Boletín n.° 21. Del 22 al 29 de enero de 2018


Boletín Crisis en Venezuela

Crece el cerco a la libertad de expresión– Espacio PúblicoTrabajador del Minci enviado a Ramo Verde– Foro Penal Venezolano¿Puede Maduro postularse a la reelección por la Presidencia?– Acceso a la JusticiaPresidente Maduro cumple 700 días con suprapoderes con la anuencia del TSJ– Transparencia Venezuela. 280 mil niños podrían fallecer en Venezuela por desnutrición en 2018- Un Mundo Sin MordazaVenezuela: 15 años, 10 masacres, 177 asesinados– ProveaOrganizaciones de la sociedad civil exigen condiciones electorales para recuperar la democracia en Venezuela– CEPAZPrograma de Acción Humanitaria ha distribuido 38 toneladas de ayuda– Codevida.

Boletín n.° 21 Crisis en Venezuela

¿Puede Maduro postularse a la reelección en la Presidencia?


Reelección Nicolás Maduro

En momentos en que la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) decidió convocar las elecciones presidenciales en el primer cuatrimestre de este año (el 30 de abril como límite), usurpando funciones del Consejo Nacional Electoral (CNE), es importante la respuesta a la pregunta sobre si el jefe de Estado es venezolano de nacimiento o si de poseer doble nacionalidad renunció a la no venezolana, pues de ella depende la legalidad o no de su postulación a la reelección en el cargo.

Y es que la duda sobre la verdadera nacionalidad del presidente de la República, Nicolás Maduro nunca fue despejada con argumentos contundentes, pues la partida de nacimiento del primer mandatario como prueba principal, jamás ha sido mostrada.

TSJDe acuerdo con la Sala Constitucional (SC) del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), plegado a los intereses del Gobierno, Maduro está totalmente habilitado para ocupar la silla de Miraflores y, por ende, puede optar por un segundo mandato (2019-2023). Mediante sentencia n.° 907 del 28 de octubre de 2016, al resolver un recurso –inventado por el juez constitucional–, declaró que Maduro “es venezolano por nacimiento”.

Afirmó, de hecho, que el sucesor de Hugo Chávez en el poder “nació en la ciudad de Caracas, para entonces, Departamento Libertador del Distrito Federal, parroquia la Candelaria, el 23 de noviembre de 1962; y que, en fin, ha cumplido y cumple con los requisitos señalados en los artículos 41 y 227 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, para ejercer el cargo de Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela”.

Dicho fallo, a pesar de su tenaz intento por aclarar cuál es la nacionalidad del presidente, deja más confusiones justamente cuando termina diciendo con ciertos malabarismos que su partida de nacimiento es un documento “incontrovertible” (figura que no existe en derecho), con lo que busca evitar cualquier controversia. De ahí que Acceso a la Justicia catalogara esta sentencia como la “peor” decisión emitida por el TSJ en 2016, porque sólo buscó justificar la nacionalidad del mandatario nacional sin mostrar su acta de nacimiento y sin argumentos jurídicos ni de hecho válidos.

Elección anulada

Pero según el TSJ en el exilio, Maduro es un jefe de Estado ilegítimo, por lo que menos aún podría repetir en funciones.

En un intento por frenar la grave ruptura de la Constitución y el estado de Derecho en Venezuela, la SC del llamado TSJ en el exilio, mediante sentencia n.° 8 de fecha 10 de enero de 2018, admitió una demanda que pretende anular la elección presidencial celebrada el pasado 14 de abril de 2013, precisamente en vista de las múltiples contradicciones que ponen en duda la nacionalidad de Maduro.

En este sentido, acordó una medida cautelar en la que se ordena al presidente exhibir “al pueblo de Venezuela (…) la copia certificada de su acta de nacimiento en Venezuela; así como también la prueba de haber renunciado a cualquier otra nacionalidad que pudiera haber tenido antes de su postulación como candidato a la presidencia de la República”. Del mismo modo, ordenó a la Fuerza Armada y a las autoridades del CNE a colaborar con sus investigaciones para determinar si el mandatario nació o no en nuestro país.

Acceso a la Justicia reitera que las decisiones del TSJ en el exilio no tienen valor jurídico, porque entre otras cosas está fuera del país y la Carta Magna establece (artículo 6) que la ciudad de Caracas es el asiento de los órganos del Poder Nacional. Pero la ONG también insiste en que tales sentencias son importantes para impulsar la defensa del orden constitucional ante los sistemáticos ataques emprendidos en Venezuela, sobre todo por el Ejecutivo Nacional, el Poder Judicial y el CNE, y más recientemente la ANC.

Se trata de una decisión que busca, además de garantizar una efectiva transparencia, alertar a la opinión pública sobre la falta de certeza e información fidedigna que existe sobre el lugar de nacimiento del mandatario nacional, pues si se comprobara que Maduro no es venezolano o goza de doble nacionalidad quedaría invalidada su elección en 2013 y, por ende, estaría obligado a abandonar el cargo y verse impedido para postularse en las próximas elecciones presidenciales.

Ahora bien, independientemente de la respuesta que pueda dar el TSJ en el exilio, la nacionalidad del presidente Maduro es un asunto de orden público que interesa a todos los venezolanos sin excepción, y por eso el interés significativo de esta decisión judicial, pues se trata de una condición de elegibilidad que exige transparencia informativa en aras de asegurar la normalidad institucional y la legitimidad de las elecciones.

CRBVEl artículo 41 de la Constitución establece que “Sólo los venezolanos y venezolanas por nacimiento y sin otra nacionalidad, podrán ejercer los cargos de Presidente o Presidenta de la República”. El 227 también señala que “Para ser elegido Presidente o Presidenta de la República se requiere ser venezolano o venezolana por nacimiento, no poseer otra nacionalidad, mayor de treinta años, de estado seglar y no estar sometido o sometida a condena mediante sentencia definitivamente firme y cumplir con los demás requisitos establecidos en esta Constitución”.

Por ello puede afirmarse, a la luz de las disposiciones antes mencionadas, que la partida de nacimiento del jefe de Estado se considera un documento público que debe ser de fácil acceso, ya que acredita la identidad y nacionalidad del mandatario nacional y, en consecuencia, es un instrumento imprescindible para comprobar el cumplimiento o no de los requisitos indispensables en una elección para el cargo presidencial.

No hay duda de que la intencionalidad política del Gobierno nacional está muy lejos de lo que establece el tejido constitucional, atentando contra el principio democrático, y por tanto, contra el Estado de derecho. Ello ha quedado evidenciado en reiteradas ocasiones al violar y eliminar el ejercicio de las libertades públicas, entre otras, el derecho a la información (artículo 58) y a la transparencia (artículo 141), configurándose en un régimen autocrático.

Y a ti venezolano, ¿cómo te afecta?

Los venezolanos estamos atravesando por un momento crucial dada la disminución drástica de nuestra calidad de vida. A esto se suma, sin duda, una cadena de problemas, entre ellos la impunidad, la corrupción, la burocracia sin límites, y por supuesto, el ocultamiento de información cuando esta ponga en riesgo los intereses del Gobierno nacional o la de sus dirigentes.

En la medida en que se niega información acerca de asuntos de interés público, como es el de la nacionalidad del presidente de la República, se profundiza más el camino hacia la dictadura y la consecuente negación del ejercicio de los derechos humanos de la población venezolana.

El Petro amplía hegemonía inconstitucional del Gobierno


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Desde hace dos años, el Gobierno mantiene al país bajo un régimen de estado excepción y emergencia económica -decretado por primera vez el 14 de enero de 2016- que no da tregua a los derechos de los venezolanos, pero que se ha configurado en el medio para que el Ejecutivo amplíe su hegemonía y genere mecanismos para dar un marco jurídico, aunque sea ilegal, a sus acciones.

 La última extensión de esta medida extraordinaria en los ámbitos social, económico y político se dio el pasado 9 de enero con el Decreto N°  3.239. Como en otras prórrogas, el Presidente de la República se valió de esta resolución para aplicar cambios, que en esta ocasión le permitieron instrumentar el Petro, el que espera sea la primera criptomoneda del país.

 BCVAunque en círculos económicos este criptoactivo no es una moneda virtual, sino esencialmente un instrumento de deuda -porque no es minable, está respaldado en recursos naturales y será emitido por el Banco Central-; en términos jurídicos, el mecanismo financiero abre una nueva brecha en la legalidad del país.

 Específicamente el numeral 6 del artículo 2 del decreto N°  3.239 faculta al Ejecutivo para “dictar medidas que permitan la incorporación al sistema económico nacional de criptoactivos a partir de instrumentos que generen seguridad sobre la base del aprovechamiento nacional de las materias primas, recursos minerales e hidrocarburos de la República y su aplicación productiva en el corto plazo al mejoramiento de las condiciones económicas del país y el desarrollo nacional”.

 Este poder excepcional que se atribuyó el Presidente de la República se inscribe en el marco del decreto No. 3.196 del 8 de diciembre de 2017, con el cual dispuso la creación y uso del Petro, y el artículo 3 del decreto N° 3.074 del 11 de septiembre de 2017, que si bien no contempla expresamente la facultad para dictar esta medida, fue tomado como base para asegurar la implementación irregular de esta moneda  en el país.

 Al desagregar los elementos cuestionables del Petro, destaca que el Ejecutivo desconoció que la regulación del sistema financiero y monetario del país es competencia exclusiva de la Asamblea Nacional (artículos 156.11 y 187.1 de la Constitución), evidenciando la falta de constitucionalidad del decreto, y la peligrosa hegemonía que el Jefe de Estado pretende consolidar ampliando todavía más sus competencias, aunque diezme el vigor del texto constitucional y el estado de derecho.

 Otro aspecto del Petro que se riñe con la legalidad fue aludido por el Legislativo -en sesión del pasado 9 de enero- cuando declaró la inconstitucionalidad del criptoactivo, por considerar que contraviene la regulación que protege a los bienes del dominio público del país.

 El Parlamento argumentó que el artículo 12 de la Constitución, que especifica que los yacimientos mineros y de hidrocarburos existentes en el territorio nacional son bienes del dominio público y, por tanto, inalienables e imprescriptibles, fue quebrantado por el Gobierno, al establecer como respaldo del Petro parte de las reservas petroleras y otros recursos naturales.petróleo

 Irregularidades recurrentes

 Aunado a las violaciones vinculadas expresamente al criptoactivo, el Decreto de Estado de Excepción y Emergencia económica reitera la irregularidad cometida en las disposiciones previas, pues fue puesto en práctica sin la previa aprobación del Parlamento como lo exige el artículo 339 constitucional.

 También el Ejecutivo vuelve sobre la irregularidad de la duración de esta condición excepcional, ya que a pesar de tratarse de la declaratoria de un “nuevo” régimen es, sin duda, una reedición de los decretos anteriores,  especialmente del emitido el 11 de septiembre de 2017 bajo el número 3.074.

 Con esta maniobra, el Jefe de Estado busca evadir el carácter limitado en el tiempo (principio de la temporalidad) al que debe estar sometido este tipo de actos conforme a lo dispuesto en el artículo 338 de la Constitución que prevé un plazo máximo de 120 días.

 Finalmente, el decreto N° 3.239 tampoco garantiza el respeto de los derechos humanos, pues basta leer su contenido para constatar que no señala o determina las garantías restringidas y sus límites, al igual que ha ocurrido con todas las resoluciones anteriores, contraviniendo concretamente la norma constitucional prevista en el artículo 337, así como pactos internacionales y sin notificar a la Organización de Naciones Unidas (ONU).

 Y a ti venezolano, ¿cómo te afecta?

 El estado de excepción y emergencia económica recientemente decretado por el Gobierno nacional es un reconocimiento a su incapacidad e ineficiencia para hacerle frente a la compleja y grave crisis social, económica y política que padece la sociedad venezolana.

 Esta decisión arbitrariamente adoptada no ofrece para nada soluciones concretas y prácticas. Por el contrario, favorece al desabastecimiento de productos de primera necesidad,  la paralización de los servicios públicos esenciales para la comunidad,  la hiperinflación galopante, entre otros, pero sobre todo pone en peligro el ejercicio de los derechos individuales dado su  ambigüedad e imprecisa y genérica regulación.

Boletín n.° 19. Del 8 al 15 de enero de 2018


Boletín Crisis en Venezuela

TSJ le tendió la alfombra roja a la dictadura en 2017- Acceso a la JusticiaProvea constata que venezolanos consumen comida para perros-Provea. ONG repudian impunidad en el asesinato de niña Yara Emiliana- CEPAZLa ley contra el odio en uso– Un Mundo Sin MordazaEn 2018 seguiremos de pie pese a las adversidades contra la libertad de expresión- Espacio Público. Estamos en un escenario de guerra por la emergencia humanitaria– Codevida.

Boletín n.° 19 Crisis en Venezuela

El viacrucis judicial de los diputados de Amazonas


Diputados de Amazonas

Fueron electos como diputados de la Asamblea Nacional (AN) por expresión de la voluntad popular del estado Amazonas el 6 de diciembre de 2015, pero nunca han podido ejercer sus cargos por diversas sentencias del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

La primera de ellas (sentencia 260/2015) se dictó en plenas vacaciones judiciales el 30 de diciembre de 2015, es decir, ya hace dos años. En la decisión, la Sala Electoral del máximo tribunal de la República ordenó la suspensión del acto de totalización, adjudicación y proclamación de los cuatro parlamentarios por representación indígena, circuito 1 y lista: Julio Ygarza, Nirma Guarulla, Romel Guzamana (los 3 de oposición) y Miguel Rodríguez (Psuv). El fallo que sólo tardó un día en emitirse favoreció la petición de quien fuera candidata en dicha entidad por el Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Nicia Maldonado, además de ex ministra del Ambiente del gobierno de Hugo Chávez.

En su momento Acceso a la Justicia y otros expertos juristas advirtieron que la totalización, adjudicación y proclamación constituían actos ejecutados y ya cumplidos, con lo cual resultaba imposible, material y legalmente, suspender o retrotraer sus efectos a través de la medida cautelar dictada por la Sala Electoral. Por ello, la AN recién electa juramentó a todos sus diputados, incluidos los de Amazonas, al instalarse en enero de 2016.

Por ello, el TSJ a través de su Sala Electoral en su sentencia nº 1 de 2016, por solicitud nuevamente de Maldonado y en sólo 4 días, ordenó a la AN desincorporar a los diputados, so pena de desacato.

Como consecuencia de este nuevo fallo, la AN desincorporó a los diputados de Amazonas. La Sala Constitucional (SC) reconoció en su sentencia nº 3 que había cesado el desacato, por lo que el presidente de la República, Nicolás Maduro, podía presentar su memoria y cuenta ante la AN, tal como establece la Constitución.

Sorprendentemente, pese al reconocimiento de la AN por parte de la SC, esta empezó a dictarsentencias que indicaron lo contrario y sin causa clara. Por ejemplo en su decisión nº 4 declaró constitucional el estado de excepción invocado por el Jefe de Estado antes del pronunciamiento de la AN como exige la Constitución y en la nº 7 anuló el acuerdo de la AN que lo desaprobaba. Poco tiempo después, en su decisión nº 9 desconoció la función contralora del parlamento, cambiando el texto constitucional sin justificación alguna.

Diputados de Amazonas

Mientras tanto, la directiva de la AN y los diputados suspendidos de Amazonas acudieron al TSJ para oponerse a la medida cautelar en su contra y los magistrados se tomaron 211 días para decirles que seguían suspendidos , lo contrario a la justicia exprés a favor del Psuv. También se esperaba en 2016 la orden para que se repitieran los comicios en Amazonas, la cual nunca llegó, dejando a una población tan vulnerable como la indígena y a 116. 216 votantes sin representación política en el parlamento.

Tira y encoje

Aún a la espera de la repetición de los comicios en Amazonas y como reacción a las sentencias de desconocimiento de sus actos del TSJ, la AN bajo el mando de Henry Ramos Allup (AD) entregó de nuevo sus credenciales a los diputados en pugna el 28 de julio de 2016 sobre la base siguiente: “Nunca van a resolver el tema de la incorporación de los diputados de Amazonas. No vamos a acatar ninguna decisión (del TSJ) que viole la Constitución”. Por su parte, el TSJ insistió a los pocos días (2 de agosto) con el desacato (sentencia 108/2016) y declaró  “la invalidez, inexistencia e ineficiencia jurídica” de la nueva juramentación y de todos los actos siguientes del parlamento.

Probablemente, en vista de la guerra judicial del 2016 en contra de la AN a raíz del desacato, en enero de 2017 la nueva directiva de la AN, encabezada por el diputado Julio Borges tomó como primera medida la desincorporación de los diputados de Amazonas, a solicitud de los mismos afectados, por las repercusiones que estaba teniendo el supuesto desacato para la democracia venezolana.

A pesar de ello, el TSJ consideró que la manera en que la AN había desincorporado a los diputados y elegido a la nueva directiva no era la adecuada y volvió a declararla en desacato, ordenando que se volviera a incorporar la vieja directiva, lo cual viola la Constitución que establece que a partir del 5 de enero la directiva anterior no puede ejercer funciones de ningún tipo. La AN no hizo lo que le pidió la SC por lo que el TSJ consideró que estuvo en desacato todo el 2017.

Falsa esperanza

A principios de diciembre de 2017, el TSJ declaró concluido un caso judicial relacionado con Amazonas,  una de las siete causas que se originaron a partir de esas elecciones y que no tuvo que ver con la sentencia 260 que suspendió a los cuatro diputados. Se trató del caso de la diputada Guarulla (sentencia 221/2017), el cual pereció por desinterés del demandante en el juicio y que en nada cambió su situación de exclusión de la AN, ni la de los otros 3 diputados de Amazonas.

De lo anterior queda claro que de nada han servido las entradas y salidas de los diputados de Amazonas de la AN, pues seguimos con un Poder Legislativo atado de manos con las consecuencias ya conocidas hasta la fecha, derivadas de la completa anulación de sus competencias.

Dicha problemática se agravó con la llegada de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) que funge como un ilegítimo parlamento nacional, además con poderes supraconstitucionales.

Diputados de Amazonas

¿Y a ti venezolano, cómo te afecta?

Al impedir el ejercicio de la representación política de Amazonas y la Región Indígena Sur de dicha entidad que también abarca el estado Apure, por parte de los diputados electos, el TSJ violó los derechos políticos más básicos de sus habitantes, así como la voluntad popular de todos los venezolanos al desconocer además por esa causa todos los actos de la AN.

El Gobierno nacional tiene como una de sus banderas a los indígenas, pero al apoyar las acusaciones de fraude electoral en las elecciones parlamentarias en ese estado y pedir a través del Psuv que se repitieran los comicios para que nunca se hicieran, demostró junto al Poder Judicial que poco le importa esta población, ni la democracia en Venezuela y por ello es que no hay defensa alguna del colectivo, aunque sostenga siempre lo contrario.

 

 

 

TSJ le tendió la alfombra roja a la dictadura en 2017


TSJ le tendió la alfombra roja a la dictadura en 2017

Si al término de 2016 Acceso a la Justicia declaró que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) acabó con la democracia en Venezuela a través de sentencias inconstitucionales como la que dejó al estado Amazonas sin representación en la Asamblea Nacional (AN), durante 2017 el máximo tribunal del país superó todas las expectativas y le tendió una alfombra roja al paso formal de una dictadura en Venezuela.

El año comenzó sin dar tregua a la guerra declarada del poder político contra el Parlamento nacional desde diciembre de 2015 por la juramentación de 4 diputados de Amazonas, tras lo cual lo declaró en desacato (enero de 2016). El 11 de enero de 2017, la Sala Constitucional (SC, sentencia n° 2) del TSJ dictaminó que todas las sesiones de la AN desde su instalación el 05 de enero eran nulas – por ende desconoció la juramentación de la nueva directiva encabezada por el diputado Julio Borges – y prohibió el inicio del nuevo período legislativo mientras persistiera la sanción.

Desde allí y hasta casi la llegada del receso navideño (15 de diciembre) la máxima autoridad del Poder Judicial no tuvo reparo a la hora de acabar con lo que quedaba de Constitución y sentencia tras sentencia a lo largo de todo este año, despejó el camino al Ejecutivo de todos los obstáculos que le imponía la ley para instaurar su modelo totalitario en nuestro país, a costa de lo que fuera necesario, incluso de vidas.

Ruptura del orden constitucional

El 27 y 29 de marzo la comunidad nacional e internacional fue sorprendida con los fallos 155 y 156. El primero básicamente dejó sin efecto la inmunidad parlamentaria y habilitó al Presidente de la República para legislar bajo estado de excepción, mientras que el segundo estableció que la SC, o el órgano que ella determinara, asumían las funciones de la AN por persistir su desacato.

Coincidimos con otros expertos juristas en que ambas sentencias son quizás las más graves del año porque desencadenaron cuatro meses (abril a julio) de fuertes protestas en todo el país, con un saldo de más de 100 muertes de ciudadanos, la mayoría jóvenes a manos de las fuerzas de seguridad del Estado.

Luisa Ortega Díaz denunció ruptura del orden constitucional

Luisa Ortega Díaz denunció ruptura del orden constitucional

Ante la advertencia de la fiscal general Luisa Ortega Díaz, según la cual ambos sentencias constituían una “ruptura del orden constitucional”, la condena de numerosos países del mundo y la denuncia de “autogolpe” del secretario de la Organización de Estados Americanos (OEA) Luis Almagro , el Consejo de Defensa de la Nación, convocado por el Jefe de Estado, Nicolás Maduro, sugirió al TSJ “revisar” esas decisiones como en efecto lo hizo. Así, el 01 de abril la cabeza del Poder Judicial publicó las sentencias 157 y 158 en las que supuestamente revirtió el despojo de la inmunidad parlamentaria y de las competencias de la AN. El tiempo demostró que no fue más que una “mampara”, puesto que el legislativo continuó y sigue anulado aún hoy sus atribuciones, ahora con la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) quien sanciona las leyes que le son necesarias, incluyendo la ley que contiene el presupuesto nacional de 2018.

Constituyente sin pueblo

Entrando mayo, un Gobierno nacional consciente de que su popularidad se hallaba en el sótano (sólo 10% para enero de 2017 según sondeos), olvidó por completo la tan invocada por Hugo Chávez soberanía popular (cuando convocó la ANC en 1999) y por el partido de gobierno mientras tuvo la mayoría popular.

Así el primer día de mayo, Maduro emitió su decreto para llamar a la Constituyente por iniciativa propia, y el día 31, ante las críticas incluso internas porque no se tenía pensando hacer un referendo para preguntarle al pueblo si estaba de acuerdo o no, el máximo juzgado del país sentenció (SC 378/2017) que “no era necesario ni constitucionalmente obligante” realizar la consulta popular. Y no se quedó allí, el 12 de junio (sentencia SC 455/2017), avaló las bases comiciales para elegir a los constituyentistas.

En su momento, Acceso a la Justicia denunció que el método de elección de los miembros de la ANC violaba el derecho al voto y el principio de la universalidad del sufragio, porque por un lado se sectorizó la votación con grupos seleccionados por el mismo Maduro (campesinos, pescadores, trabajadores públicos, entre otros) y por el otro, la distribución poblacional no fue la adecuada, es decir, estados menos poblados elegían más constituyentes y los más poblados, por ejemplo el Zulia (con una clara tendencia opositora), escogían menos.

La “afrenta” de la fiscal general se la cobró el alto Tribunal (sentencia de la Sala Plena 65/2017), aprobando un antejuicio de mérito sin la autorización de la AN el 4 de agosto  contra la funcionaria, hoy en el exilio, por presuntas faltas graves en el ejercicio de su cargo.

La voluntad popular también fue vulnerada, cuando entre julio y agosto y sin el menor respeto al debido proceso, el TSJ condenó a 15 meses de prisión a los alcaldes David Smolansky (El Hatillo), Ramón Muchacho (Chacao), Carlos García (Mérida), Alfredo Ramos (Barquisimeto) y Gustavo Marcano (Lechería). Otros 12,  más el exgobernador de Miranda, Henrique Capriles estuvieron en la mira.

Un tema tan sensible como es el derecho a la salud, seriamente afectado por la escasez de medicamentos y la negativa del Ejecutivo a aceptar ayuda humanitaria, a sabiendas de que no ha podido resolver ni aliviar el problema, fue abordado por el alto Tribunal pero no de forma favorable. El 27 de octubre rechazó de manera definitiva (sentencia de la SC 823/2017) la solicitud de la ONG Cecodap (intentada otras 3 veces ante distintas instancias del Poder Judicial) para que el Gobierno le garantizara medicamentos a la población infantil.

Finalmente, el país cerrará 2017 y comenzará 2018 con el ya eterno estado de excepción avalado 12 veces por el TSJ, la última vez, el 22 de noviembre al declarar constitucional (sentencia de la SC 959/2017) una nueva prórroga de 60 días firmada por Maduro, es decir hasta el 22 de enero.  A los magistrados poco les ha importado que el primer mandatario siga sin especificar cuáles garantías constitucionales restringe la medida que, según la norma constitucional debe ser temporal, y aprobada por la AN, además de notificada a la comunidad internacional a través del Secretario General de la Organización de Naciones Unidas (ONU), de acuerdo con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 4.3).

¿Y a ti venezolano, cómo te afecta?

ANCCon poderes públicos plegados al poder y una AN atada de manos, los venezolanos vimos como este año el régimen de Nicolás Maduro instauró impunemente en el país su propia dictadura con el ropaje democrático de tres elecciones fraudulentas (ANC, regionales y municipales).  Todo indica que en 2018 la tiranía seguirá profundizándose pese a las sanciones y la presión internacional y el ciudadano de a pie continuará pegado a la pared y obligado a depender de una bolsa de comida, sin que nadie lo defienda de la hiperinflación y de la escasez de medicinas y alimentos.

De momento, las violaciones sistemáticas de derechos humanos observadas en las protestas de abril a julio y la persecución judicial a la oposición política han pasado por alto. El trabajo de documentación y denuncia de las diversas ONG continuará a la espera de la justicia, sea dentro o fuera del país.

Abandono del cargo del Presidente de la República


SUPERMADURO nota

Sala Constitucional.

Recurso de nulidad. 

TSJ/SC Nº 7. Fecha: 26/01/2017.

Caso: Diputado Héctor Rodríguez presenta recurso de nulidad por inconstitucionalidad del acto parlamentario aprobado por la Asamblea Nacional el 09 de enero de 2017, titulado “ACUERDO SOBRE EL ABANDONO DE LAS FUNCIONES CONSTITUCIONALES DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA EN QUE HA INCURRIDO EL CIUDADANO NICOLÁS MADURO MOROS”.

Decisión: Se declara INADMISIBLE la acción de nulidad propuesta, por haber operado la cosa juzgada.  Se FIJA con carácter vinculante que la figura del abandono del cargo a que se refiere el artículo 233 de la Constitución, se configura con la ocurrencia de tres elementos como lo son la voluntad de dejar el cargo de Presidente de la República, que no haya motivo o justificación, y que esa ausencia sea permanente y definitiva. Se declara que se ha producido una situación de facto en franca violación a la norma suprema, pues el 05 de enero de 2017, fue convocada la plenaria de la Asamblea Nacional con motivo de la elección de la Junta Directiva de dicho Cuerpo Legislativo, en cuyo acto la mayoría parlamentaria opositora al Gobierno Nacional, sin haber acatado previamente los mandamientos de las Salas Electoral y Constitucional de este Máximo Tribunal, postuló y eligió una ilegítima nueva Junta Directiva de la Asamblea Nacional, cuyos actos son nulos de nulidad absoluta, derivada del permanente desacato en que se encuentra la Junta Directiva designada el 5 de enero de 2016, como se declaró en sentencia número 02 del 11 de enero de 2017.

La Sala expuso:

“Sin embargo, estando en ejercicio del período constitucional para el cual fue electo democráticamente (2013-2019), el Poder Legislativo Nacional ha dado por medio de actos parlamentarios írritos un atentado al orden democrático y constitucional, al estar al margen de la Carta Magna, de las decisiones del Máximo Tribunal de la República, al iniciar un supuesto juicio político y ahora bajo el velo de un supuesto abandono del cargo del Jefe de Estado, con el fin último de deslegitimar y por último “destituir” al Presidente de la República pese a las órdenes de cese dictaminadas por éste Máximo Tribunal.

Es por ello, que esta Sala Constitucional declara que el procedimiento para determinar las faltas absolutas del Presidente de la República está contemplado en el texto fundamental en los artículos 233 y 234 antes transcritos, siendo uno de los supuestos de hecho, la muerte a la cual se refirió esta Sala en la sentencia citada supra, y otro, el abandono del cargo, declarado como tal por la Asamblea Nacional, el cual supone que en forma voluntaria, injustificada, absoluta y permanente, la persona se separe de forma física del cargo que ostenta y por tanto no realice las funciones inherentes al mismo, siendo esto un hecho objetivo, por lo que el pretendido abandono que aprobó el Poder Legislativo Nacional bajo el argumento de encontrarse “al margen del diseño y funciones constitucionales de la presidencia” resulta evidentemente inconstitucional, dado que no se han dado las circunstancias fácticas y elementos que genera el hecho objetivo de abandono del cargo siendo que las consideraciones subjetivas de una parte de los miembros del Poder Legislativo Nacional sobre la gestión presidencial no está prevista en el texto constitucional como falta absoluta para pretender aplicar la consecuencia jurídica que la misma acarrea, mucho menos para considerar que el Presidente Nicolás Maduro Moros ha abandonado el cargo, cuando contrariamente, se encuentra en el ejercicio continuo, permanente, pleno y absoluto de sus funciones en el ámbito nacional e internacional, lo cual se evidencia en los hechos notorios comunicacionales que dan cuenta de su amplio margen de acción ejecutiva y de su apego al texto Constitucional, como lo es incluso el mensaje a que se refiere el artículo 237 constitucional rendido ante este Alto Tribunal, conforme lo decidido en sentencia de esta Sala número 03, dictada el 11 de enero de 2017, caso: Nicolás Maduro Moros; por lo que la actuación de la Asamblea Nacional constituye un desconocimiento expreso y grave del mandato democrático emanado de la soberanía popular.  Así se decide.”

Comentario de Acceso a la Justicia: La Sala Constitucional, después de hacer un breve recorrido doctrinario y jurisprudencial -destacándose el acentuado uso de la enciclopedia libre electrónica Wikipedia-, procedió a delimitar las condiciones para que se produzca el abandono del cargo por el Presidente de la República como causal de falta absoluta, y en tal sentido estableció “que  supone que en forma voluntaria, injustificada, absoluta y permanente, la persona se separe de forma física del cargo que ostenta y por tanto no realice las funciones inherentes al mismo, siendo esto un hecho objetivo”.

En razón de lo anterior, la Sala sentenció que el abandono que aprobó el Poder Legislativo Nacional constituye “un desconocimiento expreso y grave del mandato democrático emanado de la soberanía popular”. En efecto, expresamente aseveró que “evidentemente inconstitucional, dado que no se han dado las circunstancias fácticas y elementos que genera el hecho objetivo de abandono del cargo siendo que las consideraciones subjetivas de una parte de los miembros del Poder Legislativo Nacional sobre la gestión presidencial no está prevista en el texto constitucional como falta absoluta para pretender aplicar la consecuencia jurídica que la misma acarrea, mucho menos para considerar que el Presidente Nicolás Maduro Moros ha abandonado el cargo”.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/enero/195578-07-26117-2017-17-0010.HTML

El despotismo judicial


estudio sentencia

El despotismo judicial

El caso de la nacionalidad de Nicolás Maduro

Acceso a la Justicia hizo un estudio jurídico de la sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en que declara que el Presidente de la República es venezolano por nacimiento y no tiene otra nacionalidad.

Descarga nuestro estudio aquí.

La peor sentencia del año


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La peor sentencia del TSJ del año 2016

La nacionalidad del Presidente de la República

Si algo nos dejó en abundancia el año 2016 fue sentencias de la Sala Constitucional que van contra el ordenamiento jurídico vigente. Sin embargo, en Acceso a la Justicia nos propusimos el ejercicio de encontrar la que a nuestro juicio se lleva el premio a peor sentencia del año. Y la ganadora es, sin dudas, la n° 907 del 28 de octubre, donde se decide que Nicolás Maduro es venezolano por nacimiento y que no posee otra nacionalidad.

Lo primero que se puede resaltar de esta decisión es que llegó apenas nueve días después de introducido el recurso ante el máximo tribunal, un nivel de eficiencia sorprendente viniendo de la única sala del TSJ que ni siquiera tiene al día su cuenta (o libro diario). Lo más interesante es que al revisar todas las solicitudes hechas por el Presidente de la República a esa sala en el año 2016, encontramos que el promedio de respuesta es, precisamente, nueve días.

Pero no es solo eso, sino que el requerimiento que más tardó en ser respondido debió esperar apenas 15 días y que se llegó a dar el caso de una decisión tomada el mismo día en que fue introducido el recurso; por no hablar del hecho de que todos absolutamente se decidieron en favor del Presidente.

Podría argumentarse que esta celeridad está ligada a lo delicadas de las materias que maneja el Presidente, pero de ser esa la razón no se explica entonces que no exista la misma diligencia en los casos que se introducen en su contra, como por ejemplo el decidido en la sentencia 627 del mismo 2016, que tardó 2 años y 4 meses en ser declarado inadmisible.

Adicionalmente, el denominado “recurso innominado de control de constitucionalidad” no está previsto en la Constitución sino que es un invento de esa Sala, que originalmente fue utilizado para dejar sin efecto una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que con el tiempo se ha extendido casi indiscriminadamente hasta llegar ahora al control de las actividades de los diputados de la Asamblea Nacional. La diferencia del tipo de casos en que es usado este “recurso” hace evidente que no tiene contenido alguno, sino que es utilizado por la Sala a manera de “comodín” cada vez que lo necesita.

Lo más grave es que ni siquiera ignorando este defecto (nada menor) se acaban las irregularidades jurídicas en torno a esta sentencia. Pongamos tres ejemplos concretos que, junto con irregularidades adicionales, están explicados en profundidad en el análisis que Acceso a la Justicia realizó de este caso:

  1. En primer lugar, la decisión asegura que el recurso tiene carácter de “mero derecho”, es decir que no hay discusión sobre hechos, sino que basta el estudio del caso y su comparación con la normativa legal. Esto contrasta con el planteamiento del mismo Presidente que recurre al máximo tribunal para que se controlen los hechos realizados por un grupo de personas. Y la misma Sala reconoce esto sin decirlo abiertamente, pues a lo largo del fallo presenta distintas “pruebas”, a pesar de que en casos de “mero derecho” no existen hechos que probar.
  2. Esto nos lleva a nuestro segundo ejemplo: el ponente asegura que las pruebas presentadas son “incontrovertibles”, concepto que no existe en nuestro ordenamiento jurídico, pues existen mecanismos legales para cuestionar documentos públicos en cualquier proceso judicial.
  3. Como tercer y último ejemplo, hay que resaltar algo que es tan evidente como grave: en toda la sentencia la Sala no cita textualmente el documento más importante y fundamental en cualquier intento de demostrar la nacionalidad de una persona: la partida de nacimiento. De hecho, se limita a afirmar que Nicolás Maduro “nació en la ciudad de Caracas, para entonces, Departamento Libertador del Distrito Federal, parroquia la Candelaria, el 23 de noviembre de 1962”, sin dar otros datos relevantes al caso, como por ejemplo la nacionalidad de sus padres.

¿No parece raro que solo den “pedacitos” de la partida de nacimiento? ¿Por qué no la muestran completa? Incluso fue negado el acceso al expediente de este caso al Consultor Jurídico de la Asamblea Nacional, donde supuestamente debería estar esa partida de nacimiento. ¿Acaso el expediente judicial no es público, así como una simple partida nacimiento?

Puesto de otro modo, el TSJ violentó el Derecho y sus principios de diversas maneras en una sentencia que no tiene ninguna utilidad jurídica, pues para demostrar la nacionalidad de Nicolás Maduro bastaba con mostrar su partida de nacimiento, ¡y ni siquiera eso hace en el texto de la decisión! Esto confirma que definitivamente es la peor sentencia de todo el año 2016.

Y a ti venezolano, ¿cómo te afecta?

La sentencia 907 es, quizás, el ejemplo más claro de cómo el máximo tribunal de nuestro país ha abandonado completamente la búsqueda de la justicia a través del Derecho, que es su única razón de ser, para amoldarse a los deseos y necesidades del Presidente y su partido de gobierno.

Por la naturaleza e importancia de su cargo, el Presidente de la República tiene mucho más poder que cualquier ciudadano común, y es para balancear esta situación que la Constitución prevé otros poderes que deben hacerle contrapeso, y el Poder Judicial es clave para su control. Si esto no sucede pues se puede decir que el Poder Judicial se ha “encompinchado” con el Ejecutivo, y entonces, ¿quién va a defender los derechos y los intereses de los ciudadanos? ¿Qué clase de gobierno es aquel donde el Derecho vale solamente si beneficia a los amigos del gobernante? Todos sabemos las respuestas a estas preguntas.

Mensaje anual del Presidente es ante el TSJ


negacion-nota

Sala Constitucional. 

Interpretación constitucional. 

TSJ/SC N° 3. Fecha: 11/01/2017.

Caso: Presidente de la República presenta “DEMANDA DE INTERPRETACIÓN del artículo 237 del Texto Fundamental, en relación al desacato que mantiene la Asamblea Nacional frente al Poder Judicial y al orden constitucional”.

Decisión: Se resuelve la interpretación solicitada y se declara la omisión inconstitucional de la Asamblea Nacional. En consecuencia, se dispone que en esta oportunidad el Presidente de la República, ciudadano Nicolás Maduro Moros, debe rendir su Mensaje Anual al que se refiere el artículo 237 Constitucional ante el Tribunal Supremo de Justicia.

La Sala observó:

“Así pues, el Texto Fundamental crea una República en la que se proyecta que el Pueblo, titular de la soberanía, sustento y razón del ser del Estado y del Poder Público, participe de forma directa en los asuntos públicos y, por ende, reciba las cuentas públicas de sus representantes, ante todo, del máximo representante del Estado, de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y del Gobierno Nacional: El Presidente de la República (órgano principal de un sistema esencialmente presidencialista como el que caracteriza el sistema constitucional patrio).

En ello reside, en gran medida, la finalidad (telos) de la norma prevista en el artículo 237 constitucional, además del control político: único control que ejerce la Asamblea Nacional sobre el gobierno y la Administración Pública, en los términos desarrollados en las fuentes del derecho patrio y que, sobre la base de los principios de supremacía constitucional y legalidad, sólo acarrea las consecuencias previstas en la Carta Magna, las cuales, como puede apreciarse en la Constitución y en la sentencia n.° 9/2016 de esta Sala, no implican efectos sancionatorios sobre el Presidente de la República –menos bajo la pretendida aplicación de la institución del abandono o separación del cargo- (a diferencia de los efectos jurisdiccionales señalados, por ejemplo, en el artículo 266 eiusdem), pero sí sobre diversos servidores del Poder Ejecutivo Nacional (vid. supra).

Sin embargo, respecto de tal control político, la Asamblea Nacional ha venido generando, en los últimos meses, situaciones de desacato y vulneraciones al orden constitucional que han determinado su propia incapacidad para poderlo ejercer y, en fin, su deliberada abstención de desplegar válidamente el resto de atribuciones constitucionales, al punto de determinar omisiones como las que se evidencian en el presente caso, entre las que se encuentra presenciar el mensaje presidencial anual previsto en la norma sub examine, a pesar del mandato popular al parlamento y de su juramento para cumplir y hacer cumplir la Constitución (lo que implica canalizar sus pretensiones políticas dentro del orden más elemental que previamente se ha dado el Pueblo: La Constitución).

… 

Por tal razón, ante los lapsos previstos en los artículos 219 y 237 del Texto Fundamental, ante la omisión parlamentaria inconstitucional y ante la necesidad de restablecer la situación de anormalidad constitucional generada por la mayoría de diputados que integran la Asamblea Nacional en la actualidad, esta Sala dispone:

1.- Que en esta oportunidad el Presidente Constitucional y en pleno ejercicio de sus funciones, ciudadano Nicolás Maduro Moros, debe rendir su mensaje anual al que refiere el artículo 237 Constitucional, en el que dará cuenta de los aspectos políticos, económicos, sociales y administrativos de su gestión durante el año inmediatamente anterior, ante el Tribunal Supremo de Justicia, en transmisión conjunta de radio y televisión, para llegar a la mayor cantidad de venezolanas y venezolanos.

2.- Ordena la publicación de la presente decisión en la Gaceta Judicial y a la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Lo anterior no significa que se esté anulando, haciendo nugatorio o impidiendo el ejercicio de las competencias y atribuciones inherentes a la Asamblea Nacional, sino precisamente garantizando que las mismas sean desplegadas dentro del marco del ordenamiento constitucional, cuya garantía corresponde a este Máximo Tribunal, conforme a lo previsto en los artículos 266 y 336 Constitucionales.

En razón de todo lo anteriormente expuesto, esta Sala estima necesario reiterar en el presente fallo, que mientras la Asamblea Nacional continúe en desacato a las decisiones emanadas de este Alto Tribunal, todos sus actos resultan manifiestamente inconstitucionales y, por ende, absolutamente nulos y carentes de toda vigencia y eficacia jurídica,  incluyendo las leyes que sean sancionadas (ver sentencia de esta Sala n° 2/2017); sin menoscabo de la responsabilidad individual de los miembros respectivos de la Asamblea Nacional y de la naturaleza propia de la figura de la inmunidad parlamentaria prevista en el artículo 200 del Texto Fundamental y ampliamente sustentada en las fuentes del derecho (ver, entre otras, la sentencia de esta Sala n.° 612 del 15 de julio de 2016). Así se ratifica.”

Comentario de Acceso a la Justicia: Con ocasión de un recurso de interpretación constitucional, la Sala modificó lo establecido por la Carta venezolana para designar al TSJ como la autoridad competente para que el Presidente de la República presente su mensaje anual, en sustitución de la Asamblea Nacional, por la situación de desacato en que esta se encuentra. Debemos reiterar que ninguna norma de la Constitución le otorga la potestad de ejercer las funciones del Poder Legislativo. Con esta sentencia, en definitiva, la Sala Constitucional volvió a usurpar las funciones de control político que corresponden exclusivamente a la AN.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/enero/194892-03-11117-2017-17-0002.HTML