Nuestro sistema de justicia oculta información clave


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Información clave (presupuesto, personal, gestión e informes anuales) que permita una completa evaluación de desempeño no es precisamente lo que abunda en el sistema de justicia venezolano, comenzando por la cabeza del poder judicial como lo es el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

Si por ejemplo quiere conocer quiénes son los jueces que despachan desde los tribunales de la República en todo el país, no se encontrará con una lista actualizada en la página web del TSJ. La Dirección Ejecutiva de la Magistratura (DEM) muy probablemente la posea, pero tampoco la publica ni la provee si se le solicita, como demostró la detención en la DEM por algunas horas de Joseph Poliszuk, periodista del portal de noticias ArmadoInfo, por haber pedido una información que debería ser pública.

Hasta en la fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente (ANC) se demostró en la sesión del pasado 4 de octubre, durante un debate sobre los cambios que amerita el sistema de justicia en Venezuela, que no se sabe con exactitud quiénes son los jueces ni qué hacen. El reclamo de la constituyentista María Alejandra Díaz lo evidenció: “¿Cómo se nombra a un juez y aparece en un viñedo en Italia y con una cuenta en dólares que no puede justificar?”

Si se revisa la lista que publica el TSJ, se notará que el juez Jesús Manuel Izaguirre Carvajal figura en la página del máximo juzgado del país como titular en el Tribunal Segundo de Control en el estado Delta Amacuro (desde el 26 de marzo de 2015) pero su situación actual es la de destituido. Otro caso es el de la ya lamentablemente fallecida en 2016, Ana Josefina Villavicencio Cacique, quien aparece actualmente como jueza titular de la Corte de Apelaciones 8 en Caracas.

De igual forma, el magistrado exprés de la Sala Político Administrativa del TSJ, Jesús Manuel Jiménez Alfonzo, está todavía en el listado del TSJ como juez provisorio (desde el 16 de mayo de 2008) en el Tribunal Vigésimo Octavo de Control de Caracas, pero también sale como juez temporal de la Corte de Apelaciones 4 (desde el 30 de septiembre de 2013).

Asimismo, está el tristemente célebre caso del abogado Ángel Zerpa, quien aparece como juez titular penal de la Corte de Apelaciones, aunque fue destituido de su cargo en agosto de 2010 y más recientemente fue detenido arbitrariamente y llevado ante la justicia militar sin cumplimiento del debido proceso, por haber sido nombrado como magistrado del TSJ por la Asamblea Nacional (AN).

Si no sabemos los nombres de los jueces y los cargos que actualmente ocupan no podemos determinar quiénes son ni, sobre todo, si cumplen requisitos tan importantes como no tener militancia política para ocupar su cargo, o si han cometido crímenes o tienen sanciones que cuestionen su aptitud para una función tan importante para la armonía de una sociedad como la de ser juez.

En línea pero sin datos

Un aspecto que llama la atención es que cada órgano del sistema de justicia (Defensoría del Pueblo; Ministerio Público, MP; Poder Judicial; Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario y Defensa Pública) tiene página web que actualizan constantemente con noticias, pero no reflejan información sobre los recursos humanos con los que cuentan, por lo que no podemos saber si son suficientes. El Poder Judicial, la Fiscalía General, Defensa Pública, el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC) y la Policía Nacional Bolivariana (PNB) aportan datos parciales o no actualizados sobre el personal clave como el número de jueces (2.139 para 2016 de los cuales 73% no son titulares), de fiscales (2.246 en 2017, de los cuales sólo 1% es titular), defensores públicos (1.500 para 2015) y policías (85.057 funcionarios en 2014).

El panorama no cambia si de informes anuales hablamos. De la Defensoría del Pueblo sólo se pudo obtener los de los años 2001 y 2015, del MP 2004 y 2016, del Poder Judicial 2001 a 2011 y del Ministerio de Servicios Penitenciarios 2014 y 2015. En la actualidad, el Poder Judicial presenta un discurso de su presidente, quien rinde cuentas, pero no contiene los datos que tenía el informe anual y muchas veces, como por ejemplo este año, aparece publicado con retraso. Se publicó el discurso de Gladys Gutiérrez, ya extitular del TSJ, en la página web el lunes 30 de octubre de 2017, es decir, unos 9 meses después de haberse pronunciado.

En cuanto a los recursos financieros, la información no aparece en las web de los órganos del sistema de justicia, y el de 2017 no fue siquiera publicado en Gaceta Oficial por haber sido presentado por el Ejecutivo ante el TSJ en vez de la AN. En consecuencia, no hubo una Ley de Presupuesto como exige la Constitución. Transparencia Venezuela se encargó de hacerlo público. Es en la página de esta ONG que se pueden encontrar los balances de ingresos y egresos de entes del Estado, incluso la información sobre los créditos adicionales. Por otro lado, nuestra investigación ha demostrado que la asignación de recursos al sistema de justicia bajó desde 2005 de 2,6% del presupuesto nacional a 1,6% en 2015.

¿Y a ti venezolano, cómo te afecta?

La ausencia de información impide a los ciudadanos, en particular a los expertos, formular recomendaciones y sugerencias que permitan al sistema de justicia realizar su labor de manera más eficiente.

Si precisamente los órganos llamados a hacer cumplir las leyes no rinden cuentas de su gestión de manera transparente, con dificultad podrán asegurar el cumplimiento de una garantía constitucional tan fundamental como lo es el acceso a la justicia.

Nueva exigencia de la Sala Civil del TSJ viola independencia judicial y acceso a la justicia


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La independencia judicial es fundamental para que haya justicia verdadera en un país, y esta exige, entre otros, la independencia funcional del juez, que garantiza su  libertad de criterio a la hora de actuar y decidir, de modo que no sea sometido a presiones de otros órganos del mismo sistema judicial.

En abierta violación a la independencia funcional del juez, el 14 de agosto de 2017, mediante oficio n.° CICJC-OFC-00907-2017, la presidencia de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) les exigió a los jueces rectores y coordinadores de los tribunales civiles que le informen sobre las comisiones de los jueces de primera instancia hacia otras circunscripciones judiciales antes de ser emitidas, así como las que reciban los jueces de municipio y ejecutores de medidas.

Las comisiones son órdenes de un juez a otro para que practique una diligencia judicial determinada, en caso de no poder hacerlo personalmente o por tratarse de un acto que deba realizarse en el territorio de otro juez. Por ejemplo, la citación de una persona que se encuentra fuera del territorio del tribunal donde se lleva a cabo el juicio. Este tipo de órdenes pueden ser emitidas por el juez según su criterio y las necesidades del proceso que dirige, siempre que lo haga conforme a la ley (artículos 14 y 234 y siguientes del Código de Procedimiento Civil.

Por esta razón el que la Sala Civil del TSJ establezca un requisito no previsto en la ley, agregando un paso adicional al proceso judicial por medio de un acto de rango sublegal inferior a la ley, como es un oficio, viola la reserva legal (artículo 156.32) y el propio Código de Procedimiento Civil. Asimismo, incurre en usurpación de funciones, al ser el órgano legislativo el competente para modificar la ley y no el judicial.

Quizás la presidencia de la Sala Civil podría fundamentar su propia competencia en que el TSJ, según el artículo 267 de la Constitución, es el órgano de dirección, gobierno y administración del Poder Judicial, así como de  inspección y vigilancia de los tribunales. Sin embargo, la Ley Orgánica del TSJ le da competencia en esta materia a la Sala Plena o a la Inspectoría General de Tribunales, y no a la Sala Civil, e incluso esos órganos actuando como administrativos no pueden cambiar la ley y menos aún establecer procedimientos judiciales. Esto es propio del órgano legislativo, es decir, de la Asamblea Nacional.

A las razones de ilegalidad e inconstitucionalidad antes mencionadas de la decisión de la Sala Civil, se añade otra causa de inconstitucionalidad. Este oficio también afecta directamente a los ciudadanos, porque sus juicios civiles serán aún más lentos cuando requieran de alguna comisión, lo que viola el artículo 26 de la Constitución. En este sentido, la norma constitucional dice que para que haya acceso a la justicia se requiere, entre otros, que esta sea rápida y sin formalismos inútiles. No obstante, el requerimiento de la Sala Civil de enviarle la información sobre las comisiones judiciales que se van a expedir retrasará los procesos y es un requisito que no añade nada al juicio, sino un control judicial que como, ya explicamos, viola la independencia del juez.

Si en 2016 la justicia civil aparecía en el puesto 112 de 113 países evaluados según el World Justice Project (p. 158), en 2017 es muy probable que aparezca en el último lugar con esta nueva medida de la Sala Civil.

Boletín n.° 2. Del 21 al 28 de agosto 2017


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En este segundo boletín se tratan los siguientes temas de la crisis:

Elevar penas a un mínimo de 50 años: ¿vía para la cadena perpetua?- Acceso a la JusticiaGobierno profundiza la opacidad al recortar información pública de empresas contratantes con el Estado- Transparencia Venezuela. Enviada lista de presos políticos para certificación de la OEA- Foro Penal VenezolanoArrecian las agresiones a la prensa– Espacio PúblicoONG piden a comunidad internacional constatar situación de presos políticos- Provea. 

Boletin 2 Crisis en Venezuela

Elevar penas a un mínimo de 50 años: ¿vía para la cadena perpetua?


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La directora de la ONG Acceso a la Justicia, Laura Louza, advirtió que la propuesta de elevar “al menos a 50 años” la pena máxima de cárcel establecida en nuestro país, formulada por el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Maikel Moreno ante la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) lleva implícito el peligro de imponer penas aún mayores como la perpetua, lo cual va en contra de lo dispuesto por la actual Constitución.

“Al decir al menos quiere decir que puede ser más de 50 años y con ello se acepta en buena medida una pena perpetua que puede ocupar la vida de la persona, por lo que viola el derecho constitucional a la vida. Los derechos son progresivos, es decir una vez que te los conceden no te los pueden quitar, no podemos ir para atrás en materia de Derechos Humanos (…). La propuesta la hace el presidente del órgano que nos debería defender, pero no lo hace y se puso a la orden de la ANC”, destacó la abogada constitucionalista.

En Venezuela, la máxima pena de prisión prevista en la Constitución es de 30 años, de acuerdo con el artículo 44. “No habrá condenas a penas perpetuas o infamantes. Las penas privativas de la libertad no excederán de treinta años”, reza el texto.

Lo más grave de esto, apuntó, es que pone en evidencia la total falta de una política criminal contra los delitos, pues con una medida efectista se pretende obviar que el verdadero problema de la delincuencia en Venezuela no son las penas sino la enorme impunidad en la que vivimos, de la que tiene una gran responsabilidad el poder judicial.

Amedrentamiento

Moreno planteó revisar las condenas a prisión en delitos como traición a la patria, terrorismo, homicidio y robo. Expertos en Derechos Humanos y dirigentes políticos denunciaron que la alusión a los dos primeros crímenes es una amenaza clara a todo aquel que piense distinto y proteste contra el Gobierno nacional.

De hecho, a algunos de los opositores enjuiciados actualmente por participar en manifestaciones de calle (presentados incluso ante tribunales militares) se les ha imputado traición a la patria, que actualmente puede tener una condena máxima de 30 años. Es el caso del nuevo magistrado del TSJ designado por el Parlamento, Ángel Zerpa, y el coordinador de formación del partido Voluntad Popular, Jorge Machado, entre otros.

“Es un amedrentamiento típico de las dictaduras para que la gente sienta miedo y  se vea obligada a adaptarse al régimen, negociar, ser parte de él, callarse o irse (…) Tenemos la persecución de los alcaldes, al gobernador de Miranda (Henrique Capriles),  a las supuestas agresoras de la rectora (CNE) Socorro Hernández; es toda una política de persecución de la disidencia política, ciudadana, contra manifestantes que desde el punto de vista del Gobierno ahora son peores que unos homicidas”, fustigó Louza.

Consultada sobre la posibilidad real de que la ANC dé luz verde a la petición del TSJ, la abogada recordó que, tal como lo subraya la misma Constituyente en cada una de sus sesiones, tiene un poder originario y puede cambiar tanto a los órganos constituidos como reformar o derogar las leyes vigentes, aunque ello no es así dada la naturaleza ilegítima y fraudulenta de la ANC.

Finalmente, Louza recordó que no existe poder “ilimitado”, pues el tope, incluido el llamado constituyente, lo imponen los derechos humanos, que son la protección a los individuos contra los abusos del poder y que se derivan de la persona a partir de su dignidad esencial.

¿Y a ti venezolano, cómo te afecta?

Imaginemos que así como se pretende cambiar el tope de la pena máxima de cárcel establecida en el artículo 44 de  nuestra Carta Magna (de 30 a 50 años como mínimo), con la redacción de una nueva Constitución se comiencen a revertir derechos como a la libertad personal, a la inviolabilidad del hogar, a la salud, a la educación o del sufragio, entre otros. Sería sumamente grave y nada estaría garantizado para los venezolanos.

Aunque si nos vamos a la práctica, el afán del oficialismo por mantenerse en el poder utilizando todos los medios que están a su alcance, como las fuertes represiones a las protestas ciudadanas, el uso de la justicia militar contra civiles y la elección e instalación de la ANC, ha hecho que tales derechos hayan sido constantemente violados, lo que evidencia su no reconocimiento por parte de un régimen que se supone democrático pero que, con estos hechos, demuestra su verdadero carácter.

Elevar pena máxima a 50 institucionalizaría persecución política


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El miércoles 16 de agosto Laura Louza, abogada constitucionalista y directora de la ONG Acceso a la Justicia, fue entrevistada por Sergio Novelli y Alba Cecilia Mujica en el programa Alba y Sergio, transmitido por Onda 107.9 La Superestación para hablar sobre la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) y la propuesta del presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Maikel Moreno,  para elevar de 30 a  50 años la pena máxima a quienes hayan incurrido en delitos considerados graves, entre ellos instigación al odio, terrorismo y traición a la patria.

La primera preocupación acerca de la propuesta hecha por Moreno radica en la ambigüedad de la misma, ya que habla de “por lo menos 50 años”, con lo cual se está diciendo que se trata de un mínimo; de ser así, “se trata en buena medida de una pena perpetua y eso viola el derecho a la vida”, atentando contra la progresividad de los derechos.

Louza además cuestionó la posición del magistrado al poner al TSJ a la orden de la ANC. “¿Qué significa esto? ¿Van a proponer que eliminen la garantía de independencia judicial e imparcialidad que debe tener el Tribunal Supremo?”. Toda esta situación es vista por la abogada como un instrumento de amedrentamiento propio de las dictaduras que se evidencia en hechos como las persecuciones a los alcaldes o a las supuestas agresoras de la rectora  del  Consejo Nacional Electoral, Socorro Hernández. “Hay toda una política de persecución de la disidencia”, dijo.

También tocaron el tema del uso de la justicia militar contra la población civil; esta depende directamente del Ministerio de la Defensa y, en consecuencia, del Ejecutivo, pero con el nombramiento de Tarek William Saab como Fiscal General ya no es “necesario” utilizarla, pues el Ministerio Público actúa según lo que dicte la ANC. “Ahora me puedo volver a la justicia civil pues es más fácil, ya que tienes más tribunales civiles que militares y puedes extender más la persecución”.

Por último, Louza señaló que la ANC, por su pretendido poder originario, no solo puede cambiar los órganos constituidos sino que también podría ocurrir lo mismo con las leyes vigentes. “Están por encima de la Constitución” y “puede que deroguen las leyes que tenemos”.

Informe de seguimiento del EPU (2016- abril 2017)


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En vista de la realidad tan constantemente cambiante en Venezuela en el plano jurídico y político, donde el Poder Judicial es el principal protagonista, Acceso a la Justicia ha elaborado un informe sobre el periodo 2016-abril 2017, como seguimiento al informe presentado ante la ONU con ocasión del Examen Periódico Universal relativo al periodo 2011-2015. Aquí puedes leer el informe 2016-abril 2017 en español (Seguimiento EPU Vzla), un resumen de ese informe en español (folleto poder judicial brazo ejecutor de la dictadura), el mismo informe en inglés (Follow up UPR (2016-april 2017) y un resumen de ese informe en inglés (Executive Summary of the follow up UPR (2016-april 2017). También ponemos a tu disposición un video sobre lo ocurrido en abril 2017 en el marco de las masivas protestas ocurridas a raíz de las sentencias 155 y 156 del Tribunal Supremo de Justicia en que disolvió la Asamblea Nacional y se sustituyó en sus funciones.

 

Los principales males del Poder Judicial y sus posibles soluciones


Los posibles males del Poder Judicial y sus posibles soluciones

En la actualidad, Venezuela presenta indicadores sobre su estado de derecho y su poder judicial que son alarmantes. De acuerdo a World Project Justice, en 2016 ocupaba el último puesto en el índice de estado de derecho (113/113) y en justicia penal (113/113), y de penúltimo en justicia civil (112/113).

Es importante aclarar que Venezuela ha tenido siempre problemas en materia judicial; no es algo que se debe atribuir al régimen político que se ha autodenominado “socialista”. Sin embargo, este ha llevado al Poder Judicial a niveles donde nunca antes había llegado, pues como expresó el año pasado un experto en el tema “el sistema formal se ha convertido en un brazo del régimen”.

Hoy día ya no cabe duda de que el Tribunal Supremo de Justicia, y en especial su Sala Constitucional están al servicio del poder, como demuestran dos de sus más recientes sentencias, la 155/2017 y la 156/2017, y sobre todo sus aclaratorias, dictadas por exhorto de un Consejo de Seguridad de la Nación presidido por el Ejecutivo.

Ante esta grave situación de la administración de justicia y del estado de derecho que ha llevado a la aniquilación de los derechos de los venezolanos y a la desaparición de la democracia, surge ante todo la siguiente pregunta: ¿por qué los jueces y los propios magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, que son los que debían y podían contener el poder, en cambio se han ido auto sometiendo a este?

Las razones son muchas, pero la fundamental es que, pese a que la Constitución prevé un sistema de elección de magistrados y jueces que garantiza su independencia política e imparcialidad, desde el principio el régimen político que se instaló con el difunto presidente Chávez se aseguró magistrados fieles al no escogerlos según lo establecido en ella y al no permitir participar a la sociedad civil, como en cambio prevé la Constitución.

Además, la propia Asamblea Nacional Constituyente le quitó a los jueces su estabilidad (1999) y solo tres años después de la entrada en vigencia de la Constitución el propio Tribunal Supremo de Justicia suspendió también los concursos de oposición para su ingreso (2003), los cuales aún permanecen suspendidos.

Posteriormente, al Tribunal Supremo de Justicia se le copó con el aumento de los magistrados (finales de 2004) y se estableció un sistema de selección de jueces dependiente de este. Al controlar el TSJ, se controla a todo el poder judicial.

Paulatinamente, la Sala Constitucional se autoatribuyó  poderes constituyentes y legislativos, que fueron reconocidos por la última Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (2010). Al controlar políticamente la Sala Constitucional, se puede controlar toda la interpretación del derecho, así como los conflictos jurídicos, políticos, institucionales y sociales.

No es de extrañar que en la actualidad el TSJ sea un órgano no sólo politizado, sino partidizado y completamente al servicio del poder.

En este sentido, está claro que la primera propuesta para la institucionalización del Poder Judicial es seguir el procedimiento constitucional para la selección de jueces y magistrados; es fundamental para ello que se dicte una ley sobre la carrera del juez que desarrolle el articulado de la Constitución. Es importante que esa ley cuente con incentivos para que los mejores abogados del país quieran ser jueces o magistrados y para que los que ingresen quieran hacerlo bien. Acceso a la Justicia tiene una propuesta de anteproyecto de ley de carrera judicial, que presentará a partir de junio para que expertos, sociedad civil y órganos públicos lo analicen y hagan sus aportes.

También es necesario que se prevea la capacitación de los jueces, pero no sólo en materia jurídica, sino en la realidad de la vida del país y en el funcionamiento de los sistemas internacionales de derechos humanos. Para ser juez deberían hacerse pasantías en empresas privadas, ONG, órganos internacionales de derechos humanos, acudir a comunidades de sectores populares. Si no se conoce bien cómo funciona la sociedad civil en sus distintas manifestaciones y no se sabe de derechos humanos, no se debería ser juez. ¿Cómo se puede juzgar sobre algo que no se entiende ni se conoce? Deberían estudiar análisis económicos del derecho, que es una disciplina que explica, entre otros, el efecto que en la realidad pueden tener las decisiones jurídicas, así como medir su impacto con herramientas de economía.

Ahora bien, el problema real es cómo se logra que esa ley de carrera judicial se cumpla, más que lograr que la ley se dicte, o que se verifique la capacitación explicada sin que haya distorsiones por personas con intereses creados, ya que es parte de la historia del país que las leyes se acatan pero no se cumplen, y de la cultura venezolana el que prevalezca el amiguismo, clientelismo o nepotismo por encima de las instituciones. Más grave aún es que estas situaciones se verifican porque es parte de nuestra cultura jurídica no creer ni en el derecho como medio para lograr la convivencia social, ni menos aún en las instituciones.

No obstante esperamos que tras estos 17 años, aunque sea por la vía del ejemplo negativo, el venezolano y el poder público hayan entendido que el funcionamiento autónomo, independiente y eficiente del sistema de justicia es fundamental para la calidad de vida de los ciudadanos. En efecto, está demostrado que solo si el derecho es usado como freno al poder y la institucionalidad es democrática y respetuosa del derecho, se puede lograr una convivencia pacífica y próspera. Sin esos elementos, puede haber crecimiento económico, pero es temporal.

Para garantizar este cambio de cultura jurídica se propone una campaña comunicacional masiva que eduque jurídica e institucionalmente a la población. Es importante que el venezolano a todo nivel tenga conocimiento de las instituciones y del derecho, así como del rol del Estado y la importancia de la ley.

Además, debe haber presencia de instituciones del sistema de justicia en todo el país para que ese conocimiento se dé, no sólo por los medios sociales, sino en la realidad de cada día. Debe haber “casas de justicia” en todos los municipios, que tengan el rol de las antiguas prefecturas y del juez de paz, que sean centros de conciliación y mediación, de educación jurídica y cívica. Se trataría de espacios que tendrían el rol de educación ciudadana, contención (o prevención) del delito y del conflicto, así como de solución de conflictos hasta cierto monto y de determinada índole. También deben ser centros de orientación jurídica ciudadana.

Si el cambio del sistema de justicia, y en particular del Poder Judicial, es sólo legal, probablemente no se va a lograr el objetivo esperado. Debe haber un cambio profundo de la conciencia colectiva que haga que todo ciudadano sepa cuáles son sus derechos y además conozca las instituciones, y así pueda exigirles un servicio eficiente y transparencia y no caer en la tentación de ser cómplice de malas prácticas o de hacer un uso clientelar de las mismas. Sólo de esa manera se puede lograr que se cree un círculo virtuoso en virtud del cual el ciudadano exige y el funcionario se vea obligado a cumplir siguiendo la ley y no por otros mecanismos, como ha ocurrido tradicionalmente en Venezuela, siendo en la actualidad la realidad tan grave que sólo son esos medios alternativos que imperan, porque el gobierno no rinde cuentas y hace como consecuencia de ello, lo que considera y “legaliza” o judicializa lo que considera necesario para mantenerse en el poder y no para servir al ciudadano, que es su verdadera razón de ser.

Para conocer más sobre lo ocurrido en Venezuela recomendamos leer nuestra obra La revolución judicial en Venezuela, publicada por Funeda en 2011 y nuestro más reciente artículo, editado por la revista Acta Sociológica n.° 72 de la UNAM.

Nota: este artículo fue publicado en la revista Referencias n.º 2 de Provea, mayo-septiembre 2017, cuyo título es “La necesaria reforma del sistema judicial“.

Una frágil administración de justicia al mando de magistrados inconstitucionales


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Actualmente, una gran cantidad de magistrados del TSJ son seleccionados más por su lealtad política con el gobierno que por sus méritos y honores obtenidos durante el ejercicio de su carrera como abogados. Ello genera una inestabilidad en la administración de justicia que compromete la imparcialidad en las decisiones que toma este tribunal cada día. Esto fue afirmado por Laura Louza, Directora de Acceso a la Justicia, en una entrevista del 4 de abril a las 2 pm con Alvaro Pérez Kattar en la emisora Circuito Éxitos 99.7 FM.

Explica Laura Louza que para ser magistrado en Venezuela, se debe cumplir con una serie de requisitos contenidos en el artículo 263 de nuestra Constitución y en el artículo 27 de la LOTSJ. Requisitos que, por ejemplo, están orientados a ser un ciudadano de reconocida honorabilidad, un jurista que haya ejercido su carrera por más de 15 años, tener una especialización en algún área del Derecho, entre otros.

Observa la entrevistada, como algunos de los magistrados que fueron electos en el 2015 por la antigua Asamblea Nacional de mayoría oficialista, no cumplen con algunos de estos requisitos mínimos.

Magistrados como Calixto Ortega, Luis Damiani y Lourdes Suárez no han ejercido la abogacía por 15 años y no cuentan con una especialización en el área del Derecho; por otro lado, los magistrados Juan José Mendoza y Carmen Zuleta tienen un procedimiento en su contra, lo cual cuestiona su honorabilidad como ciudadanos.

Es por ello, que un magistrado que no cumple con los requisitos que establece nuestra Constitución, así como tampoco con la LOTSJ, destaca Laura Louza, es un magistrado inconstitucional que debe ser removido inmediatamente por la Asamblea Nacional como son los magistrados llamados exprés.

Para finalizar resalta Louza que en el 2016 de una muestra de 65 sentencias del TSJ que seleccionó la ONG por su carácter noticioso, ese máximo tribunal se tardó en promedio 21 días para decidir sobre un caso que tuviese alguna consecuencia favorable para el gobierno o que fuese introducido por un simpatizante o adepto al gobierno, y siempre dando una respuesta afirmativa. De lo contrario, casos que iban en contra del gobierno se tardaban en promedio 1171 días y tenían como resultado, una respuesta negativa.

Para finalizar en Acceso a la Justicia queremos destacar que tener un Tribunal Supremo de Justicia que sea dirigido por magistrados que no son aptos para el cargo, compromete nuestro derecho constitucional de acceder a la justicia, ya que en ese caso el Estado no nos puede garantizar que ésta sea imparcial, transparente e independiente lo cual viola, los principios fundamentales de todo Estado de Derecho.

 

¿Qué es la tiranía?


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“El tirano es el que se mete contra las leyes a gobernar según ellas; y el déspota es el que se hace superior a las mismas leyes. Así el tirano puede dejar de ser déspota; pero el déspota es siempre tirano”.

Jean Jacques Rousseau

Tiranía siempre ha sido una mala palabra. En Grecia, de donde proviene, inicialmente describía a quien usurpaba el poder, quien llegaba a él por medios ilegítimos; luego los filósofos griegos, entre ellos Platón, pasaron a darle a la palabra la connotación de arbitrariedad y despotismo con la que la conocemos ahora.

Incluso en el caso de los romanos, que no eran precisamente muy demócratas, la acumulación de poder en una persona era vista con malos ojos, y aunque en la era republicana estaba prevista la figura del dictador, su duración no podía ser mayor de seis meses renovables por otros seis. De hecho, tan no era querida la figura que el dictador más famoso entre los romanos fue Cincinato, precisamente por serlo el menor tiempo posible, pues aunque lo fue dos veces, renunció en ambos casos luego de quince y veintiún días respectivamente, en cuanto pudo resolver las crisis que originaron su nombramiento, aunque legalmente podía quedarse como dictador por los seis meses por los había sido nombrado. Por este desapego al poder absoluto Cincinato fue considerado un ejemplo de los valores republicanos. Efectivamente, esta rareza de desprecio al poder absoluto merece mucho respeto y admiración.

Luego, en Las siete partidas de Alfonso X El Sabio, hace más de ocho siglos, se resumen los tres elementos sobre los que descansa toda tiranía, a saber: fomentar la ignorancia del pueblo para acobardarlo; dividirlo para fomentar la desconfianza y así nadie confíe en nadie; y finalmente, fomentar la pobreza para que haya una dependencia perpetua a favor del tirano. ¿Nos suena conocido?

Ya en la modernidad John Locke, siguiendo a la tradición clásica, define la tiranía como “el ejercicio del poder más allá del derecho, donde nadie tiene derecho; y este haciendo uso de la fuerza que tiene en sus manos, no lo usa para el bien de los que están debajo de él, sino para su propia ventaja”.

Hemos de distinguir en este momento entre una monarquía y una tiranía, pues no son sinónimos, pues aun las monarquías absolutas anteriores a la revolución francesa tenían un cuerpo de leyes que era respetadas y los reyes se cuidaban, por lo general, de hacer cambios drásticos a las mismas; de hecho, esa dificultad de cambio fue el germen de su fin al no poder adecuarse a la evolución de los tiempos.

Así pues, en el concepto de Locke el tirano es ajeno al derecho, a todo derecho, pues las normas emanan de su voluntad gracias a la fuerza a la que debe su hegemonía.  En consecuencia, el tirano se considera la única fuente de derecho y, por lo mismo, puede cambiarlo cuando así le convenga aunque lo que decida sea o no coherente con lo que antes dijo, naciendo con ello la arbitrariedad, signo de toda tiranía.

En consecuencia, la tiranía no es más que la negación del derecho, pues lo que se pretende no es un orden sino el mantenimiento del tirano en el poder. Lo demás es secundario.

Para acercar la palabra tiranía a nuestros tiempos acudimos al diccionario, quien diligentemente luego de indicarnos que la tiranía es el gobierno ejercido por un tirano, nos explica que consiste en el “abuso o imposición en grado extraordinario de cualquier poder, fuerza o superioridad” (Diccionario de la Real Academia Española).

Ahora bien, no es raro que cada vez que se hable de dictadura en nuestro país se indique que esta idea no calza a la perfección con los regímenes que tradicionalmente nos la recuerdan, como lo son las dictaduras militares de Marcos Pérez Jiménez y Juan Vicente Gómez. En ese sentido debemos empezar diciendo que incluso entre esos regímenes hay grandes diferencias, pues Gómez no era un militar de carrera ni el ejército que lo respaldaba tampoco, mientras que para Pérez Jiménez no había nada más importante que ser un oficial egresado de una academia militar. Pese a ello, los unen esos elementos que recordamos de una dictadura clásica: censura férrea a los medios de comunicación, prohibición de partidos de oposición, falta de voto universal directo y secreto, y una brutal represión a quienes lo adversen.

Comparado con esto, hay quien dice que en un país donde puede decirse que se está en dictadura sin que lo encarcelen no puede ser una dictadura. Esto nos está diciendo simplemente que las formas no democráticas evolucionan con los tiempos, y así como ahora a nadie se le ocurriría decir que detenta el poder por la “gracia de Dios”, como decía Francisco Franco. los modos autocráticos también cambian, pues al ser las sociedades más complejas, los mecanismos de control también se hacen más sofisticados.

Así, en la época de Pérez Jiménez censurar los periódicos era muy fácil, pues eran muy pocos, lo mismo en el caso de las estaciones de radio. Ahora, con el advenimiento de internet y las redes sociales, esto no es posible, por lo que la represión se centra en aquellos medios que llegan masivamente como las televisoras, a través del perverso instrumento de la autocensura (“cállate o te cierro”). El que haya muchas voces opositoras en internet lo que demuestra es que el régimen sabe que hay mucha fragmentación en el mismo, que internet no llega a todos, y que lo importa es aquella información que ven las masas. Esto permite que se puedan dejar algunos medios marginales, como radioemisoras locales o periódicos que cada vez venden menos ejemplares impresos, para dar la falsa impresión de libertad de expresión. En resumen, que una prisión tenga ventanas no la hace menos prisión.

Trayendo todo lo dicho a nuestra realidad actual, debemos decir que mientras el régimen contó el apoyo de los votos, gracias a la chequera petrolera pudo maquillar, malamente, sus formas autoritarias, pero la pérdida de apenas una elección evidenció las graves grietas de una “democracia participativa” que nunca lo fue, pues los siguientes hechos, no meras especulaciones, son contrarios a una democracia:

  • En Venezuela no hay separación de poderes. El Poder Judicial está al servicio del Ejecutivo y no cumple su papel de hacer cumplir la Constitución y los derechos de los ciudadanos.
  • En Venezuela unos magistrados que no cumplen los requisitos para su cargo dieron un golpe de estado y asumieron los poderes de la Asamblea Nacional, y ello no les genera consecuencia alguna.
  • En Venezuela no se sabe cuándo habrá elecciones.
  • En Venezuela, al día de hoy, no se sabe cuáles son la mayoría de los partidos de oposición, pues dependen de una decisión administrativa que nadie conoce todavía.
  • En Venezuela, en medio del caos actual, los medios de comunicación masivos transmiten telenovelas y comiquitas.
  • En Venezuela a todo opositor se le aplica el derecho penal del enemigo, pues por el solo hecho de serlo no se le reconocen los derechos que establece la Constitución sino un régimen represivo que da poderes absolutos a los órganos de seguridad del estado.
  • En Venezuela se cuenta con un derecho paralelo a la Constitución que considera el ejercicio del poder como “derecho”, cuando no es más que un mandato temporal y revocable, y los derechos de los ciudadanos como algo que se tolera mientras el poder no disponga lo contrario.
  • Finalmente, en Venezuela el Gobierno cuenta con fuerzas paramilitares para amedrentar a la población civil cuando considera que no son suficientes las fuerzas armadas.

Entonces, que todavía podamos escribir sobre lo que es una tiranía no cambia la realidad. Y todos sabemos cuál es.

¿Conoces a los morochos Sánchez?


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Por Luis Carlos Díaz

@LuisCarlos

 

Es momento de recordar que resistimos al engaño de la propaganda oficial. En serio. Te cuento aquí cómo miente el chavismo:

Los gemelos militan en el partido opositor Primero Justicia y fueron capturados por organismos de seguridad del Estado.

No estaban en flagrancia (es decir, no estaban con las manos en la masa) y los uniformados no tenían orden de captura. Así que fue una detención arbitraria. ¿Te suena el término? Es una violación de derechos humanos, es grave y es común en la era chavista.

Después estuvieron incomunicados, sin acceso a sus abogados ni sus familiares durante horas. No se supo dónde estaban y las autoridades responsables de la detención no daban razón de ellos. Eso es una desaparición forzada, ¿te suena? Es otra violación de derechos humanos grave. Algo que no debería permitirse y que sin embargo Maduro ha aplicado un sinnúmero de veces. En ocasiones esas desapariciones se extienden, como la de Alcedo Mora, que sigue sin aparecer tras su denuncia de corrupción en PDVSA.

Una vez detenidos pasó algo aún más grave: pudieron comunicarse por fin con su gente e informaron que habían sido torturados para declarar falsamente lo que el chavismo quisiera. Ya saben: que si les pagan, que si están conectados con otra gente, que si todo es un plan de alguien. También en 2014 se lo aplicaron a Marco Coello y otros 5 detenidos para intentar culpar a Leopoldo López por los hechos de violencia del 12 de febrero. En esa ocasión las torturas incluyeron batazos, golpes con extintores, ahogamiento, electricidad, alteración del sueño, terror psicológico, amenazas, etc.

Algo muy mal debe haber en el chavismo como para fabricar pruebas en lugar de obtenerlas de sus sapos e infiltrados.

¿Te suena la tortura? Es una de las peores violaciones de derechos humanos. No prescribe y perseguirá por el resto de su vida a todos los participantes, si se recogen sus nombres y responsabilidades.

Pero esto no es suficiente, no: Nicolás Maduro se atrevió a televisar una grabación con declaraciones de uno de los hermanos presuntamente torturados (ese “presunto” pudiese ayudarme en un juicio a mí) (mentira).

Maduro dijo que tenía permiso de la Fiscalía para mostrar en público esas “evidencias” del caso.

Sobre esa prueba fabricada condenó a los hermanos al aire en televisión. También el Vicepresidente pidió para ellos y para otras decenas de detenidos “la pena máxima”. Al unísono, el coro de voces oficiales los acusó de “terroristas”. En sus medios de comunicación, pagados con nuestro dinero, llevan días hablando de ‘terrorismo’ para referirse a la gente que protesta.

¿Te suena el debido proceso y la presunción de inocencia? Es algo importante para que haya justicia. Cuando se viola, se pierde todo. Por lo tanto el chavismo tan solo ajusticia. Recuerden que uno de los reclamos en Venezuela es la separación de poderes, pero en este caso vimos al Ejecutivo ordenarle cosas al poder Judicial, adelantando juicio e imponiendo penas.

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Hoy, 17 de abril, fue la audiencia de los morochos.

¿A que no adivinan?

  • La acusación de terrorismo no existe. No la usan. No está en el expediente.
  • La Fiscalía aclara que no conocía el video y por lo tanto no pudo haberle permitido su uso al Presidente. Exigió a la juez que aclarara si había sido ella.
  • Fue pedido que se investigaran la tortura y otras violaciones.

¿La respuesta de la juez Josepline Flores?

[Recuerden que Maduro controla al poder judicial y que está peleado con la Fiscal General de la República por denunciar que los decretos del Tribunal Supremo de Justicia causaron una ruptura del orden constitucional]

  • Le devuelve la pelota a Fiscalía para que averiguaran ellos quién “autorizó” el uso del video.
  • Rechaza investigar la tortura y le dice a Fiscalía que lo hagan por su cuenta.
  • Ordena la privativa de libertad en la cárcel de Tocorón para los estudiantes Francisco José y Francisco Alejandro Sánchez, acusados no de terrorismo, sino de “Instigación Pública y Agavillamiento”.

Suena raro, pero significa: culpables de “inducir a la desobediencia de las leyes”, algo que comenten a diario casi todos los venezolanos, y culpables de “ponerse de acuerdo”, algo que por naturaleza hacen todos los gemelos del mundo.

Así, dos estudiantes van a una de las peores cárceles del mundo, violando decenas de leyes y dejando una estela de abusos a su paso.

Pero sobre todo, lo que me ha costado muchos párrafos explicarte, el militante de base del chavismo lo celebra así: “encerramos a dos terroristas y faltan muchos más”.

Para hacerlo están dispuestos a apoyar la tortura, las desapariciones, las detenciones arbitrarias y los juicios amañados.

Les da igual. Después de apoyar una dictadura para mantener el poder, ¿qué puede ser peor?”