El derecho penal del enemigo contra Teodoro Petkoff


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La eliminación de los derechos humanos de los sujetos calificados como contrarios es lo que propugna la teoría del derecho penal del enemigo, elaborada por el penalista alemán Gunther Jakobs. En la Venezuela de hoy, tal eliminación contra todo aquel que se oponga al Gobierno se materializa bien sea en prisión, desaparición forzada, inhabilitación política o civil, persecución, cierre directo e indirecto de medios de comunicación, muerte física y también política.

Abundan ejemplos del aniquilamiento de los adversarios por parte del poder político que gobierna nuestro país, bien sea a través de tribunales ordinarios, el propio Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y ahora la Asamblea Nacional Constituyente (ANC). Uno de esos casos, el de Teodoro Petkoff, es característico por lo “macabra” de la sanción en su contra. No lo mandaron a la cárcel ni lo torturaron, sino que le anularon totalmente sus derechos como ciudadano, es decir, le fue aplicada la muerte civil, además de arremeter contra el medio del cual es director y fundador, el diario Tal Cual.

Para Acceso a la Justicia es importante presentar algunas consideraciones del proceso judicial contra este economista y dirigente político de larga trayectoria.

El Juez 29º de Juicio de Caracas, Aris José La Rosa, visitó a Petkoff en su residencia el 31 de agosto de 2017 a raíz de las acusaciones que se tramitaban en su tribunal a petición del constituyente Diosdado Cabello, por publicaciones en Tal Cual en las que, citando agencias internacionales, se le vinculaba con el narcotráfico. Tal visita no fue solicitada ni notificada al abogado defensor del economista.

TEO1Días después de esta visita, y en plenas vacaciones judiciales, se supo de la escandalosa decisión dictada por La Rosa, quien actuando fuera de su competencia inhabilitó civilmente al dirigente, nombró como tutor a su cónyuge, lo despojó del derecho a estar asistido por su abogado, levantó las medidas cautelares dictadas en su contra (presentación periódica en el tribunal y prohibición de salida del país) y procedió a decretar el sobreseimiento del caso.

Es decir, el juez declaró a Petkoff incapaz o entredicho, sin proceso legal. Esto es, su capacidad jurídica como ser humano quedó limitada a lo que apruebe su tutor provisionalmente designado, lo que los romanos llamaban la muerte civil de sus ciudadanos.

“Los exámenes de los dos médicos y de la psicóloga (que fueron a la visita) se limitaron a entrevistar a Petkoff, revisar los informes de sus médicos privados y observar, a simple vista, exámenes de imágenes complejas como tomografía computarizada, resonancia magnética y escaneos cardiovasculares. La presión sobre los forenses fue tal que ni siquiera les permitieron que recibieran de la esposa de Petkoff, los informes y exámenes médicos para leerlos al menos con los instrumentos apropiados”, denunció Humberto Mendoza D’Paola, quien además fue cesado como abogado defensor por decisión del juez La Rosa.

Despenalización de la difamación

Vale recordar que Cabello demandó por difamación agravada a Petkoff por lo menos en dos oportunidades. La primera de ellas en 2014, por la publicación en Tal Cual de un artículo denominado “Patria, socialista o muerte”, suscrito por el articulista Carlos Genatio, exministro chavista, en el que señalaba que Cabello declaró con relación a la inseguridad en Venezuela lo siguiente: “Si no les gusta la inseguridad, váyanse”.

La segunda demanda por el mismo delito data de abril de 2015, cuando el alto dirigente del partido de Gobierno acusó penalmente una vez más a Petkoff y a trece propietarios y gerentes de tres medios de comunicación, incluido Tal Cual. En esta ocasión también fueron denunciados Miguel Henrique Otero y Leopoldo López Gil como parte de El Nacional y La Patilla por replicar informes del diario español ABC, que señalaban a Cabello como líder de una red de narcotráfico. Durante la sustanciación de ambas demandas se dictaron contra Petkoff medidas cautelares consistentes en presentaciones y prohibición de salida del país.

TEO2Respecto de esta última medida contra Petkoff, no se puede dejar de mencionar el hecho de que no pudo ir a España a recibir el premio Ortega y Gasset en 2015 por su trayectoria profesional. Paradójicamente para Petkoff, en ese año no había dictadura en Venezuela; dos años después no podemos decir lo mismo, sobre todo en un país donde la criminalización del periodismo va en aumento. Para muestra un botón, la versión impresa de Tal Cual dejó de circular por falta de papel, otro mecanismo que el Gobierno usa para censurar a la prensa crítica.

Más claro no canta un gallo

Si se quiere tener más evidencias de qué tipo de régimen hay en Venezuela, basta ver que la tendencia mundial en materia penal va dirigida a despenalizar la difamación, sobre todo cuando los difamados son personajes públicos o funcionarios y no se haya afectado la vida privada de estos. Continuar la persecución criminal de periodistas por razón de sus opiniones resulta absurdo en un Estado democrático y de derecho, donde debe imperar la libertad de expresión, opinión y difusión del pensamiento. Sobre ello se ha pronunciado el Comité para la Protección de los Periodistas y la Sociedad Interamericana de Prensa. Sin embargo, muchos países de la región siguen castigando severamente la difamación soslayando el derecho a la libertad de expresión; ejemplo de ello es Cuba, que castiga dicho delito hasta con veinte años de cárcel.

Otro caso sonado fue el del diario ecuatoriano El Universo, en el cual la justicia ecuatoriana condenó al medio de comunicación a pagar 40 millones de dólares al presidente Rafael Correa, más condena de prisión a tres de sus directivos por una columna de opinión que el mandatario de ese país consideró difamatoria.

¿Y a ti venezolano cómo te afecta?

TEO3Cada día son más las naciones que han despenalizado la difamación, en cambio en países como el nuestro es herramienta para la autocensura, la anulación de la libertad de expresión y la disidencia, lo cual resulta propio del derecho penal del enemigo, que lejos de castigar por la afectación de un bien jurídico, que es el deber ser, sanciona penalmente la conducta de una persona considerada peligrosa para la estabilidad del régimen, en otras palabras, el enemigo.

En 2017 Venezuela avanzó rápidamente hacia la criminalización tanto de la protesta como del ejercicio del periodismo, que involucra además a fotógrafos y camarógrafos por ser incómodos para el régimen dictatorial. Es preocupante que la fuerza del régimen se centre en los periodistas sin desparpajo alguno y no contra quienes desde la política destruyen descaradamente al Estado de derecho y la democracia de nuestro país.

Boletín n.° 13. Del 6 al 13 de noviembre de 2017


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El Inca, primera película censurada y retirada de las salas de cine en la historia del país- Un Mundo Sin MordazaJavier Torres: En Perú surgió un nuevo tipo de dictaduraProvea. Las graves contradicciones del TSJ en el caso de Freddy Guevara– Acceso a la JusticiaMujeres al límite: el peso de la emergencia humanitaria– CEPAZPretensión totalitaria anunciada: la regulación de la expresión– Espacio PúblicoDesconocer el voto es lanzar al país por el despeñadero de la violencia-Transparencia Venezuela

Boletin 13 Crisis en Venezuela

Las graves contradicciones del TSJ en el caso de Freddy Guevara


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Con los mismos argumentos del Derecho Penal del Enemigo, tal y como sucedió con el diputado de la Asamblea Nacional (AN), Germán Ferrer, la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), mediante sentencia del pasado 3 de noviembre, ordenó el enjuiciamiento del primer vicepresidente del Parlamento, Freddy Guevara. De nuevo, el máximo tribunal se salta el procedimiento del antejuicio de mérito al considerar que el acusado cometió delitos flagrantes y ordena su prohibición de salida del país.

Responsablemente afirmamos que los magistrados del TSJ con este tipo de decisiones usan el derecho como un instrumento de represión política, al incurrir en artificios como equiparar la figura del delito permanente con la del delito flagrante, con el fin de saltarse el escollo del antejuicio de mérito. Hablan de una compatibilidad que no es tal entre el delito permanente y el delito flagrante; se trata de definiciones tan básicas que cualquier estudiante de Derecho sabría distinguir y diferenciar.

El delito permanente consiste en que su acción se prolonga en el tiempo. El ejemplo típico para entender este concepto es el secuestro, que inicia su comisión desde el momento en que se priva de libertad a la víctima y puede tener una permanencia en el tiempo mientras dure esa privación de libertad.

Con respecto a la flagrancia o delito flagrante, es en cambio aquel que se está cometiendo o acaba de cometerse. Parafraseando al abogado penalista Alberto Arteaga Sánchez, la flagrancia en el delito es una realidad, de cuya consecuencia surge la posibilidad de apresar al autor in fraganti. Se trata, pues, de situaciones diferentes: el permanente es un tipo de delito, mientras que la flagrancia es una manifestación o situación que puede presentarse en cualquier delito, de manera que no son conceptos que puedan identificarse ya que están referidos a condiciones distintas. En dos platos, se están mezclando peras con manzanas.

Así, el hecho de que una persona pueda ser aprehendida en flagrancia cometiendo un delito permanente no implica en lo absoluto que todo delito permanente sea flagrante.

Esta contradicción de la Sala Plena resulta evidente cuando se analiza la sentencia, en la que haciendo alusión al escrito acusatorio de la Fiscalía señala que “entre los meses de abril a julio del año 2017, ocurrieron en nuestro país, una serie de hechos violentos”; luego hace referencia a supuestas declaraciones de personas sobre hechos ocurridos el 5 de mayo de este año, es decir, hace más de cinco meses, y finalmente dice: “Es menester señalar que el ciudadano FREDDY GUEVARA, ha continuado hasta los actuales momentos instigando al odio contra la instituciones públicas”, y esto último sin indicar los elementos de pruebas sobre tal particular.

Luego de una larga enumeración de citas para equiparar delitos permanentes o continuados con delitos cometidos en flagrancia, el TSJ concluye que “resulta claro que la noción de delitos continuados y permanentes, son flagrantes, siempre que no haya cesado la permanencia o la continuidad”, es decir, que si el delito permanente cesa en el tiempo este no puede ser flagrante, y en ese sentido no explica por qué, a pesar de que los hechos imputados son de hace más de cinco meses, se está en presencia de un delito permanente o continuado.

Lo que también llama la atención es que el fin de las protestas es un hecho público y notorio y la propia presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) a la que el TSJ se ha autosometido así lo ha indicado: “¡Se acabaron las guarimbas, trancazos, quema de (sic) personas vivas y violencia política!”. En este sentido, mal puede ser un delito continuado algo que los más altos representantes del régimen indican que se ha terminado.

Pero más allá de esto, lo jurídicamente relevante es que, a pesar de su extendido análisis sobre el delito permanente, la sentencia nunca dice por qué los delitos imputados a Guevara se mantienen en el tiempo, y en efecto no hay respuesta jurídica a ello, pues la Fiscalía no aportó elemento probatorio alguno, es más, reconoció que se trata de hechos ocurridos hace meses, por lo que la Sala Plena violó una vez más el privilegio constitucional de inmunidad parlamentaria.

Adicionalmente, con la remisión del expediente a la ANC, el TSJ viola también la Constitución, pues en ningún artículo se le atribuyen funciones legislativas. En este sentido, el artículo 200 de la Carta Magna expresa: “De los presuntos delitos que cometan los o las integrantes de la Asamblea Nacional conocerá en forma privativa el Tribunal Supremo de Justicia, única autoridad que podrá ordenar, previa autorización de la Asamblea Nacional, su detención y continuar su enjuiciamiento”.

Así, queda claro que el allanamiento de la inmunidad parlamentaria es una atribución exclusiva del Parlamento que no puede ser usurpada por ningún otro órgano.

¿Y a ti venezolano, cómo te afecta?

La violación de la inmunidad de un diputado no es algo que lo afecte a él exclusivamente, sino que es también un atentado contra la voluntad del soberano que lo eligió y por lo mismo una usurpación de la soberanía popular. Cuando una sentencia puede ser desmontada con uno o dos simples argumentos, es una prueba clara del poco valor que tienen para el poder los derechos, no de los políticos, sino de todos los ciudadanos.

Boletín n.° 8 Del 2 al 9 de octubre de 2017


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Derecho a la salud 2014-2017: privación prolongada de medicinas y servicios sanitarios- Codevida. Red de Activistas Ciudadanos por los Derechos Humanos celebraron su III Encuentro Anual- CEPAZ. Ciudadanos a merced del poder opresor del Estado- Acceso a la JusticiaCarlos Graffe es uno de los 499 detenidos de manera arbitraria por el gobierno venezolano- Foro Penal VenezolanoAbusos en la campaña electoral por las gobernaciones-Transparencia Venezuela. Decisiones del gobierno continuarán aumentando la pobreza- Provea. La Anticampaña por la “Venezuela indestructible”. Un Mundo Sin Mordaza. El sufragio se convierte en una exigencia cuando el sistema es adverso – Espacio Público.

Boletin 8 Crisis en Venezuela

 

La tramoya penal del Gobierno venezolano


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El Gobierno venezolano no sólo se ha caracterizado por perseguir opositores, también se ha dedicado a crear un complejo aparataje en materia penal, lo cual resulta propio de asociaciones de crimen organizado. Además de contar con las fuerzas de orden público, fiscales y tribunales como apéndice del Poder Ejecutivo, también se sirve de un sinfín de leyes de corte penal autoritario.

Este marco legal facilita la tarea de persecución contra cualquiera que se oponga, con la ayuda de los operadores del sistema de justicia, además, le da la potestad de actuar de manera impune y castigar al más débil, como consecuencia de tener de su lado a la policía, el Ministerio Público (MP) y el propio Poder Judicial.

Así, con las restricciones previstas en la Ley contra Ilícitos Cambiarios, inició una persecución en 2014 y 2015 contra los llamados “raspacupo“, mientras que las famosas empresas de maletín que recibían sumas importantes no fueron enjuiciadas.

Más recientemente, se han destapado algunas ollas de corrupción con los negocios turbios detrás de la distribución de alimentos, a través de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), mientras el Gobierno que busca expiar sus culpas con la promulgación de una Ley de Precios Justos a finales de 2014, sólo persigue a revendedores de poca monta, conocidos como “bachaqueros”, pero de las redes que consiguen y venden productos supuestamente regulados a precios exorbitantes y los exhiben sin ningún problema no hay noticia alguna.

Por lo expuesto, haremos referencia a la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, sobre la cual se pueden hacer muchas menciones acerca de su carácter autoritario e inquisitivo, como por ejemplo, que sirve para que una persona detenida por un delito común sea mantenida privada de libertad al ser acusada según esta ley y no de acuerdo con el Código Penal.

La Ley contra la Delincuencia Organizada fue promulgada por primera vez en 2005 por la Asamblea Nacional con mayoría del partido de Gobierno, dirigida casualmente por el hoy presidente, Nicolás Maduro. En dicho texto estaba descrito el delito de asociación para delinquir, cuya pena máxima era de seis años de prisión y, por ende, de acuerdo a las reglas del Código Orgánico Procesal Penal, la imputación de este delito no ameritaba detención preventiva. Ahora bien, con la reforma de esta ley en 2012 se incrementa la pena por la asociación a 10 años de cárcel, con lo cual se da luz verde al Estado para apresar a las personas que sean imputadas justa o injustamente por este delito, ya que de acuerdo a la estructura del mismo se puede decir que es un delito complejo y de difícil comprobación. Sin embargo, eso no impide al MP imputar sin prueba alguna y a los jueces admitir tal imputación.

Por ello, debemos recalcar que el delito de asociación para delinquir, cuya pena máxima es de diez años de cárcel (a diferencia de los dos a cinco años de su equivalente en el Código Penal), permite a jueces y fiscales, sin prueba alguna en la mayoría de los casos, lograr el encarcelamiento de la persona imputada. Este delito ha sido caballo de batalla del MP desde 2012, cuando la ley sufrió su última reforma, pues los fiscales, al imputar este delito, saben que tienen un pase seguro a una medida de prisión preventiva en contra de la persona imputada.

Por ejemplo, existen actualmente por lo menos ocho presos políticos imputados, acusados e incluso condenados por el delito de asociación para delinquir; entre ellos están Leopoldo López, Antonio Ledezma, Renzo Prieto, Yon Goicochea, Ignacio Porras, Efraín Ortega, Jhosman Paredes y Carmen Gutiérrez (esposa del teniente coronel José Gámez, también detenido). Ello sin contar con aquellas personas no involucradas en política y procesadas por delitos comunes que han sido imputadas o acusadas, trayendo ello como consecuencia su injusta detención.

A la vista de los nombres de los detenidos gracias a la ley antes descrita, en realidad los delitos cometidos por tales dirigentes, desde el punto de vista del Gobierno fueron asociarse como partido político con ideas distintas al poder político y protestar en la calle contra los abusos de poder. Tales acciones se convirtieron en crímenes en Venezuela.

Queda entonces reforzada la tesis del derecho penal del enemigo (elaborada por el penalista alemán Gunther Jakobs), es decir la aplicación de reglas jurídicas distintas por parte del Ejecutivo contra todo aquel que se le oponga, sea dirigente político o ciudadanos de a pie.

Y si antes de la Asamblea Nacional Constituyente la situación era crítica veremos cómo empeora con las actuaciones de la llamada Comisión para la Verdad, la Justicia y la Tranquilidad Pública, una especie de tribunal con poderes de investigación cuya finalidad es perseguir y castigar a la disidencia, usando las leyes según les convenga.

¿Y a ti venezolano cómo te afecta?

Todo sistema de gobierno que asegure formar parte de un estado de derecho debe manejar con cautela el ejercicio de la acción penal, entendiéndose como esa potestad de castigar con sanciones privativas de libertad a las personas involucradas en delitos. Sin embargo, desde la implantación del actual régimen en 1998, en Venezuela ha reinado un Estado de Policía, al mejor estilo de la obra 1984 de George Orwell, con un entramado legal para castigar al pobre y al disidente, pero permitiendo a su vez la impunidad al Estado o sus amigos. Todo ello implica que cualquier persona que contraríe al Gobierno, de cualquier manera, podría ser imputada y encarcelada por asociación para cometer delitos de delincuencia organizada y terrorismo.

Ciudadanos a merced del poder opresor del Estado


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“¿Cómo trataría uno a un traidor a la patria? Lo trataríamos como un enemigo”. Fueron declaraciones (marzo 2017) del hoy constituyente Diosdado Cabello contra dirigentes opositores, a quienes acusó de promover una invasión extranjera en nuestro país.

No es retórica. A medida que el descontento popular se ha incrementado por la crisis alimentaria y de salud que azota a nuestro país, y que tuvo su máxima expresión durante los cuatro meses de protestas contra el Gobierno a mediados de año (abril-julio), desde Miraflores se han utilizado todos los mecanismos, la mayoría ilegales, para atornillarse en el poder.

Uno de los más retorcidos: el tratamiento como “enemigo” a todo aquel que disienta, sea un político opositor conocido o un ciudadano de a pie que participe en manifestaciones; y la aplicación de reglas distintas contra él desde el punto de vista penal. Se trata del “derecho penal del enemigo”, elaborado por el penalista alemán Gunther Jakobs.

Dicha teoría propugna la eliminación de los derechos humanos de los sujetos calificados como enemigos y tal concepción, lamentablemente es la utilizada en Venezuela, donde los que no estén de acuerdo con la posición oficial no son simples opositores sino traidores a la patria y agentes contrarios a la soberanía e independencia nacional. Por lo tanto, su tratamiento y derechos no pueden ser iguales a los del sector de la población que esté de acuerdo con la ideología del poder.

Esa diferencia se manifestó, entre otras formas, en la aplicación de la justicia militar y no la civil contra los manifestantes opositores capturados entre abril y julio de este año, dada la negativa de la fiscal general para ese momento, Luisa Ortega Díaz, de imputar a los detenidos por considerar que no habían incurrido en delitos. También contra los nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) designados por la Asamblea Nacional el pasado mes de julio. Así mismo, el uso de jueces como fiscales a los efectos de hacer ellos mismos las imputaciones e incluso imponer medidas cautelares sin que el Ministerio Público lo pidiera.

En los casos mencionados, aunque se trataba de civiles actuando en un contexto estrictamente civil, se imputaron delitos militares: ultraje al centinela y rebelión; siguiendo los parámetros del derecho penal del enemigo se aplicarían sanciones mucho más graves que las establecidas en el derecho penal ordinario, como sería el caso de quince a veinte años de prisión en el supuesto de ultraje al centinela.

Recordemos que los manifestantes ejercían sus derechos dentro de su ámbito natural de desarrollo, y que en esa perspectiva eran los militares los que actuaban en el mundo civil para reprimir no alguna, sino todas las manifestaciones que convocara la oposición.

Estas medidas, que tenían como objetivo amedrentar y disminuir la fuerza de las protestas, se unen a una política general del poder que va más allá del derecho penal y que en general pone todo el aparato del Estado para que el opositor sienta la opresión y cese cualquier actividad que pueda ser considerada sospechosa. Así, esta política se aplica en todos los órdenes de la vida social y pasa tanto por varios modos de control social como por aquellos que hacen posible la obtención de alimentos y otros beneficios, que en principio deben ser para todos, pero que finalmente se manipulan para otorgarlos sólo a aquellos que se plieguen a los instrumentos de control social que el Estado aplica.

Aparte de estos mecanismos de vigilancia institucional, están los que se particularizan en determinados miembros de la oposición y que tratan de generar una idea de vigilancia y dominio permanente por parte del Gobierno. Es el caso de la anulación de pasaportes a ciertos dirigentes adversarios que acuden a instancias internacionales para denunciar las violaciones de derechos humanos y abusos de poder en nuestro país. Este tipo de medidas también se ha aplicado a periodistas reconocidos.

Estas disposiciones, si bien particularizadas, tienen alto impacto y dejan ver cómo los ciudadanos se encuentran a merced del poder del Estado en aspectos tan básicos como su documentación personal. En el derecho penal del enemigo lo que se verifica es la imposición de sanciones al sujeto por la peligrosidad que reviste para los intereses del poder y no por la existencia de un hecho antijurídico.

¿Y a ti venezolano, cómo te afecta?

En palabras más sencillas, en Venezuela es un delito ser opositor al Gobierno y protestar contra él. Si es el caso, usted no es un ciudadano con derechos, es un enemigo al que hay que combatir y neutralizar.

La figura del enemigo interno como política de Estado en Venezuela


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Tesis sostenida por el autor Fernando Fernández

 

El reconocido penalista Fernando Fernández, sostiene que el derecho penal del enemigo se aplica a un sistema penal donde no existen garantías penales, procesales, ni la protección de los derechos fundamentales para quién está siendo investigado o enjuiciado, ya que es considerado como un enemigo hostil.

Señala el autor que el derecho penal del enemigo no busca, por lo menos en Venezuela, conseguir la muerte física del enemigo, es decir, lograr acabar, destruir o exterminar con la vida del enemigo, sino más bien producir con su aplicación una muerte civil o moral del enemigo.

Ello, según el autor, se evidencia con el abuso de poder al cual recurre el Estado venezolano para eliminar los derechos y las garantías jurídicas de todo ciudadano que considere como un enemigo potencial, aun cuando se trate de un simple opositor. Recordemos que oponerse a un gobierno es un derecho de todo ciudadano y no constituye delito alguno.

Este abuso de poder se traduce, de acuerdo a Fernando Fernández, en un uso arbitrario de la coacción y la violencia legal al acusar penalmente a dirigentes políticos y defensores de derechos humanos por cuestionar las acciones y omisiones del Estado, así como también, al denunciar y apresar a empresarios del sector privado bajo el supuesto de “acaparamiento”.

En tal sentido, esta aplicación discriminatoria del ordenamiento jurídico se manifiesta igualmente con la promulgación de normas destinadas a criminalizar u obstaculizar conductas desarrolladas por un sector específico de la población y que han sido detectadas previamente como contrarias a los intereses del poder. Un ejemplo de ello lo tenemos en las normas dictadas el año pasado por el CNE con el fin de impedir el referéndum revocatorio.

Por si fuera poco, señala el autor, la coacción arbitraria no es el único medio al cual recurre el Estado para destruir a sus enemigos. Para Fernando Fernández, la muerte moral también ha sido empleada por los dirigentes del Estado y no deja de ser devastadora para quien la padece. Precisa el autor que el Estado se ha acostumbrado a lograr este cometido descalificando, amenazando, estigmatizando e incluso demonizando a todas aquellas personas que sean consideradas como sus enemigos. Un patético ejemplo lo tenemos en las declaraciones de dirigentes gubernamentales contra la madre de Neomar Lander.

Otro ejemplo, sostiene el autor, fue el inicio de la famosa “guerra económica”, donde el Estado, atribuyéndole la responsabilidad de sus inacciones al sector privado, inició una persecución masiva contra altos empresarios del país, tildándolos en sus discursos políticos de “fascistas”, “apátridas”, “traidores”, “parásitos”, entre otras descalificaciones e injurias.

En definitiva, sostiene Fernando Fernández, para los enemigos de este régimen que se ha autodenominado socialista, es decir, los empresarios, dirigentes políticos, defensores de derechos humanos, profesores, intelectuales, periodistas y estudiantes, por mencionar algunos, no hay Estado de Derecho ni Constitución, sólo fuerza y hechos, pues al ser enemigos no tienen derechos y contra ellos todo vale.

 Para saber más sobre este tema, puede ver el estudio del autor en este enlace: https://goo.gl/4siGE6

¿Qué es la tiranía?


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“El tirano es el que se mete contra las leyes a gobernar según ellas; y el déspota es el que se hace superior a las mismas leyes. Así el tirano puede dejar de ser déspota; pero el déspota es siempre tirano”.

Jean Jacques Rousseau

Tiranía siempre ha sido una mala palabra. En Grecia, de donde proviene, inicialmente describía a quien usurpaba el poder, quien llegaba a él por medios ilegítimos; luego los filósofos griegos, entre ellos Platón, pasaron a darle a la palabra la connotación de arbitrariedad y despotismo con la que la conocemos ahora.

Incluso en el caso de los romanos, que no eran precisamente muy demócratas, la acumulación de poder en una persona era vista con malos ojos, y aunque en la era republicana estaba prevista la figura del dictador, su duración no podía ser mayor de seis meses renovables por otros seis. De hecho, tan no era querida la figura que el dictador más famoso entre los romanos fue Cincinato, precisamente por serlo el menor tiempo posible, pues aunque lo fue dos veces, renunció en ambos casos luego de quince y veintiún días respectivamente, en cuanto pudo resolver las crisis que originaron su nombramiento, aunque legalmente podía quedarse como dictador por los seis meses por los había sido nombrado. Por este desapego al poder absoluto Cincinato fue considerado un ejemplo de los valores republicanos. Efectivamente, esta rareza de desprecio al poder absoluto merece mucho respeto y admiración.

Luego, en Las siete partidas de Alfonso X El Sabio, hace más de ocho siglos, se resumen los tres elementos sobre los que descansa toda tiranía, a saber: fomentar la ignorancia del pueblo para acobardarlo; dividirlo para fomentar la desconfianza y así nadie confíe en nadie; y finalmente, fomentar la pobreza para que haya una dependencia perpetua a favor del tirano. ¿Nos suena conocido?

Ya en la modernidad John Locke, siguiendo a la tradición clásica, define la tiranía como “el ejercicio del poder más allá del derecho, donde nadie tiene derecho; y este haciendo uso de la fuerza que tiene en sus manos, no lo usa para el bien de los que están debajo de él, sino para su propia ventaja”.

Hemos de distinguir en este momento entre una monarquía y una tiranía, pues no son sinónimos, pues aun las monarquías absolutas anteriores a la revolución francesa tenían un cuerpo de leyes que era respetadas y los reyes se cuidaban, por lo general, de hacer cambios drásticos a las mismas; de hecho, esa dificultad de cambio fue el germen de su fin al no poder adecuarse a la evolución de los tiempos.

Así pues, en el concepto de Locke el tirano es ajeno al derecho, a todo derecho, pues las normas emanan de su voluntad gracias a la fuerza a la que debe su hegemonía.  En consecuencia, el tirano se considera la única fuente de derecho y, por lo mismo, puede cambiarlo cuando así le convenga aunque lo que decida sea o no coherente con lo que antes dijo, naciendo con ello la arbitrariedad, signo de toda tiranía.

En consecuencia, la tiranía no es más que la negación del derecho, pues lo que se pretende no es un orden sino el mantenimiento del tirano en el poder. Lo demás es secundario.

Para acercar la palabra tiranía a nuestros tiempos acudimos al diccionario, quien diligentemente luego de indicarnos que la tiranía es el gobierno ejercido por un tirano, nos explica que consiste en el “abuso o imposición en grado extraordinario de cualquier poder, fuerza o superioridad” (Diccionario de la Real Academia Española).

Ahora bien, no es raro que cada vez que se hable de dictadura en nuestro país se indique que esta idea no calza a la perfección con los regímenes que tradicionalmente nos la recuerdan, como lo son las dictaduras militares de Marcos Pérez Jiménez y Juan Vicente Gómez. En ese sentido debemos empezar diciendo que incluso entre esos regímenes hay grandes diferencias, pues Gómez no era un militar de carrera ni el ejército que lo respaldaba tampoco, mientras que para Pérez Jiménez no había nada más importante que ser un oficial egresado de una academia militar. Pese a ello, los unen esos elementos que recordamos de una dictadura clásica: censura férrea a los medios de comunicación, prohibición de partidos de oposición, falta de voto universal directo y secreto, y una brutal represión a quienes lo adversen.

Comparado con esto, hay quien dice que en un país donde puede decirse que se está en dictadura sin que lo encarcelen no puede ser una dictadura. Esto nos está diciendo simplemente que las formas no democráticas evolucionan con los tiempos, y así como ahora a nadie se le ocurriría decir que detenta el poder por la “gracia de Dios”, como decía Francisco Franco. los modos autocráticos también cambian, pues al ser las sociedades más complejas, los mecanismos de control también se hacen más sofisticados.

Así, en la época de Pérez Jiménez censurar los periódicos era muy fácil, pues eran muy pocos, lo mismo en el caso de las estaciones de radio. Ahora, con el advenimiento de internet y las redes sociales, esto no es posible, por lo que la represión se centra en aquellos medios que llegan masivamente como las televisoras, a través del perverso instrumento de la autocensura (“cállate o te cierro”). El que haya muchas voces opositoras en internet lo que demuestra es que el régimen sabe que hay mucha fragmentación en el mismo, que internet no llega a todos, y que lo importa es aquella información que ven las masas. Esto permite que se puedan dejar algunos medios marginales, como radioemisoras locales o periódicos que cada vez venden menos ejemplares impresos, para dar la falsa impresión de libertad de expresión. En resumen, que una prisión tenga ventanas no la hace menos prisión.

Trayendo todo lo dicho a nuestra realidad actual, debemos decir que mientras el régimen contó el apoyo de los votos, gracias a la chequera petrolera pudo maquillar, malamente, sus formas autoritarias, pero la pérdida de apenas una elección evidenció las graves grietas de una “democracia participativa” que nunca lo fue, pues los siguientes hechos, no meras especulaciones, son contrarios a una democracia:

  • En Venezuela no hay separación de poderes. El Poder Judicial está al servicio del Ejecutivo y no cumple su papel de hacer cumplir la Constitución y los derechos de los ciudadanos.
  • En Venezuela unos magistrados que no cumplen los requisitos para su cargo dieron un golpe de estado y asumieron los poderes de la Asamblea Nacional, y ello no les genera consecuencia alguna.
  • En Venezuela no se sabe cuándo habrá elecciones.
  • En Venezuela, al día de hoy, no se sabe cuáles son la mayoría de los partidos de oposición, pues dependen de una decisión administrativa que nadie conoce todavía.
  • En Venezuela, en medio del caos actual, los medios de comunicación masivos transmiten telenovelas y comiquitas.
  • En Venezuela a todo opositor se le aplica el derecho penal del enemigo, pues por el solo hecho de serlo no se le reconocen los derechos que establece la Constitución sino un régimen represivo que da poderes absolutos a los órganos de seguridad del estado.
  • En Venezuela se cuenta con un derecho paralelo a la Constitución que considera el ejercicio del poder como “derecho”, cuando no es más que un mandato temporal y revocable, y los derechos de los ciudadanos como algo que se tolera mientras el poder no disponga lo contrario.
  • Finalmente, en Venezuela el Gobierno cuenta con fuerzas paramilitares para amedrentar a la población civil cuando considera que no son suficientes las fuerzas armadas.

Entonces, que todavía podamos escribir sobre lo que es una tiranía no cambia la realidad. Y todos sabemos cuál es.