Salarios Caídos se calculan por el último salario normal al término de la relación


salario-nota

Sala: de Casación Social

Tipo De Recurso: Casación

TSJ/SCS Nº Sent: 823        Fecha: 14-08-2017

Caso: Demanda por cobro de diferencia de prestaciones sociales interpuesta por Arias Mejias Elaiza Marlene y otros contra Inversiones Velicomen, C.A.

Decisión: CON LUGAR el recurso de casación.

Extracto:

“En este mismo orden de ideas, señala la resolución ministerial que los salarios caídos deberán ser pagados de acuerdo con el salario devengado por los trabajadores para el momento del despido; en tal sentido, la parte demandada señala que el mismo debe ser pagado con el salario básico, esto es el salario mínimo decretado por el Ejecutivo nacional, sin embargo lo procedente de acuerdo con la reiterada jurisprudencia de esta Sala es que los salarios caídos deben ser cancelados a razón del salario normal devengado por los trabajadores antes del despido. Así se decide.”

Comentario de Acceso a la Justicia: La Sala considera que la correcta interpretación que debe darse a la Resolución Ministerial de la materia, es que los salarios caídos deberán ser pagados con base al salario normal devengado por los trabajadores antes del despido y no el salario básico como pretende la demandada.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scs/agosto/202885-0823-14817-2017-17-042.HTML

Requisitos para obtener indemnización por accidente o enfermedad de trabajo


DINERO

Sala: de Casación Social

Tipo De Recurso: Casación

TSJ/SCS Nº 706                  Fecha: 03-08-2017

Caso: Demanda de indemnización interpuesta por Robert José Marín Sánchez contra Ford Motor de Venezuela, S.A.

Decisión: CON LUGAR el recurso de casación anunciado y formalizado por la parte demandada la sociedad mercantil FORD MOTOR DE VENEZUELA, S.A., contra la sentencia proferida por el Tribunal Superior Segundo del Trabajo de la Circunscripción Judicial del estado Carabobo en fecha 10 de agosto de 2016. NULA la sentencia recurrida. PARCIALMENTE CON LUGAR la demanda incoada por el ciudadano ROBERT JOSE MARÍN SANCHEZ, contra la sociedad mercantil FORD MOTOR DE VENEZUELA, S.A.

Extracto:

“En relación con la indemnización prevista en el artículo 130 de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, el mencionado artículo establece que en caso de ocurrencia de un accidente de trabajo o enfermedad ocupacional como consecuencia de la violación de la normativa legal en materia de seguridad y salud en el trabajo por parte del empleador o de la empleadora, éste estará obligado al pago de una indemnización al trabajador, trabajadora o derechohabientes, de acuerdo a la gravedad de la falta y de la lesión; en el caso particular del numeral 4 del mencionado artículo, la indemnización será el equivalente a no menos de dos (2) años de salario ni más de cinco (5) años.   

        En ese sentido, esta Sala hizo una revisión minuciosa de las actas procesales que conforman el presente expediente, y pudo constatar del mismo, la certificación de enfermedad ocupacional emitida por la Diresat-Carabobo, la cual certificó que el trabajador demandante Robert José Marín Sánchez, padece una enfermedad ocupacional consistente en discopatía lumbar L1-L2, L3-L4 y L4-L5, y Hernia Discal L2-L3 y L5-S1 (COD. CIE10-M511), que le ocasiona una discapacidad parcial permanente para el trabajo habitual (ver folio 66 y 67, pieza N° 1). Asimismo se observa, que existe informe médico marcado “F”, cursante al folio 65 de la primera pieza, expedido por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, Dirección Nacional de Rehabilitación y Salud en el Trabajo, Comisión Nacional de Evaluación de Incapacidad Residual Sub-Comisión del estado Carabobo, donde se diagnosticó al demandante: “VERTEBRA EN CUÑA L2-L3. ARTROSIS LUMBAR SEVERA, ESCOLIOSIS LUMBAR- DEGENERACIÓN DE DISCOS L2.L3, L5.S1”; con una pérdida de capacidad para el trabajo de 67%.

        Por otra parte es importante destacar, que conforme al reiterado criterio  jurisprudencial de esta Sala de Casación Social, no basta la certificación de enfermedad ocupacional emitida por el Instituto Nacional de Prevención Salud y Seguridad Laborales, para considerar que corresponden las indemnizaciones a que se contrae el artículo 130 y siguientes de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (LOPCYMAT), toda vez que dicha certificación por sí sola, no resulta suficiente a los efectos de demostrar por ejemplo, que exista una relación de causa efecto entre el incumplimiento de obligaciones patronales en materia de seguridad y salud en el trabajo, y la aparición o el agravamiento de los padecimientos físicos del trabajador o trabajadora demandante. De donde se desprende, que por el sólo hecho de que la mencionada institución, declare la existencia de un accidente de trabajo o de una enfermedad ocupacional, no corresponden automáticamente, las indemnizaciones derivadas de la responsabilidad subjetiva patronal, específicamente las contenidas en el artículo 130 de la ley especial en materia de salud y seguridad laborales.

Al respecto, ha establecido de manera reiterada tanto esta Sala de Casación Social, como Sala Constitucional, que en casos como el de autos, donde se reclaman indemnizaciones derivadas de la responsabilidad subjetiva patronal, necesariamente deben demostrarse al menos tres elementos que resultan absolutamente indispensables para que procedan dichas indemnizaciones, a saber: la ocurrencia del daño mismo, el incumplimiento de normas y obligaciones patronales en materia de seguridad y salud en el trabajo, y finalmente, una relación causal entre dichos incumplimientos patronales y la ocurrencia del infortunio laboral, llámese éste accidente de trabajo o enfermedad ocupacional.”

Comentario de Acceso a la Justicia: En el criterio expresado por la Sala se aclara que no todo accidente de trabajo o enfermedad que afecte el desempeño laboral de una persona da derecho a la indemnización prevista en el artículo 130 de la Ley orgánica de Prevención, condiciones y medio ambiente de trabajo; debe demostrarse además que hay relación de causalidad entre el accidente o enfermedad y una conducta culposa o dolosa por parte del patrono.

Fuente:  http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scs/agosto/201813-0706-3817-2017-16-857.HTML

Formalidades para demandar de nuevo en caso de extinción del proceso


MONITOREO1

Sala: de Casación Civil

Tipo De Recurso: Casación

Nº Exp: 17-158      TSJ/SCC Nº Sent: 444      Fecha: 30-06-2017

Caso: Demanda por indemnización de daños y perjuicios interpuesta por JIMMY SMMY RODRÍGUEZ URDANETA contra PEDRO ANTONIO CHIRINOS LÓPEZ y BLINDADOS DEL ZULIA-OCCIDENTE BLINZOCA, C.A. y SEGUROS LA OCCIDENTAL.

Decisión: Se declara con lugar el recurso de casación contra la sentencia dictada el 10 de noviembre de 2016, por el Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Zulia.

Extracto:

Conforme a lo dicho, se ha sostenido en interpretación reiterada, que de no hacerse la citación efectiva del demandado en el año legal o antes de que se nombre el defensor ad litem, así se haya registrado la demanda y la orden de comparecencia del accionado, desde dicho registro vuelve a iniciarse el lapso de prescripción, exigiéndose entonces registrar nuevamente la misma demanda y la misma orden de comparecencia, para interrumpir nuevamente la prescripción, lo cual contraviene la tutela judicial efectiva, el derecho a la justicia, el debido proceso, la igualdad procesal, el equilibrio procesal y la economía procesal.”

“…OMISSIS…”

“En consecuencia y de acuerdo a los razonamientos precedentemente expuestos y de conformidad con lo previsto en los artículos 26 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, ESTA SALA DE CASACIÓN CIVIL ABANDONA EL CRITERIO HASTA AHORA MANTENIDO Y ESTABLECE UNO NUEVO, REFERIDO A QUE EN MATERIA DE ACCIONES CIVILES REGULADAS POR LA LEY DE TRÁNSITO TERRESTRE, UNA VEZ QUE SE INTERPONGA LA DEMANDA Y SE REGISTRE LA MISMA CON LA ORDEN DE COMPARECENCIA DEL ACCIONADO, SE TENDRÁ INTERRUMPIDA LA PRESCRIPCIÓN DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 196 DE LA LEY DE TRÁNSITO TERRESTRE Y EL 1.969 DEL CÓDIGO CIVIL VENEZOLANO Y, NO SERÁ NECESARIO UN NUEVO REGISTRO DE LA MISMA DEMANDA Y ORDEN DE COMPARECENCIA DEL DEMANDADO, SIEMPRE QUE LOS CONCEPTOS INICIALMENTE DEMANDADOS NO SEAN REFORMADOS, YA QUE EN ESTE CASO ELLO CONLLEVA A UN NUEVO AUTO DE ADMISIÓN DE LA DEMANDA, EL CUAL DEBERÁ SER NUEVAMENTE REGISTRADO.”

(Resaltado, subrayado y mayúsculas de la Sala)

Comentario de Acceso a la Justicia: La sentencia establece el criterio de la Sala acerca de que en caso de extinción del proceso es innecesario volver a registrar la demanda derivada de accidente de tránsito, siempre que la nueva demanda pretenda lo mismo.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scc/junio/200751-RC.000444-30617-2017-17-158.HTML      

Responsabilidad e indemnización en materia de prestación de servicio público de transporte aéreo


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Sala: de Casación Civil

Tipo De Recurso: Casación

Nº Exp: 16-766      TSJ/SCC Nº Sent: 426      Fecha: 28-06-2017

Caso: Demanda por indemnización de daños y perjuicios interpuesta por SILVIE ESTHER COHEN BITTON y EMIL ISRAEL KISER GRUSZECKA contra AMERICAN AIRLINES, INC.

Síntesis:

Decisión: Se declara con lugar el recurso de casación contra la sentencia dictada el 11 de agosto de 2016, por el Tribunal Superior Marítimo (Accidental) con competencia nacional.

Extracto:

De acuerdo con la jurisprudencia antes transcrita, la falta de cumplimiento de un contrato de transporte no puede equiparase a una conducta sancionable en derecho en los términos establecidos en el artículo 1196 del Código Civil, pues, solamente debe valorarse la demanda por responsabilidad patrimonial con estricto apego a lo señalado en el artículo 100 de la Ley de Aeronáutica Civil, que desarrolla la responsabilidad por la prestación del servicio público de transporte aéreo y que incluso establece de manera taxativa el monto indemnizatorio.

También destacó dicha jurisprudencia, que la Ley de Aeronáutica Civil es la ley especial que se debe aplicar con preeminencia ante el incumplimiento de la prestación del servicio público realizado por un particular, la cual prevé su propio sistema de responsabilidad para el sector aeronáutico y de transporte comercial.

Establecido lo anterior, es evidente para la Sala el yerro cometido por la ad quem en su fallo, al desechar el pedimento de daño moral reclamado por los demandantes fundamentándose equivocadamente en el delatado artículo 1196 del Código Civil, contrariando palmariamente lo establecido en la transcrita jurisprudencia emanada de la Sala Constitucional de este Alto Tribunal de la República, que ante el reclamo de un daño ocasionado por el incumplimiento de la prestación de servicios de transporte público realizado por un particular en el sector aeronáutico y de transporte comercial, es la Ley de Aeronáutica Civil en su artículo 100, la normativa especial que ha de ser aplicada con preeminencia a las normas de derecho privado en materia de responsabilidad patrimonial.”

“…OMISSIS…”

“De acuerdo con la anterior jurisprudencia de la Sala, se tiene que la condenatoria de las costas procesales a la cual se contrae el artículo 274 del Código de Procedimiento Civil, constituye una sanción aplicada a la parte procesal que haya resultado vencida totalmente en el proceso, no obstante, las costas del recurso establecidas en el artículo 281 eiusdem, comprenden únicamente las costas originadas en la segunda instancia y se le impondrán al apelante cuando la sentencia del a quo sea confirmada en todas sus partes por la del superior, pues, para el caso en que la alzada revoque o modifique la sentencia apelada, no habrá imposición al pago de las costas del recurso para el apelante.” (Resaltado y subrayado de la Sala)

Comentario de Acceso a la Justicia: La sentencia establece el criterio de la Sala, acogiendo fallo de la Sala Constitucional, sobre la norma jurídica aplicable para decidir sobre la responsabilidad e indemnización en materia de prestación de servicio público de transporte aéreo; y los requisitos de procedencia de la condenatoria en costas del proceso.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scc/junio/200473-RC.000426-28617-2017-16-766.HTML    

 

Indemnizaciones a herederos por trabajador fallecido se reparten según código civil salvo la prestación de antigüedad.


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Sala: de Casación Social

Tipo De Recurso: Casación

TSJ/SCS Nº Sent: 453      Fecha: 05-06-2017

Caso: Luis Alfredo Pereira contra Compañía Anónima de Administración y Fomento Eléctrico (CADAFE) hoy Corporación Eléctrica Nacional (CORPOELEC)

Decisión: PRIMERO: CASA DE OFICIO la sentencia dictada por el Juzgado Superior Primero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón, en fecha 26 de febrero de 2016; SEGUNDO: ANULA el fallo recurrido; y TERCERO: REPONE LA CAUSA al estado en que el Juzgado de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la referida Circunscripción Judicial, que resulte competente, admita nuevamente la demanda y se efectúe el llamamiento a que alude el artículo 231 del Código de Procedimiento Civil, previo al ejercicio del despacho saneador que ordene la subsanación del libelo mediante la incorporación como demandantes de los ciudadanos Luzdelys Chiquinquirá Pereira Mora, Ludiflor Chiquinquirá Pereira Mora y Luis Alfredo Pereira Mora, titulares de las cédulas de identidad Nos 15.237.053, 17.103.750 y 20.297.406, respectivamente.

Extracto:

“Sin embargo, las previsiones de los artículos 568, 569 y 570 de la Ley Orgánica del Trabajo, sólo pueden ser aplicadas a los supuestos ya enunciados de muerte del trabajador por infortunio laboral y del pago de prestación de antigüedad, no siendo admisible su aplicación al reclamo de otros conceptos, y al respecto ya ha establecido esta Sala en el referido fallo del 29 de noviembre de 2001, que al fallecer el trabajador los derechos, prestaciones e indemnizaciones que debe pagar el empleador, diferentes de la prestación de antigüedad se transmiten a sus herederos aplicando el orden de suceder en los términos y condiciones previstos en el Código Civil (Resaltado del presente fallo).”

Comentario de Acceso a la Justicia: La Sala ratifica su criterio conforme al cual: la prestación de antigüedad acumulada por el trabajador en caso de fallecimiento, no forma parte de la masa hereditaria, pues sus destinatarios no necesariamente coinciden con los herederos –así como puede ostentar tal condición quien carezca de vocación hereditaria, también es posible que un heredero no sea beneficiario del mencionado concepto–, e igualmente ocurre con la indemnización derivada de un infortunio laboral que acarree la muerte del trabajador. Además, de las transcripciones precedentes se extrae que el listado de beneficiarios dispuesto en el artículo 568 de la Ley Orgánica del Trabajo de 1997, aplicable ratione temporis, sólo puede ser aplicado a los supuestos indicados –muerte por infortunio laboral y pago de prestación de antigüedad–, mas no en lo que respecta al reclamo de otros conceptos, razón por la que se afirma que “los derechos, prestaciones e indemnizaciones que debe pagar el empleador, diferentes de la prestación de antigüedad se transmiten a sus herederos aplicando el orden de suceder en los términos y condiciones previstos en el Código Civil”. (vid. sentencia N° 884 del 16 de octubre de 2013, caso: Gabrielys Nancy Noda viuda de Pagadizábal contra Constructora Nase, C.A.).

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scs/junio/199602-0453-5617-2017-16-854.HTML      

La responsabilidad solidaria de los contratistas y beneficiarios con el patrono por los infortunios laborales. Los elementos constitutivos del hecho ilícito


JUSTICIA-NOTA

Sala: de Casación Social
Tipo De Recurso: Casación
TSJ/SCS Nº Sent: 415      Fecha: 29-05-2017
Caso: Demanda por indemnización de daños y perjuicios interpuesta por MORAIMA COROMOTO MEZA PIÑA y ALDRIN RAFAEL JARAMILLO, en su carácter de padres del trabajador fallecido RAFAEL ALEJANDRO JARAMILLO MEZA; ARIANNY ZARAY PÉREZ DÍAZ, en nombre propio y en representación de su hija contra RESGUARDO Y VIGILANCIA TOTAL C.A., COMPAÑÍA BRAHMA VENEZUELA S.A. e INVERSIONES L. RADEL C.A.
Decisión: Se declara desistido el recurso de casación de RESGUARDO Y VIGILANCIA TOTAL C.A.; sin lugar los recursos de casación contra la sentencia dictada el 24 de mayo de 2016, por el Juzgado Superior de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del estado Lara.
Extracto:
“De la lectura de los extractos jurisprudenciales antes citados, en los que se analizó el contenido del artículo 127 de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, se desprende claramente que para que opere la solidaridad de los contratistas y beneficiarios por infortunios acaecidos con ocasión del trabajo, por el incumplimiento de la normativa de seguridad y salud laboral frente a la responsabilidad del contratista, resulta necesario que los trabajadores laboren en las instalaciones o centros de trabajo del contratante.”
“…OMISSIS…”
“Ahora bien, tanto la doctrina patria como la jurisprudencia, han señalado como elementos constitutivos del hecho ilícito: 1) El incumplimiento de una conducta preexistente; 2) El carácter culposo del incumplimiento; 3) que el incumplimiento sea ilícito, o sea, viole el ordenamiento jurídico positivo; 4) que se produzca un daño y, 5) La relación de causalidad entre el incumplimiento culposo ilícito, actuando como causa y el daño figurando como efecto.”
Comentario de Acceso a la Justicia: La sentencia ratifica el criterio de la Sala sobre la necesidad de que el trabajador labore en las instalaciones del contratante para que haya responsabilidad solidaria de los contratistas y beneficiarios con el patrono por los infortunios laborales. También ratifica su criterio sobre los elementos constitutivos del hecho ilícito.
Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scs/mayo/199396-0415-29517-2017-16-684.HTML 

Hay que probar el daño moral en accidentes laborales


MONITOREO1

Sala de Casación Social

Recurso de Casación

TSJ/SCS Nº 179.    Fecha: 15/03/2017

Caso: Recurso de Casación en demanda por daños y perjuicios intentada por Yajaira Martínez contra Compañia Anónima de Administración y Fomento Eléctrico (CADAFE)

Decisión: Se declaró con lugar el recurso de casación, se anuló la sentencia recurrida y Parcialmente Con Lugar la demanda de indemnización de daños incoada. La Sala para tomar su decisión señaló:

“En primer lugar debe reconocerse que ciertamente ha establecido la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo de Justicia (como lo ha señalado el apoderado judicial de la trabajadora demandante), que es factible obligar al empleador con base únicamente en la responsabilidad objetiva patronal, vale decir, sin que medie hecho ilícito de su parte (como ocurre en el caso concreto), al pago de indemnizaciones tanto materiales, como de carácter moral. Así lo ha establecido de manera reiterada la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo de Justicia, tanto en su Sala de Casación Social, como a través de su Sala Constitucional. Sin embargo, lo que no ha dispuesto la doctrina jurisprudencial, es que la parte que pretende la indemnización de algún daño, bien sea éste material o moral, se encuentre exceptuada o dispensada de demostrarlo, es decir, relevada de su obligación de demostrar la existencia del daño mismo que le afecta y cuya indemnización pretende.

Ahora bien, lo que acertadamente ha dispuesto la sentencia recurrida en el caso concreto, es que no resulta procedente la indemnización reclamada por concepto de daño moral, porque no está demostrada la ocurrencia misma del mencionado daño moral. En ese sentido, a juicio de esta Alzada, para la procedencia de la indemnización por daño moral que pretende la demandante, no es suficiente la demostración del daño físico que la afecta (el cual si está demostrado en autos, consistente en la hernia discal que padece la trabajadora demandante, conforme a la certificación que obra en los autos), sino que adicionalmente es necesario e indispensable demostrar, el daño moral propiamente dicho, cuya indemnización se reclama, el cual no está demostrado de forma alguna en este caso.

(Omissis)

(…) es imprescindible a los efectos de la procedencia de dicha indemnización, que el daño moral esté plenamente demostrado, por cuanto no es consustancial a todo daño material, la generación de un daño moral y en el presente asunto, no quedó demostrada una afectación en la esfera psíquica o moral de la trabajadora demandante, derivada o con ocasión de la “Discopatía Degenerativa de L5-S1”, que padece. Por el contrario, observa esta Alzada que gran parte de los medios probatorios de la actora fueron dirigidos a comprobar el carácter ocupacional de la enfermedad que ésta padece, pasando por alto la necesidad de demostrar la existencia misma del daño moral que tal enfermedad supuestamente le produce, indistintamente de su naturaleza ocupacional o común, ya que, como antes se estableció, el daño moral no es una consecuencia “automática” de todo padecimiento físico, por lo cual, resulta indispensable su demostración a los efectos de que resulte procedente su indemnización, circunstancia de hecho que no fue demostrada en el presente asunto. Y así se declara.”

Comentario de Acceso a la Justicia: La sentencia declara que no resulta procedente la indemnización reclamada por concepto de daño moral, porque no basta con probar el daño físico o material, sino que hay que probar la ocurrencia misma del mencionado daño moral. Este criterio rompe con los criterios tradicionales en materia de daños, ya que, el daño moral se considera una consecuencia lógica del daño físico; toda vez que es prácticamente imposible probar y más aún medir, el sufrimiento causado como consecuencia de un daño material.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scs/marzo/196945-0179-15317-2017-16-733.HTML

La carga de la prueba del acoso laboral


MONITOREO1

SALA DE CASACIÓN SOCIAL

RECURSO DE CASACIÓN

TSJ/SCS N° 0147. FECHA: 09-03-17

Caso: Recurso de Casación en Demanda por cobro de prestaciones sociales y acoso laboral interpuesta por Enrique Castro Castro contra Distribuidora Verocerámica, CA

Decisión: SIN LUGAR el recurso de casación interpuesto y se CONFIRMA la decisión recurrida. Al respecto, señaló la Sala:

“Conforme al criterio citado, se observa que el daño moral derivado del acoso laboral o mobbing, encuentra su basamento legal en el artículo 1.185 del Código Civil, y el mismo deviene del hecho ilícito del patrono, por lo que se trata de una acreencia especial que inexorablemente debe ser demostrada por el actor, y además, debe existir relación de causalidad entre el agravio y el daño ocasionado; por lo que al no existir en el expediente probanza alguna que permita al accionante demostrar sus alegatos, resultaría forzoso para el administrador de justicia declarar la inexistencia del acoso aducido y declarar la improcedencia del daño moral peticionado.

En el caso sub-examine, se solicita el pago de una indemnización por daño moral, derivado del denunciado mobbing padecido por el demandante, el cual fue declarado improcedente por carecer de pruebas que demostraran tal afirmación.”

Comentario de Acceso a la Justicia: Se reitera el principio jurídico según el cual la carga de la prueba en caso de reclamo de acoso laboral o daño moral derivado de un acoso laboral recae sobre quien lo alega

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scs/marzo/196710-0147-9317-2017-16-729.HTML

No basta alegar daños y perjuicios, se deben probar


MONITOREO1

Sala de Casación Social. 

Recurso de Casación. 

TSJ/SCS Nº 29. Fecha: 31/01/2017.

Caso: Recurso de casación en el juicio de cumplimiento de contrato seguido por  JOSÉ LUIS DE LA TRINIDAD DELGADO contra el GRUPO INMOBILIARIO CEDEÑO MÉNDEZ C.A., y solidariamente contra MANUEL RENÉ CEDEÑO ROMERO, así como contra los herederos del de cujus NELSON ALFONSO MÉNDEZ RODRÍGUEZ, ciudadanos NELSON MÉNDEZ, MANUEL MÉNDEZMARÍA PINTO y LIGIA ARROYO.

Decisión: Con lugar la demanda, se anula el fallo recurrido. La Sala indicó:

“Ahora bien en cuanto a la indemnización solicitada relativa al pago de quinientos mil bolívares (Bs. 500.000) por concepto de daños y perjuicios es preciso señalar que para su procedencia no basta únicamente su alegato, como ocurrió en el presente caso, sino que la parte tiene la carga de argumentar y demostrar en qué consiste el daño cuya indemnización pretende, actuación con la cual no cumplió el demandante quien solo se limitó genéricamente  a solicitar se le indemnizase, por lo que debe declararse la improcedencia de tal requerimiento. Así se declara.”

Comentario de Acceso a la Justicia: En la sentencia se establece una diferencia entre la aplicación de “oficio” a conceptos de índole laboral, y conceptos de origen pecuniario u obligaciones pecuniarias como es el caso de daños y perjuicios. Esto es, no basta únicamente su alegato, como ocurrió en el presente caso, sino que la parte tiene la carga de argumentar y demostrar en qué consiste el daño cuya indemnización pretende.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scs/enero/195734-029-31117-2017-16-025.HTML

Lucro cesante en caso de fallecimiento del trabajador


DINERO

Sala de Casación Social.

Recurso de casación.

TSJ/SCS Nº 27. Fecha: 30/01/17.

Caso: Recurso de casación en el juicio por indemnizaciones derivadas de accidente laboral que siguen LUZ MERALYS JIMÉNEZ MOLINA, en su nombre y en representación de sus dos hijos E.D.C.J. y E.S.C.J., contra INVERSIONES JUANA ANTONIA, C.A. y el grupo económico conformado por las empresas COROMIX PREMEZCLADOS, C.A.COROMIX CORO, C.A. y COROMIX PARAGUANÁ, C.A. (GRUPO COROMIX).

Decisión: Con lugar el recurso, se anula el fallo recurrido. En la sentencia la Sala indicó que:

“Lucro cesante

A este respecto, debe indicarse que es criterio reiterado y pacífico de esta Sala que para la procedencia de los reclamos por lucro cesante se requiere demostrar que el infortunio laboral ocurrió ante un hecho ilícito. Sobre tal premisa, esta Sala de Casación Social ha afirmado en reiteradas oportunidades, entre ellas en decisión nº 768 del 6 de julio de 2005, el criterio que sigue:

[…] el trabajador que demande la indemnización de daños materiales superiores a los establecidos en las leyes especiales, deberá probar de conformidad con el Artículo 1.354 del Código Civil, los extremos que conforman el hecho ilícito que le imputa al patrón, criterio este, mantenido por la Sala de Casación Civil, ratificado hoy por esta Sala de Casación Social, el cual a continuación se transcribe:

‘Es criterio de esta Sala que de acuerdo a la acción intentada por el Trabajador con base en los Artículos 1.185 y 1.196 del Código Civil, el Tribunal Superior ajustó su decisión a los extremos que exige el Código Civil en materia de hecho ilícito demandado conforme a esas normas, por lo que correspondía a la parte actora demostrar en la secuela del juicio si el accidente se produjo por intención, negligencia o imprudencia de la empleadora, extremos que configuran el hecho ilícito que da lugar a la acción por daños y perjuicios morales o materiales, a tenor de los citados Artículos 1.185 y 1.196 del Código Civil. En lo que respecta al Artículo 1.354 del Código Civil, considera esta Corte que el Juzgado Superior sí le dio correcta aplicación”. (Sentencia de la Sala de Casación Civil de fecha 3 de junio de 1987, en el caso Isidro Arias Suárez contra Manufacturas Orgam, C.A.).’ (Sentencia N° 116, de fecha 17 de mayo de 2000, Sala de Casación Social).

Así las cosas, y en lo que se refiere al lucro cesante, es obligación de los órganos jurisdiccionales ajustar su decisión a los extremos que exige el derecho común en materia de hecho ilícito, por lo que es necesario verificar si la materialización del accidente o enfermedad ocupacional, según sea el caso, ha concurrido la intención, negligencia o imprudencia del empleador, demostrando el daño sufrido y la relación de causalidad.

El artículo 1.273 del Código Civil, establece.

Los daños y prejuicios se deben generalmente al acreedor, por la pérdida que haya sufrido y por la utilidad de que se le haya privado, salvo las modificaciones y excepciones establecidas a continuación.

En tal sentido, toda vez que quedó demostrado el hecho ilícito del patrono y que resulta imposible que el ciudadano Edgar Castro siga percibiendo ingresos o ganancias derivadas de la prestación de sus servicios personales, procede condenar al pago por lucro cesante, para lo cual se considera la edad del causante al momento del accidente (30 años) y el tiempo útil de un trabajador según lo establece la Ley del Seguro Social (de 60 años de edad), aunado al hecho de que el contrato era por tiempo indeterminado. De lo anterior, resulta que el ciudadano Edgar Castro, contaba con una vida útil 30 años de edad, correspondiendo el cálculo de la indemnización a razón el salario integral diario, base de cálculo admitida por esta Sala de Casación Social, entre otras en sentencia n° 341 del 11 de abril de 2016 (caso Carmen Zoraima Delgado de Abreu y otros contra Cantv).

Por tanto, la Sala acuerda como indemnización por lucro cesante la cantidad de Bs. 1.700.352,00, que resulta de multiplicar el salario integral diario del trabajador, por 10.800 días. Así se decide.

De la responsabilidad del grupo Coromix

Al momento de resolver el recurso de casación, se dispuso que la responsabilidad civil ordinaria del patrono por hecho ilícito, no excluye necesariamente la posibilidad de que se admita, al propio tiempo, la reclamación por responsabilidad civil de quien concurre en el hecho ilícito.

Partiendo de esta premisa, se observa que el caso marras el grupo Coromix participó en la comisión del hecho ilícito que produjo la muerte del ciudadano Edgar Castro, circunstancia que se verifica, entre otros elementos, del expediente de investigación del Inpsasel en el cual cursa la certificación de accidente de trabajo que dispone:

[…] para el momento del hecho se encontraba específicamente en la parte superior de la edificación sujetando el brazo mecánico del equipo bomba de concreto con el propósito de realizar el vaciado de cemento, en ese momento dicho brazo (cuello de jirafa o pluma) golpea una línea de alta tensión provocando una fuerte descarga eléctrica al trabajador supramencionado ocasionándole la muerte, debida a Insuficiencia Cardio-Respiratoria Aguda, Choque eléctrico […]. [Folio 157 de la pieza 3 del expediente].

Esta prueba, al igual que los testimonios y el informe de Corpoelec, dan cuenta de la presencia del camión de concreto premezclado el día del accidente, y que fue el brazo jirafa o pluma del referido camión el que derribó la línea eléctrica que causó la muerte del trabajador Edgar Castro.

Al mismo tiempo, en informe de la Corporación eléctrica Nacional, S.A., que figura en la pieza tres del expediente, refiere que la ruptura abrupta de la línea de media tensión (13 kV) correspondiente al circuito Los Taques, fue provocada por un camión de la empresa Coromix que estaba haciendo un vaciado de concreto.

De acuerdo con esto, observa la Sala que los dependientes o trabajadores del grupo Coromix, fueron quienes operaron los equipos que causaron la ruptura abrupta de la línea de media tensión eléctrica. Que además el grupo Coromix es el propietario del camión bomba y la jirafa o pluma que causa la ruptura de la línea de alta tensión eléctrica, de tal modo que el accidente de trabajo es imputable de manera concurrente a la sociedad mercantil Inversiones Juana Antonia, C.A. y al grupo Coromix, de conformidad con los artículos 1191 y 1195 del Código Civil.

De tal manera, si bien en el caso no se encuentran presentes las circunstancias para establecer la responsabilidad del grupo Coromix por lo que respecta a las obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales y seguridad social, no ocurre lo mismo en relación a la responsabilidad de acuerdo a las normas de derecho civil.

Consecuentemente, de conformidad con las normas de derecho común, específicamente de acuerdo a los artículos 1.191 y 1.195 del Código Civil, se condena al grupo Coromix a responder solidariamente de la condena por lucro cesante establecida en este fallo. Así se decide.

De la indemnización a cargo del grupo Coromix por concepto de daño moral o extrapatrimonial

Los demandantes reclaman a título propio, indemnización por daño moral ante el sufrimiento que les supone la muerte del ciudadano Edgar Castro, alegando que deben responder solidariamente la sociedad mercantil Inversiones Juana Antonia, C.A. y el grupo Coromix.

Al respecto, quedó comprobado en autos que hubo una lesión a un bien extrapatrimonial que afecta a la esfera íntima de los actores generando una aflicción, lo cual da lugar a una indemnización compensatoria, ya impuesta por la Sala a la empresa Inversiones Juana Antonia, C.A.

Ahora bien, observando que en el presente caso existe la circunstancia particular de la concurrencia del grupo Coromix en el hecho generador del infortunio (por cuenta de los dependientes del grupo), y que se han determinado los elementos de su responsabilidad civil (daño, culpa y relación de causalidad) según el cúmulo de pruebas aducidas al proceso, corresponde establecer su responsabilidad solidaria de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 1191, 1195, 1196 y 1221 del Código Civil, último de los cuales dispone:

Artículo 1.221. La obligación es solidaria cuando varios deudores están obligados a una misma cosa, de modo que cada uno pueda ser constreñido al pago por la totalidad, y que el pago hecho por uno solo de ellos liberte a los otros, o cuando varios acreedores tienen el derecho de exigir cada uno de ellos el pago total de la acreencia y que el pago hecho a uno solo de ellos liberte al deudor para con todos.

Conviene reiterar que en el caso bajo análisis hubo una cadena causal. Inobservancia de las obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales por parte de la sociedad mercantil Inversiones Juana Antonia, C.A., y la acción para la ocurrencia del daño por parte del grupo Coromix. La primera (patrono) tenía la capacidad (y la obligación) de evitar el infortunio, y el segundo realizó la acción necesaria que produjo la muerte (golpear la línea de transmisión eléctrica).

De tal modo, se condena al grupo Coromix a responder solidariamente de la indemnización compensatoria por daño moral establecida precedentemente, atendiendo a que, en definitiva, se trata de un solo concepto que obedece a la aflicción producida por la muerte del ciudadano Edgar Castro. Así se decide.”

Comentario de Acceso a la Justicia: La sentencia ratifica el criterio de la Sala sobre la procedencia y determinación del lucro cesante en caso de fallecimiento del trabajador, esto es, que se requiere demostrar que el infortunio laboral ocurrió ante un hecho ilícito. Además, establece la responsabilidad solidaria de un grupo económico por su concurrencia en el hecho generador del daño.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scs/enero/195641-027-30117-2017-15-1317.HTML