Gobierno prorroga estado de excepción por undécima vez sin notificar a la ONU


Decimoprimera prórroga del estado de excepción

El 10 de noviembre el presidente de la República, Nicolás Maduro, firmó una nueva prórroga del Decreto de Emergencia Económica y de Excepción por 60 días, afirmando que se trataba de la quinta vez. Diez días más tarde, y sin ninguna objeción, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) lo declara constitucional sin que previamente la Asamblea Nacional (AN) diera su aprobación tal como lo establece el artículo 339 de la Constitución.

ONUDe igual forma, como viene ocurriendo desde el 14 de enero de 2016, el Estado venezolano no ha notificado la adopción de dicho régimen extraordinario a la Organización de Naciones Unidas (ONU), como lo ordena el artículo 4.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos suscrito por Estados miembros.

El Pacto establece lo siguiente:

“Todo Estado parte que haga uso del derecho de suspensión (de algunos de los derechos civiles y políticos) deberá informar inmediatamente a los demás Estados Partes en el presente Pacto, por conducto del Secretario General de las Naciones Unidas, de las disposiciones cuya aplicación haya suspendido y de los motivos que hayan suscitado la suspensión. Se hará una nueva comunicación por el mismo conducto en la fecha en que se haya dado por terminada tal suspensión”.

Acceso a la Justicia reitera que esta obligación (que puede parecer una simple formalidad sin relevancia práctica) tiene gran importancia, porque protege en alguna medida a los ciudadanos al evitar que se limiten derechos humanos sin justificación por parte de los gobiernos. Otra irregularidad reiterada en cada firma de la medida es que no establece cuáles son las garantías restringidas y cómo se limitan, como lo impone la Constitución, que también advierte que no se pueden suspender los derechos a la vida, al debido proceso, a la información, la prohibición de incomunicación o tortura y los demás derechos humanos intangibles

Fuera de la Constitución de forma permanente

Es así como desde enero de 2016 Venezuela permanece bajo un estado de excepción cuya finalidad desde el inicio, según el mismo Jefe de Estado, era tomar medidas extraordinarias que permitieran superar la crisis.

En cada ocasión, superados los sesenta días de un decreto original, el Ejecutivo ha firmado una extensión por el mismo lapso, que al culminar da origen a un nuevo decreto, hasta llegar a noviembre de 2017 (el más reciente) con prórroga hasta el mes de enero de 2018.

El artículo 338 de la Carta Magna reza:

“Podrá decretarse el estado de emergencia económica cuando se susciten circunstancias económicas extraordinarias que afecten gravemente la vida económica de la Nación. Su duración será de hasta sesenta días, prorrogable por un plazo igual”.

En este sentido, se habla de “circunstancias” y de restringir “temporalmente” es decir, a un solo decreto con su prórroga, no a una permanencia indefinida en el tiempo, por lo que en realidad no es la quinta extensión como lo sostiene el Ejecutivo, quien trata de hacer ver que cumple con la Constitución, sino la decimoprimera vez que prorroga el primer decreto del 14 de enero de 2016.

Casi dos años después el Ejecutivo ya debería haberse dado cuenta de que el estado de excepción no es la respuesta, porque los problemas se han agravado y, aun así, la figura prevista en el artículo 337 constitucional continúa siendo aplicada.

¿Y a ti venezolano, cómo te afecta?

Escasez en VenezuelaLa profundización de los problemas (hiperinflación, escasez de medicinas y alimentos, entre otros) que padece el pueblo venezolano y que el presidente Maduro prometió resolver desde el primer decreto de estado de excepción demuestra que dicho régimen extraordinario sólo ha sido usado por el Gobierno para aumentar y abusar de su poder, con la venia del TSJ y sin ningún tipo de control.

Un ejemplo de dicho uso ha sido el manejo del presupuesto nacional sin supervisión y sin la aprobación de la Asamblea Nacional. Recordemos que ante la anulación de las competencias del parlamento con la excusa del supuesto desacato por la juramentación de los diputados opositores de Amazonas, fue el TSJ el que aprobó la Ley de Presupuesto y Endeudamiento 2017, mientras que el de 2018  fue autorizado por la Asamblea Nacional Constituyente en clara usurpación de las funciones del legislativo.

Boletín n.° 16. Del 27 de noviembre al 2 de diciembre de 2017


Boletín Crisis en Venezuela

Poder Judicial somete a la población infantil a una larga agonía- Acceso a la JusticiaEl voto es el medio de expresión más legítimo con el que cuenta la ciudadanía- CEPAZ. Comité de Jubilados y Pensionados realizó su 26 encuentro anual nacional- Provea. Gobierno utiliza cadenas para promover a candidatos del PSUV- Espacio Público. Codevida asiste a Dominicana para plantear la situación de emergencia humanitaria- Codevida. Gobierno aplica método “puerta giratoria” con presos políticos- Foro Penal Venezolano. La estructura de “la Gran Corrupción” se instaló en el país y traspasó las fronteras- Transparencia Venezuela. Sistema Público Nacional no garantiza tratamiento para pacientes con hemofilia- Un Mundo Sin Mordaza.

Boletín n.° 16 Crisis en Venezuela

Poder Judicial somete a la población infantil a una larga agonía jurídica


Poder Judicial vs Cecodap

La Asociación Civil Centros Comunitarios de Aprendizaje (Cecodap), y con ella las niñas, niños y adolescentes, han sufrido una verdadera agonía personal y jurídica, sin resultado positivo, para poder lograr que el Gobierno asuma su responsabilidad constitucional en materia de protección de la salud infantil.

Logo CecodapDesde hace casi dos años, Cecodap ha estado tratando que el Estado venezolano asuma sus deberes constitucionalmente establecidos en esta materia mediante acciones ante el Poder Judicial, pero la respuesta ha sido negativa en cuatro oportunidades. De esta forma, los órganos llamados a impartir justicia fungen como verdaderos paladines en defensa de los intereses del Ejecutivo y en detrimento de los ciudadanos y, en este caso, de uno de los sectores más vulnerables: los niños, niñas y adolescentes.

La primera respuesta negativa fue la del Juzgado 14º de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes del Área Metropolitana de Caracas en fecha 11 de febrero de 2016, bajo el argumento de que no había pruebas suficientes de la escasez de medicamentos y de la consecuente crisis. En franca contradicción, ese mismo día el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) a través de su Sala Constitucional declaró constitucional, sin tener competencia para ello, el primero de los estados de excepción, decretado a nivel nacional por el presidente de la República, en el que reconocía la crisis del país en diversos ámbitos, la salud incluido, y solicitaba poderes especiales para solucionarla.

Seguidamente, se pronunció el Juzgado Superior 3º de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes del Área Metropolitana de Caracas, quien declaró sin lugar la apelación ejercida por la ONG y confirmó la decisión del Juzgado 14º.

Pero Cecodap insistió e interpuso un recurso de control de la legalidad ante el TSJ contra la decisión del Juzgado Superior, la cual fue declarada inadmisible por su Sala de Casación Social mediante sentencia 1.448 del 16 de diciembre de 2016, por supuestamente no haberse cumplido con determinadas formalidades.

Finalmente, la ONG intentó un recurso extraordinario de revisión ante la Sala Constitucional, el cual fue declarado inadmisible mediante sentencia 823 del 27 de octubre de 2017, sin que a la fecha se conozcan las razones de hecho y de derecho por las cuales la Sala tomó esa decisión. Un resumen de esta fue publicado en la cuenta virtual de la página web del máximo tribunal, no así su contenido completo. Es decir, ha transcurrido un mes de tomada la decisión y hasta la fecha se desconoce su contenido.

Infografía Mortalidad infantilNo hay razones valederas desde el punto de vista jurídico ni humano para someter a nuestras niñas y niños a una larga agonía en la lucha por sus derechos, mientras mueren por falta de medicinas y atención adecuada en los centros hospitalarios.

Irónicamente, el TSJ realizó el XIV Foro Derechos de la Infancia y la Adolescencia los días 24 y 25 de noviembre, en el que se llamó a la erradicación definitiva de la violencia en el trato con niños y adolescentes. Negar la crisis humanitaria y no garantizarle el derecho a la salud a la población infantil también es una forma de violencia.

¿Y a ti venezolano, cómo te afecta?

Un Gobierno que constantemente responsabiliza a la oposición y a otros países de las malas consecuencias de sus propias políticas, especialmente de la crisis en el área de salud, no puede solucionar los problemas. Más grave aún, no hay poderes independientes que lo obliguen a tomar medidas. Mientras, los venezolanos seguirán padeciendo indefinidamente la falta de medicinas y las malas condiciones de los hospitales públicos, con la terrible consecuencia de la muerte en muchos casos y sin que puedan contar con un Poder Judicial que les brinde amparo a sus derechos constitucionales.

Boletín n.° 7. Del 25 de septiembre al 2 de octubre de 2017


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Análisis sobre el resultado de las protestas- ProveaEl eterno e inconstitucional estado de excepción- Acceso a la Justicia

Cepaz, Provea y el CDH-UCAB presentaron la Agenda Urgente en Derechos Humanos- CEPAZEn peligro la salud de Carlos Pereira, preso por escribir las incidencias de las protestas– Foro Penal Venezolano.  Madres de Catuche incentivan la convivencia a través de la solidaridad y el activismo social- Un Mundo Sin Mordaza. La censura se hace norma – Espacio PúblicoGobiernos de Chávez y Maduro agigantaron la plataforma de empresas del Estado para aumentar el control económico, político y social-Transparencia Venezuela.

Boletin 7 Crisis en Venezuela

El eterno e inconstitucional estado de excepción


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El presidente de la República, Nicolás Maduro, mantiene al país en un eterno régimen extraordinario de medidas que supuestamente servirán para enfrentar la actual crisis que viven los venezolanos.

De nuevo, el mandatario nacional prorrogó el estado de excepción y de emergencia económica en todo el territorio nacional por 60 días más. El Decreto n.° 3.074 del pasado 11 de septiembre prevé la implementación de medidas extraordinarias en el ámbito social, económico y político.

Acceso a la Justicia advierte que la medida incumple los principios y las normas constitucionales por las siguientes razones:

  1. Contradice las bases de la Carta Magna (artículos 337, 338 y 339) que permiten acordar el estado de excepción como un instrumento provisional o circunstancial consagrado para proteger el orden constitucional, y no para resquebrajarlo como lo hace el Ejecutivo; aparte que no es ni siquiera el mecanismo idóneo para resolver la dura crisis económica, política y social por la que atraviesa el país, donde es el propio Gobierno su propulsor por las continuas y erradas políticas públicas que ha venido implementando.
  1. No establece cuáles son las garantías restringidas y sus límites, como lo impone la Constitución, ni tampoco refleja en los considerandos del decreto una valoración objetiva del motivo o causa que justifique la emisión del nuevo estado de excepción. Sólo se limita a sostener afirmaciones vagas acerca de la existencia de supuestos sectores nacionales e internacionales que buscan perjudicar los intereses del país.
  1. El régimen de excepción impuesto insiste en violar la soberanía popular (artículo 5 de la Constitución) al desconocer a la legítima Asamblea Nacional (AN), sobre todo cuando omite —al igual que lo hizo con los decretos anteriores— todo pronunciamiento acerca de la remisión que debe hacer el Presidente de la República a la AN para la consideración y aprobación del decreto en que declare el estado de excepción, conforme a lo dispuesto en el artículo 339 constitucional.

Vale acotar que el pasado 19 de septiembre el Parlamento acordó el rechazo y la no aprobación del mencionado acto de gobierno.

Además de esto, el desconocimiento a la AN por parte del Ejecutivo nacional se hace evidente en el numeral 22 del artículo 2, en el que expresamente dice que el Presidente de la República va a decidir “la suspensión temporal y excepcional de la ejecución de sanciones de carácter político contra las máximas autoridades del Poder Público y otros altos funcionarios, cuando dichas sanciones puedan obstaculizar la continuidad de la implementación de medidas económicas para la urgente reactivación de la economía nacional”.

Es cuestionable y abierta la violación del principio de temporalidad, que es uno de los pilares fundamentales para dictar el estado de excepción y que consiste en imponer un tiempo determinado de duración de esta medida, con el propósito especial de impedir que se extienda su vigencia de forma indefinida o infinita.

El Gobierno viene extendiendo el estado de excepción desde enero de 2016, por lo que aplica dicha figura como una decisión permanente o eterna que busca suspender la vigencia del texto constitucional por un régimen paralelo con el que incrementa cada vez más los poderes del Ejecutivo y el control absoluto sobre las instituciones del país por el partido gobernante.

En medio del carácter protectorio que dice tener el estado de excepción en el contexto actual del país, para nada está dando tregua a la angustiosa y caótica crisis humanitaria que se vive. Lo que se revela con cada declaratoria de esta medida es el debilitamiento del Estado constitucional democrático y de derecho frente al fortalecimiento del Gobierno, que busca perpetuarse en el poder.

 ¿Y a ti venezolano, cómo te afecta?

El porvenir de los venezolanos, lamentablemente, se vaticina poco esperanzador con un Gobierno tiránico que se ocupa sólo de aferrarse al poder a cualquier precio sin dedicarse a atacar la raíz de los males angustiantes que estamos padeciendo y ni siquiera encontrar las verdaderas fórmulas a la crisis que afronta el país.

En medio de la actual situación de escasez e inflación que padecemos, esta declaratoria de un estado de excepción pareciera significar, desgraciadamente, el desmoronamiento de la población venezolana.

Constitucionalidad del decreto de Estado de Excepción


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Sala: Constitucional

Tipo De Recurso: Constitucionalidad de ley

Materia: Constitucional

Nº Exp: 17-0953      Nº Sent: 727      Fecha: 25-09-2017

Caso: Solicitud de pronunciamiento sobre la constitucionalidad del Decreto N° 3.074  mediante el cual se decreta el Estado de Excepción y de Emergencia Económica en todo el territorio Nacional, dadas las circunstancias extraordinarias en el ámbito social, económico y político, que afectan el Orden Constitucional, la paz social, la seguridad de la Nación, las instituciones públicas y a las ciudadanas y los ciudadanos habitantes de la República.

Decisión: CONSTITUCIONALIDAD del Decreto n.° 3.074 del 11 de septiembre de 2017, publicado en la Gaceta Oficial N° 41.237 del 15 de septiembre de 2017. NULO, INEXISTENTE E INEFICAZ cualquier acto en el cual la Asamblea Nacional pretenda desaprobar el Decreto de Estado de Excepción y Emergencia Económica n.° 3.074 del 11 de septiembre de 2017, publicado en la Gaceta Oficial n° 41.237 del 15 de septiembre de 2017. REITERA que resultan manifiestamente inconstitucionales y, por ende, absolutamente nulos y carentes de toda vigencia y eficacia jurídica, los actos emanados de la Asamblea Nacional, incluyendo las leyes que sean sancionadas, mientras se mantenga el desacato a las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia. REITERA que las sentencias de la Sala Constitucional tienen carácter vinculante y efectos erga omnes, inclusive para todos los órganos del Poder Público Nacional. Ordena la PUBLICACIÓN de la presente decisión en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, en la Gaceta judicial y en la página web de este Tribunal Supremo de Justicia.

Extracto:

Visto el referido Decreto, esta Sala Constitucional advierte que en sentencias números 4 del 20 de enero de 2016, 7 del 11 de febrero de 2016, 184 del 17 de marzo de 2016, 411 del 19 de mayo de 2016, 615 del 19 de julio de 2016, 810 del 21 de septiembre de 2016, 4 del 19 de enero de 2017, 113 del 20 de marzo de 2017 y, 364 del 24 de mayo de 2017, ratificaron el criterio del primer fallo sobre algunas nociones de carácter doctrinario respecto de la naturaleza, contenido y alcance de los estados de excepción, como mecanismos constitucionales válidos para que el Presidente de la República pueda tomar medidas extraordinarias y excepcionales cuando existan situaciones fácticas de alarma, emergencia o calamidad.

Al respecto, como antes se indicó, el Decreto sometido al control de esta Sala plantea desde su primer artículo, que el mismo tiene como objeto decretar el Estado de Excepción, en el que el Ejecutivo, hace uso de dicha facultad, para disponer de la atribución para adoptar las medidas urgentes, contundentes, excepcionales y necesarias, para asegurar a la población el disfrute pleno de sus derechos, preservar el orden interno, el acceso oportuno a bienes, servicios, aumentos, medicinas y otros productos esenciales para la vida, dadas las situaciones fácticas y jurídicas bajo las cuales es adoptado y los efectos que debe surtir con la inmediatez que impone la gravedad o entidad de las circunstancias vulneradoras que el Poder Público, con facultades extraordinarias temporales derivadas del propio Decreto, pues el Presidente de la República como Jefe de Estado y del Ejecutivo Nacional está en la obligación de atender para restaurar la normalidad en el funcionamiento del sistema socio-económico, para ponderar y garantizar de forma cabal e inaplazable los derechos fundamentales de todos los ciudadanos y ciudadanas.

Por ello, se observa que se trata de un límite y ponderación legítima respecto del ejercicio de algunos derechos y garantías constitucionales, fundado en razones excepcionales, cuyo único propósito es establecer un orden alternativo, temporal y proporcional dirigido a salvaguardar la eficacia del Texto Constitucional y, por ende, la eficacia de los derechos y garantías, en situaciones de anormalidad de tal entidad que comprometan la seguridad de la Nación, de sus habitantes, la armonía social, la vida económica de la Nación, de sus ciudadanos o ciudadanas, así como el normal funcionamiento de los Poderes Públicos y de la comunidad en general.

Observa esta Sala Constitucional que el Decreto n° 3.074 del 11 de septiembre de 2017, mediante el cual se decreta el Estado de Excepción y de Emergencia Económica en todo el Territorio Nacional, atiende de forma prioritaria aspectos de seguridad económica, que encuentran razón, además, en el contexto económico latinoamericano y global actual, y resulta proporcional, pertinente, útil y necesario para el ejercicio y desarrollo integral del derecho constitucional a la protección social por parte del Estado, ineludibles para la construcción de una sociedad justa y amante de la paz y para la promoción de la prosperidad y bienestar del pueblo, conforme a lo previsto en el artículo 3 Constitucional.

De allí que se estime ajustado al orden constitucional y por ende procedente, que el Ejecutivo Nacional, constatadas las circunstancias suscitadas y que se mantienen en el espacio geográfico de la República, emplee las medidas amparadas por el decreto bajo estudio, en cumplimiento del deber irrenunciable e ineludible del Estado Venezolano de garantizar el acceso oportuno de la población a bienes y servicios básicos y de primera necesidad, así como el disfrute de sus derechos en un ambiente pleno de tranquilidad y estabilidad, asegurando el derecho a la vida de todos los habitantes de la República Bolivariana de Venezuela.

Comentario de Acceso a la Justicia: Resulta indudable la falta de fundamentación jurídica en que incurre la SC al momento de pronunciarse sobre la constitucionalidad del Decreto N° 3.074 a través del cual el Presidente de la República decreta el Estado de Excepción y de Emergencia Económica en todo el territorio Nacional. De hecho, no examina los requisitos formales y sustanciales que debe cumplir el  Ejecutivo Nacional para emitir esta decisión política.

La SC solo se limita referirse a algunas notas de prensa para determinar que los hechos invocados por el Presidente de la República justifican la medida del estado de excepción decretada. Es obvio que la sentencia de la SC, como todas las anteriores, busca ofrecer un revestimiento jurídico a una decisión arbitraria e inconstitucional del Ejecutivo para mantener aún en vigencia un régimen paralelo que está divorciado absolutamente del orden constitucional del Estado venezolano.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/septiembre/203324-727-25917-2017-17-0953.HTML

El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela: un instrumento del Poder Ejecutivo


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La Comisión Internacional de Juristas (1952), activa en los cinco continentes y compuesta por sesenta eminentes jueces y abogados de todas las regiones del mundo y que tiene por misión la promoción y protección de los Derechos Humanos, publicó un informe sobre el Tribunal Supremo de Justicia venezolano como instrumento al servicio de los intereses políticos del Poder Ejecutivo dirigido por Nicolás Maduro. El documento hace un recuento de las arbitrarias sentencias emitidas desde el máximo tribunal, tales como la que declaró en desacato a la Asamblea Nacional (AN) electa en 2015 con mayoría opositora, las polémicas sentencias 155 y 156 con la que despojó al Parlamento de sus competencias, así como el aval al prolongado estado de Excepción y cómo dichas decisiones han erosionado las libertades democráticas y la institucionalidad del país. De igual forma presenta conclusiones y recomendaciones al respecto.

Consulta el documento completo aquí:  Informe

Constitucionalidad de la prórroga del estado de excepción continuado


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Sala: Constitucional

Tipo De Recurso: Solicitud de declaratoria de constitucionalidad

TSJ/SC Nº Sent: 547      Fecha: 25-07-2017

Caso: ciudadano NICOLÁS MADURO MOROS, Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, solicita declaratoria de constitucionalidad del Decreto Nro. 2.987 del 13 de julio de 2017, publicado en la gaceta oficial N° 41.192 de esa misma fecha; de conformidad con lo dispuesto en el artículo 215 de la Constitución.

Decisión: Se declara la constitucionalidad del decreto N° 2.987 del 13 de julio de 2017, publicado en la gaceta oficial N° 41.192 de esa misma fecha.

Extracto:

De lo anterior, se observa que existe y así ha sido reconocido por el órgano legislativo nacional que se mantiene en desacato a las decisiones de este Alto Tribunal, una situación nacional extraordinaria, vinculada a la materia económica, a la seguridad de la Nación y de los ciudadanos y ciudadanas, a la paz social, que afecta el orden constitucional, lo cual exige la toma de medidas excepcionales y oportunas con la finalidad de lograr el restablecimiento de la situación de normalidad social y, por ende, de normalidad conforme a los valores, principios y fines que proyecta la Constitución.

En este sentido, revisado como ha sido el contenido del instrumento jurídico sometido a control constitucional, se observa que se trata de un Decreto cuyo objeto es, a tenor de su artículo 1, es prorrogar por sesenta (60) días, el plazo establecido en el decreto N° 2.849 (analizado en sentencia n° 364/17).

OMISSIS…

Al respecto, como antes se indicó, el Decreto sometido al control de esta Sala plantea desde su primer artículo, que el mismo tiene como objeto prorrogar el decreto n° 2.849 del 13 de mayo de 2017, en el que el Ejecutivo, hace uso de dicha facultad, para disponer de la atribución para adoptar las medidas urgentes, contundentes, excepcionales y necesarias, para asegurar a la población el disfrute pleno de sus derechos, preservar el orden interno, el acceso oportuno a bienes, servicios, aumentos, medicinas y otros productos esenciales para la vida, dadas las situaciones fácticas y jurídicas bajo las cuales es adoptado y los efectos que debe surtir con la inmediatez que impone la gravedad o entidad de las circunstancias vulneradoras que el Poder Público, con facultades extraordinarias temporales derivadas del propio Decreto, pues el Presidente de la República como Jefe de Estado y del Ejecutivo Nacional está en la obligación de atender para restaurar la normalidad en el funcionamiento del sistema socio-económico, para ponderar y garantizar de forma cabal e inaplazable los derechos fundamentales de todos los ciudadanos y ciudadanas.

Por ello, se observa que se trata de un límite y ponderación legítima respecto del ejercicio de algunos derechos y garantías constitucionales, fundado en razones excepcionales, cuyo único propósito es establecer un orden alternativo, temporal y proporcional dirigido a salvaguardar la eficacia del Texto Constitucional y, por ende, la eficacia de los derechos y garantías, en situaciones de anormalidad de tal entidad que comprometan la seguridad de la Nación, de sus habitantes, la armonía social, la vida económica de la Nación, de sus ciudadanos o ciudadanas, así como el normal funcionamiento de los Poderes Públicos y de la comunidad en general.

Observa esta Sala Constitucional que el Decreto n° 2.949 del 13 de mayo de 2017, mediante el cual se declaró el Estado de Excepción y de Emergencia Económica en todo el Territorio Nacional, atiende de forma prioritaria aspectos de seguridad económica, que encuentran razón, además, en el contexto económico latinoamericano y global actual, y resulta proporcional, pertinente, útil y necesario para el ejercicio y desarrollo integral del derecho constitucional a la protección social por parte del Estado, ineludibles para la construcción de una sociedad justa y amante de la paz y para la promoción de la prosperidad y bienestar del pueblo, conforme a lo previsto en el artículo 3 Constitucional.

De allí que se estime ajustado al orden constitucional y por ende procedente, que el Ejecutivo Nacional, constatadas las circunstancias suscitadas y que se mantienen en el espacio geográfico de la República, emplee las medidas amparadas por el decreto bajo estudio, en cumplimiento del deber irrenunciable e ineludible del Estado Venezolano de garantizar el acceso oportuno de la población a bienes y servicios básicos y de primera necesidad, así como el disfrute de sus derechos en un ambiente pleno de tranquilidad y estabilidad, asegurando el derecho a la vida de todos los habitantes de la República Bolivariana de Venezuela.”

Comentario de Acceso a la Justicia: Siguiendo la línea de actuación de Decretos anteriores (este es el décimo primer decreto que se dicta en esta materia) y con fundamento en la supuesta admisión por parte de la Asamblea Nacional de que hay una situación de emergencia económica y crisis institucional en Venezuela, se declara la constitucionalidad y pertinencia de la prórroga por sesenta (60) días más del estado de excepción. Del mismo modo, se hace caso omiso al pronunciamiento de la Asamblea Nacional de no aprobar dicho estado de excepción.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/julio/201452-547-25717-2017-17-0536.HTML

Maduro restringe más garantías constitucionales de los venezolanos


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Laura Louza, directora de la ONG Acceso a la Justicia fue entrevistada el 18 de mayo por Carlos Fernándes en su programa 60 minutos en Play FM Network, acerca de la inconstitucionalidad del último decreto de estado de excepción dictado por el Presidente de la República Nicolás Maduro.

Durante la entrevista, Laura Louza sostuvo que el gobierno ha estado haciendo una errónea interpretación y aplicación del artículo 337 de nuestra Constitución que versa sobre la facultad que tiene el Presidente de la República de decretar un estado de excepción.

Señala la entrevistada, que el gobierno ha prorrogado reiteradas veces el estado de excepción alegando el mismo supuesto de que “la guerra económica” aún no ha terminado en el país; lo que desde un punto de vista jurídico, señala la entrevistada, es inconstitucional, ya que la propia Constitución sostiene que los estados de excepción por esta causal solo podrán ser prorrogables una sola vez y por un lapso máximo de 60 días.

Precisa Laura Louza, que de no remediarse la situación de emergencia con la prórroga del estado de excepción, según la Constitución el gobierno debió haber optado por implementar otros mecanismos que permitan el restablecimiento de la situación a su estado normal.

Durante la entrevista, Laura Louza sostuvo que si bien el último decreto de estado de excepción se asemeja en su contenido a los anteriores, es mucho más severo en cuanto a las restricciones que le impone a los derechos humanos de los venezolanos. En efecto, el decreto le atribuye al Presidente la facultad de restringir todas las garantías constitucionales, menos las que la Constitución prohíbe limitar como el derecho al debido proceso, el derecho a la libertad de expresión, entre otras garantías, aunque de todas formas, precisa la entrevistada que de hecho están restringidas.

Finaliza Laura Louza, expresando, que los derechos son de los ciudadanos y no del Estado, por ende, el Estado no está en la capacidad de limitarlos como desee, únicamente de cumplir con su deber de protegerlos y garantizarlos.