“El trabajo es para el hombre y no el hombre para el trabajo”


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 “El trabajo es para el hombre y no el hombre para el trabajo”

Encíclica Laborem exercens (LE), de 1981, Juan Pablo II

La reciente resolución del Ministerio del Trabajo (publicada en la Gaceta Oficial 40.950), que establece que el sector agroindustrial público podrá “tomar prestados” sin su consentimiento trabajadores y trabajadoras de otras empresas, es una violación a las leyes venezolanas, las convenciones internacionales y los derechos humanos que no tiene justificación alguna, ni siquiera en el marco de una declaratoria de estado de excepción y emergencia económica como la del 13 de mayo –prorrogada inconstitucionalmente el 13 de julio.

Recordemos que el decreto de emergencia económica no señala derecho constitucional alguno a ser limitado como lo exige la Constitución y, al no hacerlo, no puede el Ejecutivo, posteriormente y mediante una resolución de menor rango, efectuar restricción alguna de un derecho fundamental.

Más específicamente esa Resolución 9.855 del Ministerio del Trabajo establece la obligación de cualquier empresa pública, privada o mixta del país a ceder cualquier trabajador que le sea requerido por el sector público agroalimentario, y el trabajador también está obligado a aceptar el traslado, que tiene una duración de 60 días, prorrogable por igual tiempo.

Acceso a la Justicia observa que esta medida está enmarcada en el decreto de estado de excepción que ha sido prorrogado, y que en ninguna parte habilita, ni puede hacerlo, a Ministro alguno a limitar los derechos reconocidos en la Constitución porque la misma no contempla tal situación.

Tanto no tiene competencia el Ministro que dictó la resolución, que la misma invoca el numeral 1 del artículo 500 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (LOTTT), que lo habilita a dictar resoluciones en aplicación de esa ley, y no de los derechos laborales previstos en la Constitución ni mucho menos de lo establecido en un decreto de estado de excepción. Además, esto va contra el artículo 32 del Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo, que exige el libre consentimiento tanto del patrono como del trabajador.

Para Acceso a la Justicia, lo más grave es que lo dispuesto viola nada menos que la Declaración Universal de Derechos Humanos, cuyo artículo 23 señala que “Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo”. Adicionalmente también el Convenio N° 122 de la OIT sobre políticas de empleo, ratificado por Venezuela en 1982, requiere que las mismas garanticen “que habrá libertad para escoger empleo”.

Finalmente, el obligar a un trabajador a prestar servicios sin su consentimiento es una grave violación a su dignidad humana, en la medida en que el Estado entiende de forma descarada que los ciudadanos están a su disposición y no necesita su parecer sobre lo que debe hacer.

Desde el punto de vista técnico legal, se puede observar que se vulnera la obligatoria notificación del empleador o modificación de cargo y funciones del trabajador al IVSS, se vulnera la condición del contrato de trabajo a tiempo indeterminado y la figura del “intuito personae”, es decir, que la relación existente entre dos no puede ser transferida a terceras sin el consentimiento de las otras dos. Se vulnera el principio de libre desenvolvimiento de la persona y el poder elegir con quien trabajar, así como disposiciones constitucionales.

Con toda probabilidad el gobierno defenderá la legalidad de esta situación con el estado de excepción existente para luchar contra la “guerra económica”, lo que es un ejemplo perfecto de los peligros que Acceso a la Justicia ha venido advirtiendo y que existen cuando se utiliza una medida de carácter coyuntural y excepcional con finalidades políticas, pretendiendo convertirla en una nueva “normalidad”.

En resumidas cuentas, Acceso a la Justicia advierte que estamos en Venezuela frente a una medida muy grave y sin precedentes, característica de regímenes totalitarios que desconocen la dignidad esencial del ser humano como límite del poder. La mera existencia de este decreto pone en evidencia lo que le importa al Ejecutivo Nacional la voluntad de los trabajadores y de los venezolanos en general.

¿Y a ti venezolano cómo te afecta?

Con esta resolución el Estado puede exigirle a cualquiera de los venezolanos ir a realizar labores que considere necesarias en el campo de la agricultura y la industria alimentaria, le guste o no, lo quiera o no.

Estamos en presencia de una orden del poder en contra de la dignidad esencial del ser humano, que pone en evidencia qué tanto le importa lo que piensen los trabajadores. Un país donde se obligue a los ciudadanos a efectuar un trabajo sin su consentimiento no es un país democrático. No hay nada más que decir.

Sala Constitucional se pronuncia sobre la prórroga del Estado de Excepción y Emergencia Económica


TSJ1

Sala Constitucional

Constitucionalidad de decreto.

TSJ/SC N° 615. Fecha: 19/07/2016

Caso: Pronunciamiento sobre la constitucionalidad del Decreto N° 2.371, mediante el cual el Presidente de la República prorroga el estado de excepción y de emergencia económica de fecha 12 de Julio de 2016, publicado en Gaceta Oficial N° 40.942, de esa misma fecha.

Comentario de Acceso a la Justicia: La Sala Constitucional declara la constitucionalidad de la prórroga del Estado de Emergencia Económica sin analizar lo dispuesto en el último aparte del artículo 338 de la Constitución, conforme al cual la aprobación de la prórroga de los estados de excepción corresponde a la Asamblea Nacional. Sin embargo, menciona que el Poder Legislativo Nacional ha reconocido la existencia de una situación extraordinaria, vinculada a la materia económica. Tal reconocimiento lo deduce de la Ley Especial para Atender la Crisis Humanitaria de Salud, sancionada el 3 de mayo de 2016, la cual paradójicamente fue declarada inconstitucional por la Sala; no obstante lo cual afirma que ese reconocimiento de la existencia de una situación nacional extraordinaria exige la toma de medidas excepcionales. Afirma que subsisten las circunstancias extraordinarias de orden Social, Económico, Político, Natural y Ecológicas que afectan gravemente la Economía Nacional.

Decisión: Declara la constitucionalidad del Decreto n.° 2.371 del 12 de julio de 2016 dictado por el Presidente de la República, mediante el cual prorroga por sesenta (60) días el Estado de Excepción y de Emergencia Económica en todo el Territorio Nacional. En la motivación de la decisión, la Sala Constitucional expone consideraciones respecto de las circunstancias que ameritarían la prórroga de los estados de emergencia, destacando que debe tratarse de condiciones “de heterogeneidad, irresistibilidad o rebase de las facultades ordinarias del Poder Público y de lesividad, por la producción potencial o acaecida de daños a personas, cosas o instituciones”. En ese sentido, alude como circunstancia que justifica la prórroga a la situación económica actual y el hecho concreto de que el Citibank haya cerrado una cuenta en Venezuela tras revisar riesgo, y otras noticias vinculadas a la venta informal de productos de la cesta básica y desvío de medicamentos.

“Así pues, observa esta Sala Constitucional que el Decreto que prorroga por sesenta (60) días el plazo establecido en el Decreto n.° 2.323 del 13 de mayo de 2016, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela n.° 6.227 Extraordinario de la misma fecha, mediante el cual se declaró el Estado de Excepción y de Emergencia Económica en todo el Territorio Nacional, atiende de forma prioritaria aspectos de seguridad económica, que encuentra razón, además, en el contexto económico latinoamericano y global actual, y resulta proporcional, pertinente, útil y necesario para el ejercicio y desarrollo integral del derecho constitucional a la protección social por parte del Estado, ineludibles para la construcción de una sociedad justa y amante de la paz, y para la promoción de la prosperidad y bienestar del pueblo, conforme a lo previsto en el artículo 3 Constitucional.

De allí que se estime ajustado al orden constitucional y por ende procedente, que el Ejecutivo Nacional, constatadas las circunstancias suscitadas y que se mantienen en el espacio geográfico de la República, emplee las medidas amparadas por el decreto sub examine, en cumplimiento del deber irrenunciable e ineludible del Estado Venezolano de garantizar el acceso oportuno de la población a bienes y servicios básicos y de primera necesidad, así como el disfrute de sus derechos en un ambiente pleno de tranquilidad y estabilidad.

En fin, estima esta Sala que el Decreto sometido a control de constitucionalidad cumple con los principios y normas contenidas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en tratados internacionales sobre derechos humanos válidamente suscritos y ratificados por la República, y en la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción.”

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/julio/189123-615-19716-2016-16-0470.HTML

Venezuela sigue en mora con la ONU


ONU

Venezuela sigue en mora con la ONU

El Pacto de Derechos Civiles y Políticos de la ONU ordena a aquellos países que dictan un estado de excepción notificarlo de inmediato a la comunidad internacional a través del Secretario General de Naciones Unidas (art. 4.3). Luego de un mes de entrar en vigencia el nuevo Decreto de Estado de Excepción y de la Emergencia Económica, el gobierno de Venezuela no lo ha hecho, incumpliendo una obligación asumida en 1978 cuando suscribió el tratado.

Es importante recordar que, como Acceso a la Justicia advirtió en su momento, esta situación no es nueva, sino que el gobierno venezolano viene incumpliendo su deber desde que dictó el primer estado de excepción en algunos municipios fronterizos hace ya casi un año.

En efecto, en el artículo 4.3 del Pacto se dice que el gobierno “deberá informar inmediatamente” a los demás Estados partes del Tratado por intermedio del Secretario General de Naciones Unidas. Esto es muy importante, pues no es una simple notificación a ese alto funcionario de la ONU, sino que se trata de informar a la comunidad internacional vinculada al Tratado que en el país se están limitando los derechos humanos y las razones en que se fundamenta esa restricción.

En otras palabras, esta obligación (que puede parecer una simple formalidad sin relevancia práctica) tiene gran importancia porque protege en alguna medida a los ciudadanos al evitar que se limiten derechos humanos sin justificación.

Las Naciones Unidas tienen una página web donde se publican las comunicaciones que le son enviadas por los Estados en relación con la ejecución de los Tratados que han suscrito. Cualquier persona puede corroborar que Venezuela no informó sobre los estados de excepción decretados en distintos municipios fronterizos a partir de agosto pasado, ni de sus prórrogas. Tampoco lo hizo con el estado de excepción decretado a nivel nacional en enero de este año ni con su prórroga y, hasta el momento, no lo ha hecho con el nuevo decreto  vigente desde el 13 de mayo.

Para Acceso a la Justicia, es interesante observar que el gobierno actual no cumplió con esa obligación, como tampoco lo hizo el gobierno de Carlos Andrés Pérez cuando El Caracazo, a pesar de que el actual se ha dedicado a criticar duramente la actuación de ese gobierno y lo ha calificado como “la peor violación de los DDHH de los venezolanos”- aunque sin hacer nada al respecto ni castigar a los culpables de aquel terrible hecho.

¿Y a ti venezolano cómo te afecta?

Cuando se trata de limitar y restringir derechos humanos no hay excusa para incumplir con los tratados internacionales que los protegen. No se está en mora con Naciones Unidas, se está en mora con los derechos humanos, y sobre todo, con los venezolanos y sus derechos como ciudadanos.

La declaratoria de un estado de excepción limita de manera importante tus derechos si no se hace correctamente. Te puede limitar por ejemplo tu derecho a la alimentación, al otorgar competencias en materia de distribución de comida a una agrupación identificada con un partido político como son los Clap, como de hecho lo hace de forma inconstitucional el Decreto de Estado de Excepción y de la Emergencia Económica.

Los CLAP: ciudadanos contra ciudadanos


CLAP

Los CLAP: ciudadanos contra ciudadanos

El 3 de abril, el Presidente de la República anunció por televisión la creación de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), describiéndola como una nueva forma de organización popular destinada a vencer la llamada “guerra económica”. Luego les dio atribuciones que la Constitución le da al Poder Público y no a los particulares, ya no por televisión, sino por una norma jurídica, específicamente el Decreto de Estado de Excepción y de la Emergencia Económica (N° 2323), que les otorga dos funciones en la gestión de la “emergencia económica”: garantizar la correcta distribución de los alimentos (art. 2.3), y la vigilancia y control del orden público en conjunto con los cuerpos de seguridad del Estado (art. 2.9).

Sobre esta nueva figura, Acceso a la Justicia quiere alertar lo siguiente:

  1. No existe una norma jurídica que cree los CLAP, sino que el decreto mencionado los nombra sin explicar cómo se constituyen, ni quién los integra, y además, les da competencias públicas, sin regulación ni límites de cómo ejercerlas.
  2. No están previstos en la Constitución, ni son creados por una Ley en sentido formal dictada por la Asamblea Nacional, a pesar de que se les otorgan funciones públicas (artículos 137 y 156 numeral 32 de la Constitución).
  3. No son parte de la Administración Pública ni del Estado, pero tienen competencias de función pública, y lo más grave, funciones de policía. Es decir, en conclusión, se trata de un grupo de particulares a los que se les dieron poderes sin basamento constitucional alguno.
  4. Más específicamente tienen atribuciones en materia de vigilancia y control del orden público, lo que viola, además, el artículo 332 de la Constitución, porque no cumplen con ninguna de las características exigidas para un cuerpo de policía del Estado, ni de control del orden público, y lo más grave ninguna de las garantías exigidas para la seguridad de los ciudadanos.
  5. Se trata de ciudadanos u organizaciones de ciudadanos y adeptos a la doctrina política del partido de gobierno o incluso parte del PSUV con la misión adicional a la mencionada en el decreto de “defender la revolución en esa localidad”. Hasta el momento, solamente se sabe a través de una información del Ministerio para las Comunas, que están integrados, entre otros, por un representante de la Unión Nacional de Mujeres (UNAMUJER), de la Unidad de Batalla Bolívar Chávez (UBCH), del Frente Francisco de Miranda, de los Consejos Comunales, de los Jefes de Comunidades del Sistema Popular de Distribución de Alimentos, de los Jefes de calle (o similar) del Sistema Popular de Distribución de Alimentos, y donde los haya de un Representante de la Red de pequeños y medianos productores, del Bodeguero o Integrantes de la Red de Distribución del Ministerio del Poder Popular para la Alimentación y de otras expresiones organizadas de la comunidad (que el CLAP decida incorporar). Y que, además, deben ser certificados por el Ministerio para las Comunas y Movimientos Sociales.
  6. No tienen legitimidad alguna para ejercer funciones públicas, porque no son elegidos por el pueblo.
  7. No tienen la capacidad técnica para ejercerlas, porque no se les da capacitación ni hacen parte de un órgano del Estado, con unos requisitos, aunque sea mínimos, de ingreso, salvo que sean adeptos a la ideología revolucionaria o al socialismo.
  8. No existen mecanismos claros, ni normativos de control de su labor, ni de rendición de cuentas. No se tiene noticia que emitan facturas o recibos por los pagos que reciben.
  9. Es una nueva forma de distribución de alimentos y de control de su comercialización bajo la supervisión del partido de gobierno, con lo cual, además, este promueve un monopolio privado en cabeza de un grupo de ciudadanos con más poder que otros, solo por razones de ideología política.
  10. El que haya un estado de excepción no autoriza al Presidente ni al gobierno a violar la Constitución, y poner en manos de particulares potestades que corresponden a los cuerpos policiales y a crear mecanismos de monopolización de la distribución y comercialización de alimentos.
  11. Hemos de recordar además, que los CLAP vienen a tratar de sustituir las diversas redes de distribución de alimentos del sector público (Mercal, Bicentenarios, etc.) que fracasaron en sus cometidos y fueron acusados de corrupción por el propio poder Ejecutivo.

Esto pareciera estar enmarcado en el llamado Plan de la Patria, que establece como meta impulsar nuevos modos de organización social de cara a la construcción del socialismo (Objetivo 2.1.1), cuya constitucionalidad es cuestionable de la manera en que está enfocada en ese plan por atentar contra el pluralismo político, básico para la existencia de una democracia.

¿Y a ti venezolano, cómo te afecta?

Los venezolanos tenemos ya más de dos años viviendo una escasez de productos ocasionada por la política del gobierno de reservar cada vez más para el Estado la importación y distribución de bienes y desincentivar la producción. Es fácil suponer que esto solo empeorará al poner su distribución en manos de grupos ligados a un partido político, dándoles el poder de presionar, discriminar e incluso extorsionar, a sus vecinos para que sigan las líneas políticas del partido si desean comprar los alimentos regulados, y más aún al constituirlos en una suerte de policías locales con la misión de adoctrinar a la población y de controlar sus actividades.

Venezuela debe revocar el decreto de emergencia vigente


COMUNICADO

Venezuela debe revocar el decreto de emergencia vigente

(6 de junio de 2016) – La comunidad internacional debería ejercer presión sobre Venezuela para que revoque el “Decreto de Estado de Excepción y Emergencia Económica” que concedió al gobierno facultades para restringir derechos, suspender la cooperación internacional para organizaciones de la sociedad civil —incluidas aquellas dedicadas a proteger derechos humanos— y limitar las atribuciones constitucionales de la Asamblea Nacional, señalaron hoy 125 organizaciones de derechos humanos y de sociedad civil alrededor del mundo.

Las organizaciones indicaron que estos poderes podrían ser usados para perjudicar gravemente el trabajo que desarrollan las organizaciones de la sociedad civil y para perseguir e intimidar a defensores y defensoras de derechos humanos, y señalaron asimismo que las medidas son incompatibles con la obligación internacional de Venezuela, como miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, de “aplicar las normas más estrictas en la promoción y protección de los derechos humanos”. Las organizaciones instaron a los Estados a plantear estas consideraciones durante el próximo período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que tendrá lugar en junio de 2016, y a los gobiernos de las Américas a efectuar una evaluación seria sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela ante órganos competentes de la Organización de los Estados Americanos (OEA). Los sistemas de derechos humanos de la OEA y las Naciones Unidas deberían pedir a Venezuela que revoque el decreto sobre estado de excepción y emergencia económica, expresaron las organizaciones.

El 13 de mayo de 2016, el Presidente Nicolás Maduro adoptó un decreto de emergencia que declaró el estado de excepción en el país durante 60 días, y concedió a su gobierno la facultad de restringir derechos humanos. Venezuela atraviesa una grave crisis económica, que ha redundado en severos desabastecimientos de medicamentos y otros artículos de primera necesidad, así como en cortes en el suministro de energía eléctrica. El decreto indica que tiene como propósito abordar esta situación.

Sin embargo, el Presidente Maduro sostiene que las medidas de emergencia se adoptan en respuesta a diversos factores preocupantes, incluido un complot extranjero para desestabilizar a su gobierno. El decreto del 13 de mayo autoriza al presidente a “dictar medidas y ejecutar planes de seguridad pública que garanticen el sostenimiento del orden público ante acciones desestabilizadoras”, así como “otras medidas de orden social, ambiental, económico, político y jurídico que estime convenientes”.

Anteriormente, el gobierno del Presidente Maduro ha respondido a supuestas conspiraciones de “desestabilización” reprimiendo las expresiones de disenso y el derecho de libertad de reunión, incluso a través de detenciones arbitrarias de opositores políticos y de críticos, así como del debilitamiento de las garantías contra la tortura. Miembros de las fuerzas de seguridad han recurrido a la fuerza excesiva para dispersar manifestaciones contra el gobierno y, desde julio de 2015, han participado en operativos de seguridad en distintas regiones del país que estuvieron marcados por señalamientos generalizados de abusos contra comunidades en sectores populares y de inmigrantes, como ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias masivas, desalojos sin garantías de debido proceso, destrucción de viviendas y deportaciones arbitrarias.

Las organizaciones sostuvieron que el decreto no cumple con las normas internacionales que permiten la restricción de derechos en situaciones de estado de emergencia. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos estipula que los gobiernos podrán “derogar” o suspender temporalmente algunas de sus obligaciones de derechos humanos declarando el estado de emergencia, pero únicamente ante emergencias públicas que “pongan en peligro la vida de la nación”. Incluso en esos supuestos, los gobiernos solamente podrán dejar en suspenso el cumplimiento de obligaciones de derechos humanos en la medida “estrictamente limitada a las exigencias de la situación”. En cambio, el amplio decreto del Presidente Maduro podría permitir que el gobierno continúe cercenando derechos fundamentales que ya son objeto de constantes embestidas en Venezuela, incluidos los derechos de libertad de asociación, reunión y expresión.

El decreto también ordena al Ministerio de Relaciones Exteriores suspender todos los convenios de cooperación internacional que prevean financiamiento extranjero para personas u organizaciones, cuando “se presuma” su “utilización con fines políticos o de desestabilización de la República”. En un país donde las autoridades han acusado sistemáticamente a representantes de organizaciones de la sociedad civil, incluidos defensores y defensoras de derechos humanos, de desestabilizar la democracia venezolana, este decreto podría, en la práctica, obligar a importantes organizaciones no gubernamentales del país, que dependen del financiamiento exterior para trabajar de manera independiente, a cerrar sus puertas o reducir drásticamente su labor.

Asimismo, el decreto de emergencia permite al presidente impedir que la Asamblea Nacional utilice sus facultades constitucionales para sancionar a funcionaros. La Constitución venezolana concede a la Asamblea Nacional facultades de control sobre el poder ejecutivo, incluida la facultad de las comisiones legislativas de citar a funcionarios para interpelarlos con respecto a sus políticas y prácticas y —en el caso del vicepresidente y los ministros— destituirlos a través de un voto de falta de confianza. El decreto habilita al presidente a “decidir la suspensión temporal” de mecanismos de rendición de cuentas de este tipo, si considera que podrían “vulnerar la seguridad de la Nación” u “obstaculizar la continuidad de la implementación de medidas económicas para la urgente reactivación de la economía nacional, el abastecimiento de bienes y servicios esenciales para el pueblo”.

La Constitución de Venezuela exige que la Asamblea Nacional apruebe los decretos mediante los cuales se dicta un estado de emergencia. La Asamblea Nacional rechazó el nuevo decreto de emergencia el 17 de mayo. No obstante, el Tribunal Supremo de Justicia dispuso en una sentencia de febrero de 2016 que el rechazo por la Asamblea Nacional de decretos que declaren el estado de excepción no “afecta la legitimidad, validez, vigencia y eficacia jurídica de los mismos”.

Desde el copamiento político del Tribunal Supremo por el gobierno en 2004, el poder judicial ha dejado de funcionar como rama independiente de gobierno, y ha validado sistemáticamente políticas y prácticas gubernamentales que incumplen normas internacionales de derechos humanos. La Asamblea Nacional, que durante gran parte de la última década estuvo bajo control oficialista, promulgó reiteradamente “leyes habilitantes” que dieron al Presidente amplias facultades para legislar. La Asamblea Nacional volvió a copar al Tribunal Supremo con magistrados afines al gobierno más recientemente, en diciembre de 2015, para garantizar la continuidad de un tribunal adepto. Desde que en enero de 2016 asumió la nueva composición de la Asamblea Nacional, integrada ahora por mayoría opositora, el Tribunal Supremo ha dictado una serie de pronunciamientos que socavan seriamente su capacidad de legislar.

La sesión de junio del Consejo de Derechos Humanos de la ONU es un momento oportuno y necesario para exigir a Venezuela que revoque este decreto arbitrario e innecesario.

FIRMANTES
Organizaciones internacionales
APT, Asociación para la Prevención de la Tortura
Artículo 19
CCPR, Centro para los Derechos Civiles y Políticos
CIVICUS, Alianza Mundial para la Participación Ciudadana
DPLF, Fundación para el Debido Proceso
HRW, Human Rights Watch
ICJ, Comisión Internacional de Juristas
ISHR, Servicio Internacional de Derechos Humanos
OMCT, Organización Mundial Contra la Tortura
PIDHDD, Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo
CPD, Cooperation for Peace and Development (Afganistán)
ADC, Asociación por los Derechos Civiles (Argentina)
CELS, Centro de Estudios Legales y Sociales (Argentina)
Rainbow Warriors Core Foundation (Aruba)
University of New South Wales (Australia)
Aid Organization (Bangladesh)
UDDYOG Foundation (Bangladesh)
Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia (Bolivia)
Fundación Construir (Bolivia)
LACCASO, Consejo Latinoamericano de Organizaciones con Trabajo en SIDA (Brasil)
Movimento Ficha Verde (Brasil)
Cambodian Development and Research Institute (Camboya)
FAPEFE, Fondation des femmes actives pour la promotion de l´education de la femme et de l´enfant (Camerún)
Voice of Grace Foundation (Camerún)
Gigascope (Canadá)
Universidad de Ottawa (Canadá)
Corporación Humanas (Chile)
Observatorio Ciudadano (Chile)
Comisión Colombiana de Juristas (Colombia)
Dejusticia (Colombia)
IPLEX, Instituto de prensa y libertad de expresión (Costa Rica)
Action et Humanisme (Costa de Marfil)
Climate Reality Project Cote d´Ivoire (Costa de Marfil)
Revolution Congolaise (República Democrática del Congo)
CSMM, Centro de Documentación en Derechos Humanos “Segundo Montes Mozo S.J.” (Ecuador)
INREDH, Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Ecuador)
Action for Solidarity (Estados Unidos)
WOLA, Washington Office on Latin America (Estados Unidos)
Mekelle University (Etiopía)
Kepa (Finlandia)
International Institute for Child Protection (Gambia)
Tamale International Folk High School (Ghana)
SEDEM, Seguridad en Democracia (Guatemala)
Association for Promotion Sustainable Development (India)
Humanity Welfare Forum (India)
India Media Centre (India)
Tata Cummins (India)
Nchekoua Business Consulting Club (Italia)
Women Empowerment Group (Kenia)
SHIBL Movement (Libia)
Abogadas y Abogados para la Justicia y los Derechos Humanos (México)
Centro de Derechos Humanos Miguel Ángel Agustín Pro Juárez, A.C. (México)
Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A. C. (México)
Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A.C. (México)
JOINT, Liga de ONG de Mozambique (Mozambique)
YPDSN, Young Professional Development Society Nepal (Nepal)
Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Nicaragua)
ARIJ, Applied Research Institute – Jerusalem (Palestina)
Consumo Ético (Panamá)
Ágora Espacio Civil Paraguay (Paraguay)
Asociación Pro Derechos Humanos (Peru)
Comisión de Justicia Social de la Diócesis de Chimbote (Peru)
Instituto Peruano de Educación en Derechos Humanos y la Paz (Peru)
Instituto de Defensa Legal (Peru)
IPYS (Peru)
Movimiento Manuela Ramos (Peru)
Observatorio Latinoamericano para la Libertad de Expresión (Peru)
Paz y Esperanza (Peru)
SAHDCG, Social and Humanitarian Development Consultative Group (Sudán)
ALEJO Community Support Project (Zambia)

Organizaciones venezolanas

Acceso a la Justicia
Acción Solidaria en VIH/Sida
ACCSI, Acción Ciudadana Contra el SIDA
Amigos Trasplantados de Venezuela
Asociación Civil Movimiento Vinotinto
AVESA, Asociación Venezolana para una Educación Sexual Alternativa
CECODAP
Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello
Centro de Derechos Humanos de la Universidad Metropolitana
Centro para la Paz y los DDHH – UCV
CEPAZ, Centro Justicia y Paz
CISFEM, Centro de Investigación Social Formación y Estudios de la Mujer
CIVILIS Derechos Humanos
CODEVIDA, Coalición de organizaciones por los derechos a la salud y la vida
COFAVIC, Comité de Familiares de las Víctimas de los Sucesos de febrero-marzo de 1989
Colegio Nacional de Periodistas
Comisión De Justicia y Paz
Comisión Nacional de DDHH de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela
CONVITE
Espacio Público
EXCUBITUS A.C.
Expresión Libre
Federación Nacional de Sociedades de Padres y Representantes (FENASOPADRES)
FEPAP, Fundación Ensayos para el Aprendizaje Permanente
Funcamama
Fundación Aguaclara
Fundación Ecodiversa
FUNPAZ, Asociación Civil Fuerza, Unión, Justicia, Solidaridad y Paz
ININCO, Instituto de Investigaciones de la Comunicación de la Universidad Central de Venezuela
INVESP, Instituto Venezolano de Estudios Sociales y Políticos
IPYS Venezuela
Justicia y Paz Los Teques
Laboratorio de Paz
María Estrella de la Mañana
Observatorio de Derechos Humanos de La Universidad de Los Andes
Observatorio Venezolano de los Derechos Humanos de las Mujeres
Observatorio Venezolano de Prisiones
Oficina de Derechos Humanos del Vicariato de Puerto Ayacucho
Postgrado en Comunicación Social de la Universidad Católica Andrés Bello
ProIuris
PROVEA, Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos
Red ARA
Red Rosa
REDAC, Red de Activistas Ciudadanos por los Derechos Humanos
REDSOC, Red Venezolana de Organizaciones para el Desarrollo Social
Revista SIC
RTSP, Comité por una Radiotelevisión de Servicio Público
Ser, Comunicación e Investigación
Sinergia, Asociación Venezolana de Organizaciones de Sociedad Civil
SNTP, Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa
SOHI, Sociedad Hominis Iura
Transparencia Venezuela
Un Mundo Sin Mordaza
Unión Vecinal para la Participación Ciudadana
Venezuela Diversa Asociación Civil

Constitucionalidad del Estado de Excepción y Emergencia Económica


estado-de-excepcion

Sala Constitucional.

Tipo de recurso: Constitucionalidad de la ley.

TSJ/SC sentencia N° 411. Fecha: 19/05/2016.

Comentario de Acceso a la Justicia: La Sala aplicó el criterio desarrollado en la sentencia N° 7 de fecha 11 de febrero de 2016 (http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/febrero/184885-07-11216-2016-16-0117.HTML) y señaló que la Asamblea Nacional al no pronunciarse dentro de las 48 horas de haberse hecho público el decreto (art. 27 Ley Orgánica sobre Estados de Excepción), contravino la norma y por ende con ese silencio convalidó el decreto presidencial.

Caso: Constitucionalidad del Decreto N° 2.323  del Presidente de la República mediante el cual declaró Estado de Excepción y de la Emergencia Económica que regirá en todo el territorio nacional por un lapso de 60 días,  publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.227 Extraordinario del 13 de mayo de 2016 (http://historico.tsj.gob.ve/gaceta_ext/mayo/1352016/E-1352016-4574.pdf#page=1).

Decisión: CONSTITUCIONALIDAD del Decreto N° 2.323, dictado por el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, mediante el cual se declara el Estado de Excepción y de la Emergencia Económica, dadas las circunstancias extraordinarias de orden social, económico, político, natural y ecológicas que afectan gravemente la economía nacional, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela n.° 6.227 Extraordinario del 13 de mayo de 2016, conforme al artículo 339 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; el cual fue dictado en cumplimiento de todos los parámetros que prevé el Texto Constitucional, la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción y demás instrumentos jurídicos aplicables, preservando los Derechos Humanos y en protección del Texto Fundamental, el Estado, sus Instituciones y el Pueblo, razón por la que se declara que el mismo entró en vigencia desde que fue dictado y que su legitimidad, validez, vigencia y eficacia jurídico-constitucional se mantiene irrevocablemente incólume, conforme a lo previsto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

 Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/mayo/187854-411-19516-2016-16-0470.HTML

El TSJ declara constitucional pero inviable económicamente la Ley de Cestaticket: “Sí, no; no, sí”


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“- ¿Qué es? <sí, no; no, sí>
– pregunta el viejo a la vieja-.
Yo no comprendo… ¡No, no!”.
Julio Garmendia

En la sentencia N° 327 del 28 de abril de 2016, la Sala Constitucional determinó la constitucionalidad de la Ley de Bono para Alimentación y Medicinas a Pensionados y Jubilados, aprobada por la Asamblea Nacional el pasado 30 de marzo de 2016, declarando inconstitucional al mismo tiempo su inmediata aplicación por considerar que carece de viabilidad económica.

Al respecto, Acceso a la Justicia observa que es la primera vez, desde que la oposición ganó la Asamblea Nacional, que el máximo tribunal del país se pronuncia a favor de un acto dictado por el Poder Legislativo. Sin embargo, no todo es “color de rosa”. La Sala insiste en mantener su posición contra la labor del Poder Legislativo, y en esta oportunidad, argumentando que violó el artículo 208 de la Constitución, así como el régimen presupuestario contemplado en los artículos 311 al 314.

En efecto, declaró que está de acuerdo con los beneficios sociales que reconoce el Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia, pero al mismo tiempo sentenció la inconstitucionalidad de su Disposición Final Única, que estipula la vigencia inmediata de la ley a partir de su publicación en la Gaceta Oficial, por falta de viabilidad económica.

Precisamente, sobre esto último la Sala apreció que el Poder Legislativo no tuvo en cuenta la disponibilidad presupuestaria o financiera necesaria y adecuada con el propósito de determinar la viabilidad económica de ese texto legal.

Para Acceso a la justicia, la Sala Constitucional busca justificar la aplicación del criterio que impuso previamente en el fallo Nº 269 de fecha 21 de abril de 2016; donde declaró la “muerte constitucional” de la Asamblea Nacional al crear la obligación de someter el informe de impacto e incidencia presupuestaria y económica de la Asamblea Nacional (que debe acompañar a todo proyecto de ley) a la consideración del Ejecutivo Nacional.

Asimismo, la Sala determinó que la ley sancionada por la Asamblea Nacional causaría graves inconvenientes y perjuicios en el país, entre otros, por los siguientes motivos:

1. La Asamblea Nacional con esta ley desconoce las competencias del Poder Ejecutivo como rector de la Hacienda Pública Nacional (artículo 236.11 de la Constitución), al no determinar la fuente de financiamiento de la ley y sin soporte presupuestario para su ejecución inmediata.

2. Existe una situación de emergencia económica en el país que generaría un desajuste si se aplicara esa ley, además de afectar la ejecución de las metas de otros sectores sociales.

3. El Informe del Impacto Económico y Presupuestario elaborado por el Poder Legislativo para sustentar la aprobación del texto legal demuestra “inconsistencias presupuestarias que muestran un grado sustancial de inviabilidad de la aplicación de la misma”-

4. Esa ley está supeditada a la previsión y existencia de recursos en el Tesoro Nacional, además de los indicadores y variables de la administración financiera del sector público.

5. Atenta contra la institucionalidad e incide negativamente en la esfera de derechos de las personas al no concertar con el Poder Ejecutivo la viabilidad económica del proyecto de ley.

En resumen, la Sala Constitucional mediante una ilegítima interpretación concretó un cambio constitucional al convertir una competencia exclusiva de la Asamblea Nacional en una competencia compartida, incluso, con la posibilidad de que sea el Ejecutivo Nacional el órgano encargado, quien de manera exclusiva declare la vigencia de las leyes según la viabilidad económica.

Lo más grave de esta sentencia es que la Sala Constitucional responsabiliza a la Asamblea Nacional de los graves daños que pudiera causar a los venezolanos, y a la colectividad en general por el hecho de no acordar con el Ejecutivo Nacional la obtención de los recursos necesarios para poder establecer la viabilidad inmediata o progresiva de este o cualquier texto legal antes de ser aprobado, cuando en realidad el daño lo causa el Ejecutivo y la propia Sala al no acordar pagar el beneficio de alimentación y medicinas a los pensionados y jubilados.

¿Y a ti venezolano, cómo te afecta?

Con la ley aprobada, la AN buscó beneficiar a cada uno de los pensionados y jubilados del país. Sin embargo, la Sala Constitucional pretende hacer ver todo lo contrario, al sostener que el órgano legislativo violó dichos derechos al incumplir con una fase del procedimiento de la formación de las leyes que la misma Sala impuso con su dedo y que no está en la Constitución.

Es el “guardián de la Constitución”, la Sala Constitucional, quien con una sentencia que no guarda congruencia lógica -al declarar la constitucionalidad y la inconstitucionalidad a la vez de la ley- atenta contra los derechos de los venezolanos de la tercera edad.

Limitaciones de las funciones de la Asamblea Nacional: la organizativa interna y la legislativa


tsj-vs-an

Sala Constitucional.

Demanda de nulidad.

TSJ/SC sentencia N° 269. Fecha: 21/04/2016.        

Comentario de Acceso a la Justicia: La Sala con esta sentencia impone a la Asamblea Nacional consultar al Presidente de la República la “viabilidad económica” de todos sus proyectos, incluso los ya sancionados. Queda en manos del Ejecutivo Nacional aprobar o no los proyectos de leyes que quieran ser sancionados por el Poder Legislativo, y por ende el órgano representativo de la soberanía popular ha quedado vacío al perder su competencia natural: legislar en las materias de la competencia nacional y sobre el funcionamiento de las distintas ramas del Poder Nacional (artículo 187.1 de la Constitución).

Caso: RAMÓN GUILLERMO AVELEDO, JESÚS MARÍA CASAL y MANUEL ROJAS PÉREZ interpusieron demanda de nulidad por razones de inconstitucionalidad, conjuntamente con solicitud de medida cautelar, contra la Reforma Parcial del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela nro. 6.014 Extraordinario del 23 de diciembre de 2010.

Decisión: ACUERDA que la medida cautelar de suspensión de los artículos 25; 57; 64, numerales 5, 6 y 8; 73; y 105, último aparte del Reglamento de Interior y Debates de la Asamblea Nacional, en los términos expresados en la motiva del fallo. Asimismo, ACUERDA que mientras decida el recurso de nulidad interpuesto y con el objeto de prevenir posibles vicios de inconstitucionalidad, el informe sobre el impacto e incidencia presupuestaria y económica, o en todo caso, el informe de la Dirección de Asesoría Económica y Financiera de la Asamblea Nacional que debe acompañar a todo proyecto de ley, a que se refiere el numeral 3 del artículo 103 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional, son requisitos esenciales y obligatorios sin los cuales no se puede discutir un proyecto de ley.  y que los mismos, deben consultarse con carácter obligatorio por la Asamblea Nacional –a través de su Directiva- al Ejecutivo Nacional- por vía del Vicepresidente Ejecutivo- a los fines de determinar su viabilidad económica, aun los sancionados para la fecha de publicación del presente fallo, en aras de preservar los principios de eficiencia, solvencia, transparencia, responsabilidad y equilibrio fiscal del régimen fiscal de la República, tomando en consideración las limitaciones financieras del país, el nivel prudente del tamaño de la economía y la condición de excepcionalidad económica decretada por el Ejecutivo Nacional.

 Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/abril/187363-269-21416-2016-11-0373.HTML

Ver análisis de Acceso a la Justicia en: http://www.accesoalajusticia.org/wp/infojusticia/noticias/la-muerte-constitucional-de-la-asamblea-nacional/