Un Momento con los Derechos Humanos: mitos y realidades de la CPI en el caso Venezuela


Un Momento con los Derechos Humanos

En esta nueva edición de Un momento con los Derechos Humanos, el profesor Alí Daniels responde a diversas interrogantes acerca del reciente anuncio de la fiscal de la Corte Penal Internacional de abrir una averiguación sobre los hechos suscitados en el marco de las protestas del año pasado. ¿La fiscal tiene la potestad de abrir de oficio una investigación? ¿Existen fases de las averiguaciones preliminares? ¿En qué fase se encontraría Venezuela?

A un mes de la Masacre de El Junquito el Poder Moral sigue sin cumplir sus funciones


Masacre de El Junquito

Se cumplió un mes de la Operación Gedeón o Masacre de El Junquito, en la que resultaron muertos el ex-CICPC Óscar Pérez y un grupo de hombres —más una mujer—, por haber realizado actividades de sublevación contra el gobierno de Nicolás Maduro desde junio de 2017, sin que la Fiscalía General de la República (FGR) haya anunciado una investigación formal de los hechos, ni la Defensoría del Pueblo haya hecho alusión a los derechos vulnerados en esa operación.

Entierro víctimas Masacre de El Junquito¿Se rindieron Óscar Pérez y sus compañeros ante los cuerpos de seguridad que sitiaron la vivienda donde se encontraban en el kilómetro 16 de El Junquito, tal como el mismo expolicía declaró en varios videos antes de morir? ¿Hubo uso desproporcionado de la fuerza? ¿Actuaron grupos paramilitares en el operativo?, son algunas de las preguntas a las que por ahora no hay respuestas certeras, porque en el lugar de los hechos no había fiscales del Ministerio Público (MP), mediando una eventual entrega, o la Defensoría del Pueblo, protegiendo los derechos humanos de los ciudadanos allí presentes. Tampoco había medios de comunicación que narraran los acontecimientos, ni una averiguación posterior que sirva para aclarar lo que realmente sucedió. Sin embargo, la manera en que posteriormente se trataron los cadáveres de los abatidos aumentaron las sospechas de un ajusticiamiento.

En este sentido, Acceso a la Justicia respaldó el pronunciamiento de varias ONG y expertos en derechos humanos, en el que se denunció la posibilidad de que haya ocurrido una ejecución extrajudicial en el caso de Pérez y sus compañeros, a los que el Ejecutivo calificó como “célula terrorista”, en un intento por justificar el uso de la fuerza contra el grupo.

Con respecto al uso de la fuerza en el operativo policial, el artículo 119 del Código Orgánico Procesal Penal (COPP) establece que utilizar la fuerza para ejecutar la detención es excepcional y debe ser proporcional a la resistencia que oponga el imputado; el uso de armas está expresamente prohibido, excepto para proteger la vida o la integridad de las personas, y está destinado a conseguir la captura de los imputados, por lo que el uso de armamento de guerra es cuestionable.

En otros videos difundidos se pudo observar cómo los efectivos emplearon lanzagranadas y otras armas calificadas como de guerra. Un ensangrentado Óscar Pérez aseguraba en una transmisión en vivo que la intención de los cuerpos de seguridad no era dejarlos con vida.

De hecho, la organización Human Rights Watch (HRW) aseguró que existen pruebas de la ejecución extrajudicial, entre ellas los mencionados videos con los testimonios de Pérez durante el ataque a la vivienda donde se escondía; la afirmación de un familiar de uno de los caídos según la cual el cadáver presentaba varios disparos en la cabeza, pero el acta de defunción decía que fue un disparo único, lo que denota encubrimiento oficial; más el sorpresivo entierro de los cuerpos sin que la familia pudiera velarlos e impidiendo el acceso de público. Sobre esto el artículo 254 del Código Penal advierte que ayudar a eludir las averiguaciones por la comisión de un hecho punible merece pena de hasta cinco años de prisión.

Tarek William SaabVale acotar que las autopsias a Pérez y a su grupo debieron realizarse ante un juez y en presencia de los familiares y abogados de todos los fallecidos para que luego pudiera reproducirse en un hipotético juicio (artículo 289 del COPP), lo cual no ocurrió, y todo indica que no sucederá mientras dure este gobierno. Debemos recordar que no fue sino hasta el 22 de enero (una semana después) que el fiscal Tarek William Saab apareció públicamente para retar a sus detractores a un debate sobre derechos humanos, luego de justificar el procedimiento que acabó con Pérez, su grupo, una civil y dos policías nacionales. Nada dijo de una investigación seria para esclarecer los hechos. El defensor del pueblo, Alfredo Ruíz, simplemente ha hecho mutis.

Otras personas fuera de la administración de justicia, como el constituyente Diosdado Cabello y el presentador Mario Silva, entre otros, fueron quienes a las horas del asesinato de los sublevados dieron detalles del procedimiento, que se supone sólo debían conocer las fuerzas de seguridad del Estado y los organismos con competencia en la materia.

¿Qué hubiera pasado con el procedimiento policial y la investigación si estuviéramos en un estado de Derecho?

El MP debió estar presente en la negociación si la intención de los sublevados era entregarse, como consta en los videos difundidos, donde pedían alto al fuego. Pero no había fiscales, no hubo entrega, el fuego no cesó y el resultado fue ocho personas muertas, incluyendo civiles.

Es oportuno recordar una sonada situación de rehenes en la parroquia El Cementerio, en Caracas, en febrero de 2016, cuando un peligroso antisocial conocido como “El Buñuelo” (Claudio Jovannis Jiménez), portando un fusil y una granada, retuvo a la fuerza a una mujer y su hija para evitar ser capturado por la policía. Jiménez solicitó la presencia de su madre, un sacerdote y fiscales del MP para rendirse; esto le fue concedido y él se entregó. De hecho, nadie resultó herido.

En el seno de la opinión pública fue inevitable la comparación con el intento de golpe de Estado, encabezado por Hugo Chávez en 1992. Aun con el calibre del delito cometido y las numerosas muertes, los insurrectos fueron capturados con vida y hasta al teniente coronel se le permitió pronunciarse a través de los medios de comunicación, llamando a la rendición de sus compañeros de armas. Óscar Pérez y su grupo no tuvieron la misma suerte en la llamada Quinta República.

¿Y a ti venezolano, cómo te afecta?

Resulta muy peligroso que el Ejecutivo utilice el delito de terrorismo a discreción para poder arremeter con todo el peso de la fuerza pública contra la disidencia, incluyendo la letal. Incluso un sublevado contra un gobierno tiene derechos, de modo que ninguna acción justifica el violarlos, pues lo que debe prevalecer es la protección de los mismos. Pero queda claro que, finalmente, lo ocurrido con Óscar Pérez y su grupo es un mensaje del régimen sobre lo que le puede ocurrir a todo aquel que se pronuncie en su contra.

Informe de la CIDH sobre Venezuela, 2018


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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presenta su informe de país “Institucionalidad Democrática, Estado de Derecho y Derechos Humanos en Venezuela”, tercer informe sobre la situación de los derechos humanos de la República Bolivariana de Venezuela (Venezuela). La decisión de elaborar el presente informe se relaciona con el serio deterioro de la vigencia de los derechos humanos, y la grave crisis política, económica y social que atraviesa el país en los últimos dos años y en especial en el 2017. Aquí puedes descargar el Informe CIDH sobre Vzla.

El Petro amplía hegemonía inconstitucional del Gobierno


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Desde hace dos años, el Gobierno mantiene al país bajo un régimen de estado excepción y emergencia económica -decretado por primera vez el 14 de enero de 2016- que no da tregua a los derechos de los venezolanos, pero que se ha configurado en el medio para que el Ejecutivo amplíe su hegemonía y genere mecanismos para dar un marco jurídico, aunque sea ilegal, a sus acciones.

 La última extensión de esta medida extraordinaria en los ámbitos social, económico y político se dio el pasado 9 de enero con el Decreto N°  3.239. Como en otras prórrogas, el Presidente de la República se valió de esta resolución para aplicar cambios, que en esta ocasión le permitieron instrumentar el Petro, el que espera sea la primera criptomoneda del país.

 BCVAunque en círculos económicos este criptoactivo no es una moneda virtual, sino esencialmente un instrumento de deuda -porque no es minable, está respaldado en recursos naturales y será emitido por el Banco Central-; en términos jurídicos, el mecanismo financiero abre una nueva brecha en la legalidad del país.

 Específicamente el numeral 6 del artículo 2 del decreto N°  3.239 faculta al Ejecutivo para “dictar medidas que permitan la incorporación al sistema económico nacional de criptoactivos a partir de instrumentos que generen seguridad sobre la base del aprovechamiento nacional de las materias primas, recursos minerales e hidrocarburos de la República y su aplicación productiva en el corto plazo al mejoramiento de las condiciones económicas del país y el desarrollo nacional”.

 Este poder excepcional que se atribuyó el Presidente de la República se inscribe en el marco del decreto No. 3.196 del 8 de diciembre de 2017, con el cual dispuso la creación y uso del Petro, y el artículo 3 del decreto N° 3.074 del 11 de septiembre de 2017, que si bien no contempla expresamente la facultad para dictar esta medida, fue tomado como base para asegurar la implementación irregular de esta moneda  en el país.

 Al desagregar los elementos cuestionables del Petro, destaca que el Ejecutivo desconoció que la regulación del sistema financiero y monetario del país es competencia exclusiva de la Asamblea Nacional (artículos 156.11 y 187.1 de la Constitución), evidenciando la falta de constitucionalidad del decreto, y la peligrosa hegemonía que el Jefe de Estado pretende consolidar ampliando todavía más sus competencias, aunque diezme el vigor del texto constitucional y el estado de derecho.

 Otro aspecto del Petro que se riñe con la legalidad fue aludido por el Legislativo -en sesión del pasado 9 de enero- cuando declaró la inconstitucionalidad del criptoactivo, por considerar que contraviene la regulación que protege a los bienes del dominio público del país.

 El Parlamento argumentó que el artículo 12 de la Constitución, que especifica que los yacimientos mineros y de hidrocarburos existentes en el territorio nacional son bienes del dominio público y, por tanto, inalienables e imprescriptibles, fue quebrantado por el Gobierno, al establecer como respaldo del Petro parte de las reservas petroleras y otros recursos naturales.petróleo

 Irregularidades recurrentes

 Aunado a las violaciones vinculadas expresamente al criptoactivo, el Decreto de Estado de Excepción y Emergencia económica reitera la irregularidad cometida en las disposiciones previas, pues fue puesto en práctica sin la previa aprobación del Parlamento como lo exige el artículo 339 constitucional.

 También el Ejecutivo vuelve sobre la irregularidad de la duración de esta condición excepcional, ya que a pesar de tratarse de la declaratoria de un “nuevo” régimen es, sin duda, una reedición de los decretos anteriores,  especialmente del emitido el 11 de septiembre de 2017 bajo el número 3.074.

 Con esta maniobra, el Jefe de Estado busca evadir el carácter limitado en el tiempo (principio de la temporalidad) al que debe estar sometido este tipo de actos conforme a lo dispuesto en el artículo 338 de la Constitución que prevé un plazo máximo de 120 días.

 Finalmente, el decreto N° 3.239 tampoco garantiza el respeto de los derechos humanos, pues basta leer su contenido para constatar que no señala o determina las garantías restringidas y sus límites, al igual que ha ocurrido con todas las resoluciones anteriores, contraviniendo concretamente la norma constitucional prevista en el artículo 337, así como pactos internacionales y sin notificar a la Organización de Naciones Unidas (ONU).

 Y a ti venezolano, ¿cómo te afecta?

 El estado de excepción y emergencia económica recientemente decretado por el Gobierno nacional es un reconocimiento a su incapacidad e ineficiencia para hacerle frente a la compleja y grave crisis social, económica y política que padece la sociedad venezolana.

 Esta decisión arbitrariamente adoptada no ofrece para nada soluciones concretas y prácticas. Por el contrario, favorece al desabastecimiento de productos de primera necesidad,  la paralización de los servicios públicos esenciales para la comunidad,  la hiperinflación galopante, entre otros, pero sobre todo pone en peligro el ejercicio de los derechos individuales dado su  ambigüedad e imprecisa y genérica regulación.

Condena contra “carnicero de Bosnia” ratifica que crímenes de lesa humanidad no prescriben


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Pasó mucho tiempo, quizá demasiado, pero finalmente se hizo justicia. Los acusados eran poderosos, y tenían una red de apoyos y complicidades que hacían creer a muchos que sus atrocidades quedarían impunes. El Tribunal Penal Internacional para la Ex-Yugoslavia (TPIY) condenó a cadena perpetua por crímenes de lesa humanidad a quien fuera jefe del Estado Mayor del Ejército, el general Ratko Mladic, mejor conocido como el “carnicero de Srebrenica” o de Bosnia.

Un gran logro en la lucha contra las violaciones de los derechos humanos ha sido su imprescriptibilidad, es decir, eliminar esa falsa argumentación según la cual debía privar la “seguridad jurídica” por encima de la justicia, y que por lo mismo debían dejarse prescribir los delitos para que la sociedad continuara su camino, sin considerar que al hacerlo también lo hacía la impunidad.

carnicero-nota3Esto ha quedado demostrado en el caso de los crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos que Mladic dirigió durante el conflicto de la desaparecida Yugoslavia. Recordemos que en esa conflagración se persiguió a la minoría musulmana con el fin de erradicarla, generándose esa terrible actuación que ahora conocemos bajo la aséptica descripción de “limpieza étnica”, que no es otra cosa que el asesinato de niños, mujeres, ancianos, enfermos y hombres por el solo hecho de pertenecer a una identidad de grupo que se considera per se como enemigo. Es curioso cómo lo retorcido de una ideología puede llegar a negar la humanidad de alguien al considerarlo como enemigo, pues partiendo de ello, para la mente del perpetrador el crimen se convierte en una obligación.

El caso más famoso de este tipo de delitos fue el ocurrido en la ciudad de Srebrenica, donde las fuerzas serbiobosnias comandadas por Mladic mataron en 1995 a más de 8.000 personas pertenecientes a la minoría musulmana. Este atroz hecho fue cometido ante la incapacidad de la comunidad internacional, la cual a pesar de ser advertida del peligro existente no tomó las medidas necesarias para evitarla.

carnicero-nota1Luego de terminado el conflicto en la extinta Yugoslavia, hubo indicios para pensar que matanzas como la de Srebrenica iban a quedar impunes, porque los líderes tenían una red de apoyos políticos, sociales e incluso religiosos que los protegerían contra la persecución internacional y permitirían la tradicional inacción de los tribunales nacionales.

Los perpetradores directos formaban parte de las fuerzas armadas y, al actuar en conjunto tanto el alto mando como los medios y bajos, se establecía un nexo de complicidad que facilitaría la no persecución al estamento militar al considerarlo como un todo; los crímenes se planearon en las más altas instancias del Estado, desde la Presidencia misma, por lo que se garantizaba la inacción de las instancias internas y esto servía de protección ante las instancias internacionales con el escudo de esa ilusión llamada “verdad oficial”. Asimismo, el “enemigo” era una minoría cada vez más rechazada ante muchos por culpa del radicalismo islámico, lo que pudo facilitar la falta de voluntad política para procesar a los responsables.

Sin embargo, lo que ocurrió fue todo lo contrario, pues si bien es verdad que pasaron muchos años sin que se juzgara a los responsables, el caso de la antigua Yugoslavia es un ejemplo para todos los represores de derechos humanos: el tiempo es su verdadero enemigo.

Hoy en día, con toda la red de comunicaciones que existe, no es posible alegar ignorancia sobre la comisión de graves violaciones a los derechos humanos. Aunque es importante destacar que ante tales crímenes, la comunidad internacional debe ser más diligente y actuar para evitar situaciones terribles como la descrita.

¡Hay justicia!

Desde su constitución el 1 de julio de 2002, el Tribunal Penal Internacional para la ex-Yugoslavia ha procesado a 161 personas, de las cuales 83 fueron condenadas por el propio tribunal, apenas 21 absueltas y otras 17 fallecieron mientras eran juzgadas. Además, 13 casos fueron transferidos a tribunales nacionales que dictaron sentencias en todos los casos. Sin embargo, todavía no se pueden dar cifras definitivas de condenas y absoluciones definitivas por cuanto algunos procesos están en apelación o se han reiniciado nuevos juicios en casos de sentencias anuladas.

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Vale destacar que en este momento no existen personas pendientes de ser llevadas ante el Tribunal, pues todos los imputados fueron detenidos y presentados ante la justicia, aunque algunos no sobrevivieran al proceso como hemos indicado. Es decir, a la fecha no hay prófugos de la justicia por los crímenes en Yugoslavia.

De hecho la condena a cadena perpetua de Mladic es la última sentencia de la mencionada instancia judicial por tales crímenes, quedando los casos pendientes y en apelación bajo el encargo de un cuerpo judicial denominado Mecanismo para los Tribunales Penales Internacionales (MTPI), que dará fin a todos los procesos que estén por decidir tanto para la extinta Yugoslavia como para el caso de Ruanda. Siendo así, debemos destacar que ni el carácter de militar de Mladic, ni su rango de general, ni su proximidad al presidente, ni sus protectores en la sociedad serbia, ni los años que pasó escondiéndose de la justicia como un vulgar criminal, le sirvieron de nada.

Recordemos que los crímenes de lesa humanidad comportan una acción planificada y coordinada por parte de los perpetradores y que forma parte de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil. En tal circunstancia, a diferencia de la Ley Disciplinaria Militar venezolana, el Estatuto de Roma no considera como obligación el cumplimiento de una orden contraria a los derechos humanos y por el contrario exige la persecución tanto de quienes la cumplan así como de quien la haya impartido.

No olvidemos entonces que los crímenes de lesa humanidad no prescriben, y eso, para Ratko Mladic, no es letra muerta.

¿Y a ti como venezolano como te afecta?

Las violaciones de los derechos, independientemente de dónde ocurran, nos afectan a todos, y en el caso de los delitos de lesa humanidad, como su mismo nombre lo indica, lesionan a cualquiera que crea en la dignidad de la persona humana, por lo que la reivindicación de la justicia, por mucho que tarde, e incluso aunque tarde demasiado, es un recordatorio para los que se creen protegidos por el poder, la fuerza y el abuso, siendo el tiempo su mayor enemigo.