Boletín n.° 3. Del 28 de agosto al 4 de septiembre de 2017


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En esta tercera edición del boletín se presentan los siguientes temas:

Hijo de alcalde de Ejido cumplió un mes de secuestro por el Sebin- Provea. Nuevos hilos para la telaraña jurídica del TSJ contra Luisa Ortega Díaz- Acceso a la Justicia¿Será Luisa Ortega Díaz la única funcionaria señalada por supuestos daños patrimoniales a la Nación?- Transparencia Venezuela. No + escasez- Un Mundo Sin MordazaDos emisoras de radio y tres diarios regionales menos por presiones del gobierno- Espacio Público.

Nuevos hilos para la telaraña jurídica del TSJ contra Luisa Ortega Díaz


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El lobo llegó para Luisa Ortega Díaz. No solo el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) aprobó el antejuicio de mérito en su contra solicitado por el diputado Pedro Carreño, sino que se concretó la reiterada amenaza del chavismo según la cual la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) sería la instancia que “haría justicia contra la traidora” y así fue: la destituyó y el mismo día nombró al sucesor.

 Vale recordar que esta persecución contra Ortega Díaz por parte del Gobierno de Nicolás Maduro inició con su declaración del pasado 31 de marzo acerca de las sentencias 155 y 156 de la Sala Constitucional del TSJ, que despojaban a la Asamblea Nacional (AN) de sus facultades y la declaraban en desacato. Al respecto, Ortega Díaz señaló que había una ruptura del orden constitucional; el mismo día, el presidente Nicolás Maduro convocó un Consejo de Defensa de la Nación y  exhortó al TSJ a reconsiderar los referidos fallos. A partir de estas declaraciones la Fiscal General cayó en desgracia con el Gobierno nacional.

La ANC no es el órgano competente para remover a la Fiscal sino el Parlamento nacional como una medida administrativa de acuerdo con la Constitución, luego de que el TSJ aprobara el antejuicio que daría paso al proceso penal que podría concluir o no con una pena privativa de libertad en contra de la funcionaria. Este procedimiento fue obviado y el alto Tribunal emprendió de una vez un procedimiento penal para que el poder constituyente terminara de “cortarle la cabeza” a Ortega Díaz. Vale acotar que, hasta la fecha, no se han formulado cargos contra ella ni se le ha atribuido ningún delito, aunque el TSJ sí acordó medidas cautelares propias de un proceso penal, como congelación de cuentas bancarias, prohibición de vender bienes y de salida del país.

El artículo 279 de la Carta Magna contempla la designación de los titulares de los órganos del Poder Ciudadano previa preselección del Comité de Evaluación de Postulaciones del Poder Ciudadano, pero la supraconstitucional ANC designó a Tarek William Saab como Fiscal General provisorio. La sede del MP fue tomada por la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), con lo que la inconstitucionalidad fue ejecutada mediante un acto de fuerza y Ortega Diaz tuvo que salir de su despacho en moto y resguardada por sus escoltas, algunos de los cuales fueron detenidos por la GNB.

Previamente se sumaron otros hilos a esta telaraña, relacionados con la designación irregular de la vicefiscal Katherine Harrintong por parte del TSJ y no por la Fiscal como corresponde, así como su “extraña” entrada en la maleta de un vehículo al edificio del MP. Harrington fue desalojada de la sede de la Fiscalía General pero ello no la detuvo y se dedicó a realizar constantes visitas sorpresa a los tribunales penales. También presentó procedimientos para agraciarse más con el régimen, como por ejemplo el caso del violinista Wuilly Arteaga.

Desde la designación de Harrintong, el MP sufrió una suerte de paralelismo; en los tribunales penales de Caracas comenzó a reinar el caos al existir una Fiscalía al mando de Luisa Ortega y otra obediente a los designios del TSJ y dirigida por Harrington. Hubo procedimientos presentados en la Oficina de Flagrancia por parte de los fiscales de Ortega Díaz y otros, presentados directamente en la Oficina Distribuidora de Expedientes o directamente en el Tribunal. Incluso administrativamente reinó la anarquía en las sedes fiscales de Caracas y se prohibió la entrada de los alguaciles de los tribunales penales, lo que en consecuencia trajo retardo procesal por pugnas meramente políticas de las cuales el ciudadano de a pie no tenía idea ni responsabilidad.

Justicia internacional

La embestida contra la fiscal destituida recrudeció a mediados de agosto, cuando Tarek William Saab solicitó al TSJ una orden de captura contra el diputado de la AN  y esposo de Ortega Díaz, Germán Ferrer. Una vez más el alto Tribunal y la ANC violaron la Constitución al irrespetar la inmunidad parlamentaria del expesuvista, la cual sigue vigente, por cuanto es el Parlamento y no la Constituyente el que debió levantar la prerrogativa de la que goza Ferrer por sus funciones legislativas.

El Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) allanó la vivienda de Ortega Díaz y cargó con objetos como computadoras en la búsqueda de documentos que evidenciaran la existencia de una red de extorsión contra empresarios, que supuestamente dirigía junto a su esposo, según la acusación del ex-Defensor del Pueblo.

Pese a la prohibición de salida del país, la fiscal depuesta y el diputado con orden de aprehensión escaparon hacia la isla de Aruba, desde donde se trasladaron a Colombia y posteriormente a Brasil. La reconocida internacionalmente como legítima Fiscal General participó en una reunión con homólogos en la Cumbre del Mercosur realizada en la nación carioca.

Ortega Díaz aseguró que salió del país porque en Venezuela actualmente es imposible que se realice una investigación imparcial para determinar responsabilidades por corrupción en el Gobierno de Maduro, especialmente en el caso de sobornos de la empresa constructora Odebrecht, así que instó a la comunidad internacional a seguir indagando a partir de las pruebas presentadas por ella y lograr la tan anhelada justicia.

¿Y a ti venezolano cómo te afecta?

Un país del cual se dice tiene seguridad jurídica es aquel donde su Constitución y sus leyes son duraderas y determinadas, sin cambios imprevistos, frecuentes o a capricho; lo cual brinda a sus habitantes tranquilidad. Al ser poco probable que una nación con seguridad jurídica se aísle del mundo, esta tranquilidad que transmite es vista por la comunidad internacional, quien gustosamente invierte en ese país.

Ahora bien, si se cambia a gusto y antojo la Constitución y como primera decisión de los constituyentes está la de remover, perseguir y asediar a la Fiscal General de la República, sencillamente porque ya no es de su bando, ¿es un país con seguridad jurídica? ¿Es un país bien visto por la comunidad internacional? Pareciera que el no es una respuesta más que obvia.

De cómo un diputado pasó de investigador a investigado


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El Tribunal Supremo de Justicia avanzó más en su misión de anular la Asamblea Nacional. Esta vez, no sólo le limita aún más una de sus competencias constitucionales, sino que además asoma la imputación de un delito para los diputados que cumplan con su función contralora.

Este paso se dio el pasado 24 de febrero de 2017 cuando la Sala Constitucional del TSJ dictó su sentencia N° 88 de este año, en la que anuló los actos de control e investigación adelantados por la Asamblea Nacional (AN) contra Pdvsa por presuntos delitos de corrupción y, adicionalmente, ordenó investigar al diputado Freddy Guevara por el Poder Ciudadano, porque (en opinión de la Sala) podría haber cometido un delito.

Con esta decisión el máximo tribunal continúa desconociendo la autoridad del Parlamento y violando la Constitución, tal como lo hizo con la sentencia previa en la que responde a una demanda de Rafael Ramírez,  quien fue  presidente de Pdvsa durante 10 años.

La Sala Constitucional respondió a esta solicitud de nulidad de Ramírez con la suspensión cautelar de la fiscalización que adelantaba la Comisión Permanente de Contraloría de la AN sobre la gestión de Pdvsa en el período 2004-2014; esto significa que: hasta que el Poder Judicial no tome una decisión definitiva sobre el caso, el Poder Legislativo no puede investigar a esa empresa del Estado.

Como Acceso a la Justicia afirmó en su oportunidad, esta decisión va contra el principio de legalidad consagrado en la Constitución (art. 137) y el de rendición de cuentas que atañe a toda la administración pública (art. 141).

La Sala saca nuevamente la carta del desacato parlamentario en la sentencia N° 88 y agrega un nuevo argumento: el órgano legislativo habría violado la Constitución porque no coordinó con el Vicepresidente Ejecutivo antes de ejercer su potestad de control político, lo que estaría establecido en el artículo 239.5 de la Carta Magna.

Esta interpretación indica que la función parlamentaria queda entonces en manos del Vicepresidente; lo que no solamente va contra toda lógica (porque la AN puede controlar la labor del mismo Vicepresidente, por ejemplo y sobre todo porque la Constitución establece exactamente todo lo contrario), sino que ignora el principio de separación de poderes establecido claramente en el artículo 136 de la Constitución.

Adicionalmente, la Sala reiteró que el control político por parte de la AN “…no es vinculante ni definitorio para el control jurídico, así como tampoco tiene, en general, efecto sancionatorio; si no que, a lo sumo, el mismo pudiera desembocar en la solicitud dirigida al Poder Ciudadano para que examine la procedencia o no, dentro del ámbito de sus atribuciones, de las actuaciones que corresponda, como pudo haber ocurrido en el periodo que abarca la supuesta investigación en los actos objeto de nulidad”, argumento que también persigue desnaturalizar de forma grosera la autonomía funcional del órgano legislativo consagrada en la Constitución, pues coloca la contraloría del legislativo como una sugerencia que el Poder Ciudadano decide o no tomar.

Lo más grave para Acceso a la Justicia es que la Sala Constitucional asegura que el diputado Freddy Guevara “probablemente” haya cometido “usurpación de atribuciones, entre otros posibles ilícitos de diversa naturaleza que, incluso, pudieran implicar lesiones al patrimonio público y al correcto funcionamiento de la administración pública; lo que no sólo pudiera comprometer su responsabilidad individual sino también la de quienes pudieron avalar tales actuaciones desde la Asamblea Nacional o desde cualquier otra institución”.

Dicho de otro modo, el TSJ argumenta que el diputado habría obviado las atribuciones del Poder Ejecutivo (Ministerio de Exteriores) y el Judicial  (Alguacilazgo) al viajar personalmente a notificar a Rafael Ramírez de un acto administrativo que realizaba la Comisión Permanente de Contraloría de la AN (de la que es presidente) en su contra. De modo que lo que hace la Sala es “interpretar” que Guevara ejerció la representación del Estado venezolano en el exterior con el propósito de forzar la configuración del vicio de usurpación de funciones y justificar de ese modo su petición a la Contraloría General de la República y al Ministerio Público de investigarlo.

Esta decisión deforma de manera clara y manifiesta el texto constitucional y no puede ser considerada como “jurídica” ni mucho menos “justa”. Pareciera que el TSJ busca evitar a toda costa que los funcionarios del Ejecutivo Nacional sean investigados, responsabilizados por sus actos y sancionados cuando ello sea necesario. Decisiones como esta avalan la corrupción y favorecen la irresponsabilidad y la desobediencia a la Constitución y las leyes, pervirtiendo el Estado de Derecho y abriendo la puerta a mayores violaciones de los Derechos Humanos de la población.

Y a ti venezolano, ¿cómo te afecta?

Con esta nueva sentencia, el TSJ no solamente insiste en prohibir que se investigue la corrupción en nuestro país sino que pretende criminalizar a quienes intenten hacerlo.

Esto es realmente sorprendente en un país que durante décadas ha sufrido las consecuencias de este terrible vicio. Más aún, este mismo proceso político inició con la promesa de acabar con la corrupción en nuestro país, ¿por qué ahora no les interesa el tema?

El corrupto nos roba a todos y cada uno de los venezolanos al robarle al Estado, por lo que su persecución y castigo es de altísima importancia siempre, pero sobre todo en un momento de crisis económica tan grave como el que estamos viviendo. Mientras unos comen de la basura, otros se llenan los bolsillos de manera ilegal y el TSJ no solamente no hace nada sino que pretende forzar a la AN a tener la misma conducta.

“La Asamblea Nacional según el TSJ”, Gabriel Sira


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Luego de que el TSJ a través de las sentencias producidas  en los últimos meses, ha disminuido las atribuciones de la AN, Gabriel Sira del Centro para la Investigación y el Derecho Público (CIDEP), realizó durante el seminario un recuento del impacto que tienen las decisiones de las Salas sobre el parlamento.

El conflicto comenzó antes de la primera sesión ordinaria de la AN, durante el mes de diciembre la sala constitucional y la electoral se pronunciaron sobre lo que podía y lo que no podía hacer la AN.

El 22 de diciembre de 2015, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia habilitó a la Asamblea Nacional, presidida por Diosdado Cabello, para convocar a sesiones extraordinarias , tras un recurso interpuesto por él pocos días antes, todo se dio en tiempo record “si conocemos el Poder Judicial, sabemos que la celeridad no es una de sus características” recalcó Sira.

Con este fallo el TSJ determinó que efectivamente la AN podía no solo convocar sesiones extraordinarias, contraviniendo así la constitución que establece que en todo caso estas sesiones la podía convocar la comisión delegada; sino que además dijo que en estas sesiones podía tratar cualquier tema, cuando la constitución dice que solo debe hacerse en cuestiones de importancia relacionadas con urgencia que no puedan esperar hasta enero.

Producto de esta decisión la AN llevó a cabo 4 sesiones extraordinarias, en dos días (mañana y tarde), para nombrar a 13 magistrados principales y 21 suplentes.

Por su parte,  la Sala Electoral se pronunció sobre los recursos contenciosos electorales, en particular sobre 7 recursos, 6 de ellos presentados el 28 de diciembre y uno el 29 de diciembre, en los que se pedía la revisión del proceso de elección en Amazonas por presuntos hechos irregulares. Durante el mes de diciembre,  la Sala Electoral estuvo actuando fuera de calendario y emitió una sentencia que disminuía el poder de la recientemente elegida Asamblea Nacional (Ver detalles en infografía: Irregularidades en la Sentencia de Suspensión de diputados de Amazonas).

Las dos grandes consecuencias de las sentencias de las salas son las siguientes:

  1. Se permite en diciembre el nombramiento atropellado de magistrados, incumpliendo casi todos los pasos del proceso de selección. Pero además, en 2016 se desconoce la petición de revisión hecha por la comisión de la nueva Asamblea Nacional, y se desoyen por completo todos los argumentos.
  2. Se deja sin representación ante el parlamento por meses al estado Amazonas, desconociendo no sólo el poder de la Asamblea Nacional, sino el poder del pueblo.

“Cuando un poder constituido se cree y actúa como si fuese un poder constituyente; sin ninguna clase de  límites, ni cotas, más allá de los que él dice imponerse a sí mismo,(…) no queda más que recordar (…) que el Artículo 138 de la constitución establece que toda autoridad usurpada es ineficaz, y sus actos son nulos, y el Artículo 333 ‘la constitución no pierde vigencia si deja de observarse o es derogada por cualquier medio, incluyendo el ejercicio del poder, correspondiéndole a los ciudadanos colaborar con su restablecimiento” finalizó Sira.

Los venezolanos no tienen derecho a manifestar pacífica y libremente


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Los venezolanos no tienen derecho a manifestar pacífica y libremente

 “Una persona tiene derecho a protestar y el Estado
debe protegerle la vida,  sea cual fuere la naturaleza
de la protesta”
Pablo Milanés

La Sala Constitucional sigue asombrando a la población venezolana con sus decisiones, al emitir en un mismo día dos sentencias referentes al derecho a manifestar pacíficamente que son excluyentes y antagónicas. Para Acceso a la justicia este es otro caso de la “justicia al revés”, que alimenta el desasosiego y la incertidumbre entre los venezolanos.

La Sala Constitucional, en la sentencia número 944 del 15 de noviembre de 2016, se pronunció acerca de una solicitud de interpretación constitucional y ratificó su criterio -expuesto en la sentencia N° 276 del 24 de abril de 2014-, en que el ejercicio de la libertad que tienen los ciudadanos a protestar pacíficamente está limitado por las previsiones establecidas en la Ley de Reforma Parcial de la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones (G.O.E. 6.013 del 23/12/2010).

Por otro lado, con la sentencia N° 948 dictada el mismo día que la anterior, la Sala resolvió el caso del juicio político contra el Presidente de la República planteado por el Procurador General de la República. En esa decisión, limitó el derecho a protestar pacíficamente al prohibir a los diputados opositores  convocar y realizar actos que alteren el orden público; instigaciones contra autoridades y Poderes Públicos, así como otras actuaciones al margen de los derechos constitucionales y del orden jurídico

Esta sentencia, sin precedente alguno en la historia jurisprudencial venezolana, anula el derecho a manifestar de los diputados a la Asamblea Nacional y conduce a una intervención absurda y arbitraria por parte del gobierno en el ejercicio libre de tal derecho.  

Acceso a la Justicia observa con preocupación cómo en los últimos años la restricción y vulneración de los derechos fundamentales ha sido uno de los rasgos característicos del actual gobierno venezolano. Precisamente, entre los derechos más violados destaca la libertad de manifestar pacíficamente, consagrada en el artículo 68 de la Constitución.

Es importante recordar los casos más recientes que han resultado lesivos para el ejercicio  de este derecho humano:

  1. El uso de armas y sustancias químicas en el control de las manifestaciones, aprobado por el Ministro del Poder Popular para la Defensa mediante la Resolución Nº 008610 de fecha 23 de enero de 2015 (G.O. 40.589 del 23/01/2015); allí se establecieron las “Normas sobre la actuación de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en funciones de control del orden público, la paz social y la convivencia ciudadana en reuniones públicas y manifestaciones”. Estas normas, además de estar al margen de la Constitución (tal como lo advirtió en su oportunidad el profesor Hernández), atentan contra las normas internacionales en materia de Derechos Humanos que prohíben expresamente el uso de armas letales en manifestaciones y protestas
  2. La sentencia del 18 de mayo de 2016, proferida por la Corte Segunda en lo Contencioso Administrativo, ordenó a las autoridades de la GNB, PNB y de los municipios a que adoptaran medidas necesarias para impedir las marchas, protestas, concentraciones y manifestaciones no autorizadas o violentas, con la finalidad de resguardar las instalaciones del Poder Electoral y a sus trabajadores.

Con estos antecedentes resulta claro que la sentencia N° 948 es el caso más grave de  vulneración a este derecho fundamental por el máximo tribunal del país, que en cambio tiene el deber de garantizarlo.

La sentencia dictada es muy preocupante porque el Estado venezolano, a través del “ángel custodio de la Constitución”, está pretendiendo criminalizar o transformar en delito la protesta y las manifestaciones pacíficas, que son mecanismos legítimos en una “democracia constitucional” a la que hace referencia el texto constitucional. En definitiva, la máxima autoridad judicial olvidó que la libertad de protestar o manifestar es una columna central para la existencia misma de una sociedad democrática.  Siendo así, negar el ejercicio de este derecho es negar la libertad en el país.

Y a ti venezolano, ¿cómo te afecta?

No cabe duda de que la prohibición o suspensión por parte de la Sala Constitucional en el disfrute de ciertos derechos pone en tela de juicio el carácter democrático de las instituciones en el país, además que este tipo de sentencias solo busca crear un efecto disuasivo y atemorizador en cada ciudadano que pretenda ejercer su legítimo derecho a expresar su opinión.

Aparte del voto, la protesta es el único mecanismo real del que disponemos para ejercer presión sobre el gobierno cuando no produce los resultados que esperamos. Con estas sentencias, el Tribunal Supremo lo que hace es quitar poder a los ciudadanos (y para colmo en medio de una crisis que no ha hecho sino agudizarse) para que no incomodemos a un gobierno que, aunque se dice popular, cada día menos se interesa por nuestros padecimientos.

El TSJ no recapacita y Amazonas sigue por fuera de la AN


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El TSJ no recapacita y Amazonas sigue por fuera de la AN

Análisis de la sentencia 126/2016 de la Sala Electoral

A lo largo de este año el TSJ ha utilizado sus sentencias como herramienta para limitar la actuación de la Asamblea Nacional; esto no es un secreto para nadie. Sin embargo, Acceso a la Justicia quisiera destacar que el caso Amazonas se ha convertido en uno de los más graves y queda en evidencia la intención de que la desincorporación de sus diputados se mantenga por tiempo indefinido, como se reafirmó con la reciente sentencia 126 de la Sala Electoral.

Recordemos cómo de una manera irregular, durante las vacaciones judiciales pasadas, la Sala Electoral admitió un recurso de nulidad contra las elecciones parlamentarias realizadas en el Estado Amazonas.

La recurrente, una antigua ministra del gobierno de Hugo Chávez, solicitó que se anularan dichas elecciones y que se convocaran nuevamente, y además que mientras dure el juicio se suspendieran los efectos de las votaciones de diciembre pasado. Alegó que hubo un fraude y para probarlo presentó noticias de una supuesta conversación telefónica en la que se describía una supuesta compra de votos. Se desconoce quién hizo esa grabación, cómo se hizo e incluso si efectivamente esa conversación ocurrió. Tampoco está claro si las personas que aparecen hablando son las que realmente dicen ser. Recordemos que actualmente es muy fácil construir conversaciones con el uso de herramientas informáticas.

Pese a ello la Sala, considerando que se trataba de un hecho notorio comunicacional, y sin ahondar en su validez o legalidad, declaró suficiente esa prueba para justificar su decisión, sin constatar por medio alguno quiénes eran realmente las partes involucradas en el audio, si el mismo fue o no alterado y lo más elemental, que haya sido lícito –es decir, autorizado por un tribunal, que es la única manera en que se puede aceptar en juicio una grabación telefónica según la Constitución (artículo 48).

Esto es importante porque para dictar una medida cautelar es necesario que los medios probatorios que la justifiquen sean acordes a la Constitución. Así, por ejemplo, no puede aceptarse en juicio una confesión obtenida a través de la tortura. Por lo mismo, una decisión cautelar no puede supuestamente proteger unos derechos violando otros. A pesar de eso la Sala Electoral, sin justificar su decisión ni explicar por qué dio como válida una grabación anónima, ilegal e inconstitucional, suspendió los efectos de la elección de los diputados de Amazonas.

Nuestra Constitución consagra el secreto e inviolabilidad de las comunicaciones privadas (artículo 48), y por tal motivo las comunicaciones no pueden ser intervenidas sin la debida “orden de un tribunal competente, con el cumplimiento de las disposiciones legales”. Además, la Ley Sobre Protección a la Privacidad de las Comunicaciones establece pena de prisión para quien “arbitraria, clandestina o fraudulentamente grabe o se imponga de una comunicación entre otras personas, la interrumpa o impida” (artículo 2). En la misma norma se castiga también a quien “revele, en todo o en parte, mediante cualquier medio de información, el contenido de las comunicaciones indicadas”. Sobre nada de esto se pronuncia la Sala Electoral en su decisión. Es más pareciera que estas normas no existieran para la Sala Electoral.

Ciertamente a Acceso a la Justicia le preocupa que la Sala apoye la difusión de una grabación que fue hecha en franca violación de la Constitución y otras normas. Más aún, le alarma que se haya hecho uso de esa grabación ilegal para fundamentar una medida cautelar que anuló la representación política de todo un estado, dejándolo al margen del máximo órgano parlamentario del país.

En este sentido debemos destacar que si el TSJ justifica el nombramiento de jueces sin cumplir con los requisitos  constitucionales por la necesidad de no detener el servicio de administración de justicia, ¿por qué ese argumento no puede aplicarse al poder legislativo, que está funcionando sin los diputados de un Estado?

Hemos de destacar que en la sentencia la Sala indicó que “para el juez del amparo lo importante son los hechos que constituyen las violaciones de derechos y garantías constitucionales, antes que los pedimentos que realice el querellante (…) por lo que no resulta vinculante para el Juez Constitucional lo que pida el quejoso, sino la situación fáctica ocurrida en contravención a los derechos y garantías constitucionales y los efectos que ella produce”.

Sobre esto, cabe preguntarse ¿en cuáles hechos se basó la Sala para dictar la medida cautelar? ¿Una grabación ilegal es un hecho? ¿No es más bien una violación de derechos y garantías constitucionales? Si una de las Salas del máximo tribunal aprueba el uso de métodos ilegales en los procesos judiciales, no puede ser muy bueno lo que se pueda esperar de ella.

Acceso a la Justicia reitera que no se pueden proteger derechos violando derechos.

Si nos ubicamos en los requisitos básicos para que proceda un amparo cautelar, es decir, la presunción de buen derecho (fumus boni iuris) y el peligro de que ocurran daños irreparables (periculum in mora), resulta muy claro para empezar que no puede hablarse en este caso de que exista el primer requisito de todos, es decir, la presunción de buen derecho.

Sobre tal presunción, también llamada fumus boni iuris, el mismo Tribunal Supremo ha señalado que “consiste en la existencia de apariencia de buen derecho, pues cuando se acuerda la tutela cautelar no puede prejuzgarse sobre el fondo del asunto planteado. Puede comprenderse entonces como un preventivo cálculo o juicio de probabilidad y verosimilitud sobre la pretensión del demandante” (Sala Político Administrativa, sentencia Nº 636 del 17-04-2001).

Con una grabación de procedencia dudosa, ilegal e inconstitucional a todas luces, de la que no se ha comprobado quién participa y que fue hecha sin orden judicial, ¿es realmente posible hablar de buen derecho o de una petición verosímil? Sin duda que no. Situaciones fácilmente manipulables como esta permiten que cualquiera pueda crear contenido falso que sea tenido por cierto, y cause grandes daños como ha ocurrido en este caso.

Por ello como ya Acceso a la Justicia ha señalado con anterioridad, la sentencia 260 de la Sala Electoral es un error que ha perjudicado a todo un Estado, sus habitantes, especialmente a las comunidades indígenas que hacen vida en él y a todo el país que ahora tiene un poder legislativo paralizado e incompleto. Esta nueva decisión ratifica la exclusión que se hizo a Amazonas en diciembre, y deja sin voz ni voto en la Asamblea a unos representantes electos por soberanía popular.

Dictar una sentencia basada en una grabación ilegal como único fundamento atenta contra el derecho al debido proceso y a la tutela judicial efectiva.

Entonces, ¿cualquier prueba, no importa de dónde venga, será suficiente para dejar a un lado nuestros derechos?

Es obvio también que no hay periculum in mora porque los daños irreparables más bien los están ocasionando las decisiones de esa Sala.

¿Y a ti venezolano, cómo te afecta?

Si el máximo tribunal del país dicta sentencias sobre la base de pruebas que la Constitución y la ley prohíben ¿qué Justicia puede impartir y qué derechos puede proteger? ¿Cómo nos podemos sentir protegidos y seguros los venezolanos si el máximo tribunal no cumple la Constitución y además viola el más sagrado derecho de la democracia, el derecho al voto?

A la Asamblea ni agua


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A la Asamblea ni agua

Análisis de la sentencia Nº 126/2016 de la Sala Electoral

Con casi seis meses de retraso, la Sala Electoral del TSJ se pronunció por fin mediante sentencia Nº 126 sobre las oposiciones formuladas a la medida cautelar que ha mantenido suspendidos del Parlamento a los diputados de Amazonas y la Región Indígena Sur. Esta decisión no sorprende, dada la postura del TSJ frente a la Asamblea Nacional electa en diciembre de 2015, aunque sí sorprende que la deje por fuera de este juicio, llegando a negar la posibilidad a su Presidente de intervenir en el proceso y como consecuencia de ello, oponerse a la medida mencionada.

Más específicamente, la Sala en su sentencia declaró que los diputados y un grupo de electores tienen legitimación para actuar, pero no la Asamblea a través de su Presidente.

Según indica la sentencia, la atribución que alega la Asamblea para actuar en juicio respecto de su Presidente -ejercer la representación de la Asamblea Nacional- solo se limita a “la dirección de la actividad parlamentaria”, y “debe resultar del acuerdo previo de los diputados miembros de la Asamblea Nacional”.

Acceso a la Justicia objeta que la Sala niegue su intervención bajo ese argumento, porque ¿quién representa entonces a la Asamblea fuera de sus muros? ¿Con qué procedimiento se llega al acuerdo que pide la Sala? Si la norma en cuestión –el artículo 27.1 del Reglamento Interior y de Debates- no distingue el tipo de representación, ¿por qué la Sala lo distingue?

Y lo más grave para Acceso a la Justicia es que es muy obvio el interés que tiene la Asamblea en que la medida cautelar cese: sin los diputados de Amazonas no funciona plenamente, no está constituida como debería, y no se está representando a todo un Estado.

Esta sentencia además incurre en una violación básica al debido proceso, al no dejar que quien representa los intereses de un órgano del Estado actúe y lo defienda, así como también de las bases de la democracia, al no permitir que ese órgano, que es el más democrático por excelencia, intervenga en un juicio que lo afecta como este, siendo obvio que su resultado y resolución son esenciales para su normal funcionamiento y el ejercicio de su rol como representante de la población de todo un estado.

Acceso a la Justicia quiere hacer notar también la parcialidad del TSJ, que cambia sus argumentos según quién pida las respuestas: hay dos casos muy ilustrativos y conocidos, en dos aspectos comunes a este caso, que marcan la diferencia de criterio del TSJ cuando quien actúa es el gobierno en vez de la oposición.

Uno fue resuelto por la sentencia Nº 2/2013 de la Sala Constitucional, en que decidió aplicar al mandato de Nicolás Maduro el principio de continuidad administrativa como “técnica que impide la paralización en la prestación del servicio público”, y en virtud de ello, en una sentencia muy cuestionada señaló que “resultaría inadmisible que ante la existencia de un desfase cronológico entre el inicio del período constitucional… y la juramentación de un Presidente reelecto, se considere (sin que el texto fundamental así lo paute) que el gobierno (saliente) queda ipso facto inexistente”.

Acceso a la Justicia destaca cómo en ese caso el TSJ, para no dejar una institución del Estado sin funcionar o con un funcionamiento inadecuado como era el Ejecutivo Nacional para ese momento, hizo una interpretación osada por decir lo menos, y ahora en el caso de Amazonas prefiere dejar a un órgano tan importante como la Asamblea Nacional funcionar de forma incompleta, violando además la voluntad popular y los derechos políticos de los venezolanos. Extrañamente en este caso el TSJ no privilegió el aplicar dicho principio de continuidad a la labor legislativa para permitir, por ejemplo, que los diputados conservaran sus cargos mientras durara el juicio.

El otro caso es del pasado diciembre, cuando el Tribunal admitió un recurso presentado por Diosdado Cabello en su condición de presidente de la Asamblea Nacional (con mayoría del partido de gobierno), que es lo que no se le ha permitido hacer en este caso a Henry Ramos Allup, quien ni siquiera es “demandante” sino representante de un órgano a quien no se le deja ni defenderse de una medida que le afecta.

Hay que resaltar que la sentencia relacionada con la Asamblea saliente se dictó apenas en una semana, y la respuesta a la oposición de la medida ha tardado en cambio casi seis meses. Además, mientras en aquel caso el TSJ permitió –nada más y nada menos- que aquella realizara sesiones extraordinarias en los últimos días del año y tomara decisiones de todo tipo, entre ellas el nombramiento de 13 magistrados principales y 21 suplentes del TSJ; en este caso mantiene suspendida una elección por un tiempo tan largo que casi la está anulando, lo que contraría toda su jurisprudencia.

En resumen, en este caso el TSJ ha negado a la Asamblea Nacional actual la posibilidad de intervenir en algo que le atañe, y una vez más ha cerrado la puerta de entrada al órgano parlamentario y lo más grave a los ya afectados habitantes de Amazonas y la Región Indígena Sur. Además, quita otra facultad a la Asamblea Nacional, como es la de defenderse en juicio.

¿Y a ti venezolano, cómo te afecta?

Un Poder Judicial que responda distinto según quién solicite su intervención no puede de ninguna manera ejercer su rol de juez y menos aún proteger los derechos de los ciudadanos.

Un Poder Judicial que deja a todo un Estado sin representación parlamentaria y esperando por el resultado de un juicio que lleva con retrasos y dilaciones indebidas no es un árbitro imparcial, y menos el “ángel guardián del ciudadano”, que debería ser su rol. En estas condiciones, es obvio que tú como venezolano estás altamente afectado si el Poder Judicial actúa así, y especialmente su máximo representante.