TSJ concretó disolución de la Asamblea Nacional en 2017


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La Asamblea Nacional (AN), electa el 6 de diciembre de 2015 por estar conformada por una mayoría calificada opositora al gobierno (por primera vez en 16 años de chavismo) no ha podido prácticamente ejercer sus funciones por una serie de obstáculos impuestos por el Poder Judicial.

 Para tener una idea de la guerra judicial en contra de la AN que emprendió el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) desde su elección, se debe recordar que en 2016 bajo el amparo de la tesis del desacato le quitó prácticamente todas sus atribuciones a partir de julio de ese año.

Ya en 2017, el TSJ desconoció a la directiva presidida por el diputado Julio Borges sin justificación y permitió la instalación de una Asamblea Nacional Constituyente (ANC), que  vino entre otras cosas a sustituir al Parlamento.Julio Borges

Estado de excepción impuesto

Desde enero de 2016, Venezuela permanece bajo un perenne estado de excepción, cuya finalidad desde el inicio, según el mismo Jefe de Estado, era tomar medidas extraordinarias que permitieran superar la crisis económica.

Sin embargo, en cada ocasión que se han cumplido los 60 días que prevé la Constitución como plazo máximo de duración del decreto de emergencia económica, el Ejecutivo ha firmado una extensión por el mismo lapso, lo que también permite la Constitución, sólo que al culminar la prórroga dicta un nuevo decreto que luego extiende, lo que está prohibido por el texto constitucional que prevé un plazo máximo de 120 días de estado de excepción por la causa indicada.

Con esta metodología, el Ejecutivo mantiene al país en estado de excepción desde hace dos años, haciendo lo que quiere en materia de legislación socioeconómica e incluso en otros ámbitos. El decreto más reciente es del 09 de enero por lo que ha habido 13 decretos en total.

Ninguno de los decretos de estado de excepción ni sus prórrogas han sido aprobados por el Poder Legislativo como exige expresamente el artículo 339 de la Constitución, y aun así el TSJ los ha declarado constitucionales, haciendo caso omiso también de la Ley Orgánica de Estados de Excepción y de la Exposición de Motivos del texto fundamental que incluso le prohíben intervenir en ese supuesto.

Con esto queda muy claro que el máximo tribunal desempeña un rol al revés de su mandato, al permitir la desintegración de la Carta Magna con estados de excepción inconstitucionales, cuando su función según el artículo 334 es “asegurar la integridad de la Constitución”.

El eterno desacato

La tesis del desacato fue la que creó el TSJ poco después de las elecciones parlamentarias en diciembre de 2015 para hacer lo que la Constitución no le permite al gobierno, pero que era su mayor desiderátum: disolver la AN, como en efecto hizo posteriormente el TSJ con la sentencia nº 156 del 30 de abril.

El desacato surgió porque la AN no quiso acatar la decisión de la Sala Electoral de no juramentar a los cuatro diputados de Amazonas. Aunque la AN más adelante desincorporó a los parlamentarios (enero de 2017) la sanción persistió, de hecho la Sala Constitucional (SC, sentencia 2/2017) del TSJ declaró que todas las sesiones de la AN desde su instalación el 05 de enero eran nulas, desconoció la juramentación de la directiva de Borges y prohibió el inicio del nuevo período legislativo mientras persistiera el supuesto desacato.

Reiteramos que el desacato es un “delito o falta, según el caso, que implica la desobediencia a una orden judicial” y acarrea prisión o arresto pero no anulación de actuaciones. Por ello, lo conducente era eventualmente la sanción de su directiva, la presidida por Henry Ramos Allup por juramentar a diputados de Amazonas, pero no la anulación del órgano.

Impunidad

PdvsaEn 2016, el TSJ declaró que no le convenía al país una investigación por corrupción sobre Petróleos de Venezuela (Pdvsa) que había iniciado la AN y en 2017, ordenó a la Contraloría General de la República (CGR) investigar al diputado Freddy Guevara por querer notificar en Nueva York de esa investigación a Rafael Ramírez, quien se desempeñaba como embajador por Venezuela ante la ONU. Lo más increíble de esto es que a finales de este año la persecución a Ramírez por corrupción ha sido la bandera del gobierno.

En el transcurso de 2017 el TSJ tomó decisiones con las que negó uno de los principios básicos republicanos: la responsabilidad de cualquier órgano del Estado y su obligación de rendir cuentas. En este sentido, entre otros, desconoció en la sentencia nº 7 del 26-1-2017 de la SC el abandono del cargo del Presidente de la República declarado por la AN; permitió que la memoria y cuenta le fuera presentada a él y no a la AN, eliminó el control de la CGR sobre las empresas militares a pesar de que tienen a su cargo la mayoría de los recursos naturales del país y autorizó al Ejecutivo a vender parte de Pdvsa y a endeudarse sin control del legislativo.

Ruptura del orden constitucional

Desde el 2016, el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, ha denunciado la grave alteración del orden constitucional y democrático en Venezuela y en febrero de 2017 reabrió el debate sobre la activación de la aplicación de la Carta Democrática Interamericana en nuestro país, presentando el 14 de marzo un nuevo informe sobre la crisis. A raíz de ello, la AN aprobó un acuerdo para la reactivación de la Carta.

El partido de gobierno inmediatamente reaccionó y presentó un recurso ante la Sala Constitucional del TSJ y esta respondió a los seis días con la sentencia 155 del 29 de abril en la que anula el acuerdo de la AN que aprobó el informe de Almagro e incentivó al Ejecutivo a legislar en materia de seguridad nacional, en el ámbito penal y militar, aunque sin limitaciones, para evitar un supuesto estado de conmoción exterior (otra causal de estado de excepción). Además desconoce la inmunidad parlamentaria por el desacato. Al día siguiente, esa misma Sala dictó otra sentencia, la 156 en que permite la venta de parte de la estatal petrolera sin la autorización de la AN a una empresa rusa y además disolvió el parlamento. También decidió que desde ese momento, la Sala o el órgano que ella indicara sustituían a la Asamblea Nacional.

Estas dos sentencias causaron gran escándalo en la comunidad internacional, quien anunció que en Venezuela se había instaurado una dictadura y como consecuencia de ello se produjo el retiro de embajadores de varios países. Esto dio lugar a la activación por parte del Ejecutivo del Consejo General de Seguridad quien exhortó al TSJ a revisar sus sentencias. El 1º de abril, la Sala Constitucional anuló sus sentencias, pero en la práctica la AN siguió invalidada.

TSJ

La Fiscal

Hasta la fiscal general de la República Luisa Ortega Díaz reconoció que había habido una ruptura del orden constitucional en Venezuela por las sentencias 155 y 156 e inició una verdadera guerra judicial contra el Gobierno, pero esto no tuvo mayores frutos, pues aunque visibilizó aún más el régimen y sus debilidades su cruzada dio lugar a su destitución del cargo por la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente (ANC), potestad que es de la AN.

El esposo de la Fiscal, diputado del partido de gobierno, Germán Ferrer también se le unió. Como consecuencia de ello, mediante la sentencia 66 de la Sala Plena, el TSJ le quitó la inmunidad parlamentaria, competencia que es de la AN. Luego un tribunal de instancia dictó una orden de aprehensión en su contra por manejar supuestamente una importante red de corrupción desde la Fiscalía.

El golpe electoral

La renovación de los partidos políticos por el TSJ fue uno de los temas clave de 2017. Esta exigencia fue por una sentencia del máximo tribunal, la primera de 2016 de la Sala Constitucional, en la que prohibió la doble militancia y exigió, en contra de la lo que dice la ley de la materia, la renovación de los partidos políticos que hubieran participado en las elecciones parlamentarias con la tarjeta de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) y no con su propia tarjeta.

El TSJ también en 2016 designó a los rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE) que tenían el periodo vencido, aunque fuera competencia de la AN.

La guinda del pastel del TSJ contra la AN en 2017 fue el aval a la convocatoria del presidente Nicolás Maduro e instalación de la fraudulenta ANC a través de varias sentencias. Hoy en sustitución ilegal del Parlamento, la ANC aprueba leyes, incluido el presupuesto nacional, ha allanado la inmunidad parlamentaria de diputados de oposición y ordena investigaciones, entre otras funciones.

¿Y a ti venezolano, cómo te afecta?

Sin Parlamento, no hay democracia, pues es el órgano democrático por excelencia al ser el que representa a todas las ideologías del país y permite el debate entre ellas. Mientras en el Ejecutivo suele estar el partido político que obtuvo la mayoría, en el Parlamento u órgano legislativo nacional están también los que no la obtuvieron y esto permite controlar mejor la gestión del Ejecutivo y del partido de gobierno.

Además como el Parlamento suele tener no sólo funciones legislativas, sino también de control, puede garantizar el mejor uso de los recursos públicos por parte del Ejecutivo, de hecho es quien recibe la memoria y cuenta del gobierno, así como aprueba el presupuesto nacional de cada año. Si se elimina el Parlamento, como ha ocurrido en Venezuela, el Ejecutivo tiene rienda suelta en la administración y uso de los recursos públicos, lo que puede causar exceso de endeudamiento, corrupción e inflación, que son entre otros males los que hoy en día nos afectan a todos.

¿Tendrá oportunidad la Asamblea Nacional de liberarse del desacato?


TSJ vs AN

Este viernes 5 de enero se instala la Asamblea Nacional (AN) sin convocatoria previa, según lo exige la Constitución en su artículo 219. Sin embargo, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) considera que la AN está en desacato desde julio de 2016 y por ello, todos sus actos se deben considerar nulos.

La pregunta que surge es ¿qué hará la nueva directiva de 2018 con el caso de los diputados de Amazonas, aún no resuelto por el TSJ para que pueda cesar el injusto desacato? Recordemos que la directiva elegida en 2017, encabezada por el diputado Julio Borges desincorporó a Julio Ygarza, Nirma Guarulla y Romel Guzamana en enero de 2017, pero la sentencia nº 2 de la Sala Constitucional (SC) del máximo tribunal de la República el 11 de enero de ese año desconoció a dicha directiva precisamente por la situación de desacato y declaró nulas todas las actuaciones del Parlamento.

Acceso a la Justicia consideró tal sentencia un galimatías y un acto político y no jurídico, ya que no tiene fundamento en ningún principio del derecho y menos aún en la Constitución.

La sentencia llegó a indicar que lo que debía hacer la AN era instalar nuevamente la anterior directiva (la de 2016), liderada por Henry Ramos Allup y que esta excluyera a los legisladores amazonenses, porque sólo de esta manera podía subsanarse la omisión de acatar la orden del TSJ en que había incurrido el órgano legislativo. Una vez cumplida esta condición era que procedía el nombramiento de una nueva directiva (de 2017).

El problema planteado es que seguir el mandato del TSJ implica violar la Constitución y el Reglamento de Interior y Debates de la AN, que establecen que a partir del 5 de enero del año siguiente a su elección, la anterior directiva ya no puede ejercer función alguna, por lo que según la Carta Magna no puede instalarse de nuevo.

Pareciera que según esa decisión del TSJ, la AN nunca podrá tener una directiva válida por lo que hizo la de 2016, ni siquiera si la que corresponde a 2018 acata lo que el TSJ le ordena. Esta sentencia muestra el criterio personalista con el que actúa el alto Tribunal, que confundió el órgano con su directiva y pretendió aplicarle al Parlamento las sanciones que deberían imputarse eventualmente a su directiva, en este caso la que tuvo a Ramos Allup como presidente en 2016. En todo caso, si una nueva directiva deja de estar en desacato, pues eso valdría para el órgano, independientemente de lo que hizo la anterior.Henry Ramos Allup

Reiteramos además que el desacato no tiene como efecto jurídico anular los actos del órgano legislativo y menos aún al organismo completo, como en cambio ha hecho el TSJ.

Pareciera igualmente que el problema del reconocimiento de la directiva de la AN y del propio órgano por el TSJ tampoco tiene solución en el sentido que este tome una decisión de fondo sobre el caso de los legisladores de Amazonas, pues todo indica que cuando se trata de asuntos del gobierno la justicia va a paso de tortuga.

Para complicar aún más el panorama actual de la AN, desde julio de este año está en funcionamiento la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), la cual sin justificación alguna, ni jurídica (porque no lo prevé la Constitución) ni política (porque no la eligió el pueblo como parlamento, ni tampoco como constituyente), le ha quitado su función legislativa, lo cual ha sido reconocido y avalado por el propio TSJ.

Aunado a ello, existen otros problemas adicionales y es que, aunque la AN siga teniendo desde el punto de vista jurídico otras funciones, varias sentencias del TSJ de 2016, precedentes a la instalación de la ANC, se las han quitado, y no por causa del desacato. Algunas  de esas funciones son la contralora (sentencia nº 9/2016), la de control del poder político (las nº 4/2016 y 7/2016) y la de organización interna (nº 269/2016).

Asamblea Nacional Lo anterior deja aún más claro que la verdadera intención del TSJ ha sido, desde la elección parlamentaria de diciembre de 2015, no dejar funcionar al Parlamento, para que el Presidente de la República y su partido puedan operar a favor de sus intereses políticos.

¿Y a ti venezolano, cómo te afecta?

Cuando un órgano del Estado no tiene límites en el ejercicio del poder, como es el caso de Ejecutivo Nacional en Venezuela, tiende a querer más poder y al obtenerlo, quiere más y más. Por ello un gran pensador, Montesquieu decía: “es una experiencia eterna, que todo hombre que tiene poder siente la inclinación de abusar de él.”

El problema con ello es que al tener más poder no es que beneficia más al pueblo sino a sí mismo y a su entorno. Eso resume lo que vivimos en Venezuela y por qué ha empeorado tanto la crisis institucional desde 2016.

El viacrucis judicial de los diputados de Amazonas


Diputados de Amazonas

Fueron electos como diputados de la Asamblea Nacional (AN) por expresión de la voluntad popular del estado Amazonas el 6 de diciembre de 2015, pero nunca han podido ejercer sus cargos por diversas sentencias del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

La primera de ellas (sentencia 260/2015) se dictó en plenas vacaciones judiciales el 30 de diciembre de 2015, es decir, ya hace dos años. En la decisión, la Sala Electoral del máximo tribunal de la República ordenó la suspensión del acto de totalización, adjudicación y proclamación de los cuatro parlamentarios por representación indígena, circuito 1 y lista: Julio Ygarza, Nirma Guarulla, Romel Guzamana (los 3 de oposición) y Miguel Rodríguez (Psuv). El fallo que sólo tardó un día en emitirse favoreció la petición de quien fuera candidata en dicha entidad por el Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Nicia Maldonado, además de ex ministra del Ambiente del gobierno de Hugo Chávez.

En su momento Acceso a la Justicia y otros expertos juristas advirtieron que la totalización, adjudicación y proclamación constituían actos ejecutados y ya cumplidos, con lo cual resultaba imposible, material y legalmente, suspender o retrotraer sus efectos a través de la medida cautelar dictada por la Sala Electoral. Por ello, la AN recién electa juramentó a todos sus diputados, incluidos los de Amazonas, al instalarse en enero de 2016.

Por ello, el TSJ a través de su Sala Electoral en su sentencia nº 1 de 2016, por solicitud nuevamente de Maldonado y en sólo 4 días, ordenó a la AN desincorporar a los diputados, so pena de desacato.

Como consecuencia de este nuevo fallo, la AN desincorporó a los diputados de Amazonas. La Sala Constitucional (SC) reconoció en su sentencia nº 3 que había cesado el desacato, por lo que el presidente de la República, Nicolás Maduro, podía presentar su memoria y cuenta ante la AN, tal como establece la Constitución.

Sorprendentemente, pese al reconocimiento de la AN por parte de la SC, esta empezó a dictarsentencias que indicaron lo contrario y sin causa clara. Por ejemplo en su decisión nº 4 declaró constitucional el estado de excepción invocado por el Jefe de Estado antes del pronunciamiento de la AN como exige la Constitución y en la nº 7 anuló el acuerdo de la AN que lo desaprobaba. Poco tiempo después, en su decisión nº 9 desconoció la función contralora del parlamento, cambiando el texto constitucional sin justificación alguna.

Diputados de Amazonas

Mientras tanto, la directiva de la AN y los diputados suspendidos de Amazonas acudieron al TSJ para oponerse a la medida cautelar en su contra y los magistrados se tomaron 211 días para decirles que seguían suspendidos , lo contrario a la justicia exprés a favor del Psuv. También se esperaba en 2016 la orden para que se repitieran los comicios en Amazonas, la cual nunca llegó, dejando a una población tan vulnerable como la indígena y a 116. 216 votantes sin representación política en el parlamento.

Tira y encoje

Aún a la espera de la repetición de los comicios en Amazonas y como reacción a las sentencias de desconocimiento de sus actos del TSJ, la AN bajo el mando de Henry Ramos Allup (AD) entregó de nuevo sus credenciales a los diputados en pugna el 28 de julio de 2016 sobre la base siguiente: “Nunca van a resolver el tema de la incorporación de los diputados de Amazonas. No vamos a acatar ninguna decisión (del TSJ) que viole la Constitución”. Por su parte, el TSJ insistió a los pocos días (2 de agosto) con el desacato (sentencia 108/2016) y declaró  “la invalidez, inexistencia e ineficiencia jurídica” de la nueva juramentación y de todos los actos siguientes del parlamento.

Probablemente, en vista de la guerra judicial del 2016 en contra de la AN a raíz del desacato, en enero de 2017 la nueva directiva de la AN, encabezada por el diputado Julio Borges tomó como primera medida la desincorporación de los diputados de Amazonas, a solicitud de los mismos afectados, por las repercusiones que estaba teniendo el supuesto desacato para la democracia venezolana.

A pesar de ello, el TSJ consideró que la manera en que la AN había desincorporado a los diputados y elegido a la nueva directiva no era la adecuada y volvió a declararla en desacato, ordenando que se volviera a incorporar la vieja directiva, lo cual viola la Constitución que establece que a partir del 5 de enero la directiva anterior no puede ejercer funciones de ningún tipo. La AN no hizo lo que le pidió la SC por lo que el TSJ consideró que estuvo en desacato todo el 2017.

Falsa esperanza

A principios de diciembre de 2017, el TSJ declaró concluido un caso judicial relacionado con Amazonas,  una de las siete causas que se originaron a partir de esas elecciones y que no tuvo que ver con la sentencia 260 que suspendió a los cuatro diputados. Se trató del caso de la diputada Guarulla (sentencia 221/2017), el cual pereció por desinterés del demandante en el juicio y que en nada cambió su situación de exclusión de la AN, ni la de los otros 3 diputados de Amazonas.

De lo anterior queda claro que de nada han servido las entradas y salidas de los diputados de Amazonas de la AN, pues seguimos con un Poder Legislativo atado de manos con las consecuencias ya conocidas hasta la fecha, derivadas de la completa anulación de sus competencias.

Dicha problemática se agravó con la llegada de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) que funge como un ilegítimo parlamento nacional, además con poderes supraconstitucionales.

Diputados de Amazonas

¿Y a ti venezolano, cómo te afecta?

Al impedir el ejercicio de la representación política de Amazonas y la Región Indígena Sur de dicha entidad que también abarca el estado Apure, por parte de los diputados electos, el TSJ violó los derechos políticos más básicos de sus habitantes, así como la voluntad popular de todos los venezolanos al desconocer además por esa causa todos los actos de la AN.

El Gobierno nacional tiene como una de sus banderas a los indígenas, pero al apoyar las acusaciones de fraude electoral en las elecciones parlamentarias en ese estado y pedir a través del Psuv que se repitieran los comicios para que nunca se hicieran, demostró junto al Poder Judicial que poco le importa esta población, ni la democracia en Venezuela y por ello es que no hay defensa alguna del colectivo, aunque sostenga siempre lo contrario.

 

 

 

Elección diputados por el estado Amazonas a la AN


El viacrucis judicial de los diputados de Amazonas

Sala: Electoral

Tipo de recurso: Recurso contencioso electoral con medida cautelar

N° de Sentencia: 221                                Fecha: 7 de diciembre de 2018

Caso: Pedro Luis Cabello Hermoso interpone recurso contencioso electoral conjuntamente con medida cautelar de suspensión de efectos contra las Elecciones de Diputados y Diputadas a la Asamblea Nacional, en la Circunscripción Electoral número 1, del estado Amazonas

Decisión: Declara LA PERENCIÓN DE LA INSTANCIA, en el recurso contencioso electoral interpuesto el 17 de marzo de 2015 por los abogados Francisco Encinas Verde y Agustín Díaz Díaz  actuando en nombre propio, contra “(…) la Normativa Sobre Postulaciones de Precandidatos a Elecciones Primarias de 2015 de la Mesa de la Unidad Democrática aprobada en Caracas a los 9 días del mes de marzo de 2015 (…) por la Comisión Electoral de Primarias de la Mesa de la Unidad Democrática (…)”.

Extracto: 

“…Corresponde a esta Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia pronunciarse sobre la obligación de la parte recurrente respecto al retiro, publicación y consignación del cartel de emplazamiento de los interesados, en el lapso previsto en el artículo 189 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, el cual establece:

El cartel deberá ser retirado, publicado en un diario de circulación nacional o regional, según sea el caso, y consignado por la parte demandante dentro de los siete días de despacho siguientes a su expedición. Si la parte demandante incumpliere con esta carga, el Juzgado de Sustanciación declarará la perención de la instancia y se ordenará el archivo del expediente; sin embargo, podrá remitir el expediente a la Sala cuando estimare que existen razones de orden público que justifiquen la continuación de la causa, en cuyo caso, el cartel deberá ser publicado por el Juzgado de Sustanciación. Dentro de los cinco días de despacho siguientes al vencimiento del plazo para el retiro, publicación y consignación del cartel de emplazamiento, los interesados o interesadas podrán comparecer y presentar sus alegatos. (Negrillas de la Sala).

 Conforme a la norma citada, el emplazamiento de los interesados debe realizarse mediante cartel que se publicará en un diario de circulación nacional, con la carga procesal para la parte recurrente de su retiro, publicación y consignación en el lapso de siete (7) días de despacho siguientes a su expedición.

 El incumplimiento de la parte recurrente de esta obligación es sancionado con la perención de la instancia, que constituye uno de los modos anormales de extinguir la relación procesal. En ese sentido, la Sala Político Administrativa, en relación a la perención de la instancia, declaró en sentencia número 01279 del 7 de noviembre de 2013:

La perención de la instancia constituye un mecanismo anómalo de terminación del proceso, en el sentido de que el pronunciamiento proferido por el operador de justicia que declare la perención no produce cosa juzgada material, pudiendo el accionante interponer nuevamente la acción en similares términos como fue propuesta anteriormente, siempre que se encuentre dentro del lapso legal establecido a tales fines.

Al respecto, es criterio reiterado de esta Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, que “(…) la perención de la instancia no extingue la pretensión, pero deja sin efecto el proceso. El efecto de la perención de la instancia no es extinguir el derecho, y no impide que se ejerza de nuevo la acción para reclamarlo” (vid. Sentencias números 43 del 18 de marzo de 2014, 163 del 13 de noviembre de 2013 y 131 del 8 de octubre de 2013).

De conformidad con lo expuesto, esta Sala Electoral observa que en el presente caso, verificado en autos la constancia de las notificaciones ordenadas el 11 de junio de 2015, se libró el cartel de emplazamiento el 07 de noviembre de 2017 (folio 67 del expediente), con la carga procesal de la parte recurrente de retirar, publicar y consignar el referido cartel en el lapso de siete (7) días de despacho siguientes a su expedición, los cuales transcurrieron, así: 08, 09, 13, 14, 15, 16 y 20 de noviembre de 2017. En consecuencia, hasta el 20 de noviembre de 2017 la parte recurrente tenía oportunidad para cumplir con la carga procesal referida.

De igual forma, consta que el 21 de noviembre de 2017, el Juzgado de Sustanciación de esta Sala Electoral ordenó agregar al expediente el original del cartel de emplazamiento librado el 07 de noviembre de 2017 (folio 67 del expediente), lo cual evidencia que la parte recurrente incumplió la carga de retirar el mencionado cartel para su posterior publicación y consignación.

Considerando lo anterior, de conformidad con el artículo 189 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, esta Sala Electoral declara la PERENCIÓN DE LA INSTANCIA, por no existir razones de orden público que justifiquen la continuación del procedimiento. Así se decide”.

Comentario de Acceso a la Justicia: A pesar de que la Sala Electoral (SE) declaró concluido este caso, no tiene nada que ver con la sentencia 260 en la que suspendió a los cuatro diputados. Por tal razón, la situación de los diputados electos en los comicios parlamentarios celebrados en diciembre de 2015 por el estado Amazonas no muestra ningún cambio.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/selec/diciembre/206153-221-71217-2017-2015-000140.HTML

Boletín n.° 3. Del 28 de agosto al 4 de septiembre de 2017


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En esta tercera edición del boletín se presentan los siguientes temas:

Hijo de alcalde de Ejido cumplió un mes de secuestro por el Sebin- Provea. Nuevos hilos para la telaraña jurídica del TSJ contra Luisa Ortega Díaz- Acceso a la Justicia¿Será Luisa Ortega Díaz la única funcionaria señalada por supuestos daños patrimoniales a la Nación?- Transparencia Venezuela. No + escasez- Un Mundo Sin MordazaDos emisoras de radio y tres diarios regionales menos por presiones del gobierno- Espacio Público.

Nuevos hilos para la telaraña jurídica del TSJ contra Luisa Ortega Díaz


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El lobo llegó para Luisa Ortega Díaz. No solo el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) aprobó el antejuicio de mérito en su contra solicitado por el diputado Pedro Carreño, sino que se concretó la reiterada amenaza del chavismo según la cual la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) sería la instancia que “haría justicia contra la traidora” y así fue: la destituyó y el mismo día nombró al sucesor.

 Vale recordar que esta persecución contra Ortega Díaz por parte del Gobierno de Nicolás Maduro inició con su declaración del pasado 31 de marzo acerca de las sentencias 155 y 156 de la Sala Constitucional del TSJ, que despojaban a la Asamblea Nacional (AN) de sus facultades y la declaraban en desacato. Al respecto, Ortega Díaz señaló que había una ruptura del orden constitucional; el mismo día, el presidente Nicolás Maduro convocó un Consejo de Defensa de la Nación y  exhortó al TSJ a reconsiderar los referidos fallos. A partir de estas declaraciones la Fiscal General cayó en desgracia con el Gobierno nacional.

La ANC no es el órgano competente para remover a la Fiscal sino el Parlamento nacional como una medida administrativa de acuerdo con la Constitución, luego de que el TSJ aprobara el antejuicio que daría paso al proceso penal que podría concluir o no con una pena privativa de libertad en contra de la funcionaria. Este procedimiento fue obviado y el alto Tribunal emprendió de una vez un procedimiento penal para que el poder constituyente terminara de “cortarle la cabeza” a Ortega Díaz. Vale acotar que, hasta la fecha, no se han formulado cargos contra ella ni se le ha atribuido ningún delito, aunque el TSJ sí acordó medidas cautelares propias de un proceso penal, como congelación de cuentas bancarias, prohibición de vender bienes y de salida del país.

El artículo 279 de la Carta Magna contempla la designación de los titulares de los órganos del Poder Ciudadano previa preselección del Comité de Evaluación de Postulaciones del Poder Ciudadano, pero la supraconstitucional ANC designó a Tarek William Saab como Fiscal General provisorio. La sede del MP fue tomada por la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), con lo que la inconstitucionalidad fue ejecutada mediante un acto de fuerza y Ortega Diaz tuvo que salir de su despacho en moto y resguardada por sus escoltas, algunos de los cuales fueron detenidos por la GNB.

Previamente se sumaron otros hilos a esta telaraña, relacionados con la designación irregular de la vicefiscal Katherine Harrintong por parte del TSJ y no por la Fiscal como corresponde, así como su “extraña” entrada en la maleta de un vehículo al edificio del MP. Harrington fue desalojada de la sede de la Fiscalía General pero ello no la detuvo y se dedicó a realizar constantes visitas sorpresa a los tribunales penales. También presentó procedimientos para agraciarse más con el régimen, como por ejemplo el caso del violinista Wuilly Arteaga.

Desde la designación de Harrintong, el MP sufrió una suerte de paralelismo; en los tribunales penales de Caracas comenzó a reinar el caos al existir una Fiscalía al mando de Luisa Ortega y otra obediente a los designios del TSJ y dirigida por Harrington. Hubo procedimientos presentados en la Oficina de Flagrancia por parte de los fiscales de Ortega Díaz y otros, presentados directamente en la Oficina Distribuidora de Expedientes o directamente en el Tribunal. Incluso administrativamente reinó la anarquía en las sedes fiscales de Caracas y se prohibió la entrada de los alguaciles de los tribunales penales, lo que en consecuencia trajo retardo procesal por pugnas meramente políticas de las cuales el ciudadano de a pie no tenía idea ni responsabilidad.

Justicia internacional

La embestida contra la fiscal destituida recrudeció a mediados de agosto, cuando Tarek William Saab solicitó al TSJ una orden de captura contra el diputado de la AN  y esposo de Ortega Díaz, Germán Ferrer. Una vez más el alto Tribunal y la ANC violaron la Constitución al irrespetar la inmunidad parlamentaria del expesuvista, la cual sigue vigente, por cuanto es el Parlamento y no la Constituyente el que debió levantar la prerrogativa de la que goza Ferrer por sus funciones legislativas.

El Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) allanó la vivienda de Ortega Díaz y cargó con objetos como computadoras en la búsqueda de documentos que evidenciaran la existencia de una red de extorsión contra empresarios, que supuestamente dirigía junto a su esposo, según la acusación del ex-Defensor del Pueblo.

Pese a la prohibición de salida del país, la fiscal depuesta y el diputado con orden de aprehensión escaparon hacia la isla de Aruba, desde donde se trasladaron a Colombia y posteriormente a Brasil. La reconocida internacionalmente como legítima Fiscal General participó en una reunión con homólogos en la Cumbre del Mercosur realizada en la nación carioca.

Ortega Díaz aseguró que salió del país porque en Venezuela actualmente es imposible que se realice una investigación imparcial para determinar responsabilidades por corrupción en el Gobierno de Maduro, especialmente en el caso de sobornos de la empresa constructora Odebrecht, así que instó a la comunidad internacional a seguir indagando a partir de las pruebas presentadas por ella y lograr la tan anhelada justicia.

¿Y a ti venezolano cómo te afecta?

Un país del cual se dice tiene seguridad jurídica es aquel donde su Constitución y sus leyes son duraderas y determinadas, sin cambios imprevistos, frecuentes o a capricho; lo cual brinda a sus habitantes tranquilidad. Al ser poco probable que una nación con seguridad jurídica se aísle del mundo, esta tranquilidad que transmite es vista por la comunidad internacional, quien gustosamente invierte en ese país.

Ahora bien, si se cambia a gusto y antojo la Constitución y como primera decisión de los constituyentes está la de remover, perseguir y asediar a la Fiscal General de la República, sencillamente porque ya no es de su bando, ¿es un país con seguridad jurídica? ¿Es un país bien visto por la comunidad internacional? Pareciera que el no es una respuesta más que obvia.

De cómo un diputado pasó de investigador a investigado


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El Tribunal Supremo de Justicia avanzó más en su misión de anular la Asamblea Nacional. Esta vez, no sólo le limita aún más una de sus competencias constitucionales, sino que además asoma la imputación de un delito para los diputados que cumplan con su función contralora.

Este paso se dio el pasado 24 de febrero de 2017 cuando la Sala Constitucional del TSJ dictó su sentencia N° 88 de este año, en la que anuló los actos de control e investigación adelantados por la Asamblea Nacional (AN) contra Pdvsa por presuntos delitos de corrupción y, adicionalmente, ordenó investigar al diputado Freddy Guevara por el Poder Ciudadano, porque (en opinión de la Sala) podría haber cometido un delito.

Con esta decisión el máximo tribunal continúa desconociendo la autoridad del Parlamento y violando la Constitución, tal como lo hizo con la sentencia previa en la que responde a una demanda de Rafael Ramírez,  quien fue  presidente de Pdvsa durante 10 años.

La Sala Constitucional respondió a esta solicitud de nulidad de Ramírez con la suspensión cautelar de la fiscalización que adelantaba la Comisión Permanente de Contraloría de la AN sobre la gestión de Pdvsa en el período 2004-2014; esto significa que: hasta que el Poder Judicial no tome una decisión definitiva sobre el caso, el Poder Legislativo no puede investigar a esa empresa del Estado.

Como Acceso a la Justicia afirmó en su oportunidad, esta decisión va contra el principio de legalidad consagrado en la Constitución (art. 137) y el de rendición de cuentas que atañe a toda la administración pública (art. 141).

La Sala saca nuevamente la carta del desacato parlamentario en la sentencia N° 88 y agrega un nuevo argumento: el órgano legislativo habría violado la Constitución porque no coordinó con el Vicepresidente Ejecutivo antes de ejercer su potestad de control político, lo que estaría establecido en el artículo 239.5 de la Carta Magna.

Esta interpretación indica que la función parlamentaria queda entonces en manos del Vicepresidente; lo que no solamente va contra toda lógica (porque la AN puede controlar la labor del mismo Vicepresidente, por ejemplo y sobre todo porque la Constitución establece exactamente todo lo contrario), sino que ignora el principio de separación de poderes establecido claramente en el artículo 136 de la Constitución.

Adicionalmente, la Sala reiteró que el control político por parte de la AN “…no es vinculante ni definitorio para el control jurídico, así como tampoco tiene, en general, efecto sancionatorio; si no que, a lo sumo, el mismo pudiera desembocar en la solicitud dirigida al Poder Ciudadano para que examine la procedencia o no, dentro del ámbito de sus atribuciones, de las actuaciones que corresponda, como pudo haber ocurrido en el periodo que abarca la supuesta investigación en los actos objeto de nulidad”, argumento que también persigue desnaturalizar de forma grosera la autonomía funcional del órgano legislativo consagrada en la Constitución, pues coloca la contraloría del legislativo como una sugerencia que el Poder Ciudadano decide o no tomar.

Lo más grave para Acceso a la Justicia es que la Sala Constitucional asegura que el diputado Freddy Guevara “probablemente” haya cometido “usurpación de atribuciones, entre otros posibles ilícitos de diversa naturaleza que, incluso, pudieran implicar lesiones al patrimonio público y al correcto funcionamiento de la administración pública; lo que no sólo pudiera comprometer su responsabilidad individual sino también la de quienes pudieron avalar tales actuaciones desde la Asamblea Nacional o desde cualquier otra institución”.

Dicho de otro modo, el TSJ argumenta que el diputado habría obviado las atribuciones del Poder Ejecutivo (Ministerio de Exteriores) y el Judicial  (Alguacilazgo) al viajar personalmente a notificar a Rafael Ramírez de un acto administrativo que realizaba la Comisión Permanente de Contraloría de la AN (de la que es presidente) en su contra. De modo que lo que hace la Sala es “interpretar” que Guevara ejerció la representación del Estado venezolano en el exterior con el propósito de forzar la configuración del vicio de usurpación de funciones y justificar de ese modo su petición a la Contraloría General de la República y al Ministerio Público de investigarlo.

Esta decisión deforma de manera clara y manifiesta el texto constitucional y no puede ser considerada como “jurídica” ni mucho menos “justa”. Pareciera que el TSJ busca evitar a toda costa que los funcionarios del Ejecutivo Nacional sean investigados, responsabilizados por sus actos y sancionados cuando ello sea necesario. Decisiones como esta avalan la corrupción y favorecen la irresponsabilidad y la desobediencia a la Constitución y las leyes, pervirtiendo el Estado de Derecho y abriendo la puerta a mayores violaciones de los Derechos Humanos de la población.

Y a ti venezolano, ¿cómo te afecta?

Con esta nueva sentencia, el TSJ no solamente insiste en prohibir que se investigue la corrupción en nuestro país sino que pretende criminalizar a quienes intenten hacerlo.

Esto es realmente sorprendente en un país que durante décadas ha sufrido las consecuencias de este terrible vicio. Más aún, este mismo proceso político inició con la promesa de acabar con la corrupción en nuestro país, ¿por qué ahora no les interesa el tema?

El corrupto nos roba a todos y cada uno de los venezolanos al robarle al Estado, por lo que su persecución y castigo es de altísima importancia siempre, pero sobre todo en un momento de crisis económica tan grave como el que estamos viviendo. Mientras unos comen de la basura, otros se llenan los bolsillos de manera ilegal y el TSJ no solamente no hace nada sino que pretende forzar a la AN a tener la misma conducta.