Nuestro sistema de justicia oculta información clave


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Información clave (presupuesto, personal, gestión e informes anuales) que permita una completa evaluación de desempeño no es precisamente lo que abunda en el sistema de justicia venezolano, comenzando por la cabeza del poder judicial como lo es el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

Si por ejemplo quiere conocer quiénes son los jueces que despachan desde los tribunales de la República en todo el país, no se encontrará con una lista actualizada en la página web del TSJ. La Dirección Ejecutiva de la Magistratura (DEM) muy probablemente la posea, pero tampoco la publica ni la provee si se le solicita, como demostró la detención en la DEM por algunas horas de Joseph Poliszuk, periodista del portal de noticias ArmadoInfo, por haber pedido una información que debería ser pública.

Hasta en la fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente (ANC) se demostró en la sesión del pasado 4 de octubre, durante un debate sobre los cambios que amerita el sistema de justicia en Venezuela, que no se sabe con exactitud quiénes son los jueces ni qué hacen. El reclamo de la constituyentista María Alejandra Díaz lo evidenció: “¿Cómo se nombra a un juez y aparece en un viñedo en Italia y con una cuenta en dólares que no puede justificar?”

Si se revisa la lista que publica el TSJ, se notará que el juez Jesús Manuel Izaguirre Carvajal figura en la página del máximo juzgado del país como titular en el Tribunal Segundo de Control en el estado Delta Amacuro (desde el 26 de marzo de 2015) pero su situación actual es la de destituido. Otro caso es el de la ya lamentablemente fallecida en 2016, Ana Josefina Villavicencio Cacique, quien aparece actualmente como jueza titular de la Corte de Apelaciones 8 en Caracas.

De igual forma, el magistrado exprés de la Sala Político Administrativa del TSJ, Jesús Manuel Jiménez Alfonzo, está todavía en el listado del TSJ como juez provisorio (desde el 16 de mayo de 2008) en el Tribunal Vigésimo Octavo de Control de Caracas, pero también sale como juez temporal de la Corte de Apelaciones 4 (desde el 30 de septiembre de 2013).

Asimismo, está el tristemente célebre caso del abogado Ángel Zerpa, quien aparece como juez titular penal de la Corte de Apelaciones, aunque fue destituido de su cargo en agosto de 2010 y más recientemente fue detenido arbitrariamente y llevado ante la justicia militar sin cumplimiento del debido proceso, por haber sido nombrado como magistrado del TSJ por la Asamblea Nacional (AN).

Si no sabemos los nombres de los jueces y los cargos que actualmente ocupan no podemos determinar quiénes son ni, sobre todo, si cumplen requisitos tan importantes como no tener militancia política para ocupar su cargo, o si han cometido crímenes o tienen sanciones que cuestionen su aptitud para una función tan importante para la armonía de una sociedad como la de ser juez.

En línea pero sin datos

Un aspecto que llama la atención es que cada órgano del sistema de justicia (Defensoría del Pueblo; Ministerio Público, MP; Poder Judicial; Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario y Defensa Pública) tiene página web que actualizan constantemente con noticias, pero no reflejan información sobre los recursos humanos con los que cuentan, por lo que no podemos saber si son suficientes. El Poder Judicial, la Fiscalía General, Defensa Pública, el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC) y la Policía Nacional Bolivariana (PNB) aportan datos parciales o no actualizados sobre el personal clave como el número de jueces (2.139 para 2016 de los cuales 73% no son titulares), de fiscales (2.246 en 2017, de los cuales sólo 1% es titular), defensores públicos (1.500 para 2015) y policías (85.057 funcionarios en 2014).

El panorama no cambia si de informes anuales hablamos. De la Defensoría del Pueblo sólo se pudo obtener los de los años 2001 y 2015, del MP 2004 y 2016, del Poder Judicial 2001 a 2011 y del Ministerio de Servicios Penitenciarios 2014 y 2015. En la actualidad, el Poder Judicial presenta un discurso de su presidente, quien rinde cuentas, pero no contiene los datos que tenía el informe anual y muchas veces, como por ejemplo este año, aparece publicado con retraso. Se publicó el discurso de Gladys Gutiérrez, ya extitular del TSJ, en la página web el lunes 30 de octubre de 2017, es decir, unos 9 meses después de haberse pronunciado.

En cuanto a los recursos financieros, la información no aparece en las web de los órganos del sistema de justicia, y el de 2017 no fue siquiera publicado en Gaceta Oficial por haber sido presentado por el Ejecutivo ante el TSJ en vez de la AN. En consecuencia, no hubo una Ley de Presupuesto como exige la Constitución. Transparencia Venezuela se encargó de hacerlo público. Es en la página de esta ONG que se pueden encontrar los balances de ingresos y egresos de entes del Estado, incluso la información sobre los créditos adicionales. Por otro lado, nuestra investigación ha demostrado que la asignación de recursos al sistema de justicia bajó desde 2005 de 2,6% del presupuesto nacional a 1,6% en 2015.

¿Y a ti venezolano, cómo te afecta?

La ausencia de información impide a los ciudadanos, en particular a los expertos, formular recomendaciones y sugerencias que permitan al sistema de justicia realizar su labor de manera más eficiente.

Si precisamente los órganos llamados a hacer cumplir las leyes no rinden cuentas de su gestión de manera transparente, con dificultad podrán asegurar el cumplimiento de una garantía constitucional tan fundamental como lo es el acceso a la justicia.

Nueva exigencia de la Sala Civil del TSJ viola independencia judicial y acceso a la justicia


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La independencia judicial es fundamental para que haya justicia verdadera en un país, y esta exige, entre otros, la independencia funcional del juez, que garantiza su  libertad de criterio a la hora de actuar y decidir, de modo que no sea sometido a presiones de otros órganos del mismo sistema judicial.

En abierta violación a la independencia funcional del juez, el 14 de agosto de 2017, mediante oficio n.° CICJC-OFC-00907-2017, la presidencia de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) les exigió a los jueces rectores y coordinadores de los tribunales civiles que le informen sobre las comisiones de los jueces de primera instancia hacia otras circunscripciones judiciales antes de ser emitidas, así como las que reciban los jueces de municipio y ejecutores de medidas.

Las comisiones son órdenes de un juez a otro para que practique una diligencia judicial determinada, en caso de no poder hacerlo personalmente o por tratarse de un acto que deba realizarse en el territorio de otro juez. Por ejemplo, la citación de una persona que se encuentra fuera del territorio del tribunal donde se lleva a cabo el juicio. Este tipo de órdenes pueden ser emitidas por el juez según su criterio y las necesidades del proceso que dirige, siempre que lo haga conforme a la ley (artículos 14 y 234 y siguientes del Código de Procedimiento Civil.

Por esta razón el que la Sala Civil del TSJ establezca un requisito no previsto en la ley, agregando un paso adicional al proceso judicial por medio de un acto de rango sublegal inferior a la ley, como es un oficio, viola la reserva legal (artículo 156.32) y el propio Código de Procedimiento Civil. Asimismo, incurre en usurpación de funciones, al ser el órgano legislativo el competente para modificar la ley y no el judicial.

Quizás la presidencia de la Sala Civil podría fundamentar su propia competencia en que el TSJ, según el artículo 267 de la Constitución, es el órgano de dirección, gobierno y administración del Poder Judicial, así como de  inspección y vigilancia de los tribunales. Sin embargo, la Ley Orgánica del TSJ le da competencia en esta materia a la Sala Plena o a la Inspectoría General de Tribunales, y no a la Sala Civil, e incluso esos órganos actuando como administrativos no pueden cambiar la ley y menos aún establecer procedimientos judiciales. Esto es propio del órgano legislativo, es decir, de la Asamblea Nacional.

A las razones de ilegalidad e inconstitucionalidad antes mencionadas de la decisión de la Sala Civil, se añade otra causa de inconstitucionalidad. Este oficio también afecta directamente a los ciudadanos, porque sus juicios civiles serán aún más lentos cuando requieran de alguna comisión, lo que viola el artículo 26 de la Constitución. En este sentido, la norma constitucional dice que para que haya acceso a la justicia se requiere, entre otros, que esta sea rápida y sin formalismos inútiles. No obstante, el requerimiento de la Sala Civil de enviarle la información sobre las comisiones judiciales que se van a expedir retrasará los procesos y es un requisito que no añade nada al juicio, sino un control judicial que como, ya explicamos, viola la independencia del juez.

Si en 2016 la justicia civil aparecía en el puesto 112 de 113 países evaluados según el World Justice Project (p. 158), en 2017 es muy probable que aparezca en el último lugar con esta nueva medida de la Sala Civil.

La tramoya penal del Gobierno venezolano


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El Gobierno venezolano no sólo se ha caracterizado por perseguir opositores, también se ha dedicado a crear un complejo aparataje en materia penal, lo cual resulta propio de asociaciones de crimen organizado. Además de contar con las fuerzas de orden público, fiscales y tribunales como apéndice del Poder Ejecutivo, también se sirve de un sinfín de leyes de corte penal autoritario.

Este marco legal facilita la tarea de persecución contra cualquiera que se oponga, con la ayuda de los operadores del sistema de justicia, además, le da la potestad de actuar de manera impune y castigar al más débil, como consecuencia de tener de su lado a la policía, el Ministerio Público (MP) y el propio Poder Judicial.

Así, con las restricciones previstas en la Ley contra Ilícitos Cambiarios, inició una persecución en 2014 y 2015 contra los llamados “raspacupo“, mientras que las famosas empresas de maletín que recibían sumas importantes no fueron enjuiciadas.

Más recientemente, se han destapado algunas ollas de corrupción con los negocios turbios detrás de la distribución de alimentos, a través de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), mientras el Gobierno que busca expiar sus culpas con la promulgación de una Ley de Precios Justos a finales de 2014, sólo persigue a revendedores de poca monta, conocidos como “bachaqueros”, pero de las redes que consiguen y venden productos supuestamente regulados a precios exorbitantes y los exhiben sin ningún problema no hay noticia alguna.

Por lo expuesto, haremos referencia a la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, sobre la cual se pueden hacer muchas menciones acerca de su carácter autoritario e inquisitivo, como por ejemplo, que sirve para que una persona detenida por un delito común sea mantenida privada de libertad al ser acusada según esta ley y no de acuerdo con el Código Penal.

La Ley contra la Delincuencia Organizada fue promulgada por primera vez en 2005 por la Asamblea Nacional con mayoría del partido de Gobierno, dirigida casualmente por el hoy presidente, Nicolás Maduro. En dicho texto estaba descrito el delito de asociación para delinquir, cuya pena máxima era de seis años de prisión y, por ende, de acuerdo a las reglas del Código Orgánico Procesal Penal, la imputación de este delito no ameritaba detención preventiva. Ahora bien, con la reforma de esta ley en 2012 se incrementa la pena por la asociación a 10 años de cárcel, con lo cual se da luz verde al Estado para apresar a las personas que sean imputadas justa o injustamente por este delito, ya que de acuerdo a la estructura del mismo se puede decir que es un delito complejo y de difícil comprobación. Sin embargo, eso no impide al MP imputar sin prueba alguna y a los jueces admitir tal imputación.

Por ello, debemos recalcar que el delito de asociación para delinquir, cuya pena máxima es de diez años de cárcel (a diferencia de los dos a cinco años de su equivalente en el Código Penal), permite a jueces y fiscales, sin prueba alguna en la mayoría de los casos, lograr el encarcelamiento de la persona imputada. Este delito ha sido caballo de batalla del MP desde 2012, cuando la ley sufrió su última reforma, pues los fiscales, al imputar este delito, saben que tienen un pase seguro a una medida de prisión preventiva en contra de la persona imputada.

Por ejemplo, existen actualmente por lo menos ocho presos políticos imputados, acusados e incluso condenados por el delito de asociación para delinquir; entre ellos están Leopoldo López, Antonio Ledezma, Renzo Prieto, Yon Goicochea, Ignacio Porras, Efraín Ortega, Jhosman Paredes y Carmen Gutiérrez (esposa del teniente coronel José Gámez, también detenido). Ello sin contar con aquellas personas no involucradas en política y procesadas por delitos comunes que han sido imputadas o acusadas, trayendo ello como consecuencia su injusta detención.

A la vista de los nombres de los detenidos gracias a la ley antes descrita, en realidad los delitos cometidos por tales dirigentes, desde el punto de vista del Gobierno fueron asociarse como partido político con ideas distintas al poder político y protestar en la calle contra los abusos de poder. Tales acciones se convirtieron en crímenes en Venezuela.

Queda entonces reforzada la tesis del derecho penal del enemigo (elaborada por el penalista alemán Gunther Jakobs), es decir la aplicación de reglas jurídicas distintas por parte del Ejecutivo contra todo aquel que se le oponga, sea dirigente político o ciudadanos de a pie.

Y si antes de la Asamblea Nacional Constituyente la situación era crítica veremos cómo empeora con las actuaciones de la llamada Comisión para la Verdad, la Justicia y la Tranquilidad Pública, una especie de tribunal con poderes de investigación cuya finalidad es perseguir y castigar a la disidencia, usando las leyes según les convenga.

¿Y a ti venezolano cómo te afecta?

Todo sistema de gobierno que asegure formar parte de un estado de derecho debe manejar con cautela el ejercicio de la acción penal, entendiéndose como esa potestad de castigar con sanciones privativas de libertad a las personas involucradas en delitos. Sin embargo, desde la implantación del actual régimen en 1998, en Venezuela ha reinado un Estado de Policía, al mejor estilo de la obra 1984 de George Orwell, con un entramado legal para castigar al pobre y al disidente, pero permitiendo a su vez la impunidad al Estado o sus amigos. Todo ello implica que cualquier persona que contraríe al Gobierno, de cualquier manera, podría ser imputada y encarcelada por asociación para cometer delitos de delincuencia organizada y terrorismo.

Libertad para estudiantes de la UPEL: ni se acata ni se cumple


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Si quien supuestamente desacata es la Asamblea Nacional (AN), el Tribunal Supremo de Justicia anula sus actos y la despoja de sus competencias. Si son los alcaldes de oposición, se les abre juicio, se les destituye y son enviados a prisión ¿Cómo es posible entonces que el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), o más recientemente la Policía de Aragua, incurran en un real desacato judicial y no haya pronunciamientos ni sanciones?

De acuerdo con el director de Foro Penal Venezolano, Gonzalo Himiob, van cuarenta y cinco boletas de excarcelación de presos políticos emitidas por tribunales que han sido desobedecidas por cuerpos de seguridad.

El artículo 44 de la Constitución señala que una orden de excarcelación emanada de un tribunal debe ser ejecutada de manera inmediata. De igual forma, el artículo 485 del Código Penal prevé arresto de cinco a treinta días o multa a quien desobedezca “una orden legalmente expedida por la autoridad competente o no haya observado alguna medida legalmente dictada por dicha autoridad en interés de la justicia o de la seguridad o salubridad públicas”.

En los cuarenta y cinco casos mencionados por Foro Penal se incluye la actuación ilegal y arbitraria de la Policía de Aragua. En este caso lo que ocurrió es que esa policía, por orden del secretario de Seguridad de la Gobernación, Juan Sulbarán, se negó a liberar a veintisiete estudiantes de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL) detenidos el 2 de julio durante las protestas contra el Gobierno nacional.

Esta orden contraviene la decisión del juez del Tribunal 5 º de Control Militar de la región, Edgar Volcanes, de otorgar libertad a todos los jóvenes con medidas cautelares como prohibición de salida del país. La justificación del organismo policial para llevárselos fue que debía trasladarlos a un tribunal ordinario para una nueva audiencia preliminar.

Tal desacato trajo como consecuencia que la defensa de los universitarios introdujera un escrito de habeas corpus por privación ilegítima de libertad ante el juez de la jurisdicción militar, Volcanes, quien había ordenado su liberación. Pero ante la negativa de Sulbarán de ejecutar lo que el tribunal militar decidió, y para sorpresa de los afectados, el juez Volcanes se declaró incompetente para seguir conociendo del caso, lo cual tuvo como consecuencia el anular todo el proceso llevado a cabo hasta ese momento. Así, al día siguiente, los detenidos fueron trasladados al Tribunal 9º de Control de Aragua, la nueva instancia que conocería sobre el caso. Es lo que se conoce como reponer o retrotraer la causa o expediente a etapas anteriores.

En el juzgado ordinario y luego de más de ocho horas de audiencia, el juez noveno de control, Israel Paredes Guerrero, decidió medida sustitutiva de libertad con régimen de presentación cada ocho días para veintidós de los muchachos, pero ordenó que se abriera juicio contra Boris Quiñónez, Kenny Colmenares, Mitchell Sosa, Alex González y Brigitte Herrada por instigación pública, daños violentos, detención de objetos incendiarios, rebelión y en el caso de González, quien es el presidente de la Federación de Centros de Estudiantes de la UPEL, tráfico de municiones. Llama la atención que la decisión del juez ordinario coincide con lo que había recomendado inicialmente el fiscal militar a Volcanes pero no le fue concedido.

Ante la anulación del caso en la jurisdicción militar, lo procedente era que los veintisiete estudiantes se mantuvieran con libertad sin restricciones o, en todo caso, bajo medidas cautelares. El artículo 180 del Código Orgánico Procesal Penal (COPP) establece que en el decreto de las nulidades, al no ser situaciones imputables a las personas detenidas sino cuestiones propias del proceso, la consecuencia de reponer o retrotraer el expediente a etapas ya cumplidas no puede ser en perjuicio de los detenidos, quienes ya habían sido liberados por el juez militar. En este sentido, lo más ajustado a derecho era que los universitarios fueran juzgados en libertad} por la justicia civil ordinaria,

Los cinco retenidos fueron enviados a la Cárcel 26 de Julio, ubicada en San Juan de los Morros, estado Guárico.

Vale acotar que cinco de los veintisiete estudiantes encarcelados inicialmente se enfermaron de paludismo durante su reclusión en la cárcel de El Dorado, del estado Bolívar, de los cuáles uno (Alex González) quedó detenido con la nueva decisión del juez de Aragua.

La detención y el proceso contra los alumnos de la UPEL se dio en un contexto similar al caso de los veinticinco estudiantes, la mayoría de la Universidad Simón Bolívar, aprehendidos por la Policía Nacional Bolivariana a finales de junio durante manifestaciones en El Rosal (Caracas). En ese entonces, el juez 43 de Control, Yonathan Mustiola, los liberó sin restricción alguna, pero por esa razón fue destituido de su cargo, a las dos semanas, por ser juez provisorio.

Si el juez militar hubiera cumplido con responsabilidad su función debía haber abierto un procedimiento por desacato a la Policía de Aragua y a Sulbarán. Sin embargo, en situaciones anteriores en las que los jueces han sido ignorados por el Ejecutivo, por ejemplo, por el Sebin, no se ha aplicado sanción alguna, evidenciándose así que la autoridad judicial es respetada sólo cuando el poder así lo decide y es usada a su antojo.

En ese sentido, con boleta de excarcelación en mano desde hace diez meses y un año, también esperan por ser liberados el dirigente de Voluntad Popular, Yon Goicoechea y catorce funcionarios de la Policía de Chacao, respectivamente.

¿Y a ti venezolano, cómo te afecta?

Cuando en un estado las decisiones de los tribunales se ejecutan sólo cuando el Poder Ejecutivo así lo decide, se pone en evidencia la ausencia absoluta de Estado de derecho y la imposición de la ley del más fuerte, situación ajena y contraria a una democracia. En tal situación, lo que se configura es un estado autoritario y sin respeto de los derechos humanos y de los ciudadanos. ¿Necesitamos más evidencias de que estamos en una dictadura?

El acceso a la justicia en la casación civil venezolana


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La Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia ha venido interpretando las normas que regulan el recurso de casación –que son anteriores a la Constitución de 1999– de forma tal que tengan el mismo sentido de la Carta Magna. Así, desde hace años dejó de exigir formalidades inútiles o ritualismos en la petición de casación por ser contrario al acceso a la justicia según el artículo 26 de la Constitución.

Entre estas exigencias destaca que la casación generalmente es con reenvío, lo que implica que cuando anula la decisión del juez de apelación, salvo en supuestos excepcionales, debe ordenar a otro juez volver a decidir el caso según lo ordenado, lo que puede conllevar al riesgo de que en manos inescrupulosas se enmiende lo que la Sala ordena pero se cometa otro tipo de vicio, haciendo que el juicio se convierta en una serie interminables de idas y venidas del Tribunal Superior a la Sala de Casación Civil, pudiendo los juicios prolongarse por años –en algunos casos más de veinte– por supuesto en detrimento del acceso a la justicia y de la tutela judicial efectiva.

De esta forma, la sala antes mencionada, en sentencia del 28 de julio de 2017, estableció que cada vez que anule una sentencia y no sea indispensable reponer el juicio para garantizar el derecho a la defensa de alguna de las partes, ella misma dictará la sentencia definitiva y con ello se evitaría el ir y venir del juicio, dando seguridad jurídica a los ciudadanos involucrados.

Al respecto es necesario aclarar que aunque en Venezuela (como en casi todos los países del mundo) los juicios tienen generalmente dos instancias (la demanda y la apelación), en algunos casos se puede ejercer un recurso de casación, siendo el competente para conocerlo el Tribunal Supremo de Justicia.

El recurso de casación es un medio procesal especial para controlar que el juez de segunda instancia (apelación) haya aplicado correctamente el derecho y lograr que todos los jueces hagan una similar interpretación de la ley y solucionen los asuntos parecidos de la misma forma, esto con el fin de que haya seguridad jurídica.

Las normas sobre el recurso de casación en Venezuela tienen muchos años –más de cien– y son muy rigurosas. El recurso de casación tiene un triple propósito, en primer lugar, garantizar que el juicio se haya llevado a cabo con las garantías establecidas en la Constitución y la ley, es decir, el debido proceso y la tutela judicial efectiva; en segundo lugar, asegurar que la sentencia dictada sea válida, esto es, que cumpla los requisitos formales; y en tercer lugar, que el juez haya aplicado correctamente el derecho.

Con esta decisión, la Sala elimina la posibilidad de que las partes acudan ilimitadamente a su instancia, lo que ahorra años de luchas judiciales en provecho de los ciudadanos.

La justicia militar como medio de represión


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Uno de los elementos que agravaron las violaciones de derechos durante las protestas contra el Gobierno nacional de abril a julio de 2017 fue el uso de la justicia militar como medio de represión contra la disidencia política.

Tan importante tema fue expuesto por el coordinador general de Acceso a la Justicia, Alí Daniels, durante el foro Hablemos Derechos Humanos. Guayana en contexto, realizado en el Hotel Rasil de Puerto Ordaz por la ONG, en colaboración con la Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía, Codehciu.

Fue reiterada la detención de manifestantes civiles y dirigentes políticos, presentados en tribunales castrenses y acusados de delitos de naturaleza militar, tales como traición a la patria. Esto a raíz del conflicto entre el Ejecutivo y la fiscal, hoy destituida, Luisa Ortega Díaz, quien denunció ruptura del hilo constitucional en el país y se negaba a imputar a ciudadanos sólo por manifestar contra los abusos de poder desde Miraflores.

La imparcialidad, independencia, no realizar actividades político partidistas ni gremiales son principios constitucionales aplicables al Poder Judicial, de los cuales no escapa la jurisdicción militar. Pero en Venezuela la justicia militar no es conforme a la Constitución y de hecho tiene elementos estructurales contrarios. En principio, no es independiente ni imparcial, porque está dirigida por el Ejecutivo y sus jueces no son seleccionados por concurso como lo ordena el artículo 261 constitucional.

Toda persona tiene derecho a ser juzgada por su juez natural en las jurisdicciones ordinarias o especiales según el artículo 49 de la Constitución, pero desde el Gobierno no se aplica porque es parte de una política dentro de la idea del enemigo interno. Es decir, los que protestan no son ciudadanos con derechos sino enemigos a los que se tiene que combatir y eliminar.

Una parte del mismo artículo 261 establece que “la comisión de delitos comunes, violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, serán juzgados por los tribunales ordinarios. La competencia de los tribunales militares se limita a delitos de naturaleza militar”. Es decir, los tribunales militares ni siquiera son la regla para los mismos militares, lo que obliga a concluir que con mayor razón los tribunales ordinarios han de prevalecer sobre aquellos.

Enlace a la presentación: Justicia Militar

Sistema de justicia debe ser reforzado para garantizar funcionamiento


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La opacidad informativa del sistema de justicia, la falta de coordinación entre los órganos que lo integran y el déficit presupuestario y de personal son los principales hallazgos de la Evaluación del Desempeño del Sistema de Justicia Venezolano (2001-2015), realizada por Acceso a la Justicia.

El sistema de justicia se refiere a los órganos del Estado e instituciones sociales vinculados directamente a la operación del derecho en la solución de casos o conflictos individuales. La Constitución en su artículo 253 establece: “El sistema de justicia está constituido por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), los demás tribunales que determine la ley, Ministerio Público, Defensoría Pública, los órganos de investigación penal, los auxiliares y funcionarios de justicia, sistema penitenciario, medios alternativos de justicia, ciudadanos que participan en la administración de justicia conforme a la ley y los abogados autorizados para el ejercicio”.

Aunque la Constitución no lo haga, debe incluirse como parte del sistema a la Defensoría del Pueblo por ser esencial para garantizar la protección de los ciudadanos frente al Estado en caso de violación de sus derechos humanos.

En Venezuela, algo fundamental como lo es el personal clave del sistema de justicia falla porque es insuficiente. Datos de 2016 dan cuenta de 2.139 jueces activos, de los cuales 73% no son titulares, es decir, no tienen estabilidad en su cargo. Ello deriva en que su imparcialidad e independencia pudieran verse comprometidas por el riesgo de ser removidos en el caso de que tomen una decisión que no obedezca a los intereses políticos del Gobierno.

A esto se añade que para 2016 contábamos con 6,9 jueces por cada 100 mil habitantes. Para 2013, el promedio latinoamericano se ubicaba en 11 jueces por cada 100 mil habitantes.

También nos faltan policías (el estudio tomó en cuenta a la Policía Nacional Bolivariana y la policía científica CICPC, no la policía municipal). Entre 2006 y 2014 hubo una disminución en el número de funcionarios al pasar de 83.177 a 85.057. Para 2014 la tasa de efectivos por cada 100 mil habitantes era de 281, y en 2011 ese promedio en Latinoamérica se ubicaba en 368 policías por cada 100 mil habitantes.

El panorama mejora con la cantidad de fiscales y de defensores públicos. Los fiscales del Ministerio Público pasaron de 1.292 en 2004 a 2.246 en 2017, con un incremento de 44% y una tasa de 7,1 funcionarios por cada 100 mil habitantes. En 2011 el promedio en América Latina era de 7 fiscales. Pero el aumento en el número de quienes se encargan de imputar delitos en representación del Estado no va de la mano de la estabilidad de los cargos, pues sólo 1% de ellos son titulares, ni de la disminución de la impunidad en el país. Los crímenes sin castigo se evidencian por ejemplo en la cantidad de presos, con 50.892 para 2015 cuando en 2014 había 54.895 reclusos, aun cuando la tasa de homicidios aumentó de 82 a 90 por cada 100.000 habitantes, respectivamente.

En cuanto a los defensores públicos, hubo un importante aumento de 147% entre los años 2003 (607 defensores) y 2015 (1.500 funcionarios), pero tampoco este incremento ha sido cónsono con una mejor defensa de los derechos de los ciudadanos, ya que el organismo suele ser un apéndice del Poder Judicial, el cual a su vez está sujeto a los designios del Ejecutivo Nacional.

Si se observa el presupuesto destinado al sistema de justicia se puede encontrar la explicación al creciente déficit de personal, de infraestructura y la falta de modernización de sus procesos en el ámbito nacional. Los recursos asignados a la totalidad del sistema representaron solamente 2,6% del presupuesto nacional en 2005. Para 2015 la situación había empeorado con una asignación de apenas 1,6% con respecto al balance nacional de ingresos y egresos, aunque la Constitución exige un mínimo de 2%.

El órgano que menos dinero recibe es la Defensoría del Pueblo, con apenas 0,00001% (2015) con respecto al presupuesto de la nación, mientras que el Poder Judicial (TSJ, Cortes de Apelaciones y Tribunales) está a la cabeza con 0,8%, habiendo representado su presupuesto 1,8% en el año 2001 y llegando a un máximo de 2,2% en 2007.

Por otro lado, si bien cada institución tiene en su página web información valiosa como sus informes anuales, presupuesto, recursos humanos y estadísticas no suele estar publicada o en el mejor de los casos es irregular en líneas generales, sea porque no se publica en determinados años del período en estudio o es incompleta.

¿Y a ti venezolano, cómo te afecta?

Para que el sistema de administración de justicia funcione y sea eficiente necesita recursos, funcionarios, infraestructura y tecnología adecuados, así como modernizarse en cuanto a procesos, aparte de cumplir requisitos indispensables como la independencia y la imparcialidad, sólo de esta forma los ciudadanos podrán tener la garantía del acceso a una justicia justa y oportuna. Lamentablemente esta no es la realidad venezolana, en la que los órganos encargados de impartir justicia, con el TSJ a la cabeza del Poder Judicial, responden únicamente a los intereses del Poder Ejecutivo que ni así les asigna suficientes recursos, con la consecuente crisis institucional que padecemos y que ha sido reconocida por organismos internacionales que velan por los derechos humanos.

Enlace al informe: https://goo.gl/GyQFv1

El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela: un instrumento del Poder Ejecutivo


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La Comisión Internacional de Juristas (1952), activa en los cinco continentes y compuesta por sesenta eminentes jueces y abogados de todas las regiones del mundo y que tiene por misión la promoción y protección de los Derechos Humanos, publicó un informe sobre el Tribunal Supremo de Justicia venezolano como instrumento al servicio de los intereses políticos del Poder Ejecutivo dirigido por Nicolás Maduro. El documento hace un recuento de las arbitrarias sentencias emitidas desde el máximo tribunal, tales como la que declaró en desacato a la Asamblea Nacional (AN) electa en 2015 con mayoría opositora, las polémicas sentencias 155 y 156 con la que despojó al Parlamento de sus competencias, así como el aval al prolongado estado de Excepción y cómo dichas decisiones han erosionado las libertades democráticas y la institucionalidad del país. De igual forma presenta conclusiones y recomendaciones al respecto.

Consulta el documento completo aquí:  Informe