Informe de la CIDH sobre Venezuela, 2018


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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presenta su informe de país “Institucionalidad Democrática, Estado de Derecho y Derechos Humanos en Venezuela”, tercer informe sobre la situación de los derechos humanos de la República Bolivariana de Venezuela (Venezuela). La decisión de elaborar el presente informe se relaciona con el serio deterioro de la vigencia de los derechos humanos, y la grave crisis política, económica y social que atraviesa el país en los últimos dos años y en especial en el 2017. Aquí puedes descargar el Informe CIDH sobre Vzla.

TSJ concretó disolución de la Asamblea Nacional en 2017


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La Asamblea Nacional (AN), electa el 6 de diciembre de 2015 por estar conformada por una mayoría calificada opositora al gobierno (por primera vez en 16 años de chavismo) no ha podido prácticamente ejercer sus funciones por una serie de obstáculos impuestos por el Poder Judicial.

 Para tener una idea de la guerra judicial en contra de la AN que emprendió el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) desde su elección, se debe recordar que en 2016 bajo el amparo de la tesis del desacato le quitó prácticamente todas sus atribuciones a partir de julio de ese año.

Ya en 2017, el TSJ desconoció a la directiva presidida por el diputado Julio Borges sin justificación y permitió la instalación de una Asamblea Nacional Constituyente (ANC), que  vino entre otras cosas a sustituir al Parlamento.Julio Borges

Estado de excepción impuesto

Desde enero de 2016, Venezuela permanece bajo un perenne estado de excepción, cuya finalidad desde el inicio, según el mismo Jefe de Estado, era tomar medidas extraordinarias que permitieran superar la crisis económica.

Sin embargo, en cada ocasión que se han cumplido los 60 días que prevé la Constitución como plazo máximo de duración del decreto de emergencia económica, el Ejecutivo ha firmado una extensión por el mismo lapso, lo que también permite la Constitución, sólo que al culminar la prórroga dicta un nuevo decreto que luego extiende, lo que está prohibido por el texto constitucional que prevé un plazo máximo de 120 días de estado de excepción por la causa indicada.

Con esta metodología, el Ejecutivo mantiene al país en estado de excepción desde hace dos años, haciendo lo que quiere en materia de legislación socioeconómica e incluso en otros ámbitos. El decreto más reciente es del 09 de enero por lo que ha habido 13 decretos en total.

Ninguno de los decretos de estado de excepción ni sus prórrogas han sido aprobados por el Poder Legislativo como exige expresamente el artículo 339 de la Constitución, y aun así el TSJ los ha declarado constitucionales, haciendo caso omiso también de la Ley Orgánica de Estados de Excepción y de la Exposición de Motivos del texto fundamental que incluso le prohíben intervenir en ese supuesto.

Con esto queda muy claro que el máximo tribunal desempeña un rol al revés de su mandato, al permitir la desintegración de la Carta Magna con estados de excepción inconstitucionales, cuando su función según el artículo 334 es “asegurar la integridad de la Constitución”.

El eterno desacato

La tesis del desacato fue la que creó el TSJ poco después de las elecciones parlamentarias en diciembre de 2015 para hacer lo que la Constitución no le permite al gobierno, pero que era su mayor desiderátum: disolver la AN, como en efecto hizo posteriormente el TSJ con la sentencia nº 156 del 30 de abril.

El desacato surgió porque la AN no quiso acatar la decisión de la Sala Electoral de no juramentar a los cuatro diputados de Amazonas. Aunque la AN más adelante desincorporó a los parlamentarios (enero de 2017) la sanción persistió, de hecho la Sala Constitucional (SC, sentencia 2/2017) del TSJ declaró que todas las sesiones de la AN desde su instalación el 05 de enero eran nulas, desconoció la juramentación de la directiva de Borges y prohibió el inicio del nuevo período legislativo mientras persistiera el supuesto desacato.

Reiteramos que el desacato es un “delito o falta, según el caso, que implica la desobediencia a una orden judicial” y acarrea prisión o arresto pero no anulación de actuaciones. Por ello, lo conducente era eventualmente la sanción de su directiva, la presidida por Henry Ramos Allup por juramentar a diputados de Amazonas, pero no la anulación del órgano.

Impunidad

PdvsaEn 2016, el TSJ declaró que no le convenía al país una investigación por corrupción sobre Petróleos de Venezuela (Pdvsa) que había iniciado la AN y en 2017, ordenó a la Contraloría General de la República (CGR) investigar al diputado Freddy Guevara por querer notificar en Nueva York de esa investigación a Rafael Ramírez, quien se desempeñaba como embajador por Venezuela ante la ONU. Lo más increíble de esto es que a finales de este año la persecución a Ramírez por corrupción ha sido la bandera del gobierno.

En el transcurso de 2017 el TSJ tomó decisiones con las que negó uno de los principios básicos republicanos: la responsabilidad de cualquier órgano del Estado y su obligación de rendir cuentas. En este sentido, entre otros, desconoció en la sentencia nº 7 del 26-1-2017 de la SC el abandono del cargo del Presidente de la República declarado por la AN; permitió que la memoria y cuenta le fuera presentada a él y no a la AN, eliminó el control de la CGR sobre las empresas militares a pesar de que tienen a su cargo la mayoría de los recursos naturales del país y autorizó al Ejecutivo a vender parte de Pdvsa y a endeudarse sin control del legislativo.

Ruptura del orden constitucional

Desde el 2016, el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, ha denunciado la grave alteración del orden constitucional y democrático en Venezuela y en febrero de 2017 reabrió el debate sobre la activación de la aplicación de la Carta Democrática Interamericana en nuestro país, presentando el 14 de marzo un nuevo informe sobre la crisis. A raíz de ello, la AN aprobó un acuerdo para la reactivación de la Carta.

El partido de gobierno inmediatamente reaccionó y presentó un recurso ante la Sala Constitucional del TSJ y esta respondió a los seis días con la sentencia 155 del 29 de abril en la que anula el acuerdo de la AN que aprobó el informe de Almagro e incentivó al Ejecutivo a legislar en materia de seguridad nacional, en el ámbito penal y militar, aunque sin limitaciones, para evitar un supuesto estado de conmoción exterior (otra causal de estado de excepción). Además desconoce la inmunidad parlamentaria por el desacato. Al día siguiente, esa misma Sala dictó otra sentencia, la 156 en que permite la venta de parte de la estatal petrolera sin la autorización de la AN a una empresa rusa y además disolvió el parlamento. También decidió que desde ese momento, la Sala o el órgano que ella indicara sustituían a la Asamblea Nacional.

Estas dos sentencias causaron gran escándalo en la comunidad internacional, quien anunció que en Venezuela se había instaurado una dictadura y como consecuencia de ello se produjo el retiro de embajadores de varios países. Esto dio lugar a la activación por parte del Ejecutivo del Consejo General de Seguridad quien exhortó al TSJ a revisar sus sentencias. El 1º de abril, la Sala Constitucional anuló sus sentencias, pero en la práctica la AN siguió invalidada.

TSJ

La Fiscal

Hasta la fiscal general de la República Luisa Ortega Díaz reconoció que había habido una ruptura del orden constitucional en Venezuela por las sentencias 155 y 156 e inició una verdadera guerra judicial contra el Gobierno, pero esto no tuvo mayores frutos, pues aunque visibilizó aún más el régimen y sus debilidades su cruzada dio lugar a su destitución del cargo por la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente (ANC), potestad que es de la AN.

El esposo de la Fiscal, diputado del partido de gobierno, Germán Ferrer también se le unió. Como consecuencia de ello, mediante la sentencia 66 de la Sala Plena, el TSJ le quitó la inmunidad parlamentaria, competencia que es de la AN. Luego un tribunal de instancia dictó una orden de aprehensión en su contra por manejar supuestamente una importante red de corrupción desde la Fiscalía.

El golpe electoral

La renovación de los partidos políticos por el TSJ fue uno de los temas clave de 2017. Esta exigencia fue por una sentencia del máximo tribunal, la primera de 2016 de la Sala Constitucional, en la que prohibió la doble militancia y exigió, en contra de la lo que dice la ley de la materia, la renovación de los partidos políticos que hubieran participado en las elecciones parlamentarias con la tarjeta de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) y no con su propia tarjeta.

El TSJ también en 2016 designó a los rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE) que tenían el periodo vencido, aunque fuera competencia de la AN.

La guinda del pastel del TSJ contra la AN en 2017 fue el aval a la convocatoria del presidente Nicolás Maduro e instalación de la fraudulenta ANC a través de varias sentencias. Hoy en sustitución ilegal del Parlamento, la ANC aprueba leyes, incluido el presupuesto nacional, ha allanado la inmunidad parlamentaria de diputados de oposición y ordena investigaciones, entre otras funciones.

¿Y a ti venezolano, cómo te afecta?

Sin Parlamento, no hay democracia, pues es el órgano democrático por excelencia al ser el que representa a todas las ideologías del país y permite el debate entre ellas. Mientras en el Ejecutivo suele estar el partido político que obtuvo la mayoría, en el Parlamento u órgano legislativo nacional están también los que no la obtuvieron y esto permite controlar mejor la gestión del Ejecutivo y del partido de gobierno.

Además como el Parlamento suele tener no sólo funciones legislativas, sino también de control, puede garantizar el mejor uso de los recursos públicos por parte del Ejecutivo, de hecho es quien recibe la memoria y cuenta del gobierno, así como aprueba el presupuesto nacional de cada año. Si se elimina el Parlamento, como ha ocurrido en Venezuela, el Ejecutivo tiene rienda suelta en la administración y uso de los recursos públicos, lo que puede causar exceso de endeudamiento, corrupción e inflación, que son entre otros males los que hoy en día nos afectan a todos.

ANC vs. democracia: supresión de Alcaldía Metropolitana de Caracas y del Distrito del Alto Apure


ANC

El 20 de diciembre de 2017, la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) aprobó un “decreto constituyente” para la supresión del Área Metropolitana de Caracas y la del Distrito del Alto Apure,  la primera administrada por la oposición y el segundo por la disidencia chavista, lo cual constituyó otra medida de hostigamiento contra toda persona o institución que se opusiera a los intereses del Gobierno nacional.

Para Acceso a la justicia  esta decisión arbitraria de la fraudulenta ANC ya estaba anunciada, cuando en los pasados comicios municipales del 10 de diciembre fue sacada de su convocatoria -sin motivación alguna- la elección de los titulares de la Alcaldía Metropolitana de Caracas y del Distrito del Alto Apure.

La eliminación formal del Área Metropolitana de Caracas y del Distrito del Alto Apure es muy grave además por lo siguiente:

  1. Porque a partir de un denominado “decreto constituyente” se pretende cambiar radicalmente la organización político-territorial del estado venezolano, que se encuentra estipulada en el artículo 18 de la Constitución.

alcaldía metropolitanaEl artículo 18 constitucional consagra expresamente que el Distrito Metropolitano de Caracas es la unidad político-territorial de la ciudad de Caracas, lo que queda completado con lo previsto en la Disposición Transitoria Primera del Texto Fundamental, que facultó a la ANC del año 1999 a regular desde una ley especial el régimen del Distrito Metropolitano de Caracas, lo que dio origen a la Alcaldía y el Cabildo Metropolitano. Posteriormente la Asamblea Nacional (AN) dictó la Ley Especial del Régimen Municipal a Dos Niveles del Área Metropolitana de Caracas del año 2009, que derogó el texto de la ANC de 1999.

  1. Por violar lo previsto en el artículo 16 y el numeral 3 de la Disposición Transitoria Tercera de la Constitución, en la que faculta a la Asamblea Nacional (AN) a establecer mediante ley especial un régimen especial territorial referente a los municipios José Antonio Paz y Rómulo Gallegos del estado Apure, la cual fue dictada en el 2000 bajo el título “Ley Especial que Crea el Distrito del Alto Apure”.

Alcaldía Alto Apure La ANC al declarar la eliminación y liquidación del Distrito del Alto Apure creado mediante ley por mandato expreso del Constituyente de 1999 incurre en una evidente inconstitucionalidad, por el vicio de usurpación de funciones (artículo 137) dado que asume funciones que corresponden, de manera exclusiva y excluyente, al órgano legislativo nacional, entiéndase, a la AN.

  1. Pero estas inconstitucionalidades se vuelven aún más alarmantes, pues tras la supresión del Área Metropolitana de Caracas y del Distrito del Alto Apure, la írrita ANC viola el derecho al voto (artículo 63), el principio de la soberanía popular y sobre todo, la voluntad popular expresada por los electores (artículo 5) en los comicios municipales celebrados en el año 2013 a partir de los cuales fueron electos sus autoridades ejecutivas y legislativas.

 ¿Y a ti venezolano, cómo te afecta?

La ruptura del orden democrático y constitucional por el régimen que gobierna se ha visto agravada desde la instalación de la ANC por el desconocimiento constante de principios esenciales para la existencia de una democracia como son la supremacía constitucional (artículo 7) y la soberanía de la voluntad popular (artículo 5). Y el problema de esto es que sin democracia, no tienes garantía de tus derechos, ni justicia, ni seguridad y menos aún paz, aunque sea lo prometido por el Gobierno y la supuesta razón fundamental de la instalación de la ANC.

El medio para lograr un objetivo debe ser el adecuado y la supresión de la democracia no puede crear paz de manera alguna.

 

El viacrucis judicial de los diputados de Amazonas


Diputados de Amazonas

Fueron electos como diputados de la Asamblea Nacional (AN) por expresión de la voluntad popular del estado Amazonas el 6 de diciembre de 2015, pero nunca han podido ejercer sus cargos por diversas sentencias del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

La primera de ellas (sentencia 260/2015) se dictó en plenas vacaciones judiciales el 30 de diciembre de 2015, es decir, ya hace dos años. En la decisión, la Sala Electoral del máximo tribunal de la República ordenó la suspensión del acto de totalización, adjudicación y proclamación de los cuatro parlamentarios por representación indígena, circuito 1 y lista: Julio Ygarza, Nirma Guarulla, Romel Guzamana (los 3 de oposición) y Miguel Rodríguez (Psuv). El fallo que sólo tardó un día en emitirse favoreció la petición de quien fuera candidata en dicha entidad por el Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Nicia Maldonado, además de ex ministra del Ambiente del gobierno de Hugo Chávez.

En su momento Acceso a la Justicia y otros expertos juristas advirtieron que la totalización, adjudicación y proclamación constituían actos ejecutados y ya cumplidos, con lo cual resultaba imposible, material y legalmente, suspender o retrotraer sus efectos a través de la medida cautelar dictada por la Sala Electoral. Por ello, la AN recién electa juramentó a todos sus diputados, incluidos los de Amazonas, al instalarse en enero de 2016.

Por ello, el TSJ a través de su Sala Electoral en su sentencia nº 1 de 2016, por solicitud nuevamente de Maldonado y en sólo 4 días, ordenó a la AN desincorporar a los diputados, so pena de desacato.

Como consecuencia de este nuevo fallo, la AN desincorporó a los diputados de Amazonas. La Sala Constitucional (SC) reconoció en su sentencia nº 3 que había cesado el desacato, por lo que el presidente de la República, Nicolás Maduro, podía presentar su memoria y cuenta ante la AN, tal como establece la Constitución.

Sorprendentemente, pese al reconocimiento de la AN por parte de la SC, esta empezó a dictarsentencias que indicaron lo contrario y sin causa clara. Por ejemplo en su decisión nº 4 declaró constitucional el estado de excepción invocado por el Jefe de Estado antes del pronunciamiento de la AN como exige la Constitución y en la nº 7 anuló el acuerdo de la AN que lo desaprobaba. Poco tiempo después, en su decisión nº 9 desconoció la función contralora del parlamento, cambiando el texto constitucional sin justificación alguna.

Diputados de Amazonas

Mientras tanto, la directiva de la AN y los diputados suspendidos de Amazonas acudieron al TSJ para oponerse a la medida cautelar en su contra y los magistrados se tomaron 211 días para decirles que seguían suspendidos , lo contrario a la justicia exprés a favor del Psuv. También se esperaba en 2016 la orden para que se repitieran los comicios en Amazonas, la cual nunca llegó, dejando a una población tan vulnerable como la indígena y a 116. 216 votantes sin representación política en el parlamento.

Tira y encoje

Aún a la espera de la repetición de los comicios en Amazonas y como reacción a las sentencias de desconocimiento de sus actos del TSJ, la AN bajo el mando de Henry Ramos Allup (AD) entregó de nuevo sus credenciales a los diputados en pugna el 28 de julio de 2016 sobre la base siguiente: “Nunca van a resolver el tema de la incorporación de los diputados de Amazonas. No vamos a acatar ninguna decisión (del TSJ) que viole la Constitución”. Por su parte, el TSJ insistió a los pocos días (2 de agosto) con el desacato (sentencia 108/2016) y declaró  “la invalidez, inexistencia e ineficiencia jurídica” de la nueva juramentación y de todos los actos siguientes del parlamento.

Probablemente, en vista de la guerra judicial del 2016 en contra de la AN a raíz del desacato, en enero de 2017 la nueva directiva de la AN, encabezada por el diputado Julio Borges tomó como primera medida la desincorporación de los diputados de Amazonas, a solicitud de los mismos afectados, por las repercusiones que estaba teniendo el supuesto desacato para la democracia venezolana.

A pesar de ello, el TSJ consideró que la manera en que la AN había desincorporado a los diputados y elegido a la nueva directiva no era la adecuada y volvió a declararla en desacato, ordenando que se volviera a incorporar la vieja directiva, lo cual viola la Constitución que establece que a partir del 5 de enero la directiva anterior no puede ejercer funciones de ningún tipo. La AN no hizo lo que le pidió la SC por lo que el TSJ consideró que estuvo en desacato todo el 2017.

Falsa esperanza

A principios de diciembre de 2017, el TSJ declaró concluido un caso judicial relacionado con Amazonas,  una de las siete causas que se originaron a partir de esas elecciones y que no tuvo que ver con la sentencia 260 que suspendió a los cuatro diputados. Se trató del caso de la diputada Guarulla (sentencia 221/2017), el cual pereció por desinterés del demandante en el juicio y que en nada cambió su situación de exclusión de la AN, ni la de los otros 3 diputados de Amazonas.

De lo anterior queda claro que de nada han servido las entradas y salidas de los diputados de Amazonas de la AN, pues seguimos con un Poder Legislativo atado de manos con las consecuencias ya conocidas hasta la fecha, derivadas de la completa anulación de sus competencias.

Dicha problemática se agravó con la llegada de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) que funge como un ilegítimo parlamento nacional, además con poderes supraconstitucionales.

Diputados de Amazonas

¿Y a ti venezolano, cómo te afecta?

Al impedir el ejercicio de la representación política de Amazonas y la Región Indígena Sur de dicha entidad que también abarca el estado Apure, por parte de los diputados electos, el TSJ violó los derechos políticos más básicos de sus habitantes, así como la voluntad popular de todos los venezolanos al desconocer además por esa causa todos los actos de la AN.

El Gobierno nacional tiene como una de sus banderas a los indígenas, pero al apoyar las acusaciones de fraude electoral en las elecciones parlamentarias en ese estado y pedir a través del Psuv que se repitieran los comicios para que nunca se hicieran, demostró junto al Poder Judicial que poco le importa esta población, ni la democracia en Venezuela y por ello es que no hay defensa alguna del colectivo, aunque sostenga siempre lo contrario.

 

 

 

Decreto de ANC contra partidos viola libertad política y derecho al sufragio


Tarjetón regionales-2017

La ANC concretó las amenazas del presidente de la República Nicolás Maduro contra los partidos políticos entre ellos, Voluntad Popular (VP), Primero Justicia (PJ) y Acción Democrática (AD) que no participaron en las elecciones municipales y decretó que debían renovarse nuevamente ante el Consejo Nacional Electoral para poder presentar candidaturas a las presidenciales de 2018.

Acceso a la Justicia quiere destacar que estamos ante otra decisión írrita que trata de complacer los caprichos del Gobierno nacional para cancelar a las principales organizaciones que integran la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), e impedir ilegítimamente su participación en la próxima contienda electoral para elegir al Jefe de Estado.

máquina de votación Así mismo acotamos que la medida aprobada por la ANC es incompatible con la libertad política (artículo 62 constitucional) y con el derecho al sufragio (artículo 63 constitucional), además de violatoria al principio de legalidad, piedra angular de toda sociedad democrática, al sancionar a las organizaciones con fines políticos a partir de una conducta que no está encuadrada como infracción, delito o falta electoral en la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones, tal y como lo establecen los artículos 49.7 y 137.

Se trata, adicionalmente, de una decisión que produce una peligrosa escisión del Estado constitucional y democrático de Derecho al ponerse al margen de lo dispuesto en el artículo 32 de la mencionada legislación que regula a las toldas políticas, clave para asegurar la estabilidad y existencia jurídica de dichas organizaciones.

De hecho, a partir de esta importante base legal sólo se exige la renovación de nóminas de inscritos de las organizaciones con fines políticos cuando estas no hayan participado en dos procesos electorales consecutivos. Son muy claros los supuestos -cuatro en total- a través de los cuales podrían ser canceladas las inscripciones de los partidos ante el CNE:

  • Cuando sea solicitada por el propio partido, conforme a sus estatutos internos.
  • Por la fusión o incorporación a otro partido político.
  • Cuando el partido ha dejado de participar en las elecciones, en dos períodos constitucionales sucesivos.
  • Cuando se compruebe que hubo fraude durante la inscripción o que su actuación no estuviere ajustada a las normas legales.

De esta forma la ANC nos muestra cómo en sus decisiones predominan los intereses del Gobierno nacional al obligar, en este caso, a las organizaciones o partidos políticos a validar nuevamente la nómina de sus afiliados por no haber participado –legítimamente- en la contienda electoral pasada.

Vale recordar, al respecto, que con ocasión de la sentencia n° 1 de fecha 5 de enero de 2016   dictada por la Sala Constitucional (SC) la mayoría de los partidos, entre abril y junio de este año, debieron someterse a un proceso de renovación de nómina, atestado de irregularidades y obstáculos propiciados por el ente comicial.

partidos políticos

El forzado cumplimiento de este proceso de validación permitió a las toldas políticas participar en las cuestionadas elecciones de gobernadores celebradas el domingo 15 de octubre.  Pero los ilícitos de dicha jornada que fueron desde cambios de última hora de centros de votación, voto asistido a favor del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) y la destitución del electo gobernador del Zulia, Juan Pablo Guanipa por no juramentarse ante la ANC, entre muchas otras, provocaron que el grueso de la oposición se abstuviera de competir por las alcaldías, como forma de protesta. Está visto que para el chavismo en el poder rebelarse contra sus abusos es un delito.

¿Y a ti venezolano, cómo te afecta?

 La  transgresión de la Constitución y las leyes por parte de la Constituyente  sólo generará más orfandad e incertidumbre jurídica, más allá de favorecer la exacerbada polarización política que actualmente se vive en el país.

Pero a pesar de esta realidad  es importante  reforzar  la confianza en los pocos instrumentos y espacios ciudadanos que todavía tenemos para defender y denunciar las constantes violaciones a los derechos humanos, a fin de alcanzar la pronta recuperación de nuestro país.

Elección diputados por el estado Amazonas a la AN


El viacrucis judicial de los diputados de Amazonas

Sala: Electoral

Tipo de recurso: Recurso contencioso electoral con medida cautelar

N° de Sentencia: 221                                Fecha: 7 de diciembre de 2018

Caso: Pedro Luis Cabello Hermoso interpone recurso contencioso electoral conjuntamente con medida cautelar de suspensión de efectos contra las Elecciones de Diputados y Diputadas a la Asamblea Nacional, en la Circunscripción Electoral número 1, del estado Amazonas

Decisión: Declara LA PERENCIÓN DE LA INSTANCIA, en el recurso contencioso electoral interpuesto el 17 de marzo de 2015 por los abogados Francisco Encinas Verde y Agustín Díaz Díaz  actuando en nombre propio, contra “(…) la Normativa Sobre Postulaciones de Precandidatos a Elecciones Primarias de 2015 de la Mesa de la Unidad Democrática aprobada en Caracas a los 9 días del mes de marzo de 2015 (…) por la Comisión Electoral de Primarias de la Mesa de la Unidad Democrática (…)”.

Extracto: 

“…Corresponde a esta Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia pronunciarse sobre la obligación de la parte recurrente respecto al retiro, publicación y consignación del cartel de emplazamiento de los interesados, en el lapso previsto en el artículo 189 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, el cual establece:

El cartel deberá ser retirado, publicado en un diario de circulación nacional o regional, según sea el caso, y consignado por la parte demandante dentro de los siete días de despacho siguientes a su expedición. Si la parte demandante incumpliere con esta carga, el Juzgado de Sustanciación declarará la perención de la instancia y se ordenará el archivo del expediente; sin embargo, podrá remitir el expediente a la Sala cuando estimare que existen razones de orden público que justifiquen la continuación de la causa, en cuyo caso, el cartel deberá ser publicado por el Juzgado de Sustanciación. Dentro de los cinco días de despacho siguientes al vencimiento del plazo para el retiro, publicación y consignación del cartel de emplazamiento, los interesados o interesadas podrán comparecer y presentar sus alegatos. (Negrillas de la Sala).

 Conforme a la norma citada, el emplazamiento de los interesados debe realizarse mediante cartel que se publicará en un diario de circulación nacional, con la carga procesal para la parte recurrente de su retiro, publicación y consignación en el lapso de siete (7) días de despacho siguientes a su expedición.

 El incumplimiento de la parte recurrente de esta obligación es sancionado con la perención de la instancia, que constituye uno de los modos anormales de extinguir la relación procesal. En ese sentido, la Sala Político Administrativa, en relación a la perención de la instancia, declaró en sentencia número 01279 del 7 de noviembre de 2013:

La perención de la instancia constituye un mecanismo anómalo de terminación del proceso, en el sentido de que el pronunciamiento proferido por el operador de justicia que declare la perención no produce cosa juzgada material, pudiendo el accionante interponer nuevamente la acción en similares términos como fue propuesta anteriormente, siempre que se encuentre dentro del lapso legal establecido a tales fines.

Al respecto, es criterio reiterado de esta Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, que “(…) la perención de la instancia no extingue la pretensión, pero deja sin efecto el proceso. El efecto de la perención de la instancia no es extinguir el derecho, y no impide que se ejerza de nuevo la acción para reclamarlo” (vid. Sentencias números 43 del 18 de marzo de 2014, 163 del 13 de noviembre de 2013 y 131 del 8 de octubre de 2013).

De conformidad con lo expuesto, esta Sala Electoral observa que en el presente caso, verificado en autos la constancia de las notificaciones ordenadas el 11 de junio de 2015, se libró el cartel de emplazamiento el 07 de noviembre de 2017 (folio 67 del expediente), con la carga procesal de la parte recurrente de retirar, publicar y consignar el referido cartel en el lapso de siete (7) días de despacho siguientes a su expedición, los cuales transcurrieron, así: 08, 09, 13, 14, 15, 16 y 20 de noviembre de 2017. En consecuencia, hasta el 20 de noviembre de 2017 la parte recurrente tenía oportunidad para cumplir con la carga procesal referida.

De igual forma, consta que el 21 de noviembre de 2017, el Juzgado de Sustanciación de esta Sala Electoral ordenó agregar al expediente el original del cartel de emplazamiento librado el 07 de noviembre de 2017 (folio 67 del expediente), lo cual evidencia que la parte recurrente incumplió la carga de retirar el mencionado cartel para su posterior publicación y consignación.

Considerando lo anterior, de conformidad con el artículo 189 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, esta Sala Electoral declara la PERENCIÓN DE LA INSTANCIA, por no existir razones de orden público que justifiquen la continuación del procedimiento. Así se decide”.

Comentario de Acceso a la Justicia: A pesar de que la Sala Electoral (SE) declaró concluido este caso, no tiene nada que ver con la sentencia 260 en la que suspendió a los cuatro diputados. Por tal razón, la situación de los diputados electos en los comicios parlamentarios celebrados en diciembre de 2015 por el estado Amazonas no muestra ningún cambio.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/selec/diciembre/206153-221-71217-2017-2015-000140.HTML

7 claves sobre la “ilegalización” de los partidos políticos anunciada por Maduro


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Luego de las dudas y denuncias de fraude en las elecciones regionales del 15 de octubre, y tras la orden de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) al Consejo Nacional Electoral (CNE) de convocar las elecciones municipales para diciembre, además de solicitar la repetición de los comicios para elegir al gobernador del estado Zulia, la mayoría de los partidos políticos que integran la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) anunció que no participará en ambos procesos por considerar que no hay garantías.

Frente a la decisión de buena parte de la coalición opositora (Acción Democrática, Voluntad Popular, Primero Justicia, Causa R y Alianza Bravo Pueblo), el jefe del comando de campaña del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Jorge Rodríguez, consignó ante el CNE un documento en el que solicitó que se tomen “medidas contra aquellos partidos políticos que impidan el voto y el derecho a la participación del pueblo”.

La petición de Rodríguez fue respaldada por el presidente de la República, Nicolás Maduro, quien advirtió que tanto el CNE como la ANC están obligados a tomar “medidas draconianas” contra  los “partidos que se han ausentado del procedimiento político democrático y electoral” y hasta sugirió que se les inhabilitarán las tarjetas para próximos comicios.

En este nuevo capítulo de la vida político-electoral del país que pone aún más en peligro la libertad, Acceso a la Justicia plantea siete preguntas y respuestas claves para comprender el tema:

  1. ¿Abstenerse de participar en un proceso electoral configura una irregularidad o infracción en la legislación electoral venezolana que acarrea ilegalización de los partidos políticos?

No. En efecto, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) a través de la Sala Electoral (SE) reconoce  expresamente que la abstención o la falta de concurrencia a las elecciones es una forma de expresión del sufragio, tanto pasivo como activo, considerándose, claro está, un avance en materia de derechos políticos.

De hecho, la SE sostuvo en sentencia n.° 29 del 19 de febrero de 2002 que “La noción general del derecho al sufragio alude a la libertad de participar en un proceso electoral, tanto en la condición de elector (sufragio activo) como en la de candidato (sufragio pasivo). En ambas modalidades debe admitirse, además de la posibilidad de elegir y ser elegido, la opción de abstenerse de elegir o presentarse como candidato”.

En este sentido, al no verse socavado el derecho al sufragio ni mucho menos la participación política, la SE admitió que la abstención “no produce efecto jurídico alguno”. De hecho, expresamente afirmó que “configura un fenómeno político que, aunque atenta contra la legitimidad de la elección o decisión que se adopte, en sistemas de elecciones por mayoría simple como el nuestro no produce efecto jurídico alguno. En este sentido, también se admite, aunque no técnicamente, que la abstención es una forma de expresar el sufragio”.

  1. ¿Los partidos políticos están obligados a participar en los procesos electorales?

No. Desde que entró en vigencia la Constitución de 1999 el sufragio, tanto pasivo como activo, es concebido exclusivamente como un derecho. Por tal razón, ninguna organización política está obligada a postular candidatos (sufragio pasivo), ni los electores tienen el deber de concurrir al acto de votación de los procesos electorales convocados por el CNE (sufragio activo).

  1. ¿Es la primera vez que los partidos políticos del país deciden abstenerse de participar en unas elecciones convocadas por el CNE?

No. En 2005 las principales fuerzas de la oposición también decidieron no participar en las elecciones de la Asamblea Nacional (AN) convocadas para el 4 diciembre de ese año, luego de haber quedado en evidencia la parcialización del CNE en el referendo revocatorio del presidente de la República y, sobre todo, por la implementación del Sistema de Autenticación Integral (nombre técnico de las máquinas “captahuellas”) que no brindaba ninguna confianza sobre el secreto, la transparencia y la autenticidad de los comicios parlamentarios.

  1. ¿El CNE puede cancelar a los partidos políticos por abstenerse de participar en las elecciones municipales 2017, inhabilitándolos para las elecciones presidenciales de 2018?

Absolutamente  no.  La falta de concurrencia a una elección, según la legislación electoral,  no se encuadra como infracción, delito o falta electoral.  A esto habría que añadir que, dada la concepción del sufragio como derecho en el artículo 63 de la Constitución, es más bien una conducta totalmente permitida en el país, por lo que el CNE debería actuar con objetividad e imparcialidad y no hacer nada al respecto.

Sancionar a las organizaciones partidistas por una conducta no tipificada como delito ni falta electoral implicaría una grave violación a los derechos electorales ciudadanos, especialmente a la libertad de la participación política (artículo 62 constitucional), el  derecho al sufragio (artículo 63) y el derecho de asociación con fines políticos (artículo 67). También infringe el principio constitucional de que no hay delito ni sanción sin ley previa (artículo 49 numeral 7) y el principio de legalidad según el cual ningún órgano del Estado puede actuar si la ley no lo faculta (artículo 137).

  1. ¿Cómo regula la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones la cancelación de los partidos políticos en el país?

Precisamente, el artículo 32 de la citada ley establece de forma elocuente cuatro supuestos a partir de los cuales  pueden los partidos políticos perder su inscripción:

  • Cuando sea solicitado por el propio partido, conforme a sus estatutos internos.
  • Por la fusión o incorporación a otro partido político.
  • Cuando el partido ha dejado de participar en las elecciones, en dos períodos constitucionales sucesivos.
  • Cuando se compruebe que hubo fraude durante la inscripción o que su actuación no estuviere ajustada a las normas legales.
  1. Según la previsión contenida en la letra c del artículo 32 de la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones, ¿es viable su aplicación a los partidos que decidieron no acudir a las elecciones municipales?

No. Este es un supuesto que  resultaría aplicable para cancelar a las organizaciones políticas sólo cuando estas no postulen candidatos en dos elecciones continuas, y está muy claro que los partidos que decidieron abstenerse de participar en las municipales concurrieron a las regionales.

  1. ¿La solicitud entregada al CNE para que tome sanciones en contra de los partidos que expresaron su voluntad de no participar en las municipales es cónsona con el texto constitucional y la legislación electoral? 

No, porque está claro que no busca defender el voto sino restringir e impedir cada vez más el ejercicio de los derechos políticos de los venezolanos, al pretender desvalorizar y extinguir a los partidos políticos opositores y a sus seguidores sólo por protestar la falta de transparencia en los comicios regionales. Es decir, el CNE y el Gobierno no dan garantías de elecciones limpias pero quieren obligar a la participación.

Actos de la ANC carecen de validez ante los ojos del mundo


ONU

Pese a las innumerables protestas contra la propuesta del presidente, Nicolás Maduro y  el centenar de asesinatos hasta la fecha, 10 de ellos en plena jornada electoral, el Gobierno nacional materializó su eslogan el día de ayer, 30 de julio, “La Constituyente Sí va”.

La Asamblea Nacional Constituyente (ANC) tendrá poderes supraconstitucionales, tal como lo han recalcado los altos jerarcas del chavismo. A partir de allí podrá legislar, por encima del parlamento nacional, destituir y nombrar funcionarios, entre otras potestades. Ante la inminencia de un Estado paralelo y un “arrase” contra todo lo que implique oposición al proyecto socialista del gobierno mediante métodos ajenos a la Carta Magna, la comunidad internacional hizo la salvedad de que no reconocería los resultados de los comicios de este 30 de julio en nuestro país. Incluso, mucho antes de que la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE) Tibisay Lucena, asegurara que el total de votos obtenidos por los candidatos a la ANC sumaron 8 millones 089 mil 320.

El viernes, fue el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, quien advertía del origen “espurio” de la convocatoria a la ANC, al no haberse realizado un referendo para que la aprobara el pueblo. Las características del proceso comicial en sí: candidatos de una sola tendencia política, ausencia de garantías como la tinta indeleble, máquinas capta huellas, observadores internacionales imparciales, auditorias previas ni posteriores, no publicación del padrón electoral, uso irregular del carnet de la patria en el acto de sufragio, celebración anticipada de los voceros pro gobierno ante una supuesta afluencia masiva de votantes,  amenazas a los medios de comunicación que mostraran centros electorales vacíos y la fuerte represión por parte de las fuerzas de seguridad contra las manifestaciones de calle,  generó un efecto dominó el domingo con pronunciamientos internacionales de desconocimiento por parte de Perú, Argentina, Brasil, México, Chile, Paraguay, Costa Rica, Suiza, España, Reino Unido y la Unión Europea, además de Estados Unidos que ya había amenazado con sanciones económicas.

Sucesivamente, Alemania rechazó este lunes el “uso desproporcionado de la fuerza” contra quienes salieron a protestar este domingo en todo el país, con mayor intensidad en los estados Mérida, Táchira, Lara y Distrito Capital.  La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos denunció igualmente hoy al gobierno de Venezuela por dispersar de forma “violenta”  las manifestaciones, lo cual trajo como consecuencia la muerte de personas, cuyos homicidios pidió, se investigaran de forma objetiva e independiente. Italia por su parte solicitó más diálogo entre los bandos políticos en pugna.

Ante estas manifestaciones, el gobierno ha restado méritos a la queja internacional, calificando los gobiernos que se han manifestado contra la ANC como pro imperialistas, lo que significa a su entender que no son realmente representativos de sus pueblos, a diferencia del de Venezuela, quien según el potencial presidente de la ANC, Diosdado Cabello, sí acompañan los ideales de la revolución bolivariana.

Políticamente, la gestión de Maduro podría mostrarse despreocupada, pero económicamente, según expertos, no convendría a nuestro país un aislamiento internacional porque agravaría aún más la prolongada crisis de escasez de alimentos y medicamentos que padecen los venezolanos.

Además, los actos emanados de la ANC, que pretenderá el Ejecutivo defender con una “dudosa” mayoría y probablemente con el uso de la fuerza, no gozan del reconocimiento nacional e internacional y al carecer de legitimidad desde su origen, adolecen de validez jurídica.

Sin embargo, esto no significa que no se hagan valer, aunque sea por la fuerza, o a través de otras autoridades, en principio, elegidas democráticamente como el Presidente de la República, que además por ahora son reconocidas internacionalmente, a pesar de su constante violación de la Constitución y de normas de derechos humanos tanto nacionales, como internacionales.