Rosales vs. Scarano: dos caras de una misma moneda


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Con la habilitación política del exgobernador del estado Zulia, Manuel Rosales (30 de octubre de 2017), el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) reconoció que las inhabilitaciones ordenadas por la Contraloría General de la República (CGR) violan el debido proceso, pero con la decisión también dejó en evidencia el trato discriminatorio de la administración de justicia venezolana.

La Sala Político Administrativa (SPA) del TSJ, en sentencia n° 1.169, resolvió dejar sin efecto la inhabilitación de Rosales para ejercer cargos públicos por un período de siete años y seis meses, impuesta por la CGR en agosto de 2014.

Con el fallo, es la primera vez que esta instancia cuestiona una disposición de la Contraloría que restringe la participación política de un opositor. Estas medidas ya habían sido condenadas como una práctica de persecución por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el informe intitulado “Democracia y Derechos Humanos en Venezuela”, publicado en 2009.

En el documento, la CIDH advierte que se trata de una violación al debido proceso, porque la CGR no siguió procedimiento alguno para establecer la inhabilitación, y además por la irregularidad que supone que un órgano administrativo imponga una condena penal y no un tribunal.

rosales-nota1Si bien Acceso a la Justicia respalda la decisión de la SPA en el caso Rosales, considera preocupante que sólo hace unas semanas esa misma sala, en sentencia n.° 1.110 de fecha 17 de octubre no tomara la misma resolución con respecto al exalcalde del municipio San Diego en el estado Carabobo, Vicenzo Scarano.

Atendiendo a la decisión, la sala argumentaría que las causas por las que consideró que en el caso de Rosales no hubo debido proceso son distintas a la del procedimiento seguido contra Scarano y otros políticos. Al exgobernador del Zulia, la SPA le reconoció la violación, señalando que cuando fue inhabilitado él estaba fuera del país, por lo que fue procesado en ausencia, mientras que Scarano y otros dirigentes estaban en el país, por lo que no se trataría de la misma situación.

Sin embargo, Acceso a la Justicia hace notar que, como refiere la CIDH, la decisión de inhabilitarlos provino de un órgano incompetente (la CGR) y no de un tribunal, además que fue tomada sin procedimiento alguno, por lo que el estar en Venezuela no les garantizó tener un debido proceso.

Cabe resaltar además que lo hecho por la CGR con Rosales replica lo hecho por la Sala Constitucional con Scarano la primera vez que lo inhabilitó, así como lo ejecutado contra varios alcaldes recientemente y el exgobernador de Miranda, Henrique Capriles Radonski. La Sala les siguió juicios en ausencia bajo la figura de un amparo cautelar y un supuesto desacato, tomando una decisión de índole penal y además violando su derecho a que los procese su juez natural.

Principio de igualdad

Otro elemento que debe ser considerado, por las dudas que genera en cuanto a la intencionalidad de la sentencia, es por qué se le dio un trato distinto a Rosales si es un opositor político al igual que Scarano y otros alcaldes.

La inquietud parte de que una vez conocida la medida, el Consejo Nacional Electoral (CNE), por orden de la fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente (ANC), decidió repetir la elección del gobernador del estado Zulia tras declarar vacante el cargo, pues el mandatario regional electo en octubre pasado, Juan Pablo Guanipa, perteneciente a la oposición, no se subordinó a la ANC, pero Rosales se inscribió para participar en esa elección inconstitucional.

Sumado a la secuencia de eventos que favoreció la vuelta al ruedo político de Rosales, pero no así la de otros tantos opositores, Acceso a la Justicia pide a la SPA que habilite a Scarano como lo hizo con el exgobernador zuliano, así como al resto de dirigentes de la oposición que la CGR ha inhabilitado sin seguir los procedimientos de ley.

rosales-nota3Otro elemento que ensombrece la decisión es que, de forma muy inusual, la sentencia a favor de Rosales se publicó un día lunes, cuando lo habitual, en el caso de la SPA, es hacerlo de martes a jueves (días de despacho). La revisión de las sentencias publicadas en lo que va de año evidencia que esta es la única decisión divulgada un día fuera de los establecidos para dar despacho.

De manera coincidente, las postulaciones para la elección del gobernador zuliano iniciaron el día después de dictada la medida, de acuerdo con el cronograma publicado por el CNE.

Conocidos los hechos, Acceso a la Justicia está en la obligación de señalar todas las irregularidades que evidencien un trato ajeno a la imparcialidad de cualquier decisión judicial, y que el TSJ dé despacho un día que no corresponde para publicar una única sentencia y en el contexto antes descrito es un ejemplo de ello.

En suma, para la ONG resulta preocupante que la justicia se esté aplicando de manera distinta según quién sea la persona que se enjuicia, cuando un tribunal para ser tal debe ser imparcial e independiente, y debe aplicar la Ley con base en el principio de igualdad constitucional.

También es contrario a la seguridad jurídica, que un juzgado modifique sin razón y el debido proceso, las reglas y derechos, pues ello coloca a las personas en una situación de absoluta y grave indefensión.

Cada vez se hace más claro que, al estilo de la obra Rebelión en la granja, de George Orwell, en la que el autor, imaginando en lo que se convertiría el socialismo, describe un Estado totalitario con un partido único en el que el Gobierno hacía lo contrario a lo que promovía con su discurso e iba cambiando las normas a su conveniencia, en Venezuela rige la regla: “todos somos iguales pero unos más iguales que otros”.

 ¿Y a ti venezolano, cómo te afecta?

rosales-nota2No cabe duda que en el contexto electoral y de ausencia de Estado de derecho que vive actualmente el país, los intereses políticos son los que marcan las pautas de las decisiones de los distintos órganos del Estado, incluso de aquellos cuyo rol es únicamente aplicar la ley como la Contraloría General de la República y el Poder Judicial. Esta realidad es grave, porque las decisiones, incluso del órgano que debe hacer justicia como el TSJ, se vuelven políticas, es decir, un ejercicio de poder y no de reconocimiento y protección de los derechos de los ciudadanos, que son su verdadero rol y razón de ser.

La disolución de la Asamblea Nacional por la Sala Constitucional


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La sentencia Nº 156 del 29 de marzo de 2017 es la estocada final del Tribunal Supremo de Justicia al parlamento venezolano, prácticamente en desaparición por obra ese propio tribunal, cuya función constitucional esencial es paradójicamente resguardar la Constitución y nuestros derechos como ciudadanos (artículo 334), pero que al violarla por atribuirse una competencia no prevista expresamente y trastocar la soberanía popular, pues evidentemente actúa de manera contraria a lo que es su mandato.

Esta sentencia 156/2017 se dicta al día siguiente de la solicitud hecha por representantes de la Corporación Venezolana de Petróleo y en ella, se establece que la Sala Constitucional, o el órgano que ella determine, se sustituye en las funciones de la Asamblea Nacional, por estar la misma en desacato al no haber cumplido con las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia, especialmente de la Sala Electoral, por no haber desincorporado o haberlo hecho, pero no de la manera que se le exigió, a los diputados de Amazonas.

El efecto de la sentencia 156/2017 es disolver el parlamento, una figura no prevista en la Constitución de la manera en que se ejecuta ni es competencia del Tribunal Supremo de Justicia, sino en todo caso del Presidente de la República, (artículo 240), sin que se den tampoco los supuestos para que este lo haga y su consecuencia que sería “la convocatoria de elecciones, para una nueva legislatura dentro de los sesenta días continuos”, no es la que se establece en la sentencia, sino la sustitución (léase usurpación) de las funciones de la Asamblea Nacional por la Sala Constitucional, o el órgano que ella determine.

Se trata sin duda de un golpe de estado, declarado por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.

¿Y a ti venezolano, cómo te afecta?

Los principios básicos de un sistema democrático han sido eliminados con la sentencia 156/2017 de la Sala Constitucional. Esta pretende sustituir un órgano de elección popular, la Asamblea Nacional, cuando esa sala no lo es. Sin representación parlamentaria, no hay manifestación de soberanía popular y sin esta, no hay democracia.

El TSJ la joya que pocos han podido retener


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Acceso a la Justicia realizó una investigación sobre la duración de los magistrados en su cargo y encontró que desde que entró en vigencia la nueva Constitución que el máximo tribunal pasó a llamarse Tribunal  Supremo de Justicia, apenas 7 magistrados han logrado completar los 12 años que les otorga la CRBV. Esto representa apenas el 13% de los magistrados nombrados en estos 17 años y la pregunta obvia es ¿Qué ha pasado para que este número sea tan bajo? La respuesta se encuentra en el informe que surgió de esa investigación y que denominamos: Informe sobre duración de magistrados del TSJ.

Audiencia ante la CIDH por ausencia de acceso a la justicia en Venezuela


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Este 22 de marzo, ocho organizaciones de la sociedad civil presentaron en la 161° audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington (Estados Unidos) un informe para denunciar la denegación de justicia y violación de los derechos humanos en Venezuela.

En este evento participó Acceso a la Justicia en la voz del abogado Alí Daniels, el Centro de Justicia y Paz (Cepaz), Transparencia Venezuela, Sinergía, Espacio Público, Civilis, Programa Venezolano de Educación – Acción en Derechos Humanos (Provea) y el Instituto de Prensa y Sociedad (Ipys).

Por otra parte, como representante del Estado en la CIDH estuvo el consultor jurídico del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Pacheco, así como Larry Devoe, secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos.

¿Qué denunciaron las ONG?

Mercedes de Freitas, directora de Transparencia Venezuela, tuvo primero​ la palabra y explicó cómo mediante distintas sentencias, el TSJ ha ido ​quitándole paulatinamente competencias a la Asamblea Nacional, al mismo tiempo que afectando los derechos de los venezolanos​.

Luego, el representante de Acceso a la Justicia, Alí​ Daniels, expuso cómo funciona la administración de justicia en Venezuela. Al respecto dijo: “Se ha construido una categoría general de esta idea que podemos calificar como ‘derecho del enemigo’ en virtud del cual el Estado se comporta de una manera dual: cuando se trata de solicitudes afines a los intereses del Poder Ejecutivo se actúa prestamente y se complace la solicitud, mientras que cuando ciudadanos comunes u otros actores sociales realizan demandas ante los tribunales, no se cumplen con los lapsos legales”.

Mencionó que, pese a que el proceso de nombramiento de Magistrados se encuentra reglamentado por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV), actualmente hay 21 de estos máximos jueces que no cumplen con los requisitos constitucionales ni legales y además, están los llamados “magistrados exprés” (nombrados luego de que la oposición ganó la mayoría parlamentaria), en que 10 de los 13 nombrados no cumplen con los requisitos para ser magistrado.

​El representante de la ONG Acceso a la Justicia ​ “pone en evidencia que lo que predomina para su designación es la lealtad a la ideología política del partido de gobierno”, de hecho, el presidente Nicolás Maduro durante la apertura del año judicial dijo tener “un sentimiento muy grande de gratitud por la lealtad, magistradas, magistrados”.

El abogado administrativista Daniels indicó que al menos 73% de los jueces son provisorios, por lo que estos pueden ser destituidos por un simple oficio sin motivación ni procedimiento alguno. Señaló que el anuncio de regularización de la provisionalidad de los jueces es sólo un disfraz porque sólo los que actualmente se encuentran en el cargo son los que podrán participar en los concursos de oposición.

Daniels aseguró que existe además una merma de la efectividad judicial: “tenemos que el TSJ en cuanto al número de casos ingresados, aumenta considerablemente hasta 2005, en que llega a su máximo con un total de 11.835, pero a partir de 2006 empieza a decaer y pasa a 5.821 en el 2015, llegando a recibir menos expedientes que en 2001”.

Mencionó como otro indicador vinculado al derecho de acceso a la justicia es el enorme incremento de los linchamientos y las protestas públicas, según cifras del Observatorio Venezolano de Violencia y el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, respectivamente.

​Por su parte, la ONG Espacio Público en el informe presentado ante la CIDH aseveró que el derecho de acceso a la información es negado en el país. Más de 23 solicitudes fueron rechazadas en 2016.​

Beatriz Borges, representante de Cepaz, indicó que su organización pudo determinar que existen ocho patrones de persecución política, y en seis de ellos incurre el Poder Judicial. Entre estos se encuentran la destitución de cargos públicos y aquiescencia de actos violentos.
“Solicitamos a la CIDH que considere como prioridad elaborar un informe que declare la vulneración de las garantías judiciales y la denegación de justicia de los magistrados. Solicitamos que la CIDH visite a Venezuela y pedimos medidas de protección para los activistas de derechos humanos”, cerró Borges.

¿Qué respondió el Estado?

El consultor jurídico del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Pacheco, inició su intervención asegurando que en Venezuela el Poder Judicial es autónomo e independiente, dado que en 1999 la CRBV había creado un procedimiento especial para la designación de los magistrados en que participa el poder judicial y el poder ciudadano. Omitió explicar que la sociedad civil debe participar y esto no se ha cumplido.

Pacheco explicó que no es cierto que el Ejecutivo resulte vencedor en el 100% de los casos que interpone ante el TSJ, pues en la Sala Político Administrativo “el gobierno del Estado venezolano” ha perdido 840 juicios, en la Sala de Casación Social de los 4.812 juicios ha ganado 2.308 y tuvo 1.114 casos perdidos. Luego mencionó que en la Sala Constitucional, en cinco años, el Estado había perdido solo 49 juicios. No hizo referencia a la Sala Electoral, que es otra en que se tratan asuntos del Estado.

Con respecto al tema del desacato de la Asamblea Nacional, el consultor jurídico aclaró que esta situación se debe a la no desincorporación de los diputados y que en ese sentido el Poder Judicial ha debido emitir más sentencias porque “en un Estado democrático no se puede concebir un poder público que haya decidido no acatar al Poder Judicial, sin un fundamento lógico y constitucional”, alegó. No dijo que la Asamblea Nacional incorporó a los diputados este año y aun así sigue en desacato.

El consultor jurídico del TSJ justificó la celeridad de las respuestas del TSJ al Presidente en que existen unos lapsos “excepcionales por “normativa” y además, ​explicó que es importante para “garantizar la seguridad nacional y soberanía”.

Pacheco reconoció que no se ha permitido al acceso a la información pública solicitada por las ONG porque para que los organismos del Estado admitan una solicitud de información, esta debe indicar para qué se quiere usar la misma.

Debe aclararse que la Constitución no establece esta limitación, es más garantiza el derecho de acceder a la información que sea de carácter público.

​En relación a las amenazas y ataques a los defensores de derechos humanos dijo que: ​ “en Venezuela el Poder Judicial se abstiene de utilizar los mecanismos de justicia punitiva para intimidar a las personas en virtud de su opinión política o profesión, adoptando los mecanismos necesarios para la protección de los derechos judiciales y humanos de todas las personas”.

El representante del Estado agregó que las leyes venezolanas no permiten que el Poder Legislativo sea quien remueva a los magistrados en una acción “solitaria”, pues en la CRBV se incluye que este proceso pasa también por el Poder Moral; y expuso el mismo argumento para la acción contralora sobre los funcionarios de Pdvsa, indicando que el TSJ no le  negó esta potestad a la Asamblea Nacional ​sino que le indicó que debía articular con la Vicepresidencia de la República para poder recibir esa información​.

También indicó que el TSJ declaró constitucional la ley del bono de alimentación para los pensionados y jubilados, aunque omitió decir que no se ha cumplido ni puesto en vigencia.

Laura Louza: El TSJ se olvida de lo que necesita el ciudadano


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Radiografía de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, balance de la efectividad de este poder ciudadano y la presentación de la Memoria y Cuenta 2016 del Poder Ejecutivo fueron los temas que a la directora de Acceso a la Justicia, Laura Louza, le tocó esbozar en una entrevista radial el 7 de Marzo en el programa En Este País, conducido por Andrés Cañizález y Piero Trepiccione transmitido por la Red Nacional de Radio Fe y Alegría, Barquisimeto.

“La justicia está presa del Gobierno, no hay independencia judicial”, aseveró la abogada quien luego agregó que los magistrados no actúan de acuerdo a las leyes sino a lo que el Gobierno les señala. “En Venezuela el poder está en el Poder Ejecutivo. Si los jueces hacen lo que les dice el poder, lo hacen para mantenerse en sus cargos, y en consecuencia no suelen estar atentos a lo que necesita el ciudadano”, expuso.

Louza recordó que el Derecho y la Constitución fueron creados para controlar el poder del Estado, para lograr que los derechos de los ciudadanos se hagan efectivos y que se respeten y aclaró que si esto no se cumple entonces la justicia, representada en Venezuela en su máxima instancia por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), se olvida de lo que necesita el ciudadano.

Esto le sirvió a la abogada como preámbulo para exponer que la presentación de la Memoria y Cuenta de 2016 del vicepresidente Tareck El Aissami y el tren ministerial se realizó este año ante un órgano incompetente: el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

Según las leyes venezolanas este deber del Poder Ejecutivo debe efectuarse ante la Asamblea Nacional, pero el 24 de febrero de este año, la Sala Constitucional declaró la “omisión inconstitucional de la Asamblea Nacional” (sentencia 90/2017) y ordenar que se presentara la memoria y cuenta del Ejecutivo ante el propio TSJ.

“Lo que hicieron fue mantener la forma. ¿Para qué van a rendir cuenta si lo que presentan no tiene contenido? Prácticamente se lanzaron un discurso político. Además lo hicieron ante el organismo que no es”, manifestó la abogada y agregó que para ella el Poder Ejecutivo técnicamente no presentó su balance correspondiente.

Aseveró que el responsable de que se mantenga el supuesto desacato de la AN es el Gobierno: “El Gobierno dice que no va a presentarse ante la AN porque está en desacato. Pero es el TSJ que dio origen a ese supuesto desacato. ¿Por qué no se hacen elecciones en Amazonas para que se acabe la supuesta causa del desacato?”.

Louza analizó que la rendición de cuentas de este año estuvo vacía. No mostró cifras sino que fue un discurso justificativo. “Se repite el esquema que hemos oído en estos 17 años: mostrar lo que no se puede hacer porque alguien del pasado, de la oposición o del extranjero, no lo permite. La culpa para el Gobierno es de la comunidad internacional, de la guerra económica, de la cuarta república. El tema es que si tú eres el gobernante de un país por mucho tiempo y si el país no funciona no hay otro responsable que tú mismo, por mucho que alguien te lo impida. Si no logras cumplir las metas entonces tú eres un incompetente”, explicó la abogada.

Control político sobre la empresa estatal PDVSA


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SALA CONSTITUCIONAL

DEMANDA DE NULIDAD

TSJ/SC N° 088   Fecha: 24 de febrero de 2017

Caso: El ciudadano Rafael Ramírez presenta demanda de nulidad por razones de inconstitucionalidad, conjuntamente con solicitud de medida cautelar innominada, contra los actos realizados en el marco de la investigación aprobada por la plenaria de la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional, el 17 de febrero de 2016, que se reflejan en las comunicaciones suscritas los días 5 y 21 de abril de 2016 por el Presidente de la referida Comisión, con ocasión de supuestas irregularidades ocurridas en la empresa Petróleos de Venezuela Sociedad Anónima (PDVSA), durante el periodo comprendido entre los años 2004-2014.

Decisión: Se declara PROCEDENTE la demanda de nulidad contra los actos realizados en el marco de la investigación aprobada por la plenaria de la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional, el 17 de febrero de 2016, que se reflejan en las comunicaciones suscritas los días 5 y 21 de abril de 2016 por el Presidente de la referida Comisión, con ocasión de supuestas irregularidades ocurridas en la empresa Petróleos de Venezuela Sociedad Anónima (PDVSA), durante el periodo comprendido entre los años 2004-2014, en el que el accionante Rafael Darío Ramírez Carreño se desempeñó como presidente de la mencionada persona jurídica. Asimismo, REVOCA la medida cautelar acordada  en la decisión n.° 893 del 25 de octubre de 2016, y ORDENA a la Contraloría General de la República y al Ministerio Público para que determinen si es procedente o no “ordenar el inicio de las investigaciones respectivas, en contra del diputado Freddy Guevara”

Comentario de Acceso a la Justicia: Con esta sentencia la Sala Constitucional declaró la nulidad de los actos emanados de la Comisión Permanente de la Contraloría de la AN con ocasión de las investigaciones realizadas por las supuestas irregularidades ocurridas en PDVSA entre los años 2004-2014, período en el que Rafael Ramírez se desempeñó como presidente de la mencionada empresa estatal.  El fallo es consecuencia de la sentencia N° 893 del 25 de octubre de 2016  http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/octubre/191316-893-251016-2016-16-0940.HTML en que la Sala  admitió la demanda de nulidad presentada por Rafael Ramírez y, por otro lado, suspendió cautelarmente la fiscalización que llevaba a cabo la Comisión Permanente de Contraloría de la AN sobre la gestión de PDVSA.

Resalta, por otra parte, que para la Sala el diputado Freddy Guevara al viajar, como presidente de la Comisión Permanente de Contraloría de la AN, a la ciudad de Nueva York (Estados Unidos), para notificar personalmente al ciudadano Rafael Ramírez, en la sede de la misión de la República Bolivariana de Venezuela ante la ONU,  incurrió probablemente” en un “vicio de usurpación de atribuciones, entre otros posibles ilícitos de diversa naturaleza que, incluso, pudieran implicar lesiones al patrimonio público y al correcto funcionamiento de la administración pública; lo que no sólo pudiera comprometer su responsabilidad individual, sino también la de quienes pudieron avalar tales actuaciones desde la Asamblea Nacional o desde cualquier otra institución”.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/febrero/196424-88-24217-2017-16-0940.HTML

Laura Louza: Asamblea Nacional está en un cierre técnico


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Anulación de actos, amenazas y detención de parlamentarios, intervención de auditoría interna, supresión de recursos: esto es parte de la movida progresiva del Gobierno para dejar en cierre técnico a la Asamblea Nacional. Así lo explicó Laura Louza,  directora de la ONG Acceso a la Justicia, durante una entrevista en el programa radial 60 Minutos con Carlos Fernándes por Play 95.5 FM en Caracas hoy 23 de febrero de 2017.

“Lo que quieren es un cierre técnico. Lo que vivimos es lo que Diosdado Cabello y los personeros del Gobierno advirtieron sobre la intención de disolver la AN. En suma lo que hemos visto en un año es la vía legal, entre comillas, de disolver el parlamento y quién sabe si el Gobierno terminará militarizando a la AN y prohíbe la entrada a los diputados”, afirmó la abogada constitucionalista.

Mientras el Gobierno, a través del Tribunal Supremo de Justicia, arrincona a la AN, ésta no ve respuesta oportuna a sus solicitudes de amparos. Louza citó un trabajo realizado por Acceso a la Justicia en el que se explica cómo los recursos intentados por diputados de la oposición (mayoría en el actual Parlamento) son respondidos por el TSJ en promedio 436,6 días después y en ningún caso en menos de un mes, llegando a esperar hasta más de 5 años en un caso.  “Cómo la AN va a pedir un amparo si cuando pide algo no hay respuesta, en cambio cuando lo solicita el Ejecutivo es rápido y a favor”, denunció.

Incumplimiento de pago como excusa

Louza, quien también es profesora de sociología del derecho en la Universidad Central de Venezuela (UCV), explicó que una de las primeras excusas que usaron en contra de la AN es el fallo en los pagos a sus empleados.

“Un grupo de trabajadores dice que no se les paga el salario; es decir que la AN no cumple con sus funciones. Pero es que el presupuesto lo eroga la Tesorería, luego de una orden de la directiva de la AN. El Ejecutivo es el que está incumpliendo, no la Asamblea”, aseveró la abogada.

Louza aseveró que para que el Poder Legislativo sea independiente requiere de su presupuesto anual, que por ahora permanece cautivo por el Ejecutivo. “Hay una sentencia del TSJ que dice que como la AN no cumple con los pagos, el Ejecutivo es quien va a pagar, pero es él el ente que administra el presupuesto. Entonces ahí le quita otra función al Parlamento: la independencia presupuestaria, importantísima para que haya separación de poderes y democracia. El Ejecutivo ahora administra el presupuesto de la AN, pero no contento con eso, además se le va a hacer una auditoría”.

Con relación a esta auditoría solicitada recientemente por el Contralor General de la República, Louza expresó: “Este Gobierno es como una dictadura legalista. En este caso van a pedir un  amparo cautelar al TSJ y si se lo otorga eso permitirá con una orden judicial entrar y hacer su auditoría, ya todos sabemos cuál será la respuesta”.

Diputados en la mira

La también profesora de la UCV calificó como grave la sentencia que solicita al Poder Ciudadano investigar a los diputados que promovieran la declaración del abandono del cargo del Presidente.

“Hay otra sentencia del TSJ que dice que como la Asamblea está en desacato y además ha habido una conspiración por parte de los diputados porque han estado mandando comunicaciones afuera sobre la situación de Venezuela, pide al Poder Ciudadano averiguar y eventualmente determinar si hay responsabilidad penal de algunos o todos los diputados, pero lo que me llamó la atención es que el año pasado antes de esta sentencia el contralor se pronunció sobre eso y dijo lo mismo en una carta dirigida al TSJ y al Ejecutivo, entonces cómo él puede hacer una averiguación de algo sobre lo que ya se pronunció”, manifestó Louza.

Ella agregó que otro factor que permite ver cómo se ha desplazado al Poder Legislativo es el desconocimiento de la nueva directiva de la AN,  presidida por el diputado por Primero Justicia Julio Borges.

“El TSJ le solicitó a la AN que desincorporara a los diputados de Amazonas, pero que esta desincorporación la debía realizar la directiva anterior, la cual actualmente tiene el lapso vencido y que la Constitución no le permite hacer nada. Lo que pasó fue que ellos se constituyen (directiva de Borges) y después  desincorporan a los parlamentarios de Amazonas. El TSJ dice que es la anterior la que los debe desincorporar porque es la que le tocaba hacerlo”.

Louza sostiene que en el fondo el desconocimiento de la nueva directiva de la AN se podría deber a un pase de factura al diputado por Acción Democrática, Henry Ramos Allup: “Hay un tema político donde ahora la idea es castigar a Ramos Allup por su gestión del año pasado y ese es el mecanismo que están usando, porque realmente en un Estado de Derecho todo es al revés porque la Asamblea Nacional es un órgano independiente, tiene unas garantías para ser independiente, entonces han violado la inmunidad, le han quitado sus funciones y lo que sucedería en un Estado de Derecho es precisamente que  recurra a un amparo por la urgencia del caso para que restituya todo eso, y el Ejecutivo aquí está usando lo que los juristas llamamos vías de hecho que es cuando actúas prácticamente sin un amparo legal, aunque se le quiera dar esa apariencia de legalidad y recurriendo al Tribunal Supremo”.

Para escuchar la entrevista, ingresa aquí: