Sentencia del TSJ abre debate sobre ampliar competencias a inspectorías del trabajo


Sentencia n.° 758 TSJ

Pocas veces una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), como la n.° 758 emitida por la Sala Constitucional el pasado 27 de octubre, desencadena tantos hechos contrarios al texto y la ley: no sólo confundió en su alcance, sino que fue usada para endilgar obligaciones que no incluye el fallo y se configuró en un elemento que prueba la ruptura del orden legal en el país.

trabajo-nota1La decisión se refiere a un amparo introducido por trabajadores de Cervecería Polar, que buscaba se ejecutara un reenganche ordenado por la Inspectoría del Trabajo que no fue admitido por el juez al considerar que el recurso no era idóneo para ese tipo de solicitud.

La Sala Constitucional, al revisar la sentencia del tribunal, ordenó que se admitiera el amparo por ser la única alternativa de los empleados ante la desobediencia del patrono para obtener de manera rápida y eficaz la restitución de la situación jurídica infringida.

Dentro del fallo, además, se planteó un obiter dictum, que es una afirmación que de pasada hace un tribunal en la decisión y que no tiene relación directa con el caso que se le presentó.

Específicamente en ese obiter dictum, la Sala esbozó la necesidad de que sea reformada la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (LOTTT), a los fines de otorgar a las inspectorías del trabajo competencias para ejecutar directa y forzosamente sus órdenes de reenganche y pago de salarios caídos.

El TSJ argumentó que si bien la LOTTT –aprobada en 2012– fue un importante avance en materia laboral, la misma podría complementarse con la ampliación o revisión de las potestades de las inspectorías del trabajo, de manera de lograr el efectivo cumplimiento de sus providencias administrativas, como las que ordenan el pago de salarios caídos de los trabajadores.

Para promover su planteamiento, la Sala resolvió enviar copia de la decisión a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), buscando que analice la posibilidad de reformar la Ley Orgánica del Trabajo.

Alcance verdadero

Conocida la decisión, se generaron reacciones y lecturas equivocadas que ameritan ser aclaradas.

trabajo-nota2En principio, con la sentencia surgió la tesis de que el TSJ está recomendando que la ANC faculte a las inspectorías del trabajo poder ejecutar forzosamente sus decisiones, por ejemplo, embargando el patrimonio de los patronos, cuando la decisión nada dice al respecto.

La decisión 758 lo que hace es ordenarle a la ANC que adelante una reforma de la LOTTT que facilite el cumplimiento de las decisiones de las inspectorías.

En este sentido, la sentencia representa una ruptura más del orden constitucional, ya que la Sala reconoce nuevamente la existencia de la ANC, que es un órgano ilegítimo e inconstitucional, por haber sido convocada sin el aval popular, y cuya elección violó los principios de la soberanía popular.

Preocupa así que el fallo retome la línea de desconocer las competencias constitucionalmente atribuidas a la Asamblea Nacional –que es el órgano facultado para dictar las leyes en Venezuela– y se las traspase a la ANC, cuya única misión, en el caso de que hubiera sido correctamente constituida, sería la de redactar una nueva Constitución, mas no reformar leyes existentes.

¿Y a ti venezolano, cómo te afecta?           

Si el TSJ, quien debe proteger la integridad de la Constitución y tus derechos (334), reconoce un órgano que violó tu soberanía por no haber sido electo por el pueblo y le atribuye la competencia para dictar las leyes que la Constitución le otorga a la Asamblea Nacional (electa por el pueblo en diciembre de 2015), entonces está violando tu derecho soberano a elegir a tus representantes y a que sean éstos, y no otros, quienes establezcan el ordenamiento jurídico del país.

Peluqueros bajo contrato de cuenta en participación no son trabajadores dependientes


Trabajadores Polar

Sala: de Casación Social

Tipo De Recurso: Casación

Materia: Laboral

Nº Sent: 987             Fecha: 08-11-2017

Caso: Amalia Rosa Baez y otro contra la Sociedad Mercantil PELUQUERÍA UNISEX EL SANCH, C.A. (SANDRO PELUQUERÍA) y OTROS

Decisión: PRIMERO: CON LUGAR el recurso de casación anunciado y formalizado por la parte demandada Peluquería Unisex el Sanch, C.A., contra la decisión proferida en fecha 17 de noviembre de 2016 por el Juzgado Superior Segundo del Trabajo de la Circunscripción Judicial del estado Lara. SEGUNDO: se ANULA la sentencia recurrida antes identificada. TERCERO: SIN LUGAR la demanda incoada por los ciudadanos Amalia Rosa Báez y José de Jesús Aguilar.

Extracto:

“En el presente caso, con la aplicación de las premisas desarrolladas en el test de laboralidad, se puede inferir lo siguiente: (…)

En ese contexto, del contrato suscrito voluntariamente entre las partes se evidencia que la infraestructura es aportada por la demandada para la explotación de la actividad relacionada con el ramo de la peluquería y la parte demandante aporta su industria y los elementos de trabajo; que el cumplimiento de un horario no es preestablecido por la empresa sino de mutuo acuerdo según las cláusulas contractuales; no se impartían órdenes e instrucciones, lo que denota la inexistencia del elemento de subordinación; no se observa que la demandada fijara los montos a cobrar por parte de los accionantes a sus clientes, sino que por el contrario se observa de las facturas de pago que los accionantes recibían los pagos y se retenía los impuestos correspondientes, repartiéndose entre las partes los márgenes de ganancia convenidos, por lo que los actores asumían los riesgos de sus servicios. Se deduce que no existió restricción de los accionantes en su margen de libertad para desarrollar su industria, ni que estuvieran sometidos a supervisiones ni controles, por lo cual no se constata la restricción del marco de autonomía de los accionantes.

Los demandantes prestaban servicios a una empresa que a su vez era franquiciada de la marca SANDRO; los contratos suscritos entre las partes son catalogados de naturaleza mercantil, en los mismos se estableció el porcentaje de ganancia entre las partes, ello es, el 55% para las demandantes y el 45% para la empresa demandada, vale decir, ambas asumían las ganancias y pérdidas en la explotación de la actividad del ramo de la peluquería; los clientes pagaban a favor de los demandantes, quienes elaboraban facturas con retención de impuestos y al final de cada mes eran distribuidas las ganancias entre la empresa y las accionantes.

En razón de lo determinado supra, esta Sala evidencia que en la relación que existió entre las partes no se encuentran presentes los elementos característicos de una relación de trabajo como son la ajenidad, el salario y la subordinación, ya que la parte demandada logró desvirtuar la presunción de laboralidad establecida en el artículo 53 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras y demostrar que la vinculación entre las partes era de naturaleza mercantil bajo la figura de contratos de cuentas en participación, en consecuencia, se declara que entre las partes no existió una relación  de trabajo.

(…)

En conclusión, con sustento de las consideraciones que anteceden y conforme a la valoración de las pruebas cursantes en autos, se declara sin lugar la demanda intentada (…) Así se decide.”

Comentario de Acceso a la Justicia: Es frecuente que la Sala Social en los casos complejos en los que es necesario determinar si el servicio personal prestado tiene carácter laboral o mercantil, aplica un inventario de indicios que permiten determinar de manera general, la naturaleza laboral o no de una relación jurídica discutida, también denominado test de laboralidad, el cual fue establecido por la Sala en sentencia N° 489 del 13 de agosto de 2002 (caso:FENAPRODO).

Voto Salvado: No tiene

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scs/noviembre/205026-0987-81117-2017-17-067.HTML

Sala Constitucional considera necesario reformar la “LOTTT”, con la finalidad de que se cumpla el reenganche de los trabajadores


Trabajadores Polar

Sala: Constitucional

Tipo De Recurso: Revisión

Materia: Laboral

Nº Sent: 758             Fecha: 27-10-2017

Caso: Recurso de revisión interpuesto por ALFREDO JOSÉ RIVAS en contra de la sentencia dictada el 9 de febrero de 2017, por el Juzgado Superior Cuarto del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia.

Decisión: HA LUGAR  la solicitud de revisión constitucional interpuesta. ANULA la decisión dictada el 9 de febrero de 2017, por el Juzgado Superior Cuarto del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia. ORDENA a otro Juzgado Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia pronunciarse sobre la apelación ejercida contra la decisión dictada el 25 de enero de 2017, por el Tribunal Sexto de Primera Instancia de Juicio del Nuevo Régimen y Procesal Transitorio del Circuito Judicial del Trabajo de la misma Circunscripción Judicial y ORDENA remitir mediante oficio, copia certificada de la presente decisión a la Asamblea Nacional Constituyente y al Presidente de la República Bolivariana de Venezuela a los fines que ponderen el contenido de este Obiter Dictum.

Extracto:

“Asimismo, esta Sala observa por notoriedad judicial que ante la imposibilidad de ejecutar eficazmente las providencias administrativas, los trabajadores acuden a interponer solicitudes de cumplimiento de las mismas ante los Juzgados de la jurisdicción laboral –cfr. Sentencias de la Sala Político Administrativa Nros. 278 del 29 de marzo de 2017, y N° 1026 del 28 de septiembre de 2017, entre otras–, pero la falta de ejecución de las providencias administrativas dictadas por la Inspectoría del Trabajo se erigen materialmente en una afectación de los derechos fundamentales de los trabajadores, tal como se señaló supra particularmente el derecho al salario al que tiene todo trabajador, el cual será inembargable y pagado periódica y oportunamente en moneda de curso legal, (artículo 91 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela), con lo cual cuando el trabajador que es beneficiario de una medida de protección dictada por un órgano competente como lo es la Inspectoría del Trabajo, no logra o se le priva por la negativa del patrono de pagar los salarios caídos y su reenganche en definitiva se le impide recibir oportunamente esos conceptos con lo cual se le vulneran sus derechos constitucionales.

Es por lo que considera esta Sala que la aplicación del artículo 512 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, si bien constituyó un importante avance en la materia, en las actuales circunstancias podría complementarse con la ampliación o revisión de las competencias legalmente establecidas a favor de las Inspectorías del Trabajo, con el propósito de establecer una normativa dirigida a lograr el efectivo cumplimiento de las providencias administrativas respectivas, pero particularmente aquellas que ordenen el pago de salarios caídos de los trabajadores, pues el derecho al salario afecta o incide directamente en la garantía de otros derechos fundamentales, ya que es por medio de este ingreso que el trabajador debe satisfacer sus necesidades básicas de alimentación, vivienda, salud, educación, entre otras, y en muchos casos no solo para sí mismo, sino también para su aquellos que dependen económicamente de él.

En ese contexto, si la jurisprudencia de este Alto Tribunal y la legislación vigente optó por otorgarle la competencia a las Inspectorías del Trabajo para la tutela inmediata de dichos derechos fundamentales, el ordenamiento jurídico debe articularse en orden al logro efectivo de tal cometido, estableciendo mecanismos legales idóneos mediante los cuales se le adjudiquen al Inspector facultades que permitan la efectiva materialización de actos administrativos dictados por él, lo cual considera esta Sala se podría alcanzar con una reforma legislativa que en el marco de la garantía del principio de legalidad desarrolle además de los procedimientos establecidos en la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, mecanismos que conlleven a forzar el cumplimiento mediante el apremio sobre el patrimonio de los patronos, como medio directo de ejecución forzosa de los actos administrativos que dictan las Inspectorías del Trabajo, los cuales perfectamente pueden coexistir con medios de ejecución subsidiaria –entre otros– como han sido los procedimientos de multa recogidos en la legislación vigente y derogada en la materia.

Por las consideraciones expuestas, esta Sala considera oportuno remitir mediante oficio, copia certificada de la presente decisión a la Asamblea Nacional Constituyente y al Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, a los fines que ponderen el contenido de este Obiter Dictum.”

Comentario de Acceso a la Justicia: La Sala Constitucional instó a la fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente a reformar la “LOTTT”, con la finalidad de hacer ejecutable los reenganches de trabajadores. En tal sentido, para mayor información sobre el contenido de esta sentencia y las opiniones de Acceso a la Justicia al respecto ir a: http://www.accesoalajusticia.org/wp/infojusticia/noticias/sentencia-del-tsj-abre-debate-sobre-ampliar-competencias-a-inspectorias-del-trabajo/

Voto Salvado: No tiene

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/octubre/204555-758-271017-2017-17-452.HTML

Boletín n.° 4. Del 4 al 11 de septiembre de 2017


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Barra libre para un festín con los salarios de altos funcionarios – Acceso a la JusticiaMemorias por la Vida – Un Mundo Sin Mordaza. Pretensión totalitaria anunciada: la regulación de redes sociales – Espacio PúblicoEnviada lista de presos políticos al Parlamento Europeo – Foro Penal VenezolanoComienzan los delitos electorales y aún no hay fecha para elecciones –Transparencia Venezuela. “Nuevas” medidas económicas: mayor corrupción, crisis y represión- Transparencia Venezuela. 

Boletin 4 Crisis en Venezuela

Barra libre para un festín con los salarios de altos funcionarios


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La sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) con la que se declaró nula la Ley Orgánica de Emolumentos, Pensiones y Jubilaciones de los Altos Funcionarios y Altas Funcionarias del Poder Público, que establecía los límites a las remuneraciones para este tipo de servidores públicos, pasó por debajo de la mesa.

Lo grave de dicha decisión radica en que abre la puerta a la arbitrariedad, a la opacidad, a la no rendición de cuentas y a que se desangre el presupuesto público con salarios que se niegan al resto de la población.

La ley fue aprobada por la Asamblea Nacional anterior con mayoría del chavismo y fue publicada en la Gaceta Oficial n.° 39.952 del 12 de enero de 2011. Tal instrumento legal se dictó en ejecución de lo dispuesto en el artículo 147 de la Constitución, cuyo segundo aparte señala expresamente que “La ley orgánica podrá establecer límites razonables a los emolumentos que devenguen los funcionarios públicos y funcionarias públicas municipales, estadales y nacionales”.

La normativa, como su nombre lo indica, limita las remuneraciones de los altos funcionarios del Estado y utiliza como base para ello el salario mínimo. Así, por ejemplo, el artículo 8 establecía como límite para el presidente, diputados, magistrados, fiscal general y ministros un salario que no podía ser mayor a 12 salarios mínimos, en el caso de viceministros 10 salarios y en el de gobernadores 9. Finalmente, para los legisladores estadales 8, para los alcaldes 7 y para los concejales, contralores municipales y síndicos 5 salarios mínimos.

Sin embargo, los topes no se quedaban allí; también se establecía que el bono vacacional tenía un límite de 45 días anuales y de 90 días para el de fin de año, y prohibía que los altos funcionarios tuvieran beneficios sociales “superiores en sus condiciones y alcance a los percibidos por los funcionarios públicos y funcionarías públicas de carrera”. Además, impedía el recibir cualquier clase de comisión por el ejercicio de sus funciones.

La solicitud vs. la decisión

Posteriormente, la legisladora estadal Neidy Rosal González (MUD-Carabobo) interpuso un recurso de nulidad contra los artículos 4 y 17 de la ley. Específicamente solicitó anular el artículo 4, pues si el funcionario ya tenía asignados los 8 salarios mínimos que imponía la ley, como en el caso de la demandante, no podía agregar otro ingreso, por cuanto se incluía dentro del concepto de emolumentos todo ingreso en dinero o en especie. Así, no era posible el beneficio del llamado cestaticket, aunque el mismo tenga un carácter social como lo establece el artículo 105, numeral 2 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras.

Por otro lado, pidió la nulidad del artículo 17 según el cual el aumento en el salario mínimo y su correspondiente impacto en la remuneración de los altos funcionarios tendría vigencia en el ejercicio fiscal del año siguiente en que se haya fijado el salario mínimo de referencia, con lo cual, a pesar de que el Presidente de la República hubiera establecido varios aumentos del salario mínimo, los legisladores estadales, como era el caso de la demandante, seguían devengando sus ingresos de acuerdo con el salario mínimo del año anterior y debían esperar al siguiente para verse beneficiados por lo ordenado por el Ejecutivo.

Hasta aquí las razones de la demanda interpuesta se limitaban a pedir el beneficio de cestaticket para los altos funcionarios y a que no se tuviera que esperar hasta el año siguiente para beneficiarse de los aumentos de salario mínimo del año anterior.

Para decidir sobre el primer aspecto de la petición, la Sala Constitucional declaró el asunto de mero derecho, sin explicar por qué lo estimó así, pues sólo indicó que es una “facultad discrecional”, obviando que aun en tal caso toda decisión debe estar debidamente sustentada y, en consecuencia, pasó directamente a sentenciar el fondo del asunto, sin que otras personas pudieran intervenir en el juicio o se promovieran o evacuaran pruebas. Precisamente es la consecuencia de que un juicio se declare de mero derecho.

Luego, la sentencia pasa a señalar que, aunque se solicitó la nulidad de dos artículos, la Sala Constitucional del TSJ estimaba que era necesario, sin indicar tampoco por qué, “determinar si la aplicación de la totalidad de la mencionada ley, infringe derechos constitucionales”. Así, tras citar los artículos constitucionales sobre diversos derechos de los trabajadores, y de indicar que la ley en cuestión debe “constituir un elemento que ayude a armonizar la remuneración de los funcionarios públicos con la situación económica del país y que sea acorde y justa con sus funciones”, señaló que el citado texto legal “unificó la remuneración de los funcionarios de alto nivel de todos y cada uno de los órganos nacionales, suponiendo una drástica disminución de la remuneración de los funcionarios o funcionarias de alto nivel”.

Esto último, que es un hecho (lo cual pone en evidencia que no se trataba de un juicio de mero derecho), no fue fundamentado por el TSJ pues no señala cuál es la base para llegar a tal conclusión y concluye que la unificación de remuneraciones constituye una violación de los derechos de los altos funcionarios, pues afecta la intangibilidad y progresividad de sus beneficios como trabajadores, además de constituir un “deterioro sistemático y continuo de la relación trabajo-salario, y además de los derechos adquiridos” (sin precisar cuáles).

A partir de estas generalidades, la Sala Constitucional concluye entonces que toda la ley (no sólo los dos artículos impugnados) “es inconstitucional, pues desconoce las remuneraciones que los funcionarios públicos nacionales, estadales y municipales han venido percibiendo, en aplicación de las leyes vigentes en su momento” y que además la ley de emolumentos “condujo a una clara depresión de los montos de las remuneraciones de los altos funcionarios del Estado, transgrediéndose la intangibilidad de los beneficios salariales” generándoles “una pérdida sustancial en la calidad de vida”.

Sin límites

Se debe señalar que no es cierto que el juicio fuera de mero derecho, pues ante la supuesta existencia de una depresión de los ingresos, esta debió ser probada. Para ello, habría que evidenciar que, aunque los montos de los salarios actuales tienen muchos ceros, y son mayores en número que los salarios de 2011, cuando entró en vigencia la ley, la inflación acumulada y, sobre todo, la capacidad de compra de la moneda ha bajado a niveles nunca vistos. Pero comentar sobre tales profundidades podría generar molestias que la Sala prefirió ahorrar, por ser todo ello consecuencia de la política económica y financiera gubernamental.

Por otro lado, lo que no tiene sentido alguno es que si el problema era con los montos a percibir o el hecho de que los aumentos tenían que esperar hasta el año siguiente, ¿por qué se anuló la ley entera?, ¿qué tienen que ver los límites a los bonos de fin de año o de vacaciones, o más aún con la prohibición de recibir comisiones? En fin ¿qué tiene que ver todo lo anterior con la prohibición de que los altos funcionarios tengan mejores beneficios que los demás funcionarios o trabajadores del Estado?

Lo antes expuesto es lo preocupante de la sentencia, y al mismo tiempo la explicación del silencio de “tirios y troyanos”, pues a partir de la nulidad del instrumento legal, con sus errores y virtudes, quedan sin límites las remuneraciones de los altos funcionarios del Estado, lo cual es especialmente preocupante en aquellos casos cuya percepción de ingresos propios les permitirá hacer lo que quieran con tales salarios sin tener que esperar el presupuesto del año que viene. Así, no será sorpresa que encontremos concejales de un municipio con 5.000 habitantes, con remuneraciones superiores al del Presidente de la República.

¿Y a ti venezolano, cómo te afecta?

Adicionalmente, esta nulidad dificultará una vez más la contraloría social, pues al existir dispares regímenes salariales los ciudadanos desearán saber cuánto gana su alcalde o su gobernador, y como ya ocurrió en el caso del Contralor General en 2010, la Sala dirá que eso no se puede informar por ser parte del derecho a la intimidad del funcionario. Es decir, al caos presupuestario se une la falta de transparencia: tormenta perfecta para el abuso.

Vale recordar que el TSJ no mostró la misma preocupación cuando el año pasado les negó a los pensionados el reclamo por el ticket alimentación, con el pretexto de la viabilidad económica que el Parlamento debió consultar primero con el Ejecutivo nacional. Viabilidad que por lo visto no hace falta para los altos funcionarios. ¿Esto es el socialismo del siglo XXI?

Si ha disminuido la calidad de vida de los funcionarios que ganan varias veces el salario mínimo, ¿qué les queda a nuestros pensionados y a la mayoría de los trabajadores que sólo devengan un único salario mínimo?

Formas de desvirtuar la presunción de laboralidad


JUSTICIA-NOTA

Sala: de Casación Social

TSJ/SCS Nº Sent: 722        Fecha: 04-08-2017

Caso: Demanda por cobro de prestaciones sociales interpuesta por José Luis Cadenas Rodríguez contra Asociación Civil Unión Barquisimeto y otro

Decisión: CON LUGAR el recurso de casación anunciado y formalizado por la parte demandada, ASOCIACIÓN CIVIL UNIÓN BARQUISIMETO, contra el fallo proferido por el Juzgado Superior Primero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del estado Portuguesa en fecha 21 de junio de 2016. ANULA el fallo anteriormente identificado y, SIN LUGAR la demanda incoada, por el ciudadano José Luis Cadenas Rodríguez. No hay condenatoria en costas dada la naturaleza de la decisión.

Extracto:

“De los elementos probatorios descritos y su análisis en conjunto surgen elementos suficientes que conllevan a concluir que la prestación del servicio laboral alegada en el libelo, pudo efectuarse, no para la Asociación Civil accionada, sino que eventualmente pudo configurarse con el propietario de la unidad de transporte, es decir, uno de los socios que integran la Asociación Civil, individualmente considerados.

En este orden de ideas, resulta necesario transcribir el contenido del artículo 53 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, que establece a la letra:

Artículo 53. Se presumirá la existencia de una relación de trabajo entre quien preste un servicio personal y quien lo reciba.

La norma en referencia consagra unos de los principios protectores que inspira al Derecho del Trabajo, como lo es la presunción de laboralidad, entendida como una herramienta de facilitación probatoria del trabajador que es desvirtuable por prueba en contrario, en ese sentido, la prestación personal del servicio a un empleador determinado, se configura como presupuesto indispensable para afirmar la existencia del contrato de trabajo.

Las consideraciones previamente expuestas, una vez adminiculadas con la doctrina de la Sala ut supra citada, permiten a la Sala precisar, no obstante la presunción de laboralidad establecida por efecto de la confesión relativa sin el debido análisis probatorio por parte del juez de alzada, que existen elementos en autos capaces de desvirtuar que el servicio haya sido prestada a la Asociación Civil Unión Barquisimeto, parte demandada en el presente juicio.

…OMISSIS…

Ahora bien, del análisis en conjunto de los elementos probatorios descritos y valorados, esta Sala tiene como un hecho cierto que el afiliado de la Asociación Civil Unión Barquisimeto, Freddy Pérez, según consta de la copia fotostática del Acta de Asamblea Ordinaria del referido ente, traída al proceso por la parte actora –folios 27 al 30 pieza 1 del expediente–, asumiendo el carácter de empleador, suscribió un contrato de trabajo con el accionante, a quien se le canceló prestaciones sociales y demás beneficios de trabajo derivado del contrato laboral, por el servicio prestado en los vehículos utilizados como unidades de transporte público, propiedad del empleador, antes identificado.

Bajo esa óptica, considera la Sala relevante citar el criterio sostenido en casos análogos al que se analiza, en el cual se determinó lo siguiente:

(…) el actor no logró demostrar la forma en que realizaba su actividad, quién supervisaba su trabajo, el tiempo y lugar de trabajo, forma de efectuarse el pago, la exclusividad, naturaleza del pretendido patrono etc., por lo que no se configuró la relación laboral alegada por el accionante en la presente causa.

Es decir, no existe en autos suficientes elementos probatorios que determinen que se han configurado los elementos de una relación de trabajo del actor con la accionada. Así y como antes se indicó, pudo haber quedado en cierta forma demostrada la prestación de servicios de forma ocasional, pero ello no se puede asimilar con una relación de trabajo, porque hay carencia de los otros elementos configurantes de la misma, como son, percepción de salario, la subordinación o dependencia y la ajenidad. La eventual relación sostenida entre el propietario del vehículo y el accionante resulta ajena a la situación que se verifica en el caso de autos entre la Asociación Civil demandada y quien presta sus servicios como chofer.

En tal sentido, analizada la prestación de servicios a la luz de los elementos que configuran la relación de trabajo, en el caso de una persona que preste sus servicios como avance -chofer que conduce un vehículo que presta servicios en el transporte público terrestre, sin tener la titularidad o propiedad del mismo- no se configura una relación de trabajo entre éste y la sociedad que preste servicios de transporte público, en todo caso y como se indicó en la audiencia pública y oral, habría una relación laboral entre el trabajador demandante y el propietario del vehículo.

En consecuencia de todo lo anteriormente expuesto al no existir una relación laboral entre el avance y la Asociación Civil aquí demandada, se declara sin lugar la demanda. Así se resuelve. (Sent. N° 337 de fecha 7 de marzo de 2006 (caso: Carlos Abelardo Sanabria Torres contra “Unión de Conductores San Antonio”) (Resaltado de la presente decisión).

El criterio jurisprudencial parcialmente transcrito, ha sido ratificado en diversas sentencias de esta Sala, entre otras en la N° 504 de fecha 10 de marzo de 2006 (caso: Rómulo Amado Delgado contra Cooperativa A.C. Mixta Los Tacariguas, R.L.) y en la N° 530 del 10 de julio de 2013 (caso: Rafael Marcano contra Unión Conductores Palo Alto -Santa Rosa y otro).

En el caso bajo estudio, conforme con lo expuesto, visto que en el escrito libelar además de alegarse la prestación del servicio personal a la Asociación Civil demandada, no se efectuó afirmación alguna con relación a la forma en que se realizaba la actividad, quién supervisaba el trabajo, cómo fue la forma de efectuarse el pago, como se materializó la exclusividad, entre otras características de la prestación del servicio y, constatado como ha sido que un socio del ente accionado fungió como empleador, cabe ratificar en el caso de marras que en el supuesto de que una persona preste sus servicios como avance –y chofer que conduce un vehículo que presta servicios en el transporte público terrestre, sin tener la titularidad o propiedad del mismo– no se configura una relación de trabajo entre éste y la sociedad que preste servicios de transporte público, en todo caso habría una relación laboral entre el trabajador demandante y el propietario del vehículo.”

Comentario de Acceso a la Justicia: La Sala ratifica su criterio según el cual, en los casos de prestación de servicio de conductor de un vehículo de transporte público por quien no es el propietario del mismo, se aplica la presunción de laboralidad con respecto a este y no con la empresa o asociación civil prestadora del servicio. 

Fuente:  http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scs/agosto/202021-0722-4817-2017-16-751.HTML

TSJ consideró justificado un despido por ofensa a Chávez


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La Sala Social del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), mediante sentencia del 3 de julio de 2017 consideró justificado el despido de un empleado de Movilnet – Cantv por “celebrar” junto a otros compañeros en el sitio de trabajo la muerte del expresidente, Hugo Chávez.

José Antonio De Barros presentó una demanda de indemnización por despido injustificado contra la estatal telefónica, ante el Juzgado Superior Séptimo del Trabajo de Caracas, instancia que declaró sin lugar el recurso el 26 de febrero de 2015. Posteriormente, el trabajador acudió al TSJ, cuya respuesta fue igualmente declarar sin lugar el recurso de casación contra la decisión del mencionado juzgado, que interpuso De Barros.

De Barros reclamó por la vía jurisdiccional la falta de pago de la suma que se le debía como consecuencia de la terminación de la relación de trabajo por despido sin justa causa, con la finalidad de que el tribunal le ordenara a las señaladas empresas el pago de dicha compensación. En Venezuela la ley permite que el trabajador reclame el pago de una indemnización ante los tribunales laborales en caso de que el patrono dé por terminada la relación de trabajo sin causa justificada, monto que es equivalente a sus prestaciones sociales, de conformidad con los artículos 77, b) y 92 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (LOTTT).

Por su parte, el patrono adujo que el empleado con otros compañeros había celebrado en la oficina el fallecimiento de Chávez, lo cual fue considerado como una falta al Código de Ética, pero no es una de las causas establecidas en la ley. Nuestra legislación laboral consagra que la relación de trabajo puede terminar por: despido, retiro, voluntad común de las partes o causa ajena a la voluntad de ambas. En caso de despido este puede ser justificado o no, según que el trabajador incurra o no en alguna falta legalmente establecida, de conformidad con los artículos 76, 77 y 79 de la ley, faltas que están clara y expresamente consagradas y que suponen un incumplimiento de las obligaciones laborales, en perjuicio del patrono o de sus bienes, del trabajo como actividad o de los demás trabajadores.

El proceso

Vale acotar además que el Tribunal de Primera Instancia del Trabajo que conoció, en primer lugar, de la demanda, la declaró improcedente pese a cumplir expresamente los requisitos de ley, con el argumento de que trataba de un trabajador de dirección que puede ser despedido sin causa que lo justifique.

Ante esa decisión, de Barros pidió la revisión y el Juzgado Superior que conoció, en segundo lugar, volvió a declarar improcedente la demanda, pero por otras razones: se consideró que había quedado demostrado que el trabajador con otros compañeros realizó la mencionada celebración, lo cual es contrario al contrato de trabajo, pues su conducta no es ética ni moral, además de ser una falta grave al respeto y consideración debidos al patrono, lo que hace su despido justificado, en conformidad con el artículo 79 a), c), i) de la ley. El tribunal concluyó además que la conducta del trabajador es “fascista, inhumana, antisocialista y anticomunista”.

Finalmente De Barros acudió al TSJ para que revisara los errores contenidos en la decisión del juzgado, pero en lugar de ello la Sala se limitó a dar unas explicaciones sobre las formalidades del recurso ejercido para luego rechazarlo. La Sala Social expuso que son improcedentes las denuncias de errores contenidos en la decisión, pues al dictarla el juez cumplió con la ley, aunado a ello, prosiguió la máxima instancia, De Barros en ningún momento negó su comportamiento, “lo que es contrario a las consideraciones mínimas debidas a todo ser humano y que justifica la terminación de la relación, por injuria o falta grave al respeto debido al patrono, conforme al artículo 79, c) de la ley”.

¿Y a ti venezolano cómo te afecta?

La sentencia de la Sala Social del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) perjudica gravemente el deber que tienen los tribunales, en general, y los laborales, en particular, de garantizar el cumplimiento de la Constitución y de la LOTTT, en relación con el derecho a la estabilidad en el trabajo –quizás el más importante-, así como la garantía que tiene todo trabajador de permanecer en su cargo, si no hay causas que justifiquen la terminación de la relación de trabajo, mediante decisiones que aseguren la protección efectiva de los mismos.

Además la garantía de estabilidad es indispensable para que se cumpla el derecho a la estabilidad de los trabajadores pues no basta que se reconozca tal derecho a los trabajadores, si luego el patrono puede violarlo sin que el trabajador tenga un mecanismo idóneo para solicitar la reincorporación a su puesto de trabajo o, en su defecto –como en este caso- pueda exigir una justa indemnización que constituya un eficaz freno contra los excesos de algún patrono.

Finalmente la decisión afecta la seguridad jurídica al interpretar como causa de despido por injuria o falta grave al respeto debido al patrono, hechos que objetivamente considerados no se corresponden con la relación de trabajo, pues en el futuro trabajadores y patronos, no sabrán a qué atenerse.

Supuesta burla a Hugo Chávez es calificada como causa justificada de despido


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Sala: de Casación Social

Tipo De Recurso: Casación

TSJ/SCS Nº Sent: 590      Fecha: 03-07-2017

Caso: José Antonio de Barros de Freitas contra Telecomunicaciones Movilnet, C.A. y otra

Decisión: PRIMERO: SIN LUGAR el recurso de casación anunciado y formalizado por la parte actora contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior Séptimo del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, el 26 de febrero de 2015 y; SEGUNDO: CONFIRMA la decisión recurrida. Se condena en costas del recurso a la parte actora, conforme a lo previsto en el artículo 59 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

Extracto:

Ahora bien, con relación al punto debatido la recurrida determinó:

Pues bien, respecto a esta circunstancia, vale indicar que el hecho denunciado como desencadenante del despido, fue debidamente probado por la demandada, toda vez que al analizarse la deposición del testigo Antonio José Veracierta Pérez (a la cual se le confirió valor probatorio), quien expresó que en horas del medio día del día 05/03/2013, previo al anuncio final de la muerte del Presidente de la República Hugo Chávez, cuando en Cadena Nacional fue anunciado el padecimiento de enfermedad que acaecía la máxima autoridad del País, inmediatamente comenzaron a surgir burlas en cuanto a la situación anunciada, y entre las personas que festejaban, emitían palabras no adecuadas para ese momento se encontraba el hoy accionante, y, adminicularse con la documental marcada “d”, cursante al folio 62 (a la cual se le confirió valor probatorio), de la cual se desprende comunicación suscrita por el ciudadano Francisco López Soto, en su condición de Gerente de Relaciones Laborales, Gerencia General de Gestión Humano de la Empresa Movilnet, de fecha 14/03/2013, dirigida al ciudadano José Antonio de Barros Freitas, donde, despiden al accionante, en virtud que el día de 05/03/2013, siendo aproximadamente las 5:30 pm, inmediatamente después de que el entonces Vicepresidente de la República hoy Presidente Encargado Ciudadano Nicolás Maduro Moros anunciara en Cadena Nacional el fallecimiento del Comandante Presidente Hugo Rafael Chávez Frías, usted, reunido con otro grupo de personas en el área de Logística Comercial, ubicada en el edificio de CANTV, Cortijos III, piso 3 expreso públicamente y de viva voz su jubilo y alegría ante tan lamentable noticia, quedó demostrado plenamente que el ciudadano José Antonio de Barros Freitas, con tal actuar, asumió una conducta no cónsona con las obligaciones que le impone el contrato de trabajo, pues no es ético ni moral, que durante la jornada de trabajo el accionante celebrara la muerte del Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, siendo que con ello cometió además una falta grave al respeto y consideración debidos al patrono y a sus representantes, lo que hace que se tenga al despido como justificado de acuerdo a lo previsto en el artículo 79 literales “a”, “c” e “i” de la Ley Orgánica del Trabajo, las Trabajadoras y Trabajadores, por tanto, se confirma la decisión recurrida, empero, con la motiva precedentemente expuesta. Así se establece. (Sic). (Destacado de la Sala).

(…)

En conexión con lo anterior, el respeto es un sentimiento positivo que se refiere a la acción de considerar, vale decir, equivalente a tener veneración, aprecio y reconocimiento por una persona, y, en tal sentido, es uno de los valores morales más importantes del ser humano, pues es esencial para alcanzar una armoniosa interrelación social, que implique ser tolerante con la persona que no piensa igual, con aquel que no comparte los mismos gustos o intereses, con quien es diferente o ha decidido diferenciarse y, ante la diversidad de ideas, opiniones y maneras de ser, éste representa un valor supremo en las sociedades modernas que aspiran a ser justas para garantizar una sana convivencia.

Ahora bien, el respeto no significa estar de acuerdo en todos los ámbitos con otra persona, sino que se trata de no discriminar y, más aun, de no ofender al prójimo por la manera de conducir su vida y sus acciones, siempre y cuando estas últimas no causen daño alguno, ni afecten o menosprecien a los demás.

Bajo ese hilo argumentativo, llama poderosamente la atención a esta Sala, que la parte demandante en su escrito de formalización del recurso de casación en ningún momento niega haber incurrido en el comportamiento hilarante del día 5 de marzo de 2013, sino que se limita a cuestionar el momento en que éste se produce, circunstancia que conlleva a esta Sala de Casación Social a inferir, que independiente del momento y lugar donde se desarrolle esa conducta -incluso cuando ésta se ocasionara fuera de la empresa o de la jornada de trabajo- se produce la pérdida de confianza del empleador, que como -elemento imprescindible del contrato de trabajo- justifica la terminación de la relación laboral, toda vez que la falta de respeto y compostura que debe mostrar todo trabajador en su labor cotidiana, provoca la falta de seguridad del patrono hacia éste, y permite que la mala fe se reproduzca también durante la ejecución de sus obligaciones laborales.

En consecuencia, al resultar el comportamiento desarrollado por el ciudadano José Antonio De Barros De Freitas -que como quedó demostrado se suscitó desde horas del mediodía del 5 de marzo de 2013- contrario a las consideraciones mínimas debidas a todo ser humano -respeto, amor al prójimo, entre otras- circunstancia que generan la pérdida de confianza del empleador hacia el trabajador y, que conforme fue supra expuesto justifica la terminación de la relación laboral, esta Sala de Casación Social colige, que la conducta del demandante producida el día 5 de marzo de 2013, se encuentre enmarcada dentro de la causal de despido justificado prevista en el literal c) del artículo 79 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, relativa a la injuria o falta grave al respeto y consideración debidos al patrono. Así se determina.”

Comentario de Acceso a la Justicia: La Sala de Casación Social del TSJ, determinó como causa justificada de despido para un trabajador de Movilnet (Filial del operador estatal CANTV), que el ex trabajador se hubiese presuntamente burlado del fallecimiento de Hugo Chávez. Determinando que dichos hechos encuadran en la causa justificada de despido del literal “c” del art. 79 LOTTT (Ofensa al patrono). Lo particular es que La Sala reconoce como patrono al fallecido Hugo Chávez, por ser el presidente de la República, cuando la empresa pertenece al “Estado” venezolano y en todo caso el presidente Chávez no era accionista u ocupaba algún cargo en la directiva de la empresa como patrono o representante del patrono, ejemplo: gerente supervisor del trabajador, no obstante repetimos se le reconoce como patrono, con lo cual se fija un precedente por el cual el actual presidente funge como “patrono” de todos los trabajadores que prestan servicio para empresas del Estado, o de capital del Estado.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scs/julio/200769-0590-3717-2017-15-345.HTML

Límite retroactivo para el cálculo de prestaciones sociales


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Sala: de Casación Social

Tipo De Recurso: Casación

TSJ/SCS Nº: 372      Fecha: 10-05-2017

Caso: Demanda por cobro de diferencia de prestaciones sociales interpuesto por Rafael Isnardi Braca Laya contra Bridgestone Firestone Venezolana, C.A.

Decisión: Con Lugar recurso de casación y se anula el fallo.

Extracto:

“La diferencia que pretende el demandante, la fundamenta en que, según alega, debió tomarse en cuenta todo el tiempo que duró la prestación de servicios, esto es, 31 años que calculados a razón de 60 días por año resultan 1.860 días, y como solo le pagaron 960 días, demanda una diferencia de 900 días, los cuales al multiplicarlos por su último salario integral de Bs. 4.862,62 diarios, resulta la cantidad de Bs. 4.376.358,00 de diferencia de antigüedad. Empero, del examen de la recurrida se desprende que al demandante le fue pagado en su oportunidad el corte de cuenta y la compensación por transferencia que ordena la Ley Orgánica del Trabajo de 1997, por lo que la antigüedad a considerar para el pago de sus prestaciones sociales debe excluir el período transcurrido desde la fecha de inicio de la relación de trabajo hasta la entrada en vigencia de la mencionada Ley, es decir, hasta la fecha del corte de cuenta; de este modo el cálculo arroja una antigüedad de 16 años, lo que da el derecho al pago de 960 días de salario, como efectivamente le fueron pagados al trabajador demandante.

Así las cosas, considera la Sala que la sentencia incurrió en el vicio delatado al condenar la alzada el pago de 900 días con fundamento en un supuesto error de cálculo en que habría incurrido el empleador al pagar, cuando ese supuesto error no fue alegado por el demandante, pues como se determinó anteriormente el fundamento de la pretensión es la discriminación de que habría sido objeto el ciudadano Rafael Braca con respecto a otros trabajadores.

Por las razones expuestas, se declara procedente la denuncia. Así se decide.”

Comentario de Acceso a la Justicia: Estableció la SCS/TSJ que aunque el trabajador tenga 31 años de antigüedad a los efectos del cómputo de su liquidación o pago de prestaciones sociales (sistema retroactivo) artículo 142 literal “c”, se aplica como fecha para el inicio de la antigüedad el 19 de junio de 1997, por ser la fecha de transición del sistema de cambio de prestaciones sociales (antes antigüedad) y que en todo caso para esa fecha ya se debió liquidar o pagar la antigüedad correspondiente a los años o tiempo anterior al 19/06/97.

La aplicación del Sistema Retroactivo tiene como límite de re-cálculo la fecha 19/06/1997, así lo establece la LOTTT en su Disposiciones Transitorias Segunda, Sobre las prestaciones sociales: numeral 2 LOTTT.- “El tiempo de servicio para el cálculo de las prestaciones sociales de los trabajadores activos y trabajadoras activas al momento de la entrada en vigencia de esta Ley, será el transcurrido a partir del 19 de junio de 1997, fecha nefasta en que les fue conculcado el derecho a prestaciones sociales proporcionales al tiempo de servicio con base al último salario”. No existe aplicación o re-cálculo sobre antigüedad anterior a junio/97 debido a que se supone que todos los patronos pagaron el corte ordenado en las disposiciones establecidas en la reforma de dicha fecha

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scs/mayo/198623-0372-10517-2017-16-734.HTML

    

Interpretación de aplicación de la norma sobre vacaciones colectivas


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Sala de Casación Social.

Recurso de interpretación. 

TSJ/SCS N° 1402. Fecha: 16/12/2016.

Caso: TUBERÍAS RÍGIDAS DE P.V.C., C.A. (TUBRICA) interpuso recurso de interpretación del artículo 191 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras.

Decisión: Procedente el recurso de interpretación. Señaló la Sala:

“Visto que las vacaciones colectivas implican la suspensión de las actividades de la empresa, podría pensarse que las mismas quedan descartadas cuando éstas no sean susceptibles de interrupción por razones de interés público, razones técnicas o circunstancias eventuales. No obstante, el último aparte del citado artículo 191 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, refiere expresamente a las empresas de funcionamiento continuo, contemplando la posibilidad de vacaciones colectivas escalonadas.

Entonces, aun cuando la empresa sea de funcionamiento permanente, el patrono puede otorgar a sus trabajadores vacaciones simultáneas a todo el personal o parte del mismo, de forma escalonada, si la actividad no es susceptible de interrupción, sin que exista limitación alguna respecto de su extensión, toda vez que la ley indica que pueden conferirse vacaciones colectivas “durante cierto número de días al año” (subrayado añadido).

En tal supuesto, se tendrá como regla general aquella establecida en el encabezado de la citada disposición, según el cual, a cada trabajador se le imputarán los días conferidos colectivamente, a los que le correspondan por concepto de sus vacaciones anuales, de acuerdo con el tiempo de prestación ininterrumpida de servicios.

A partir de la regla antes mencionada, surgen cuatro supuestos:

i. Para la fecha de inicio de las vacaciones colectivas, el trabajador aún no tiene derecho a vacaciones anuales, por no haber cumplido un año de servicios ininterrumpidos.

El primer aparte del artículo 191 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras establece expresamente la solución, que consiste en entender los días correspondientes a las vacaciones colectivas como un descanso remunerado.

ii. Al trabajador corresponde, por concepto de vacaciones anuales, una cantidad de días inferior a los concedidos por vacaciones colectivas.

Dispone el artículo 191 de la ley sustantiva del trabajo, en su primer aparte, que “en cuanto [las vacaciones colectivas] excedieren el lapso vacacional que le correspondería [al trabajador] se le imputarán a sus vacaciones futuras”.

Sin embargo, es necesario resaltar que la Sala Constitucional de este máximo Tribunal de la República, en sentencia N° 1.986 del 23 de octubre de 2007 (caso: Juan Carlos Velásquez Abreu y otro), se refirió a la igualdad ante la ley y la igualdad en la ley, en los siguientes términos:

La Sala debe llamar la atención acerca del amplio alcance que tiene, en Venezuela, el derecho a la igualdad, un derecho que no sólo implica que todos deben ser tratados por igual al momento de aplicación de las leyes (igualdad ante la Ley, recogido en el artículo 21 de la Carta Magna), sino que el propio ordenamiento jurídico debe descansar sobre tal principio (igualdad en la Ley).

Existe, así, en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, un derecho implícito de igualdad en la Ley, que es un derecho frente al Legislador, así como un derecho a la igualdad ante la Ley o en la aplicación de ésta. De ese modo, las normas deben contener todas las garantías necesarias para la materialización de ese derecho de igualdad en la Ley (…).

Con fundamento en lo anterior, esta Sala de Casación Social considera que implica establecer un trato discriminatorio, no sustentado en motivos válidos, el entender, por una parte, que las vacaciones colectivas constituyen un descanso remunerado para el trabajador que aún no tiene derecho a sus vacaciones anuales; y por otra parte, que, cuando el trabajador tiene derecho a vacaciones pero por un tiempo menor a las vacaciones colectivas, el excedente se imputará a sus vacaciones futuras, considerándose como un adelanto de éstas.

Por lo tanto, a fin de garantizar el derecho a la igualdad en la ley, esta Sala estima necesario efectuar una interpretación correctiva, en el sentido que, cuando las vacaciones colectivas superen las vacaciones anuales a las que tiene derecho el trabajador, el excedente ha de entenderse como un descanso remunerado.

iii. Existe coincidencia entre el número de días de las vacaciones anuales del trabajador y las vacaciones colectivas. Este supuesto no plantea duda alguna.

iv. El trabajador tiene derecho a unas vacaciones más extensas a las otorgadas de manera colectiva.

Dispone el encabezado del artículo 191 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, en su parte in fine, que la “oportunidad y forma” de disfrutar de los días adicionales de vacaciones, “se fijará como lo prevén las disposiciones de este Capítulo”, lo que conduce al artículo 200 eiusdem, que establece:

Oportunidad del disfrute vacacional

Artículo 200. La época en que el trabajador o la trabajadora deban tomar sus vacaciones anuales será fijada por convenio entre el trabajador o la trabajadora y el patrono o la patrona. Si no llegasen a un acuerdo, el Inspector o Inspectora del Trabajo hará la fijación. Las vacaciones anuales no podrán posponerse más allá de tres meses a partir de la fecha en que nació el derecho, salvo el caso de acumulación y postergación familiar prevista en el artículo anterior.

Como se desprende de la disposición transcrita, serán las partes de la relación laboral quienes convengan cuándo se disfrutarán los días adicionales de vacaciones, con la eventual intervención de la Administración del Trabajo, a falta de acuerdo; y ello debe verificarse, en principio, dentro de los tres meses a partir de la fecha en que nació el derecho, a menos que el trabajador opte por lo previsto en el artículo 199 de la ley sustantiva del trabajo, que preceptúa:

Acumulación de períodos vacacionales

Artículo 199. El goce de una vacación anual podrá posponerse a solicitud del trabajador o de la trabajadora para permitir la acumulación hasta de dos períodos, cuando la finalidad de dicha acumulación sea conveniente para el solicitante.

También podrá postergarse o adelantarse el período de disfrute de vacaciones a los fines de hacerlos coincidir con las vacaciones escolares.

En caso que el trabajador o la trabajadora no presente dicha solicitud, el patrono o la patrona deberá garantizar el disfrute efectivo del período de vacacionales (sic) remuneradas.

Aplicando la disposición citada al caso de las vacaciones colectivas, el trabajador cuyas vacaciones anuales excedan el número de días concedidos simultáneamente a todo el personal, tiene derecho a postergar el disfrute de los días adicionales hasta que se causen sus próximas vacaciones, si pretende acumular los días adicionales de dos períodos, o bien puede postergarlos o incluso adelantarlos, para que coincidan con las vacaciones escolares de sus hijos.

Al respecto, es preciso aclarar que ello es posible, únicamente en lo que respecta a los días adicionales que no queden comprendidos en el período de vacaciones colectivas; pero el trabajador no podría pretender –salvo que así lo permita el patrono– laborar durante las vacaciones colectivas a fin de gozar de sus vacaciones en otra época del año, porque aquellas implican la suspensión de las actividades de la empresa.

Esta Sala considera que la norma contenida en el artículo 191 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, debe ser entendida en el sentido y con el alcance precisado. Así se declara.

Aparte lo anterior, se observa que la actora también solicita se aclare “si se pueden subsumir dentro del período de vacaciones colectivas, los días a los que se refieren los supuestos previstos en el artículo 198 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras” –disposición que efectivamente puede aplicarse en caso de vacaciones colectivas– y cómo se implementarían por primera vez en una empresa. No obstante, estos dos aspectos dependerán de cada caso concreto, de modo que no pueden ser desarrollados en abstracto, con ocasión de un recurso de interpretación del texto legal. Así se declara.”

Comentario de Acceso a la Justicia: Determinó la SCS/TSJ la interpretación del artículo 191 de la LOTTT que versa sobre el pago, entrega y forma de aplicar las vacaciones colectivas, lo cual es muy valioso y pertinente debido a lo novedoso de cambios en la figura de vacaciones colectivas. Así, la Sala Social hace cuatro observaciones sobre casos particulares de aplicación de la figura de vacaciones colectivas.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scs/diciembre/194546-1402-161216-2016-15-1352.HTML