Entrevista Alí Daniels :” El poder Judicial solo está pendiente de complacer al Ejecutivo”


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Alí Daniels: Ante la falta de legalidad el Gobierno recurre a cualquier recurso para mantenerse en el poder

El miércoles 22 de marzo, Acceso a la Justicia tuvo la oportunidad de mostrar en la Comisión de Derechos Interamericanos (CIDH)  los resultados de los estudios profundos sobre la eficiencia y efectividad del Poder Judicial, en los que entre otros hallazgos logró precisar cómo éste poder público pone en segundo plano las necesidades de los venezolanos para beneficiar intereses políticos.

“Lo más destacado es ver cómo el Poder Judicial se ha convertido en el valedor del Ejecutivo y en un verdugo de la Constitución”, expuso Alí Daniels, representante de Acceso a la Justicia, en una entrevista a Carla Angola el mismo miércoles.

Explicó que mientras la explosividad social se encuentra en las nubes, el Poder Judicial complace al Ejecutivo y no se preocupa de los problemas del país. “Por ejemplo el Ministerio Público ha triplicado el número de imputaciones, pero tenemos los mismos jueces que hace 10 años”, manifestó.

Daniels agregó que las violaciones al debido proceso y de derechos humanos que comete el Poder Judicial también se han acrecentado. En este sentido mencionó las presiones que reciben los jueces en casos de presos políticos y puntualizó el caso de la jueza Karla Moreno que se negó a dar un veredicto fuera de la Constitución y renunció (por la presión del Sebin) en plena presentación de tres jóvenes detenidos por grabar una marcha.

“Esto se ha visto en otros casos. Evidencia un cambio de actuar del Gobierno, porque entonces hay más casos en la justicia militar. Es decir, se ve que ante la falta de argumentos, se está yendo ante la justicia militar. Por ejemplo el caso del diputado Gilber Caro, que ni si quiera ha sido presentado. En dos años 40 personas han pasado por ahí”, dijo.

Ante la pregunta de la periodista de qué significan estos cambios el abogado respondió que “ante la falta de legitimidad, se recurre a cualquier elemento para mantenerse en el poder”.

El representante de Acceso a la Justicia rechazó las declaraciones de William Castillo, presidente de Conatel, quien aseguró que las redes sociales deberían ser controladas por el Estado.

“El argumento de proteger a los niños es el que justificó la Ley Resorte, la cual censuró a  los medios. Hoy en día no se publica la información, los medios están censurados y recurren a la autocensura para evitar ser sancionados. Ahora hay que recurrir  a las redes sociales porque es un sitio donde uno se entera de lo que está pasando, dónde hay una protesta”, explicó.

Daniels calificó al Gobierno venezolano como una autocracia formalista, “porque trata de darle un barniz de legalidad con decisiones del TSJ, dando a entender que se está cumpliendo una legalidad que no existe”.

Acceso a la Justicia denunciará en la CIDH la violación del debido proceso, eficacia judicial y derechos políticos


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Un nuevo espacio para exponer al mundo cuál es la situación venezolana se abre en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la que Venezuela pertenece desde 1969. Este miércoles 22 de marzo, Acceso a la Justicia mostrará a la comunidad internacional los detalles de cómo la arbitrariedad para escoger jueces y magistrados influye en la garantía Constitucional del debido proceso e igualdad ante la ley.
Este informe realizado también por el Centro de Justicia y Paz (Cepaz), Transparencia Venezuela, Sinergía, Espacio Público, Civilis, Programa Venezolano de Educación – Acción en Derechos Humanos (Provea) y el Instituto de Prensa y Sociedad (Ipys) busca denunciar la denegación de justicia y y el irrespeto de los derechos humanos en el país.

Consta de ocho capítulos que incluyen la falta de independencia judicial, la violación al debido proceso, la inadmisión de casos por omisión de formalidades no esenciales, la violación al derecho de acceso a la información pública, a la libertad de expresión e información e incluso hace referencia a las sentencias que han declarado inejecutables los fallos de la misma CIDH.

En esta audiencia 161° del periodo ordinario de sesiones Acceso a la Justicia expondrá los resultados de los estudios profundos sobre la eficiencia y efectividad del Poder Judicial, en los que entre otros hallazgos logró precisar cómo éste poder público pone en segundo plano las necesidades de los venezolanos para beneficiar intereses políticos.

Parte de la investigación revela que los recursos intentados por miembros o simpatizantes del gobierno obtienen respuesta en cuestión de días (e incluso de horas), mientras que el resto de la ciudadanía debe esperar, en promedio, casi un año.

“Especial mención merece la dilación indebida frente a la acción interpuesta el 23 de mayo de 2016 por 12 organizaciones de Derechos Humanos para la protección del derecho a la vida y a la salud, ante la escasez de medicamentos e insumos. A través de esta demanda se exige a los órganos competentes, garantizar el derecho a la vida, la salud e integridad física de los venezolanos, tras el colapso de los servicios de salud y el desabastecimiento de medicamentos en el país. A la fecha del presente informe, la solicitud la demanda no ha sido admitida ni rechazada”, reza parte del documento que se presentará ante la CIDH.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. Aunque Venezuela oficializó su salida de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2013, el Estado sigue suscrito a la CIDH por la Declaración Americana de los Derechos del Hombre. Por esta razón, la CIDH es una instancia competente para exponer denuncias de la sociedad civil de una nación y lograr así acuerdos entre las partes.
Si desea hacer seguimiento a esta audiencia puede hacerlo a través del siguiente link: http://www.oas.org/es/cidh/
Vea las investigaciones realizadas por Acceso a la Justicia que serán expuestas en la CIDH:

 

Los magistrados de la revolución

Justicia expedita ¡pero solo pa’ los panas!

Memorial de Agravios del Poder Judicial: La injusticia comienza con la elección de los jueces

Renuncia de jueza evidencia presión del Ejecutivo sobre el Poder Judicial


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Ejercer el cargo de juez en la Venezuela de hoy no es una tarea sencilla: las presiones del Gobierno y organismos de seguridad sobre quienes tienen el poder de sentenciar o liberar a detenidos son cada vez más evidentes.

Luego de la protesta del pasado 18 de febrero de 2017, en la cual varios manifestantes exigían la liberación de presos políticos, fueron encarcelados dos camarógrafos que utilizaban un dron, Andreas Díaz, Rumel Ochoa y Eduardo Párraga, y presentados el 20 de febrero ante la jueza del Tribunal 39 de Control del Área Metropolitana de Caracas, Karla Moreno, quien renunció en la sala de audiencias mientras se realizaba la presentación.

Según fuentes periodísticas Moreno habría recibido presiones por parte del Sebin para condenar a los jóvenes, a lo cual se negó, prefiriendo renunciar a su cargo.

Blanca Rosa Mármol, ex magistrada del TSJ, aseguró al respecto: “Un juez debe tener autonomía, la policía pretendía presionarla para que dejara detenidos a los periodistas que estaban cubriendo el acto, entonces ella renunció en la misma audiencia, si eso es así, atendiendo a lo que salió publicado, en buena hora porque es una jueza que le hace honor al cargo porque es autónoma y no se dejó presionar por la policía; es una buena noticia en medio del cuadro que nosotros tenemos de sumisión total de los jueces al régimen”.

“Con la presión no funciona el Poder Judicial, siempre he dicho que ser juez es una vez, es decir, esa vez en que deciden con autonomía de acuerdo a la ley y a su conciencia y en el entendido de que les puede costar no sólo el cargo, sino también ir a prisión como en el caso de la jueza Afiuni”, agregó la abogada Mármol de León.

Los jueces han cargado con el efecto Afiuni, es decir, el miedo no solo a ser despojados de sus cargos, sino además a vivir una pesadilla en prisión:  “Se ha puesto peor porque no hubo reacción de parte de los jueces, es buena la oportunidad para señalar que este régimen se ocupó de poner un artículo en la Constitución que dice que los jueces no podrán asociarse, quizá si hubiera existido la asociación de jueces como existió en su momento se hubiera podido tener una reacción de los jueces, como en  el caso de la jueza Afiuni”.  En este sentido, la parte final del artículo 256 de la Constitución establece que: “Los jueces o las juezas no podrán asociarse entre sí”.

 “En consecuencia, como están completamente dispersos y como no se ha respetado la carrera judicial ni el ingreso por concurso, entonces tenemos jueces improvisados, provisorios, y no son jueces formados realmente, eso es lo que ocasiona ser obediente y que pase lo que está pasando y por eso no hay manera en este momento de que puedan salir de eso a menos que se vuelva a los concursos para estar en el Poder Judicial”, concluye la exmagistrada.

La otra cara de la moneda

 

Desde que la jueza Karla Moreno renunció a su cargo ha sido elogiada con comentarios positivos, artículos y publicaciones que aplauden la decisión de una jueza que califican como digna, títulos como “La justicia tiene pantalones” o “El rostro de la dignidad” no se han hecho esperar, sin embargo, en otros casos su actuación no fue aparentemente tan independiente políticamente hablando.

Alfredo Romero, director de Foro Penal, aclara que Moreno había condenado antes a Víctor Uga, tuitero apresado por difundir una imagen del cadáver de Robert Serra: “ella estuvo relacionada con varios casos también de personas que fueron arrestadas por motivos políticos y al día de hoy es la jueza que lleva el caso de un preso político que es Víctor Uga, que tiene más de dos años preso. Nosotros hemos tenido dudas en determinar si ella realmente ha actuado correctamente”.

Con respecto al efecto Afiuni cada día es más latente en los tribunales del país, Romero indicó: “Es algo que hemos venido denunciando desde hace mucho tiempo, es lo que hemos denominado como el uso del Poder Judicial como arma política, que está básicamente relacionado con la influencia directa y la presión del Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial, las llamadas, presiones, amenazas de encarcelamiento, como un caso emblemático el de la juez Afiuni que fue encarcelada por tomar una decisión contraria a lo que el Gobierno había considerado”.

Lo cierto es que la renuncia de una jueza en plena audiencia por las presiones de la policía política no es evidencia de que estemos en un estado “de derecho y justicia” como indica la Constitución.

¿Y a ti venezolano cómo te afecta?

El caso que originó la renuncia de la juez Karla Moreno ilustra perfectamente el problema de que el Ejecutivo interfiera en la labor de los jueces, quienes requieren de absoluta independencia para poder hacer justicia. Dos ciudadanos comunes y corrientes que simplemente estaban trabajando debieron enfrentar un proceso judicial porque su labor no resultaba conveniente al gobierno. Y no solamente eso, sino que el mismo gobierno se encargó de presionar a la jueza para que le diera la razón así fuera una injusticia con esas dos personas. ¿Cuántas veces no habrán logrado salirse con la suya sin que lo sepamos? ¿Cuántos inocentes estarán presos como consecuencia de ello? ¿Qué nos garantiza que no seamos los próximos? La única garantía que podemos tener es un poder judicial independiente, con jueces que tengan estabilidad en sus cargos y la capacidad de decidir sin que los castiguen por ello.

Misión Justicia Socialista: La justicia con apellido no es justa


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La administración de justicia en el país no deja de ser noticia. Aunque en esta ocasión no se trata de la labor del Alto Tribunal de la República, sino de un acto emanado del Presidente de la RepúblicaNos referimos al Decreto N° 2.718, publicado en la Gaceta Oficial N° 41.090 del 7 de febrero de 2017, mediante el cual el Presidente autoriza la creación de la Misión Justicia Socialista.

Según el decreto mencionado se trata de una fundación adscrita al Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, cuyo objetivo es “…promover y fortalecer la participación popular en el proceso de transformación socio-jurídica nacional para la consolidación de la justicia social y comunal…”  (Artículo 2).

Pese a que el decreto mencionado está fundamentado en seis considerandos, ninguno de ellos da a conocer con claridad las razones fácticas o jurídicas que lo inspiran. La función de esta nueva misión tampoco queda clara.

Pareciera que una de sus funciones es asesorar en materia jurídica a los ciudadanos y comunidades, así como uno de sus objetivos es coadyuvar a la lucha contra la impunidad, pero no se establecen mecanismos específicos para ello. Lo que sí queda claro es que su enfoque es ideológico: “tiene el supremo compromiso de construir el socialismo” (encabezado del decreto), a través de abogados de la Universidad Bolivariana, fundamentalmente, cuyo pensum de derecho no tiene prácticamente contenidos jurídicos. En ese sentido, no es de extrañar que el decreto se refiera a la difusión del “nuevo derecho”.

Lo anterior muestra que esta nueva fundación con un nombre tan importante como Misión Justicia no parece que vaya a ayudar, como se ha difundido, a mejorar problemas sumamente graves en la Venezuela actual como son la impunidad, la inseguridad, la corrupción y la falta de acceso a la justicia; sino que su apellido revela cuál es su función real: adoctrinar a la población en la existencia de un “derecho” distinto al del mundo moderno, que es el de los derechos humanos, por en cambio el derecho de la “democracia socialista”, que como hemos visto hasta ahora de democrático no tiene nada.

Llama la atención a Acceso a la Justicia además que el decreto llega a poner en entredicho la labor de los profesionales de la abogacía al dejarlos ver como personas explotadoras de los demás. Desafortunadamente, el Ejecutivo Nacional parte de una suposición, incluso podría decirse de un prejuicio. Al respecto es importante aclarar que las suposiciones o especulaciones no constituyen motivos válidos en un Estado de derecho ni en una democracia para justificar la emisión de actos por parte de una autoridad pública.

Por último, hay que destacar que la alusión al Poder Popular por parte del decreto, no implica tampoco que se promueva una verdadera participación ciudadana. En efecto, la manera en que ha sido hasta ahora regulada esta materia solo conduce a una mayor dependencia por parte del ciudadano del Estado y a la promoción de un pensamiento único: el socialista. Y el decreto objeto de este análisis, no se aleja de esta tendencia siendo su objetivo real profundizar aún más el modelo de “democracia socialista” y “la construcción del socialismo”.

Y a ti venezolano, ¿cómo te afecta?

 Los ilimitados poderes del Presidente de la República por causa del continuado estado de excepción, la cada vez más grave violación a los Derechos Humanos por parte de las autoridades pública y en particular militares, y la ausencia de independencia judicial son las causas que generan la injusticia, la inseguridad, la corrupción y la falta de acceso a la justicia.

Solo hacer que se gobierne de acuerdo a la Constitución, que se respeten los derechos humanos, y que el Poder Judicial sea independiente, va a hacer que la realidad actual cambie. La creación de organizaciones como la Misión Justicia Socialista con un marcado fin ideológico no va a cambiar la realidad actual, sino empeorarla, de hecho va a agudizar aún más la situación de injusticia existente hoy en el país.

Nuevo año judicial pero la misma opacidad e ineficiencia


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Nuevo año judicial pero la misma opacidad e ineficiencia

El pasado 7 de febrero se llevó a cabo el acto de apertura del año judicial 2017 y una vez más nuestras esperanzas de obtener información completa para evaluar el desempeño del Poder Judicial quedaron insatisfechas, lo que resulta bastante grave si se tiene en cuenta que desde el año 2012 no se publica el Informe Anual del Tribunal Supremo de Justicia.

Es importante entender que en un sistema democrático y en un Estado de derecho  la rendición de cuentas es una obligación de cualquier poder público. La Constitución así lo exige y la propia Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia también lo hace al hacer referencia a la contraloría social, y a la rendición de cuentas al ciudadano y al Poder Popular.

Desgraciadamente, desde hace años este acto tan importante se ha ido desvirtuando y cada vez cumple menos su función. Desde el hecho de que ahora es un evento cerrado, al que la ciudadanía tiene acceso (si acaso) por televisión y nada más, pasando por que el Presidente de la República tome la palabra y aproveche la ocasión para manifestar “un sentimiento muy grande de gratitud por la lealtad” al máximo Tribunal (lo que equivale a admitir públicamente algo que es contrario a la Constitución); y terminando con la ausencia de información completa y transparente sobre la gestión judicial.

La falta de información confiable es tan grave que en su discurso la Presidenta aseguró que el máximo tribunal tomó 6401 decisiones el año pasado, pero la sección de estadísticas de la página web oficial del mismo órgano asegura que fueron 6358. En cualquier caso Acceso a la Justicia considera un deber subrayar que (como hemos explicado en el pasado) este número no dice nada realmente útil en sí mismo para saber cuántos casos han sido resueltos porque el TSJ cuenta en esta categoría las sentencias de fondo, de trámite, de resolución y también autos. Es decir que un caso que aún no esté resuelto puede aportar varias “decisiones” a esta cuenta. Lo que sí podemos decir a ciencia cierta es que el total de decisiones descendió casi un 10% en relación al año anterior.

Por otro lado tenemos la cantidad de casos ingresados, que alcanzó 4802 en el 2016, lo que representa una disminución del 17,5% respecto a los 5821 del año 2015. En un país que vive una crisis cada vez más profunda, con la conflictividad que resulta de ella, el que un árbitro (en teoría) imparcial y garante de la Constitución y la legalidad sea cada vez menos solicitado es una señal de que no está cumpliendo su función apropiadamente. ¿Por qué otra razón alguien no le buscaría para resolver sus conflictos?

A pesar de la poca cantidad de datos ofrecidos en el discurso, podemos decir que según la presidenta del TSJ se produjeron 1,33 decisiones por cada asunto nuevo ingresado, lo que podría parecer indicativo de una alta eficiencia en la labor del máximo tribunal. Sin embargo, dada la manera en que el TSJ utiliza el término decisiones en sus estadísticas, es importante resaltar que un expediente requiere cuando menos dos decisiones para llegar a estar resuelto, y esto en casos de “mero derecho” que representan un número muy pequeño del universo total de casos. En aquellos que incluyen fase probatoria se requieren al menos (y esto siendo muy conservadores) tres decisiones por cada uno.

Esto da una nueva perspectiva sobre la realidad pues implica que se resuelven muy probablemente la mitad de los casos que entran. Ya hemos mostrado anteriormente, que hay casos que se resuelven muy rápido (los iniciados por el gobierno o sus “amigos”), pero los demás deben esperar cuando menos meses y por lo general, años.

En resumen, inicia un nuevo año judicial con un Poder Judicial felicitado por su lealtad al Ejecutivo, que no rinde cuentas detalladas sobre su labor en el año anterior y que las pocas cifras que ofrece dejan ver un nivel de ineficiencia cada vez más preocupante.

¿Y a ti venezolano cómo te afecta?

Lo dicho hasta ahora tiene dos consecuencias directas sobre las vidas de los ciudadanos. En primer lugar, la falta de información adecuada impide controlar que el Poder Judicial esté cumpliendo su labor de manera adecuada, lo que es un derecho que tenemos como ciudadanos y como contribuyentes que financiamos las funciones del Estado.

Sin embargo, es todavía más importante el hecho de que la ineficiencia que muestra el Tribunal Supremo en sus funciones se convierte en demoras de los procesos. De hecho, los números indican que si los ciudadanos requerimos acudir al sistema de justicia con toda probabilidad tendremos que esperar más de un año por una respuesta, y como no nos cansamos de repetir: la justicia que no llega a tiempo no es justicia. Esto sin mencionar que ya está demostrado que el Tribunal Supremo de Justicia ya no se ocupa del ciudadano, y menos aún del Estado de derecho y de la democracia.

Laura Louza, “Según TSJ: Soberanía es el poder del gobierno… No del pueblo”


“Según TSJ: Soberanía es el poder del gobierno… No del pueblo”

El 2 de Marzo en entrevista con Azalea Liscano, por la emisora Super Estereo 98.1 FM del estado Nueva Esparta, la Dra. Laura Louza, abogado, profesora universitaria, fundadora y directora de la ONG Acceso a la Justicia, indicó que las constantes modificaciones ilegítimas a la Constitución y las leyes, las realizan solo para favorecer los intereses del Presidente de la República y de su partido, alejándose de forma grotesca de sus verdaderos postulados, así como de la libertad y dignidad de los venezolanos, pilares fundamentales en una sociedad democrática.

El TSJ “legitima” el ejercicio de medidas arbitrarias que puedan ser dictadas por la misma Sala Constitucional o por otros órganos del Estado contra la Asamblea Nacional, con el propósito de obstaculizar aún más el ejercicio de funciones parlamentarias, pero bajo un velo de supuesta “legalidad”.

Los DDHH no aceptan dualidad, el Estado Venezolano debe resolver la crisis humanitaria de alimentos, medicamentos y las elecciones, como lo dictamina la Constitución Nacional. Por ello Luis Almagro, en nombre de la OEA agradeció este miércoles 1 de marzo el apoyo bipartidista del Senado de EE.UU. para que el organismo aplique la Carta Democrática a Venezuela.

Para escuchar la entrevista, ingresa aquí.

AN nuevamente entre la espada y la pared


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AN nuevamente entre la espada y la pared

Si acata la Constitución, incurre en “delito de desacato”

“Estoy a favor de la verdad, la diga quien la diga.
Estoy a favor de la justicia, a favor o en contra de quien sea”
Malcolm X

Desde que fue electa la actual Asamblea Nacional, sus funciones se han visto reducidas por la labor de la Sala Constitucional del TSJ, sin contar que paralelamente los diputados de la mayoría opositora han sido objeto de constantes ataques personales por funcionarios policiales y del gobierno.

Esta situación pareciera agravarse con la sentencia N° 7  de la Sala Constitucional, del día 26 de enero, en que acordó ordenar a los órganos del Consejo Moral Republicano que inicien las investigaciones con el propósito de determinar la responsabilidad penal individual de los diputados a la AN que integran la organización política de la MUD , “…por la presunta comisión del delito de conspiración para destruir la forma republicana que se ha dado la nación, tipificado en el artículo 132 del Código Penal, así como, por la presunta usurpación de funciones, desviación de poder y por violación de la Constitución”.

Resulta particularmente grave esta decisión, porque la Sala continúa reforzando su postura sobre el desacato en que según su parecer está incursa la AN, afirmando que “se encuentra en ‘anomia’ constitucional” que “degenera el caos que se ha procurado para sí misma, en su afán de inquirir la inestabilidad para el Estado, su gobierno y su pueblo soberano”. Además, ahora anuncia con esta sentencia la posible comisión del delito de conspiración (artículo 132 del Código Penal) por parte de los diputados de la MUD.

La Sala Constitucional estimó que es “necesario remitir copia del presente fallo a la Contraloría General de la República, al Ministerio Público, y a la Procuraduría General de la República, en atención a sus competencias sobre el control de uso y disposición de los bienes públicos de la Nación que se encuentran en la sede de la Asamblea Nacional”.

Para Acceso a la Justicia esta decisión pone en riesgo la estabilidad de la democracia en el país, porque “legitima” el ejercicio de medidas arbitrarias que puedan ser  dictadas por la misma Sala Constitucional o por otros órganos del Estado contra los diputados de la MUD, con el propósito de obstaculizar aún más el ejercicio de sus funciones parlamentarias, pero bajo un velo de supuesta “legalidad”.

Por otra parte, cabe advertir que esta posición del “ángel custodio” de la Constitución sintoniza igualmente con la sentencia N° 12 del 31 de enero de 2017, en que ratifica la sentencia N° 948 del 15 de diciembre de 2016 que, además de suspender la declaratoria de responsabilidad política que había acordado la Asamblea Nacional contra el Presidente de la República, ordena “remitir copia certificada de la presente decisión al Consejo Moral Republicano, a la Contraloría General de la República, al Ministerio Público y la accionante, Procuraduría General de la Repúblicapara que ejerzan las actuaciones que correspondan, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y jurídicas en general, e informen perentoriamente a esta Sala de las resultas de las mismas”. Ello a los fines de iniciar las investigaciones respectivas para determinar las responsabilidades de los diputados opositores al gobierno. 

Dada esta gravísima situación que amenaza el hilo constitucional y la vida democrática del país, Acceso a la Justicia considera conveniente presentar a sus lectores algunas consideraciones relativas a la naturaleza y el sentido básico del  delito de desacato de una sentencia de amparo constitucional, en forma de pregunta y respuesta, que permita comprender de una manera clara y sencilla el argumento-raíz en que sustentan las Salas Electoral y Constitucional su posición para deslegitimar, a espaldas de la Constitución y las leyes, a un órgano que fue electo popularmente el 6 de diciembre de 2015.

  1. ¿Qué es el desacato a una sentencia de amparo constitucional?

En Venezuela, el desacato a las sentencias de amparo es un delito tipificado en el artículo 31 de la vigente Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales de 1988, que consiste en incumplir con lo decidido y sancionado por los tribunales competentes.

  1. ¿Qué implica este delito de desacato?

De conformidad con lo previsto en el artículo 31 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, quien incumpla el mandamiento de amparo constitucional dictado por el juez será castigado con una pena de prisión de seis (6) a quince (15) meses.

  1. ¿El desacato de las sentencias tiene otras implicaciones?

Sí. Según el artículo 122 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, constituye también un ilícito administrativo que se sanciona con una multa, pero solo cuando se trata de decisiones que emanan de las Salas del TSJ.  En efecto, conforme a la citada disposición, las personas o funcionarios que no acaten órdenes o decisiones de las Salas del Tribunal Supremo de Justicia serán sancionados con multa equivalente hasta 200 U.T. y, en caso de reincidencia en el desacato la multa será entre 200 y 300 U.T. (artículo 123 LOTSJ).

  1. ¿A qué juez corresponde imponer la sanción penal por desacato judicial?

Por tratarse de un delito, es el juez de la jurisdicción penal la autoridad competente en imponer esta responsabilidad a las personas que desacaten los mandamientos de amparo constitucional.  El juez penal es el juez natural para verificar la comisión del delito de desacato y, por ende, para imponer la sanción penal a los condenados.

  1. ¿La Sala Constitucional es competente para enjuiciar a los diputados de la AN por el delito de desacato judicial?

No. La Sala Constitucional no es la instancia judicial competente para verificar, ni mucho menos para castigar este delito.

  1. ¿Es válido si la Sala Constitucional decidiera responsabilizar penalmente a los diputados de la MUD por la comisión de este delito penal?

No. En este supuesto la Sala Constitucional estaría violando abiertamente el artículo 49.4 de la Constitución, que garantiza el derecho de “toda persona a ser juzgada por sus jueces naturales en la jurisdicción ordinaria,” y del artículo 49.1 del texto de la Carta Fundamental, que garantiza el principio de la doble instancia o doble grado de jurisdicción, es decir, que “toda persona declarada culpable tiene derecho a recurrir del fallo.”  Además, tampoco la Sala Constitucional puede actuar como juez y parte agraviada (por ser autora de las numerosas decisiones que supuestamente ha desacatado la AN); el actuar como juez y parte es violatorio de la imparcialidad de los jueces, que es una garantía prevista en el artículo 256 de la Constitución.

  1. ¿Cuál es el procedimiento para determinar el desacato a las sentencias de amparo constitucional?

Por tratarse de un proceso penal, deberá estar sujeto a las previsiones referentes a la jurisdicción penal ordinaria contenidas en el Código Orgánico de Procesal Penal, que dicho sea de paso, requiere de una fase preparatoria de investigación antes de su inicio, en la cual es el Ministerio Público el encargado de dirigir las investigaciones de los hechos punibles (artículo 111.1 COPP).  En otras palabras, se debe poner en conocimiento del asunto al Ministerio Público para que inicie las investigaciones. Si se comprueba, y por tratarse de altos funcionarios (diputados), el fiscal deberá solicitar a la Sala Plena del TSJ que decida si hay méritos para enjuiciar a los diputados (artículos 379, 380 y 381 COPP).

  1. ¿Los diputados a la AN por la organización política MUD se encuentran en desacato judicial?

No, porque tratándose de un delito se deben realizar las respectivas averiguaciones a través del Ministerio Público para determinar la comisión o no de este delito. En la práctica lo que ha sucedido es que la Sala Constitucional, lamentablemente, ha tergiversado sus funciones, incluso usurpando otras, para sostener esta posición que busca deslegitimar a los diputados de la AN.

  1. ¿Cómo queda la inmunidad parlamentaria de los diputados ante el reiterado argumento del delito de desacato en que se escuda la SC para desconocer a la Asamblea Nacional?

Es peligrosa y controversial la actitud de la Sala Constitucional contra los diputados de la Asamblea Nacional, basada en un delito que aún no se ha verificado e impuesto según nuestro sistema de justicia penal. Para Acceso a la Justicia resulta claro que la Sala Constitucional vulnera la inmunidad parlamentaria, que es una garantía constitucional (artículo 200) que ampara a los diputados en que no pueden ser sometidos a un proceso penal si la AN no lo autoriza antes. Esta garantía es hoy día universalmente reconocida como fundamento esencial del Estado de Derecho y, por ende, de la separación de poderes.

  1. ¿Cuándo la inmunidad parlamentaria puede ser allanada?

En primer lugar, hay que decir que allanar es suspenderles a los diputados la inmunidad parlamentaria. En segundo lugar, solo puede ser allanada la inmunidad, a los efectos de un enjuiciamiento, mediante autorización expresa de la propia Asamblea Nacional y en los términos establecidos en el artículo 25 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional.

  1. ¿Puede la Sala Constitucional obviar el procedimiento establecido para allanar la inmunidad parlamentaria de los diputados de la MUD bajo el pretexto del presunto delito de desacato?

No, porque es una competencia exclusiva y excluyente de la Asamblea Nacional. Lo contrario constituiría una atroz violación del orden democrático del país, además de ser una usurpación de funciones que acarrea la nulidad de la decisión por trasgredir el artículo 200 de la Constitución y el artículo 25 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional. En cualquier caso, la Sala Constitucional no podrá nunca ordenar la detención de los diputados.

  1. ¿Los diputados que sean enjuiciados podrán continuar en el ejercicio de sus funciones parlamentarias?

Los parlamentarios enjuiciados no podrán ejercer ningún cargo público mientras dure el proceso (artículo 380 COPP).

Como se ve, bajo los principios generales que rigen en nuestra tradición jurídica, democrática y civilista, resulta poco razonable la peregrina e insostenible idea de la Sala Constitucional de que la AN se encuentra en desacato judicial. Resulta evidente cómo la Sala pretende establecer un nuevo orden jurídico paralelo que busca destruir o restringir la institución parlamentaria del país, órgano representativo de la soberanía del pueblo. Todo esto de la Sala Constitucional ha sido un medio para lograr la disolución de la Asamblea Nacional, tantas veces proclamada por el gobierno en 2016 como parte de su desiderátum, sin disolverla jurídicamente hablando porque no es una figura constitucional. Pero el efecto práctico de sus decisiones ha sido el mismo.

Y a ti venezolano, ¿cómo te afecta?

Es muy grave para la población venezolana estar sometida a un poder incontrolado como el que ejerce la Sala Constitucional cada vez que quiere, sobre todo con las constantes modificaciones ilegítimas a la Constitución y a las leyes, solo para favorecer los intereses del Presidente de la República y de su partido, alejándose de forma grotesca de sus verdaderos postulados, así como de la libertad y dignidad de los venezolanos, pilares fundamentales en una sociedad democrática.

Prolongar la actual situación de conflictividad en que se encuentran los poderes Legislativo y Ejecutivo gracias a la parcialidad y falta de independencia del Poder Judicial conspira, a paso de vencedores, contra la calidad de vida de los venezolanos y la de nuestra nación.

Sala de Casación Penal acepta no conocer de posibles delitos de corrupción en materia eléctrica


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Sala de Casación Penal.

Avocamiento.

TSJ/SCP N° 2. Fecha: 13/02/2017.

Caso: Solicitud de avocamiento en la causa penal seguida contra JAVIER ALVARADO OCHOA y NERVIS GERARDO VILLALOBOS, por la presunta comisión de los delitos de PECULADO DOLOSO PROPIO, LEGITIMACIÓN DE CAPITALES y ASOCIACIÓN.

Decisión: Se declara homologado el desistimiento de la solicitud presentada. Los hechos señalados por la sentencia son los siguientes:

“… La presente causa, se refiere a la investigación adelantada por el Ministerio Público, iniciada en fecha 30/03/2015, por la Fiscalía Vigésima Quinta Nacional con Competencia Plena, con ocasión a presuntas irregularidades atribuidas a los ciudadanos JAVIER ALVARADO OCHOA… y NERVIS GERARDO VILLALOBOS … en su condición de Vice Ministro del Ministerio de Energía y Petróleo… con ocasión a la contratación de la sociedad mercantil Española DURO FELGUERA, S.A. para ejecutar la obra de una Central Termoeléctrica de Ciclo Combinado, Planta Tremo Centro, ubicada en los Valles del Tuy del Estado Miranda. Así las cosas, tenemos que en fecha 10 de marzo del año 2015, el Ministerio Público recibió denuncia, suscrita por el ciudadano MIGUEL ÁNGEL BONILLA SALAS… la cual fue ampliada en entrevista tomada en fecha 31 de marzo de 2015, mediante la cual entre otras cosas señala que es propietario de una sociedad mercantil denominada GROUP MONSUSERCA C.A, RIF-J30754383-3, la cual fue contratada por la empresa española denominada ‘PROTECCIONES PLASTICAS’ (PROTESA C.A), ubicada en Barcelona, España, empresa que a su vez fue contratada por la también española empresa DURO FELGUERA, ubicada en Asturias, Jigon, España, esta última contratada por CORPOELEC (PROYECTOS MAYORES), en el año 2009, para la construcción de una PLANTA TERMOELÉCTRICA UTE TERMOCENTRO INDIA URQUIA, ubicada en la carretera Santa Teresa-Lucia, Municipio Paz Castillo de los Valles del Tuy, Estado Miranda. En cuanto a lo concerniente a la contratación que fue realizada a la empresa GROUP MONSUSERCA C.A, RIF-J30754383-3, el denunciante manifestó, entre otras cosas lo siguiente: ‘… La parte de la obra que le correspondía a mi empresa, debió iniciarse según el contrato firmado con PROTESA, y el acuerdo de cesión, el quince 15 de julio de 2012, con fecha de terminación total el 15 de diciembre de 2012 (…) Las fechas contractuales no fueron cumplidas en ninguna de las fases, ni de la llegada de materiales, ni de su entrega, así como de la entrega de las zanjas. El arribo a la obra de los materiales (tuberías y accesorios (PRFV)), era responsabilidad de la empresa española PROTESA C.A, no llegando estos materiales a tiempo, sino cinco meses después de lo estipulado en el contrato, a su vez la responsabilidad de la entrega de la zanja, corresponde al CONSORCIO EL SITIO, el cual está compuesto por la empresa española DURO FELGUERA, y las empresas Venezolanas Y&V INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN, Y TURBO GENERADORES DE VENEZUELA, está ultima si bien esta registrada en Venezuela tengo conocimiento que es propiedad de la empresa española DURO FELGUERA. En cuanto a la construcción de la zanja (excavar, confeccionar y entregar), que mencione (sic) y que es parte del alcance del CONSORCIO EL SITIO, debía ser entregada a mi representada para realizar el montaje de las tuberías, la cual fue entregada en malas condiciones ya que no tiene talud, colocación inadecuada del encabillado, no existe el colchón o lecho de arena en la cual deben reposar 100% las tuberías, no existen cajuelas en las uniones y las que existen son inadecuadas, el suelo de la zanja no fue compactada, no se utilizó cimentación, macizos mal construidos; zanja ésta que fue entregada para iniciar el montaje de tuberías en marzo del año 2013, ocho meses después a la fecha estipulada en el contrato que era el 15 de julio de 2013. Así mismo, para disminuir costos el CONSORCIO EL SITIO, decidió mas lechos de concreto en la obra ejecutada, pese a que CORPOELEC, había preestablecido las condiciones y aspectos de calidad que debían cumplir las zanjas en las que irían introducidas las tuberías de fibra de vidrio (…) las alteraciones que la contratista CONSORCIO EL SITIO realizó, modificando el contrato, sin previa autorización por escrito del contratante CORPOELEC, incumpliendo y violando el artículo 106 de la Ley de Contrataciones Públicas. De igual forma, el CONSORCIO EL SITIO, violo (sic) la norma internacional AWWA45, que regula el método y las condiciones que deben cumplir las zanjas a utilizar en la montura fabricación e instalación de tuberías de fibra de vidrio entre otros y las especificaciones del proyecto y los procedimientos de los fabricantes de tuberías. Con estas inobservancias, impericia y negligencia en las recomendaciones para excavar y confeccionar zanjas la contratista CONSORCIO EL SITIO, ocasionó daños y perjuicio al patrimonio público de la nación ya que en un tiempo no muy lejano las tuberías montadas en estas zanjas podrían sufrir fallas mecánicas por deflexión, longitudinal, pierden alineación, puesto que las tuberías no se encuentran reposando o apoyadas 100% sobre un lecho de cama de arena, cimentación y concreto, estas zanjas están inadecuadas, mal confeccionadas, y podrían ocurrió (sic) un desastre, puesto que estas tuberías son las venas mismas de la planta, dentro de ella circula el agua que enfría la planta (Refrigeración principal y secundaria), es decir son las que permiten el proceso de refrigeración de la planta eléctrica (…) todas estas irregularidades fueron notificadas y repudiadas por mi representada en reiteradas oportunidades a la contratista CONSORCIO EL SITIO, a la subcontratista PROTECCIONES PLASTICAS, y al propietario proyecto CORPOELEC…’ (…). Con relación a esos hechos, en cuanto a la contratación de la sociedad mercantil española DURO FELGUERA, se tomó denuncia al ciudadano INCARY GUERRA TORRES, titular de la cédula de identidad signada con el número V-13.286.491, en fecha treinta (30) de marzo de dos mil quince (2015), quien se desempeña como Gerente Nacional de Litigio adscrito a la Consultoría Jurídica de CORPOELEC, empresa adscrita al Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica, quien entre otras cosas señaló lo siguiente: ‘… comparezco ante este Despacho con la finalidad de denunciar presuntos hechos de corrupción acaecidos en CORPOELEC, relacionados con el pago de comisiones en divisas con ocasión a la contratación de empresas en España, para ejecutar la obra de una Central Termoeléctrica de Ciclo Combinado, Planta Termo Centro, ubicada en los Valles del Tuy del Estado Miranda. Tal contratación se realizó durante la gestión del ex Vice Ministerio NERVIS GERARDO VILLALOBOS (…) en el cual hace referencia a que la empresa española denominada ‘Duro Felguera’, pago (sic) un total de 50 millones de dólares, al mencionado funcionario por concepto de comisiones, hechos que actualmente se investigan en el país europeo por presunta legitimación de capitales, de allí, deviene nuestro interés en realizar la presente denuncia con la finalidad [que] se investigue la legalidad de las distintas contrataciones realizadas durante la gestión del ex Vice Ministro NERVIS GERARDO VILLALOBOS. Con la finalidad de soportar lo expuesto, consigno en este acto en copia simple impresión de distintos artículos de prensa obtenidos vía on line, que hacen mención a las irregularidades denunciadas. Así mismo, en uno de los artículos de prensa, se menciona que el ex Viceministro es propietario conjuntamente con su esposa de una empresa venezolana denominada Ingespre, así mismo, de dos sociedades en el exterior como son Kingsway Holding Overseas, en las Islas Vírgenes y kinsway en Madeira’. (…) Ahora bien, respecto a la cuestionada contratación, se recibió también una denuncia presentada por la ciudadana Yajaira Navas Morales, quien en representación del Ingeniero Miguel Gallardo, adjuntó documentos y escrito de denuncia formulada por el mencionado ciudadano por presuntos hechos de corrupción cometidos por la empresa Duro Felguera... Se desprende de esa denuncia, la presunta comisión de hechos de corrupción que vinculan de manera directa, a los ex funcionarios JAVIER ALVARADO OCHOA, C.I. V-5.003.011, en su condición de Presidente de la C.A. Electricidad de Caracas y NERVIS GERARDO VILLALOBOS C.I. V-7.830.467, quien se desempeñó entre otros cargos como Vice Ministro del Ministerio de Energía y Petróleo, quienes son señalados de manera directa y pública de haber recibido comisiones en divisas, procedentes de recursos públicos del Estado Venezolano, erogados con ocasión a la contratación pública realizada entre la C.A ELECTRICIDAD DE CARACAS (EDC), representado por su Presidente JAVIER ALVARADO OCHOA (…) y la empresa DURO FELGUERA S.A, para la construcción de la obra: Construcción de la Planta Termoeléctrica UTE TERMOCENTRO INDIA URQUÍA (…) Es relevante afirmar, que el ciudadano NERVIS GERARDO VILLALOBOS, facilitó la apropiación de los recursos procedentes del patrimonio público al ciudadano JAVIER ALVARADO OCHOA, permitiendo que parte de éstas fueran depositadas en sus cuentas en bancos internacionales, por la sociedad mercantil DURO FELGUERA S.A, que como ésta demostrado es una empresa contratista del Estado Venezolano (…)”

Ahora bien, respecto del desistimiento de la solicitud de avocamiento realizada por la Fiscal, la Sala indicó:

“Cabe reseñar la regulación que de la figura del desistimiento establece el Código Orgánico Procesal Penal en su artículo 431, siendo que reza textualmente:

Visto lo anteriormente transcrito, se tiene que el desistimiento viene a ser aquel acto cuya consecuencia jurídica es dejar sin efecto lo alegado por la parte afectada. Y en el caso en concreto, el Ministerio Público hizo saber el cinco (5) de agosto de 2016, a esta Sala de Casación Penal, su intención de que fuese deshecho esa declaración donde se exigía la auto-atribución de un derecho; en este sentido, dicha solicitud se encuentra ajustada a Derecho ya que se cumple con los requisitos legales necesarios, resultando por tanto inviable dar curso a la acción evocatoria y juzgar sobre la pretensión interpuesta.

En consecuencia, la Sala de Casación Penal HOMOLOGA el DESISTIMIENTO de la PRETENSIÓN AVOCATORIA propuesto por la ciudadana IVANNA NAZARETH GONZÁLEZ, Fiscal Auxiliar Interina Nonagésima Tercera del Ministerio Público con Competencia Nacional en Materia contra la Corrupción, con relación al proceso penal seguido contra los ciudadanos JAVIER ALVARADO OCHOA y NERVIS GERARDO VILLALOBOS, siendo que el asunto no afecta al orden público. Así se declara.”

Comentario de Acceso a la Justicia: Este caso inicia por hechos de gran relevancia como son supuestas comisiones ilegales derivadas de contrataciones de servicios en materia de infraestructura eléctrica. No queda claro, desde el punto de vista procesal, que haya o no una investigación penal en España acerca del Banco de Andorra y el Banco Madrid. Si bien es cierto que debe privar el principio de libertad en favor del procesado, sobre todo ante un posible error judicial, no es menos cierto que los hechos deben ser investigados en virtud del principio de no impunidad, que opera la cooperación penal internacional, y que la corrupción y los delitos contra el patrimonio son imprescriptibles, según la Constitución. En tal virtud, la Sala pudo ordenar la reposición de la causa al momento de detectarse la irregularidad, y continuar la investigación sobre posibles pagos de comisiones a funcionarios públicos en ejercicio; ello por el obvio interés público en determinar los hechos que son muy graves, establecer las responsabilidades penales a que hubiere lugar y, sobre todo, recuperar los activos del posible hecho corrupto. El cambio de la posición del Ministerio Público no está motivado. En este caso quedan sin investigarse hechos muy graves, de suma importancia para la colectividad, como ha sido la crisis eléctrica que azota al país desde hace varios años. Además, se imposibilita la recuperación de activos producto de actos de corrupción.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scp/febrero/196015-002-13217-2017-A16-241.HTML

El reto del TSJ: una apertura del año judicial en medio de protestas


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                     El reto del TSJ: una apertura del año judicial en medio de protestas

(Caracas, 07 de febrero de 2016).- Con motivo del Acto de Apertura del Año Judicial 2017, abogados y sociedad civil organizada acudieron este martes a las afueras de la sede del Tribunal Supremo de Justicia para recordarle al órgano judicial su obligación de decidir conforme a la Constitución y garantizar la plena vigencia de los derechos fundamentales.

Una brecha enorme se ha abierto entre quienes, por una parte, hoy ostentan cargos dentro del Poder Judicial, y quienes, por la otra, son afectados por sus decisiones Judicial, es decir, los venezolanos de a pie.

La apertura del año judicial se inició con protestas, que no pudieron acallar de ningún modo. Desde tempranas horas, mientras funcionarios vestidos casi de gala ingresaban al Tribunal Supremo de Justicia para el acto de apertura del año judicial, varias ONG y familiares de presos políticos, acompañados por algunos ciudadanos que rechazan las actuaciones del TSJ, alzaban su voz en las adyacencias, recordando el proceder del TSJ el pasado 2016 y el de este primer mes del año, en el cual ya ha solicitado investigaciones contra diputados a la Asamblea Nacional, según sentencia del pasado 26 de enero emanada del máximo órgano judicial.

Rodeados de guardias y funcionarios del TSJ que impedían la grabación de las declaraciones de los manifestantes, el diputado al Parlasur, Rafael Veloz, acompañado de organizaciones no gubernamentales sostuvo sobre la actuación del Poder Judicial: “La Sala Constitucional y el Tribunal Supremo de Justicia se utilizan como mecanismos para llevar adelante el proceso revolucionario, de tal forma que nosotros realizamos esta protesta cívica y pacífica con la finalidad de exigir a este sistema de justicia la vuelta y el rescate de la democracia”.

“Tenemos un Poder Judicial donde más del 90 por ciento de los jueces no son titulares y es por eso que en los últimos informes los organismos internacionales declaran a Venezuela como un país sin libertad, fundamentalmente porque los operadores políticos ocuparon y secuestraron los espacios judiciales. Esto es muy delicado porque la Sala Constitucional ha establecido un mecanismo para producir un caos institucional, de tal forma que la exhortación de los abogados y de los parlamentarios es que nosotros volvamos a la democracia, y sólo es posible esto cuando nosotros salgamos de Nicolás Maduro y de esta injusta justicia”.

La hija de Mitzy Capriles y del alcalde Ledezma, Oriette Schadendorf, también repudió el comportamiento de la Sala Constitucional asegurando que “es ilegítima, así como las actuaciones que ha hecho en contra de la Asamblea Nacional y en contra de Venezuela entera, que han sido violatorias de la Constitución nacional; es una Sala que está al servicio de un partido político, de un sistema de Gobierno fracasado que lleva ya casi dos décadas y que ha sumido a Venezuela en una crisis humanitaria como nunca había ocurrido antes. Estamos acá como familiares de presos políticos, defendiendo los derechos humanos de nuestros familiares porque los presos políticos son inocentes, en este caso, Antonio Ledezma, el alcalde Metropolitano de Caracas el próximo 19 de febrero cumple dos años presos, Leopoldo López cumple tres años preso, los policías de la Metropolitana catorce años presos, es decir, acá se han violado durante dieciocho años los derechos humanos de muchas personas inocentes”.

Asimismo, Jorge Fernández, el padre de Vilca Fernández, apresado por enviar tuits contra el gobierno, se sumó a la protesta en favor de los presos políticos y en contra de las sentencias del TSJ que han avalado las decisiones del Ejecutivo, tales como las que han privado de libertad a cientos de venezolanos: “Le están violentando los derechos humanos a todos los presos políticos, se viola el debido proceso, se viola el Estado de derecho, y en ese sentido en el día de hoy en esta apertura del año judicial estamos alzando nuestra voz de protesta, haciéndole un llamado a quienes ostentan el poder”.

Ante este panorama el Poder Judicial inicia el año 2017, con un pueblo que cada día exige con más fuerza que le sean devueltos sus derechos y clama justicia, una justicia imparcial que cumpla con la premisa de darle a cada cual lo que le corresponda, sin presiones externas y en democracia.