Boletín n.° 14. Del 13 al 20 de noviembre de 2017


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La emergencia humanitaria cobró la vida a dos trasplantadas en una semana – Codevida. Hijo del alcalde de Ejido no ha sido presentado ante tribunales en casi 4 meses – Foro Penal Venezolano. Maduro admite corrupción en “posiciones de poder” pero no ha habido ningún ministro preso – Transparencia Venezuela. Cepaz presentó ante la AN informe sobre violaciones a los DD HH electorales en los comicios del 15 de octubre – CEPAZ. El presunto odio como excusa para censurar – Espacio Público. IPYS Venezuela comunicó su rechazo ante acciones de control del gobierno – Un Mundo Sin Mordaza. ¿Qué debes saber sobre la llamada “Ley Constitucional contra el Odio” aprobada por la ANC?- Acceso a la Justicia

Boletín 14 Crisis en Venezuela

¿Qué debes saber sobre la llamada “Ley Constitucional contra el Odio”?


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La aprobación de la llamada “Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia” dictada por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) ha generado más preguntas que respuestas entre los actores políticos, los representantes de los medios de comunicación y los ciudadanos en general. Esto se debe a sus implicaciones en el ejercicio de derechos tan importantes como la libertad de expresión, a la manifestación pacífica y el pluralismo político, entre otros.

En este sentido, Acceso a la Justicia proporciona algunas claves para entender el trasfondo de dicha normativa.

  1. No es una ley porque no la dictó la Asamblea Nacional (AN), que es el órgano legislativo reconocido por la Constitución.
  1. No es constitucional porque viola la Carta Magna al dictarla la ANC, usurpando funciones de la AN y sin seguir el procedimiento constitucional para discutir y aprobar una ley.
  1. No es constitucional además porque viola varios derechos humanos establecidos en la Constitución, por mencionar algunos: la libertad de expresión, opinión e información; el derecho a manifestar pacíficamente; el derecho a participar políticamente; el derecho al sufragio; el derecho a la asociación y el derecho a la democracia.
  1. ¿Por qué viola la libertad de expresión, opinión e información? Castiga a quien emita un mensaje por cualquier medio que el Gobierno considere que es de odio. Sanciona con quitarles la licencia a los medios que emitan mensajes de odio y también con bloquear páginas web, así como obligaría a quien emita por las redes sociales un mensaje de esta índole a eliminarlo dentro de las 6 horas siguientes, so pena de ser sancionado. Obliga a los medios a transmitir mensajes de paz del Gobierno, bajo riesgo de sanción. Está claro que si los medios no pueden expresarse libremente, los ciudadanos tampoco pueden estar debidamente informados, y si la información es del Gobierno y obligatoria, puede transformarse en propaganda política.
  1. ¿Por qué viola el derecho a manifestar pacíficamente? Castiga cualquier actividad de odio, fascista o de violencia política. Cabe destacar que el Gobierno considera que las protestas en su contra, aunque sean pacíficas, tienen esas características porque así las ha calificado.
  1. ¿Por qué viola el derecho a participar políticamente? Castiga a los partidos que hagan cualquier actividad o expresen una idea contraria al Gobierno y, en particular, incita a perseguir el fascismo. Vale acotar en este sentido que el Gobierno ha catalogado a la oposición política como “fascista”.
  1. ¿Por qué viola el derecho al sufragio? Sanciona con revocatoria de inscripción a partidos políticos que lleven a cabo actividades de odio o si las prevén en sus estatutos. Obliga a las organizaciones partidistas a agregar una cláusula en sus estatutos de expulsión de sus miembros si cometen un acto de odio, so pena de revocación. No permite que se inscriban toldas que insten al odio en opinión del Gobierno. Entonces, si no se puede elegir entre varios partidos políticos que representen distintas ideologías políticas y solo existe una opción ideológicamente hablando, no hay derecho al sufragio activo (derecho al voto). Si no se pueden constituir partidos políticos de oposición se limita el sufragio pasivo (o el derecho a ser elegido).
  1. ¿Por qué viola el derecho a la asociación? Insta a los funcionarios a no constituir ni permitir el funcionamiento de personas jurídicas de derecho privado que violen la ley.
  1. ¿Por qué viola el derecho a la democracia? Porque desconoce derechos fundamentales en los que esta se basa, como la libertad de expresión y el derecho al voto. Al ser una norma de la ANC que pretende ser una ley, desconoce al Parlamento, y al ser una supuesta “ley constitucional” niega la vigencia de la Constitución, porque esta figura no existe en ella, además de que pretende cambiarla sin que el pueblo haya aprobado ese cambio por un referéndum. También, al eliminar el pluralismo político, establecer una censura previa, crear un mecanismo de persecución política y represión, así como un control absoluto de la disidencia y del pensamiento, transforma el régimen político venezolano en un totalitarismo, lo que es contrario a una democracia y su Constitución.
  1. La norma contra el odio no tiene ningún valor jurídico, es un acto de autoridad, porque proviene de la ANC, que es un órgano de origen no democrático, inconstitucional y que se ha arrogado todas las funciones del Estado, entre las cuales, destaca la potestad de cambiar las normas y los funcionarios que considere. Lo que ha ocurrido en Venezuela es un golpe de Estado, que no es más que la violación deliberada de las formas constitucionales por un Gobierno, una asamblea o un grupo de personas que detenta el poder para obtener todo el poder (Bobbio, Mateucci y Pasquino; Diccionario de Política).

¿Es un logro el debate de la crisis venezolana en el Consejo de Seguridad de la ONU?


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Para la comunidad internacional el régimen político que gobierna Venezuela ya no se disfraza de democracia, simplemente no lo es.

De hecho, durante la reunión del Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas (ONU) realizada el lunes 13 de noviembre para discutir la crisis en nuestro país, el representante de Uruguay, Elbio Rosselli, criticó que la gestión de Nicolás Maduro pretenda funcionar de manera correcta con sus países vecinos, mientras en su nación “no existe la democracia”. También advirtió que el papel que ejerce la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), usurpando funciones de la Asamblea Nacional, hace cuesta arriba recuperar la “convivencia institucional” y por ende el restablecimiento del sistema democrático.

Embajadores como los de Francia y Reino Unido recordaron otras razones por las cuales se considera que no hay democracia en Venezuela además de la propia existencia de la ANC, como lo son las reiteradas violaciones a derechos como la libertad de expresión —reforzado con la aprobación de la Ley Contra el Odio—, la manifestación pacífica, la salud y la alimentación. Sobre estos últimos se refirieron con preocupación al hecho de que, pese a la crisis, en Miraflores se nieguen a aceptar ayuda humanitaria por motivos políticos, mientras hay gente que muere por desnutrición y falta de medicamentos.

Quizás las palabras más duras en el encuentro propiciado por Estados Unidos e Italia bajo la “fórmula Arria” (reunión informal del Consejo) fueron las de Nikki Haley, embajadora de la nación, quien tildó de “narcoestado violento” al régimen de Maduro y por lo tanto un “peligro” para la región y el mundo entero. “Estamos pendientes, no nos dejamos engañar”, advirtió.

Pese a lo grave de la situación, los países participantes coincidieron en que se retome un diálogo en Venezuela, pero verdadero, y se espera que las sanciones como las recientemente impuestas por la Unión Europea sirvan para presionarlo.

Mediáticamente se ha considerado un logro, y en efecto lo es, que a través de la fórmula Arria el tema de la crisis venezolana llegara al Consejo, en el que generalmente sólo participan Estados y que, en cambio, también participaran las ONG, como es el caso de Foro Penal Venezolano y Cáritas de Venezuela, que han recopilado importantes denuncias sobre violaciones de derechos humanos en nuestro país.

Cáritas puso sobre la mesa cifras dramáticas, como que 68% de los venezolanos actualmente padece de hambre, que sólo 4 millones puede ingerir dos comidas al día y que 82% vive en pobreza, entre otras.

Acceso a la Justicia debe recordar que la fórmula Arria está basada en encuentros informales que se llevan a cabo entre los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU con agentes externos, con el fin de promover el diálogo directo entre los distintos agentes implicados en un conflicto.

¿Y a ti venezolano, cómo te afecta?

El hecho de que en instancias internacionales como la ONU, que tiene entre sus funciones la protección de los derechos humanos, se esté discutiendo la crisis venezolana y las acciones a implementar para resolverla (sanciones, acompañamientos), luce hasta ahora como el camino más viable y garantista para los ciudadanos a los efectos de destrancar el juego político y dar paso al restablecimiento de la democracia en el país y a las soluciones de su crisis social, política y económica.

Es más, para que tenga lugar un verdadero diálogo entre los actores políticos parece necesaria la presión internacional de organismos como la ONU, porque es la única garantía de que ese diálogo se dirija a resolver los problemas reales de los venezolanos, como son, sobre todo, los que se derivan de la emergencia humanitaria.

¿Qué esperar de audiencias en la OEA por violaciones de DD. HH. en Venezuela?


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Mientras el Gobierno nacional afianza su poder por todos los medios a su alcance, la mayoría ilegales, más allá de nuestras fronteras las denuncias por violaciones de derechos humanos cometidas por el régimen de Nicolás Maduro siguen su curso, lento pero al parecer seguro.

A través de la Cancillería, Miraflores cree que con desestimar cualquier declaración o medida de voceros e instancias internacionales contra sus abusos de poder basta para anularlas, quizás pensando que al transcurrir el tiempo sus actos contra la población civil quedarán impunes.

Los mecanismos internacionales demoran, pero allí están. Comprometido con el restablecimiento de la democracia en Venezuela, el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, tuvo la iniciativa de realizar una serie de audiencias en dos rondas entre septiembre y octubre de este año. El objetivo: analizar si las denuncias sobre crímenes cometidos en Venezuela pueden constituir delitos de lesa humanidad que deban ser investigados por la Corte Penal Internacional (CPI), a partir de un informe que generará el Secretario General de la OEA.

La primera ronda de audiencias tuvo lugar los días 14 y 15 de septiembre de 2017 y la segunda el 16 y 17 de octubre. Entre los testimonios presentados destacaron el de Rosa Orozco, madre de Geraldine Moreno, quien relató las circunstancias del asesinato de su hija en Carabobo en febrero de 2014, cuando efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) le dispararon perdigones directo al rostro en medio de una protesta contra el Gobierno.

También llamó la atención lo narrado por Ralenis Tovar, exjuez penal del Área Metropolitana de Caracas, quien declaró que fue obligada a firmar la orden de captura contra el líder de Voluntad Popular, Leopoldo López, bajo amenazas de represalias en su contra.

Por su parte, Isaías Medina, exministro consejero de la misión permanente de Venezuela ante la Organización de Naciones Unidas (ONU), habló de la crisis humanitaria en materia de medicinas y alimentos en Venezuela y en este aspecto, hizo alusión a la discriminación del Gobierno en la entrega de alimentos.

¿Pero qué son crímenes de lesa humanidad y por qué se considera que fueron cometidos por el gobierno venezolano?

Según el Estatuto de Roma de la CPI se entiende por crimen de lesa humanidad todo aquel acto tipificado como asesinato, exterminio, esclavitud, deportación o traslado forzoso de población, encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales del derecho internacional, tortura, violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada u otros abusos sexuales de gravedad comparable, persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género u otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho internacional, la desaparición forzosa de personas, el crimen de apartheid u otro acto inhumano de carácter similar que cause intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque (artículo 7).

En la realidad venezolana cobran relevancia los términos o frases alusivos a los asesinatos (más de 100), en este caso de personas que participaron en protestas contra el Gobierno.

Asimismo, el ataque generalizado o sistemático de las fuerzas de seguridad del Estado contra la población civil como parte de una política oficial contra zonas residenciales en las que se protestó contra el régimen de Maduro, tanto en 2014 como de abril a julio de 2017 en varios estados del país y que dejaron grandes destrozos e impacto psicológico y emocional entre sus habitantes.

También la desaparición forzada de personas “seguido de la negativa a informar sobre la privación de libertad o dar información sobre la suerte o el paradero de esas personas, con la intención de dejarlas fuera del amparo de la ley por un período prolongado”, de acuerdo con el mismo Estatuto. En este sentido, públicos y notorios han sido casos como el del dirigente merideño Alcedo Mora, de quien se perdió todo rastro desde febrero de 2015, mientras investigaba el contrabando de gasolina hacia Colombia en el que funcionarios estarían involucrados, y el del general Raúl Isaías Baduel, cuya defensa y familiares ni siquiera supieron si estaba vivo durante semanas.

De igual manera, resultan de gran importancia los procedimientos por “resistencia a la autoridad”, que lleva la Fiscalía, en los que las personas objeto de tales procesos se niegan a acatar las órdenes de la policía, lo insultan o incluso lo atacan, y resultan muchas veces asesinadas por el mismo funcionario. Para muestra un botón, según reportó Javier Mayorca en su blog, en 2016 hubo 5.124 muertes a manos de policías. Igualmente apuntó: “En 103 casos hubo cuatro muertos o más, de allí que puedan ser catalogados como ‘masacres’, según la definición del FBI”. Hay más cifras mencionadas por Mayorca: durante los primeros nueve meses de 2017 hubo 5.085 casos de resistencia a la autoridad. El promedio mensual es 12,3%, superior que el de 2016. Entre enero y septiembre, los agentes policiales y los militares mataron a 4.149 personas.

Debe prestarse especial atención a las violaciones de los llamados DESC (derechos económicos, sociales y culturales), relacionados con las crisis de salud y alimentaria, con millones de vidas involucradas.

Se espera la generación de un informe de la Secretaría General de la OEA con el resultado de las audiencias, así como del material enviado por cincuenta ONG. Basados en dicho documento, los expertos determinarán si se puede llevar el caso ante la CPI.

El director para Latinoamérica de Freedom House, Carlos Ponce explicó que el informe permitiría actuar de oficio al fiscal de la CPI y pedir la investigación contra el Estado venezolano, pero advirtió que si fuera una acción de uno o varios Estados tendría mayor impacto y el proceso se abriría automáticamente. Hasta ahora ningún Estado americano ha expresado su voluntad de denunciar a Venezuela en La Haya.

¿Y a ti venezolano, cómo te afecta?

Es importante que las violaciones a los derechos humanos se denuncien y documenten por muy traumática que sea la experiencia, para que se puedan establecer los indicios de un patrón en la conducta del Estado contra los ciudadanos y servir como pruebas en juicios o en demandas ante organismos internacionales como la CPI, a los efectos de que no haya impunidad y se haga justicia en un país donde esto ocurre con frecuencia porque se trata de una política del Gobierno sistemática y planificada.

Boletín n.° 8 Del 2 al 9 de octubre de 2017


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Derecho a la salud 2014-2017: privación prolongada de medicinas y servicios sanitarios- Codevida. Red de Activistas Ciudadanos por los Derechos Humanos celebraron su III Encuentro Anual- CEPAZ. Ciudadanos a merced del poder opresor del Estado- Acceso a la JusticiaCarlos Graffe es uno de los 499 detenidos de manera arbitraria por el gobierno venezolano- Foro Penal VenezolanoAbusos en la campaña electoral por las gobernaciones-Transparencia Venezuela. Decisiones del gobierno continuarán aumentando la pobreza- Provea. La Anticampaña por la “Venezuela indestructible”. Un Mundo Sin Mordaza. El sufragio se convierte en una exigencia cuando el sistema es adverso – Espacio Público.

Boletin 8 Crisis en Venezuela

 

Ciudadanos a merced del poder opresor del Estado


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“¿Cómo trataría uno a un traidor a la patria? Lo trataríamos como un enemigo”. Fueron declaraciones (marzo 2017) del hoy constituyente Diosdado Cabello contra dirigentes opositores, a quienes acusó de promover una invasión extranjera en nuestro país.

No es retórica. A medida que el descontento popular se ha incrementado por la crisis alimentaria y de salud que azota a nuestro país, y que tuvo su máxima expresión durante los cuatro meses de protestas contra el Gobierno a mediados de año (abril-julio), desde Miraflores se han utilizado todos los mecanismos, la mayoría ilegales, para atornillarse en el poder.

Uno de los más retorcidos: el tratamiento como “enemigo” a todo aquel que disienta, sea un político opositor conocido o un ciudadano de a pie que participe en manifestaciones; y la aplicación de reglas distintas contra él desde el punto de vista penal. Se trata del “derecho penal del enemigo”, elaborado por el penalista alemán Gunther Jakobs.

Dicha teoría propugna la eliminación de los derechos humanos de los sujetos calificados como enemigos y tal concepción, lamentablemente es la utilizada en Venezuela, donde los que no estén de acuerdo con la posición oficial no son simples opositores sino traidores a la patria y agentes contrarios a la soberanía e independencia nacional. Por lo tanto, su tratamiento y derechos no pueden ser iguales a los del sector de la población que esté de acuerdo con la ideología del poder.

Esa diferencia se manifestó, entre otras formas, en la aplicación de la justicia militar y no la civil contra los manifestantes opositores capturados entre abril y julio de este año, dada la negativa de la fiscal general para ese momento, Luisa Ortega Díaz, de imputar a los detenidos por considerar que no habían incurrido en delitos. También contra los nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) designados por la Asamblea Nacional el pasado mes de julio. Así mismo, el uso de jueces como fiscales a los efectos de hacer ellos mismos las imputaciones e incluso imponer medidas cautelares sin que el Ministerio Público lo pidiera.

En los casos mencionados, aunque se trataba de civiles actuando en un contexto estrictamente civil, se imputaron delitos militares: ultraje al centinela y rebelión; siguiendo los parámetros del derecho penal del enemigo se aplicarían sanciones mucho más graves que las establecidas en el derecho penal ordinario, como sería el caso de quince a veinte años de prisión en el supuesto de ultraje al centinela.

Recordemos que los manifestantes ejercían sus derechos dentro de su ámbito natural de desarrollo, y que en esa perspectiva eran los militares los que actuaban en el mundo civil para reprimir no alguna, sino todas las manifestaciones que convocara la oposición.

Estas medidas, que tenían como objetivo amedrentar y disminuir la fuerza de las protestas, se unen a una política general del poder que va más allá del derecho penal y que en general pone todo el aparato del Estado para que el opositor sienta la opresión y cese cualquier actividad que pueda ser considerada sospechosa. Así, esta política se aplica en todos los órdenes de la vida social y pasa tanto por varios modos de control social como por aquellos que hacen posible la obtención de alimentos y otros beneficios, que en principio deben ser para todos, pero que finalmente se manipulan para otorgarlos sólo a aquellos que se plieguen a los instrumentos de control social que el Estado aplica.

Aparte de estos mecanismos de vigilancia institucional, están los que se particularizan en determinados miembros de la oposición y que tratan de generar una idea de vigilancia y dominio permanente por parte del Gobierno. Es el caso de la anulación de pasaportes a ciertos dirigentes adversarios que acuden a instancias internacionales para denunciar las violaciones de derechos humanos y abusos de poder en nuestro país. Este tipo de medidas también se ha aplicado a periodistas reconocidos.

Estas disposiciones, si bien particularizadas, tienen alto impacto y dejan ver cómo los ciudadanos se encuentran a merced del poder del Estado en aspectos tan básicos como su documentación personal. En el derecho penal del enemigo lo que se verifica es la imposición de sanciones al sujeto por la peligrosidad que reviste para los intereses del poder y no por la existencia de un hecho antijurídico.

¿Y a ti venezolano, cómo te afecta?

En palabras más sencillas, en Venezuela es un delito ser opositor al Gobierno y protestar contra él. Si es el caso, usted no es un ciudadano con derechos, es un enemigo al que hay que combatir y neutralizar.

Boletín n.° 6. Del 18 al 26 de septiembre de 2017


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La ANC tiene su propio tribunal: la Comisión de la Verdad- Acceso a la JusticiaLa sociedad propone para la paz en modo ciudadano- Provea.  La censura encuentra su vía de escape en el arte- Un mundo Sin MordazaTrump advierte que el “régimen corrupto” de Maduro destruye a Venezuela–Transparencia Venezuela. 12 acciones por la paz que se convierten en agentes de cambio- CEPAZ. 

Boletin 6 Crisis en Venezuela

¿Comisión de la Verdad o de la persecución?


Entre sus principales tareas, la Comisión de la Verdad de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) dice que va a investigar, pero de una vez establece que fue la oposición al Gobierno la que promovió y financió hechos de violencia entre abril y julio de 2017 en el país durante las manifestaciones. No habla del uso excesivo de la fuerza por parte de los cuerpos policiales y la Guardia Nacional. Tampoco de protesta ciudadana sino de acciones sediciosas, planes desestabilizadores y grupos de choque

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