Nueva exigencia de la Sala Civil del TSJ viola independencia judicial y acceso a la justicia


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La independencia judicial es fundamental para que haya justicia verdadera en un país, y esta exige, entre otros, la independencia funcional del juez, que garantiza su  libertad de criterio a la hora de actuar y decidir, de modo que no sea sometido a presiones de otros órganos del mismo sistema judicial.

En abierta violación a la independencia funcional del juez, el 14 de agosto de 2017, mediante oficio n.° CICJC-OFC-00907-2017, la presidencia de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) les exigió a los jueces rectores y coordinadores de los tribunales civiles que le informen sobre las comisiones de los jueces de primera instancia hacia otras circunscripciones judiciales antes de ser emitidas, así como las que reciban los jueces de municipio y ejecutores de medidas.

Las comisiones son órdenes de un juez a otro para que practique una diligencia judicial determinada, en caso de no poder hacerlo personalmente o por tratarse de un acto que deba realizarse en el territorio de otro juez. Por ejemplo, la citación de una persona que se encuentra fuera del territorio del tribunal donde se lleva a cabo el juicio. Este tipo de órdenes pueden ser emitidas por el juez según su criterio y las necesidades del proceso que dirige, siempre que lo haga conforme a la ley (artículos 14 y 234 y siguientes del Código de Procedimiento Civil.

Por esta razón el que la Sala Civil del TSJ establezca un requisito no previsto en la ley, agregando un paso adicional al proceso judicial por medio de un acto de rango sublegal inferior a la ley, como es un oficio, viola la reserva legal (artículo 156.32) y el propio Código de Procedimiento Civil. Asimismo, incurre en usurpación de funciones, al ser el órgano legislativo el competente para modificar la ley y no el judicial.

Quizás la presidencia de la Sala Civil podría fundamentar su propia competencia en que el TSJ, según el artículo 267 de la Constitución, es el órgano de dirección, gobierno y administración del Poder Judicial, así como de  inspección y vigilancia de los tribunales. Sin embargo, la Ley Orgánica del TSJ le da competencia en esta materia a la Sala Plena o a la Inspectoría General de Tribunales, y no a la Sala Civil, e incluso esos órganos actuando como administrativos no pueden cambiar la ley y menos aún establecer procedimientos judiciales. Esto es propio del órgano legislativo, es decir, de la Asamblea Nacional.

A las razones de ilegalidad e inconstitucionalidad antes mencionadas de la decisión de la Sala Civil, se añade otra causa de inconstitucionalidad. Este oficio también afecta directamente a los ciudadanos, porque sus juicios civiles serán aún más lentos cuando requieran de alguna comisión, lo que viola el artículo 26 de la Constitución. En este sentido, la norma constitucional dice que para que haya acceso a la justicia se requiere, entre otros, que esta sea rápida y sin formalismos inútiles. No obstante, el requerimiento de la Sala Civil de enviarle la información sobre las comisiones judiciales que se van a expedir retrasará los procesos y es un requisito que no añade nada al juicio, sino un control judicial que como, ya explicamos, viola la independencia del juez.

Si en 2016 la justicia civil aparecía en el puesto 112 de 113 países evaluados según el World Justice Project (p. 158), en 2017 es muy probable que aparezca en el último lugar con esta nueva medida de la Sala Civil.

Controversia constitucional entre los poderes Ejecutivo y Legislativo


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Sala Constitucional

Demanda de controversia constitucional

TSJ/SC N°  478 Fecha: 14/6/2016.

Comentario de Acceso a la Justicia: La Sala Constitucional con este fallo excluye a la Asamblea Nacional de ejercer la competencia que tiene asignada respecto a la materia de los asuntos internacionales (artículo 156, numeral 1 de la Carta Fundamental), que en su opinión es una competencia exclusiva y excluyente del Presidente de la República, en virtud del artículo 236, numeral 4 constitucional.

 Caso: La Procuraduría General de la República ejerce acción de amparo constitucional en contra de las ACTUACIONES, VÍAS DE HECHO Y AMENAZAS DE DAÑO INMINENTE EMANADAS DEL PRESIDENTE, DE LA JUNTA DIRECTIVA Y DE LA MAYORÍA DE DIPUTADOS QUE CIRCUNSTANCIALMENTE CONFORMAN LA ASAMBLEA NACIONAL (…) con la finalidad de consumar un golpe de Estado con pretendidos y negados visos de legitimidad, asumiendo graves daños colaterales a la población, que han venido siendo contrarrestados por el Ejecutivo Nacional”.  

Decisión: RECONDUCE la acción de amparo constitucional a una demanda de controversia constitucional. ADMITE la referida acción y, en consecuencia, ordena su sustanciación conforme a lo previsto en el artículo 128 y siguientes de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. ACUERDA la suspensión de los efectos jurídicos, hasta tanto se dicte sentencia de mérito que resuelva la presente controversia constitucional, de los actos parlamentarios de fechas 10 y 31 de mayo de 2016 dictados por la Asamblea Nacional.

 Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/junio/188339-478-14616-2016-16-0524.HTML

Ver nuestro análisis en: http://www.accesoalajusticia.org/wp/infojusticia/noticias/el-tsj-quiere-callar-a-la-asamblea-nacional/

Inconstitucionalidad de la Ley Especial para Atender la Crisis Nacional de Salud


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Sala Constitucional

Tipo de recurso: constitucionalidad de la ley

TSJ/SC N° 460  Fecha: 9/6/2016.

Comentario de Acceso a la Justicia:

La Sala sostuvo que la Asamblea Nacional atentó contra las competencias asignadas al Presidente de la República, al pretender con la ley sancionada regular una materia conferida al Ejecutivo Nacional. Enfatizó que la dirección de las relaciones internacionales forma parte de las materias reservadas exclusivamente al Presidente de la República.

Caso: Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, de conformidad con lo previsto en el artículo 214 del Texto Fundamental, solicitó pronunciamiento sobre la constitucionalidad de la Ley Especial para Atender la Crisis Nacional de Salud, sancionada por la Asamblea Nacional en sesión del 3 de mayo de 2016

 Decisión: INCONSTITUCIONAL la Ley  Especial Para Atender la Crisis Nacional de Salud, sancionada por la Asamblea Nacional en sesión del 3 de mayo de 2016, por infringir los artículos 138, 152, 153, 154, 155, 226, 236.4, 237 y 244 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, al usurpar competencias atribuidas al Presidente de la República en materia de dirección de la acción de gobierno en el ámbito de los estados de excepción, así como en materia de relaciones internacionales. Además, por establecer mecanismos de control parlamentario de la gestión del Ejecutivo Nacional distintos a los previstos por el Texto Fundamental, por incumplir con el procedimiento de formación de leyes previsto en su Reglamento Interior y de Debates y obviar el criterio vinculante establecido por esta Sala Constitucional en sentencia N° 269/2016, al no realizar la consulta obligatoria al Ejecutivo Nacional a fin de determinar la viabilidad económica de ley.

 Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/junio/188165-460-9616-2016-16-0500.HTML

Constitucionalidad del Estado de Excepción y Emergencia Económica


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Sala Constitucional.

Tipo de recurso: Constitucionalidad de la ley.

TSJ/SC sentencia N° 411. Fecha: 19/05/2016.

Comentario de Acceso a la Justicia: La Sala aplicó el criterio desarrollado en la sentencia N° 7 de fecha 11 de febrero de 2016 (http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/febrero/184885-07-11216-2016-16-0117.HTML) y señaló que la Asamblea Nacional al no pronunciarse dentro de las 48 horas de haberse hecho público el decreto (art. 27 Ley Orgánica sobre Estados de Excepción), contravino la norma y por ende con ese silencio convalidó el decreto presidencial.

Caso: Constitucionalidad del Decreto N° 2.323  del Presidente de la República mediante el cual declaró Estado de Excepción y de la Emergencia Económica que regirá en todo el territorio nacional por un lapso de 60 días,  publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.227 Extraordinario del 13 de mayo de 2016 (http://historico.tsj.gob.ve/gaceta_ext/mayo/1352016/E-1352016-4574.pdf#page=1).

Decisión: CONSTITUCIONALIDAD del Decreto N° 2.323, dictado por el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, mediante el cual se declara el Estado de Excepción y de la Emergencia Económica, dadas las circunstancias extraordinarias de orden social, económico, político, natural y ecológicas que afectan gravemente la economía nacional, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela n.° 6.227 Extraordinario del 13 de mayo de 2016, conforme al artículo 339 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; el cual fue dictado en cumplimiento de todos los parámetros que prevé el Texto Constitucional, la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción y demás instrumentos jurídicos aplicables, preservando los Derechos Humanos y en protección del Texto Fundamental, el Estado, sus Instituciones y el Pueblo, razón por la que se declara que el mismo entró en vigencia desde que fue dictado y que su legitimidad, validez, vigencia y eficacia jurídico-constitucional se mantiene irrevocablemente incólume, conforme a lo previsto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

 Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/mayo/187854-411-19516-2016-16-0470.HTML

Constitucionalidad del procedimiento de Reclamo del artículo 513 LOTTT


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Sala Constitucional.

Recurso de nulidad.

TSJ/SC sentencia N° 360. Fecha: 17/05/16.

Comentario de Acceso a la Justicia: En criterio de la SC/TSJ el procedimiento de reclamo regulado en el artículo 513 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras “LOTTT”, según referida decisión no viola el derecho a la defensa y debido proceso, que se encuentra previsto en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, sin embargo en la práctica es totalmente facíl constatar que en dicho procedimiento no hay apertura a lapso de pruebas, evacuación de pruebas, control de pruebas, evacuación de testigos, etc., debiendo por tanto sólo servir como proceso de “conciliación” o auto composición voluntaria, y que en etapa de decisión resolver sobre hechos o evidentes incumplimientos de circunstancias de modos, tiempo y lugar y no sobre puntos de derecho. Sin embargo la decisión establece un criterio muy distinto.

Decisión: Sin Lugar Recurso de nulidad por inconstitucionalidad contra el artículo 513 LOTTT.

“Argumenta la parte recurrente que en la norma antes transcrita, el procedimiento para atender reclamos de trabajadores y trabajadoras, suprime la fase probatoria, al no contemplar la oportunidad para promover e incorporar al proceso algún medio de prueba legal o libre, por no señalar la oportunidad para oponerse a las pruebas promovidas por la parte contraria y la inexistencia del lapso de evacuación de prueba legal o libre que permita garantizar a las partes el derecho a la defensa.

Ahora bien, en el procedimiento cuestionado de inconstitucionalidad por el recurrente, existen dos fases diferenciadas: la conciliatoria y la decisoria. En la primera, donde se convoca al patrono a la audiencia de reclamo y el funcionario de la administración del trabajo debe mediar entre las partes de la relación de trabajo, con la finalidad de alcanzar un acuerdo o arreglo ante el reclamo presentado por el trabajador, trabajadora o grupo de trabajadores y trabajadoras en la audiencia de reclamo convocada con la asistencia las partes, de resultar positiva la conciliación se da por concluido el reclamo con el acta respectiva homologando el acuerdo la Inspectoría del trabajo; en la segunda fase, de no ser posible la conciliación antes descrita, el patrono o sus representantes deben consignar escrito de contestación dentro de los cinco días siguientes a la audiencia y se remite el expediente al inspector del trabajo para su decisión, de no presentar el escrito se tendrán por ciertos el reclamo del trabajador, trabajadora o grupo de trabajadores y trabajadoras.

En contraste con los argumentos de la parte recurrente, observa la Sala que en el procedimiento para atender reclamos de trabajadores y trabajadoras, el patrono tiene una primera oportunidad de presentar alegatos, defensas, excepciones y medios probatorios en la audiencia de reclamo (fase conciliatoria), por otra parte en la fase decisoria, al no lograrse la conciliación o acuerdo satisfactorio entre las partes de la relación de trabajo, el empleador deberá consignar dentro de los cinco días siguientes escrito de contestación al reclamo, oportunidad en la cual ese escrito puede acompañarse de los medios probatorios para fundamentar su defensa ante el reclamo del trabajador o grupo de trabajadores.

En estas circunstancias, debe destacarse que el procedimiento para atender reclamos de trabajadores y trabajadoras, es llevado a cabo en sede administrativa, es por tanto un procedimiento administrativo especial regulado en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, siéndole aplicables de forma supletoria la normativa de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos en lo referente al procedimiento administrativo ordinario, esto de conformidad con artículo 47 de la referida ley.

La Sala señaló que en el procedimiento para atender reclamos de los trabajadores, el patrono tiene una primera oportunidad de presentar sus alegatos y medios probatorios, esto es, en la audiencia de reclamo y luego, en la fase decisoria, de no lograrse la conciliación, puede consignar dentro de los 5 días siguientes, escrito de contestación de reclamo, oportunidad en la cual también puede acompañar los medios probatorios que estime pertinentes.

Asimismo, se observa que dicho procedimiento de reclamo es llevado a cabo en sede administrativa, por lo tanto, constituye un procedimiento administrativo especial regulado en la respectiva Ley, siéndole aplicable de forma supletoria, la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, en lo relativo al procedimiento ordinario.

De igual forma, en dicho procedimiento, la Administración Laboral cuenta con los medios necesarios para ilustrar su convicción, pues puede solicitar información en cuanto a los hechos más relevantes, los cuales pueden ser objeto de los medios de pruebas admisibles previstos en el Código de Procedimiento Civil, el Código Civil y demás leyes, de conformidad con los artículos 28 y 58 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos y, en particular, en materia laboral, sin los formalismos propios del proceso judicial, por lo que el funcionario del trabajo está obligado a apreciar y valorar las pruebas presentadas al inicio del procedimiento como en su tramitación, de conformidad con el artículo 62 de la referida Ley.

Por otra parte, el Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo vigente, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, Nº 38.426 del 28 de abril de 2006, establece en su artículo 5 el orden de prelación de las fuentes en los procedimientos administrativos laborales, en lo referente a las normas de procedimiento y ratifica lo señalado en párrafos precedentes de la aplicación preferente de las normas adjetivas previstas leyes especiales tales como el Decreto  con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, el Código de Procedimiento Civil y supletoriamente la aplicación de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos de conformidad con lo dispuesto en su artículo 58 donde se incluyen los medios probatorios.

De tal manera que, si bien dicho procedimiento de reclamo está diseñado para ser breve y concentrado, no se priva al patrono de la oportunidad procedimental para presentar los medios probatorios que estime pertinentes, por lo que no se vulnera el principio de igualdad para la presentación de medios probatorios. Por tanto, la norma impugnada mantiene el equilibrio entre las partes y no se aparta de los preceptos constitucionales relativos a la defensa y al debido proceso, por lo que la misma no está viciada de la inconstitucionalidad denunciada por el recurrente.

En tal sentido, la norma contenida en el artículo 513 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, cuya nulidad se solicita, al no vulnerar el mandato del artículo 49.1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, no está viciada de inconstitucionalidad, en lo relativo a la imposibilidad de presentación de medios probatorios por parte del patrono y la inexistencia del derecho a la prueba, la Sala debe declarar sin lugar la presente acción de nulidad por razones de inconstitucionalidad. Así decide.”

 Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/mayo/187767-360-17516-2016-14-1155.HTML

Multa a abogado por pedir nulidad de nombramiento del magistrado Maikel Moreno


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Sala Constitucional.

Demanda de nulidad.

TSJ/SC sentencia N° 311. Fecha: 28/04/2016.

Comentario de Acceso a la Justicia: El demandante objetó la constitucionalidad y legalidad del Acuerdo de la Asamblea Nacional en que nombró al magistrado MAIKEL JOSE (SIC) MORENO PEREZ, por lo que a su decir se encuentra incurso en situaciones de inhabilidad para ser Magistrado, no obstante, la Sala consideró esta demanda inadmisible por contener términos irrespetuosos fue declarada.

Caso: Demanda de nulidad absoluta “de la designación del ciudadano MAIKEL JOSE (SIC) MORENO PEREZ (SIC), (…) Magistrado Principal de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia (…) por ser ilegal e inconstitucional su nombramiento según lo previsto en el numeral 1 del artículo 19 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos y en consecuencia la Nulidad Parcial del Acuerdo Parlamentario de fecha 28 de Diciembre del 2014, publicado en la Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.165 de fecha 28 de Diciembre del (sic) 2014”.

Decisión: Declara INADMISIBLE la demanda de nulidad. Y MULTA al abogado Robert Luis Rodríguez Noriega, con la cantidad de cincuenta unidades tributarias (50 U.T.), que pagará ante cualquier entidad bancaria receptora de fondos públicos nacionales dentro de los treinta (30) días continuos siguientes a la notificación de la presente decisión que imponga la sanción o de la decisión que resuelva el reclamo conforme a lo establecido en el artículo 125 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. La constancia de haberse efectuado el pago será consignada a los autos dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al vencimiento del plazo para el pago. Es de advertir que si el sancionado no pagare la multa en el lapso establecido, la sanción podrá aumentarse entre un tercio y la mitad del total de la multa.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/abril/187482-311-28416-2016-15-0430.HTML

La “muerte constitucional” de la Asamblea Nacional


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El pasado viernes 21 de abril de 2016, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), mediante sentencia Nº  269 acordó suspender en forma provisional varios artículos del Reglamento de Interior y de Debates de la Asamblea Nacional, que regulan el trabajo y funcionamiento del Poder Legislativo.

La sentencia Nº 269 es producto de una demanda de nulidad por razones de inconstitucionalidad ejercida conjuntamente con medida cautelar que presentaron algunos representantes o diputados de la oposición, en el año 2011, contra la modificación que de ese texto normativo aprobó en el 2010 la Asamblea Nacional, controlada en aquel momento por la mayoría de los diputados del oficialismo.

Con una demanda ejercida en el 2011 por los diputados de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), la Sala Constitucional regula ahora en 2016, cómo debe sesionar y debatir los asuntos la actual Asamblea Nacional, donde la mayoría es del partido que presentó esa demanda. Así pues, la Sala Constitucional se pone de nuevo al margen de la Carta Magna venezolana al entrometerse en el funcionamiento interno del Poder Legislativo, ya que al tener la nueva Asamblea mayoría de la MUD podía antes de esta sentencia cambiar ese reglamento si quería hacerlo y no requería que el TSJ interviniera. Al hacerlo limita su potestad reglamentaria establecida en la Constitución.

La sentencia además contiene otras limitaciones a la Asamblea, sobre todo en cuanto a su función legislativa, también establecida en la Constitución.

Acceso a la justicia resume a continuación las modificaciones o limitaciones impuestas provisionalmente (por ser una medida cautelar del TSJ) al órgano legislativo:

  1. En la fase de iniciativa del procedimiento legislativo:  

1.1.            Modifica la forma de realizar la consulta pública en que deberá atender al denominado “parlamentarismo social de calle como expresión del Poder Popular”, y que se llevará a cabo, como mínimo, en un lapso de 20 días, pero que podrá ser prorrogado por otros 20 días a solicitud de las organizaciones que conforman el Poder Popular para el ejercicio de la participación ciudadana (artículo 105, último aparte del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional).

1.2.            Añade la obligación de someter el informe sobre el impacto e incidencia presupuestaria y económica o el informe de la Dirección de Asesoría Económica y Financiera de la Asamblea Nacional que debe acompañar a todo proyecto de ley, a la consideración del Ejecutivo Nacional, a través del Vicepresidente Ejecutivo, a los fines de determinar la viabilidad económica en el país (artículo 103, numeral 3 Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional).

  1. En cuanto al funcionamiento interno de la Asamblea:

2.1.            Amplía a 48 horas el tiempo para realizar la convocatoria a sesión, para hacer efectiva la presencia en la sesión convocada de los parlamentarios que representen los estados fuera de la capital, sede del órgano legislativo nacional” (artículo 57 del Reglamento Interior y de Debates).

2.2.            Transforma cómo llevar el orden del día de cada sesión, pues no podrá ser modificado ni para incluir o excluir algún punto o materia, además que los puntos que no puedan ser tratados en la sesión correspondiente tampoco podrán ser incorporados en el orden del día de la sesión siguiente (artículo 64, numerales 6 y 8 del Reglamento Interior y de Debates).

2.3.            Elimina el tiempo para la intervención de los diputados, en todo caso “responderán a la complejidad o importancia del tema en debate” (artículo 73 del Reglamento Interior y de Debates).

Queda claro que el texto de la sentencia incorpora un conjunto de cambios en el Reglamento de Interior y de Debates de la Asamblea Nacional, que configuran una flagrante violación al principio de la separación y autonomía del Poder Público consagrado en la Constitución en su artículo 136.

Asimismo, esta “nueva regulación” de la Sala Constitucional pone en peligro la función de la representación popular y el procedimiento constitucional de la formación de las leyes, pues no cabe la menor duda que lo más grave de los cambios que hace la Sala con su sentencia consiste en que la Asamblea Nacional está obligada a consultar al Presidente de la República la “viabilidad económica” de todos sus proyectos, incluso de los ya sancionados ¿será que la Sala Constitucional busca  adelantarnos cómo será su decisión acerca de la constitucionalidad de la Ley de Bono de Alimentación y medicamentos para Pensionados y Jubilados?

De acuerdo con este criterio, evidentemente, queda en manos del Ejecutivo Nacional aprobar o no los proyectos de leyes, y por ende el órgano representativo de la soberanía popular ha quedado vacío al perder su competencia natural como es la de legislar (artículo 187.1 de la Constitución).

¿Y a ti venezolano, cómo te afecta?

La Sala Constitucional vuelve a favorecer al Ejecutivo Nacional al ampliar sus facultades, lo que conduce a una absoluta concentración del poder como ha quedado evidenciado en cada una de las sentencias que en este sentido que han sido dictadas después de las elecciones del 6 de diciembre de 2015.

Con la decisión N° 269, el supuesto ángel de la guarda de la Carta Fundamental venezolana le da el golpe mortal a la nueva Asamblea Nacional, al atribuirle al Presidente de la República la potestad de legislar, competencia inherente del Poder Legislativo, pues sólo cuando el Ejecutivo Nacional considere que el proyecto de ley es “viable económicamente” es cuando la Asamblea Nacional podrá aprobarlo como ley. 

En este caso con la acción cautelar acordada por la Sala Constitucional, puede decirse que se está en presencia de un proceso absolutamente inconstitucional, un verdadero golpe de estado judicial, que viola la manifestación de la soberanía popular, según lo que quedó expresado en las elecciones celebradas el 6 de diciembre de 2016, y que fractura, además, el Estado de Derecho al desconocer la separación de poderes como su piedra angular.

Prórroga de Estado de Emergencia Económica: violación del control político de la Asamblea Nacional


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Sala Constitucional.

Control de Constitucionalidad.

 TSJ/SC sentencia N° 184. Fecha: 17/03/2016.

Caso: Declaratoria de constitucionalidad del  Decreto N° 2. 270, mediante el cual prorroga por un lapso de 60 días el plazo establecido en el Decreto N° 2.184 que declaró el estado de emergencia económica en todo el territorio nacional, y que fue publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela n.° 6219 Extraordinario del 11 de marzo de 2016.

Comentario de Acceso a la Justicia: La Sala Constitucional, a partir de esta decisión, avala la constitucionalidad de la prórroga del estado de emergencia económica que está vigente en el país desde el 14 de enero de 2016. La Sala solo se limitó a indicar tres noticias publicadas en la prensa nacional para justificar los motivos que impulsaron al Presidente de la República para solicitar la mencionada prórroga.

Decisión: Se declara la CONSTITUCIONALIDAD del Decreto N° 2.270 del 11 de marzo de 2016, mediante el cual se prorroga por sesenta (60) días el plazo establecido en el Decreto 2.184, del 14 de enero de 2016.

 Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/marzo/186437-184-17316-2016-16-0038.HTML

Lucha de poderes ¿Golpe de estado judicial?


La excepción parece la regla en la frontera

La Sala Constitucional a favor del gobierno y no del ciudadano

El pasado jueves 11 de febrero, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia dictó una sentencia que conmocionó a todo el país, la Nº 7, mediante la cual anuló el acuerdo de la Asamblea Nacional del 22 de enero de 2016, que desaprobó el Decreto N° 2.184 del Presidente de la República (ver más…)[1].

Ese decreto declaraba el “Estado de Emergencia Económica en todo el Territorio Nacional por un lapso de sesenta (60) días”, y al considerarlo válido el Tribunal Supremo de Justicia, repentinamente toda Venezuela está en estado de excepción desde el 14 de enero de 2016.

Así por causa de esa sentencia están limitados los derechos de todos los venezolanos en materia económica, aunque no se sabe concretamente cuáles, ni cómo, ni el alcance de esa restricción, porque el decreto no lo dice -que además como explicamos en otra oportunidad es un requisito esencial para su constitucionalidad (ver más…), lo que hace también extremadamente preocupante su declaratoria de validez por la Sala Constitucional.

Adicionalmente, como consecuencia de su sentencia, esos derechos los regula ahora el Ejecutivo Nacional, en vez del Legislativo, quien es el órgano democrático por excelencia, a pesar de que éste no lo autorizó a hacerlo, según lo que establece el artículo 339 de la Constitución.

El fundamento de la sentencia Nº 7 para declarar válida la declaratoria del estado de excepción es que la Asamblea Nacional no hizo presuntamente una sesión especial a las 48 horas de haber recibido el decreto, como en cambio prevé el artículo 27 de la Ley Orgánica de Estados de Excepción.  Decimos “presuntamente”, ya que en la propia sentencia se reconoce que no se sabe si se celebró o no esa sesión, de hecho, la decisión se basa en la prensa e indica que como en ésta no se reportó, probablemente no se hizo.

De forma tal que el máximo órgano de justicia venezolano y de control del poder autorizó al Ejecutivo a limitar los derechos de los venezolanos y le dio más poder al gobierno, al declarar valido un estado de excepción, que constituye prácticamente un cheque en blanco, sobre la base de una presunción y no de una plena prueba y de una formalidad no esencial cuando la sentencia reconoce que el lapso legal de 8 días sí se cumplió.

Al respecto es importante destacar que la Constitución en su artículo 257 indica queno se sacrificará la justicia por la omisión de formalidades no esenciales”. Lo más grave de todo esto es que la propia presidenta del Tribunal Supremo de Justicia le dijo al presidente de la Asamblea Nacional, que tenía 8 días para tomar su decisión sin aclarar que eventualmente debía hacer una sesión especial antes de aprobarlo o desaprobarlo la Asamblea (ver más…).

La sentencia no se queda allí, sino que además en ella se reconoce que, aunque el artículo 33 de la Ley Orgánica de Estado de Excepción prohíbe a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia que se pronuncie después que la Asamblea Nacional desapruebe la declaratoria de excepción, ésta considera que lo debe hacer por ser todos los actos del Poder Público controlables por el juez en un Estado de derecho, por lo que además, desaplica esa norma de la ley por considerarla inconstitucional.

De esta manera, la Sala Constitucional usurpa funciones de la Asamblea Nacional y viola así obviamente el artículo 33 de la ley mencionada que no le dejaba pronunciarse después que la Asamblea desaprobara el decreto, pero también la propia Constitución que en su exposición de motivos dice expresamente en el capítulo relativo a los estados de excepción lo siguiente:

   “… dada la trascendencia de la decisión correspondiente, se prevé la intervención de los tres Poderes clásicos en la declaración de los estados de excepción: en virtud de la urgencia que los caracteriza, se faculta al Presidente de la República, en Consejo de Ministros, para dictar el Decreto respectivo, pero se prescribe su remisión a la Asamblea Nacional, la cual, como instancia deliberante y representativa por excelencia de la soberanía popular, puede revocarlo si estima que las circunstancias invocadas no justifican la declaración de un estado de excepción o si considera que las medidas previstas para hacerle frente son excesivas. Si la Asamblea Nacional se encuentra en receso al dictarse el decreto correspondiente, éste debe ser remitido a la Comisión Delegada, la cual ejercerá las facultades respectivas.

A lo anterior se suma un control judicial automático atribuido a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, la cual habrá de pronunciarse sobre la constitucionalidad o no del estado de excepción y de lo establecido en el decreto que lo declaró, a menos que la Asamblea Nacional, o la Comisión Delegada, haya revocado previamente ese decreto”. (Resaltado nuestro).

De la exposición de motivos de la Constitución, (a la que la Sala Constitucional no hizo referencia en su sentencia) queda aún más claro por qué el Tribunal Supremo de Justicia no debía pronunciarse una vez que la Asamblea Nacional desaprobara el decreto de emergencia.

Jurídicamente hablando el decreto que declara la emergencia está sujeto a una condición que es la aprobación de la Asamblea Nacional. Si ésta no lo aprueba, no se constituye el acto y por tanto, no hay decreto cuya constitucionalidad revisar por el Poder Judicial. De hecho, el decreto del Ejecutivo deja de existir. Es por ello, que la Sala Constitucional no debe intervenir en estos casos, ya que no hay acto que controlar.

En cambio, si los dos poderes electos por el pueblo consideran que la declaratoria de emergencia es válida, el decreto del Ejecutivo se configura como un acto jurídico, por lo que debe intervenir para su control también el Poder Judicial, por ser el llamado a revisar la constitucionalidad de todo acto, como bien dice la Sala Constitucional, y así, “asegurar la integridad” de la Constitución, que es el rol fundamental del juez (artículo 334).

Por tanto, al actuar la Sala Constitucional como lo hizo, revivió un acto que ya no existía, además de poner en grave peligro la integridad de la Constitución. Es decir, hizo lo contrario a lo que es su rol, y para hacerlo usurpó funciones de otro poder público y violó el ordenamiento jurídico.

¿Y a ti venezolano cómo te afecta?

Al ser el propio Tribunal Supremo de Justicia, y además su Sala Constitucional, quien viola con esta sentencia de manera tan flagrante, la Constitución y la ley, y declara vigente un estado de excepción que limita por sus características de manera importante tus derechos y da tanto poder al gobierno, queda absolutamente claro que en Venezuela no hay control del poder político por medio del Derecho, que es lo que define un Estado de derecho, y sin éste, es evidente que, en realidad, los ciudadanos se encuentran en estado de indefensión frente a los abusos del poder.

____________________________________________________________

[1] No se indica el número de gaceta oficial en que se publicó este acuerdo, porque nunca se publicó, aunque sí la sentencia Nº 4 del 20 de enero de 2016 que declaraba constitucional el decreto del Presidente de la República, con lo cual pareciera que nunca fue su intención acatar la decisión de la Asamblea Nacional. 

Estados de excepción: violación del control político de la Asamblea Nacional


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Sala Constitucional.

Recurso de interpretación.

TSJ/SC sentencia N° 7. Fecha: 11/02/2016.

Caso: Recurso de interpretación constitucional para solicitar pronunciamiento sobre el alcance, particulares y consecuencias del artículo 339 en concatenación con el artículo 136 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, además de los artículos 27 y 33 de la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción.

Comentario de Acceso a la Justicia: Con este fallo la Sala Constitucional desconoce la función contralora de la Asamblea Nacional, al declarar la nulidad del acuerdo del 22 de enero de 2016 que desaprobó el Decreto N° 2.184 del Presidente de la República, que declaraba la emergencia económica en todo el territorio nacional por un lapso de sesenta (60) días.

La Sala también desaplicó el artículo 33 de la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción por considerar que es una limitación a los poderes de revisión constitucional que tiene atribuidos la Sala Constitucional la cual no está establecida en el texto fundamental venezolano, y ordenó seguir procedimiento de nulidad contra dicho artículo.

Decisión: Se  interpretan los artículos 339 y 136 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y los artículos 27 y 33 de la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción y declara que el Decreto N° 2.184,  que declaró el estado de emergencia económica en todo el territorio nacional durante un lapso de 60 días, entró en vigencia desde que fue dictado y su legitimidad validez, vigencia y eficacia jurídica-constitucional se mantienen irrevocablemente incólumes, conforme a lo previsto en el Texto Fundamental.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/febrero/184885-07-11216-2016-16-0117.HTML