Nulidad del Reglamento de Visado de Estados Financieros y otras actuaciones del Contador Público por violar la reserva legal


JUSTICIA-NOTA

Sala: Político-Administrativa

Tipo De Recurso: Apelación

TSJ/SPA N° 989      Fecha: 09/08/2017

Caso: Federación de Colegios de Contadores Públicos de Venezuela (hoy Federación de Colegios de Contadores Públicos de la República Bolivariana de Venezuela) apela sentencia de fecha 22.05.2003, dictada por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, con motivo de la demanda de nulidad interpuesta conjuntamente con acción de amparo cautelar por los ciudadanos Laura Álvarez Yépez, Juan Carlos Arends y otros contra el Reglamento de Visado de Estados Financieros y Otras Actuaciones del Contador Público, aprobado en la Asamblea Extraordinaria de la mencionada Federación celebrada entre los días 10 y 12.02.2000.

Decisión: La Sala declara -SIN LUGAR el recurso de apelación ejercido por la FEDERACIÓN DE COLEGIOS DE CONTADORES PÚBLICOS DE VENEZUELA (hoy Federación de Colegios de Contadores Públicos de la República Bolivariana de Venezuela); -ORDENA la publicación del presente fallo en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, así como en la Gaceta Judicial.

Extracto:

“Observa esta Máxima Instancia que el visado debe ser el reconocimiento, por parte del Colegio respectivo del cumplimiento de los requisitos previstos para dar fe sobre la identidad del profesional y su “Registro Gremial”, así como lo referente a la forma y presentación de los informes y dictámenes.

No obstante, se infiere que la revisión que dispone el artículo 1 del Reglamento de Visado de Estados Financieros y Otras Actuaciones del Contador Público -en cuanto al visado- está referida esencialmente al pago efectivo de los aportes previstos en su artículo 4. Por lo tanto, en este caso, el Visado equivale a contribución.

Respecto a la posibilidad de establecer elementos del tributo mediante normas de rango sublegal, exponen los abogados apelantes que, por cuanto le corresponde al Poder Ejecutivo la atribución de reglamentar las leyes -y la potestad tributaria es inherente a la función administrativa-, esta facultad también la poseen algunos órganos administrativos y por tanto, el Reglamento anulado en el fallo impugnado no vulneró los derechos constitucionales denunciados por la parte accionante.

(…) OMISSIS (…)

De lo anterior resulta evidente que la creación de gravámenes es materia de reserva legal y en consecuencia, solamente le está dada a la Federación de Colegios de Contadores Públicos de Venezuela, la atribución de fijar mediante reglamento las cuotas ordinarias “que deben pagar a sus respectivos cuerpos los inscritos y asociados a los Colegios de Contadores Públicos y Delegaciones”, según lo establecido en el artículo 20 de la Ley de Ejercicio de la Contaduría Pública, en concordancia con el artículo 42 de su Reglamento.

(…) OMISSIS (…)

Concluye la Sala que el cobro del “aporte de visado” de las certificaciones y dictámenes preparados por los profesionales de la Contaduría Pública -no previsto en la Ley- constituye una contribución especial impuesta por vía reglamentaria, por ende resulta violatorio de lo establecido en los artículos 317 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y 3 del Código Orgánico Tributario al crearse -por esta vía- contribuciones parafiscales; por tanto, lo que correspondía era declarar la vulneración del principio constitucional de reserva legal en materia tributaria y en consecuencia su nulidad, tal como se desprende del texto de la sentencia impugnada, razón por la cual se desestima este alegato. Así se decide.

Aunado a lo anterior, a criterio de esta Sala resulta importante destacar que, aun cuando la Ley especial permita reglamentar la revisión de las actuaciones de los Contadores Públicos para el cumplimiento de las normativas dictadas por la Federación de Colegios de Contadores Públicos de Venezuela -referentes al cumplimiento de los requisitos previstos para dar fe sobre la identidad del profesional y su “Registro Gremial”, así como lo relativo a la forma y presentación de los informes y dictámenes-, el cobro de cantidades de dinero por la implementación del visado, como mecanismo de protección para el ejercicio de la actividad profesional de la contaduría y de los usuarios de tales servicios, establecido por vía reglamentaria, constituye un tributo inconstitucional e ilegal y un requisito contra lege para el ejercicio de dicha profesión.

(…) OMISSIS (…)

Aunado a ello, como también quedó establecido en la presente decisión, no deben los colegios profesionales, en este caso la Federación de Colegios de Contadores Públicos de Venezuela, condicionar el ejercicio de la Profesión al pago de las cuotas de mantenimiento de las actividades gremiales, pues ello constituye una limitación ilegal al ejercicio profesional del contador público y una vulneración del derecho a la igualdad y la no discriminación prevista en el artículo 21 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Por las razones anteriormente expuestas esta Sala extiende los efectos de la sentencia apelada, al reglamento aprobado en la Asamblea Extraordinaria de la Federación de Colegios de Contadores Públicos de Venezuela celebrada el 11 de junio de 2016 y, en consecuencia, declara también la nulidad del mencionado Reglamento y de cualquier otro que haya dictado la aludida Federación, de cuyo contenido se advierta la reedición del texto normativo anulado por la sentencia impugnada y que mediante este fallo se confirma. Así se declara.

Por cuanto el contenido del presente fallo es de interés general y declara la nulidad de normas jurídicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 126 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, se ordena su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, así como en la Gaceta Judicial. Así se determina (…)

Comentario de Acceso a la Justicia: El alegato tanto de la Corte Primera como de la SPA para confirmar la decisión de aquella, es que el Colegio de Contadores Públicos violó la reserva legal, al crear un tributo mediante un Reglamento, estableciendo que la cuota que deben cancelar los Contadores Públicos por concepto de visado por sus actuaciones profesionales, es una contribución especial y por ende materia de reserva legal. Este argumento resulta frágil por cuanto la propia Ley del Ejercicio del Contador Público (artículo 20) otorga la facultad para establecer o fijar cuotas a sus miembros inscritos, pero al mismo tiempo no señala que el incumplimiento de tales contribuciones sea causal de inhabilitación para el ejercicio profesional, por lo cual la violación del principio de reserva legal en materia de sanciones estaría en este argumento y no en el utilizado por la Sala.

Palabras Clave: REGLAMENTO, RESERVA LEGAL, NULIDAD 

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/spa/agosto/202368-00989-9817-2017-2016-0345.HTML

La desaplicación por inconstitucional de la reposición, salvo indefensión, y del reenvío, en el recurso de casación


MONITOREO1

Sala: de Casación Civil

Tipo De Recurso: Casación

Nº Exp: 17-124      TSJ/SCC Nº Sent: 510      Fecha: 28-07-2017

Caso: Demanda de ejecución de fianza interpuesta por MARSHALL Y ASOCIADOS C.A. contra ASEGURADORA NACIONAL UNIDA UNISEGUROS S.A.

Decisión: Se declara sin lugar el recurso de casación contra la sentencia dictada el 4 de febrero de 2015, por el Juzgado Superior Cuarto en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas y la desaplicación por control difuso de los artículos 320, 322 y 522 del Código de Procedimiento Civil, por colidir con los 26 y 257 de la Constitución.

Extracto:

“Se desaplican CON EFECTOS EX NUNC –esto es- a partir de la publicación del presente fallo para todos aquellos casos pendientes de decisión, pues en modo alguno la casación de instancia y sin reenvío atenta contra la seguridad jurídica o la expectativa plausible de los justiciables, los artículos 320, 321, 322 y 522 todos del Código de Procedimiento Civil; por tanto, se deja sin efecto la casación con reenvío, la nulidad y la reposición de la causa por las causales de los artículos 243 y 244 del CPC, pudiendo la Sala únicamente reponer la causa cuando encuentre con lugar y case el fallo al existir una violación o conculcación al derecho de defensa de conformidad con la teoría de las nulidades y consecuente reposición, establecida en los artículos 49.1 Constitucional, 15 y 206 al 213, ambos inclusive del Código de Procedimiento Civil, en los términos supra señalados. Así se decide.” (Mayúsculas y resaltado de la Sala)”

Comentario de Acceso a la Justicia: La sentencia establece el criterio de la Sala sobre la desaplicación por inconstitucional de la reposición, salvo indefensión, y del reenvío, en el recurso de casación, a fin de garantizar la tutela judicial efectiva.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scc/julio/201580-RC.000510-28717-2017-17-124.HTML

 

La falta de cualidad en las demandas de nulidad de venta por simulación en un concubinato


documentos

Sala: de Casación Social

Tipo De Recurso: Casación

Nº Exp: 16-908      TSJ/SCS Nº Sent: 620      Fecha: 14-07-2017

Caso: Demanda de nulidad de venta por simulación interpuesta por JORGE RAFAEL CARVAJAL CASTILLO contra CARMEN JANNETT LARA TORRES.

Decisión: Se declara sin lugar el recurso de casación contra la sentencia dictada el 31 de octubre de 2016, por el Juzgado Superior Cuarto de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas y Nacional de Adopción Internacional.

Extracto:

De acuerdo con el criterio jurisprudencial, expuesto supra se afirma que la cualidad de la parte es de orden público, que obliga al juez a examinar y declarar de oficio su existencia en todo estado y grado del proceso, más aún en el presente caso al conocer de una apelación ejercida contra una decisión en etapa de sustanciación que es el momento idóneo establecido por el legislador para dictar tal proveimiento.

Así las cosas tenemos que la cualidad es relación de identidad entre el actor en un proceso concreto y la persona a la cual la ley faculta para interponer una pretensión determinada (legitimación activa) y por otra parte la identidad entre el demandado y con la persona contra la cual es concedida la pretensión (legitimación pasiva). Determinación que en la mayoría de los casos es abierta y sólo hace falta la autoatribución de un derecho, pero que en casos especiales la ley determina unas condiciones particulares que pueden verificarse incluso in limine litis como indicó la Sala, tal como ocurre en el presente proceso donde la pretensión implica la nulidad de la venta por simulación fundada en la posibilidad que ostenta el cónyuge o la persona que tiene una unión estable de hecho, contra la otra persona en la relación, para lo cual necesariamente debe demostrarse ese vínculo; siendo que en el presente caso al haber sido desechada por esta Sala de Casación Social la pretensión mero declarativa de unión estable de hecho mediante decisión N° 0758 de fecha 1° de agosto de 2016, la parte actora no tiene la cualidad para actuar en el presente juicio, tal como lo declaró el Juzgado Superior que conoció la apelación.”

Comentario de Acceso a la Justicia: La sentencia es importante porque ratifica el criterio de la Sala sobre la falta de cualidad y su carácter de orden público, haciendo referencia concreta al caso de la nulidad de venta por simulación en un concubinato.

Fuente:  http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scs/julio/201085-0620-14717-2017-16-908.HTML   

 

La exclusión de las vacaciones judiciales del cómputo de los lapsos procesales


MONITOREO1

Sala: de Casación Civil

Tipo De Recurso: Casación

Nº Exp: 16-958      TSJ/SCC Nº Sent: 425      Fecha: 28-06-2017

Caso: Demanda de nulidad de asiento registral interpuesta por HUGO LINO, C.A. (HUGOLICA) contra ELÍAS ENOC FRANCO, IRAIDA MARINA PIRELA VILCHEZ, ADOLFO MARTÍNEZ MARTÍNEZ y JOSÉ ARLINDO GONCALVES ABREU.

Decisión: Se declara con lugar el recurso de casación contra la sentencia dictada el 25 de julio de 2016, por el Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Zulia.

Extracto:

De acuerdo a la anterior sentencia vinculante de la Sala Constitucional, en los casos de receso judicial los juicios en curso deberán quedar en suspenso y paralizados sus lapsos procesales sin que pueda transcurrir acto procesal alguno, aun cuando dichos lapsos se computen por días calendarios o consecutivos hasta la efectiva reanudación de las actividades jurisdiccionales.

Así pues, en resumen se tiene que el lapso correspondiente al receso judicial comprendido entre el 15 de agosto al 15 de septiembre y de las vacaciones judiciales que se disfrutan entre los días 24 de diciembre al 6 de enero, todos inclusive, las causas deberán permanecer en suspenso y en ellas no correrán lapso procesal alguno, motivo por el cual, dichos periodos de tiempo que totalizan la cantidad de cuarenta y seis (46) días de inactividad judicial, se deberán excluir del respectivo cálculo para que opere la perención de la causa, sea esta mensual, semestral o anual, establecidas en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil.” (Cursivas, negritas y subrayado de la Sala)

Comentario de Acceso a la Justicia: La sentencia ratifica el criterio de la Sala sobre la exclusión de las vacaciones judiciales del cómputo de los lapsos procesales, con especial referencia al cálculo para la perención de la instancia; ello, a fin de garantizar la tutela judicial efectiva.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scc/junio/200472-RC.000425-28617-2017-16-958.HTML    

 

La legitimación activa para proponer la demanda de nulidad de venta de la cosa ajena


JUSTICIA-NOTA

Sala: de Casación Civil

Tipo De Recurso: Casación

Nº Exp: 16-828      TSJ/SCC Nº Sent: 357      Fecha: 07-06-2017

Caso: Demanda de nulidad de venta interpuesta por JOSEFA HAYDÉ MEDÍNA DE CARRERO contra INGENIERÍA, PROYECTOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN LAGUNA LA CIMARRONERA C.A., “LACIMARCA” y CLAUDIA ROSSIEL ZAMBRANO OSTOS.

Decisión: Se declara sin lugar el recurso de casación contra la sentencia dictada el 8 de agosto de 2016, por el Juzgado Superior Cuarto en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Agrario de la Circunscripción Judicial del estado Táchira.

Extracto:

“De acuerdo con la anterior jurisprudencia, se tiene que la legitimación activa para proponer la demanda de nulidad de venta de cosa ajena, la posee toda persona que tenga un interés legítimo actual que le afecte la esfera jurídica de sus derechos; de allí que la capacidad sea la regla y la incapacidad la excepción.”

Comentario de Acceso a la Justicia: La sentencia ratifica el criterio de la Sala sobre la legitimación activa para proponer la demanda de nulidad de venta de la cosa ajena, en el sentido de requerir la existencia de un interés legítimo actual para ello.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scc/junio/199723-RC.000357-8617-2017-16-828.HTML

     

Las nulidades en el proceso penal


JUSTICIA-NOTA

Sala: de Casación Penal

Tipo De Recurso: Casación

TSJ/SCP Nº Sent: 204      Fecha: 05-06-2017

Caso: Robert José Gibory

Decisión: Decreta de oficio la nulidad absoluta de las actuaciones realizadas por la Sala Accidental de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal con Competencia Múltiple en lo Civil, Mercantil, Transito, Bancario y Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del estado Delta Amacuro, con posterioridad a la decisión de fecha trece (13) de octubre de 2015, la cual se mantiene incólume; se ordena reponer la causa al estado que la Sala Accidental de la mencionada Corte de Apelaciones, realice de manera efectiva, la notificación a las partes de la decisión dictada por ese órgano jurisdiccional, el trece (13) de octubre de 2015, mediante la cual declaró entre sus pronunciamientos, inadmisible por extemporáneo el recurso de apelación interpuesto por el abogado RODRIGO ANTONIO ELIZONDO JIMÉNEZ, Defensor Público Séptimo Penal encargado de la Defensoría Tercera Penal, adscrito a la unidad de Defensa Pública del estado Delta Amacuro, actuando como defensor del ciudadano ROBERT JOSÉ GIBORY, a los efectos del ejercicio del recurso de casación y en garantía de sus derechos e intereses. El Magistrado, Doctor JUAN LUIS IBARRA VERENZUELA, no firmó por motivo justificado.

Extracto:

Todo proceso se encuentra integrado por actos procesales, sin embargo para la realización de estos actos, los sujetos intervinientes en el proceso penal deberán obligatoriamente cumplir con ciertos requisitos para que los mismos sean acreditados de manera lícita y sean viables en el campo penal.

No obstante a ello, estas mismas exigencias procedimentales se encuentran concretamente establecidas, en forma clara en el Código Orgánico Procesal Penal, siendo que su inobservancia estructurada por la ley adjetiva penal, traerá consigo la ineficacia de los actos realizados, a menos que la anomalía pueda ser enmendada o en última instancia haya quedado convalidada.

En razón de ello, surge la figura de las nulidades que tiene como fin impedir la transgresión del derecho de defensa y de resguardar el debido proceso, derechos estos que pueden ser impetrados por el imputado o el acusado, también por la víctima, y que pueden ser declaradas ex officio por el Juzgador, en cualquier estado y grado del proceso, cuando sea imposible su saneamiento.”      

Comentario de Acceso a la Justicia: La Sala indica la razón de existencia y los objetivos de la teoría de las nulidades en el proceso judicial penal. 

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scp/junio/199783-204-5617-2017-C16-46.HTML

Retardo en la resolución de los asuntos administrativos


TSJ contra tiempo

Sala: Político-Administrativa

Tipo De Recurso: Nulidad

TSJ/SPA Nº: 634      Fecha: 30-05-2017

Caso: :  Previsivos Paolini C.A. (PREPACA) interpone demanda de nulidad en virtud del silencio administrativo del entonces Ministerio del Poder Popular de Planificación y Finanzas, hoy Ministerio del Poder Popular de Economía y Finanzas, al no dar respuesta al recurso jerárquico ejercido por la referida empresa contra la Providencia Administrativa Nro. FSS-2-3-000116 del 12.01.2011, dictada por la Superintendencia de la Actividad Aseguradora (SUDEASEG)

Decisión: SIN LUGAR el recurso de nulidad interpuesto por la sociedad mercantil PREVISIVOS PAOLINI, C.A. (PREPACA), contra el acto denegatorio tácito en virtud del silencio administrativo producido por el MINISTRO DEL PODER POPULAR DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS (hoy Economía y Finanzas), al no decidir el recurso jerárquico ejercido contra la Providencia Administrativa Núm. FSS-2-3-000116 del 12 enero de 2011, emitida por la Superintendencia de la Actividad Aseguradora (SUDEASEG), mediante la cual expresó que existen fundados y suficientes indicios para presumir que la empresa accionante al ofrecer servicios funerarios al público, realiza operaciones de seguros, lo cual contraviene lo dispuesto en el artículo 2º de la Ley de Empresa de Seguros y Reaseguros, hechos sancionables de acuerdo a lo previsto en el artículo 185 eiusdem. En consecuencia, FIRME el acto.

Extracto:

“Particularmente, en el presente caso la parte actora consideró que el acto “violó el debido proceso y por ende el principio de legalidad”por no haberse prorrogado el lapso de cuatro (04) meses de los estipulados en el artículo 60 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, que dispone:

Artículo 60.- La tramitación y resolución de los expedientes no podrá exceder de cuatro (4) meses, salvo que medien causas excepcionales, de cuya existencia se dejará constancia, con indicación de la prórroga que se acuerde.

La prórroga o prórrogas no podrán exceder, en su conjunto, de dos (2) meses”.

En efecto, la norma plantea un término para la tramitación y resolución de los expedientes, no obstante, esta Sala en casos similares al de autos ha sostenido que aun cuando se evidencie el retardo en la resolución del asunto, “nuestra legislación no contempla la nulidad de los actos emanados de la Administración cuando la decisión de los procedimientos se dicte de forma extemporánea” (ver sentencia Núm. 00960 de fecha 14 de julio de 2011).

En otro caso, este Alto Tribunal, en sentencia Núm. 486 del 23 de febrero de 2006, expresó lo siguiente:

“(…) Sin perjuicio de lo expuesto, y como quiera que la parte recurrente sostiene, en definitiva, que en el presente caso se produjo el decaimiento de la potestad sancionatoria de CONATEL por haber emitido su decisión transcurridos los quince (15) días que prevé el artículo 185 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, resulta pertinente señalar que uno de los derechos de los particulares respecto de los procedimientos administrativos en los que son parte o interesados legítimos, es, ciertamente, el derecho a que la Administración respete los lapsos y decida en los términos legales, y es por ello que se previó en el artículo 41 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, que ‘Los términos o plazos establecidos en esta y en otras leyes relativas a la materia objeto de la presente, obligan por igual, y sin necesidad de apremio, tanto a las autoridades y funcionarios competentes para el despacho de los asuntos, como a los particulares interesados en los mismos.’

Sin embargo, es necesario destacar que:

  1. La previsión de lapsos para que la Administración decida los asuntos que son sometidos a su consideración o los procedimientos que la misma decide iniciar, se traduce en una exigencia que obedece a la necesidad de ordenar la actividad que aquélla desarrolla y de garantizar la celeridad en sus actuaciones y, por ende, su eficacia; mas, debe precisarse, no está prevista en nuestra legislación una causal de nulidad de los actos de la Administración referida, per se, a la decisión extemporánea de los procedimientos(…)”. (Resaltado de este fallo).

Igualmente, en cuanto a la violación al artículo 60 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, esta Sala ha establecido (ver, entre otras, sentencia Núm. 054 del 21 de enero de 2009) que:

“(…) esta actuación que se imputa a la Administración no constituye por sí sola, en principio, un vicio que afecte directamente la validez del acto administrativo y por tanto no implica la nulidad del mismo.

El retardo de la Administración en producir decisiones acarrea, en todo caso, la responsabilidad del funcionario llamado a resolver el asunto en cuestión, pues el mismo, ciertamente, transgrede el contenido del artículo 41 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, conforme al cual las autoridades y funcionarios competentes deben observar los términos y plazos legalmente establecidos, para el despacho de los asuntos sometidos a su consideración. Esta responsabilidad, tanto de los funcionarios como de las demás personas que presten servicios en la Administración Pública, se encuentra expresamente consagrada en los artículos 3 y 100 eiusdem.  

Una denuncia como la que aquí se examina, sólo prosperaría en caso de que el retardo constituya un menoscabo a los derechos e intereses del particular, cuestión que no ha sido esgrimida en el caso de autos, resultando por tanto infundado el presente alegato. Así se declara. (…)”. (Negrillas de esta decisión).

De este modo, esta Sala ratifica en esta oportunidad su criterio y desestima la denuncia interpuesta por la actora, considerando que el retardo o la falta de prórroga del lapso establecido no vicia de nulidad el acto impugnado por violación al debido proceso, ni tampoco viola el principio de legalidad. Así se declara.”

Comentario de Acceso a la Justicia: La Sala considera que el retardo y el incumplimiento de los lapsos máximos establecidos en la Ley para la duración del procedimiento administrativo no es causal de nulidad del acto que se dicte al final, por considerar que en estos casos no se viola el debido proceso. Se observa cómo se confunden los vicios de los actos administrativos con la violación de principios jurídicos y las consecuencias jurídicas en ambos casos.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/spa/mayo/199480-00634-30517-2017-2012-1235.HTML       

Notificación defectuosa


JUSTICIA-NOTA

Sala: Político-Administrativa

Tipo De Recurso: Nulidad

TSJ/SPA Nº: 609      Fecha: 25-05-2017

Caso: GIUSEPPE ANTONIO SCHEMBRI CABALLERO,  interpuso demanda de nulidad contra el acto administrativo distinguido con el alfanumérico MPPD-DD-1276 del 21 de febrero de 2013, dictado por el MINISTRO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA, en el que confirmó la Resolución número 016822 del 9 de diciembre de 2010, a través de la cual el demandante fue excluido del proceso de ascenso del Grado de Maestro Técnico de Tercera (MT3) a Maestro Técnico de Segunda (MT2), por haber estado de licencia durante seis (6) meses en el año 2006, sin que se le hubiese permitido concursar en igualdad de condiciones a la de sus compañeros y compañeras de promoción, quienes, para ese momento, fueron ascendidos y ascendidas al Grado de Maestro Técnico de Segunda (MT2).

Decisión: PARCIALMENTE CON LUGAR la demanda de nulidad interpuesta por el apoderado judicial del Mayor de la Aviación Militar GIUSEPPE ANTONIO SCHEMBRI CABALLERO, contra el acto administrativo MPPD-DD-1276 del 21 de febrero de 2013 dictado por el MINISTRO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA, el cual SE ANULA. En consecuencia: SE ORDENA al Ministro del Poder Popular para la Defensa 1) reconocer el ascenso del demandante al grado de Maestro Técnico de Segunda con antigüedad del 5 de julio de 2008, 2) Evaluar los ascensos a los rangos que correspondan, y su inclusión en el Régimen de Transición de Sub Oficial Profesional de Carrera a Oficial Técnico, en el grado de Maestro Técnico de Segunda, en igualdad de condiciones a sus compañeros de promoción.

Extracto:

“De la sentencia parcialmente transcrita, se observa como la Sala Constitucional de este Máximo Tribunal interpretó los artículos 73 y 74 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, y su relación con los derechos constitucionales de tutela judicial efectiva y de acceso a la justicia, así como con el principio pro actione. En tal sentido, pone de relieve que es imprescindible para computar la caducidad válidamente que el demandante haya sido correctamente notificado del acto que afecta sus derechos o intereses, es decir, que haya sido informado de los recursos que proceden contra el acto notificado, así como el tribunal competente y el lapso para su interposición pues de lo contrario, no comienza a transcurrir ningún lapso.

Sin perjuicio de lo anterior, conviene precisar que esta Sala Político-Administrativa, respecto a la notificación defectuosa, ha reiterado el criterio que, tanto la doctrina como la jurisprudencia han dejado establecido, según el cual los vicios en la notificación e incluso la ausencia de ésta no son susceptibles de afectar el derecho a la defensa del particular, cuando este último haya podido tener conocimiento por cualquier medio de la existencia del procedimiento o de la providencia administrativa de que se trate, y haya tenido también la posibilidad de acudir a exponer los alegatos y pruebas pertinentes, a fin de procurarse una defensa adecuada (ver, entre otras, la sentencia número 01742 publicada en fecha 2 de diciembre de 2009, caso: María Mercedes Prado Rendón Vs. Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia). De manera que, con el ejercicio oportuno del recurso, el defecto de la notificación queda convalidado.”

Comentario de Acceso a la Justicia: Es importante la sentencia, entre otras razones, porque la SPA asienta  expresamente que los vicios en la notificación e incluso su ausencia “no son susceptibles de afectar el derecho a la defensa del particular, cuando este último haya podido tener conocimiento por cualquier medio de la existencia del procedimiento o de la providencia administrativa de que se trate, y haya tenido también la posibilidad de acudir a exponer los alegatos y pruebas pertinentes, a fin de procurarse una defensa adecuada”.

Por otra parte, no se puede dejar de lado advertir que en el caso decidido por la Sala declaró la nulidad del acto del Ministerio para la Defensa por haber incurrido en falso supuesto, y esto resulta relevante en el estudio de los vicios del acto administrativo porque sanciona con nulidad absoluta las decisiones administrativas viciadas con esa irregularidad pese que no aparece consagrado en el artículo 19 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos como causal de nulidad absoluta.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/spa/mayo/199346-00609-25517-2017-2013-1463.HTML       

 

Vicios en el procedimiento administrativo


MONITOREO1

Sala: Político-Administrativa

Tipo De Recurso: Nulidad

TSJ/SPA Nº: 590      Fecha: 18-05-2017

Caso: Sociedad mercantil HIGH TECH ELECTRÓNICA, C.A., Resolución N° 013 del 9 de marzo de 2012, dictada por la MINISTRA DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN, que rescindió el contrato N° MPPE-CA-011-2008, suscrito “en fecha 18 de diciembre de 2008, con el objeto de que la empresa suministrara por su exclusiva cuenta y riesgo, (…) 50 impresoras Láser blanco/negro, Marca Hewlett Packard; 2500 Equipos de Computación Marca HP; y 30 Scanner Marca Hewlett Packard”, así como el cartel de notificación del acto contentivo de la orden de “ejecución de las fianzas de fiel anticipo N° 0034400 y de fiel cumplimiento N° 0034399”, suscrito por el Director de la Oficina de Administración y Servicios del Ministerio del Poder Popular para la Educación, publicado en el “Diario Vea”, el 13 de abril de 2012.

Decisión: SIN LUGAR la demanda de nulidad ejercida por la apoderada judicial de la sociedad mercantil HIGH TECH ELECTRÓNICA, C.A. contra la Resolución N° 013 del 9 de marzo de 2012, dictada por la MINISTRA DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN, que resolvió rescindir el contrato N° MPPE-CA-011-2008, suscrito “en fecha 18 de diciembre de 2008, con el objeto de que la empresa suministrara por su exclusiva cuenta y riesgo, (…) 50 impresoras Láser blanco/negro, Marca Hewlett Packard; 2500 Equipos de Computación Marca HP; y 30 Scanner Marca Hewlett Packard”, así como la orden de “ejecución de las fianzas de fiel anticipo N° 0034400 y de fiel cumplimiento N° 0034399”, contenidas en el cartel de notificación del recurrente, suscrito por el Director de la Oficina de Administración y Servicios del Ministerio del Poder Popular para la Educación, publicado en el Diario Vea, del 13 de abril de 2012, por ello que en consecuencia quedan FIRMES los actos administrativos impugnados.

Extracto:

“cuando el vicio de procedimiento no produce una disminución efectiva, real y trascendente de las garantías del administrado, sino que representa sólo fallas o irregularidades parciales, derivadas del incumplimiento de un trámite del procedimiento, la jurisprudencia ha considerado que el vicio es sancionado con anulabilidad, ya que sólo constituyen vicios de nulidad absoluta aquellos que tengan suficiente relevancia y como tales provoquen una lesión grave al derecho de defensa del destinatario. (Vid. Sentencias de esta Sala números 1110 y 0134 del 4 de mayo de 2006 y 1° de diciembre de 2016, respectivamente)”.

Comentario de Acceso a la Justicia: Destaca la SPA cuándo una irregularidad en el procedimiento administrativo puede implicar la nulidad de la decisión que surja de este y cuando no. En tal sentido se apoyó en criterios jurisprudenciales anteriores; no obstante, terminan confundiendo la nulidad relativa o anulabilidad con convalidación de los vicios; es decir, al contrario de lo señalado por la Sala, la ausencia de un vicio de nulidad absoluta no quiere decir que el acto no esté viciado; ya que lo vicios de nulidad relativa también son capaces de anular los actos; sin embargo, esto no se indica en la sentencia y simplemente se convalida el acto, por no estar presente el vicio de nulidad absoluta.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/spa/mayo/199083-00590-18517-2017-2012-1785.HTML      

La acumulación de pretensiones de retracto legal arrendaticio, simulación y nulidad de acta de asamblea


MONITOREO1

Sala: de Casación Civil

Tipo De Recurso: Casación

TSJ/SCC Nº: 262      Fecha: 09-05-2017

Caso: Demanda por retracto legal arrendaticio y simulación y nulidad de acta de asamblea interpuesta por KOQUETA BOUTIQUE 2006, C.A. contra INVERSIONES JAIME ZIGHELBOIM, C.A., ESCORPIÓN, C.A., INVERSIONES L.F., C.A., VECTOPOR, C.A. y AHMAD ALÍ MAZLOUM.

Decisión: Se declara sin lugar el recurso de casación contra la sentencia dictada el 24 de octubre de 2016, por el Juzgado Superior Quinto en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.

Extracto:

Ahora bien, como ya se indicó en la denuncia anterior, observa la Sala del petitorio del libelo de la demanda ya transcrito en este fallo, y del libelo de la demanda ampliamente descrito por el formalizante en sus denuncias y por el juez de alzada en la sentencia recurrida, el cual no se transcribe nuevamente en atención al principio de brevedad del fallo y por ende se da por reproducido en este acto, que el demandante, efectivamente acumuló en su libelo de la demanda la declaración de simulación y la nulidad de acta de asamblea, juicios que se sustancian y deciden por el procedimiento ordinario, conforme a lo estatuido en el artículo 338 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, de igual forma acumuló en su libelo la pretensión de retracto legal arrendaticio, prevista en los artículos 38, 39 y 43 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Regulación de Arrendamiento Inmobiliario para el Uso Comercial, y conforme a dicha ley el procedimiento a seguir es el del juicio oral, previsto en los artículos 859 y siguientes del Código de Procedimiento Civil.” (Resaltado y cursivas de la Sala)

Comentario de Acceso a la Justicia: La sentencia ratifica el criterio de la Sala sobre la inadmisibilidad de la demanda por inepta acumulación de pretensiones cuyos procedimientos sean incompatibles entre sí y la importancia de ello como garantía de los derechos a la defensa y al debido proceso.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scc/mayo/198481-RC.000950-9517-2017-16-950.HTML