado de excepción). Además desconoce la inmunidad parlamentaria por el desacato. Al día siguiente, esa misma Sala dictó otra sentencia, la 156 en que permite la venta de parte de la estatal petrolera sin la autorización de la AN a una empresa rusa y además disolvió el parlamento. También decidió que desde ese momento, la Sala o el órgano que ella indicara sustituían a la Asamblea Nacional.

Estas dos sentencias causaron gran escándalo en la comunidad internacional, quien anunció que en Venezuela se había instaurado una dictadura y como consecuencia de ello se produjo el retiro de embajadores de varios países. Esto dio lugar a la activación por parte del Ejecutivo del Consejo General de Seguridad quien exhortó al TSJ a revisar sus sentencias. El 1º de abril, la Sala Constitucional anuló sus sentencias, pero en la práctica la AN siguió invalidada.

TSJ

La Fiscal

Hasta la fiscal general de la República Luisa Ortega Díaz reconoció que había habido una ruptura del orden constitucional en Venezuela por las sentencias 155 y 156 e inició una verdadera guerra judicial contra el Gobierno, pero esto no tuvo mayores frutos, pues aunque visibilizó aún más el régimen y sus debilidades su cruzada dio lugar a su destitución del cargo por la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente (ANC), potestad que es de la AN.

El esposo de la Fiscal, diputado del partido de gobierno, Germán Ferrer también se le unió. Como consecuencia de ello, mediante la sentencia 66 de la Sala Plena, el TSJ le quitó la inmunidad parlamentaria, competencia que es de la AN. Luego un tribunal de instancia dictó una orden de aprehensión en su contra por manejar supuestamente una importante red de corrupción desde la Fiscalía.

El golpe electoral

La renovación de los partidos políticos por el TSJ fue uno de los temas clave de 2017. Esta exigencia fue por una sentencia del máximo tribunal, la primera de 2016 de la Sala Constitucional, en la que prohibió la doble militancia y exigió, en contra de la lo que dice la ley de la materia, la renovación de los partidos políticos que hubieran participado en las elecciones parlamentarias con la tarjeta de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) y no con su propia tarjeta.

El TSJ también en 2016 designó a los rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE) que tenían el periodo vencido, aunque fuera competencia de la AN.

La guinda del pastel del TSJ contra la AN en 2017 fue el aval a la convocatoria del presidente Nicolás Maduro e instalación de la fraudulenta ANC a través de varias sentencias. Hoy en sustitución ilegal del Parlamento, la ANC aprueba leyes, incluido el presupuesto nacional, ha allanado la inmunidad parlamentaria de diputados de oposición y ordena investigaciones, entre otras funciones.

¿Y a ti venezolano, cómo te afecta?

Sin Parlamento, no hay democracia, pues es el órgano democrático por excelencia al ser el que representa a todas las ideologías del país y permite el debate entre ellas. Mientras en el Ejecutivo suele estar el partido político que obtuvo la mayoría, en el Parlamento u órgano legislativo nacional están también los que no la obtuvieron y esto permite controlar mejor la gestión del Ejecutivo y del partido de gobierno.

Además como el Parlamento suele tener no sólo funciones legislativas, sino también de control, puede garantizar el mejor uso de los recursos públicos por parte del Ejecutivo, de hecho es quien recibe la memoria y cuenta del gobierno, así como aprueba el presupuesto nacional de cada año. Si se elimina el Parlamento, como ha ocurrido en Venezuela, el Ejecutivo tiene rienda suelta en la administración y uso de los recursos públicos, lo que puede causar exceso de endeudamiento, corrupción e inflación, que son entre otros males los que hoy en día nos afectan a todos.