TSJ concretó disolución de la Asamblea Nacional en 2017


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La Asamblea Nacional (AN), electa el 6 de diciembre de 2015 por estar conformada por una mayoría calificada opositora al gobierno (por primera vez en 16 años de chavismo) no ha podido prácticamente ejercer sus funciones por una serie de obstáculos impuestos por el Poder Judicial.

 Para tener una idea de la guerra judicial en contra de la AN que emprendió el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) desde su elección, se debe recordar que en 2016 bajo el amparo de la tesis del desacato le quitó prácticamente todas sus atribuciones a partir de julio de ese año.

Ya en 2017, el TSJ desconoció a la directiva presidida por el diputado Julio Borges sin justificación y permitió la instalación de una Asamblea Nacional Constituyente (ANC), que  vino entre otras cosas a sustituir al Parlamento.Julio Borges

Estado de excepción impuesto

Desde enero de 2016, Venezuela permanece bajo un perenne estado de excepción, cuya finalidad desde el inicio, según el mismo Jefe de Estado, era tomar medidas extraordinarias que permitieran superar la crisis económica.

Sin embargo, en cada ocasión que se han cumplido los 60 días que prevé la Constitución como plazo máximo de duración del decreto de emergencia económica, el Ejecutivo ha firmado una extensión por el mismo lapso, lo que también permite la Constitución, sólo que al culminar la prórroga dicta un nuevo decreto que luego extiende, lo que está prohibido por el texto constitucional que prevé un plazo máximo de 120 días de estado de excepción por la causa indicada.

Con esta metodología, el Ejecutivo mantiene al país en estado de excepción desde hace dos años, haciendo lo que quiere en materia de legislación socioeconómica e incluso en otros ámbitos. El decreto más reciente es del 09 de enero por lo que ha habido 13 decretos en total.

Ninguno de los decretos de estado de excepción ni sus prórrogas han sido aprobados por el Poder Legislativo como exige expresamente el artículo 339 de la Constitución, y aun así el TSJ los ha declarado constitucionales, haciendo caso omiso también de la Ley Orgánica de Estados de Excepción y de la Exposición de Motivos del texto fundamental que incluso le prohíben intervenir en ese supuesto.

Con esto queda muy claro que el máximo tribunal desempeña un rol al revés de su mandato, al permitir la desintegración de la Carta Magna con estados de excepción inconstitucionales, cuando su función según el artículo 334 es “asegurar la integridad de la Constitución”.

El eterno desacato

La tesis del desacato fue la que creó el TSJ poco después de las elecciones parlamentarias en diciembre de 2015 para hacer lo que la Constitución no le permite al gobierno, pero que era su mayor desiderátum: disolver la AN, como en efecto hizo posteriormente el TSJ con la sentencia nº 156 del 30 de abril.

El desacato surgió porque la AN no quiso acatar la decisión de la Sala Electoral de no juramentar a los cuatro diputados de Amazonas. Aunque la AN más adelante desincorporó a los parlamentarios (enero de 2017) la sanción persistió, de hecho la Sala Constitucional (SC, sentencia 2/2017) del TSJ declaró que todas las sesiones de la AN desde su instalación el 05 de enero eran nulas, desconoció la juramentación de la directiva de Borges y prohibió el inicio del nuevo período legislativo mientras persistiera el supuesto desacato.

Reiteramos que el desacato es un “delito o falta, según el caso, que implica la desobediencia a una orden judicial” y acarrea prisión o arresto pero no anulación de actuaciones. Por ello, lo conducente era eventualmente la sanción de su directiva, la presidida por Henry Ramos Allup por juramentar a diputados de Amazonas, pero no la anulación del órgano.

Impunidad

PdvsaEn 2016, el TSJ declaró que no le convenía al país una investigación por corrupción sobre Petróleos de Venezuela (Pdvsa) que había iniciado la AN y en 2017, ordenó a la Contraloría General de la República (CGR) investigar al diputado Freddy Guevara por querer notificar en Nueva York de esa investigación a Rafael Ramírez, quien se desempeñaba como embajador por Venezuela ante la ONU. Lo más increíble de esto es que a finales de este año la persecución a Ramírez por corrupción ha sido la bandera del gobierno.

En el transcurso de 2017 el TSJ tomó decisiones con las que negó uno de los principios básicos republicanos: la responsabilidad de cualquier órgano del Estado y su obligación de rendir cuentas. En este sentido, entre otros, desconoció en la sentencia nº 7 del 26-1-2017 de la SC el abandono del cargo del Presidente de la República declarado por la AN; permitió que la memoria y cuenta le fuera presentada a él y no a la AN, eliminó el control de la CGR sobre las empresas militares a pesar de que tienen a su cargo la mayoría de los recursos naturales del país y autorizó al Ejecutivo a vender parte de Pdvsa y a endeudarse sin control del legislativo.

Ruptura del orden constitucional

Desde el 2016, el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, ha denunciado la grave alteración del orden constitucional y democrático en Venezuela y en febrero de 2017 reabrió el debate sobre la activación de la aplicación de la Carta Democrática Interamericana en nuestro país, presentando el 14 de marzo un nuevo informe sobre la crisis. A raíz de ello, la AN aprobó un acuerdo para la reactivación de la Carta.

El partido de gobierno inmediatamente reaccionó y presentó un recurso ante la Sala Constitucional del TSJ y esta respondió a los seis días con la sentencia 155 del 29 de abril en la que anula el acuerdo de la AN que aprobó el informe de Almagro e incentivó al Ejecutivo a legislar en materia de seguridad nacional, en el ámbito penal y militar, aunque sin limitaciones, para evitar un supuesto estado de conmoción exterior (otra causal de estado de excepción). Además desconoce la inmunidad parlamentaria por el desacato. Al día siguiente, esa misma Sala dictó otra sentencia, la 156 en que permite la venta de parte de la estatal petrolera sin la autorización de la AN a una empresa rusa y además disolvió el parlamento. También decidió que desde ese momento, la Sala o el órgano que ella indicara sustituían a la Asamblea Nacional.

Estas dos sentencias causaron gran escándalo en la comunidad internacional, quien anunció que en Venezuela se había instaurado una dictadura y como consecuencia de ello se produjo el retiro de embajadores de varios países. Esto dio lugar a la activación por parte del Ejecutivo del Consejo General de Seguridad quien exhortó al TSJ a revisar sus sentencias. El 1º de abril, la Sala Constitucional anuló sus sentencias, pero en la práctica la AN siguió invalidada.

TSJ

La Fiscal

Hasta la fiscal general de la República Luisa Ortega Díaz reconoció que había habido una ruptura del orden constitucional en Venezuela por las sentencias 155 y 156 e inició una verdadera guerra judicial contra el Gobierno, pero esto no tuvo mayores frutos, pues aunque visibilizó aún más el régimen y sus debilidades su cruzada dio lugar a su destitución del cargo por la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente (ANC), potestad que es de la AN.

El esposo de la Fiscal, diputado del partido de gobierno, Germán Ferrer también se le unió. Como consecuencia de ello, mediante la sentencia 66 de la Sala Plena, el TSJ le quitó la inmunidad parlamentaria, competencia que es de la AN. Luego un tribunal de instancia dictó una orden de aprehensión en su contra por manejar supuestamente una importante red de corrupción desde la Fiscalía.

El golpe electoral

La renovación de los partidos políticos por el TSJ fue uno de los temas clave de 2017. Esta exigencia fue por una sentencia del máximo tribunal, la primera de 2016 de la Sala Constitucional, en la que prohibió la doble militancia y exigió, en contra de la lo que dice la ley de la materia, la renovación de los partidos políticos que hubieran participado en las elecciones parlamentarias con la tarjeta de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) y no con su propia tarjeta.

El TSJ también en 2016 designó a los rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE) que tenían el periodo vencido, aunque fuera competencia de la AN.

La guinda del pastel del TSJ contra la AN en 2017 fue el aval a la convocatoria del presidente Nicolás Maduro e instalación de la fraudulenta ANC a través de varias sentencias. Hoy en sustitución ilegal del Parlamento, la ANC aprueba leyes, incluido el presupuesto nacional, ha allanado la inmunidad parlamentaria de diputados de oposición y ordena investigaciones, entre otras funciones.

¿Y a ti venezolano, cómo te afecta?

Sin Parlamento, no hay democracia, pues es el órgano democrático por excelencia al ser el que representa a todas las ideologías del país y permite el debate entre ellas. Mientras en el Ejecutivo suele estar el partido político que obtuvo la mayoría, en el Parlamento u órgano legislativo nacional están también los que no la obtuvieron y esto permite controlar mejor la gestión del Ejecutivo y del partido de gobierno.

Además como el Parlamento suele tener no sólo funciones legislativas, sino también de control, puede garantizar el mejor uso de los recursos públicos por parte del Ejecutivo, de hecho es quien recibe la memoria y cuenta del gobierno, así como aprueba el presupuesto nacional de cada año. Si se elimina el Parlamento, como ha ocurrido en Venezuela, el Ejecutivo tiene rienda suelta en la administración y uso de los recursos públicos, lo que puede causar exceso de endeudamiento, corrupción e inflación, que son entre otros males los que hoy en día nos afectan a todos.

Los requisitos para la nulidad de la venta de los bienes de la comunidad conyugal


matrimonio

Sala: de Casación Civil

Tipo de Recurso: Casación

N° Sent. 838                                  Fecha: 14-12-2017

Caso: Demanda por cumplimiento de contrato interpuesta por VICENTE EMILIO VELUTINI BENEDETTI contra MANUEL SALVADOR SUBERO, YOLANDA JOSEFINA MILLÁN DE SUBERO (†), sus herederos JOSÉ RAMÓN SUBERO MILLÁN y MANUEL SUBERO MILLÁN y sus herederos desconocidos

Decisión: Se declara procedente en derecho el desistimiento del recurso de nulidad y sin lugar el recurso de casación contra la sentencia dictada el 7 de junio de 2017, por el Juzgado Superior Accidental en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Marítimo de la Circunscripción Judicial del estado Nueva Esparta.

Extracto:

“Tal como se señala, la jurisprudencia imperante respecto a la nulidad fundamentada en el artículo 170 del Código Civil, radica en la procedibilidad de declarar la nulidad del contrato, cuando concurran los tres (3) requisitos establecidos, a saber:

  1. a) Que uno de los cónyuges haya cumplido un acto sin el consentimiento necesario del otro;
  2. b) Que dicho acto no haya sido convalidado por el cónyuge no actuante;
  3. c) Que el tercero contratante tuviere motivos para conocer o saber que estaba negociando un bien para cuya disposición o enajenación se requería el consentimiento de ambos cónyuges y no obstante lo celebró con uno sólo de ellos.

Como se observa el encabezado del artículo 170 in commento, establece como requisito fundamental para que proceda la nulidad que el contratante tuviere conocimiento de que los bienes afectados pertenecían a la comunidad conyugal. De no darse esta condición, porque el tercero actuó en desconocimiento de que los bienes pertenecían a la comunidad conyugal, no puede ser afectado con la declaración de nulidad, por el contrario, la ley le da la potestad al cónyuge afectado para que demande al cónyuge contratante, por los daños y perjuicios causados.

Aplicando ello al caso de autos, se desprende de las actas que del propio contrato de opción compra venta, tantas veces señalado, se refiere la condición del estado civil del vendedor, Manuel Salvador Subero, como casado, documento este que contó con la anuencia del comprador Vicente Emilio Velutini Benedetti (hoy recurrente), por lo cual, y tal como lo refiere la recurrida, el comprador siempre estuvo en conocimiento de que el bien, por encontrase casado el vendedor, se encontraba subrogado a una comunidad de gananciales, y por ende, de acuerdo con las normas citadas vigentes para el momento de la firma del contrato, necesariamente debía contar con la autorización de la cónyuge Yolanda Josefina Millán de Subero, afectando con ello el segundo y tercer requisito, establecidos en el artículo 170 del Código Civil.

En tal sentido, reconoce esta Sala que la recurrida actuó apegada a derecho y en cumplimiento de las normas y la jurisprudencia imperante para el momento en que se interpuso la demanda, y se constituyó la relación contractual objeto de la misma, razón por la cual, esta Sala considera que la ausencia de consentimiento para la enajenación del bien, convenida entre los ciudadanos Manuel Salvador Subero y Vicente Emilio Velutini, acarrean las consecuencias determinadas por la alzada, ello a tenor de lo previsto en los artículos 168 y 170 del Código Civil, resultando ajustado a derecho, declarar la nulidad del tantas veces mencionado contrato de opción compra venta aquí discutido.” (Resaltado y subrayado de la Sala)

Comentario de Acceso a la Justicia: La sentencia ratifica el criterio de la Sala sobre los requisitos para la nulidad de la venta de los bienes de la comunidad conyugal.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scc/diciembre/206594-RNYC.000838-141217-2017-17-597.HTML

La firma a ruego, en particular, en los testamentos y revocatorias, sus requisitos. Cuándo debe entenderse cumplida la causa de la imposibilidad


documentos contrato

Sala: de Casación Civil

Tipo de Recurso: Casación

N° Sent. 794                             Fecha: 07-12-2017

Caso: ELOINA VILLA DE FERNÁNDEZ contra EMILIA CRISTINA SOTO y MAURA ALICIA SOTO DE MONTES DE OCA

Decisión: Se declara sin lugar el recurso de casación contra la sentencia dictada el 9 de mayo de 2017, por el Juzgado Superior Noveno en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.

Extracto:

“En el caso concreto la Sala observa que la formalizante delata la infracción por errónea interpretación del artículo 856 del Código Civil, porque el precepto legal “exige” se puntualice la causa del por qué el revocante estaba “imposibilitado físicamente” es tal sentido, considera que el ad quem debió ser “exhaustivo” y verificar la causa en particular que originó la imposibilidad.

Ahora bien, la institución de la firma a ruego habitualmente se ve presente en el caso de otorgamiento de actos jurídicos, ante la autoridad que tiene la potestad de dar fe pública de los mismos, esta tiene como finalidad solventar la imposibilidad de firmar del otorgante, bien sea porque el mismo no sabe firmar, o bien porque el mismo aun conociendo cómo firmar, tiene una imposibilidad para ello. De tal imposibilidad nace la petición de la firma a ruego, y de ello, como de la identidad del firmante se deja constancia en el mismo acto.

Es necesario puntualizar este supuesto establecido en el artículo 856 del Código Civil, el cual dispone:

“…Artículo 856. El testamento en ambos casos deberá firmarse por el testador, si supiere y pudiere hacerlo; en caso contrario, se expresará la causa por qué no lo firma, y lo suscribirá a su ruego la persona que el designe en el acto, lo cual será distinta de los testigos instrumentales…”.

La norma in comento establece que el testamento deberá firmarse por el testador, y en los casos que no sepa firmar o este imposibilitado prevé la posibilidad de la firma a ruego, siempre que se exprese la causa de por qué no lo firma, y además establece que la firma a ruego debe ser distinta de la de los testigos instrumentales.

Por otra parte, el artículo 81 de la derogada Ley de Registro Público y del Notariado, vigente para la época en que se efectuó la revocatoria, establece:

“…Artículo 81 El otorgante que estuviere impedido para suscribir un documento notarial con su firma, lo hará a ruego o estampará su huella digital al pie del documento y el Notario dejará constancia en el acto…”.

Así las cosas, del contenido de las normas supra transcritas se desprende que las formalidades que se deben seguir respecto de que una persona no sepa o no pueda firmar es que se deje constancia por el funcionario autorizado por la ley para ello de “la imposibilidad de firmar” del otorgante, de la identidad del firmante a ruego y en el caso del documento notarial que se estampe la huella digital al pie del documento.

En tal sentido la Sala observa que en la revocatoria del testamento se realizó y se dejó constancia de lo siguiente:

“…Finalmente, por encontrarme físicamente impedido para firmar el presente documento, lo hace a mi ruego y en mi presencia el ciudadano: ROY ÁNGEL SABINO DÍAZ, venezolano, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cédula de identidad N° V-6.447.064…”.

De lo expuesto, la Sala observa que se dejó constancia de la imposibilidad del otorgante de firmar por “estar imposibilitado físicamente”, asimismo, se constató que el revocante ciudadano Alejandro Antonio Soto, estampó las huellas dactilares de ambos pulgares, e igualmente el firmante a ruego estampó su firma y sus huellas dactilares, todo lo cual, se refleja en la nota de autenticación.

En relación con lo expuesto, la Sala observa que en el caso concreto efectivamente se cumplió con las formalidades establecidas en la ley sustantiva civil, así como en la Ley de Registro Público y del Notariado vigente para la época que se realizó la firma a ruego. Así se declara.

Por lo demás, esta Sala advierte que si el formalizante no estuvo de acuerdo con el documento público debió desvirtuarlo a través de la tacha de falsedad.” (Resaltado, cursivas y subrayado de la Sala)

 

Comentario de Acceso a la Justicia: La sentencia es importante porque establece el criterio de la Sala sobre la firma a ruego, en particular, en los testamentos y revocatorias, así como sus requisitos y cuándo debe entenderse cumplida la causa de la imposibilidad.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scc/diciembre/206122-RC.000794-71217-2017-17-570.HTML

La cualidad para demandar la nulidad de un acta de asamblea y la facultad del juez para declararla de oficio


documentos contrato

Sala: de Casación Civil

Tipo de Recurso: Casación

N° Sent. 771                                Fecha: 28-11-2017

Caso: Demanda de nulidad de acta de asamblea interpuesta por LUCIANO MANUEL CHÁVEZ GARCÍA contra INDOICA C.A. y MARIO JUDAS TADEO BENEDETTI PÉREZ, JORGE ALBERTO FRANCISCO GARCÍA y MEZEN YCHATAY ECHTAY

Decisión: Se casa de oficio y sin reenvío la sentencia dictada el 18 de noviembre de 2016, por el Juzgado Superior Cuarto en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas y se declara inadmisible la demanda.

Extracto:

“No obstante esta afirmación establecida por el ad quem, estima la Sala entrar a dilucidar si en el caso bajo decisión y, en general en los juicios en los que se pretenda la nulidad de acta de asamblea de accionistas, puede cualquier persona demandar por tal concepto.

En ese sentido la Sala Constitucional de este Máximo Tribunal ha establecido que la legitimidad para demandar la nulidad de actas de asambleas de accionistas de sociedades mercantiles la ostentan sólo los socios de las mismas; siendo que la condición de accionista frente a la sociedad y los terceros se adquiere mediante la respectiva inscripción en el libro de accionistas. De igual forma, dicha Sala ha establecido que la facultad para acudir ante los órganos jurisdiccionales y denunciar presuntas irregularidades administrativas cometidas por los administradores corresponde sólo a los socios, sean mayoritarios o minoritarios. (Ver sentencias N° 287 del 5 de marzo de 2004, caso: Giovanny Maray; Nros. 107 y 114 del 25 de febrero de 2014, casos: Agropecuaria Flora C.A e Inversiones 30-11-89, C.A, en su orden; sentencia N° 585, de fecha 12 de mayo de 2015, caso: Pedro Luis Pérez Burelli y sentencia N° 20, de fecha 23 de febrero de 2017, caso: María Lourdes Pinto De Freitas; todas de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia).

Cuestión que no logró demostrar la parte actora, pues para hacer valer su cualidad sólo promovió una copia fotostática simple de un “pre-acuerdo para la negociación de acciones”, no siendo este elemento suficiente para sostener su cualidad como actor en el presente juicio, puesto que -como ya se indicó anteriormente- sólo pueden demandar la nulidad de acta de asamblea de sociedades mercantiles los accionistas de éstas, adquiriendo los socios dicha condición de accionista frente a la sociedad y los terceros con su respectiva inscripción en el libro de accionistas.

Así las cosas, tenemos que la falta de legitimatio ad causam o cualidad, trae consigo un vicio en el derecho de acción que imposibilita al juez conocer el mérito del asunto debatido, por lo que aun cuando no haya sido alegada, el juez ante dicha situación está obligado a declararla de oficio y como consecuencia, la inadmisibilidad de la demanda.”

Comentario de Acceso a la Justicia: La sentencia es importante porque ratifica el criterio de la Sala sobre la cualidad para demandar la nulidad de un acta de asamblea y la facultad del juez para declararla de oficio, a fin de garantizar el derecho de acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scc/noviembre/205752-RC.000771-281117-2017-17-064.HTML

El consentimiento de ambos cónyuges como requisito para realizar actos de disposición sobre bienes de la comunidad


matrimonio

Sala: de Casación Civil

Tipo de Recurso: Casación

N° Sent. 763                                       Fecha: 24-11-2017

Caso: Demanda por nulidad de acta de asamblea interpuesta por GIOBANNY FRANCISCO DAAL ROMERO contra INVERSIONES S. 2005 C.A.

Decisión: Se declara sin lugar el recurso de casación contra la sentencia dictada el 27 de septiembre de 2016, por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Falcón.

Extracto:

“…El artículo 168 eiusdem, determina que: “Se requerirá del consentimiento de ambos para enajenar a título gratuito u oneroso o para gravar los bienes gananciales, cuando se trata de inmuebles, derechos o bienes inmuebles sometidos a régimen de publicidad, acciones…”.

De la expresión “Se requerirá del consentimiento de ambos”, como ya se señaló, resulta manifiesto que dicha frase consentimiento de ambos se refiere a los casos de DISPOSICIÓN, es decir, enajenación a título gratuito u oneroso o gravámenes sobre los bienes gananciales, respecto de inmuebles, derechos o bienes muebles sometidos a régimen de publicidad, acciones como lo es en el presente caso, obligaciones y cuotas de compañías, fondos de comercio, en cuyos casos, la legitimación en juicio para las respectivas acciones, corresponderá a los dos en forma conjunta. (Mayúscula y negrilla de la Sala).

Precisado lo anterior, se evidencia en el presente caso que el demandante intentó una acción de nulidad de actas de asambleas por la supuesta conducta omisiva que tuvo su cónyuge al no interesarse en la adquisición de las acciones de la sociedad mercantil Inversiones S. 2005 C.A., de la cual es accionista y que, -según su dicho-, habría perjudicado la comunidad conyugal.

En sintonía con lo antes dicho, esta Sala observa que solo se requerirá del consentimiento de ambos cónyuges cuando haya un acto de disposición, enajenar o gravar, pues como se evidencia del presente caso la ciudadana Yliana De Sousa, no dispuso de sus acciones, no enajenó las mismas, simplemente no se interesó en comprar ni aumentar el capital de sus acciones, razón por la cual se considera que la recurrida no incurrió en la infracción de los artículos delatados por falta de aplicación.”

Comentario de Acceso a la Justicia: La sentencia es importante porque ratifica el criterio de la Sala de Casación Civil sobre el consentimiento de ambos cónyuges como requisito para realizar actos de disposición sobre bienes de la comunidad.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scc/noviembre/205656-RC.000763-241117-2017-16-904.HTML

El lapso de prescripción aplicable a las acciones personales


magistrados del tribunal supremo de justicia de venezuela

Sala: de Casación Civil

Tipo de Recurso: Casación

Sent. TSJ/SCC N° 662                  Fecha: 26-10-2017

Caso: Demanda de nulidad de contrato interpuesta por MARTHA NAYIBE PORTILLA MANOSALVA contra LIGIA URREA DE RAMÍREZ, LUIS GERMÁN, LUZ STELLA y MARIANELA RAMÍREZ

Decisión: Se declara sin lugar el recurso de casación contra la sentencia dictada el 10 de marzo de 2017, por el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Táchira.

Extracto:

“De los textos transcritos se colige, conforme con el ordenamiento jurídico vigente y la desarrollada doctrina de esta Sala, que el caso sub iudice, como quiera que se trata de una acción de nulidad absoluta del contrato de venta con reserva de dominio, de dicho contrato se deriva un vínculo jurídico entre dos personas, el vendedor demandante en el presente caso y el comprador, que decidieron celebrarlo bajo las estipulaciones contenidas en el mismo, y en consecuencia, los derechos contenidos o derivados de dicho contrato son personales y las acciones para reclamar o garantizar dichos derechos, están referidas a acciones personales; como quiera que las mismas se originan para exigir el cumplimiento de las obligaciones contraídas a través del contrato bajo estudio, en el caso concreto de dar y hacer, tales como materializar el pago del bien inmueble, la tradición, entre otros, entendiéndose que es personal, como fuera indicado previamente, “…porque nace de una obligación puramente de la persona (por oposición de la cosa) y se da contra la obligada o su heredero…”.

Asimismo, por estar en presencia de una demanda de nulidad absoluta de contrato de compra venta, conforme con el criterio establecido por este Máximo Tribunal, se corresponde con una acción de carácter personal, aplicable la prescripción decenal, previamente citada, contemplada en el artículo 1.977 del Código Civil, cuyo error de interpretación se denunció.

De modo que conforme con las consideraciones antes señaladas, esta Sala observa por parte de la recurrida la correcta interpretación del artículo 1.977 del Código Civil, nótese que la demandante intenta su acción basándose en un derecho personal, el cual deviene del vínculo jurídico nacido a través del contrato, en consecuencia, conforme con el precedente jurisprudencial antes transcrito, el lapso de prescripción para la acción de nulidad absoluta de una convención por la ausencia de uno de sus elementos esenciales, es de 10 años, conforme lo contempla el artículo 1.977 del Código Civil.”

Comentario de Acceso a la Justicia: La sentencia ratifica el criterio de la Sala en cuanto a que el lapso de prescripción aplicable a las acciones personales es el de 10 años previsto en el artículo 1.977 del Código Civil.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scc/octubre/204473-RC.000662-261017-2017-17-381.HTML

Nulidad del Reglamento de Visado de Estados Financieros y otras actuaciones del Contador Público por violar la reserva legal


JUSTICIA-NOTA

Sala: Político-Administrativa

Tipo De Recurso: Apelación

TSJ/SPA N° 989      Fecha: 09/08/2017

Caso: Federación de Colegios de Contadores Públicos de Venezuela (hoy Federación de Colegios de Contadores Públicos de la República Bolivariana de Venezuela) apela sentencia de fecha 22.05.2003, dictada por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, con motivo de la demanda de nulidad interpuesta conjuntamente con acción de amparo cautelar por los ciudadanos Laura Álvarez Yépez, Juan Carlos Arends y otros contra el Reglamento de Visado de Estados Financieros y Otras Actuaciones del Contador Público, aprobado en la Asamblea Extraordinaria de la mencionada Federación celebrada entre los días 10 y 12.02.2000.

Decisión: La Sala declara -SIN LUGAR el recurso de apelación ejercido por la FEDERACIÓN DE COLEGIOS DE CONTADORES PÚBLICOS DE VENEZUELA (hoy Federación de Colegios de Contadores Públicos de la República Bolivariana de Venezuela); -ORDENA la publicación del presente fallo en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, así como en la Gaceta Judicial.

Extracto:

“Observa esta Máxima Instancia que el visado debe ser el reconocimiento, por parte del Colegio respectivo del cumplimiento de los requisitos previstos para dar fe sobre la identidad del profesional y su “Registro Gremial”, así como lo referente a la forma y presentación de los informes y dictámenes.

No obstante, se infiere que la revisión que dispone el artículo 1 del Reglamento de Visado de Estados Financieros y Otras Actuaciones del Contador Público -en cuanto al visado- está referida esencialmente al pago efectivo de los aportes previstos en su artículo 4. Por lo tanto, en este caso, el Visado equivale a contribución.

Respecto a la posibilidad de establecer elementos del tributo mediante normas de rango sublegal, exponen los abogados apelantes que, por cuanto le corresponde al Poder Ejecutivo la atribución de reglamentar las leyes -y la potestad tributaria es inherente a la función administrativa-, esta facultad también la poseen algunos órganos administrativos y por tanto, el Reglamento anulado en el fallo impugnado no vulneró los derechos constitucionales denunciados por la parte accionante.

(…) OMISSIS (…)

De lo anterior resulta evidente que la creación de gravámenes es materia de reserva legal y en consecuencia, solamente le está dada a la Federación de Colegios de Contadores Públicos de Venezuela, la atribución de fijar mediante reglamento las cuotas ordinarias “que deben pagar a sus respectivos cuerpos los inscritos y asociados a los Colegios de Contadores Públicos y Delegaciones”, según lo establecido en el artículo 20 de la Ley de Ejercicio de la Contaduría Pública, en concordancia con el artículo 42 de su Reglamento.

(…) OMISSIS (…)

Concluye la Sala que el cobro del “aporte de visado” de las certificaciones y dictámenes preparados por los profesionales de la Contaduría Pública -no previsto en la Ley- constituye una contribución especial impuesta por vía reglamentaria, por ende resulta violatorio de lo establecido en los artículos 317 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y 3 del Código Orgánico Tributario al crearse -por esta vía- contribuciones parafiscales; por tanto, lo que correspondía era declarar la vulneración del principio constitucional de reserva legal en materia tributaria y en consecuencia su nulidad, tal como se desprende del texto de la sentencia impugnada, razón por la cual se desestima este alegato. Así se decide.

Aunado a lo anterior, a criterio de esta Sala resulta importante destacar que, aun cuando la Ley especial permita reglamentar la revisión de las actuaciones de los Contadores Públicos para el cumplimiento de las normativas dictadas por la Federación de Colegios de Contadores Públicos de Venezuela -referentes al cumplimiento de los requisitos previstos para dar fe sobre la identidad del profesional y su “Registro Gremial”, así como lo relativo a la forma y presentación de los informes y dictámenes-, el cobro de cantidades de dinero por la implementación del visado, como mecanismo de protección para el ejercicio de la actividad profesional de la contaduría y de los usuarios de tales servicios, establecido por vía reglamentaria, constituye un tributo inconstitucional e ilegal y un requisito contra lege para el ejercicio de dicha profesión.

(…) OMISSIS (…)

Aunado a ello, como también quedó establecido en la presente decisión, no deben los colegios profesionales, en este caso la Federación de Colegios de Contadores Públicos de Venezuela, condicionar el ejercicio de la Profesión al pago de las cuotas de mantenimiento de las actividades gremiales, pues ello constituye una limitación ilegal al ejercicio profesional del contador público y una vulneración del derecho a la igualdad y la no discriminación prevista en el artículo 21 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Por las razones anteriormente expuestas esta Sala extiende los efectos de la sentencia apelada, al reglamento aprobado en la Asamblea Extraordinaria de la Federación de Colegios de Contadores Públicos de Venezuela celebrada el 11 de junio de 2016 y, en consecuencia, declara también la nulidad del mencionado Reglamento y de cualquier otro que haya dictado la aludida Federación, de cuyo contenido se advierta la reedición del texto normativo anulado por la sentencia impugnada y que mediante este fallo se confirma. Así se declara.

Por cuanto el contenido del presente fallo es de interés general y declara la nulidad de normas jurídicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 126 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, se ordena su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, así como en la Gaceta Judicial. Así se determina (…)

Comentario de Acceso a la Justicia: El alegato tanto de la Corte Primera como de la SPA para confirmar la decisión de aquella, es que el Colegio de Contadores Públicos violó la reserva legal, al crear un tributo mediante un Reglamento, estableciendo que la cuota que deben cancelar los Contadores Públicos por concepto de visado por sus actuaciones profesionales, es una contribución especial y por ende materia de reserva legal. Este argumento resulta frágil por cuanto la propia Ley del Ejercicio del Contador Público (artículo 20) otorga la facultad para establecer o fijar cuotas a sus miembros inscritos, pero al mismo tiempo no señala que el incumplimiento de tales contribuciones sea causal de inhabilitación para el ejercicio profesional, por lo cual la violación del principio de reserva legal en materia de sanciones estaría en este argumento y no en el utilizado por la Sala.

Palabras Clave: REGLAMENTO, RESERVA LEGAL, NULIDAD 

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/spa/agosto/202368-00989-9817-2017-2016-0345.HTML

Los requisitos de procedencia de la nulidad del contrato por vicios del consentimiento.


documentos contrato

Sala: de Casación Civil

Tipo de Recurso: Casación

Sent. TSJ/SCC N° 534                    Fecha: 04-08-2017

Caso: Demanda de nulidad de contrato interpuesta por SIMON KARAM MOUAUAD y SCARLET HERNANDEZ DE KARAM contra AKL AKL BITTAR y MARIA JAUREGUI DE AKL

Decisión: Se casa de oficio y sin reenvío la sentencia dictada el 8 de febrero de 2017, por el Juzgado Superior Noveno en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas y se declara sin lugar la demanda y con lugar la reconvención.

Extracto:

Como colorario de lo anterior se evidencia que la parte actora alegó el engaño o vicio en el consentimiento al respecto el juez de alzada no expresó ningún razonamiento ni si se demostró o no dicho alegato el cual sería uno de los requisitos para declarar la nulidad de un contrato de acuerdo a lo previsto en los artículos 1.146 y siguientes del Código Civil que en el caso de autos está referido a un (sic) de compra venta con pacto de retracto el cual fue alegado y no demostrado a los autos.

Por el contrario evidencia la Sala de los hechos establecidos por el juez con base en las pruebas aportadas por las partes en el proceso, que quedó demostrado que hubo un contrato de venta con pacto de retracto, que la parte actora entro (sic) en mora, que solicitó una prórroga para el pago de la deuda y el rescate del bien vendido, que estaba en posesión del bien objeto de la venta, no se evidenció que la letras de cambio hubieran sido acordadas con base en el contrato de venta con pacto de retracto, por el contrario no se demostró el dolo en el consentimiento, que el precio fuera irrisorio frente al inmueble objeto de la venta y tampoco consta en el expediente que hubiera un contra documento que demostrara la simulación del contrato suscrito por las partes de acuerdo a los previsto en los artículos 1.146 y siguientes del de Código Civil.”

“…OMISSIS…”

“Ahora bien, de acuerdo a los razonamientos precedentemente expuestos, se evidencia que no quedó demostrado lo establecido por el actora en su libelo de demanda, en el sentido de que no se demostró el vicio en el consentimiento con el que suscribió el contrato de venta con pacto de retracto, tampoco llevó a los autos el contradocumento que demostrara que estaba en presencia de una hipoteca o préstamo de dinero, es decir, con tal proceder el juez de alzada incurrió en la falsa aplicación de los artículos 1.146 y siguientes y los artículos 1.362 todos del Código Civil.” Lo dicho entre paréntesis es agregado de Acceso a la Justicia.

Comentario de Acceso a la Justicia: La sentencia es importante porque ratifica el criterio de la Sala sobre los requisitos de procedencia de la nulidad del contrato por vicios del consentimiento.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scc/agosto/202014-RC.000534-4817-2017-17-265.HTML

Los efectos de la nulidad absoluta de una asamblea


documentos contrato

Sala: de Casación Civil

Tipo de Recurso: Casación

Sent. N° TSJ/SCC 531-A                Fecha: 04-08-2017

Caso: Demanda de nulidad de asamblea interpuesta por MICHAEL EDICSON VERA FIGUEIRA contra INVERSIONES ANISTON C.A. y ERIK LÓPEZ BONET, en donde también fue interpuesta tercería por BANPLUS BANCO COMERCIAL C.A.

Decisión: Se casa de oficio y sin reenvío la sentencia dictada el 10 de diciembre de 2014, por el Juzgado Superior Cuarto en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas y se declara con lugar la demanda.

Extracto:

Así pues, dado que la nulidad absoluta se verificó por la falta de consentimiento del demandante, acorde al artículo 1.346 de nuestra ley sustantiva civil, quien no firmó la venta fraudulenta objeto de este juicio de nulidad absoluta de venta, y por cuanto, lo que nace nulo o es declarado nulo, no puede derivar actos subsiguientes válidos, toda vez que deviene de un acto fraudulento verificado en perjuicio de la hoy accionante, la venta de dichas acciones también está viciado de nulidad absoluta, así como todos los actos consiguientes que se deriven de la misma por efecto cascada, pues no se puede entender que algo que nace de la ilegalidad pueda tener o derivar actos con valor jurídico posterior, con otro acto que pretende renovarlo, y así admitir, que los actos o las ventas posteriores a la declarada nula de nulidad absoluta por falta de consentimiento tenga valor alguno. Así se decide.” (Negrillas, subrayado y cursivas de la Sala)

Comentario de Acceso a la Justicia: La sentencia ratifica el criterio de la Sala sobre los efectos de la nulidad absoluta de una asamblea que incluyen la propia asamblea y los actos posteriores a ésta.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scc/agosto/202010-RC.000531-4817-2017-16-523.HTML

La desaplicación por inconstitucional de la reposición, salvo indefensión, y del reenvío, en el recurso de casación


MONITOREO1

Sala: de Casación Civil

Tipo De Recurso: Casación

Nº Exp: 17-124      TSJ/SCC Nº Sent: 510      Fecha: 28-07-2017

Caso: Demanda de ejecución de fianza interpuesta por MARSHALL Y ASOCIADOS C.A. contra ASEGURADORA NACIONAL UNIDA UNISEGUROS S.A.

Decisión: Se declara sin lugar el recurso de casación contra la sentencia dictada el 4 de febrero de 2015, por el Juzgado Superior Cuarto en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas y la desaplicación por control difuso de los artículos 320, 322 y 522 del Código de Procedimiento Civil, por colidir con los 26 y 257 de la Constitución.

Extracto:

“Se desaplican CON EFECTOS EX NUNC –esto es- a partir de la publicación del presente fallo para todos aquellos casos pendientes de decisión, pues en modo alguno la casación de instancia y sin reenvío atenta contra la seguridad jurídica o la expectativa plausible de los justiciables, los artículos 320, 321, 322 y 522 todos del Código de Procedimiento Civil; por tanto, se deja sin efecto la casación con reenvío, la nulidad y la reposición de la causa por las causales de los artículos 243 y 244 del CPC, pudiendo la Sala únicamente reponer la causa cuando encuentre con lugar y case el fallo al existir una violación o conculcación al derecho de defensa de conformidad con la teoría de las nulidades y consecuente reposición, establecida en los artículos 49.1 Constitucional, 15 y 206 al 213, ambos inclusive del Código de Procedimiento Civil, en los términos supra señalados. Así se decide.” (Mayúsculas y resaltado de la Sala)”

Comentario de Acceso a la Justicia: La sentencia establece el criterio de la Sala sobre la desaplicación por inconstitucional de la reposición, salvo indefensión, y del reenvío, en el recurso de casación, a fin de garantizar la tutela judicial efectiva.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scc/julio/201580-RC.000510-28717-2017-17-124.HTML