7 claves sobre la “ilegalización” de los partidos políticos anunciada por Maduro


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Luego de las dudas y denuncias de fraude en las elecciones regionales del 15 de octubre, y tras la orden de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) al Consejo Nacional Electoral (CNE) de convocar las elecciones municipales para diciembre, además de solicitar la repetición de los comicios para elegir al gobernador del estado Zulia, la mayoría de los partidos políticos que integran la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) anunció que no participará en ambos procesos por considerar que no hay garantías.

Frente a la decisión de buena parte de la coalición opositora (Acción Democrática, Voluntad Popular, Primero Justicia, Causa R y Alianza Bravo Pueblo), el jefe del comando de campaña del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Jorge Rodríguez, consignó ante el CNE un documento en el que solicitó que se tomen “medidas contra aquellos partidos políticos que impidan el voto y el derecho a la participación del pueblo”.

La petición de Rodríguez fue respaldada por el presidente de la República, Nicolás Maduro, quien advirtió que tanto el CNE como la ANC están obligados a tomar “medidas draconianas” contra  los “partidos que se han ausentado del procedimiento político democrático y electoral” y hasta sugirió que se les inhabilitarán las tarjetas para próximos comicios.

En este nuevo capítulo de la vida político-electoral del país que pone aún más en peligro la libertad, Acceso a la Justicia plantea siete preguntas y respuestas claves para comprender el tema:

  1. ¿Abstenerse de participar en un proceso electoral configura una irregularidad o infracción en la legislación electoral venezolana que acarrea ilegalización de los partidos políticos?

No. En efecto, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) a través de la Sala Electoral (SE) reconoce  expresamente que la abstención o la falta de concurrencia a las elecciones es una forma de expresión del sufragio, tanto pasivo como activo, considerándose, claro está, un avance en materia de derechos políticos.

De hecho, la SE sostuvo en sentencia n.° 29 del 19 de febrero de 2002 que “La noción general del derecho al sufragio alude a la libertad de participar en un proceso electoral, tanto en la condición de elector (sufragio activo) como en la de candidato (sufragio pasivo). En ambas modalidades debe admitirse, además de la posibilidad de elegir y ser elegido, la opción de abstenerse de elegir o presentarse como candidato”.

En este sentido, al no verse socavado el derecho al sufragio ni mucho menos la participación política, la SE admitió que la abstención “no produce efecto jurídico alguno”. De hecho, expresamente afirmó que “configura un fenómeno político que, aunque atenta contra la legitimidad de la elección o decisión que se adopte, en sistemas de elecciones por mayoría simple como el nuestro no produce efecto jurídico alguno. En este sentido, también se admite, aunque no técnicamente, que la abstención es una forma de expresar el sufragio”.

  1. ¿Los partidos políticos están obligados a participar en los procesos electorales?

No. Desde que entró en vigencia la Constitución de 1999 el sufragio, tanto pasivo como activo, es concebido exclusivamente como un derecho. Por tal razón, ninguna organización política está obligada a postular candidatos (sufragio pasivo), ni los electores tienen el deber de concurrir al acto de votación de los procesos electorales convocados por el CNE (sufragio activo).

  1. ¿Es la primera vez que los partidos políticos del país deciden abstenerse de participar en unas elecciones convocadas por el CNE?

No. En 2005 las principales fuerzas de la oposición también decidieron no participar en las elecciones de la Asamblea Nacional (AN) convocadas para el 4 diciembre de ese año, luego de haber quedado en evidencia la parcialización del CNE en el referendo revocatorio del presidente de la República y, sobre todo, por la implementación del Sistema de Autenticación Integral (nombre técnico de las máquinas “captahuellas”) que no brindaba ninguna confianza sobre el secreto, la transparencia y la autenticidad de los comicios parlamentarios.

  1. ¿El CNE puede cancelar a los partidos políticos por abstenerse de participar en las elecciones municipales 2017, inhabilitándolos para las elecciones presidenciales de 2018?

 Absolutamente  no.  La falta de concurrencia a una elección, según la legislación electoral,  no se encuadra como infracción, delito o falta electoral.  A esto habría que añadir que, dada la concepción del sufragio como derecho en el artículo 63 de la Constitución, es más bien una conducta totalmente permitida en el país, por lo que el CNE debería actuar con objetividad e imparcialidad y no hacer nada al respecto.

Sancionar a las organizaciones partidistas por una conducta no tipificada como delito ni falta electoral implicaría una grave violación a los derechos electorales ciudadanos, especialmente a la libertad de la participación política (artículo 62 constitucional), el  derecho al sufragio (artículo 63) y el derecho de asociación con fines políticos (artículo 67). También infringe el principio constitucional de que no hay delito ni sanción sin ley previa (artículo 49 numeral 7) y el principio de legalidad según el cual ningún órgano del Estado puede actuar si la ley no lo faculta (artículo 137).

  1. ¿Cómo regula la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones la cancelación de los partidos políticos en el país?

Precisamente, el artículo 32 de la citada ley establece de forma elocuente cuatro supuestos a partir de los cuales  pueden los partidos políticos perder su inscripción:

  • Cuando sea solicitado por el propio partido, conforme a sus estatutos internos.
  • Por la fusión o incorporación a otro partido político.
  • Cuando el partido ha dejado de participar en las elecciones, en dos períodos constitucionales sucesivos.
  • Cuando se compruebe que hubo fraude durante la inscripción o que su actuación no estuviere ajustada a las normas legales.
  1. Según la previsión contenida en la letra c del artículo 32 de la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones, ¿es viable su aplicación a los partidos que decidieron no acudir a las elecciones municipales?

No. Este es un supuesto que  resultaría aplicable para cancelar a las organizaciones políticas sólo cuando estas no postulen candidatos en dos elecciones continuas, y está muy claro que los partidos que decidieron abstenerse de participar en las municipales concurrieron a las regionales.

  1. ¿La solicitud entregada al CNE para que tome sanciones en contra de los partidos que expresaron su voluntad de no participar en las municipales es cónsona con el texto constitucional y la legislación electoral? 

No, porque está claro que no busca defender el voto sino restringir e impedir cada vez más el ejercicio de los derechos políticos de los venezolanos, al pretender desvalorizar y extinguir a los partidos políticos opositores y a sus seguidores sólo por protestar la falta de transparencia en los comicios regionales. Es decir, el CNE y el Gobierno no dan garantías de elecciones limpias pero quieren obligar a la participación.

Actos de la ANC carecen de validez ante los ojos del mundo


ONU

Pese a las innumerables protestas contra la propuesta del presidente, Nicolás Maduro y  el centenar de asesinatos hasta la fecha, 10 de ellos en plena jornada electoral, el Gobierno nacional materializó su eslogan el día de ayer, 30 de julio, “La Constituyente Sí va”.

La Asamblea Nacional Constituyente (ANC) tendrá poderes supraconstitucionales, tal como lo han recalcado los altos jerarcas del chavismo. A partir de allí podrá legislar, por encima del parlamento nacional, destituir y nombrar funcionarios, entre otras potestades. Ante la inminencia de un Estado paralelo y un “arrase” contra todo lo que implique oposición al proyecto socialista del gobierno mediante métodos ajenos a la Carta Magna, la comunidad internacional hizo la salvedad de que no reconocería los resultados de los comicios de este 30 de julio en nuestro país. Incluso, mucho antes de que la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE) Tibisay Lucena, asegurara que el total de votos obtenidos por los candidatos a la ANC sumaron 8 millones 089 mil 320.

El viernes, fue el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, quien advertía del origen “espurio” de la convocatoria a la ANC, al no haberse realizado un referendo para que la aprobara el pueblo. Las características del proceso comicial en sí: candidatos de una sola tendencia política, ausencia de garantías como la tinta indeleble, máquinas capta huellas, observadores internacionales imparciales, auditorias previas ni posteriores, no publicación del padrón electoral, uso irregular del carnet de la patria en el acto de sufragio, celebración anticipada de los voceros pro gobierno ante una supuesta afluencia masiva de votantes,  amenazas a los medios de comunicación que mostraran centros electorales vacíos y la fuerte represión por parte de las fuerzas de seguridad contra las manifestaciones de calle,  generó un efecto dominó el domingo con pronunciamientos internacionales de desconocimiento por parte de Perú, Argentina, Brasil, México, Chile, Paraguay, Costa Rica, Suiza, España, Reino Unido y la Unión Europea, además de Estados Unidos que ya había amenazado con sanciones económicas.

Sucesivamente, Alemania rechazó este lunes el “uso desproporcionado de la fuerza” contra quienes salieron a protestar este domingo en todo el país, con mayor intensidad en los estados Mérida, Táchira, Lara y Distrito Capital.  La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos denunció igualmente hoy al gobierno de Venezuela por dispersar de forma “violenta”  las manifestaciones, lo cual trajo como consecuencia la muerte de personas, cuyos homicidios pidió, se investigaran de forma objetiva e independiente. Italia por su parte solicitó más diálogo entre los bandos políticos en pugna.

Ante estas manifestaciones, el gobierno ha restado méritos a la queja internacional, calificando los gobiernos que se han manifestado contra la ANC como pro imperialistas, lo que significa a su entender que no son realmente representativos de sus pueblos, a diferencia del de Venezuela, quien según el potencial presidente de la ANC, Diosdado Cabello, sí acompañan los ideales de la revolución bolivariana.

Políticamente, la gestión de Maduro podría mostrarse despreocupada, pero económicamente, según expertos, no convendría a nuestro país un aislamiento internacional porque agravaría aún más la prolongada crisis de escasez de alimentos y medicamentos que padecen los venezolanos.

Además, los actos emanados de la ANC, que pretenderá el Ejecutivo defender con una “dudosa” mayoría y probablemente con el uso de la fuerza, no gozan del reconocimiento nacional e internacional y al carecer de legitimidad desde su origen, adolecen de validez jurídica.

Sin embargo, esto no significa que no se hagan valer, aunque sea por la fuerza, o a través de otras autoridades, en principio, elegidas democráticamente como el Presidente de la República, que además por ahora son reconocidas internacionalmente, a pesar de su constante violación de la Constitución y de normas de derechos humanos tanto nacionales, como internacionales.

Informe de seguimiento del EPU (2016- abril 2017)


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En vista de la realidad tan constantemente cambiante en Venezuela en el plano jurídico y político, donde el Poder Judicial es el principal protagonista, Acceso a la Justicia ha elaborado un informe sobre el periodo 2016-abril 2017, como seguimiento al informe presentado ante la ONU con ocasión del Examen Periódico Universal relativo al periodo 2011-2015. Aquí puedes leer el informe 2016-abril 2017 en español (Seguimiento EPU Vzla), un resumen de ese informe en español (folleto poder judicial brazo ejecutor de la dictadura), el mismo informe en inglés (Follow up UPR (2016-april 2017) y un resumen de ese informe en inglés (Executive Summary of the follow up UPR (2016-april 2017). También ponemos a tu disposición un video sobre lo ocurrido en abril 2017 en el marco de las masivas protestas ocurridas a raíz de las sentencias 155 y 156 del Tribunal Supremo de Justicia en que disolvió la Asamblea Nacional y se sustituyó en sus funciones.

 

Constitucionalidad del Decreto de convocatoria a Asamblea Nacional Constituyente


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Sala: Constitucional

Tipo De Recurso: Nulidad

Nº Exp: 2017-0610      TSJ/SC Nº Sent: 455      Fecha: 12-06-2017

Caso: Recurso de nulidad por razones de inconstitucionalidad del Decreto Presidencial Nº 2.878, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, número 41.156 del 23 de mayo de 2017, que establece “inconstitucionalmente las bases comiciales para la Asamblea Nacional Constituyente, (…)”, de conformidad con lo establecido en los artículos 335 y 350 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el 25 cardinal 3 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.

Decisión: COMPETENTE para conocer el recurso de nulidad por razones de inconstitucionalidad del Decreto Presidencial Nº 2.878, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, número 41.156 del 23 de mayo de 2017.  ADMITE el presente recurso.   La URGENCIA del caso.  La CONSTITUCIONALIDAD del Decreto Presidencial Nº 2.878, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, número 41.156 del 23 de mayo de 2017. SIN LUGAR el presente recurso de nulidad por razones de inconstitucionalidad del Decreto Presidencial Nº 2.878, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, número 41.156 del 23 de mayo de 2017, interpuesto por el abogado Emilio José Urbina Mendoza.  Se ORDENA la PUBLICACIÓN del  presente fallo en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, en la Gaceta judicial y en la página web de este Tribunal Supremo de Justicia.

Extracto:

“Examinemos sucintamente los vicios denunciados:

  1. a)     En relación con el Primer Considerando del Decreto N° 2.878, esta Sala debe advertir que si bien los considerandos pueden servir como base axiológica de un acto normalmente de naturaleza administrativa o de una declaración de principios, no forma parte del texto de tal acto. La parte normativa y vinculante del acto en cuestión está en el propio Decreto o en la Resolución.

Al no tener un contenido normativo y referir a razones precedentes al acto, usualmente tienen un valor relevante cuando invocan la potestad competencial, no conteniendo en absoluto propuestas vinculantes para el órgano encargado de la elaboración del nuevo texto fundamental.

Por otra parte, cuando se hace referencia a la Nación venezolana, estamos enmarcados dentro de la teoría clásica francesa que asimila el Estado a la Nación. Como nos refiere el Dr. Humberto J. LA ROCHE en su texto de Derecho Constitucional (Tomo I. Parte General. Valencia. Vadell Hermanos Editores. 1999; pág. 277), en apoyo de esta posición, expone que Carré de Malberg decía que “el principio de la soberanía nacional no puede ser a la vez un atributo del Estado y de la Nación, y que la Nación no puede ser soberana al mismo tiempo que el Estado, sino con la condición de que formen una sola y única persona”. En definitiva, la Nación es un concepto esencialmente sociológico: no existe jurídicamente y no es sujeto de derecho, ni titular de la soberanía, sino en la medida en que se encuentra organizada por el estatuto estatal. Como dice LA ROCHE, “la Nación no es la substancia del régimen estatal sino su destinatario” (idem).

Si no se realiza esta asimilación, no existirían en el mundo Estados compuestos (federales, confederados) ni unitarios “multinacionales”, como China.

En todo caso, menciones como la impugnada en un “Considerando”, son irrelevantes a los efectos de examinar la constitucionalidad del acto (decreto), salvo si se tratara del fundamento constitucional de su competencia; así se decide.  

  1. b)    En relación con la segunda denuncia, no advierte la Sala violación alguna del contenido del artículo 4 del Título I de la Constitución vigente. Dicha disposición ratifica el carácter federal descentralizado de la República Bolivariana de Venezuela, “en los términos consagrados en esta Constitución”.

Se sabe que el régimen federal venezolano tiene rasgos particulares que lo alejan de un Estado Federal clásico. Por ejemplo, desde 1945 el Poder Judicial es nacional (no estadal) y en la Carta de 1999 se eliminó el Senado, como Cámara representante de los estados como entidades federativas. Por otra parte, no se advierte en este artículo referencia alguna al carácter universal del sufragio. Así se declara. 

  1. c)       Esta Sala, insiste, no observa del Decreto impugnado una violación al modelo federal venezolano. De los argumentos desarrollados como fundamento de esta denuncia de violación, el recurrente propone asumir el itinerario electoral previsto en la Ley Orgánica de Procesos Electorales para las elecciones de los cuerpos colegiados.

Obviamente, la conformación de un cuerpo o convención constituyente es diferente, por sus propios objetivos, a la elección e integración de un concejo municipal, un consejo legislativo estadal o la Asamblea Nacional.

Las normas que regulan la materia están contenidas en las Bases Comiciales que corresponde presentarlas al convocante. El Constituyente sólo hizo referencia en el Capítulo III del Título IX, a la titularidad del poder constituyente originario: el pueblo de Venezuela (artículo 347); y a los funcionarios y ciudadanos que pueden ejercer la iniciativa de convocatoria en ejercicio de dicha soberanía (artículo 348). Si bien no hay referencia alguna a la Bases Comiciales en el articulado del Capítulo III, en la Constituyente de 1999 tal carga le correspondió al Convocante y fue objeto de recursos jurisdiccionales y del control del Consejo Nacional Electoral, lo cual se ha dado en similares términos en la presente oportunidad. Así se decide.     

  1. d)     En cuanto a la falta de consulta popular de las Bases Comiciales de 2017, la Sala ratifica lo decido en relación con el recurso de interpretación de los artículos 347 y 348 constitucionales, en  su decisión 378/2017, por lo cual resulta inoficiosa pronunciarse de nuevo sobre este punto. Así se declara.
  2. e)      En lo referente a la presunta usurpación de la soberanía popular por la soberanía territorial, en vista de que los constituyentes territoriales representarán a municipios y no a ciudadanos; es preciso una vez más hablar de la naturaleza de este proceso constituyente y a los principios que caracterizan al Estado democrático y social de derecho y de justicia.

El artículo 5 de la Constitución vigente establece que la titularidad de la soberanía reside en el pueblo. Pero hay dos modalidades para su ejercicio: la democracia directa (ejercicio directo de la soberanía en la forma prevista en esta Constitución y en la ley); y la democracia indirecta, que es ejercida mediante el sufragio, por los órganos que ejercen el Poder Público.

La democracia directa se ejerce mediante los medios de participación y protagonismo del pueblo en ejercicio de su soberanía. Estos medios se mencionan en el artículo 70 constitucional y la “ley establecerá las condiciones para el efectivo funcionamiento de los medios de participación previstos en este artículo”. Múltiples son las modalidades de democracia directa que el Constituyente previó expresamente (como los referendos) y otros han sido desarrollados en las leyes del Poder Popular. Aunque los mecanismos de ejercicio directo de la soberanía no exigen en principio el mecanismo del sufragio, en algunos casos es necesario utilizar los comicios, normalmente universales, directos y secretos, en virtud del carácter masivo de algunas comunidades. Lo que sí es imprescindible advertir es que en la democracia directa, que implica la organización de grupos humanos según su especialidad laboral, profesional, su condición social, la necesidad de su especifidad étnica o cultural o la especial protección que requiere una discapacidad física, motora o etaria; hace que el convocante pueda y/o deba resaltar tales circunstancias para que su participación y sus derechos no se “pierdan” en la masa.

En la Constitución de 1999 el único artículo que garantiza la democracia no es el 63.  En efecto, el artículo 63 garantiza en primer término la personalización del sufragio; y si bien el de representación proporcional es también reconocido, no podemos olvidar que estamos en presencia de un Estado federal particular que, al haber eliminado el Senado, ha instrumentado mecanismos para así asegurar en lo posible la igualdad de las entidades territoriales al margen del elemento cuantitativo de la población. Por ejemplo, el artículo 168 constitucional pauta que “cada entidad federal elegirá, además, tres diputados o diputadas”.

Estos tres (3) diputados no tienen que ver con la base poblacional, es decir, que le corresponden tanto al Zulia o Miranda, como a Amazonas o Delta Amacuro.

Quiere significar la Sala, que de las Bases Comiciales se evidencia un mecanismo eleccionario particular que pretende una integración de la Asamblea Nacional Constituyente que respeta el artículo 62, base de la democracia participativa y protagónica; que contemple la personalización del sufragio, uno de los pilares de nuestra soberanía electoral, pero además, que garantice una adecuada representación territorial, a los fines de incorporar efectivamente a cada uno de los municipios que integran la República, en atención a su condición de “unidad política primaria de la organización nacional” (artículo 168 eiusdem).

Ningún sistema electoral es puro, siempre es mixto y el propuesto, que no está obligado a seguir a la Ley Orgánica de Procesos Electorales, es una modalidad que busca la personalización del sufragio y la representación nacional, a través de la unidad política fundamental: el municipio.  Asimismo, la representación sectorial está en la base de la democracia directa, contemplada en la Constitución y desarrollada por el legislador (ver sentencia n° 355 del 16 de mayo de 2017). Así se declara.            

  1. f)      El convocante de la Constituyente tiene la libertad de proponer las “Bases Comiciales”, en atención a lo expuesto supray al principio del paralelismo de las formas (en lo que respecta al proceso constituyente de 1999). En esta etapa inicial, antes de la elección de los constituyentistas, dos poderes constituidos examinan desde su competencia la iniciativa y sus bases comiciales: el Poder Electoral y el Poder Judicial. En este examen deben tenerse como guía los límites contenidos en el artículo 350 de la Constitución: No hay evidencia alguna de violación de los mismos y la configuración de las bases comiciales sólo debe respetar las garantías democráticas, que se aseguran, entre otros, con el respeto del principio de la personalización del sufragio; la adecuada representación territorial, para que todos los municipios tengan voz y voto y el resultado de la Asamblea no implique la imposición de unos pocos estados cuantitativamente mayoritarios; la participación de sectores representativos de los cuerpos sociales que hagan realidad la democracia directa y los medios de participación y protagonismo del pueblo y de sus integrantes individuales (participación territorial) y comunitarios (participación sectorial).

El principio de representación proporcional, eje de la democracia política representativa, debe hacerse compatible con los mecanismos propios de la democracia participativa y protagónica. Y así como el gobierno democrático en los términos del artículo 2 eiusdem es constitucionalmente relevante, también lo es garantizar los principios contenidos en el artículo 4, que exige no sólo el respeto de nuestro modelo particular de Estado federal, sino “los principios de integridad territorialcooperaciónsolidaridadconciencia y corresponsabilidad” (subrayado de este fallo), de los entes que integran la federación. Entre las posibilidades técnicas que implican el diseño de las bases comiciales para una Asamblea Constituyente hay que ponderar, al lado del principio clásico de la soberanía popular (Rousseau), la estructura del Estado y el principio de la soberanía nacional, sin lo cual corre riesgo la integridad del país.

  1. g)    El proyecto de “Bases Comiciales” respeta, en criterio de esta Sala, el concepto de la democracia participativa y el sufragio universal, directo y secreto. En efecto, sobre el concepto de democracia plasmado en el texto fundamental de 1999, ya hemos advertido que tiene mecanismos de democracia directa que facultan la presencia privilegiada de sectores sociales cuyo protagonismo ha sido destacado por el legislador, en particular a través de las leyes del poder popular.

Por otra parte, es digno de destacar que la escogencia de los constituyentistas deberá hacerse “en el ámbito territorial y sectorial, mediante el voto universal, directo y secreto”  (artículo Primero del Decreto. Extracto y subrayado de este fallo). En consecuencia, esta Sala no advierte violación alguna del principio constitucional del sufragio. Así se declara.”  

Comentario de Acceso a la Justicia: Mediante sentencia N° 455 la SC declara la constitucionalidad del decreto del Presidente de la República a través del cual convoca a una Asamblea Nacional Constituyente e impone, de forma falaz, la idea de que el Presidente no usurpa la soberanía popular con el sistema electoral establecido (votación sectorial y territorial)  para la escogencia de los constituyentes.

Se trata de otra interpretación al margen de la Carta Fundamental que denota el grosero desconocimiento de principios y valores democráticos.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/junio/199906-455-12617-2017-2017-0610.HTML    

 

TSJ: La democracia participativa es superior a la representativa


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El 16 de mayo, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) dictó la sentencia 355 mediante la cual se declararon inadmisibles cinco recursos de nulidad contra la Reforma de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal de 2010 que eliminó las Juntas Parroquiales e introdujo las Juntas Parroquiales Comunales.

La directora de la ONG Acceso a la Justicia, Laura Louza, advirtió en el programa Al Derecho transmitido el sábado 27 de mayo por Radio Fe y Alegría 103.1 FM Guayana que con la decisión, la cabeza del poder judicial declaró conforme a derecho la institución de las Comunas, no previstas en la Constitución, y con ellas las juntas parroquiales comunales, así como la escogencia  de sus representantes  mediante una elección de segundo grado; propuesta similar a la votación sectorial para seleccionar a los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente.

“Hace mucho ruido que luego de 6 años de intentarse varios recursos de nulidad contra la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, es cuando el TSJ se pronuncia. Llama la atención porque hasta ahora no había dicho nada de este modelo de Estado y ahora dice la sentencia que la Comuna y la junta parroquial comunal que prevé la ley es válida y que incluso la participación política es superior al voto porque es una forma de democracia directa o participativa que es superior a la representativa”, explicó.

La abogada constitucionalista recordó que la Carta Democrática Interamericana de la Organización de Estados Americanos (OEA) establece que es muy importante la representatividad, es decir, el derecho al voto para que los ciudadanos elijan a sus representantes, para que haya verdadera democracia, dado que la participación es complementaria.

“La Constitución establece cuáles son los órganos de división territorial y organización política del Estado y la Comuna no aparece entre ellos, por lo tanto no es una figura válida. El municipio es la división más cercana al pueblo.  También debemos recordar que la propuesta de las Comunas formó parte de la reforma constitucional que el pueblo rechazó en el referendo de 2007”, añadió.

Sin pueblo no hay Constituyente


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La desesperación es mala consejera, dice el dicho popular, y más cuando escuchar al pueblo no es una posibilidad sino una obligación. Tal es el caso del poder constituyente, esto es, el poder originario que da forma al Estado y al derecho. En nuestro caso, mediante el decreto 2.830, el presidente de la República convocó a una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) pero sin pensar en su obligación de convocar al pueblo para saber si quiere o no una nueva constitución.

Queremos empezar el análisis destacando que para hacerlo no hace falta ser abogado sino utilizar simplemente la lógica. Así, el artículo 347 dice expresamente lo siguiente: “El pueblo de Venezuela es el depositario del poder constituyente originario. En ejercicio de dicho poder, puede convocar una Asamblea Nacional Constituyente con el objeto de transformar el Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva Constitución”. Es decir, la propia Constitución reconoce, sin duda alguna, que la convocatoria la hace el pueblo, y no menciona a nadie más. A nadie.

Del mismo modo, el texto citado dice claramente que la Constituyente es para hacer “una nueva Constitución”, no para reformarla o enmendarla.

Luego, el artículo 348, hace una distinción respecto al anterior, pues si el ya citado dice quién convoca, este artículo indica quién tiene la iniciativa para convocar a ese “depositario del poder constituyente” y así señala literalmente lo siguiente:

“La iniciativa de convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente podrán tomarla el Presidente o Presidenta de la República en Consejo de Ministros; la Asamblea Nacional, mediante acuerdo de la dos terceras partes de sus integrantes; los Consejos Municipales en cabildos, mediante el voto de las dos terceras partes de los mismos; y el quince por ciento de los electores inscritos y electoras en el registro electoral”.

Entonces, resulta de la propia letra de la Constitución que una cosa es la iniciativa para convocar y otra es la convocatoria en sí misma, que sólo la hace el pueblo.

Lo anterior no es un leguleyismo, es la base misma de una democracia, que para serlo debe descansar en la voluntad del pueblo y sólo del pueblo. Una Constitución es la ley fundamental de un país, con rango superior al resto de las leyes, que define cómo va a ser gobernado y el régimen de los derechos y libertades de los ciudadanos. ¿A quién se le ocurre que a este pacto social fundamental una de las partes de él no sean invitados a opinar?

Lo dicho obliga a concluir entonces que el decreto 2.830 es un fraude por cuanto usurpa la voluntad del pueblo que es el único que puede convocar una Constituyente. Ante esto, se nos ha dicho que la Constituyente es “una generosidad del Presidente”, o peor aún que “es un derecho del presidente” y que “el que toma la iniciativa dice cuáles son las condiciones”.

El simple hecho de ver el poder como un derecho lo dice todo de quien hace tan grave afirmación, pues el ejercicio del poder es una potestad para servir a los ciudadanos, es un mandato de estos, y por lo mismo temporal y revocable.

En consecuencia, no es cierto que el presidente pueda convocar a una ANC, ya que no se trata de un acto producto de su gracia y mucho menos es un derecho de ese funcionario.

¿Y a ti venezolano, cómo te afecta?

Cuando se usurpa el poder constituyente al pueblo, todos los ciudadanos somos afectados en nuestro ejercicio legítimo del poder originario, que sólo descansa en nosotros, por lo que al usurparse el mismo, se destruyen las bases mismas de la democracia, y recordemos que donde no hay democracia, los derechos son una dádiva del poder.

¿Qué es la tiranía?


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“El tirano es el que se mete contra las leyes a gobernar según ellas; y el déspota es el que se hace superior a las mismas leyes. Así el tirano puede dejar de ser déspota; pero el déspota es siempre tirano”.

Jean Jacques Rousseau

Tiranía siempre ha sido una mala palabra. En Grecia, de donde proviene, inicialmente describía a quien usurpaba el poder, quien llegaba a él por medios ilegítimos; luego los filósofos griegos, entre ellos Platón, pasaron a darle a la palabra la connotación de arbitrariedad y despotismo con la que la conocemos ahora.

Incluso en el caso de los romanos, que no eran precisamente muy demócratas, la acumulación de poder en una persona era vista con malos ojos, y aunque en la era republicana estaba prevista la figura del dictador, su duración no podía ser mayor de seis meses renovables por otros seis. De hecho, tan no era querida la figura que el dictador más famoso entre los romanos fue Cincinato, precisamente por serlo el menor tiempo posible, pues aunque lo fue dos veces, renunció en ambos casos luego de quince y veintiún días respectivamente, en cuanto pudo resolver las crisis que originaron su nombramiento, aunque legalmente podía quedarse como dictador por los seis meses por los había sido nombrado. Por este desapego al poder absoluto Cincinato fue considerado un ejemplo de los valores republicanos. Efectivamente, esta rareza de desprecio al poder absoluto merece mucho respeto y admiración.

Luego, en Las siete partidas de Alfonso X El Sabio, hace más de ocho siglos, se resumen los tres elementos sobre los que descansa toda tiranía, a saber: fomentar la ignorancia del pueblo para acobardarlo; dividirlo para fomentar la desconfianza y así nadie confíe en nadie; y finalmente, fomentar la pobreza para que haya una dependencia perpetua a favor del tirano. ¿Nos suena conocido?

Ya en la modernidad John Locke, siguiendo a la tradición clásica, define la tiranía como “el ejercicio del poder más allá del derecho, donde nadie tiene derecho; y este haciendo uso de la fuerza que tiene en sus manos, no lo usa para el bien de los que están debajo de él, sino para su propia ventaja”.

Hemos de distinguir en este momento entre una monarquía y una tiranía, pues no son sinónimos, pues aun las monarquías absolutas anteriores a la revolución francesa tenían un cuerpo de leyes que era respetadas y los reyes se cuidaban, por lo general, de hacer cambios drásticos a las mismas; de hecho, esa dificultad de cambio fue el germen de su fin al no poder adecuarse a la evolución de los tiempos.

Así pues, en el concepto de Locke el tirano es ajeno al derecho, a todo derecho, pues las normas emanan de su voluntad gracias a la fuerza a la que debe su hegemonía.  En consecuencia, el tirano se considera la única fuente de derecho y, por lo mismo, puede cambiarlo cuando así le convenga aunque lo que decida sea o no coherente con lo que antes dijo, naciendo con ello la arbitrariedad, signo de toda tiranía.

En consecuencia, la tiranía no es más que la negación del derecho, pues lo que se pretende no es un orden sino el mantenimiento del tirano en el poder. Lo demás es secundario.

Para acercar la palabra tiranía a nuestros tiempos acudimos al diccionario, quien diligentemente luego de indicarnos que la tiranía es el gobierno ejercido por un tirano, nos explica que consiste en el “abuso o imposición en grado extraordinario de cualquier poder, fuerza o superioridad” (Diccionario de la Real Academia Española).

Ahora bien, no es raro que cada vez que se hable de dictadura en nuestro país se indique que esta idea no calza a la perfección con los regímenes que tradicionalmente nos la recuerdan, como lo son las dictaduras militares de Marcos Pérez Jiménez y Juan Vicente Gómez. En ese sentido debemos empezar diciendo que incluso entre esos regímenes hay grandes diferencias, pues Gómez no era un militar de carrera ni el ejército que lo respaldaba tampoco, mientras que para Pérez Jiménez no había nada más importante que ser un oficial egresado de una academia militar. Pese a ello, los unen esos elementos que recordamos de una dictadura clásica: censura férrea a los medios de comunicación, prohibición de partidos de oposición, falta de voto universal directo y secreto, y una brutal represión a quienes lo adversen.

Comparado con esto, hay quien dice que en un país donde puede decirse que se está en dictadura sin que lo encarcelen no puede ser una dictadura. Esto nos está diciendo simplemente que las formas no democráticas evolucionan con los tiempos, y así como ahora a nadie se le ocurriría decir que detenta el poder por la “gracia de Dios”, como decía Francisco Franco. los modos autocráticos también cambian, pues al ser las sociedades más complejas, los mecanismos de control también se hacen más sofisticados.

Así, en la época de Pérez Jiménez censurar los periódicos era muy fácil, pues eran muy pocos, lo mismo en el caso de las estaciones de radio. Ahora, con el advenimiento de internet y las redes sociales, esto no es posible, por lo que la represión se centra en aquellos medios que llegan masivamente como las televisoras, a través del perverso instrumento de la autocensura (“cállate o te cierro”). El que haya muchas voces opositoras en internet lo que demuestra es que el régimen sabe que hay mucha fragmentación en el mismo, que internet no llega a todos, y que lo importa es aquella información que ven las masas. Esto permite que se puedan dejar algunos medios marginales, como radioemisoras locales o periódicos que cada vez venden menos ejemplares impresos, para dar la falsa impresión de libertad de expresión. En resumen, que una prisión tenga ventanas no la hace menos prisión.

Trayendo todo lo dicho a nuestra realidad actual, debemos decir que mientras el régimen contó el apoyo de los votos, gracias a la chequera petrolera pudo maquillar, malamente, sus formas autoritarias, pero la pérdida de apenas una elección evidenció las graves grietas de una “democracia participativa” que nunca lo fue, pues los siguientes hechos, no meras especulaciones, son contrarios a una democracia:

  • En Venezuela no hay separación de poderes. El Poder Judicial está al servicio del Ejecutivo y no cumple su papel de hacer cumplir la Constitución y los derechos de los ciudadanos.
  • En Venezuela unos magistrados que no cumplen los requisitos para su cargo dieron un golpe de estado y asumieron los poderes de la Asamblea Nacional, y ello no les genera consecuencia alguna.
  • En Venezuela no se sabe cuándo habrá elecciones.
  • En Venezuela, al día de hoy, no se sabe cuáles son la mayoría de los partidos de oposición, pues dependen de una decisión administrativa que nadie conoce todavía.
  • En Venezuela, en medio del caos actual, los medios de comunicación masivos transmiten telenovelas y comiquitas.
  • En Venezuela a todo opositor se le aplica el derecho penal del enemigo, pues por el solo hecho de serlo no se le reconocen los derechos que establece la Constitución sino un régimen represivo que da poderes absolutos a los órganos de seguridad del estado.
  • En Venezuela se cuenta con un derecho paralelo a la Constitución que considera el ejercicio del poder como “derecho”, cuando no es más que un mandato temporal y revocable, y los derechos de los ciudadanos como algo que se tolera mientras el poder no disponga lo contrario.
  • Finalmente, en Venezuela el Gobierno cuenta con fuerzas paramilitares para amedrentar a la población civil cuando considera que no son suficientes las fuerzas armadas.

Entonces, que todavía podamos escribir sobre lo que es una tiranía no cambia la realidad. Y todos sabemos cuál es.

La disolución de la Asamblea Nacional por la Sala Constitucional


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La sentencia Nº 156 del 29 de marzo de 2017 es la estocada final del Tribunal Supremo de Justicia al parlamento venezolano, prácticamente en desaparición por obra ese propio tribunal, cuya función constitucional esencial es paradójicamente resguardar la Constitución y nuestros derechos como ciudadanos (artículo 334), pero que al violarla por atribuirse una competencia no prevista expresamente y trastocar la soberanía popular, pues evidentemente actúa de manera contraria a lo que es su mandato.

Esta sentencia 156/2017 se dicta al día siguiente de la solicitud hecha por representantes de la Corporación Venezolana de Petróleo y en ella, se establece que la Sala Constitucional, o el órgano que ella determine, se sustituye en las funciones de la Asamblea Nacional, por estar la misma en desacato al no haber cumplido con las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia, especialmente de la Sala Electoral, por no haber desincorporado o haberlo hecho, pero no de la manera que se le exigió, a los diputados de Amazonas.

El efecto de la sentencia 156/2017 es disolver el parlamento, una figura no prevista en la Constitución de la manera en que se ejecuta ni es competencia del Tribunal Supremo de Justicia, sino en todo caso del Presidente de la República, (artículo 240), sin que se den tampoco los supuestos para que este lo haga y su consecuencia que sería “la convocatoria de elecciones, para una nueva legislatura dentro de los sesenta días continuos”, no es la que se establece en la sentencia, sino la sustitución (léase usurpación) de las funciones de la Asamblea Nacional por la Sala Constitucional, o el órgano que ella determine.

Se trata sin duda de un golpe de estado, declarado por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.

¿Y a ti venezolano, cómo te afecta?

Los principios básicos de un sistema democrático han sido eliminados con la sentencia 156/2017 de la Sala Constitucional. Esta pretende sustituir un órgano de elección popular, la Asamblea Nacional, cuando esa sala no lo es. Sin representación parlamentaria, no hay manifestación de soberanía popular y sin esta, no hay democracia.