El viacrucis judicial de los diputados de Amazonas


Diputados de Amazonas

Fueron electos como diputados de la Asamblea Nacional (AN) por expresión de la voluntad popular del estado Amazonas el 6 de diciembre de 2015, pero nunca han podido ejercer sus cargos por diversas sentencias del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

La primera de ellas (sentencia 260/2015) se dictó en plenas vacaciones judiciales el 30 de diciembre de 2015, es decir, ya hace dos años. En la decisión, la Sala Electoral del máximo tribunal de la República ordenó la suspensión del acto de totalización, adjudicación y proclamación de los cuatro parlamentarios por representación indígena, circuito 1 y lista: Julio Ygarza, Nirma Guarulla, Romel Guzamana (los 3 de oposición) y Miguel Rodríguez (Psuv). El fallo que sólo tardó un día en emitirse favoreció la petición de quien fuera candidata en dicha entidad por el Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Nicia Maldonado, además de ex ministra del Ambiente del gobierno de Hugo Chávez.

En su momento Acceso a la Justicia y otros expertos juristas advirtieron que la totalización, adjudicación y proclamación constituían actos ejecutados y ya cumplidos, con lo cual resultaba imposible, material y legalmente, suspender o retrotraer sus efectos a través de la medida cautelar dictada por la Sala Electoral. Por ello, la AN recién electa juramentó a todos sus diputados, incluidos los de Amazonas, al instalarse en enero de 2016.

Por ello, el TSJ a través de su Sala Electoral en su sentencia nº 1 de 2016, por solicitud nuevamente de Maldonado y en sólo 4 días, ordenó a la AN desincorporar a los diputados, so pena de desacato.

Como consecuencia de este nuevo fallo, la AN desincorporó a los diputados de Amazonas. La Sala Constitucional (SC) reconoció en su sentencia nº 3 que había cesado el desacato, por lo que el presidente de la República, Nicolás Maduro, podía presentar su memoria y cuenta ante la AN, tal como establece la Constitución.

Sorprendentemente, pese al reconocimiento de la AN por parte de la SC, esta empezó a dictarsentencias que indicaron lo contrario y sin causa clara. Por ejemplo en su decisión nº 4 declaró constitucional el estado de excepción invocado por el Jefe de Estado antes del pronunciamiento de la AN como exige la Constitución y en la nº 7 anuló el acuerdo de la AN que lo desaprobaba. Poco tiempo después, en su decisión nº 9 desconoció la función contralora del parlamento, cambiando el texto constitucional sin justificación alguna.

Diputados de Amazonas

Mientras tanto, la directiva de la AN y los diputados suspendidos de Amazonas acudieron al TSJ para oponerse a la medida cautelar en su contra y los magistrados se tomaron 211 días para decirles que seguían suspendidos , lo contrario a la justicia exprés a favor del Psuv. También se esperaba en 2016 la orden para que se repitieran los comicios en Amazonas, la cual nunca llegó, dejando a una población tan vulnerable como la indígena y a 116. 216 votantes sin representación política en el parlamento.

Tira y encoje

Aún a la espera de la repetición de los comicios en Amazonas y como reacción a las sentencias de desconocimiento de sus actos del TSJ, la AN bajo el mando de Henry Ramos Allup (AD) entregó de nuevo sus credenciales a los diputados en pugna el 28 de julio de 2016 sobre la base siguiente: “Nunca van a resolver el tema de la incorporación de los diputados de Amazonas. No vamos a acatar ninguna decisión (del TSJ) que viole la Constitución”. Por su parte, el TSJ insistió a los pocos días (2 de agosto) con el desacato (sentencia 108/2016) y declaró  “la invalidez, inexistencia e ineficiencia jurídica” de la nueva juramentación y de todos los actos siguientes del parlamento.

Probablemente, en vista de la guerra judicial del 2016 en contra de la AN a raíz del desacato, en enero de 2017 la nueva directiva de la AN, encabezada por el diputado Julio Borges tomó como primera medida la desincorporación de los diputados de Amazonas, a solicitud de los mismos afectados, por las repercusiones que estaba teniendo el supuesto desacato para la democracia venezolana.

A pesar de ello, el TSJ consideró que la manera en que la AN había desincorporado a los diputados y elegido a la nueva directiva no era la adecuada y volvió a declararla en desacato, ordenando que se volviera a incorporar la vieja directiva, lo cual viola la Constitución que establece que a partir del 5 de enero la directiva anterior no puede ejercer funciones de ningún tipo. La AN no hizo lo que le pidió la SC por lo que el TSJ consideró que estuvo en desacato todo el 2017.

Falsa esperanza

A principios de diciembre de 2017, el TSJ declaró concluido un caso judicial relacionado con Amazonas,  una de las siete causas que se originaron a partir de esas elecciones y que no tuvo que ver con la sentencia 260 que suspendió a los cuatro diputados. Se trató del caso de la diputada Guarulla (sentencia 221/2017), el cual pereció por desinterés del demandante en el juicio y que en nada cambió su situación de exclusión de la AN, ni la de los otros 3 diputados de Amazonas.

De lo anterior queda claro que de nada han servido las entradas y salidas de los diputados de Amazonas de la AN, pues seguimos con un Poder Legislativo atado de manos con las consecuencias ya conocidas hasta la fecha, derivadas de la completa anulación de sus competencias.

Dicha problemática se agravó con la llegada de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) que funge como un ilegítimo parlamento nacional, además con poderes supraconstitucionales.

Diputados de Amazonas

¿Y a ti venezolano, cómo te afecta?

Al impedir el ejercicio de la representación política de Amazonas y la Región Indígena Sur de dicha entidad que también abarca el estado Apure, por parte de los diputados electos, el TSJ violó los derechos políticos más básicos de sus habitantes, así como la voluntad popular de todos los venezolanos al desconocer además por esa causa todos los actos de la AN.

El Gobierno nacional tiene como una de sus banderas a los indígenas, pero al apoyar las acusaciones de fraude electoral en las elecciones parlamentarias en ese estado y pedir a través del Psuv que se repitieran los comicios para que nunca se hicieran, demostró junto al Poder Judicial que poco le importa esta población, ni la democracia en Venezuela y por ello es que no hay defensa alguna del colectivo, aunque sostenga siempre lo contrario.

 

 

 

Boletín n.° 11. Del 23 al 30 de octubre de 2017


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Menos medios, más represión y justicia militar– Espacio PúblicoEl gobierno no ha perdido un solo juicio en el TSJ vinculado con política –Transparencia Venezuela¿Qué dice la primera sentencia del “TSJ en el exilio”?- Acceso a la JusticiaMinisterio de Salud debe pronunciarse sobre el brote de difteria– CodevidaEn Venezuela no hay libertad de expresión- Un mundo sin Mordaza.ONG exigen a la CIDH firmeza sobre Venezuela- Provea.  484 personas siguen detenidas por motivaciones políticas – Foro Penal VenezolanoBeatriz Borges en la CIDH: Institucionalidad democrática fue socavada por el gobierno venezolano– CEPAZ

Boletin 11 Crisis en Venezuela

¿Qué dice la primera sentencia del “TSJ en el exilio”?


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El autodenominado “TSJ en el exilio” emitió a través de los magistrados nombrados por la Asamblea Nacional (AN) para conformar su sala constitucional su primera sentencia. Esta versa sobre la solicitud de nulidad por inconstitucionalidad de distintos actos jurídicos del Ejecutivo Nacional y del Consejo Nacional Electoral que convocan a una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) y fijan las condiciones para la elección de los constituyentistas. Esta solicitud fue presentada por cuatro ciudadanos, Diego Enrique Arria Salicetti, María Corina Machado Parisca, Antonio José Ledezma Díaz y Cecilia Sosa Gómez. La Sala Constitucional se integró con los tres magistrados principales nombrados por la AN y los cuatro suplentes que actuaron como principales, para cumplir con el requisito de los siete magistrados que exige la ley nacional.

La decisión de la Sala Constitucional del “TSJ en el exilio” declara la nulidad de los actos jurídicos que convocaron a la Asamblea Nacional Constituyente y fijaron las condiciones de elección de sus miembros. Adicionalmente, determina la disolución la ANC de facto, así como la activación inmediatade la resistencia pacífica del pueblo venezolano, e insta a la Sala de Casación Penal del TSJ a determinar la responsabilidad penal que hubiere a lugar contra las personas que han ejecutado y convalidado los actos fraudulentos, en especial los que ejecutan actualmente los integrantes de la Constituyente.

Respecto a esta decisión, la ONG Acceso a la Justicia quiere destacar que tiene un valor simbólico, pues no tiene efectos jurídicos por las razones ya explicadas anteriormente.

Sin embargo, debe resaltarse la relevancia que puede tener moralmente hablando en vista de la desaparición progresiva en Venezuela de los valores democráticos y, además, su importancia para recordar qué dice nuestra Constitución, que en la práctica jurídica del Gobierno y de los órganos del Poder Público actuales, incluyendo en especial la ANC, no es aplicada.

Históricamente, han existido tribunales simbólicos con mucho reconocimiento internacional como el tribunal Russell. En la actualidad, por ejemplo, existen el Tribunal Permanente de los Pueblos y el  World Courts of Women.

Boletín n.° 9. Del 9 al 16 de octubre de 2017


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Campaña por las gobernaciones estuvo plagada de faltas a la Ley Electoral-Transparencia VenezuelaEl diálogo como una vía para resolver conflictos- CEPAZ. ¿Tribunal Supremo de Justicia en el exilio?- Acceso a la JusticiaNuevas formas de protesta no violenta a través de la ventana de SinMordazaTV- Un Mundo Sin Mordaza3.066 personas trasplantadas sin medicamentos para evitar rechazar sus órganos- Codevida“Ley contra el Odio, la Intolerancia y por la Convivencia Pacífica”: el monopolio estatal de la ética- Espacio Público. Tony Real: preso político devuelto a la cárcel sin recuperarse de operación de emergencia- Foro Penal Venezolano.

Boletin 9 Crisis en Venezuela

¿TSJ en el exilio?


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Tal como se anunció, los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) designados por la Asamblea Nacional (AN) el pasado 21 de julio se instalaron como “tribunal en exilio” en una ceremonia celebrada en la sede de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Recordemos que estos funcionarios fueron nombrados por el parlamento en sustitución de los designados ilegalmente en diciembre de 2015. Sin embargo, ese acto de la AN fue decretado nulo antes de su celebración por la Sala Constitucional del TSJ en sentencia n.° 545. En el fallo también se advirtió que los magistrados juramentados incurrirían en el delito de “usurpación de funciones” previsto en el artículo 213 del Código Penal. Al mismo tiempo, el Presidente de la República los amenazó con castigarlos uno a uno.

Posterior al acto legislativo se inició una cacería de brujas por parte de los agentes de inteligencia del Estado, por lo que algunos magistrados se vieron forzados a exiliarse o pedir asilo político en embajadas como Chile y México. El caso más emblemático fue el de Ángel Zerpa, quien fue detenido de manera arbitraria por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y retenido en El Helicoide en Caracas durante varios días.

Son precisamente los magistrados que se encuentran en el exilio los que pretenden instalar el TSJ en la OEA.

Como instancia y voz defensora de los derechos humanos y el respeto a la Constitución y leyes venezolanas, Acceso a la Justicia considera conveniente aclarar algunas dudas que flotan sobre la constitucionalidad y legalidad de este evento.

Vale precisar que los magistrados electos por la AN no configuran un “nuevo TSJ” ni mucho menos se trata de uno paralelo. De hecho, el parlamento sólo eligió a 13 magistrados principales y 20 suplentes para suplir a los nombrados de manera “exprés” en 2015.

Así mismo, para conferir a los seleccionados la condición o investidura de magistrado del TSJ, aparte de la juramentación que tuvo lugar en sesión de la AN en la plaza Alfredo Sadel de Las Mercedes, en Caracas, hizo falta el requisito de toma de posesión de sus cargos dentro de los diez días siguientes (artículo 40 Ley Orgánica del TSJ), lo cual no pudieron hacer por la persecución que han sufrido.

Luego, es importante tener en cuenta el principio de la territorialidad o espacio geográfico, el cual es significativo en el derecho constitucional venezolano y está consagrado de manera expresa en el artículo 6 de la Carta Magna.

El texto constitucional establece que es la ciudad de Caracas el asiento de los órganos del Poder Nacional, sin menoscabo que el ejercicio de las funciones de los órganos de ese poder pueda ser ejecutado en otros lugares de la República pero siempre dentro de los límites geográficos del territorio nacional. En esta misma forma, el artículo 6 de la Ley Orgánica del TSJ dispone que la ciudad de Caracas es “el asiento permanente del Tribunal Supremo de Justicia, sin perjuicio de que, en Sala Plena, resuelva ejercer provisionalmente las funciones del Tribunal en otro lugar de la República”.

Dicho en otros términos, para que las decisiones que adopten los agentes o funcionarios legítimamente investidos sean válidas y eficaces deben estar sujetas al cumplimiento de este principio que delimita geográficamente el ejercicio de las funciones de los órganos de los poderes del Estado. Jurídicamente, por tal razón, no sería viable sostener que los magistrados que “se instalen en el exilio” tengan jurisdicción para actuar o ejercer competencias —asignadas por la Constitución y las leyes venezolanas— desde el exterior, como tampoco podría predicarse que las decisiones que tomen fuera del territorio tengan ejecución real en Venezuela.

A juicio de Acceso a la Justicia, la celebración del acto en la OEA sin duda reviste importancia histórica, además de representar un respaldo internacionalmente significativo para el país, pero esto exige al mismo tiempo tener muy en cuenta las precisiones jurídicas descritas, especialmente a la hora de crear o alimentar alguna expectativa o esperanza en la población venezolana, ávida por encontrar una pronta solución a la grave crisis política, económica y social que atraviesa.

¿Y a ti venezolano, cómo te afecta?

Frente al panorama antes expuesto no parece fácil encontrar una salida a la crisis que atraviesa la población venezolana. La situación es muy compleja, sobre todo si se añade la pérdida de la esperanza que se respira en cada rincón del país.

Es obvio que los venezolanos queremos un cambio político que permita solucionar la ingobernabilidad en que vivimos, pero nuestro futuro depende mucho de lo que está pautado por la propia Constitución y los mecanismos que ella nos ofrece como ciudadanos que somos, y por ningún motivo deben ser desestimados a pesar de la ignominia patrocinada por los poderes Ejecutivo y Judicial.