El parlamento no creó un Tribunal Supremo de Justicia paralelo


tsj-vs-an-720x380

La designación de magistrados por la Asamblea Nacional llevada a cabo hoy 21 de julio de 2017 es un hecho muy importante para el país, porque el problema del Tribunal Supremo de Justicia desde su creación ha sido su conformación con personas no necesariamente capacitadas e independientes políticamente.

Es más, la situación tan grave que se ha venido configurando en Venezuela de un poder elegido democráticamente en 1998 que paulatinamente se ha vuelto tiránico, ha sido plena responsabilidad del Tribunal Supremo de Justicia como lo explica nuestra directora Laura Louza en un estudio publicado por la UNAM este año y lo demostró también la investigación titulada “El TSJ al servicio de la revolución” de Antonio Canova, Herrera y otros, publicada en 2014 por la Editorial Galipán, que muestra con datos estadísticos cómo este órgano ha sentenciado prácticamente siempre desde el 2005 hasta el 2013 a favor del gobierno.

Sin embargo, es importante entender respecto a la designación llevada a cabo por la Asamblea Nacional el día de hoy que no se ha creado un Tribunal Supremo de Justicia paralelo al actual, solo se han elegido a 13 magistrados principales y 20 suplentes para suplir a los nombrados de manera irregular en diciembre de 2015 por la Asamblea Nacional saliente.

Lo que está haciendo la Asamblea Nacional es ejercer una competencia propia establecida en la Constitución y en la Ley, que la saliente, ya fuera de su periodo para sesionar le arrebató en diciembre de 2015 después de su elección, al ver que la nueva electa no estaba compuesta en su mayoría por diputados del PSUV y temer como consecuencia de ello que el partido no pudiera seguir ejerciendo el poder hegemónico que venía ejerciendo, especialmente desde el 2005.

Lo más grave del proceso llevado a cabo a finales de 2015 es que ninguno de los 13 magistrados principales ni la mayoría de los suplentes sustituidos tenía su periodo vencido, de hecho, según demostramos en un estudio titulado: El TSJ: la joya que pocos han podido retener, fueron forzados a jubilarse anticipadamente. A esto se añade que de los 13 magistrados principales, 10 no cumplían los requisitos exigidos para ocupar tan importante cargo.

A pesar de todo ello, la Sala Constitucional el año pasado ante la intención de la nueva Asamblea de revocar la designación inconstitucional de la anterior, declaró en dos oportunidades que no podía hacerlo. Lo peculiar de ambas decisiones del máximo tribunal, entre otros aspectos, es que son dictadas por 3 de los magistrados designados en diciembre de 2015, es decir, objeto del juicio, por lo que actuaron como juez y parte.

Siguiendo esta línea, la Sala Constitucional el día antes de la designación de los magistrados por la Asamblea Nacional, insistiendo nuevamente en su tesis del desacato, declaró que esa designación sería nula y además, que si se verificaba los diputados que participaran en ese proceso, así como los magistrados nombrados podrían incurrir en el delito de usurpación de funciones del artículo 213 del Código Penal por tratar de sustituir a los actuales magistrados. De más está decir que también en este caso, los magistrados actuaron como juez y parte. Adicionalmente, debemos destacar que un tribunal no puede anular lo que no ha ocurrido.

Ahora bien, la interrogante que surge ante todo esto, es ¿por qué la Asamblea Nacional si el Tribunal Supremo de Justicia ya le ha dicho varias veces que no puede designar a los magistrados, lo hizo? Porque ella desconoce la autoridad del Tribunal Supremo de Justicia a partir de lo dispuesto en los artículos 333 y 350 de la Constitución, al considerar que este ha contrariado la Constitución y sus principios democráticos, así como ha menoscabado los derechos humanos de los venezolanos.

Sin embargo, aun estando configurado el derecho a la rebelión en nuestra Constitución y ser un derecho humano según la Declaración Universal de Derechos Humanos, no es fácil cuando el régimen opresor tiene la fuerza de las armas y los recursos del país que se haga valer lo que establece el oprimido, aunque sea un órgano del Poder Público tan importante como la Asamblea Nacional.

Por ello, la designación realizada hoy por la Asamblea Nacional probablemente no será sino otra más de sus decisiones sin ejecución real y práctica. Esto no significa que no traiga consecuencias jurídicas, porque el presidente de la Sala Constitucional en una rueda de prensa del día de hoy autorizó hasta a los tribunales militares a actuar frente a esta situación, de una manera contradictoria, porque en la sentencia N° 545 señaló la sala que los Magistrados nombrados por la Asamblea incurrirían en el delito de usurpación de funciones, y en declaraciones dadas el día de hoy el presidente de la misma indicó que serían perseguidos por traición a la patria. Habrá que esperar qué sucede.

Enlace a la lista de los magistrados seleccionados :https://goo.gl/gJG3Uu

La telaraña jurídica del TSJ contra la Fiscal General


telarañaslider-nota

En los últimos días hemos visto como se ha desatado una batalla campal entre el Ministerio Público (órgano perteneciente al Poder Ciudadano) y el Tribunal Supremo de Justicia (máximo jerarca del Poder Judicial); pero más allá de las diatribas políticas que son el origen y el fin de la situación, se ha venido entretejiendo una verdadera telaraña jurídica muy difícil de descifrar; ya que a estas alturas, ni la acusada, ni el público y parece que tampoco el propio enjuiciador (TSJ), tienen claro qué tipo de procedimiento se debe aplicar y por ende cuáles serían sus posibles consecuencias.

En efecto, sabemos por medio de los medios de comunicación y por fuentes oficiales del Tribunal Supremo Justicia que se ha solicitado un antejuicio de mérito en contra de la Fiscal General de la República. Sabemos que dicha solicitud fue interpuesta por el Diputado a la Asamblea Nacional Pedro Carreño. Sabemos que ha sido por la comisión de faltas graves previstas en la Ley Orgánica del Poder Ciudadano. Pero el TSJ no ha publicado aún el texto de su decisión.

Por otra parte, sabemos que la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, admitió dicha solicitud y decidió aplicar el procedimiento del antejuicio de mérito previsto tanto en la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia como en el Código Orgánico Procesal Penal. Esto nos hace presumir que estamos en presencia de una solicitud por la supuesta comisión de delitos; no obstante, de la nota de prensa del propio Tribunal y de las declaraciones efectuadas por la Fiscal General de la República, parece que se le está atribuyendo la presunta comisión de “faltas graves en el ejercicio de su cargo”, calificación ésta que se corresponde, no con un proceso penal para la determinación de la comisión de un delito; sino más bien con el incumplimiento de deberes propios del cargo y que podrían considerarse que pueden ser causal de remoción.

Hasta aquí ya la confusión es bastante profunda, porque si estamos en presencia de una solicitud de antejuicio de mérito para determinar si la funcionaria investigada cometió o no un delito en el ejercicio de sus funciones, la consecuencia de dicho procedimiento, en caso de ser declarada con lugar esa solicitud, sería la prosecución de un juicio penal que podría conllevar a una condena con pena privativa de libertad (como ocurrió en el caso del expresidente de la República Carlos Andrés Pérez). Pero, si por el contrario, estamos en presencia de una solicitud por la presunta comisión de irregularidades administrativas en el ejercicio del cargo, la consecuencia sería la aplicación del procedimiento administrativo de remoción del cargo, previsto en la Ley Orgánica del Poder Ciudadano.

A este panorama de gran confusión legal se añade que al momento de dictar el auto de admisión, la Sala Plena acordó unas medidas preventivas que son propias de los juicios penales, aunque no están previstas para esta fase del proceso (antejuicio de mérito); lo cual nos hace presumir con mayor fuerza que el TSJ está convencido de que se encuentra en una causa penal; y no puede ser de otra forma, ya que, si se atiene a lo previsto en la Ley Orgánica del Poder Ciudadano para la remoción del Fiscal General de la República, tendría que acudir en última instancia a la Asamblea Nacional, que es a quien corresponde decidir sobre la remoción de los miembros del Poder Ciudadano.

Adicionalmente, el tratamiento procesal penal del asunto es doblemente conveniente para los objetivos e intereses del Gobierno; toda vez que, no sólo le permite dictar las medidas cautelares que efectivamente ya dictó, sino que además quedaría automáticamente suspendida en el ejercicio de su cargo la Fiscal durante todo el proceso e inhabilitada para ejercer cualquier otro cargo público; ello por efecto de lo establecido en el artículo 380 del Código Orgánico Procesal Penal.

Pero por otro lado, la utilización de la vía administrativa para remover a la Fiscal General, también es una opción para el Máximo Tribunal, para lo cual necesitará jugarse una vez más, la carta del supuesto desacato de la Asamblea Nacional y así subrogarse nuevamente en sus funciones y proceder a remover directamente a la Fiscal, sin cumplir con el procedimiento constitucional.

La verdadera pregunta en este estado de las cosas, es ¿por qué no se le atribuyó la comisión de un delito en el auto de admisión? ¿Qué gana el Gobierno con esta confusión, más allá de crear zozobra y producir indefensión?

Suponemos que estas interrogantes serán contestadas una vez celebrada la Audiencia.

Enlace al pronunciamiento de la Fiscal General: https://goo.gl/XRiivh

¿Qué dice la sentencia n.° 454 de la Sala Constitucional del TSJ ?


fiscal-vs-magistrados-nota2

El caso de la fiscal general vs. “magistrados exprés”

La respuesta del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ante la petición de nulidad de la fiscal general de la República en contra de los nombramientos exprés de trece magistrados principales y veintiúnsuplentes del TSJ que la otrora Asamblea Nacional (AN), dominada por el chavismo, realizó a finales de 2015 no se hizo esperar. Sólo le tomó algunas horas a su Sala Constitucional (SC) para rechazar en el mismo día tal petición por inadmisible, pues según el parecer de los magistrados operó la “cosa juzgada”, tal como se lee en sentencia n.° 454 del 12 de junio de 2017.

De hecho, el argumento principal que sostuvo la SC del TSJ fue que ya se había pronunciado en anteriores ocasiones a través de las sentencias 9 del 1 de marzo de 2016 y 614 del 19 de julio de 2016.

Sin embargo, en su sentencia, la Sala no dijo que hay un hecho nuevo que no se conocía para cuando esas dos decisiones se produjeron, por lo que no puede haber cosa juzgada: la ausencia de firma del acta del Poder Ciudadano por parte de la fiscal general. Esto anula toda la designación realizada, pues se trata de un requisito esencial. El Poder Ciudadano es quien hace la segunda preselección, y al no estar firmada el acta por la fiscal significa que no se cumplió ese paso esencial para la validez de la designación. Aquí se puede ver el procedimiento:

proceso-de-eleccion-de-magistrados

Por ello, con la sentencia n.° 454 la Sala esquivó su responsabilidad de examinar la inconstitucionalidad demandada por la Fiscal contra los actos referentes a los nombramientos de los  “magistrados exprés”, llamados así por la prisa del proceso y la violación a las normas sobre la materia; y como lo hemos denunciado reiteradamente, al menos diez de esos trece magistrados nombrados no cumplen con los requisitos constitucionales y legales para ocupar el cargo.

Adicionalmente, llama la atención la violación de principios y derechos de la función jurisdiccional y la observancia del debido proceso. Es notoria la falta de inhibición por parte de los magistrados principales Calixto Ortega Ríos; Luis Fernando Damiani Bustillos y Lourdes Benicia Suárez Anderson, quienes precisamente fueron nombrados a través de este proceso exprés, menoscabando la imparcialidad que debe regir en los procesos  y debilitando el estado constitucional de derecho y la democracia.

La SC desnaturalizó el proceso con la sentencia n.° 454 al no proceder con la máxima de que nadie puede ser “juez y parte” a la vez, es decir que ningún juez puede actuar en causa propia. Esta acción de la Sala supone para Acceso a la Justicia una vulneración a la imparcialidad que debió amparar el juez constitucional, así como el irrespeto por la garantía de la igualdad de las partes en el proceso (fiscal y magistrados exprés).

Y a ti venezolano, ¿cómo te afecta?

El carácter político en la labor de la SC deriva naturalmente de la manera irregular en que fueron nombrados sus magistrados, carácter que se deja ver con la denegación de justicia, la falta de ética y el carácter antidemocrático y arbitrario del juez constitucional en sus decisiones judiciales. Por ello es que, ciertamente, los venezolanos con el actual TSJ seguirán viendo cómo quedan reducidos o anulados sus derechos.

Desde este ángulo de visión y ante el grave cariz de las últimas decisiones de la SC, sobre todo desde que la oposición ganó las últimas elecciones parlamentarias y ahora con el importante papel que ha asumido la fiscal general de la República por rescatar el hilo constitucional quebrado por la propia SC, la sentencia n.° 454 puede ser considerada como un instrumento que agrava la actual crisis que vive el país, especialmente al no garantizar la justicia y la paz demandada por cada venezolano.