TSJ da luz verde a la “justicia socialista”


TSJ da luz verde a la justicia socialista

La administración de justicia en Venezuela cada vez está más al servicio del Ejecutivo y, sobre todo, de una ideología política: la del partido de Gobierno, lo que no es de extrañar, siendo que muchos de los jueces están inscritos en él, aunque esté prohibido por la Constitución (artículo 256). Así que tampoco asombra que gran parte de los tribunales que la imparten, en particular el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) la hayan subordinado a las órdenes y deseos del Ejecutivo, en lugar de manejarla como un derecho humano al que todo ciudadano o instancia debe tener acceso sin distingo y de manera imparcial (artículo 26 de la Constitución).

TSJ da luz verde a la justicia socialistaLa degradación ha sido progresiva a través de los años, pero en los últimos tiempos se ha perdido todo intento de encubrir las actuaciones que contrarían los principios de este derecho, y una prueba irrefutable es que ningún juez ha adoptado una decisión que amenace o afecte a los intereses del Gobierno y sus partidarios, sino más bien obedecen al servicio absoluto del poder.

El más reciente ejemplo del sometimiento de la justicia a los designios de quienes nos gobiernan es la sentencia 1.106 del 17 de octubre de 2017 de la Sala Político Administrativa (SPA) del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Con esa decisión se declaró improcedente una acción de amparo ejercida en contra del decreto n.° 2.718, en el cual el presidente Nicolás Maduro autorizó la creación de la Misión Justicia Socialista.

La instancia que fue adscrita al Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología tiene como objetivo “promover y fortalecer la participación popular en el proceso de transformación socio-jurídica nacional para la consolidación de la justicia social y comunal” (artículo 2).

Dos de los ejes de la misión expuestos por el presidente de la República, Nicolás Maduro, a principios de año cuando se creó el programa, se refieren a que se instalará una especie de tribunales en las comunidades a través de las llamadas “casas de justicia” que contarán con un fiscal del Ministerio Público, un juez y un defensor público para procesar delitos cuyas penas no excedan los ocho años. La figura también impulsa las Operaciones de Liberación Humanista del Pueblo (OLHP), que han resultado ser más que programa de seguridad, verdaderas “razias de pobres” y han convertido a los ciudadanos en objetivos de guerra.

Operaciones de Liberación Humanista del Pueblo (OLHP)

Fin ideológico

De acuerdo a la ponencia del magistrado exprés Marco Antonio Medina Salas, no existen “elementos que demuestren en esta etapa del proceso (creación de la misión), la presunción grave de violación de los derechos constitucionales” contenidos en los artículos 2, 3, 22, 23, 26, 137, 138, 145, 236, 254, 257, 258 y 267 de la Constitución, que se refieren, entre otros aspectos, al carácter constitucional de los tratados internacionales de derechos humanos (artículo 23), el derecho al acceso a los órganos de administración de justicia (artículo 109), la autonomía universitaria (artículo 26), el que toda autoridad usurpada es ineficaz y sus actos son nulos (artículo 138), y que los funcionarios públicos están al servicio del Estado y no de parcialidad alguna (artículo 145).

Del fallo se desprende que la Sala consideró que las normas constitucionales a las que hacen mención los solicitantes están referidas más bien a los valores y principios superiores del Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia (artículos 2 y 3), que a los derechos y garantías, que es lo que habilita la petición de un amparo.

Para Acceso a la Justicia, la decisión pretende crear límites formales para justificar el decreto que crea la Misión Justicia Socialista, con la excusa de que las disposiciones constitucionales invocadas por los accionantes no estipulan directamente un derecho o una garantía que deba ser protegida.

Este argumento es falso, ya que la propia Constitución en su artículo 22 establece que la falta de ley que reglamente los derechos constitucionales no menoscaba su ejercicio. La Constitución tampoco hace distinciones según el tipo de derechos de que se trate, es más, el artículo 22 obliga a que incluso sean protegidos los que no estén expresamente incluidos en la Constitución y que sean inherentes a la persona humana.

Así, la Sala se acogió a una distinción formal entre derechos y principios, en lugar de analizar los derechos que vulnera el decreto n.° 2.718, dando muestras del marcado leguleyismo al que suele recurrir el juzgador para proteger los intereses del Gobierno, aunque de esta forma desnaturalice los principios de la justicia y la preeminencia de los derechos humanos, consagrados en los artículos 26 y 257 de la Carta Magna –y que fueron invocados por los accionantes en su solicitud de amparo–, que además dicen claramente que en ningún caso se debe sacrificar la justicia por la omisión de formalidades no esenciales.

La sentencia de la SPA es muy grave, porque impulsa una justicia formalmente sometida al control del Gobierno, con el propósito de consolidar aún más el llamado modelo socialista. Así lo observa el profesor José Ignacio Hernández González, cuando advierte que lo planteado por la misión nada tiene que ver con la Constitución, sino que configura una justicia paralela, ajustada al proceso político impulsado desde el chavismo.

Y a ti venezolano, ¿cómo te afecta?

Mientras tengamos una administración de justicia que se subordine sin tapujos a los intereses políticos del Gobierno, y no respeta la separación de poderes y otros principios e instituciones que son capitales en un estado democrático y de derecho, los venezolanos no tendremos garantizados el acceso a la justicia ni la tutela judicial efectiva de nuestros derechos e intereses.

Resulta preocupante que en el contexto actual, en el que los venezolanos viven inmersos en la escasez de alimentos y medicinas, ausencia de servicios públicos, corrupción e impunidad, difícilmente puedan encontrarse fórmulas que procuren garantizar y preservar la independencia y autonomía del Poder Judicial, en los términos que consagra la Constitución, pues una justicia partidizada e ideologizada no es justicia.

Nuestro sistema de justicia oculta información clave


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Información clave (presupuesto, personal, gestión e informes anuales) que permita una completa evaluación de desempeño no es precisamente lo que abunda en el sistema de justicia venezolano, comenzando por la cabeza del poder judicial como lo es el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

Si por ejemplo quiere conocer quiénes son los jueces que despachan desde los tribunales de la República en todo el país, no se encontrará con una lista actualizada en la página web del TSJ. La Dirección Ejecutiva de la Magistratura (DEM) muy probablemente la posea, pero tampoco la publica ni la provee si se le solicita, como demostró la detención en la DEM por algunas horas de Joseph Poliszuk, periodista del portal de noticias ArmadoInfo, por haber pedido una información que debería ser pública.

Hasta en la fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente (ANC) se demostró en la sesión del pasado 4 de octubre, durante un debate sobre los cambios que amerita el sistema de justicia en Venezuela, que no se sabe con exactitud quiénes son los jueces ni qué hacen. El reclamo de la constituyentista María Alejandra Díaz lo evidenció: “¿Cómo se nombra a un juez y aparece en un viñedo en Italia y con una cuenta en dólares que no puede justificar?”

Si se revisa la lista que publica el TSJ, se notará que el juez Jesús Manuel Izaguirre Carvajal figura en la página del máximo juzgado del país como titular en el Tribunal Segundo de Control en el estado Delta Amacuro (desde el 26 de marzo de 2015) pero su situación actual es la de destituido. Otro caso es el de la ya lamentablemente fallecida en 2016, Ana Josefina Villavicencio Cacique, quien aparece actualmente como jueza titular de la Corte de Apelaciones 8 en Caracas.

De igual forma, el magistrado exprés de la Sala Político Administrativa del TSJ, Jesús Manuel Jiménez Alfonzo, está todavía en el listado del TSJ como juez provisorio (desde el 16 de mayo de 2008) en el Tribunal Vigésimo Octavo de Control de Caracas, pero también sale como juez temporal de la Corte de Apelaciones 4 (desde el 30 de septiembre de 2013).

Asimismo, está el tristemente célebre caso del abogado Ángel Zerpa, quien aparece como juez titular penal de la Corte de Apelaciones, aunque fue destituido de su cargo en agosto de 2010 y más recientemente fue detenido arbitrariamente y llevado ante la justicia militar sin cumplimiento del debido proceso, por haber sido nombrado como magistrado del TSJ por la Asamblea Nacional (AN).

Si no sabemos los nombres de los jueces y los cargos que actualmente ocupan no podemos determinar quiénes son ni, sobre todo, si cumplen requisitos tan importantes como no tener militancia política para ocupar su cargo, o si han cometido crímenes o tienen sanciones que cuestionen su aptitud para una función tan importante para la armonía de una sociedad como la de ser juez.

En línea pero sin datos

Un aspecto que llama la atención es que cada órgano del sistema de justicia (Defensoría del Pueblo; Ministerio Público, MP; Poder Judicial; Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario y Defensa Pública) tiene página web que actualizan constantemente con noticias, pero no reflejan información sobre los recursos humanos con los que cuentan, por lo que no podemos saber si son suficientes. El Poder Judicial, la Fiscalía General, Defensa Pública, el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC) y la Policía Nacional Bolivariana (PNB) aportan datos parciales o no actualizados sobre el personal clave como el número de jueces (2.139 para 2016 de los cuales 73% no son titulares), de fiscales (2.246 en 2017, de los cuales sólo 1% es titular), defensores públicos (1.500 para 2015) y policías (85.057 funcionarios en 2014).

El panorama no cambia si de informes anuales hablamos. De la Defensoría del Pueblo sólo se pudo obtener los de los años 2001 y 2015, del MP 2004 y 2016, del Poder Judicial 2001 a 2011 y del Ministerio de Servicios Penitenciarios 2014 y 2015. En la actualidad, el Poder Judicial presenta un discurso de su presidente, quien rinde cuentas, pero no contiene los datos que tenía el informe anual y muchas veces, como por ejemplo este año, aparece publicado con retraso. Se publicó el discurso de Gladys Gutiérrez, ya extitular del TSJ, en la página web el lunes 30 de octubre de 2017, es decir, unos 9 meses después de haberse pronunciado.

En cuanto a los recursos financieros, la información no aparece en las web de los órganos del sistema de justicia, y el de 2017 no fue siquiera publicado en Gaceta Oficial por haber sido presentado por el Ejecutivo ante el TSJ en vez de la AN. En consecuencia, no hubo una Ley de Presupuesto como exige la Constitución. Transparencia Venezuela se encargó de hacerlo público. Es en la página de esta ONG que se pueden encontrar los balances de ingresos y egresos de entes del Estado, incluso la información sobre los créditos adicionales. Por otro lado, nuestra investigación ha demostrado que la asignación de recursos al sistema de justicia bajó desde 2005 de 2,6% del presupuesto nacional a 1,6% en 2015.

¿Y a ti venezolano, cómo te afecta?

La ausencia de información impide a los ciudadanos, en particular a los expertos, formular recomendaciones y sugerencias que permitan al sistema de justicia realizar su labor de manera más eficiente.

Si precisamente los órganos llamados a hacer cumplir las leyes no rinden cuentas de su gestión de manera transparente, con dificultad podrán asegurar el cumplimiento de una garantía constitucional tan fundamental como lo es el acceso a la justicia.

Sistema de justicia debe ser reforzado para garantizar funcionamiento


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La opacidad informativa del sistema de justicia, la falta de coordinación entre los órganos que lo integran y el déficit presupuestario y de personal son los principales hallazgos de la Evaluación del Desempeño del Sistema de Justicia Venezolano (2001-2015), realizada por Acceso a la Justicia.

El sistema de justicia se refiere a los órganos del Estado e instituciones sociales vinculados directamente a la operación del derecho en la solución de casos o conflictos individuales. La Constitución en su artículo 253 establece: “El sistema de justicia está constituido por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), los demás tribunales que determine la ley, Ministerio Público, Defensoría Pública, los órganos de investigación penal, los auxiliares y funcionarios de justicia, sistema penitenciario, medios alternativos de justicia, ciudadanos que participan en la administración de justicia conforme a la ley y los abogados autorizados para el ejercicio”.

Aunque la Constitución no lo haga, debe incluirse como parte del sistema a la Defensoría del Pueblo por ser esencial para garantizar la protección de los ciudadanos frente al Estado en caso de violación de sus derechos humanos.

En Venezuela, algo fundamental como lo es el personal clave del sistema de justicia falla porque es insuficiente. Datos de 2016 dan cuenta de 2.139 jueces activos, de los cuales 73% no son titulares, es decir, no tienen estabilidad en su cargo. Ello deriva en que su imparcialidad e independencia pudieran verse comprometidas por el riesgo de ser removidos en el caso de que tomen una decisión que no obedezca a los intereses políticos del Gobierno.

A esto se añade que para 2016 contábamos con 6,9 jueces por cada 100 mil habitantes. Para 2013, el promedio latinoamericano se ubicaba en 11 jueces por cada 100 mil habitantes.

También nos faltan policías (el estudio tomó en cuenta a la Policía Nacional Bolivariana y la policía científica CICPC, no la policía municipal). Entre 2006 y 2014 hubo una disminución en el número de funcionarios al pasar de 83.177 a 85.057. Para 2014 la tasa de efectivos por cada 100 mil habitantes era de 281, y en 2011 ese promedio en Latinoamérica se ubicaba en 368 policías por cada 100 mil habitantes.

El panorama mejora con la cantidad de fiscales y de defensores públicos. Los fiscales del Ministerio Público pasaron de 1.292 en 2004 a 2.246 en 2017, con un incremento de 44% y una tasa de 7,1 funcionarios por cada 100 mil habitantes. En 2011 el promedio en América Latina era de 7 fiscales. Pero el aumento en el número de quienes se encargan de imputar delitos en representación del Estado no va de la mano de la estabilidad de los cargos, pues sólo 1% de ellos son titulares, ni de la disminución de la impunidad en el país. Los crímenes sin castigo se evidencian por ejemplo en la cantidad de presos, con 50.892 para 2015 cuando en 2014 había 54.895 reclusos, aun cuando la tasa de homicidios aumentó de 82 a 90 por cada 100.000 habitantes, respectivamente.

En cuanto a los defensores públicos, hubo un importante aumento de 147% entre los años 2003 (607 defensores) y 2015 (1.500 funcionarios), pero tampoco este incremento ha sido cónsono con una mejor defensa de los derechos de los ciudadanos, ya que el organismo suele ser un apéndice del Poder Judicial, el cual a su vez está sujeto a los designios del Ejecutivo Nacional.

Si se observa el presupuesto destinado al sistema de justicia se puede encontrar la explicación al creciente déficit de personal, de infraestructura y la falta de modernización de sus procesos en el ámbito nacional. Los recursos asignados a la totalidad del sistema representaron solamente 2,6% del presupuesto nacional en 2005. Para 2015 la situación había empeorado con una asignación de apenas 1,6% con respecto al balance nacional de ingresos y egresos, aunque la Constitución exige un mínimo de 2%.

El órgano que menos dinero recibe es la Defensoría del Pueblo, con apenas 0,00001% (2015) con respecto al presupuesto de la nación, mientras que el Poder Judicial (TSJ, Cortes de Apelaciones y Tribunales) está a la cabeza con 0,8%, habiendo representado su presupuesto 1,8% en el año 2001 y llegando a un máximo de 2,2% en 2007.

Por otro lado, si bien cada institución tiene en su página web información valiosa como sus informes anuales, presupuesto, recursos humanos y estadísticas no suele estar publicada o en el mejor de los casos es irregular en líneas generales, sea porque no se publica en determinados años del período en estudio o es incompleta.

¿Y a ti venezolano, cómo te afecta?

Para que el sistema de administración de justicia funcione y sea eficiente necesita recursos, funcionarios, infraestructura y tecnología adecuados, así como modernizarse en cuanto a procesos, aparte de cumplir requisitos indispensables como la independencia y la imparcialidad, sólo de esta forma los ciudadanos podrán tener la garantía del acceso a una justicia justa y oportuna. Lamentablemente esta no es la realidad venezolana, en la que los órganos encargados de impartir justicia, con el TSJ a la cabeza del Poder Judicial, responden únicamente a los intereses del Poder Ejecutivo que ni así les asigna suficientes recursos, con la consecuente crisis institucional que padecemos y que ha sido reconocida por organismos internacionales que velan por los derechos humanos.

Enlace al informe: https://goo.gl/GyQFv1

Boletín n.° 3. Del 28 de agosto al 4 de septiembre de 2017


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En esta tercera edición del boletín se presentan los siguientes temas:

Hijo de alcalde de Ejido cumplió un mes de secuestro por el Sebin- Provea. Nuevos hilos para la telaraña jurídica del TSJ contra Luisa Ortega Díaz- Acceso a la Justicia¿Será Luisa Ortega Díaz la única funcionaria señalada por supuestos daños patrimoniales a la Nación?- Transparencia Venezuela. No + escasez- Un Mundo Sin MordazaDos emisoras de radio y tres diarios regionales menos por presiones del gobierno- Espacio Público.

Una política de Estado para la impunidad


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La poca asignación de recursos al sistema de justicia, la prioridad dada a instituciones represivas (cárceles y policías) y la poca confianza que siente el ciudadano a la hora de denunciar delitos son factores que, entre otros problemas, alimentan la impunidad en el país y que la abogada constitucionalista Laura Louza puso sobre el tapete durante el foro Hablemos Derechos Humanos. Guayana en Contexto, para denunciar que estamos ante lo que pudiera ser una política de Estado que agrava la situación en lugar de solucionarla.

La también directora de la ONG Acceso a la Justicia evidenció que el Estado venezolano invierte cada vez menos en el sistema de justicia. Entre 2005 y 2015 el presupuesto real del sector (Tribunal Supremo de Justicia, Ministerio Público, Defensa Pública, Defensoría del Pueblo, cárceles y policías) pasó de 2,6% a 1,6%, con respecto al presupuesto nacional.

Igualmente destacó que la mayor inversión la recibe el sector represivo, lo cual se traduce en menos jueces y fiscales necesarios para que los procesos judiciales fluyan en el tiempo oportuno y se evite a su vez el hacinamiento carcelario. Pese a ello, no tenemos suficientes policías para combatir el delito en las calles. El promedio latinoamericano para 2011 se ubicó en 368 policías por cada 100 mil habitantes, y entre 2006 y 2014 Venezuela bajó de 309 a 281 efectivos por cada 100 mil habitantes.

El ciudadano observa, y la forma como se administra la justicia en el país le genera poca confianza. Esto se refleja en que de acuerdo con las encuestas de victimización realizadas por la Comisión Nacional para la Reforma Policial, Conarepol (2007), y la Encuesta sobre Condiciones de Vida, Encovi, de la UCAB, USB y UCV (entre 2014 y 2016), el 70% de los delitos no se denuncia porque se cree que no recibirá ningún castigo.

Un estudio realizado sobre el desempeño del Ministerio Público lo demuestra. Para 2011, de cada 100 delitos registrados más de 86 no eran llevados a tribunales penales puesto que la Fiscalía solicitaba sobreseimiento (fin del juicio) y archivo, por lo que solo 14% de los delitos reportados llegaban a un tribunal. En cuanto a las sentencias, también para 2011, solo se dictaban 10,6 de cada 100 delitos conocidos.

La consecuencia de todo esto también fue mostrada por Louza: impunidad. Entre 2014 y 2015 la cantidad de presos bajó de 54. 895 a 50.892, pero la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes aumentó de 82 a 90 homicidios por cada 100 mil habitantes. Entonces, ¿cómo hay menos presos pero más delitos?

Lo dicho pone en evidencia una política de impunidad que alienta el delito en vez de prevenirlo.

Enlace a la presentación:Una política de Estado para la impunidad (1)

Nuevos hilos para la telaraña jurídica del TSJ contra Luisa Ortega Díaz


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El lobo llegó para Luisa Ortega Díaz. No solo el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) aprobó el antejuicio de mérito en su contra solicitado por el diputado Pedro Carreño, sino que se concretó la reiterada amenaza del chavismo según la cual la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) sería la instancia que “haría justicia contra la traidora” y así fue: la destituyó y el mismo día nombró al sucesor.

 Vale recordar que esta persecución contra Ortega Díaz por parte del Gobierno de Nicolás Maduro inició con su declaración del pasado 31 de marzo acerca de las sentencias 155 y 156 de la Sala Constitucional del TSJ, que despojaban a la Asamblea Nacional (AN) de sus facultades y la declaraban en desacato. Al respecto, Ortega Díaz señaló que había una ruptura del orden constitucional; el mismo día, el presidente Nicolás Maduro convocó un Consejo de Defensa de la Nación y  exhortó al TSJ a reconsiderar los referidos fallos. A partir de estas declaraciones la Fiscal General cayó en desgracia con el Gobierno nacional.

La ANC no es el órgano competente para remover a la Fiscal sino el Parlamento nacional como una medida administrativa de acuerdo con la Constitución, luego de que el TSJ aprobara el antejuicio que daría paso al proceso penal que podría concluir o no con una pena privativa de libertad en contra de la funcionaria. Este procedimiento fue obviado y el alto Tribunal emprendió de una vez un procedimiento penal para que el poder constituyente terminara de “cortarle la cabeza” a Ortega Díaz. Vale acotar que, hasta la fecha, no se han formulado cargos contra ella ni se le ha atribuido ningún delito, aunque el TSJ sí acordó medidas cautelares propias de un proceso penal, como congelación de cuentas bancarias, prohibición de vender bienes y de salida del país.

El artículo 279 de la Carta Magna contempla la designación de los titulares de los órganos del Poder Ciudadano previa preselección del Comité de Evaluación de Postulaciones del Poder Ciudadano, pero la supraconstitucional ANC designó a Tarek William Saab como Fiscal General provisorio. La sede del MP fue tomada por la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), con lo que la inconstitucionalidad fue ejecutada mediante un acto de fuerza y Ortega Diaz tuvo que salir de su despacho en moto y resguardada por sus escoltas, algunos de los cuales fueron detenidos por la GNB.

Previamente se sumaron otros hilos a esta telaraña, relacionados con la designación irregular de la vicefiscal Katherine Harrintong por parte del TSJ y no por la Fiscal como corresponde, así como su “extraña” entrada en la maleta de un vehículo al edificio del MP. Harrington fue desalojada de la sede de la Fiscalía General pero ello no la detuvo y se dedicó a realizar constantes visitas sorpresa a los tribunales penales. También presentó procedimientos para agraciarse más con el régimen, como por ejemplo el caso del violinista Wuilly Arteaga.

Desde la designación de Harrintong, el MP sufrió una suerte de paralelismo; en los tribunales penales de Caracas comenzó a reinar el caos al existir una Fiscalía al mando de Luisa Ortega y otra obediente a los designios del TSJ y dirigida por Harrington. Hubo procedimientos presentados en la Oficina de Flagrancia por parte de los fiscales de Ortega Díaz y otros, presentados directamente en la Oficina Distribuidora de Expedientes o directamente en el Tribunal. Incluso administrativamente reinó la anarquía en las sedes fiscales de Caracas y se prohibió la entrada de los alguaciles de los tribunales penales, lo que en consecuencia trajo retardo procesal por pugnas meramente políticas de las cuales el ciudadano de a pie no tenía idea ni responsabilidad.

Justicia internacional

La embestida contra la fiscal destituida recrudeció a mediados de agosto, cuando Tarek William Saab solicitó al TSJ una orden de captura contra el diputado de la AN  y esposo de Ortega Díaz, Germán Ferrer. Una vez más el alto Tribunal y la ANC violaron la Constitución al irrespetar la inmunidad parlamentaria del expesuvista, la cual sigue vigente, por cuanto es el Parlamento y no la Constituyente el que debió levantar la prerrogativa de la que goza Ferrer por sus funciones legislativas.

El Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) allanó la vivienda de Ortega Díaz y cargó con objetos como computadoras en la búsqueda de documentos que evidenciaran la existencia de una red de extorsión contra empresarios, que supuestamente dirigía junto a su esposo, según la acusación del ex-Defensor del Pueblo.

Pese a la prohibición de salida del país, la fiscal depuesta y el diputado con orden de aprehensión escaparon hacia la isla de Aruba, desde donde se trasladaron a Colombia y posteriormente a Brasil. La reconocida internacionalmente como legítima Fiscal General participó en una reunión con homólogos en la Cumbre del Mercosur realizada en la nación carioca.

Ortega Díaz aseguró que salió del país porque en Venezuela actualmente es imposible que se realice una investigación imparcial para determinar responsabilidades por corrupción en el Gobierno de Maduro, especialmente en el caso de sobornos de la empresa constructora Odebrecht, así que instó a la comunidad internacional a seguir indagando a partir de las pruebas presentadas por ella y lograr la tan anhelada justicia.

¿Y a ti venezolano cómo te afecta?

Un país del cual se dice tiene seguridad jurídica es aquel donde su Constitución y sus leyes son duraderas y determinadas, sin cambios imprevistos, frecuentes o a capricho; lo cual brinda a sus habitantes tranquilidad. Al ser poco probable que una nación con seguridad jurídica se aísle del mundo, esta tranquilidad que transmite es vista por la comunidad internacional, quien gustosamente invierte en ese país.

Ahora bien, si se cambia a gusto y antojo la Constitución y como primera decisión de los constituyentes está la de remover, perseguir y asediar a la Fiscal General de la República, sencillamente porque ya no es de su bando, ¿es un país con seguridad jurídica? ¿Es un país bien visto por la comunidad internacional? Pareciera que el no es una respuesta más que obvia.