Constitucionalidad de la prórroga del estado de excepción continuado


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Sala: Constitucional

Tipo De Recurso: Solicitud de declaratoria de constitucionalidad

TSJ/SC Nº Sent: 547      Fecha: 25-07-2017

Caso: ciudadano NICOLÁS MADURO MOROS, Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, solicita declaratoria de constitucionalidad del Decreto Nro. 2.987 del 13 de julio de 2017, publicado en la gaceta oficial N° 41.192 de esa misma fecha; de conformidad con lo dispuesto en el artículo 215 de la Constitución.

Decisión: Se declara la constitucionalidad del decreto N° 2.987 del 13 de julio de 2017, publicado en la gaceta oficial N° 41.192 de esa misma fecha.

Extracto:

De lo anterior, se observa que existe y así ha sido reconocido por el órgano legislativo nacional que se mantiene en desacato a las decisiones de este Alto Tribunal, una situación nacional extraordinaria, vinculada a la materia económica, a la seguridad de la Nación y de los ciudadanos y ciudadanas, a la paz social, que afecta el orden constitucional, lo cual exige la toma de medidas excepcionales y oportunas con la finalidad de lograr el restablecimiento de la situación de normalidad social y, por ende, de normalidad conforme a los valores, principios y fines que proyecta la Constitución.

En este sentido, revisado como ha sido el contenido del instrumento jurídico sometido a control constitucional, se observa que se trata de un Decreto cuyo objeto es, a tenor de su artículo 1, es prorrogar por sesenta (60) días, el plazo establecido en el decreto N° 2.849 (analizado en sentencia n° 364/17).

OMISSIS…

Al respecto, como antes se indicó, el Decreto sometido al control de esta Sala plantea desde su primer artículo, que el mismo tiene como objeto prorrogar el decreto n° 2.849 del 13 de mayo de 2017, en el que el Ejecutivo, hace uso de dicha facultad, para disponer de la atribución para adoptar las medidas urgentes, contundentes, excepcionales y necesarias, para asegurar a la población el disfrute pleno de sus derechos, preservar el orden interno, el acceso oportuno a bienes, servicios, aumentos, medicinas y otros productos esenciales para la vida, dadas las situaciones fácticas y jurídicas bajo las cuales es adoptado y los efectos que debe surtir con la inmediatez que impone la gravedad o entidad de las circunstancias vulneradoras que el Poder Público, con facultades extraordinarias temporales derivadas del propio Decreto, pues el Presidente de la República como Jefe de Estado y del Ejecutivo Nacional está en la obligación de atender para restaurar la normalidad en el funcionamiento del sistema socio-económico, para ponderar y garantizar de forma cabal e inaplazable los derechos fundamentales de todos los ciudadanos y ciudadanas.

Por ello, se observa que se trata de un límite y ponderación legítima respecto del ejercicio de algunos derechos y garantías constitucionales, fundado en razones excepcionales, cuyo único propósito es establecer un orden alternativo, temporal y proporcional dirigido a salvaguardar la eficacia del Texto Constitucional y, por ende, la eficacia de los derechos y garantías, en situaciones de anormalidad de tal entidad que comprometan la seguridad de la Nación, de sus habitantes, la armonía social, la vida económica de la Nación, de sus ciudadanos o ciudadanas, así como el normal funcionamiento de los Poderes Públicos y de la comunidad en general.

Observa esta Sala Constitucional que el Decreto n° 2.949 del 13 de mayo de 2017, mediante el cual se declaró el Estado de Excepción y de Emergencia Económica en todo el Territorio Nacional, atiende de forma prioritaria aspectos de seguridad económica, que encuentran razón, además, en el contexto económico latinoamericano y global actual, y resulta proporcional, pertinente, útil y necesario para el ejercicio y desarrollo integral del derecho constitucional a la protección social por parte del Estado, ineludibles para la construcción de una sociedad justa y amante de la paz y para la promoción de la prosperidad y bienestar del pueblo, conforme a lo previsto en el artículo 3 Constitucional.

De allí que se estime ajustado al orden constitucional y por ende procedente, que el Ejecutivo Nacional, constatadas las circunstancias suscitadas y que se mantienen en el espacio geográfico de la República, emplee las medidas amparadas por el decreto bajo estudio, en cumplimiento del deber irrenunciable e ineludible del Estado Venezolano de garantizar el acceso oportuno de la población a bienes y servicios básicos y de primera necesidad, así como el disfrute de sus derechos en un ambiente pleno de tranquilidad y estabilidad, asegurando el derecho a la vida de todos los habitantes de la República Bolivariana de Venezuela.”

Comentario de Acceso a la Justicia: Siguiendo la línea de actuación de Decretos anteriores (este es el décimo primer decreto que se dicta en esta materia) y con fundamento en la supuesta admisión por parte de la Asamblea Nacional de que hay una situación de emergencia económica y crisis institucional en Venezuela, se declara la constitucionalidad y pertinencia de la prórroga por sesenta (60) días más del estado de excepción. Del mismo modo, se hace caso omiso al pronunciamiento de la Asamblea Nacional de no aprobar dicho estado de excepción.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/julio/201452-547-25717-2017-17-0536.HTML

Venezuela debe revocar el decreto de emergencia vigente


COMUNICADO

Venezuela debe revocar el decreto de emergencia vigente

(6 de junio de 2016) – La comunidad internacional debería ejercer presión sobre Venezuela para que revoque el “Decreto de Estado de Excepción y Emergencia Económica” que concedió al gobierno facultades para restringir derechos, suspender la cooperación internacional para organizaciones de la sociedad civil —incluidas aquellas dedicadas a proteger derechos humanos— y limitar las atribuciones constitucionales de la Asamblea Nacional, señalaron hoy 125 organizaciones de derechos humanos y de sociedad civil alrededor del mundo.

Las organizaciones indicaron que estos poderes podrían ser usados para perjudicar gravemente el trabajo que desarrollan las organizaciones de la sociedad civil y para perseguir e intimidar a defensores y defensoras de derechos humanos, y señalaron asimismo que las medidas son incompatibles con la obligación internacional de Venezuela, como miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, de “aplicar las normas más estrictas en la promoción y protección de los derechos humanos”. Las organizaciones instaron a los Estados a plantear estas consideraciones durante el próximo período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que tendrá lugar en junio de 2016, y a los gobiernos de las Américas a efectuar una evaluación seria sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela ante órganos competentes de la Organización de los Estados Americanos (OEA). Los sistemas de derechos humanos de la OEA y las Naciones Unidas deberían pedir a Venezuela que revoque el decreto sobre estado de excepción y emergencia económica, expresaron las organizaciones.

El 13 de mayo de 2016, el Presidente Nicolás Maduro adoptó un decreto de emergencia que declaró el estado de excepción en el país durante 60 días, y concedió a su gobierno la facultad de restringir derechos humanos. Venezuela atraviesa una grave crisis económica, que ha redundado en severos desabastecimientos de medicamentos y otros artículos de primera necesidad, así como en cortes en el suministro de energía eléctrica. El decreto indica que tiene como propósito abordar esta situación.

Sin embargo, el Presidente Maduro sostiene que las medidas de emergencia se adoptan en respuesta a diversos factores preocupantes, incluido un complot extranjero para desestabilizar a su gobierno. El decreto del 13 de mayo autoriza al presidente a “dictar medidas y ejecutar planes de seguridad pública que garanticen el sostenimiento del orden público ante acciones desestabilizadoras”, así como “otras medidas de orden social, ambiental, económico, político y jurídico que estime convenientes”.

Anteriormente, el gobierno del Presidente Maduro ha respondido a supuestas conspiraciones de “desestabilización” reprimiendo las expresiones de disenso y el derecho de libertad de reunión, incluso a través de detenciones arbitrarias de opositores políticos y de críticos, así como del debilitamiento de las garantías contra la tortura. Miembros de las fuerzas de seguridad han recurrido a la fuerza excesiva para dispersar manifestaciones contra el gobierno y, desde julio de 2015, han participado en operativos de seguridad en distintas regiones del país que estuvieron marcados por señalamientos generalizados de abusos contra comunidades en sectores populares y de inmigrantes, como ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias masivas, desalojos sin garantías de debido proceso, destrucción de viviendas y deportaciones arbitrarias.

Las organizaciones sostuvieron que el decreto no cumple con las normas internacionales que permiten la restricción de derechos en situaciones de estado de emergencia. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos estipula que los gobiernos podrán “derogar” o suspender temporalmente algunas de sus obligaciones de derechos humanos declarando el estado de emergencia, pero únicamente ante emergencias públicas que “pongan en peligro la vida de la nación”. Incluso en esos supuestos, los gobiernos solamente podrán dejar en suspenso el cumplimiento de obligaciones de derechos humanos en la medida “estrictamente limitada a las exigencias de la situación”. En cambio, el amplio decreto del Presidente Maduro podría permitir que el gobierno continúe cercenando derechos fundamentales que ya son objeto de constantes embestidas en Venezuela, incluidos los derechos de libertad de asociación, reunión y expresión.

El decreto también ordena al Ministerio de Relaciones Exteriores suspender todos los convenios de cooperación internacional que prevean financiamiento extranjero para personas u organizaciones, cuando “se presuma” su “utilización con fines políticos o de desestabilización de la República”. En un país donde las autoridades han acusado sistemáticamente a representantes de organizaciones de la sociedad civil, incluidos defensores y defensoras de derechos humanos, de desestabilizar la democracia venezolana, este decreto podría, en la práctica, obligar a importantes organizaciones no gubernamentales del país, que dependen del financiamiento exterior para trabajar de manera independiente, a cerrar sus puertas o reducir drásticamente su labor.

Asimismo, el decreto de emergencia permite al presidente impedir que la Asamblea Nacional utilice sus facultades constitucionales para sancionar a funcionaros. La Constitución venezolana concede a la Asamblea Nacional facultades de control sobre el poder ejecutivo, incluida la facultad de las comisiones legislativas de citar a funcionarios para interpelarlos con respecto a sus políticas y prácticas y —en el caso del vicepresidente y los ministros— destituirlos a través de un voto de falta de confianza. El decreto habilita al presidente a “decidir la suspensión temporal” de mecanismos de rendición de cuentas de este tipo, si considera que podrían “vulnerar la seguridad de la Nación” u “obstaculizar la continuidad de la implementación de medidas económicas para la urgente reactivación de la economía nacional, el abastecimiento de bienes y servicios esenciales para el pueblo”.

La Constitución de Venezuela exige que la Asamblea Nacional apruebe los decretos mediante los cuales se dicta un estado de emergencia. La Asamblea Nacional rechazó el nuevo decreto de emergencia el 17 de mayo. No obstante, el Tribunal Supremo de Justicia dispuso en una sentencia de febrero de 2016 que el rechazo por la Asamblea Nacional de decretos que declaren el estado de excepción no “afecta la legitimidad, validez, vigencia y eficacia jurídica de los mismos”.

Desde el copamiento político del Tribunal Supremo por el gobierno en 2004, el poder judicial ha dejado de funcionar como rama independiente de gobierno, y ha validado sistemáticamente políticas y prácticas gubernamentales que incumplen normas internacionales de derechos humanos. La Asamblea Nacional, que durante gran parte de la última década estuvo bajo control oficialista, promulgó reiteradamente “leyes habilitantes” que dieron al Presidente amplias facultades para legislar. La Asamblea Nacional volvió a copar al Tribunal Supremo con magistrados afines al gobierno más recientemente, en diciembre de 2015, para garantizar la continuidad de un tribunal adepto. Desde que en enero de 2016 asumió la nueva composición de la Asamblea Nacional, integrada ahora por mayoría opositora, el Tribunal Supremo ha dictado una serie de pronunciamientos que socavan seriamente su capacidad de legislar.

La sesión de junio del Consejo de Derechos Humanos de la ONU es un momento oportuno y necesario para exigir a Venezuela que revoque este decreto arbitrario e innecesario.

FIRMANTES
Organizaciones internacionales
APT, Asociación para la Prevención de la Tortura
Artículo 19
CCPR, Centro para los Derechos Civiles y Políticos
CIVICUS, Alianza Mundial para la Participación Ciudadana
DPLF, Fundación para el Debido Proceso
HRW, Human Rights Watch
ICJ, Comisión Internacional de Juristas
ISHR, Servicio Internacional de Derechos Humanos
OMCT, Organización Mundial Contra la Tortura
PIDHDD, Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo
CPD, Cooperation for Peace and Development (Afganistán)
ADC, Asociación por los Derechos Civiles (Argentina)
CELS, Centro de Estudios Legales y Sociales (Argentina)
Rainbow Warriors Core Foundation (Aruba)
University of New South Wales (Australia)
Aid Organization (Bangladesh)
UDDYOG Foundation (Bangladesh)
Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia (Bolivia)
Fundación Construir (Bolivia)
LACCASO, Consejo Latinoamericano de Organizaciones con Trabajo en SIDA (Brasil)
Movimento Ficha Verde (Brasil)
Cambodian Development and Research Institute (Camboya)
FAPEFE, Fondation des femmes actives pour la promotion de l´education de la femme et de l´enfant (Camerún)
Voice of Grace Foundation (Camerún)
Gigascope (Canadá)
Universidad de Ottawa (Canadá)
Corporación Humanas (Chile)
Observatorio Ciudadano (Chile)
Comisión Colombiana de Juristas (Colombia)
Dejusticia (Colombia)
IPLEX, Instituto de prensa y libertad de expresión (Costa Rica)
Action et Humanisme (Costa de Marfil)
Climate Reality Project Cote d´Ivoire (Costa de Marfil)
Revolution Congolaise (República Democrática del Congo)
CSMM, Centro de Documentación en Derechos Humanos “Segundo Montes Mozo S.J.” (Ecuador)
INREDH, Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Ecuador)
Action for Solidarity (Estados Unidos)
WOLA, Washington Office on Latin America (Estados Unidos)
Mekelle University (Etiopía)
Kepa (Finlandia)
International Institute for Child Protection (Gambia)
Tamale International Folk High School (Ghana)
SEDEM, Seguridad en Democracia (Guatemala)
Association for Promotion Sustainable Development (India)
Humanity Welfare Forum (India)
India Media Centre (India)
Tata Cummins (India)
Nchekoua Business Consulting Club (Italia)
Women Empowerment Group (Kenia)
SHIBL Movement (Libia)
Abogadas y Abogados para la Justicia y los Derechos Humanos (México)
Centro de Derechos Humanos Miguel Ángel Agustín Pro Juárez, A.C. (México)
Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A. C. (México)
Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A.C. (México)
JOINT, Liga de ONG de Mozambique (Mozambique)
YPDSN, Young Professional Development Society Nepal (Nepal)
Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Nicaragua)
ARIJ, Applied Research Institute – Jerusalem (Palestina)
Consumo Ético (Panamá)
Ágora Espacio Civil Paraguay (Paraguay)
Asociación Pro Derechos Humanos (Peru)
Comisión de Justicia Social de la Diócesis de Chimbote (Peru)
Instituto Peruano de Educación en Derechos Humanos y la Paz (Peru)
Instituto de Defensa Legal (Peru)
IPYS (Peru)
Movimiento Manuela Ramos (Peru)
Observatorio Latinoamericano para la Libertad de Expresión (Peru)
Paz y Esperanza (Peru)
SAHDCG, Social and Humanitarian Development Consultative Group (Sudán)
ALEJO Community Support Project (Zambia)

Organizaciones venezolanas

Acceso a la Justicia
Acción Solidaria en VIH/Sida
ACCSI, Acción Ciudadana Contra el SIDA
Amigos Trasplantados de Venezuela
Asociación Civil Movimiento Vinotinto
AVESA, Asociación Venezolana para una Educación Sexual Alternativa
CECODAP
Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello
Centro de Derechos Humanos de la Universidad Metropolitana
Centro para la Paz y los DDHH – UCV
CEPAZ, Centro Justicia y Paz
CISFEM, Centro de Investigación Social Formación y Estudios de la Mujer
CIVILIS Derechos Humanos
CODEVIDA, Coalición de organizaciones por los derechos a la salud y la vida
COFAVIC, Comité de Familiares de las Víctimas de los Sucesos de febrero-marzo de 1989
Colegio Nacional de Periodistas
Comisión De Justicia y Paz
Comisión Nacional de DDHH de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela
CONVITE
Espacio Público
EXCUBITUS A.C.
Expresión Libre
Federación Nacional de Sociedades de Padres y Representantes (FENASOPADRES)
FEPAP, Fundación Ensayos para el Aprendizaje Permanente
Funcamama
Fundación Aguaclara
Fundación Ecodiversa
FUNPAZ, Asociación Civil Fuerza, Unión, Justicia, Solidaridad y Paz
ININCO, Instituto de Investigaciones de la Comunicación de la Universidad Central de Venezuela
INVESP, Instituto Venezolano de Estudios Sociales y Políticos
IPYS Venezuela
Justicia y Paz Los Teques
Laboratorio de Paz
María Estrella de la Mañana
Observatorio de Derechos Humanos de La Universidad de Los Andes
Observatorio Venezolano de los Derechos Humanos de las Mujeres
Observatorio Venezolano de Prisiones
Oficina de Derechos Humanos del Vicariato de Puerto Ayacucho
Postgrado en Comunicación Social de la Universidad Católica Andrés Bello
ProIuris
PROVEA, Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos
Red ARA
Red Rosa
REDAC, Red de Activistas Ciudadanos por los Derechos Humanos
REDSOC, Red Venezolana de Organizaciones para el Desarrollo Social
Revista SIC
RTSP, Comité por una Radiotelevisión de Servicio Público
Ser, Comunicación e Investigación
Sinergia, Asociación Venezolana de Organizaciones de Sociedad Civil
SNTP, Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa
SOHI, Sociedad Hominis Iura
Transparencia Venezuela
Un Mundo Sin Mordaza
Unión Vecinal para la Participación Ciudadana
Venezuela Diversa Asociación Civil

Maduro se da poderes ilimitados y el TSJ dice amén


SUPERMADURO

Maduro se da poderes ilimitados y el TSJ dice amén

La declaración de un nuevo Estado de Excepción en el país preocupa profundamente pues se está abusando en el uso de una medida especial, volviéndola cotidiana. Adicionalmente no se definen claramente los derechos restringidos ni se reglamenta qué cosas puede hacer el Ejecutivo Nacional durante este período. Esta medida no puede ser entendida como un cheque en blanco y así se está pretendiendo utilizar; para colmo, con el apoyo del Tribunal Supremo de Justicia, el supuesto guardián de la Constitución y de los derechos de los ciudadanos.

En efecto, el pasado jueves 19 de mayo de 2016, la Sala Constitucional mediante sentencia N° 411, declaró la constitucionalidad del Decreto N° 2.323, que declara el Estado de Excepción y Emergencia Económica en todo el territorio nacional por un lapso de 60 días,  publicado en la Gaceta Oficial N° 6.227 Extraordinario del 13 de mayo de 2016.

La decisión de la Sala se fundamentó en ocho hechos noticiosos que, en opinión de la Sala, afectan gravemente la vida del país y justifican medidas excepcionales; por lo que el mencionado decreto cumple con todos los requisitos jurídicos exigidos en ese sentido.

Además, la Sala (aplicando el criterio desarrollado en la sentencia N° 7 de fecha 11 de febrero de 2016) señaló que el acuerdo aprobado por la Asamblea Nacional el 17 de mayo mediante el cual rechazó el decreto es írrito pues no se produjo dentro de las 48 horas de haberse hecho público el decreto (art. 27 Ley Orgánica sobre Estados de Excepción). La razón es que el lapso de las 48 horas habría iniciado a partir del 13 de mayo, fecha en que el Presidente firmó el referido decreto, y que según dice la Sala fue publicado el mismo día.

Sobre esto último, Acceso a la justicia quiere advertir que la Sala desconoce expresamente que la referida Gaceta Oficial fue dada a conocer en la página web del TSJ después del mediodía del pasado lunes 16 de mayo, no obstante que aparezca con fecha 13 de mayo. Además, hay que destacar que se lee en el fallo que la Secretaría de la Sala recibió el 18 de mayo el oficio en que el Presidente le remitió el decreto para que se pronunciara sobre su constitucionalidad. Al respecto, cabría preguntarse ¿Cuándo fue notificada la Asamblea Nacional por el Presidente de la República? Según reporta El Nacional, no lo fue, por lo menos hasta el 16 de mayo. ¿Quién entonces violó la norma la Asamblea Nacional o el Presidente de la República?

Ahora bien, Acceso a la justicia en esta oportunidad en lugar de analizar los argumentos esgrimidos por la Sala, quien no hace más que reiterar los criterios que ha esgrimido desde el 6 de diciembre pasado contra el poder legislativo y favorecer al Ejecutivo Nacional, quiere centrar su atención en el decreto presidencial por ser clave para los derechos de los venezolanos.

Al respecto, el examen del decreto evidencia un Ejecutivo Nacional que actúa al margen de la Constitución al desconocer sus preceptos y que, como lo hizo anteriormente, incumple con las condiciones previstas para dar validez a un acto que solo debe usarse para circunstancias extraordinarias.  Es obvio, además, que con el uso desmedido de esta potestad se corre el riesgo de que esta medida se convierta en la regla, debilitando las bases del Estado de Dere­cho.

Una vez más, Acceso a la justicia tiene la obligación de advertir que la motivación de este decreto es genérica y no evidencia presupuestos concretos que justifiquen esta medida excepcional. En efecto, sus considerandos se pasean por móviles distintos que no guardan relación entre sí. La casi totalidad de las razones expuestas, y que no son cuestionadas por la Sala, aluden simultáneamente a aspectos de índole económica, político, social, natural y ecológica lo que propicia una profunda confusión acerca de qué tipo de estado de excepción se declara.

De hecho, su ambigüedad e imprecisión queda perfectamente clara al fusionar en un decreto los tres tipos de estados de excepción contenidos en la Constitución: alarma, emergencia económica y conmoción interior. Este combo “tres por uno” busca conceder al Presidente poderes absolutos, lo que es una franca violación de los derechos humanos y más cuando el mismo Decreto Nº 2.323 no establece de manera específica las garantías que serán restringidas, lo que es además una flagrante violación a la Constitución.

No cabe la menor duda que con este “combo” el Presidente busca una plataforma jurídica para “dictar medidas que considere convenientes” en todas las áreas sin control alguno. Es evidente que carece de toda legitimidad la declaratoria de un estado de excepción cuando es utilizado para atentar contra el sistema democrático que dice proteger.

Para Acceso a la justicia, el estado de excepción y emergencia económica decretado suspende temporalmente el texto de la Constitución y la legislación ordinaria que rige en el país, pues tal como está planteado otorga al Ejecutivo Nacional poderes exorbitantes sin garantía alguna para las personas; creando un clima de zozobra y confusión al no establecer ningún tipo de límites sobre las medidas que podrán ser tomadas por el Presidente.

En suma, este decreto se convierte en una amenaza. Decretar un estado de excepción no es un cheque en blanco para suprimir los derechos individuales, como lo dijo la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al condenar al Estado venezolano por la violación del derecho a la vida, a la libertad personal, a la integridad personal, entre otros, durante el “Caracazo” (Sentencias Serie C, N° 58 del 11 de noviembre de 1999 y Serie C, N° 95, del 29 de agosto de 2002).

En este sentido, lo que más le llama la atención a Acceso a la Justicia es por qué el gobierno luego que ha condenado tanto el manejo estatal del Caracazo, abre la puerta a algo mucho peor. De hecho, tal como está redactado, el Decreto 2.323 permite al Presidente de la República restringir los derechos de los venezolanos en la medida en que a él le parezca.

¿Y a ti venezolano, cómo te afecta?

Por virtud del nuevo decreto comentado, el Presidente podría suspender nuestro derecho a elegir postergando elecciones, nuestro derecho a protestar por la crisis que vivimos, cuánto dinero podemos tener y movilizar de nuestras cuentas, o cuánta comida podemos tener en nuestra casa en un determinado momento, por ejemplo.

Lamentablemente, sentencias como la N° 411, demuestran que la Sala Constitucional no es independiente, sino que parece que su función es quitarle a la AN sus funciones, entre ellas, la de controlar las acciones del Ejecutivo para evitar situaciones como esta; lo que niega la voluntad soberana de los venezolanos que la eligieron entre otras cosas para eso y lo establecido en la propia Constitución. Ante esto cabe preguntarse ¿lo peor ya ocurrió o está por ocurrir?

La Sala Constitucional usurpa otra vez las atribuciones de la Asamblea Nacional


Asamblea rota

La Sala Constitucional usurpa otra vez las atribuciones de la Asamblea Nacional

Análisis de la sentencia de inconstitucionalidad de la reforma de la LOTSJ

El 5 de mayo de 2016, la Sala Constitucional vuelve a desconocer las competencias de la Asamblea Nacional y pretende tomar parte de sus atribuciones para sí, al declarar la inconstitucionalidad de la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (LOTSJ) mediante sentencia Nº 341, por no presentar los supuestos requisitos exigidos y considerarla más bien una maniobra política para “copar” al TSJ. La Sala basa su decisión en cuatro argumentos:

  1. Lo primero que sostiene es que la iniciativa legislativa, cuando se trata de leyes sobre organización y procedimiento judicial, corresponde al Tribunal Supremo de manera exclusiva y excluyente y no a la Asamblea Nacional de acuerdo al artículo 204.4 de la Constitución.

Acceso a la Justicia observa que tal argumento carece de todo sustento lógico y jurídico, porque según la Constitución, el Parlamento siempre es el que debe tener la iniciativa legislativa por ser el órgano legislativo del Estado (artículos 136, 187.1, 202 de la CRBV), aunque se le permita a otros órganos del Estado tenerla, en ciertos casos por la especialidad de la materia, como el Poder Judicial en cuanto a organización y procedimientos judiciales (artículo 204.4 de la CRBV).

  1. Lo segundo que objeta es que la Asamblea Nacional obvió la consulta que, de acuerdo con el artículo 211 constitucional, debía hacer al Tribunal Supremo de Justicia durante el procedimiento legislativo, ya que sólo le envió un cuestionario sobre la reforma con un plazo muy breve para responderlo.

Con respecto a esto, la pregunta que surge en Acceso a la Justicia es por qué la Sala no consideró valido ese cuestionario como el requisito constitucional de su consulta, ya que la Asamblea Nacional no violó instrumento jurídico alguno en este aspecto.

  1. La tercera razón para declarar la reforma de la LOTSJ inconstitucional es que se requiere una mayoría de dos terceras partes de los integrantes de la Asamblea Nacional para admitir la discusión del proyecto de reforma de la LOTSJ (artículo 203 CRBV).

Acceso a la Justicia observa la inconsistencia de este argumento debido a que en 2004 el propio Tribunal Supremo de Justicia consideró que no era necesaria la mayoría calificada de las 2/3 partes para presentar el proyecto de LOTSJ (sentencia Nº 34 del 26-01-2004). Aunque la Sala aclara que esa mayoría calificada es requerida por la Constitución para la discusión del proyecto de reforma y no para el proyecto de ley.

Sobre esto no hay nada que decir en vista de su absurdo, tanto por el principio de paralelismo de las formas (si no se requiere la mayoría calificada para la aprobación del proyecto de ley, tampoco para su reforma), como por lo establecido en el artículo 203 de la CRBV, que no hace esa distinción y como es bien sabido: donde la norma no distingue, no le corresponde distinguir al intérprete.

  1. La cuarta consideración que plantea la Sala para declarar inconstitucional la LOTSJ es que el cambio propuesto aumenta de 7 a 15 el número de sus magistrados; lo que implicaría una desviación de poder debido a que “persigue copar de nuevos integrantes esta instancia judicial para entorpecer la labor de la máxima instancia de protección de la Constitución, con fines claramente políticos, en detrimento de la autonomía e independencia del Poder Judicial”.

Acceso a la Justicia, debe aclarar que, según jurisprudencia reiterada, para declarar procedente la desviación de poder debe ser comprobada de forma contundente, sin que pueda el juzgador hacerlo por su cuenta, como en cambio lo hace en este caso.

A todo lo anterior, la Sala añade que se justificaba la decisión tomada en 2004 de aumentar el número de magistrados por la cantidad de casos que se estaban manejando; problema que ya no existe gracias a su eficiencia para sentenciar los casos que han ingresado. En este sentido, aclara que ingresan menos casos que en el período 2000-2004, pero que los magistrados actuales logran resolver lo que ingresa.

Ante esto, Acceso a la Justicia se pregunta, ¿por qué en el TSJ ingresan muchos menos casos que durante el periodo 2000-2004, si en los tribunales ordinarios más bien se ha triplicado el número de casos ingresados?¿Será porque la gente no confía en el TSJ?

Adicionalmente, Acceso a la Justicia debe advertir que es un principio conocido que a más número de personas en un órgano colegiado más tardan las decisiones (en economía institucional esto se conoce como costos de transacción), de lo que resulta ineficiencia. Por lo que, pese a que se usó como argumento en 2004 para justificar el incremento de los magistrados por razones de eficiencia, esto demuestra que era en realidad una maniobra política.

De hecho, si se analizan las estadísticas del TSJ, es impresionante el descenso de su productividad a partir de 2005, cuando se aumentó el número de magistrados de 20 a 32. En efecto, ha bajado a la mitad respecto del período 2000-2004.

En esta decisión, la Sala Constitucional se muestra muy preocupada por defender su independencia cuando es conocido que los magistrados en buena medida son activistas políticos o tienen importantes lazos con el gobierno de turno.

Para mantener su composición actual, mediante la sentencia, usurpa funciones de la Asamblea Nacional, diciendo algo que la Constitución no establece, sobre su exclusividad en materia de iniciativa legislativa cuando se trata de organización y procedimiento judicial, y llega incluso distorsionar la realidad de su eficiencia, cuando se trata de un órgano que debe prestar un servicio público esencial para la democracia, como es la justicia, que por definición debería ser transparente.

Y a ti venezolano, ¿cómo te afecta?

Si quien está llamado en un país a ser el guardián de la Constitución y el “ángel de la guarda” de los derechos de los ciudadanos manipula la norma y cambia su propia jurisprudencia a conveniencia para mantener su status quo y perpetuarse en el poder, ¿qué se puede pedir al resto de los poderes? ¿cómo se garantiza la democracia en estas condiciones?

El Presidente prohíbe que la AN dicte votos de censura: “Algo huele mal en Dinamarca”


CENSURADO

El Presidente prohíbe que la AN  dicte votos de censura: “Algo huele mal en Dinamarca”

El día 2 de mayo apareció publicado en la Gaceta Oficial el decreto Nº 2.309 mediante el cual el Presidente de la República impide nuevamente a la Asamblea Nacional ejercer su función de control, esta vez a través del mecanismo constitucional del voto de censura, mientras dure la vigencia del estado de emergencia económica. Esto constituye una grosera violación a la separación de poderes y por lo tanto un nuevo ataque a la institucionalidad democrática.

El Presidente de la República, amparándose en el estado de emergencia económica, pretende suspender la competencia que tiene asignada constitucionalmente el Poder Legislativo de controlar a los funcionarios del Gobierno y de la Administración Pública Nacional mediante votos de censura (artículo 187, numerales 3 y 10).

El voto de censura es la declaración de responsabilidad política acordada por la Asamblea Nacional sobre cualquier funcionario (incluyendo al Vicepresidente Ejecutivo y los ministros) por su mal desempeño, que conduce a la destitución por tratarse de una sanción política, como lo explica el profesor José Ignacio Hernández. Además, este mecanismo de control político, comporta una sanción de inhabilitación política para el ejercicio de determinados cargos púbicos por el resto del período presidencial, de acuerdo con el artículo 246 de la Constitución venezolana.

Conforme a esta facultad la Asamblea Nacional el 28 de abril de 2016 aprobó el voto de censura contra el Ministro del Poder Popular para la Alimentación. Esta acción fue rechazada públicamente por el Presidente de la República, por considerar que está “…fundamentada en hechos desvirtuados, con una indudable motivación política y la pretensión de imponer al Pueblo Venezolano y al Gobierno Nacional un determinado modelo económico rechazado por el pueblo hace más de 17 años;…”; lo que utiliza además como uno de los motivos para justificar el mencionado decreto, como puede leerse en su sexto Considerando.

Para Acceso a la justicia, el decreto presidencial persigue prohibir el ejercicio legítimo de las competencias de la Asamblea Nacional previstas en la Carta Fundamental del país, con la excusa de la vigencia del estado de emergencia económica.

Es importante señalar que un estado de excepción no significa que el Presidente de la República pueda suspender las normas del texto constitucional y socavar los cimientos del Estado de derecho y democrático, y más aún cuando dicha emergencia económica (declarada en todo el territorio nacional) y su prórroga fueron dictadas sin cumplir con las exigencias para su procedencia, como ya fue advertido por Acceso a la justicia.

Por otro lado, interesa dejar claro que la declaratoria del estado de excepción no es aval para cometer arbitrariedades y actuar por encima de los preceptos de la Constitución, en este caso, interfiriendo de manera caprichosa en las competencias del Poder Legislativo, especialmente para impedir que dicte votos de censura contra  los funcionarios que están sujetos a su control parlamentario, y de esta manera crear una inmunidad política al Vicepresidente Ejecutivo y a los ministros.

Queda claramente demostrado que el decreto Nº 2.309 a la luz de la Constitución es un acto que resulta condenable porque ignora el principio de la separación de poderes (artículo 136), que es una garantía de los derechos de las personas frente al poder del Estado.

Lo más grave es que el Presidente viola flagrantemente la Carta Magna al desconocer el carácter supremo que tienen sus normas (artículo 7), al limitar y posponer su vigencia por un acto que está por debajo de ella por los motivos ya expuestos.

¿Y a ti venezolano, cómo te afecta?

El Presidente de la República con el decreto Nº 2.309 intensifica el actual conflicto entre los poderes públicos que se inició desde que ganó la oposición política en la Asamblea Nacional, y conduce aún más al desasosiego que vive el país, al desconocer el imperio y la fuerza que tiene la Constitución.

El Ejecutivo Nacional infringe groseramente con esta decisión la institucionalidad de la separación de poderes, principio fundamental para garantizar la paz, así como la convivencia y la seguridad jurídica que todos los venezolanos reclamamos hoy día, y sobre todo la democracia.

El TSJ aprueba inconstitucionalmente la prórroga​ ​de la emergencia económica


AN vs TSJ 2

El 17 de marzo de 2016, la Sala Constitucional se pronunció mediante sentencia N° 184 sobre la constitucionalidad de la prórroga por 60 días más de la emergencia económica, decretada en todo el territorio nacional el 14 de enero por el Presidente de la República, para resolver la grave crisis que vive el país.

En su sentencia, la Sala consideró constitucional la prórroga argumentando que subsisten las circunstancias extraordinarias de la economía venezolana, que le sirvieron como fundamento para declarar, mediante sentencia Nº 7 del 11 de febrero, la constitucionalidad de la emergencia. En esta oportunidad, la Sala se fundamentó en 3 hechos noticiosos: la inflación en Venezuela, la baja del precio del petróleo y la solicitud de la Asamblea Nacional de ayuda humanitaria a la ONU.

Sin embargo, parece que no se dio cuenta al revisar la prensa que la Asamblea Nacional estaba discutiendo, ese mismo día, la aprobación o no de la prórroga mediante una sesión permanente para escuchar las razones del Ejecutivo y que al final, no la aprobó (El Universal).

Al respecto debe llamarse la atención sobre el hecho que la Sala Constitucional no dice nada sobre ello y aun así se pronuncia sobre la constitucionalidad de la prórroga como si ella fuera la competente para hacerlo, siendo que la Constitución en su exposición de motivos y en el artículo 33 de la Ley Orgánica de Estados de Excepción le prohíben hacerlo cuando haya desaprobación por parte de la Asamblea (Lucha de poderes: ¿Golpe de estado judicial?).

Pareciera que como esta vez no había siquiera razones de forma como en el caso anterior, para anular el acuerdo de la Asamblea, la Sala Constitucional, en un evidente fraude a la Constitución, decidió pronunciarse sólo sobre la constitucionalidad de la prórroga y no sobre el acuerdo y adelantarse a éste. Si la Sala en vez de usurpar funciones de la Asamblea, al pronunciarse sobre la oportunidad o conveniencia de la prórroga, que es un asunto político y no jurídico, y que obviamente no es de su competencia, hubiera dedicado a analizar los requisitos de constitucionalidad de la prórroga hubiera llegado a declararla inconstitucional.

En efecto, en ese caso, hubiera tenido que analizar el cumplimiento de los siguientes requisitos por parte del decreto de prórroga:

  1. Si los acontecimientos reales o hechos concretos en que se basa están debidamente probados.
  2. Si los poderes exorbitantes del Presidente, producto de la prórroga de la declaratoria de excepción, son útiles para resolver la crisis o se pueden resolver por los medios normales constitucionales y legales.
  3. Si en el decreto de prórroga se indican expresamente los derechos limitados y su regulación.

El primer requisito se cumple, pero el segundo, que la Sala ni analizó, no se cumple. En efecto, pasados los 60 días de la declaratoria de emergencia económica del 14 de enero, la misma Sala certifica que la crisis persiste, e incluso, que se ha agravado, por lo que no queda claro porqué aprobó la prórroga.  Se pudiera quizás afirmar que no es un problema del medio, que resulta inadecuado, sino que se requiere de más tiempo para resolverla en vista de su profundidad y complejidad.

No obstante esto no es así y más bien se confirma que la emergencia no es el medio adecuado para solucionar la crisis, cuando se analiza la excepción y las prórrogas decretadas el año pasado en los municipios fronterizos, que en vez de resolverla, la profundizaron y además, crearon problemas adicionales.

En cuanto al tercer requisito constitucional sobre los derechos limitados y su regulación, pues simplemente estos no se mencionan ni en la declaratoria de emergencia, ni en su prórroga, con lo cual el Tribunal Supremo de Justicia no debió siquiera hacer otras consideraciones al analizar esos decretos, al ser flagrantemente inconstitucionales y violatorios de los derechos de los ciudadanos.

Lo más alarmante de esta sentencia es que pone al país en una gravísima situación de inseguridad jurídica frente a dos decisiones, una que no aprueba la prórroga, la de la Asamblea Nacional y la otra que la aprueba, la de la propia Sala.  Sin embargo, al establecer la Constitución que si la Asamblea Nacional no aprueba la prórroga, el Tribunal Supremo de Justicia no debe pronunciarse, pues es obvio que la sentencia Nº 184 no tiene valor alguno. Simplemente el acto del Ejecutivo dejó de existir al no aprobarlo la Asamblea.

Esta sentencia además acentúa la lucha entre poderes existente en Venezuela, especialmente, desde que ganó la oposición política la mayoría de la Asamblea Nacional, en que todo lo que ésta hace, el Tribunal Supremo de Justicia lo rechaza o anula, y mientras tanto, en esa diatriba política no se hace nada para mejorar la situación crítica de los venezolanos .

Pareciera que el interés del partido de gobierno no es resolver la crisis, sino hacer ver que su solución es la de otorgar poderes extraordinarios cuando durante la mayor parte de estos últimos 17 años el Ejecutivo ha actuado con éstos (ejemplo: leyes habilitantes), sin que ello haya impedido la situación actual, y antes bien pareciera que es una de sus causas (Gobierno tiene poder suficiente para tomar medidas económicas sin emergencia).

¿Y a ti venezolano cómo te afecta?

Ni el Estado, ni el gobierno, y menos aún un partido político, como es el de gobierno en este caso, deben tener el control absoluto de la vida de los ciudadanos de un país, como en cambio avala la Sala Constitucional que ocurra en Venezuela al permitir al Ejecutivo Nacional limitar sus derechos sin causa justificada, sin claridad de qué va a hacer ni cómo, ni cuáles derechos limita, ni hasta qué punto y al limitar los poderes de control y políticos de la Asamblea Nacional.

Mientras no haya límites al poder, y se acepte todo lo que hace o decide el Ejecutivo Nacional, no puede haber Estado de derecho y sin éste, no hay derechos para los ciudadanos ni democracia, y menos aún soluciones para la terrible crisis sin precedentes que vive el país, donde no sólo no hay alimentos suficientes, ni medicina, ni tampoco agua, ni luz, y sólo sobra inseguridad, corrupción y violencia.

8 consecuencias del cheque en blanco que le dio el TSJ al Gobierno


El pasado jueves 11 de febrero, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia dictó su sentencia Nº 7, en que anuló el acuerdo de la Asamblea Nacional de fecha 22 de enero de 2016, que desaprobó el Decreto N° 2.184 del Presidente de la República (publicado en Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.214 del 14 de enero de 2016).

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