7 claves sobre la “ilegalización” de los partidos políticos anunciada por Maduro


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Luego de las dudas y denuncias de fraude en las elecciones regionales del 15 de octubre, y tras la orden de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) al Consejo Nacional Electoral (CNE) de convocar las elecciones municipales para diciembre, además de solicitar la repetición de los comicios para elegir al gobernador del estado Zulia, la mayoría de los partidos políticos que integran la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) anunció que no participará en ambos procesos por considerar que no hay garantías.

Frente a la decisión de buena parte de la coalición opositora (Acción Democrática, Voluntad Popular, Primero Justicia, Causa R y Alianza Bravo Pueblo), el jefe del comando de campaña del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Jorge Rodríguez, consignó ante el CNE un documento en el que solicitó que se tomen “medidas contra aquellos partidos políticos que impidan el voto y el derecho a la participación del pueblo”.

La petición de Rodríguez fue respaldada por el presidente de la República, Nicolás Maduro, quien advirtió que tanto el CNE como la ANC están obligados a tomar “medidas draconianas” contra  los “partidos que se han ausentado del procedimiento político democrático y electoral” y hasta sugirió que se les inhabilitarán las tarjetas para próximos comicios.

En este nuevo capítulo de la vida político-electoral del país que pone aún más en peligro la libertad, Acceso a la Justicia plantea siete preguntas y respuestas claves para comprender el tema:

  1. ¿Abstenerse de participar en un proceso electoral configura una irregularidad o infracción en la legislación electoral venezolana que acarrea ilegalización de los partidos políticos?

No. En efecto, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) a través de la Sala Electoral (SE) reconoce  expresamente que la abstención o la falta de concurrencia a las elecciones es una forma de expresión del sufragio, tanto pasivo como activo, considerándose, claro está, un avance en materia de derechos políticos.

De hecho, la SE sostuvo en sentencia n.° 29 del 19 de febrero de 2002 que “La noción general del derecho al sufragio alude a la libertad de participar en un proceso electoral, tanto en la condición de elector (sufragio activo) como en la de candidato (sufragio pasivo). En ambas modalidades debe admitirse, además de la posibilidad de elegir y ser elegido, la opción de abstenerse de elegir o presentarse como candidato”.

En este sentido, al no verse socavado el derecho al sufragio ni mucho menos la participación política, la SE admitió que la abstención “no produce efecto jurídico alguno”. De hecho, expresamente afirmó que “configura un fenómeno político que, aunque atenta contra la legitimidad de la elección o decisión que se adopte, en sistemas de elecciones por mayoría simple como el nuestro no produce efecto jurídico alguno. En este sentido, también se admite, aunque no técnicamente, que la abstención es una forma de expresar el sufragio”.

  1. ¿Los partidos políticos están obligados a participar en los procesos electorales?

No. Desde que entró en vigencia la Constitución de 1999 el sufragio, tanto pasivo como activo, es concebido exclusivamente como un derecho. Por tal razón, ninguna organización política está obligada a postular candidatos (sufragio pasivo), ni los electores tienen el deber de concurrir al acto de votación de los procesos electorales convocados por el CNE (sufragio activo).

  1. ¿Es la primera vez que los partidos políticos del país deciden abstenerse de participar en unas elecciones convocadas por el CNE?

No. En 2005 las principales fuerzas de la oposición también decidieron no participar en las elecciones de la Asamblea Nacional (AN) convocadas para el 4 diciembre de ese año, luego de haber quedado en evidencia la parcialización del CNE en el referendo revocatorio del presidente de la República y, sobre todo, por la implementación del Sistema de Autenticación Integral (nombre técnico de las máquinas “captahuellas”) que no brindaba ninguna confianza sobre el secreto, la transparencia y la autenticidad de los comicios parlamentarios.

  1. ¿El CNE puede cancelar a los partidos políticos por abstenerse de participar en las elecciones municipales 2017, inhabilitándolos para las elecciones presidenciales de 2018?

 Absolutamente  no.  La falta de concurrencia a una elección, según la legislación electoral,  no se encuadra como infracción, delito o falta electoral.  A esto habría que añadir que, dada la concepción del sufragio como derecho en el artículo 63 de la Constitución, es más bien una conducta totalmente permitida en el país, por lo que el CNE debería actuar con objetividad e imparcialidad y no hacer nada al respecto.

Sancionar a las organizaciones partidistas por una conducta no tipificada como delito ni falta electoral implicaría una grave violación a los derechos electorales ciudadanos, especialmente a la libertad de la participación política (artículo 62 constitucional), el  derecho al sufragio (artículo 63) y el derecho de asociación con fines políticos (artículo 67). También infringe el principio constitucional de que no hay delito ni sanción sin ley previa (artículo 49 numeral 7) y el principio de legalidad según el cual ningún órgano del Estado puede actuar si la ley no lo faculta (artículo 137).

  1. ¿Cómo regula la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones la cancelación de los partidos políticos en el país?

Precisamente, el artículo 32 de la citada ley establece de forma elocuente cuatro supuestos a partir de los cuales  pueden los partidos políticos perder su inscripción:

  • Cuando sea solicitado por el propio partido, conforme a sus estatutos internos.
  • Por la fusión o incorporación a otro partido político.
  • Cuando el partido ha dejado de participar en las elecciones, en dos períodos constitucionales sucesivos.
  • Cuando se compruebe que hubo fraude durante la inscripción o que su actuación no estuviere ajustada a las normas legales.
  1. Según la previsión contenida en la letra c del artículo 32 de la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones, ¿es viable su aplicación a los partidos que decidieron no acudir a las elecciones municipales?

No. Este es un supuesto que  resultaría aplicable para cancelar a las organizaciones políticas sólo cuando estas no postulen candidatos en dos elecciones continuas, y está muy claro que los partidos que decidieron abstenerse de participar en las municipales concurrieron a las regionales.

  1. ¿La solicitud entregada al CNE para que tome sanciones en contra de los partidos que expresaron su voluntad de no participar en las municipales es cónsona con el texto constitucional y la legislación electoral? 

No, porque está claro que no busca defender el voto sino restringir e impedir cada vez más el ejercicio de los derechos políticos de los venezolanos, al pretender desvalorizar y extinguir a los partidos políticos opositores y a sus seguidores sólo por protestar la falta de transparencia en los comicios regionales. Es decir, el CNE y el Gobierno no dan garantías de elecciones limpias pero quieren obligar a la participación.

“No estamos dentro de la Constitución y por ello no sabemos qué ocurrirá”


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Luego de las elecciones regionales del 15 de octubre le quedó más claro al venezolano la magnitud del poder de la clase política gobernante en el país y hasta dónde está dispuesto a usarlo.

Sobre este tema conversó la directora de Acceso a la Justicia, Laura Louza, en entrevista con Azalea Liscano en Super Stereo 98.1 FM de Margarita, el 23 de octubre de 2017.

“El Estado ya no está controlado ni limitado por el derecho, lo usa para establecer las reglas que le convienen según el juego político. No estamos dentro de la Constitución y eso lleva a que lo que vaya a pasar no sea previsible. El derecho permite trazar hacia dónde vamos, pero como no se aplica es difícil predecir”, expresó la abogada constitucionalista.

Recordó que la ruptura del orden constitucional no viene con el desconocimiento de la voluntad popular expresada en los comicios regionales y que llevó a la subordinación de cuatro gobernadores de Acción Democrática (AD) ante la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) y el despojo de su investidura como nuevo mandatario del Zulia a Juan Pablo Guanipa de Primero Justicia, sino desde las sentencias 155 y 156 del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que anularon las competencias del Parlamento nacional en marzo de 2017. Lo que ha ocurrido, señaló es que la situación se agravó con la instalación de la ANC.

“El poder cada vez tiene más poder, y allí se ponen en evidencia los errores que tenemos como sociedad; tenemos que crecer, no podemos seguir dejándonos manipular. Parte de los errores de la oposición ha sido creer que los venezolanos somos los de antes y edulcorarnos las mentiras. La oposición debió hablar claro desde el principio, no prometer que el Gobierno saldría de un momento a otro o que por ejemplo acabaría con las colas (para comprar comida) en meses”, reprochó.

La directora de Acceso a la Justicia instó a la dirigencia política a convertirse en líder y dejar de actuar como si no supiera qué hacer, así como dejar de guiarse sólo por lo que le dicen las redes sociales.

“Juego macabro”

Louza admitió que la ONG Acceso a la Justicia estuvo de acuerdo con votar en las regionales, e incluso llamó a la ciudadanía a participar, porque no hay que ceder los espacios que se tienen hasta que se pierden completamente, pero lo ocurrido después demostró que el CNE no mantuvo ni las garantías de diciembre de 2015, por lo que no había garantías para que el derecho al sufragio fuera ejercido y respetado, ni siquiera mínimamente. Se trató de un “juego macabro” del Gobierno.

“La oposición democrática cometió muchos errores. Ella venía advirtiendo que no había Estado de derecho, por ello, llamó a la aplicación de los artículos (de la Constitución) 350 y 333, pero luego aceptó ir a elecciones. Es cierto que tenía miedo de repetir el error de 2005 (cuando no participó en los comicios parlamentarios con nefastas consecuencias), pero la situación no era la misma porque no había en esa época la ruptura del orden constitucional que hay ahora. Tampoco se podía confiar que una vez instalada la ANC en que habría las mismas reglas de (las parlamentarias) de 2015, cuando se ganó la mayoría de la Asamblea Nacional”.

También subrayó que los resultados que según el Consejo Nacional Electoral favorecieron al Gobierno con dieciocho jefaturas regionales el 15 de octubre no son legítimos por las irregularidades cometidas antes, durante y después de la jornada, y menos aún son indicadores de la realidad del país.

Enlace al audio.

¿Qué dice la sentencia n.° 165 de la Sala Electoral?


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Sala: Constitucional

Tipo De Recurso: Interpretación

Nº Exp: 2017-000107      Nº Sent: 165      Fecha: 05-10-2017

Caso: recurso de interpretación del artículo 63 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales, interpuesto por el ciudadano OMAR ALEXANDER ÁVILA HERNÁNDEZ, aludiendo el carácter de Secretario General de Unidad Visión Venezuela, asistido por el abogado Enio José Campos Cedeño.

Decisión: La Sala declaró: 1. COMPETENTE para conocer del recurso de interpretación interpuesto. 2. ADMITE el recurso de interpretación incoado en cuanto ha lugar en derecho. 3. Declara de MERO DERECHO la causa contentiva del recurso de interpretación. 4. RESUELTA la interpretación del artículo 63 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales 5. Se ORDENA la publicación del fallo en la Gaceta Judicial.

Extracto:

“Artículo 63. Las organizaciones postulantes podrán modificar las postulaciones que presenten y, en consecuencia, sustituir candidatos o candidatas hasta diez días antes de ocurrir el acto electoral.

Aprecia la Sala en primer lugar que la norma legal trascrita dispone el derecho de las organizaciones postulantes en un proceso comicial, entre ellas, las organizaciones con fines políticos, de modificar o sustituir las postulaciones de candidatos o candidatas que presenten ante los órganos del Poder Electoral.

Asimismo establece que, hasta diez (10) días antes de la realización del acto electoral de votación, se puede modificar o sustituir la postulación presentada; ello significa que bajo ningún concepto dichas modificaciones o sustituciones pueden realizarse más allá del límite máximo señalado.

En ese sentido, observa esta Sala que dicha disposición legal prevé una condición de orden temporal para la presentación de modificaciones o sustituciones de las postulaciones realizadas, lo cual es de particular interés para el planteamiento del solicitante, por lo que esta Sala estima que la interpretación de la norma en cuestión no puede hacerse de forma aislada, y sólo puede verificarse dentro de un contexto muy particular como lo es el actual, de orden político y social, e integrarse a los principios que preconizan la nueva fisonomía del Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia, de tal manera que la labor interpretativa se realice de manera concatenada con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela  de 1999, como norma suprema de todo el ordenamiento jurídico.

En ese sentido, destaca la Sala que la Asamblea Nacional Constituyente mediante Decreto Constituyente de fecha 12 de agosto de 2017, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.327 Extraordinario, de esa misma fecha, en ejercicio del poder originario, decidió lo siguiente:

CONSIDERANDO

Que todos los órganos del Poder Público se encuentran subordinados a la Asamblea Nacional Constituyente, como expresión del poder originario y fundacional del Pueblo venezolano, en los términos establecidos en las Normas para Garantizar el Pleno Funcionamiento Institucional de la Asamblea Nacional Constituyente en Armonía con los Poderes Públicos Constituidos;

(…)

CONSIDERANDO

Que es menester consolidar la paz y tranquilidad que trajo consigo la elección de la Asamblea Nacional Constituyente, sin dejar espacio ni tiempo alguno para que factores antidemocráticos repitan su agenda violenta y criminal de desestabilización;

CONSIDERANDO

Que el proceso electoral para la escogencia de gobernadores y gobernadoras de estado, se encuentra pendiente desde el mes de diciembre del año 2016, de conformidad con lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela;

DECRETA

PRIMERO. Reprogramar para el mes de octubre de 2017, el proceso electoral para la escogencia de gobernadores y gobernadoras de estado, en el marco del cronograma electoral ya anunciado por el Poder Electoral, en ejercicio de sus funciones constitucionales.

Conforme a lo anterior, el Consejo Nacional Electoral, máximo órgano del Poder Electoral venezolano, en cumplimiento del mandato contenido en el Decreto Constituyente, conforme a lo establecido en el segundo párrafo del artículo 349 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y en ejercicio de su potestad constitucional y legal de organización de todos los actos relativos a la elección de los cargos de representación popular del Poder Público, decidió disponer sobre la reprogramación de las fases del proceso electoral de gobernadores y gobernadoras de los estados que había sido previamente convocado, según se desprende de nota de prensa publicada en la página web oficial del órgano rector electoral (http://www.cne.gob.ve/web/salaprensa/noticiadetallada.php?id=3559).

En consecuencia, el Consejo Nacional Electoral elaboró la reprogramación del cronograma electoral con acto de votación para el día 15 de octubre de 2017, el cual fue publicado en su página web oficial (http://www.cne.gob.ve/web/normativa_electoral/elecciones/2017/regionales/documentos/cronograma_regionales_2017.pdf).

De dicho cronograma se observa que el Consejo Nacional Electoral dispuso la fase de “Sustitución y Modificación de las Postulaciones Nominales” por el término de un día (16 de agosto de 2017), estableciendo como fundamento los artículos 62 y 63 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales, y 162 de su Reglamento.

El referido artículo 63 otorga, por una parte, el derecho de las organizaciones postulantes de sustituir o modificar las inscripciones de candidatos o candidatas presentadas, y de otra, el mandato del legislador al órgano rector electoral de no exceder el límite máximo temporal de “hasta diez días antes de ocurrir el acto electoral” para la fijación de la mencionada fase en el cronograma electoral respectivo.

Por ello, debe precisar la Sala que la sola previsión del legislador en cuanto al límite de orden temporal no condiciona al Consejo Nacional Electoral para establecer el transcurso del período de la fase de sustitución y modificación de las postulaciones nominales. La fijación de la oportunidad para el cambio o modificación de postulación de candidatos o candidatas corresponde al órgano rector electoral, el cual podrá establecerla mediante lapso o término que apreciará de acuerdo a las particularidades y requerimientos técnicos de cada proceso electoral, siempre y cuando no sobrepasen los diez días anteriores al acto de votación.

De tal manera que el ejercicio del derecho a realizar modificaciones a las postulaciones establecido por el legislador en el artículo 63 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales se encuentra precedido por la fijación en el cronograma electoral correspondiente de la temporalidad de la mencionada fase del proceso electoral.

Así, si bien el examen o análisis del cronograma electoral para la elección de gobernadores y gobernadoras de los estados publicado por el Consejo Nacional Electoral no constituye el objeto de la presente causa, debe advertir que el mismo contiene la oportunidad cierta para ejercer el derecho de modificar o sustituir las postulaciones realizadas por las organizaciones participantes.

Expuesto lo anterior, circunscribiéndose la Sala a la solicitud planteada por el recurrente, se debe afirmar que el artículo 63 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales debe interpretarse en el sentido que el Consejo Nacional Electoral puede establecer la oportunidad para la ejecución de la fase de sustitución y modificación de las postulaciones nominales, siempre y cuando no exceda el límite máximo temporal de diez días anteriores a la ocurrencia del acto electoral, atendiendo a las particularidades y requerimientos técnicos del proceso electoral de que se trateAsí se declara.”

Comentario de Acceso a la Justicia: La Sala Electoral, luego que la Sala Constitucional le declinase la competencia, ha decidido interpretar el artículo 63 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales alterando en vez de interpretar lo que dice el artículo antes mencionado. Así, si bien dicha norma dice que “Las organizaciones postulantes podrán modificar las postulaciones que presenten y, en consecuencia, sustituir candidatos o candidatas hasta diez días antes de ocurrir el acto electoral”, la Sala hace una artificiosa interpretación de este artículo y lo convierte en otra cosa, pues indica que en realidad lo que quiere decir es que el CNE (que como se ve nunca es mencionado en el artículo en cuestión) puede establecer el día en que se hagan las sustituciones siempre y cuando no sea antes de los 10 días previos a la elección. De este modo, algo que es un derecho de los partidos se convierte, por obra y gracia de la Sala Electoral, en una potestad arbitraria del CNE para que el mismo fije cuando esto puede ocurrir. En este caso las postulaciones fueron el 13 y 14 de agosto, y el CNE había fijado las sustituciones para el 16, es decir, apenas 24 horas después de las inscripciones y sin dar tiempo a las primarias que exige el artículo 67 de la Constitución. De este modo la Sala Electoral, una vez más sirve de brazo ejecutor de los intereses del oficialismo, pues ahora en estas elecciones aparecerán en las boletas personas que renunciaron y que ya no son candidatas a pesar de haber pedido oportunamente su eliminación del tarjetón electoral.

Fuente: http://www.accesoalajusticia.org/wp/infojusticia/noticias/cne-pone-en-peligro-oferta-electoral-para-regionales/

http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/selec/octubre/203561-165-51017-2017-2017-000107.HTML

 

El CNE y sus contradicciones en el juego democrático


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Las irregularidades en las que incurre el Consejo Nacional Electoral (CNE) están a la orden del día al privilegiar los deseos de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) y del partido de gobierno a costa de los derechos políticos de los venezolanos. El Poder Electoral, en franca violación de los cometidos que le encarga el artículo 294 de la constitución vigente, adelantó las elecciones regionales para el mes de octubre de este año por decisión de la ANC, en sesión del pasado 12 de agosto, aceptando pasivamente y sin motivación alguna el cambio de la fecha para la elección de los gobernadores, prevista para el mes de diciembre de este año.

De esta forma, el CNE permitió que la ANC usurpara sus funciones, a lo que se añade el clima de suspicacia e incertidumbre generado por su silencio al dejar transcurrir un mes para anunciar sólo a través de su página web que las elecciones “de gobernadoras y gobernadores se realizarán el domingo 15 de octubre, tal como fue aprobado por el Consejo Nacional Electoral, cuya convocatoria, así como el cronograma de actividades estarán a disposición a partir del martes 13 de septiembre”.

Hay que recordar al respecto lo sinuosa que ha sido la vía transitada por los venezolanos para que el CNE pudiera convocar estas elecciones regionales, las cuales debían celebrarse en diciembre de 2016, pero el máximo órgano del Poder Electoral, sin razón alguna, las difirió para este año. Con tal decisión, se violaron los artículos 160 y 162 de la Constitución, que proclaman que el inicio y la culminación de los períodos constitucionales de los cargos de elección popular en las entidades estadales son de cuatro años.

Si bien no existe en la Constitución ni en la legislación electoral un patrón estable para escoger la fecha de las elecciones, lo cierto es que el CNE, bajo el pretexto del artículo 42 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales —que le permite establecer la fecha específica de los comicios—, actúa desproporcionada y arbitrariamente al fijar o modificar a su antojo esta regla clave del juego político usándola como un instrumento ventajista para el partido de gobierno.

Para Acceso a la Justicia, un organismo electoral en el que casi todos sus miembros rectores están claramente identificados con la organización política gobernante no ofrece credibilidad, y esta falta de confianza es justificadamente trasladada a cada una de sus decisiones en las que los derechos políticos de los venezolanos parecen ser un elemento ornamental.

Por desgracia, este panorama poco alentador para los venezolanos se agrava cuando a un mes de celebrarse el proceso electoral la ciudadanía, en términos generales, desconoce su cronograma, ya que no ha habido mayor difusión de la información y, peor aún, no sabe en qué condiciones ejercerá su derecho al sufragio, sobre todo si se toma en cuenta el último y polémico precedente de las elecciones de la fraudulenta ANC. Recordemos que en este caso el CNE introdujo cambios inesperados a última hora, como el de establecer el Poliedro de Caracas como un centro de votación de contingencia.

De hecho, ya hay un cambio anunciado según las recientes declaraciones del rector Luis Emilio Rondón en las que afirmó en un programa de televisión que en las elecciones regionales pautadas para el 15 de octubre no se usará la tinta indeleble, sin que esta modificación haya sido anunciada oficialmente por el Poder Electoral.

Y a ti venezolano ¿cómo te afecta?

Las reiteradas contradicciones del CNE se están traduciendo en los tiempos actuales en una tendencia bastante notoria e inobjetable que resulta sólo favorable para los detentadores del poder, pues promueven la abstención por la falta de confianza en el sistema electoral por parte del ciudadano.

Es muy importante en el contexto sociopolítico que vivimos hoy todos los venezolanos impulsar prácticas democráticas y acciones colectivas que permitan desafiar y denunciar la descompuesta institucionalidad del Poder Electoral, que sólo perjudica la débil salud democrática del país, así como participar en los pocos espacios que tenemos para ejercer nuestros derechos políticos, como lo son las elecciones.

TSJ da continuidad a golpe judicial


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La directora ejecutiva de la ONG Acceso a la Justicia, Laura Louza, advirtió que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)  continúa propinando un golpe judicial. Esta vez la Sala Constitucional (SC) limita deliberadamente competencias del Ministerio Público (MP) y sigue legitimando un proceso constituyente que no cumple con los principios que establece nuestra Constitución en su artículo 347.

En entrevista con el periodista Carlos Fernández, el 24 de junio, en el programa 60 minutos, Louza se refirió a las recientes sentencias No. 469 y 470 del TSJ. La primera es sobre la interpretación de la Constitución solicitada por el Defensor del Pueblo y la segunda es sobre las bases comiciales, aunque en ella el TSJ se pronuncia también sobre el nombramiento del Vicefiscal General.

Respecto a la Constituyente, Louza señala que lo más preocupante es que el TSJ está apoyando unas elecciones antidemocráticas en la que los electores sólo pueden votar por el proyecto político del Gobierno y los constituyentes son elegidos por unos sectores que fueron previamente establecidos por el Presidente de la República y no por el pueblo.

Por lo que según la abogada constitucional, 5 millones de habitantes ya quedan excluidos al no estar dentro de los sectores establecidos por el Presidente y aquellos, que sí logran votar por un sector no necesariamente tienen que sentirse representados por ellos ya que están votando bajo un modelo electoral que omitió la participación ciudadana.

Por otro lado, Louza sostiene que en sentencia 470, la Sala Constitucional anuló el nombramiento del vicefiscal general, Rafael González por haber sido aprobado por la Asamblea Nacional (AN) que al estar en desacato no podía hacerlo. Razón por la cual, la instancia determinó que nombraría al nuevo Vicefiscal.

Facultad para investigar

En cuanto a los cambios de competencia del Defensor del Pueblo, Louza señaló que la Sala Constitucional le atribuyó a la Defensoría del Pueblo funciones que son propias del Ministerio Público (MP), tales como ejercer la acción penal establecida en el artículo 285 de la Constitución.

Advirtió que si bien ambas instituciones pueden recibir casos de violaciones de derechos humanos las acciones a tomar son distintas. Mientras la Defensoría denuncia la violación, protege a la víctima e insta al MP a realizar una investigación contra un funcionario público; el Ministerio Público, investiga y acusa a al funcionario que haya cometido el delito.

Es decir, el Ministerio Público es el único quién tiene la facultad de investigar y acusar a una persona, indistintamente del delito que haya cometido y de quién sea esa persona; en cambio la Defensoría del Pueblo defiende a ciudadanos frente a violaciones de derechos humanos, que por su naturaleza, sólo comete el Estado.

8 claves para entender el sistema electoral de las bases comiciales


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El fraude de la Constituyente convocada directamente por el Presidente de la República, desconociendo grotescamente la titularidad de la soberanía que reside  en el pueblo, se  configura comouna herramienta política que sólo está destinada a lograr la permanencia absoluta en el poder y la aniquilación de sus opositores y adversarios, tal como lo dejó ver el primer vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, en reciente declaración a la prensa nacional.

Para ello, el Presidente de la República ha impuesto en las llamadas bases comiciales la utilización de un “curioso” sistema electoral para la elección de los constituyentes, que es ajeno a la Constitución como lo ha advertido ya Acceso a la Justicia.

Tras la introducción de este “sistema electoral paralelo”, y con el propósito de aclarar las dudas que rodean a este sistema, Acceso a la Justicia a continuación presentará una serie de preguntas y respuestas que permitan tener claro a la ciudadanía en qué consiste este sistema y el porqué de entrada pareciera que vulnera, entre otros, los principios democráticos de la representación proporcional y la personalización del sufragio pautado en el artículo 63, además de propiciar ventajas a  los  simpatizantes del oficialismo.

  1. ¿Qué se entiende por sistema electoral?

Es el modo según el cual el elector manifiesta a través del voto el partido o candidato de su preferencia, y según el cual esos votos se convierten en escaños.

  1. ¿Cuál es el sistema electoral contemplado en la Constitución venezolana?

Es un sistema dual fundamentado en la representación proporcional y la personalización del sufragio (artículo 63 de la Carta Fundamental).

  1. ¿En qué consiste la representación proporcional?

Consiste en asignar cargos de elección popular tomando como base el porcentaje de votos obtenidos por un partido en una región geográfica.

  1. ¿De qué se trata la personalización del sufragio?

Es la elección de candidatos postulados para cargos colegiados de representación (Asamblea Nacional, consejos legislativos estadales, concejos municipales) por sus nombres y apellidos.

  1. ¿Cuál es el sistema electoral pautado en las bases comiciales?

Es un modo “dual” de elección bastante atípico creado por el Ejecutivo Nacional a través del cual municipaliza y sectoriza simultáneamente el voto de los electores.

  1. ¿Cuántos constituyentes se elegirán con este sistema electoral?

Se elegirán un total de 540 constituyentes; 372 serán electos mediante el sistema territorial por municipio, y 168 constituyentes bajo la modalidad sectorizada.

  1. ¿En qué consiste ese sistema electoral?

Dado que se trata de un sistema “dual”, hay que distinguir entre el “territorial por municipio” y el llamado sectorial”.

 

  1. El “territorial por municipio” consiste en la elección de un constituyente por cada entidad municipal de forma nominal (por nombres y apellidos del candidato) y de dos constituyentes por municipios capitales de cada entidad federal mediante voto lista (representación proporcional).
  2. El método de elección “sectorial”, por otra parte, implica una elección por áreas establecidas según el Presidente de la República, es decir que la distribución de cargos elegibles que se realizará por voto-lista dependerá de los ámbitos sectoriales (trabajadores, campesinos, pescadores, estudiantes, personas con discapacidad, pueblos indígenas, pensionados, empresarios, comunas y consejos comunales), que de entrada se desconoce cómo se llevará a cabo la constitución de la data de estos sectores. 
  1. ¿Es constitucional el sistema electoral diseñado en las bases comiciales?

No; por dos razones fundamentales:

  1. La primera, porque no asegura el sistema de representación proporcional, especialmente porque en el sistema “territorial por municipio” la elección de los constituyentes está sujeta a una distribución impuesta por el Presidente de la República que no se corresponde con la densidad poblacional de las entidades ni con el tamaño de la circunscripción electoral. Un caso, por ejemplo, es el del estado Zulia, que con 2.398.460 electores elegirán 22 constituyentes, mientras que Falcón, con 661.885 electores tendrá que elegir 26 constituyentes.La distribución de los constituyentes bajo la fórmula electoral propuesta en las bases comiciales desbalancea la igualdad del voto y tampoco garantiza el principio de la proporcionalidad, visto que los electores de las áreas geográficas pequeñas, en la mayoría rurales, tienen un mayor peso que los electores de los territorios densamente poblados, lo cual crea una desigualdad entre el número de electores y los cargos de constituyentes a elegir.

    Este escenario, sin duda, favorece a los actores políticos con mayor fuerza electoral en las entidades de menor población que en los estados o municipios más poblados, situación que no expresaría la verdadera realidad política existente en el país.

  2. La segunda, porque el sistema electoral tampoco garantiza el principio de la universalidad del voto. En efecto, de acuerdo con la base comicial segunda, se elegirá en el sistema “sectorial” un constituyente por cada 83 mil electores. En tal sentido, si se multiplica esa cantidad por los 173 constituyentes tendremos como resultado un total de 14.359.000.000 electores, cifra que sin lugar a dudas es menor a la de los inscritos en el Registro Electoral, que actualmente  alcanza casi los 20 millones de electores. Frente a este panorama, está claro que surgen más inquietudes, entre otras ¿qué pasa con los 5 millones de electores restantes?, ¿acaso no podrán votar por el sistema “sectorial”?, ¿cómo queda el principio “un elector, un voto”?, ¿acaso podrán votar todos los electores en el sistema “territorial por municipio” pero no por el sistema “sectorial”?

A pesar de estas inquietudes puede verse cómo este sistema es excluyente al no ser accesible a todos y, por ende, genera discriminación al querer privilegiar a algunos grupos políticos y sociales, por ejemplo, las misiones, comunas o consejos comunales,  restándole todo tipo de credibilidad  y carácter democrático.

Lamentablemente el sistema electoral propuesto por el Ejecutivo Nacional promueve la implementación de una fórmula de votación bastante compleja que, más allá de la falta de claridad en las reglas establecidas en las bases comiciales y la ausencia de un Poder Electoral confiable que debería censurar constitucional y legalmente este sistema, desfavorece abiertamente la libertad de expresión de la voluntad del pueblo, vulnerando el sufragio universal, la no discriminación y la igualdad ante la ley, entre otros derechos y garantías, señales indicativas de un régimen que resulta preocupante al distorsionar y ponerse al margen de la democracia y , por ende, del Estado constitucional de derecho.

Y a ti venezolano, ¿cómo te afecta?

La revisión del sistema electoral para la elección de los constituyentes solo demuestra los numerosos vicios que padece y los graves peligros que corren los intereses democráticos de los venezolanos. No cabe duda que este sistema es tan o más grave que la propia convocatoria a una constituyente convocada por el Presidente de la República sin tener en cuenta la voluntad intransferible del pueblo soberano. Nuevamente, se trata de una amenaza al orden público constitucional y un fraude a la Constitución de 1999.

Constitucionalista: votación por sectores es propia de regímenes fascistas


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La directora de la ONG Acceso a la Justicia, Laura Louza, rechazó la elección de miembros de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) por sectores, tal como lo prevén las bases comiciales anunciadas por el presidente de la República, Nicolás Maduro, el 23 de mayo, porque se impone una sola corriente de pensamiento.

“Vivimos una época de monarquía absoluta en la que el rey tiene derecho a gobernar, no hay separación de poderes y la sociedad no tiene derechos sino deberes y además el gobernante otorga privilegios a sectores que él escoja, como un clero. La Constitución de 1947 reconoció el voto directo, universal y secreto y ahora nos hablan de una votación por sectores, lo cual es propio de regímenes fascistas (…), son sectores que te van a representar y que son parte del Gobierno como la administración pública”, expresó Louza en entrevista radial (95.5 FM) con el periodista Carlos Fernández.

De acuerdo con las normas del proceso consignadas por Maduro ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) se elegirá un constituyente sectorial por cada 83 mil electores de un “registro electoral sectorial”. Dichos grupos son trabajadores, campesinos, pescadores, estudiantes, personas con discapacidad, pueblos  indígenas, pensionados, empresarios y consejos comunales (http://albaciudad.org/2017/05/maduro-bases-comiciales-asamblea-nacional-constituyente)

Louza rechazó que los ciudadanos vayan a un proceso electoral representados por grupos escogidos por el Jefe de Estado y que le son afectos. Acceso a la Justicia defiende el derecho al sufragio libre, universal, directo y secreto (artículo 63 de la Constitución), por lo que considera que el sistema de elección de constituyentistas tal como lo establecen las Bases Comiciales es limitativo y discriminatorio.

Voto a voto

Otro aspecto de la convocatoria a la Constituyente que Acceso a la Justicia considera grave porque vulnera la igualdad de posibilidades para elegir y ser elegido es el esquema territorial que se tomará en cuenta para la elección de los constituyentistas, lo cual implica que el voto de un habitante de un estado o municipio menos poblado vale más que el sufragio de quienes viven en una entidad o localidad más habitada.

“El pueblo debe poder elegir a los constituyentes voto a voto; cada ciudadano un voto. Pero resulta que en pequeños poblados dominados por el chavismo a través de la comida, las fuentes de empleo, el voto valdrá más que en Caracas (…). Técnicamente no es una ANC es un golpe de Estado”, aseguró Louza.

Lo dicho implica que si una persona vive en Caracas, pese a ser más poblada, su voto vale menos que un habitante de Apure (su población es la cuarta parte del Distrito Capital) porque elige menos constituyentistas (siete frente a ocho en la entidad llanera) al tomarse los municipios como base de elección, lo cual viola el principio según el cual todos los votos son iguales

La abogada también se refirió a la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) del 31 de mayo, según la cual no es constitucionalmente obligante la realización de un referendo consultivo para preguntarle a los ciudadanos si están de acuerdo o no con la convocatoria a una ANC, porque la iniciativa la tuvo el Jefe de Estado, electo por el pueblo.

“La Sala Constitucional ha ido creando un Estado autocrático, totalitario (…). Vamos más hacia una dictadura tradicional en la que no vamos a tener elecciones, somos una masa que está representada por un grupo de gente que escoge el Gobierno y ellos son los que mandan, y el que no esté de acuerdo es un enemigo”, subrayó.

Indicó que dicha sentencia que enaltece a la democracia representativa en la figura del jefe de Estado contradice la jurisprudencia referida a los consejos comunales, en la que se defiende la democracia participativa por encima del poder constituido en los estados y municipios a través de gobernadores y alcaldes.

“Antes decían que mejor era la democracia participativa, ahora les parece mejor la representativa porque estás participando a través del Presidente que hizo la convocatoria y luego a través de los grupos que él  escoja, con el objetivo de imponer su poder y su pensamiento (…). Ahora vemos que las mayorías, lema tan defendido por el chavismo, ya no importa, lo que vale es el vocero que me representa  de acuerdo con  los intereses de un grupo de poder para mantenerse en Miraflores. Eso no es democrático”, finalizó.

¿Y a ti venezolano, cómo te afecta?

La elección sectorial de constituyentistas prevista en las bases comiciales propuestas por el Presidente de la República y aceptadas por el Consejo Nacional Electoral (CNE) son discriminatorias porque tú como elector no podrás sufragar por alguien si no perteneces a los grupos seleccionados (trabajadores, campesinos, pescadores, consejos comunales, entre otros). Esto pone en evidencia que las bases comiciales de la Constituyente no son democráticas y prueban el fraude que esta implica.

Enlace a la entrevista : https://goo.gl/Yjhn7Y

Bases comiciales de Constituyente desconocen la soberanía popular


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El Presidente de la República, Nicolás Maduro, dictó las Bases comiciales para la Asamblea Nacional Constituyente (decreto n.° 2. 878), ratificando su intención de llevar a cabo un proceso contrario a la Constitución y sobre todo a la democracia. Su característica principal es en efecto el desconocimiento del voto universal, secreto y directo, conquista de los venezolanos desde la Constitución de 1947. A continuación, explicamos mejor su contenido y las violaciones en que incurren a los derechos de los venezolanos:

  1. Desconocen la soberanía popular al presentarlas ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) sin que se celebre previamente un referéndum en el que los venezolanos las aprueben o rechacen, de acuerdo con el artículo 347 de la Constitución de Venezuela que establece expresamente que es el pueblo de Venezuela el “depositario del poder constituyente originario” y, en concordancia, con el principio democrático según el cual “la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo” (artículo 5 constitucional).
  1. Constituyen una violación de los derechos políticos de los venezolanos especialmente el derecho al sufragio libre, universal, directo y secreto (artículo 63 constitucional) porque el sistema para la escogencia de los constituyentes previsto en la base comicial primera, impuesto por el Ejecutivo es limitativo y discriminatorio.

Al respecto cabe señalar que el sistema electoral en cuestión está diseñado con una fórmula sectorizada y comunal (trabajadores, campesinos, pescadores, estudiantes, personas con discapacidad, pueblos indígenas, pensionados, empresarios, comunas y consejos comunales), que impediría la participación de cualquier elector que no estuviese en alguno de esos sectores. Justamente, lo antes expuesto confirma que el derecho al sufragio es uno de los derechos humanos que los venezolanos han visto afectado gravemente durante los últimos tiempos por los poderes Ejecutivo, Judicial y Electoral.

  1. La base comicial quinta desconoce el principio de la soberanía popular y la universalidad del sufragio al imponer que el CNE elabore un padrón electoral o un registro “segmentado”, es decir subregistros que contradicen el Registro Electoral (RE), que está institucionalizado constitucionalmente (artículo 293.7) y que, a la luz del artículo 27 de la Ley Orgánica del Poder Electoral, es la base de datos que contiene la inscripción de todos los ciudadanos que pueden ejercer el derecho al sufragio.

Con respecto a esta base comicial se plantean entre otras las siguientes dudas: ¿publicará el CNE la data de estos subregistros? ¿Será auditable? ¿Podrá impugnarse esa data? ¿Cómo será esa impugnación? ¿Quiénes podrán impugnarla? En el supuesto en que pueda impugnarse ¿qué normativa se aplicará? Estas preguntas, básicas en cualquier elección, no han sido respondidas por un CNE apurado por hacer unas elecciones sin las mínimas garantías.

  1. A la luz de lo expuesto en la base comicial contenida en el artículo sexto en la que establece que las postulaciones de los candidatos a la Constituyente se realizarán por iniciativa propia, a través de los grupos de electores y electoras y por iniciativa de los sectores, Acceso a la Justicia advierte que se ignora el derecho de postulación que constitucionalmente tienen reconocido los partidos políticos (artículo 67) al impedirles que puedan concurrir en estas elecciones para postular candidatos como constituyentes. Esto es discriminatorio.
  1. Las bases comiciales, en sus artículos segundo, tercero y cuarto establecen un sistema electoral paralelo. Es decir, se fija una distribución de cargos elegibles por el voto nominal y el voto lista pero bajo una fórmula establecida por el mismo Ejecutivo que atiende al carácter coyuntural que actualmente vive el país y que beneficiaría a la militancia y simpatizantes del oficialismo, sobre todo en la votación sectorial, en donde destacan, entre otros, las comunas y consejos comunales que como se sabe están bajo la rectoría del Poder Ejecutivo y forman parte del Estado Comunal” instaurado inconstitucionalmente en el país por las llamadas Leyes Populares para servir a una ideología política.
  1. Asimismo la base comicial tercera, al establecer los municipios como base elección viola el principio de que todos los votos son iguales, pues el estado Apure teniendo una cuarta parte de la población del Distrito Capital, elige más constituyentes que esta (ocho y siete, respectivamente), es decir que los votos de Apure valen más que los de Caracas. Esto también es discriminatorio.

La convocatoria de este proceso constituyente y sus bases sólo tienen una misión: obstruir ilegítimamente la soberanía del pueblo y desconocer sus derechos políticos, bajo la mirada complaciente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y el CNE, en aras de la permanencia indefinida en el poder del régimen político actual.

El Jefe de Estado anunció que incluiría en las bases comiciales la figura del referendo aprobatorio de la nueva Carta Magna que resulte de la Constituyente, lo cual no soluciona el problema de fondo: el carácter inconsulto de la convocatoria.

¿Y a ti venezolano, cómo te afecta?           

La Constituyente al tú no haber decidido si la quieres o no, al no estar constituida en su mayoría por representantes elegidos por ti en condiciones democráticas ni haber decidido si sus bases son las que quieres, es a tus espaldas y por ello, responde solo a los intereses del poder.

Sin derecho al voto, no puedes escoger a tus representantes, y si no los escoges no son tus representantes, sino personas que harán lo que consideren sin tu consentimiento y, muy probablemente, sin respetar tus derechos.