Abandono del cargo del Presidente de la República


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Sala Constitucional.

Recurso de nulidad. 

TSJ/SC Nº 7. Fecha: 26/01/2017.

Caso: Diputado Héctor Rodríguez presenta recurso de nulidad por inconstitucionalidad del acto parlamentario aprobado por la Asamblea Nacional el 09 de enero de 2017, titulado “ACUERDO SOBRE EL ABANDONO DE LAS FUNCIONES CONSTITUCIONALES DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA EN QUE HA INCURRIDO EL CIUDADANO NICOLÁS MADURO MOROS”.

Decisión: Se declara INADMISIBLE la acción de nulidad propuesta, por haber operado la cosa juzgada.  Se FIJA con carácter vinculante que la figura del abandono del cargo a que se refiere el artículo 233 de la Constitución, se configura con la ocurrencia de tres elementos como lo son la voluntad de dejar el cargo de Presidente de la República, que no haya motivo o justificación, y que esa ausencia sea permanente y definitiva. Se declara que se ha producido una situación de facto en franca violación a la norma suprema, pues el 05 de enero de 2017, fue convocada la plenaria de la Asamblea Nacional con motivo de la elección de la Junta Directiva de dicho Cuerpo Legislativo, en cuyo acto la mayoría parlamentaria opositora al Gobierno Nacional, sin haber acatado previamente los mandamientos de las Salas Electoral y Constitucional de este Máximo Tribunal, postuló y eligió una ilegítima nueva Junta Directiva de la Asamblea Nacional, cuyos actos son nulos de nulidad absoluta, derivada del permanente desacato en que se encuentra la Junta Directiva designada el 5 de enero de 2016, como se declaró en sentencia número 02 del 11 de enero de 2017.

La Sala expuso:

“Sin embargo, estando en ejercicio del período constitucional para el cual fue electo democráticamente (2013-2019), el Poder Legislativo Nacional ha dado por medio de actos parlamentarios írritos un atentado al orden democrático y constitucional, al estar al margen de la Carta Magna, de las decisiones del Máximo Tribunal de la República, al iniciar un supuesto juicio político y ahora bajo el velo de un supuesto abandono del cargo del Jefe de Estado, con el fin último de deslegitimar y por último “destituir” al Presidente de la República pese a las órdenes de cese dictaminadas por éste Máximo Tribunal.

Es por ello, que esta Sala Constitucional declara que el procedimiento para determinar las faltas absolutas del Presidente de la República está contemplado en el texto fundamental en los artículos 233 y 234 antes transcritos, siendo uno de los supuestos de hecho, la muerte a la cual se refirió esta Sala en la sentencia citada supra, y otro, el abandono del cargo, declarado como tal por la Asamblea Nacional, el cual supone que en forma voluntaria, injustificada, absoluta y permanente, la persona se separe de forma física del cargo que ostenta y por tanto no realice las funciones inherentes al mismo, siendo esto un hecho objetivo, por lo que el pretendido abandono que aprobó el Poder Legislativo Nacional bajo el argumento de encontrarse “al margen del diseño y funciones constitucionales de la presidencia” resulta evidentemente inconstitucional, dado que no se han dado las circunstancias fácticas y elementos que genera el hecho objetivo de abandono del cargo siendo que las consideraciones subjetivas de una parte de los miembros del Poder Legislativo Nacional sobre la gestión presidencial no está prevista en el texto constitucional como falta absoluta para pretender aplicar la consecuencia jurídica que la misma acarrea, mucho menos para considerar que el Presidente Nicolás Maduro Moros ha abandonado el cargo, cuando contrariamente, se encuentra en el ejercicio continuo, permanente, pleno y absoluto de sus funciones en el ámbito nacional e internacional, lo cual se evidencia en los hechos notorios comunicacionales que dan cuenta de su amplio margen de acción ejecutiva y de su apego al texto Constitucional, como lo es incluso el mensaje a que se refiere el artículo 237 constitucional rendido ante este Alto Tribunal, conforme lo decidido en sentencia de esta Sala número 03, dictada el 11 de enero de 2017, caso: Nicolás Maduro Moros; por lo que la actuación de la Asamblea Nacional constituye un desconocimiento expreso y grave del mandato democrático emanado de la soberanía popular.  Así se decide.”

Comentario de Acceso a la Justicia: La Sala Constitucional, después de hacer un breve recorrido doctrinario y jurisprudencial -destacándose el acentuado uso de la enciclopedia libre electrónica Wikipedia-, procedió a delimitar las condiciones para que se produzca el abandono del cargo por el Presidente de la República como causal de falta absoluta, y en tal sentido estableció “que  supone que en forma voluntaria, injustificada, absoluta y permanente, la persona se separe de forma física del cargo que ostenta y por tanto no realice las funciones inherentes al mismo, siendo esto un hecho objetivo”.

En razón de lo anterior, la Sala sentenció que el abandono que aprobó el Poder Legislativo Nacional constituye “un desconocimiento expreso y grave del mandato democrático emanado de la soberanía popular”. En efecto, expresamente aseveró que “evidentemente inconstitucional, dado que no se han dado las circunstancias fácticas y elementos que genera el hecho objetivo de abandono del cargo siendo que las consideraciones subjetivas de una parte de los miembros del Poder Legislativo Nacional sobre la gestión presidencial no está prevista en el texto constitucional como falta absoluta para pretender aplicar la consecuencia jurídica que la misma acarrea, mucho menos para considerar que el Presidente Nicolás Maduro Moros ha abandonado el cargo”.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/enero/195578-07-26117-2017-17-0010.HTML

El despotismo judicial


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El despotismo judicial

El caso de la nacionalidad de Nicolás Maduro

Acceso a la Justicia hizo un estudio jurídico de la sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en que declara que el Presidente de la República es venezolano por nacimiento y no tiene otra nacionalidad.

Descarga nuestro estudio aquí.

La peor sentencia del año


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La peor sentencia del TSJ del año 2016

La nacionalidad del Presidente de la República

Si algo nos dejó en abundancia el año 2016 fue sentencias de la Sala Constitucional que van contra el ordenamiento jurídico vigente. Sin embargo, en Acceso a la Justicia nos propusimos el ejercicio de encontrar la que a nuestro juicio se lleva el premio a peor sentencia del año. Y la ganadora es, sin dudas, la n° 907 del 28 de octubre, donde se decide que Nicolás Maduro es venezolano por nacimiento y que no posee otra nacionalidad.

Lo primero que se puede resaltar de esta decisión es que llegó apenas nueve días después de introducido el recurso ante el máximo tribunal, un nivel de eficiencia sorprendente viniendo de la única sala del TSJ que ni siquiera tiene al día su cuenta (o libro diario). Lo más interesante es que al revisar todas las solicitudes hechas por el Presidente de la República a esa sala en el año 2016, encontramos que el promedio de respuesta es, precisamente, nueve días.

Pero no es solo eso, sino que el requerimiento que más tardó en ser respondido debió esperar apenas 15 días y que se llegó a dar el caso de una decisión tomada el mismo día en que fue introducido el recurso; por no hablar del hecho de que todos absolutamente se decidieron en favor del Presidente.

Podría argumentarse que esta celeridad está ligada a lo delicadas de las materias que maneja el Presidente, pero de ser esa la razón no se explica entonces que no exista la misma diligencia en los casos que se introducen en su contra, como por ejemplo el decidido en la sentencia 627 del mismo 2016, que tardó 2 años y 4 meses en ser declarado inadmisible.

Adicionalmente, el denominado “recurso innominado de control de constitucionalidad” no está previsto en la Constitución sino que es un invento de esa Sala, que originalmente fue utilizado para dejar sin efecto una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que con el tiempo se ha extendido casi indiscriminadamente hasta llegar ahora al control de las actividades de los diputados de la Asamblea Nacional. La diferencia del tipo de casos en que es usado este “recurso” hace evidente que no tiene contenido alguno, sino que es utilizado por la Sala a manera de “comodín” cada vez que lo necesita.

Lo más grave es que ni siquiera ignorando este defecto (nada menor) se acaban las irregularidades jurídicas en torno a esta sentencia. Pongamos tres ejemplos concretos que, junto con irregularidades adicionales, están explicados en profundidad en el análisis que Acceso a la Justicia realizó de este caso:

  1. En primer lugar, la decisión asegura que el recurso tiene carácter de “mero derecho”, es decir que no hay discusión sobre hechos, sino que basta el estudio del caso y su comparación con la normativa legal. Esto contrasta con el planteamiento del mismo Presidente que recurre al máximo tribunal para que se controlen los hechos realizados por un grupo de personas. Y la misma Sala reconoce esto sin decirlo abiertamente, pues a lo largo del fallo presenta distintas “pruebas”, a pesar de que en casos de “mero derecho” no existen hechos que probar.
  2. Esto nos lleva a nuestro segundo ejemplo: el ponente asegura que las pruebas presentadas son “incontrovertibles”, concepto que no existe en nuestro ordenamiento jurídico, pues existen mecanismos legales para cuestionar documentos públicos en cualquier proceso judicial.
  3. Como tercer y último ejemplo, hay que resaltar algo que es tan evidente como grave: en toda la sentencia la Sala no cita textualmente el documento más importante y fundamental en cualquier intento de demostrar la nacionalidad de una persona: la partida de nacimiento. De hecho, se limita a afirmar que Nicolás Maduro “nació en la ciudad de Caracas, para entonces, Departamento Libertador del Distrito Federal, parroquia la Candelaria, el 23 de noviembre de 1962”, sin dar otros datos relevantes al caso, como por ejemplo la nacionalidad de sus padres.

¿No parece raro que solo den “pedacitos” de la partida de nacimiento? ¿Por qué no la muestran completa? Incluso fue negado el acceso al expediente de este caso al Consultor Jurídico de la Asamblea Nacional, donde supuestamente debería estar esa partida de nacimiento. ¿Acaso el expediente judicial no es público, así como una simple partida nacimiento?

Puesto de otro modo, el TSJ violentó el Derecho y sus principios de diversas maneras en una sentencia que no tiene ninguna utilidad jurídica, pues para demostrar la nacionalidad de Nicolás Maduro bastaba con mostrar su partida de nacimiento, ¡y ni siquiera eso hace en el texto de la decisión! Esto confirma que definitivamente es la peor sentencia de todo el año 2016.

Y a ti venezolano, ¿cómo te afecta?

La sentencia 907 es, quizás, el ejemplo más claro de cómo el máximo tribunal de nuestro país ha abandonado completamente la búsqueda de la justicia a través del Derecho, que es su única razón de ser, para amoldarse a los deseos y necesidades del Presidente y su partido de gobierno.

Por la naturaleza e importancia de su cargo, el Presidente de la República tiene mucho más poder que cualquier ciudadano común, y es para balancear esta situación que la Constitución prevé otros poderes que deben hacerle contrapeso, y el Poder Judicial es clave para su control. Si esto no sucede pues se puede decir que el Poder Judicial se ha “encompinchado” con el Ejecutivo, y entonces, ¿quién va a defender los derechos y los intereses de los ciudadanos? ¿Qué clase de gobierno es aquel donde el Derecho vale solamente si beneficia a los amigos del gobernante? Todos sabemos las respuestas a estas preguntas.

Mensaje anual del Presidente es ante el TSJ


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Sala Constitucional. 

Interpretación constitucional. 

TSJ/SC N° 3. Fecha: 11/01/2017.

Caso: Presidente de la República presenta “DEMANDA DE INTERPRETACIÓN del artículo 237 del Texto Fundamental, en relación al desacato que mantiene la Asamblea Nacional frente al Poder Judicial y al orden constitucional”.

Decisión: Se resuelve la interpretación solicitada y se declara la omisión inconstitucional de la Asamblea Nacional. En consecuencia, se dispone que en esta oportunidad el Presidente de la República, ciudadano Nicolás Maduro Moros, debe rendir su Mensaje Anual al que se refiere el artículo 237 Constitucional ante el Tribunal Supremo de Justicia.

La Sala observó:

“Así pues, el Texto Fundamental crea una República en la que se proyecta que el Pueblo, titular de la soberanía, sustento y razón del ser del Estado y del Poder Público, participe de forma directa en los asuntos públicos y, por ende, reciba las cuentas públicas de sus representantes, ante todo, del máximo representante del Estado, de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y del Gobierno Nacional: El Presidente de la República (órgano principal de un sistema esencialmente presidencialista como el que caracteriza el sistema constitucional patrio).

En ello reside, en gran medida, la finalidad (telos) de la norma prevista en el artículo 237 constitucional, además del control político: único control que ejerce la Asamblea Nacional sobre el gobierno y la Administración Pública, en los términos desarrollados en las fuentes del derecho patrio y que, sobre la base de los principios de supremacía constitucional y legalidad, sólo acarrea las consecuencias previstas en la Carta Magna, las cuales, como puede apreciarse en la Constitución y en la sentencia n.° 9/2016 de esta Sala, no implican efectos sancionatorios sobre el Presidente de la República –menos bajo la pretendida aplicación de la institución del abandono o separación del cargo- (a diferencia de los efectos jurisdiccionales señalados, por ejemplo, en el artículo 266 eiusdem), pero sí sobre diversos servidores del Poder Ejecutivo Nacional (vid. supra).

Sin embargo, respecto de tal control político, la Asamblea Nacional ha venido generando, en los últimos meses, situaciones de desacato y vulneraciones al orden constitucional que han determinado su propia incapacidad para poderlo ejercer y, en fin, su deliberada abstención de desplegar válidamente el resto de atribuciones constitucionales, al punto de determinar omisiones como las que se evidencian en el presente caso, entre las que se encuentra presenciar el mensaje presidencial anual previsto en la norma sub examine, a pesar del mandato popular al parlamento y de su juramento para cumplir y hacer cumplir la Constitución (lo que implica canalizar sus pretensiones políticas dentro del orden más elemental que previamente se ha dado el Pueblo: La Constitución).

… 

Por tal razón, ante los lapsos previstos en los artículos 219 y 237 del Texto Fundamental, ante la omisión parlamentaria inconstitucional y ante la necesidad de restablecer la situación de anormalidad constitucional generada por la mayoría de diputados que integran la Asamblea Nacional en la actualidad, esta Sala dispone:

1.- Que en esta oportunidad el Presidente Constitucional y en pleno ejercicio de sus funciones, ciudadano Nicolás Maduro Moros, debe rendir su mensaje anual al que refiere el artículo 237 Constitucional, en el que dará cuenta de los aspectos políticos, económicos, sociales y administrativos de su gestión durante el año inmediatamente anterior, ante el Tribunal Supremo de Justicia, en transmisión conjunta de radio y televisión, para llegar a la mayor cantidad de venezolanas y venezolanos.

2.- Ordena la publicación de la presente decisión en la Gaceta Judicial y a la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Lo anterior no significa que se esté anulando, haciendo nugatorio o impidiendo el ejercicio de las competencias y atribuciones inherentes a la Asamblea Nacional, sino precisamente garantizando que las mismas sean desplegadas dentro del marco del ordenamiento constitucional, cuya garantía corresponde a este Máximo Tribunal, conforme a lo previsto en los artículos 266 y 336 Constitucionales.

En razón de todo lo anteriormente expuesto, esta Sala estima necesario reiterar en el presente fallo, que mientras la Asamblea Nacional continúe en desacato a las decisiones emanadas de este Alto Tribunal, todos sus actos resultan manifiestamente inconstitucionales y, por ende, absolutamente nulos y carentes de toda vigencia y eficacia jurídica,  incluyendo las leyes que sean sancionadas (ver sentencia de esta Sala n° 2/2017); sin menoscabo de la responsabilidad individual de los miembros respectivos de la Asamblea Nacional y de la naturaleza propia de la figura de la inmunidad parlamentaria prevista en el artículo 200 del Texto Fundamental y ampliamente sustentada en las fuentes del derecho (ver, entre otras, la sentencia de esta Sala n.° 612 del 15 de julio de 2016). Así se ratifica.”

Comentario de Acceso a la Justicia: Con ocasión de un recurso de interpretación constitucional, la Sala modificó lo establecido por la Carta venezolana para designar al TSJ como la autoridad competente para que el Presidente de la República presente su mensaje anual, en sustitución de la Asamblea Nacional, por la situación de desacato en que esta se encuentra. Debemos reiterar que ninguna norma de la Constitución le otorga la potestad de ejercer las funciones del Poder Legislativo. Con esta sentencia, en definitiva, la Sala Constitucional volvió a usurpar las funciones de control político que corresponden exclusivamente a la AN.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/enero/194892-03-11117-2017-17-0002.HTML

El TSJ dice y desdice sobre el juicio político


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El TSJ dice y desdice sobre el juicio político

En cuanto alguien comprende que obedecer
las leyes injustas es contrario a su dignidad como hombre,
ninguna tiranía puede dominarle.
Gandhi

Si nos cruzamos de brazos seremos cómplices de un sistema
que ha  legitimado la muerte silenciosa
Ernesto Sábato

El pasado 13 de diciembre de 2016, la Asamblea Nacional aprobó un acuerdo que declara la responsabilidad política del Presidente de la República “por la grave ruptura del orden constitucional y democrático, la violación de derechos humanos y la devastación de las bases económicas y sociales de la nación que ha llevado a cabo”. Esto genera otro choque más con el Poder Judicial que le había ordenado abstenerse de hacerlo, contradiciendo la opinión del mismo tribunal en el año 2002 (sentencia N° 1.338).

La Sala Constitucional del TSJ en sentencia N° 948 del 15 de noviembre de 2016 ordenó a la Asamblea Nacional abstenerse de llevar a cabo el procedimiento de declaratoria de responsabilidad política contra el actual  Presidente de la República, por considerar que el órgano legislativo se encuentra en desacato de las decisiones judiciales que suspendieron a los 3 diputados por el Estado Amazonas  por supuestas irregularidades cometidas en su elección.

Además, consideró que la AN incurrió en un falso supuesto de derecho pues (según la Sala) solamente se puede declarar la responsabilidad política de “funcionarios o funcionarias públicos” y esta categoría no incluiría al Presidente por una peculiar interpretación de los magistrados.

Al respecto vale la pena repasar, como recordó el profesor José Ignacio Hernández, el caso de la sentencia N° 1.338 del día fecha 25 de junio de 2002 en que la Sala reconoció, sin vacilación alguna, que la AN es la instancia competente para declarar la responsabilidad política del Presidente, como establece la Constitución de 1999.

Lo interesante de la referida sentencia, es que la Sala estableció que la responsabilidad política es imputable “…sólo a las máximas autoridades del Poder Ejecutivo, que son las personas que ocupan cargos de dirección política. De esta manera, cuando el órgano que declara la responsabilidad es el órgano parlamentario nacional (Congreso y ahora Asamblea Nacional) sólo puede ser declarado responsable en lo político el Presidente de la Republica y los Ministros, como órganos directos que son de aquél”.

De manera que en 2002 la Sala Constitucional sostuvo que el Parlamento tiene como función controlar la actuación u omisión de quienes están encargados de conducir al Estado, entre ellos, y especialmente al Presidente de la República, por ser el primer mandatario del país.

Adicionalmente, afirmó en aquel momento que el “…poder parlamentario no cesa con esa declaratoria de responsabilidad política, sino que ésta podría ir seguida de otras acciones, como la autorización para el enjuiciamiento del Presidente o el voto de censura a uno o varios ministros”.

Acceso a la justicia quiere alertar e insistir acerca de los peligros que se derivan de estas omisiones o cambios de criterios jurisprudenciales que están divorciados de la Constitución. Existen diversos ejemplos, pero recientemente nos hemos referido también a dos fallos contradictorios dictados por la Sala Constitucional en un mismo día sobre las manifestaciones pacíficas.

No es exagerado decir, una vez más, que esta actitud de la Sala busca, por un lado, defender y eximir de responsabilidad política al Presidente de la República; y, por el otro,  insistir en el desconocimiento de la soberanía del pueblo al haber electo una Asamblea Nacional que incomoda a los intereses de aquél al pretender ejercer las funciones de control político contempladas en la Constitución (artículo 222).

Acceso a la justicia ha alertado además sobre la construcción e implementación de un “nuevo” sistema jurídico paralelo al constitucional que busca modificar el sentido y alcance de la Carta Magna venezolana para beneficiar los intereses del Presidente de la República, al extremo de omitir, incluso contradecir, los criterios establecidos por la propia Sala en su jurisprudencia, situación que genera zozobra y, por tanto, inseguridad en la población venezolana, además de poner en duda el carácter democrático del régimen político actual.  Se trata del sistema establecido por el Plan la de la Patria que es distinto al de la Constitución y contrario al sistema de derechos humanos reconocido por las Naciones Unidas y ratificado por Venezuela.

Y a ti venezolano, ¿cómo te afecta?

Para nadie es un secreto que la Sala Constitucional ha asumido en los últimos meses  un rol cada vez más protagónico en la vida de los venezolanos. ¿La razón?  Que tenemos una crisis socioeconómica sin precedentes y la balanza de la justicia está constantemente inclinada a favorecer los intereses y la hegemonía del Ejecutivo Nacional y, por ende, cada vez más alejada de defender el ejercicio de las libertades y derechos de cada persona.

De tal manera que es cada vez más difícil para la población de este país acceder a un Poder Judicial que cumpla su rol, porque tal como ha quedado demostrado, solo escucha la “voz” del Poder Ejecutivo.

Es por ello que los venezolanos quedamos cada día más desamparados al no encontrar una válvula de escape para salir de la crisis que sufre el país y que sirva para rescatar la dignidad humana, últimamente negada con una “justicia al revés” que es administrada por un juez constitucional arbitrario y, además, con un gobierno cada vez más hegemónico que impide que se acaben nuestros padecimientos.

¡Otra vez! El TSJ avala la inconstitucionalidad de la prórroga del Estado de Excepción


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¡Otra vez! El TSJ avala la inconstitucionalidad de la prórroga del Estado de Excepción

“En efecto, un país se considera tanto más desarrollado
cuanto más sabias y eficientes son las leyes que
impiden al miserable ser demasiado miserable y al
poderoso ser demasiado poderoso”
Primo Levi

La Sala Constitucional no da tregua a los venezolanos. En esta ocasión con su sentencia N° 952 del 21 de noviembre de 2016 que avala, una vez más, la constitucionalidad de la prórroga del Estado de Excepción y Emergencia Económica, dictada según Decreto N° 2.548, de fecha 13 de noviembre de 2016 (G.O.E. N° 6.272) por el Presidente de la República; en él se extiende por 60 días más en el territorio nacional la vigencia del Decreto N° 2.452.

La Sala, coherente con su labor jurisprudencial desarrollada en los últimos meses,  defiende que el Presidente gobierne por decretos, “en virtud de que subsisten las circunstancias extraordinarias que afectan la estabilidad económica del país”, pese que la Asamblea Nacional se haya pronunciado negativamente respecto a dicha prórroga; desconociendo con esto una vez más el texto Constitucional.

Con esta sentencia se refuerza por un lado la intención de validar los poderes extraordinarios que se ha atribuido a sí mismo el Presidente de la República. Por otro lado, de quitarle a la Asamblea Nacional el control sobre los actos que emanan del Presidente, recurriendo al frágil argumento del desacato porque, pese a que los diputados renunciaron por escrito, la AN no ha hecho un acto formal de desincorporación.

Para la Sala Constitucional el Decreto N° 2.323, al igual que los anteriores, cumple con los principios y normas contenidas en la Constitución, en tratados internacionales sobre derechos humanos válidamente suscritos y ratificados por la República, y en la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción. De hecho, la Sala aplica en esta sentencia el mismo patrón para declarar la constitucionalidad del decreto en cuestión, pues los razonamientos que sustentan su decisión se fundamentan en hechos noticiosos reseñados por algunos medios de comunicación para justificar la emisión del acto del Presidente de la República.

Acceso a la Justicia advierte que con esta sentencia se continúa tratando de imponer la idea de que es “normal“ conducir al país a partir de este mecanismo excepcional, que está divorciado del marco constitucional porque, tal como ya se ha explicado en otras oportunidades, busca hegemonizar la figura del Presidente de la República al reconocerle la facultad para dictar medidas exorbitantes sobre la vida de las personas en su dimensión económica, social y política, medidas estas que hasta ahora han quedado fuera del control político que debe ejercer la Asamblea Nacional según lo previsto en la Carta Fundamental,  propiciando la arbitrariedad y el autoritarismo.

Debemos destacar que la aprobación o no del decreto de estado de excepción por parte de la Asamblea Nacional no es una mera formalidad, sino un verdadero control político al que la Constitución le otorga el poder de hacer cesar los efectos del decreto sometido a su consideración (artículo 338), de modo que cualquier interpretación contraria a esta disposición es opuesta también a la Constitución y genera en quien lo desconozca las responsabilidades correspondientes, como ha sido advertido ya varias veces por Acceso a la Justicia.

Finalmente, es importante insistir en que la declaratoria de un estado de excepción en ningún momento conduce a desconocer los principios que impone el Estado de Derecho (como hace la Sala) ya que son esenciales para la existencia de la democracia de un país y, por ende, garantía de los derechos constitucionales de los ciudadanos.

Y a ti venezolano ¿cómo te afecta?

¿Podrán vivir los venezolanos en un constante estado de excepción, a pesar que hasta ahora solo ha agravado su situación? ¿Hasta cuándo ejercerá el Presidente de la República poderes ilimitados?  ¿Algún día ejercerá la Sala Constitucional su verdadera misión? Estas son preguntas que todos hemos de hacernos.

Es verdaderamente preocupante que el guardián del texto constitucional busque callar al parlamento y evitar sus controles respecto al estado de excepción, pues en condiciones excepcionales resulta doblemente importante supervisar que el ejecutivo no utilice su poder para atropellar a los ciudadanos.

Ya lo hemos dicho, sin derechos y sin justicia no hay límites al poder, y un poder ilimitado deja al ciudadano indefenso frente a los caprichos de quien gobierna.

Presidente sin control


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Presidente sin control

“La democracia es el gobierno del pueblo,
por el pueblo, para el pueblo”
Abraham  Lincoln

Pocos días después de adoptar la decisión que declara que la Asamblea Nacional no puede investigar a PDVSA ni a su expresidente, la Sala Constitucional, en sentencia N° 948 del 15 de noviembre de 2016, le ordenó también abstenerse de llevar a cabo el procedimiento de declaratoria de responsabilidad política del Presidente de la República.

Ante todo es importante advertir que, si bien la mencionada sentencia fue el resultado de una acción de amparo constitucional, presentada por el Procurador General de la República contra el acuerdo del órgano legislativo para iniciar un juicio político en contra del Presidente de la República, la Sala Constitucional (por iniciativa propia) modificó la naturaleza de la referida acción calificándola como una “acción de protección constitucional”. Esta figura procesal no está contemplada expresamente en la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, ni en ninguna otra norma jurídica. En estos casos, el Tribunal Supremo de Justicia no debería siquiera admitir la acción presentada porque él, como todo poder público, puede actuar solo si la ley lo prevé, no cuando lo considere y de la manera que le parezca.

Hecha esta aclaratoria, que muestra las atribuciones que se toma el Tribunal Supremo de Justicia sin previsión legal alguna, es preciso indicar cuáles fueron las razones alegadas por el despacho del Procurador para presentar su acción y, en tal sentido, Acceso a la justicia  las ha resumido de la manera siguiente:

  1. La Asamblea Nacional incurrió en un falso supuesto de derecho al acordar la apertura de un juicio de responsabilidad política al Presidente de la República porque, para declararla, el artículo 222 de la Constitución  se circunscribe solo a los “funcionarios o funcionarias públicas”; categoría esta que está en la Ley del Estatuto de la Función Pública, la cual establece que los funcionarios públicos serán de carrera o de libre nombramiento o remoción (art.19), no incluyéndose en ningún caso al Presidente de la República. Además, que la Ley sobre el Régimen para la Comparecencia de Funcionarios y Funcionarias Públicos y los y las particulares ante la Asamblea Nacional o sus Comisiones, de conformidad con lo establecido en la Constitución y la Ley del Estatuto de la Función Pública, no incluye dentro de su articulado que el Presidente de la República pueda ser objeto de este mecanismo de control político.
  1. El órgano legislativo nacional cometió el vicio de la usurpación de funciones, que acarrea la nulidad absoluta del acto porque requería del concurso del Poder Ciudadano, cosa que no tomó en cuenta el acuerdo impugnado y que al involucrar a otro Poder Público, convierte a la incompetencia en una verdadera usurpación de funciones.
  1. El acuerdo evidencia desviación de podergrave exceso en el ejercicio de las funciones de control que la Constitución ha otorgado a la Asamblea, “órgano que no ha atinado en comprender el funcionamiento del control de poder dibujado en la Constitución como un mecanismo de pesos y contrapesos que alcanza la “circularidad” entre los cinco Poderes, impidiendo a cada uno de ellos que, por sí solo, pueda suprimir o anular a otro, u otros.
  1. La amenaza de la Asamblea Nacional de “desestabilizar el sistema democrático venezolano”, acudiendo a erróneas e improcedentes interpretaciones de la normativa constitucional, con el único fin de hacerse con “el Poder” y “desplazar al Poder Ejecutivo legítimamente constituido”.

Todo lo anteriormente señalado fue resuelto por la Sala Constitucional argumentando (una vez más) que la AN se encuentra en rebeldía desde que incorporó a los diputados opositores del estado Amazonas, suspendidos por la Sala Electoral; por lo que el acuerdo fue dictado en evidente desacato a los fallos emitidos por el máximo tribunal del país en “flagrante violación a la garantía del derecho constitucional a la tutela judicial eficaz, derivada de la falta de acatamiento de órdenes contenidas en varias decisiones judiciales”.

En tal sentido, advirtió que ese desacato generará las responsabilidades y sanciones necesarias para garantizar la eficacia de la Constitución. Además, afirmó que es un hecho notorio comunicacional que diputados de la mayoría de la AN han convocado a acciones de calle “con consignas contrarias a principios y valores democráticos que consagra nuestro Texto Fundamental, así como evidentemente perturbador del diálogo que ha sido convocado desde el Poder Ejecutivo”. Por tal razón, prohibió a los diputados convocar y realizar actos que alteren el orden público, instigaciones contra autoridades y Poderes Públicos, así como otras actuaciones al margen de los derechos constitucionales y del orden jurídico.

En vista de lo anterior, la Sala dedicó la sentencia a llamar la atención a la Asamblea Nacional -una vez más-, pero omitió toda referencia a la responsabilidad política del gobierno y especialmente, del Presidente de la República. ¿Esto significa acaso que el Presidente de la República es irresponsable políticamente frente a la Asamblea Nacional? ¿O que el Presidente está exento del control de la Asamblea Nacional? ¿O es que el Presidente es irresponsable políticamente?

Al respecto, Acceso a la Justicia advierte que la responsabilidad política, cuya declaratoria es exclusiva y excluyente de la Asamblea Nacional, es un mecanismo institucional del control parlamentario sobre el gobierno y la Administración Pública, cuya máxima autoridad es el Presidente. En ese sentido, se encuentra regulada en los artículos 187, numerales 3 y 10, 222 y 223 de la Constitución. Más allá, la propia Sala en la sentencia Nº 9 de este año reconoce esa potestad de control de la Asamblea Nacional respecto del Presidente de la República, aunque la limita respecto a otros órganos que no forman parte del Ejecutivo Nacional.

Para Acceso a la Justicia, en este caso la Sala Constitucional transformó de manera definitiva con esta sentencia el rol que tiene asignado en la Constitución y en las leyes como órgano judicial garante de la constitucionalidad de los actos, al establecer que el poder no tiene control.

Adicionalmente, la sentencia N° 948 refleja, una vez más, la inconsistencia en los argumentos jurídicos de esa Sala con tal y proteger y beneficiar a los intereses del Presidente de la República; sin importar que esta reiterada actitud profundiza la crisis que vivimos los venezolanos y el conflicto entre los poderes Legislativo y Ejecutivo, en lugar de resolverlo.

Y a ti venezolano, ¿cómo te afecta?

Es difícil afrontar la inacabable lucha entre los poderes públicos, más aún cuando la instancia de la Sala Constitucional, que es la encargada de resolverla, solo se dedica a profundizar la lucha de poderes y seguir desconociendo a la Asamblea Nacional -representante legítimo de la voluntad popular.

Esta lamentable “historia sin fin” contribuye a profundizar la crisis que vivimos los venezolanos en nuestro día a día, y alimenta la desesperanza de quienes sienten que la dirigencia política no se ocupa sino de ella misma. Lo más grave es que mientras se siga institucionalizando no cumplir con la Constitución, no habrá derechos para los venezolanos, ni acceso a la justicia en esta crisis profunda que vivimos, y que es producto de políticas de impunidad, descontrol económico y presupuestario y desorden institucional, entre otros aspectos. Solo la vuelta al Estado de Derecho y a la institucionalidad puede incentivar la producción y la prosperidad; sin ello seguiremos en crisis, y cada vez peor.

Adiós al Estado Federal y descentralizado


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Adiós al Estado Federal y descentralizado

“No puede haber una sociedad floreciente y feliz cuando
la mayor parte de sus miembros son pobres y desdichados”
Adam Smith

Pocos días después de que fuera publicada la sentencia N° 814, mediante la cual la Sala Constitucional establece que ella aprobará el presupuesto nacional de 2017 en vez de la Asamblea Nacional, el Ejecutivo Nacional amenazó con privar de recursos a los estados y municipios que no firmaran un acuerdo de aceptación de esa sentencia; estableciendo un requisito no previsto en ley alguna, ni en la Constitución.

Este pedimento del Ejecutivo Nacional se divorcia del cuerpo y espíritu de la Constitución al vulnerar el llamado Situado Constitucional, que se trata de una asignación de recursos económicos que deben estar previstos obligatoriamente en el presupuesto nacional y que pertenecen a los estados de acuerdo con los porcentajes establecidos de forma expresa en el artículo 167.4 del Texto Fundamental.

La solicitud del Ejecutivo Nacional también desconoce el Situado Municipal previsto en el numeral 4 del artículo 179 de la Constitución, que es el ingreso ordinario de los municipios.

Al ser el Situado Constitucional y el Situado Municipal los ingresos de mayor significación para estas entidades territoriales, al someter el Presidente de la República su asignación al requisito mencionado atenta contra la autonomía de los estados y municipios, lo cual viola el artículo 4 de la Constitución que consagra un Estado Federal descentralizado. Además del principio de legalidad que exige que los poderes públicos solo actúen según lo que determinan y le facultan las normas, y no lo que crean.

Esta decisión del Presidente también viola las leyes en la materia aprobadas por la Asamblea Nacional cuando estaba controlada por el partido de gobierno, tales como la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y Sistema Nacional de Control Fiscal; la Ley Contra la Corrupción; la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público; la Ley Orgánica del Poder Público Municipal; la Ley Orgánica para la Descentralización, Delimitación y Transferencias de Competencias del Poder Público,  entre otras.

A esto hay que añadir que, tal como Acceso a la justicia dejó asentado en su oportunidad, el control ejercido por la Asamblea Nacional es un elemento clave en materia presupuestaria, pues busca impedir que el Ejecutivo Nacional atente contra los parámetros y límites que establecen la Constitución y las leyes para la elaboración del presupuesto del país. Así, de esta manera lograr alcanzar el bien común, uno de los fines primordiales del Estado.

De más está decir que con este fallo la Sala invadió nuevamente las competencias de la Asamblea Nacional para la discusión y aprobación del proyecto de ley de presupuesto, que están establecidas en los artículos 137, numeral 6, y del 311 al 315 de la Constitución.

Ante esta situación resulta obvio que es contrario al bien común monopolizar los recursos previstos en el presupuesto solo a los intereses Presidente de la República, sin tomar en cuenta lo dispuesto en la Constitución.

¿Y tú venezolano, qué puedes hacer?

Es muy alarmante que el Presidente de la República, amparado por la Sala Constitucional, maneje el dinero de todos los venezolanos sin ningún control, desconociendo los límites y exigencias impuestos por la Constitución, incluso los contemplados en instrumentos legales.

La tarea a acometer no es fácil, vista la manera en que están actuando la Sala Constitucional y el Presidente de la República, y la “muerte” que le han declarado a la Asamblea Nacional y ahora también a los estados y municipios, con lo cual afectan además los derechos políticos de los venezolanos al tener todos estos órganos representantes de elección popular.

El TSJ “confirma” que Nicolás Maduro es venezolano


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El TSJ “confirma” que Nicolás Maduro es venezolano

“La continuación de la autoridad en un mismo individuo
frecuentemente ha sido el término de los gobiernos democráticos.
Las repetidas elecciones son esenciales en los sistemas populares,
porque nada es tan peligroso como dejar permanecer largo tiempo
en un mismo ciudadano el poder. El pueblo se acostumbra a
obedecerle y él se acostumbra a mandarlo; de donde se origina
la usurpación y la tiranía”
Simón Bolívar

El pasado viernes por la noche el país fue sorprendido con la publicación de la sentencia N° 907, en que la Sala Constitucional declaró que el Presidente de la República, el ciudadano Nicolás Maduro Moros, “es venezolano por nacimiento”.

Al hacerlo, la Sala no solo admitió una acción no prevista en la normativa jurídica del país: “Acción Innominada De Control De La Constitucionalidad de las normas previstas en los artículos 41 y 227 del Texto Fundamental”, sino que declaró en su sentencia que se trata de un asunto de “mero derecho”.

El efecto práctico de esto es que no permite que se abra la posibilidad de un lapso probatorio, porque el Derecho no se prueba, sino los hechos. Cuando, en cambio, precisamente en este caso se trata de un asunto de hecho: determinar si el Presidente es venezolano por nacimiento y no tiene otra nacionalidad -que es lo que le exige la Constitución para poder ser elegido para ese cargo en su artículo 41.

A esto hay que añadir que la Sala Constitucional, para garantizar aún más que no haya cuestionamiento de ese hecho, declaró la partida de nacimiento del Presidente un documento “incontrovertible”, figura no existente en el Derecho, con lo cual resulta imposible su impugnación.

Como explica la jurista María Alejandra Correa:

“La Sala Constitucional no se refiere a que no fueron controvertidos, mal podían haber sido controvertidos cuando no dio oportunidad para el control de la prueba. Lo que afirma la Sala Constitucional es que los documentos en que se fundamentó son incontrovertibles, con lo cual pretende que el acta de nacimiento no podía, ni podrá en el futuro, ser objeto de una tacha”.

Eleva el acta de nacimiento del Presidente a una nueva categoría de prueba documental. (Resaltado nuestro).

Siguiendo la misma línea de pensamiento, la Sala Constitucional advirtió que las investigaciones adelantadas por la Asamblea Nacional sobre la nacionalidad de Nicolás Maduro son infundadas y temerarias, y además que: “podrán acarrear las correspondientes consecuencias penales, civiles, administrativas y, de ser el caso, disciplinarías”.

Adicionalmente hay que destacar que, pese a que desde el cuarto párrafo de la motivación del fallo se dice y se repite que el Presidente es venezolano por nacimiento, nada se dice sobre las consecuencias que acarrearía el hecho de que alguien sea hijo de colombianos y eso le dé derecho a esa nacionalidad; pues en tal situación esa persona, si quiere ser Presidente de la República, debía renunciar incluso al derecho a tener esa nacionalidad antes de postularse. Este silencio de la Sala dice mucho.

No es de extrañar en vista de las anteriores consideraciones que la Sala haya concluido en su sentencia lo siguiente:

“…que el Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, ciudadano Nicolás Maduro Moros, es, en efecto, ciudadano venezolano por nacimiento que no posee otra nacionalidad (…) nació en la Ciudad de Caracas, para entonces, Departamento Libertador del Distrito Federal, Parroquia la Candelaria, el 23 de noviembre de 1962; y que, en fin, ha cumplido y cumple con los requisitos señalados en los artículos 41 y 227 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, para ejercer el cargo de Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela” (Resaltado nuestro).

Acceso a la Justicia debe destacar ante todo que esta sentencia limita todavía más las funciones de control de la Asamblea Nacional, ya muy mermadas. Luego que con esta sentencia, el juez constitucional ya no sólo legisla como en otras sentencias, sino que ahora también funge como una suerte de “registrador” o “notario”. ¿Hasta dónde llegan las competencias de la Sala Constitucional? Al respecto recomendamos ver el artículo de José Ignacio Hernández sobre este particular.

Para concluir Acceso a la Justicia debe resaltar también que, con esta sentencia, la Sala Constitucional se adelanta a cualquier recurso que se pueda intentar contra la ausencia del requisito de la nacionalidad venezolana por nacimiento por parte del Presidente o por su doble nacionalidad.

¿Y tú venezolano, qué puedes hacer?

Es muy grave para un país que los jueces pierdan su rumbo y más aún cuando lo hace el juez constitucional, como es la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, porque ya no solo no defiende la integridad de la Constitución según lo que esta ordena (artículo 334), sino que además defiende al Poder en vez que a los ciudadanos, violando para ello el ordenamiento jurídico, su propio mandato constitucional e inventando recursos y figuras jurídicas que no existen para justificar mediante el Derecho. Esto no es válido desde ese punto de vista, con lo cual muestra su carácter político y no técnico.

Sobre esta base urge la denuncia sin descanso de sentencias como esta, que atentan contra cualquier requisito mínimo de legalidad en un país, usándola como medio para justificar lo injustificable: que el propio Presidente viole las condiciones para serlo. Sin embargo, no es de extrañar esta situación en vista que los magistrados tampoco las tienen en su mayoría. Lo que sí resulta preocupante es que en un país se tenga que hacer lo que dicen magistrados que en realidad no lo son.

La Sala Constitucional declara que Nicolás Maduro es venezolano


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Sala Constitucional.

Acción de control de constitucionalidad.

TSJ/SC N° 907. Fecha: 28/10/2016.

Caso: Presidente de la República solicita aclarar las dudas existentes acerca de su nacionalidad para ejercer la titularidad del cargo presidencial.

Decisión: La Sala declaró resuelta la acción, y para decidir observó:

“Finalmente, en base a los razonamientos de hecho y de derecho anteriormente plasmados, esta Sala Constitucional declara con lugar la presente solicitud de control de constitucionalidad y confirma que el Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, ciudadano Nicolás Maduro Moros, es, en efecto, ciudadano venezolano por nacimiento que no posee otra nacionalidad, tal como ha sido ampliamente acreditado a través de documentos oficiales e incontrovertibles expedidos por las máximas autoridades del registro civil venezolano (Consejo Nacional Electoral y Servicio Administrativo de Identificación), en los cuales se acredita con absoluta certeza que el prenombrado Jefe del Estado Venezolano, nació en la Ciudad de Caracas, para entonces, Departamento Libertador del Distrito Federal, Parroquia la Candelaria, el 23 de noviembre de 1962; y que, en fin, ha cumplido y cumple con los requisitos señalados en los artículos 41 y 227 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, para ejercer el cargo de Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela; quedando a salvo las acciones que correspondan en ejercicio de los derechos, deberes, principios y normas previstas en el ordenamiento jurídico, para hacer valer la responsabilidad constitucional, penal, civil y administrativa por los temerarios hechos señalados en la presente sentencia, junto a las declaratorias correspondientes. Así se decide.”

Comentario de Acceso a la Justicia: A partir de un recurso presentado por el presidente Nicolás Maduro Moros, la Sala Constitucional “confirma” que es ciudadano venezolano por nacimiento y no posee otra nacionalidad. Con esta sentencia se desnaturalizó el rol que tiene la Sala de órgano judicial encargado de controlar la constitucionalidad de los actos estatales, en los términos contemplados en el texto constitucional, en este caso por realizar funciones de jefe o registrador civil con la finalidad de dar certeza y veracidad a la partida de nacimiento del Presidente de la Nación. La Sala Constitucional no tiene competencia para pronunciarse sobre la nacionalidad de una persona y sobre todo, en vez de disipar las dudas sobre la nacionalidad de Nicolás Maduro, aumentó las mismas al negarse a transcribir el contenido del acta de nacimiento y de este modo ocultar la nacionalidad de los padres del mismos, precisamente uno de los hechos investigados por la Asamblea Nacional.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/octubre/191597-907-281016-2016-16-1017.HTML