Perfil de la Sala Electoral del TSJ


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La Sala Electoral del TSJ está conformada por 5 magistrados de los cuales tres son mujeres y dos hombres. Además, dos de ellos forman parte de los llamados “magistrados exprés” designados en diciembre de 2015, uno es miembro del máximo tribunal desde el 28 de diciembre de 2014 y los restantes se incorporaron en diciembre de 2010.

En cuanto a los requisitos que los artículos 263 de la Constitución y 37 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia establecen para acceder a estos cargos, Acceso a la Justicia pudo establecer luego de realizar una investigación que apenas uno de ellos (la magistrada Indira Alfonzo) los cumple a cabalidad; existen dudas sobre Malaquías Gil y los otros tres, Fanny Márquez, Jhannett María Madriz y Christian Tyrone Zerpa, no los cumplen.

La duda existente sobre Malaquías Gil tiene que ver con su militancia política  (incluso fue diputado en representación del Estado Trujillo por dos períodos constitucionales) a la que no se sabe si renunció para apegarse a la norma legal. Este es un requisito y como es usual cuando se aspira a un cargo la responsabilidad de demostrar suficientemente que lo cumple recae en el candidato, por lo que debería existir una carta de renuncia explícita y pública.

Esa misma situación se presenta en el caso de Christian Tyrone Zerpa, pero adicionalmente no ha ejercido la abogacía por 15 años como requiere la Constitución (además de tener un posgrado en derecho, lo que él sí tiene) para poder acceder a ser magistrado. La norma ofrece además otras dos alternativas: haber sido profesor universitario de derecho por 15 años o haber sido juez superior en el área de la sala a la que aspira ingresar por igual período de tiempo. Zerpa no ha sido ninguna de ambas cosas.

Esto último sucede también con la magistrada Jhanett Madriz, quien a pesar de tener un posgrado en derecho no ha ejercido la profesión por el tiempo requerido ni ha cumplido con ninguna de las alternativas ofrecidas por la Carta Magna.

En cuanto a la magistrada Fanny Márquez, su falla está en el mismo requisito constitucional antes descrito, con la diferencia de que ella sí tiene al menos 15 años ejerciendo la abogacía pero no ha obtenido un título de posgrado en derecho. Estas dos condiciones no son alternativas sino que se debe cumplir con ambas para que se considere cumplido el requerimiento. Tampoco Márquez ha sido profesora ni jueza por los períodos establecidos en el texto fundamental.

¿Y a ti venezolano cómo te afecta?

La Sala Electoral del TSJ tiene influencia directa sobre el pilar fundamental de toda democracia, el derecho a elegir y a ser elegido. Entre sus facultades está suspender elecciones antes de que se realicen o suspender la proclamación de candidatos cuando haya elementos jurídicos suficientes para hacerlo. La importancia de que sus miembros sean personas con la formación, la independencia y la imparcialidad necesarias es, pues, evidente.

El mejor ejemplo de lo que sucede cuando estas condiciones no se cumplen lo viven en carne propia los habitantes del estado Amazonas y los indígenas del sur de Venezuela en general, quienes desde hace 8 meses no tienen representación en el Parlamento como consecuencia de un error judicial de esta sala.

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Perfil de la Sala Político Administrativa del TSJ


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La Sala Político Administrativa del TSJ está conformada por cinco magistrados, de los que tres son mujeres y dos hombres. De ellos dos fueron nombrados el 23 de diciembre de 2015 (Marco Antonio Medina y Eulalia Guerrero) y los tres restantes se nombraron anteriormente (Bárbara Gabriela César, María Carolina Ameliach e Inocencio Figueroa).

Producto de una investigación realizada por Acceso a la Justicia pudimos establecer que Bárbara Gabriela César y Marco Antonio Medina cumplen con los requisitos establecidos por la Constitución (artículo 263) y la Ley Orgánica del TSJ (artículo 37) para ejercer ese rol. María Carolina Ameliach en líneas generales cumple también, pero al no estar publicada su hoja de vida es imposible saber si posee una segunda nacionalidad además de la venezolana, por lo que no se puede asegurar que cumpla a cabalidad. Es importante aclarar que cuando una persona quiere acceder a un cargo público tiene el deber de demostrar quién es y que cumple las credenciales para el mismo.

Por otra parte, tenemos a dos magistrados que no cumplen con un requisito constitucional que ofrece tres alternativas: a) haber ejercido la abogacía por al menos 15 años y tener un posgrado en derecho, b) haber sido profesor universitario en derecho por el mismo período de tiempo, o c) ser (o haber sido) juez superior por al menos quince años en aquella rama del derecho para la que se está postulando al Tribunal Supremo.

La magistrada Eulalia Guerrero no tiene posgrado en derecho, mientras que el magistrado Inocencio Figueroa no ha ejercido la abogacía por el tiempo requerido. Esto elimina la posibilidad de que cumplan con la opción “a”, y ninguno de los dos cumple con la “b” o la “c”. Adicionalmente, en el caso de Figueroa existe una segunda duda, pues no consta que haya renunciado a su militancia política antes de acceder al cargo, lo que es un requerimiento constitucional y de la Ley Orgánica del TSJ.

Sobre esto último es necesario resaltar que es deber de los candidatos a magistrados renunciar de manera expresa y pública, y no se trata de un formalismo sin importancia.

Acceso a la Justicia debe advertir, una vez más, que es altamente irregular que una sala del TSJ esté conformada en un buen porcentaje por personas que no son idóneas para esa responsabilidad, y la Sala Político Administrativa tiene dos magistrados que no cumplen con los requisitos para serlo, es decir, cuando menos un 40% de los magistrados no cumple con el perfil mínimo que establecen la Constitución y la Ley. Además uno de ellos que cumple con el requisito para serlo, Marco Antonio Medina, fue nombrado por un procedimiento absolutamente inconstitucional e ilegal.

¿Y a ti venezolano cómo te afecta?

Los magistrados del TSJ son los máximos jueces que tiene el país en las distintas áreas del derecho y tienen el deber fundamental de ser los garantes últimos del Estado de Derecho en el país. Ante la importancia de ese rol es primordial para los intereses de los venezolanos que quienes lo ocupen sean los mejores juristas. Lamentablemente esa no es la situación que tenemos.

A esto se añade que la Sala Político Administrativa tiene un rol fundamental para los venezolanos, porque se ocupa de resolver conflictos del ciudadano con el Estado, como puede ser el mal funcionamiento de un servicio público, lo que es lo normal en Venezuela. Si los magistrados no son independientes o no son buenos juristas, probablemente no actúen de forma adecuada frente a estos importantes reclamos y los ciudadanos tengan que aceptar malos servicios públicos, como de hecho suele suceder.

Si quiere conocer la investigación completa, consulte aquí.

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¿Aplicación retroactiva indebida de la Constitución?


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Sala Constitucional. 

Recurso de Revisión Constitucional. 

TSJ/SC Nº 665. Fecha: 01/08/2016

Caso: Solicitud de revisión constitucional interpuesta por Luisa Ortega Díaz, respecto de la decisión dictada por del Consejo de Guerra Permanente de Maturín el 5 de marzo de 1971, que en consulta declaró terminada la averiguación sumarial que se había incoado contra los ciudadanos efectivos militares Pedro José Flores, Pedro Suárez Montes, Indalecio Sandoval e Indalecio Morillo, por el fallecimiento del ciudadano Juan Chacón Lanza.

Comentario de Acceso a la Justicia: Preocupa la aplicación retroactiva de la Constitución de 1999 a un caso que cerró en el año de 1971, es decir, 28 años antes de su entrada en vigencia. Si bien es cierto que la Constitución actual señala en su artículo 29 que las “acciones para sancionar los delitos de lesa humanidad, violaciones graves de los derechos humanos y los crímenes de guerra son imprescriptibles”, no existe una disposición similar en la Constitución de 1961 que impidiese la prescripción de esos delitos. La aplicación en este caso se justificó por una Ley para Sancionar los Crímenes, Desapariciones, Torturas y otras Violaciones de los Derechos Humanos por Razones Políticas en el Período 1958-1998, que también establece una supuesta imprescriptibilidad de esos crímenes en el período mencionado.

Decisión: Anula los  fallos dictados el 5-3-1971 por el Consejo de Guerra Permanente de Maturín y el 15-2-1971 por el Juzgado Militar de Primera Instancia Permanente de Maturín y ordena al Ministerio Público que, conforme a lo establecido en el artículo 19 de la ley para sancionar los crímenes, desapariciones, torturas y otras violaciones de los derechos humanos por razones políticas en el período 1958-1998, reabra el caso a los fines de la continuación de la investigación penal correspondiente.

En ese sentido, la Sala se pronunció de la siguiente manera:

“Tanto lo previsto en la Constitución de 1961 como en los mencionados instrumentos internacionales de derecho humanos, se encontraban vigentes en el momento de la muerte del ciudadano Juan Chacón Lanza y estas disposiciones eran aplicables tanto en el ámbito civil como en el sector militar.

El contenido del derecho a la vida no abarca solamente la prohibición para cualquier autoridad, funcionario o agente del Estado, o particular que actúe bajo órdenes o con la aquiescencia de autoridades, funcionarios o agentes del Estado, de atentar contra ella por cualquier medio y en cualquier circunstancia; sino que además implica el incumplimiento de la obligación de investigar las presuntas violaciones del derecho a la vida y entablar juicio contra los responsables.

De lo anterior se desprende que no se ha podido determinar las circunstancias de la muerte del ciudadano Juan Chacón Lanza y esta incertidumbre fue causada por la opacidad de la actuación de los efectivos militares que actuaron y que aparecen plenamente identificados, así como de la inexplicable falta de investigación criminal por parte del tribunal militar instructor.

Las reglas de la experiencia indican que la muerte del mencionado ciudadano probablemente fue antijurídica, porque, como se sostuvo con anterioridad, existe una serie de circunstancias que conducen a presumir la contrariedad a Derecho del fallecimiento: la víctima era considerada en le jerga militar como ‘bandolero’ enemigo del Ejército; no se aseguró el sitio del suceso para evitar su alteración; no se realizaron experticias al cuerpo de la víctima ni al lugar donde presuntamente ocurrió el suceso; no se indicó dónde fue inhumado el cadáver de la víctima; la investigación del tribunal militar instructor fue manifiestamente negligente; no se publicó en los medios de comunicación de la época que se hubiera dado de baja a un guerrillero; cuando hubo evidentes contradicciones entre los testigos declarantes y la sentencia del primera instancia. Todas estas circunstancias permiten deducir que los organismos militares estaban ocultando un hecho que no querían que fuera ni investigado ni conocido, con lo cual es muy posible que se hubiere realizado una ejecución sumaria o arbitraria.

De esta manera, se constata la presencia de los requisitos de fondo que hacen procedente la revisión solicitada, según el artículo 19 de la Ley para Sancionar los Crímenes, Desapariciones, Torturas y otras Violaciones de los Derechos Humanos por Razones Políticas en el Período 1958-1998, a saber, que el Ministerio Público muestre la existencia de pruebas fehacientes de violación grave de derechos humanos, por razones políticas en el mencionado período y que los hechos estén vinculados a una causa judicial o procedimiento administrativo que se encuentre firme… El derecho humano violado, en el caso del ciudadano Juan Chacón Lanza, es el derecho a la vida, porque el Estado no cumplió con la obligación que tiene de investigar la presunta ejecución arbitraria o sumaria, perseguir judicialmente a los responsables de esta e indemnizar a las víctimas. Se destaca, entonces, que la alegada violación al derecho a la tutela judicial efectiva no es más que el contenido, en este caso, de la vulneración del derecho a la vida. Dicho de otra manera, las garantías vinculadas a la administración de justicia y el debido proceso forman parte del contenido del derecho a la vida. En este sentido, el derecho a la vida también se vulnera cuando hay impunidad, es decir, cuando no hay, por parte de los órganos estatales competentes, una adecuada investigación, sanción y reparación frente a una posible ejecución arbitraria o sumaria.”

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/agosto/189549-665-1816-2016-16-0170.HTML

10 magistrados nombrados en diciembre no cumplen requisitos


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Acceso a la Justicia coincide con la reciente decisión de la Asamblea Nacional de revocar el nombramiento de 13 magistrados titulares, realizado por la gestión anterior el 23 de diciembre del año pasado, por considerar que el proceso fue irregular y que 10 de los 13 magistrados titulares designados no cumplía con los requisitos mínimos requeridos.

En cuanto al procedimiento irregular para el nombramiento de los magistrados, Acceso a la Justicia ya denunció en su momento la larga lista de irregularidades que hubo y que incluyen haber violado la Constitución (art. 264), al menos 5 artículos de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, el Reglamento del Comité de Postulaciones Judiciales (art. 24 y 31) y el Reglamento de Interior y Debates de la AN (art. 58 y 64). Acceso a la Justicia, una vez instalada la nueva AN y nombrada la Comisión Especial de la Asamblea Nacional para el estudio y análisis de la elección de los Magistrados Principales y Suplentes del Tribunal Supremo de Justicia, le entregó un informe detallado donde se da cuenta de todas las irregularidades del proceso.

Respecto de los magistrados nombrados, la investigación realizada por Acceso a la Justicia arroja resultados verdaderamente preocupantes, ya que el 77% no cumple los estándares mínimos exigidos por la Constitución y la Ley para asumir un rol que por su importancia requeriría más bien de personas que tengan credenciales “de sobra”.

En este sentido, apenas 3 cumplen con los requisitos constitucionales y legales para acceder a dicho cargo, a saber: Marco Antonio Medina Salas (Sala Político Administrativa), Vilma María Fernández González y Francisco Ramón Velázquez (ambos de la Sala de Casación Civil).

De los demás 10 magistrados, ocho no cumplen con uno de los requisitos constitucionales para acceder al cargo: haber ejercido la abogacía por al menos 15 años y tener un título de posgrado en derecho (o haber sido profesor universitario en derecho por 15 años o haber sido juez superior en la especialidad de la sala a la que se postula durante ese mismo período de tiempo). Dos de ellos, además incumplen presuntamente el requisito de no ser activistas políticos, porque consta que eran partidistas activos hasta el día de su designación por ser diputados del PSUV y su renuncia no consta. Esto debería estar en el expediente del Comité de Postulaciones Judiciales. La carga de probar su renuncia es de ellos, mientras no lo hagan, se debe presumir que no han renunciado.

Otro de los 10 magistrados que no cumple con uno de los requisitos establecidos por la LOTSJ, fue destituido de su cargo como juez luego de enfrentar un proceso disciplinario. Finalmente, el décimo magistrado no cumple ni el requisito constitucional ni el legal antes mencionados.

Lamentablemente la Sala Constitucional por sentencia N°614/2016 anuló esta decisión, entre otros, porque confunde revocatoria con remoción y dice que en este caso no procedía la remoción de la manera en que se hizo, porque la AN debía actuar conjuntamente con el Poder Ciudadano, y al no hacerlo violó la Constitución. La sentencia en cuestión no es firmada por los magistrados designados en diciembre, pero no se inhibieron que es lo que correspondía jurídicamente hablando. Por ello, la sentencia fue dictada en nombre de la Sala de la que forman parte y al no inhibirse actuaron como juez y parte.

Es muy alarmante esta situación en que la Sala Constitucional avala situaciones tan violatorias de la Constitución, que dan pie cada vez más a la instauración de un gobierno de facto y no de derecho.

¿Y a ti venezolano, cómo te afecta?

Los magistrados son la instancia más alta que hay para obtener justicia en el país. Si tenemos un Tribunal Supremo de Justicia formado por personas que están allí no por sus cualidades como juristas, sino por cualquier otra razón, ¿qué clase de justicia podemos esperar?

Todos los venezolanos que aspiramos a un Poder Judicial que haga justicia realmente, debemos exigir que solamente los mejores sean nombrados magistrados, porque se trata de un cargo que puede ocupar sólo quien esté preparado jurídicamente hablando y sea independiente políticamente, y si esto no es así, sus decisiones no serán acordes a Derecho y tarde o temprano afectará al ciudadano en cuanto a sus derechos fundamentales y los fundamentos propios de la democracia, como la separación de poderes.

Para saber más, revise nuestro informe: Perfil de magistrados del TSJ, julio 2016.

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Magistrados sin Código y sin ética


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Magistrados sin Código y sin ética
Aspectos más importantes de la sentencia de la Sala Constitucional sobre el Código de Ética del Juez
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El 28 de diciembre de 2015, la anterior Asamblea Nacional dictó un nuevo “Código de Ética del Juez venezolano y Jueza venezolana” (Gaceta Oficial N° 6.207). Ese Código deroga el dictado en 2010 que reformó el publicado en el 2009.

Sin embargo, la Sala Constitucional, por iniciativa propia -es decir, sin que nadie se lo pidiera-, y utilizando un recurso interpuesto contra el Código de 2009, dictó una sentencia sobre el Código de 2015, suspendiendo cautelarmente la mayor parte de sus artículos (sentencia N° 6 del 4 de febrero de 2016).

A pesar de que la redacción y el contenido de los artículos del Código de 2009 y 2015 no son iguales, ni en el fondo ni en la forma, la Sala dijo que sí lo son. Esta es la única razón de la Sala para justificar que puedan extenderse los efectos de un recurso de nulidad interpuesto contra el código derogado a otro código diferente.

Utilizando este artificio, la Sala declaró que el Código de Ética de 2015 no le era aplicable a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), como tampoco lo era el de 2009.

El tercer párrafo del artículo 267 de la Constitución establece: “El régimen disciplinario de los magistrados o magistradas y jueces o juezas estará fundamentado en el Código de Ética del Juez Venezolano o Jueza Venezolana, que dictará la Asamblea Nacional”. Pero este texto nunca es citado en la sentencia.

Así, en contra de lo que dice la Constitución, indica la Sala “que el régimen disciplinario de los Magistrados y Magistradas del Tribunal Supremo de Justicia está previsto en el artículo 265 constitucional”.

Ello no es cierto, pues el artículo 265 lo que establece es el procedimiento de remoción de los magistrados, no su régimen disciplinario, que la misma Constitución en su artículo 267 dice que estará regulado por el Código de Ética.

Como conclusiones tenemos entonces que:

  1. De acuerdo con el TSJ, el Código de Ética no es aplicable a los magistrados porque la norma constitucional no ordena que les sea aplicable, lo cual no es cierto como claramente se desprende del artículo 267.
  2. Los magistrados no son susceptibles de ser sancionados si incurren en alguna de las infracciones establecidas en el Código de Ética, lo cual no tiene sentido, cuando ellos deben ser los primeros en no incurrir en faltas contra la ética.

¿Y a ti venezolano, cómo te afecta?

Cuando un magistrado decide un caso que le puede afectar directamente, pierde objetividad, pues la figura del juez o magistrado requiere imparcialidad para decidir solo conforme a lo que diga la norma, y no según lo que le convenga. Pero si a eso le agregamos que la decisión implica que los miembros del más alto Tribunal de la República no están sujetos al Código de Ética, resulta preocupante pues pone en evidencia que los valores que generan esa decisión no son compatibles con los de los ciudadanos que votaron por la aprobación de la vigente Constitución, que consagra un Estado de Derecho y de Justicia en el que los magistrados deben responder en caso de incumplir con sus obligaciones, como cualquier funcionario público y además la propia Constitución les exige especial honorabilidad (artículo 263).

Tribunal viola al menos cinco artículos de la Constitución


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 Tribunal viola al menos cinco artículos de la Constitución

La soberanía del pueblo y la libertad de prensa son dos cosas enteramente complementarias; por el contrario, la censura y el voto universal son dos cosas que se contradicen. (Alexis de Tocqueville, La democracia en América)

La reciente decisión de un tribunal de prohibir a tres diputados de la oposición hacer cualquier mención en medios de comunicación del exministro de alimentación Carlos Osorio con el fin de proteger su honor, es un acto que viola al menos 5 artículos de la Constitución e irrespeta la inmunidad de los diputados de la Asamblea Nacional.

El Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Bancario de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, a cargo de la jueza provisoria Omaira Escalona dictó una medida cautelar, reseñada por varios medios de comunicación social,  que prohíbe a los diputados de la oposición Carlos Tablante, Ismael García y Carlos Berrizbetia, que sigan haciendo cualquier tipo de mención en redes sociales o que publiquen noticias en medios de comunicación sobre Carlos Osorio, a quien se le ha acusado por supuestos hechos de corrupción mientras estuvo presidiendo el Ministerio del Poder Popular para la Alimentación (2007-2013 y 2015). Ante esto,  el diputado Freddy Guevara, informó que fue aprobado por la Comisión de Contraloría del Parlamento el informe para solicitar ante la Fiscalía General una “investigación a Carlos Osorio”.

Los términos de la medida cautelar son los siguientes: “… continuar con la publicación, declaración y difusión de artículos de prensa infamantes, injuriosas, especialmente a través de la página WEB CUENTAS CLARAS DIGITAL, en redes sociales, tales como twitter, facebook y otros, y en todos los medios de comunicación masiva públicos o privados que circulen en el territorio nacional, regional y municipal, radiales, escritos o televisivos, a que se abstengan de publicar o difundir noticias mensajes gráficos o vilipendiosos, en cuanto a cualquier señalamiento que tengan por objeto menoscabar la esfera moral, que atente contra el honor, decoro y reputación del ciudadano CARLOS ALBERTO OSORIO ZAMBRANO (…), a fin de salvaguardar el buen nombre, honor, propia imagen y reputación de él y de su familia, durante la tramitación del presente juicio”.

En el extracto copiado no se especifica qué juicio es el que está siendo tramitado y en qué contexto fue dictada  la “medida cautelar”, pero en todo caso con esta medida la jueza se convierte en una barrera para el ejercicio del derecho a la libertad de expresión, contemplado en el artículo 57 constitucional. Además, viola el derecho a la información (artículos 58 y 143) e impide a los diputados de la AN el ejercicio de la potestad investigativa y contralora que tienen asignada expresamente en la Constitución (artículo 222), desconociendo, además, su inmunidad parlamentaria (artículo 200 constitucional y 25 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional).

Y lo que es más grave es que con esta decisión se impone otra censura a los medios de comunicación social; práctica recurrente en los últimos tiempos en el país y que, como ha advertido Acceso a la justicia, está prohibida explícitamente por el texto constitucional.

Sin duda es necesario conocer a fondo los detalles de este caso, pero la falta de información no impide advertir acerca de la manifiesta y grosera violación a la Constitución por parte de esta decisión; sobre todo al interferir con el ejercicio de la libertad de expresión de los representantes electos por el pueblo, ya que en una sociedad democrática es importante que los actos u omisiones del gobierno (a través de sus ministros y demás funcionarios públicos) estén sometidos al escrutinio de la opinión pública.

Es importante destacar que la ausencia de libertad de expresión y de información debilita directamente el sistema democrático de un país, tal como lo reconoce la Corte Interamericana de Derechos Humanos al sostener que “la libertad de expresión es una piedra angular en la existencia misma de una sociedad democrática. Es indispensable para la formación de la opinión pública. Es también conditio sine qua non para que los partidos políticos, los sindicatos, las sociedades científicas y culturales, y en general, quienes pueden influir sobre la colectividad, puedan desarrollarse… una sociedad que no esté plenamente informada no es plenamente libre” (Opinión Consultiva OC- 5/85 del 13 de noviembre de 1985, párrafo 70).

Así pues,  no se trata de cuestionar si el derecho al honor, consagrado en el artículo 60 de la Constitución, tiene en este caso un carácter prevalente o no respecto al derecho de la libertad de expresión, sino de hacer notar lo grave que resulta que para lograrlo la jueza haya impuesto una medida que está prohibida de forma categórica en el Texto Fundamental y que facilitaría la intervención del gobierno para examinar el contenido de las opiniones y/o informaciones. No cabe duda, en este sentido, que la decisión es otra violación al Texto Fundamental por parte del Poder Judicial en defensa de los intereses del Poder Ejecutivo, que agrieta el Estado de Derecho del país.

¿Y a ti venezolano, cómo te afecta?

Se tejen cada vez más decisiones judiciales que violan la Constitución por cercenar los derechos fundamentales de la ciudadanía para defender los intereses del Poder Ejecutivo. Esto significa que los derechos de cada venezolano estarán condicionados a que no choquen de ninguna manera con los planes del gobierno.

Es clara la gravísima violación de las libertades en que se ven sometidos cada día más los venezolanos y que incitan al desasosiego, a la desesperanza.  Por esta razón, y aun teniendo en cuenta este escenario, es importante que cada uno de nosotros exijamos a los jueces que nuestros derechos sean respetados, y denunciar cada vez que sean ignorados y atropellados por el abuso de las autoridades.

Sala Constitucional niega la potestad revocatoria de la Asamblea Nacional


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Sala Constitucional niega la potestad revocatoria de la Asamblea Nacional

 La sentencia N° 9 del 1 de marzo de 2016 dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia con ocasión del recurso de interpretación constitucional de los artículos 136, 222, 223 y 265 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, no solo limitó la función contralora de la Asamblea Nacional respecto a los funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional, sino también aprovechó la oportunidad para prohibirle ejercer la potestad de revocar  la designación de los magistrados -principales y suplentes- que fueron nombrados por la anterior Asamblea el 23 diciembre de 2015.

La Sala Constitucional afirmó, al respecto, que el poder legislativo no está legitimado para anular, revisar o dejar sin efecto la designación de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, principales y suplentes, en el que también participan el Poder Ciudadano y el Poder Judicial (este último a través del Comité de Postulaciones Judiciales que debe designar –art. 270 Constitucional-), pues además de no estar previsto en la Constitución y atentar contra el equilibrio entre Poderes, ello sería tanto como remover a los magistrados y magistradas sin tener la mayoría calificada de las dos terceras partes de sus integrantes, como lo exige el artículo 265 constitucional.

Hay que destacar que este criterio fue ratificado en la sentencia N° 225 del 29 de marzo de este año, a través de la cual la Sala Constitucional declaró inadmisible la demanda de nulidad presentada contra el acuerdo de la Asamblea Nacional de fecha 23 de diciembre del 2015, mediante el cual fueron designados los nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, y además impuso una multa al abogado que presentó esa demanda por incurrir en “conceptos irrespetuosos u ofensivos” respecto de los magistrados cuya designación solicitó anular.

Para Acceso a la justicia  la Sala desconoce que la Asamblea Nacional es un órgano de naturaleza pública, cuya fuente de creación es el texto constitucional, y por ende goza de la potestad denominada jurídicamente “potestad de autotutela”, cuyo fundamento es la satisfacción del interés general.

Es en virtud, precisamente, de esta potestad de autotutela que la Asamblea Nacional puede, entre otras cosas, revocar o anular, en cualquier momento, aquellos actos suyos que sean inoportunos o inconvenientes o que sean contrarios a derecho, sin necesidad de acudir a los tribunales, en este caso a la Sala Constitucional del máximo tribunal del país.

Es decir que la Asamblea Nacional que tiene el deber de cuidar los intereses que le confiere la Constitución y las leyes, por ser un órgano del Poder Público, dispone de la facultad de retirar en el campo jurídico los actos que sean contrarios a derecho o al interés que ella tutela.

En Venezuela no puede admitirse como lo hace la Sala Constitucional que la Asamblea Nacional no está legitimada para revisar, anular, revocar o de cualquier forma dejar sin efecto sus propios actos, en este caso referente al proceso de designación de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, principales y suplentes, porque eso es violar el carácter autónomo y la naturaleza pública que tiene el poder legislativo frente a los demás poderes públicos.

No existen, ni en la Constitución ni en las leyes, disposiciones que impidan al órgano legislativo proceder por sí mismo, sin necesidad de acudir a los tribunales, para declarar la extinción de sus actos por razones de mérito (conveniencia u oportunidad) o por razones jurídicas, es decir por violar las normas.

Si se examina cuidadosamente la sentencia N° 9 la Sala Constitucional desnaturaliza la función revocatoria que tiene la Asamblea Nacional al sostener que “sería evidentemente inconstitucional, por atentar contra la autonomía del Poder Judicial y la supremacía constitucional, constituyendo un fraude hacia el orden fundamental” y es la razón por la cual declara la nulidad absoluta de los actos en que la Asamblea Nacional quiso revisar los procesos de selección de los magistrados realizados por el antiguo poder legislativo.

Lo más grave y que resulta censurable es que la Sala quiera hacer ver que la potestad de remover a los magistrados del TSJ en los términos contenidos en el artículo 265 de la Constitución es la misma potestad revocatoria que busca ejercer la Asamblea Nacional, lo cual es totalmente falso.

Es importante aclarar que la potestad revocatoria es una expresión del poder de autotutela que tiene el órgano legislativo en este caso para sancionar la grosera irregularidad en que incurrió la antigua Asamblea Nacional al nombrar a magistrados al margen de la Constitución. Por su parte, la remoción de los magistrados, competencia prevista en el artículo 265 de la Carta Magna, tiene su fundamento jurídico en el poder discrecional en donde la autoridad actúa libremente y de ningún modo por razones que se identifican con los motivos lesivos que impulsan a ejercer la potestad  revocatoria.

Es por esto que la actual Asamblea Nacional no tuvo otra alternativa que ejercer la potestad revocatoria,  sin libertad alguna de elección, con el propósito de extinguir los nombramientos realizados la antigua Asamblea Nacional el 23 de diciembre de 2015 por violar groseramente el orden constitucional y legal venezolano.

En suma, no se puede admitir la tesis sostenida por la Sala Constitucional en la sentencia N° 9 pues es imposible transferir una competencia exclusiva, cuya titularidad plena la tiene la Asamblea Nacional al Tribunal Supremo de Justicia. Tal tesis interpretativa es totalmente errónea y viola flagrantemente la Carta Fundamental del país, además de ilógica al impedir que el poder legislativo revoque sus propios actos.

¿Y a ti venezolano, cómo te afecta?

Con la sentencia N° 9 de la Sala Constitucional, se corre el riesgo de que se produzca el vaciamiento de las competencias de la Asamblea Nacional, lo que conduciría de facto a su desaparición, desnaturalizando el principio de la soberanía popular, así como el principio de separación de poderes, columnas medulares sobre las cuales se edifica el Estado de derecho y democrático en Venezuela.

De modo, pues, que todo apunta a que la Sala Constitucional busca obstaculizar que el poder legislativo pueda ejercer de forma legítima sus competencias, y esto es equivalente a desconocer la voluntad de cada una de los venezolanos expresada en las elecciones celebradas el 6 de diciembre de 2015.