Rosales vs. Scarano: dos caras de una misma moneda


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Con la habilitación política del exgobernador del estado Zulia, Manuel Rosales (30 de octubre de 2017), el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) reconoció que las inhabilitaciones ordenadas por la Contraloría General de la República (CGR) violan el debido proceso, pero con la decisión también dejó en evidencia el trato discriminatorio de la administración de justicia venezolana.

La Sala Político Administrativa (SPA) del TSJ, en sentencia n° 1.169, resolvió dejar sin efecto la inhabilitación de Rosales para ejercer cargos públicos por un período de siete años y seis meses, impuesta por la CGR en agosto de 2014.

Con el fallo, es la primera vez que esta instancia cuestiona una disposición de la Contraloría que restringe la participación política de un opositor. Estas medidas ya habían sido condenadas como una práctica de persecución por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el informe intitulado “Democracia y Derechos Humanos en Venezuela”, publicado en 2009.

En el documento, la CIDH advierte que se trata de una violación al debido proceso, porque la CGR no siguió procedimiento alguno para establecer la inhabilitación, y además por la irregularidad que supone que un órgano administrativo imponga una condena penal y no un tribunal.

rosales-nota1Si bien Acceso a la Justicia respalda la decisión de la SPA en el caso Rosales, considera preocupante que sólo hace unas semanas esa misma sala, en sentencia n.° 1.110 de fecha 17 de octubre no tomara la misma resolución con respecto al exalcalde del municipio San Diego en el estado Carabobo, Vicenzo Scarano.

Atendiendo a la decisión, la sala argumentaría que las causas por las que consideró que en el caso de Rosales no hubo debido proceso son distintas a la del procedimiento seguido contra Scarano y otros políticos. Al exgobernador del Zulia, la SPA le reconoció la violación, señalando que cuando fue inhabilitado él estaba fuera del país, por lo que fue procesado en ausencia, mientras que Scarano y otros dirigentes estaban en el país, por lo que no se trataría de la misma situación.

Sin embargo, Acceso a la Justicia hace notar que, como refiere la CIDH, la decisión de inhabilitarlos provino de un órgano incompetente (la CGR) y no de un tribunal, además que fue tomada sin procedimiento alguno, por lo que el estar en Venezuela no les garantizó tener un debido proceso.

Cabe resaltar además que lo hecho por la CGR con Rosales replica lo hecho por la Sala Constitucional con Scarano la primera vez que lo inhabilitó, así como lo ejecutado contra varios alcaldes recientemente y el exgobernador de Miranda, Henrique Capriles Radonski. La Sala les siguió juicios en ausencia bajo la figura de un amparo cautelar y un supuesto desacato, tomando una decisión de índole penal y además violando su derecho a que los procese su juez natural.

Principio de igualdad

Otro elemento que debe ser considerado, por las dudas que genera en cuanto a la intencionalidad de la sentencia, es por qué se le dio un trato distinto a Rosales si es un opositor político al igual que Scarano y otros alcaldes.

La inquietud parte de que una vez conocida la medida, el Consejo Nacional Electoral (CNE), por orden de la fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente (ANC), decidió repetir la elección del gobernador del estado Zulia tras declarar vacante el cargo, pues el mandatario regional electo en octubre pasado, Juan Pablo Guanipa, perteneciente a la oposición, no se subordinó a la ANC, pero Rosales se inscribió para participar en esa elección inconstitucional.

Sumado a la secuencia de eventos que favoreció la vuelta al ruedo político de Rosales, pero no así la de otros tantos opositores, Acceso a la Justicia pide a la SPA que habilite a Scarano como lo hizo con el exgobernador zuliano, así como al resto de dirigentes de la oposición que la CGR ha inhabilitado sin seguir los procedimientos de ley.

rosales-nota3Otro elemento que ensombrece la decisión es que, de forma muy inusual, la sentencia a favor de Rosales se publicó un día lunes, cuando lo habitual, en el caso de la SPA, es hacerlo de martes a jueves (días de despacho). La revisión de las sentencias publicadas en lo que va de año evidencia que esta es la única decisión divulgada un día fuera de los establecidos para dar despacho.

De manera coincidente, las postulaciones para la elección del gobernador zuliano iniciaron el día después de dictada la medida, de acuerdo con el cronograma publicado por el CNE.

Conocidos los hechos, Acceso a la Justicia está en la obligación de señalar todas las irregularidades que evidencien un trato ajeno a la imparcialidad de cualquier decisión judicial, y que el TSJ dé despacho un día que no corresponde para publicar una única sentencia y en el contexto antes descrito es un ejemplo de ello.

En suma, para la ONG resulta preocupante que la justicia se esté aplicando de manera distinta según quién sea la persona que se enjuicia, cuando un tribunal para ser tal debe ser imparcial e independiente, y debe aplicar la Ley con base en el principio de igualdad constitucional.

También es contrario a la seguridad jurídica, que un juzgado modifique sin razón y el debido proceso, las reglas y derechos, pues ello coloca a las personas en una situación de absoluta y grave indefensión.

Cada vez se hace más claro que, al estilo de la obra Rebelión en la granja, de George Orwell, en la que el autor, imaginando en lo que se convertiría el socialismo, describe un Estado totalitario con un partido único en el que el Gobierno hacía lo contrario a lo que promovía con su discurso e iba cambiando las normas a su conveniencia, en Venezuela rige la regla: “todos somos iguales pero unos más iguales que otros”.

 ¿Y a ti venezolano, cómo te afecta?

rosales-nota2No cabe duda que en el contexto electoral y de ausencia de Estado de derecho que vive actualmente el país, los intereses políticos son los que marcan las pautas de las decisiones de los distintos órganos del Estado, incluso de aquellos cuyo rol es únicamente aplicar la ley como la Contraloría General de la República y el Poder Judicial. Esta realidad es grave, porque las decisiones, incluso del órgano que debe hacer justicia como el TSJ, se vuelven políticas, es decir, un ejercicio de poder y no de reconocimiento y protección de los derechos de los ciudadanos, que son su verdadero rol y razón de ser.

7 claves sobre la “ilegalización” de los partidos políticos anunciada por Maduro


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Luego de las dudas y denuncias de fraude en las elecciones regionales del 15 de octubre, y tras la orden de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) al Consejo Nacional Electoral (CNE) de convocar las elecciones municipales para diciembre, además de solicitar la repetición de los comicios para elegir al gobernador del estado Zulia, la mayoría de los partidos políticos que integran la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) anunció que no participará en ambos procesos por considerar que no hay garantías.

Frente a la decisión de buena parte de la coalición opositora (Acción Democrática, Voluntad Popular, Primero Justicia, Causa R y Alianza Bravo Pueblo), el jefe del comando de campaña del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Jorge Rodríguez, consignó ante el CNE un documento en el que solicitó que se tomen “medidas contra aquellos partidos políticos que impidan el voto y el derecho a la participación del pueblo”.

La petición de Rodríguez fue respaldada por el presidente de la República, Nicolás Maduro, quien advirtió que tanto el CNE como la ANC están obligados a tomar “medidas draconianas” contra  los “partidos que se han ausentado del procedimiento político democrático y electoral” y hasta sugirió que se les inhabilitarán las tarjetas para próximos comicios.

En este nuevo capítulo de la vida político-electoral del país que pone aún más en peligro la libertad, Acceso a la Justicia plantea siete preguntas y respuestas claves para comprender el tema:

  1. ¿Abstenerse de participar en un proceso electoral configura una irregularidad o infracción en la legislación electoral venezolana que acarrea ilegalización de los partidos políticos?

No. En efecto, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) a través de la Sala Electoral (SE) reconoce  expresamente que la abstención o la falta de concurrencia a las elecciones es una forma de expresión del sufragio, tanto pasivo como activo, considerándose, claro está, un avance en materia de derechos políticos.

De hecho, la SE sostuvo en sentencia n.° 29 del 19 de febrero de 2002 que “La noción general del derecho al sufragio alude a la libertad de participar en un proceso electoral, tanto en la condición de elector (sufragio activo) como en la de candidato (sufragio pasivo). En ambas modalidades debe admitirse, además de la posibilidad de elegir y ser elegido, la opción de abstenerse de elegir o presentarse como candidato”.

En este sentido, al no verse socavado el derecho al sufragio ni mucho menos la participación política, la SE admitió que la abstención “no produce efecto jurídico alguno”. De hecho, expresamente afirmó que “configura un fenómeno político que, aunque atenta contra la legitimidad de la elección o decisión que se adopte, en sistemas de elecciones por mayoría simple como el nuestro no produce efecto jurídico alguno. En este sentido, también se admite, aunque no técnicamente, que la abstención es una forma de expresar el sufragio”.

  1. ¿Los partidos políticos están obligados a participar en los procesos electorales?

No. Desde que entró en vigencia la Constitución de 1999 el sufragio, tanto pasivo como activo, es concebido exclusivamente como un derecho. Por tal razón, ninguna organización política está obligada a postular candidatos (sufragio pasivo), ni los electores tienen el deber de concurrir al acto de votación de los procesos electorales convocados por el CNE (sufragio activo).

  1. ¿Es la primera vez que los partidos políticos del país deciden abstenerse de participar en unas elecciones convocadas por el CNE?

No. En 2005 las principales fuerzas de la oposición también decidieron no participar en las elecciones de la Asamblea Nacional (AN) convocadas para el 4 diciembre de ese año, luego de haber quedado en evidencia la parcialización del CNE en el referendo revocatorio del presidente de la República y, sobre todo, por la implementación del Sistema de Autenticación Integral (nombre técnico de las máquinas “captahuellas”) que no brindaba ninguna confianza sobre el secreto, la transparencia y la autenticidad de los comicios parlamentarios.

  1. ¿El CNE puede cancelar a los partidos políticos por abstenerse de participar en las elecciones municipales 2017, inhabilitándolos para las elecciones presidenciales de 2018?

 Absolutamente  no.  La falta de concurrencia a una elección, según la legislación electoral,  no se encuadra como infracción, delito o falta electoral.  A esto habría que añadir que, dada la concepción del sufragio como derecho en el artículo 63 de la Constitución, es más bien una conducta totalmente permitida en el país, por lo que el CNE debería actuar con objetividad e imparcialidad y no hacer nada al respecto.

Sancionar a las organizaciones partidistas por una conducta no tipificada como delito ni falta electoral implicaría una grave violación a los derechos electorales ciudadanos, especialmente a la libertad de la participación política (artículo 62 constitucional), el  derecho al sufragio (artículo 63) y el derecho de asociación con fines políticos (artículo 67). También infringe el principio constitucional de que no hay delito ni sanción sin ley previa (artículo 49 numeral 7) y el principio de legalidad según el cual ningún órgano del Estado puede actuar si la ley no lo faculta (artículo 137).

  1. ¿Cómo regula la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones la cancelación de los partidos políticos en el país?

Precisamente, el artículo 32 de la citada ley establece de forma elocuente cuatro supuestos a partir de los cuales  pueden los partidos políticos perder su inscripción:

  • Cuando sea solicitado por el propio partido, conforme a sus estatutos internos.
  • Por la fusión o incorporación a otro partido político.
  • Cuando el partido ha dejado de participar en las elecciones, en dos períodos constitucionales sucesivos.
  • Cuando se compruebe que hubo fraude durante la inscripción o que su actuación no estuviere ajustada a las normas legales.
  1. Según la previsión contenida en la letra c del artículo 32 de la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones, ¿es viable su aplicación a los partidos que decidieron no acudir a las elecciones municipales?

No. Este es un supuesto que  resultaría aplicable para cancelar a las organizaciones políticas sólo cuando estas no postulen candidatos en dos elecciones continuas, y está muy claro que los partidos que decidieron abstenerse de participar en las municipales concurrieron a las regionales.

  1. ¿La solicitud entregada al CNE para que tome sanciones en contra de los partidos que expresaron su voluntad de no participar en las municipales es cónsona con el texto constitucional y la legislación electoral? 

No, porque está claro que no busca defender el voto sino restringir e impedir cada vez más el ejercicio de los derechos políticos de los venezolanos, al pretender desvalorizar y extinguir a los partidos políticos opositores y a sus seguidores sólo por protestar la falta de transparencia en los comicios regionales. Es decir, el CNE y el Gobierno no dan garantías de elecciones limpias pero quieren obligar a la participación.

“No estamos dentro de la Constitución y por ello no sabemos qué ocurrirá”


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Luego de las elecciones regionales del 15 de octubre le quedó más claro al venezolano la magnitud del poder de la clase política gobernante en el país y hasta dónde está dispuesto a usarlo.

Sobre este tema conversó la directora de Acceso a la Justicia, Laura Louza, en entrevista con Azalea Liscano en Super Stereo 98.1 FM de Margarita, el 23 de octubre de 2017.

“El Estado ya no está controlado ni limitado por el derecho, lo usa para establecer las reglas que le convienen según el juego político. No estamos dentro de la Constitución y eso lleva a que lo que vaya a pasar no sea previsible. El derecho permite trazar hacia dónde vamos, pero como no se aplica es difícil predecir”, expresó la abogada constitucionalista.

Recordó que la ruptura del orden constitucional no viene con el desconocimiento de la voluntad popular expresada en los comicios regionales y que llevó a la subordinación de cuatro gobernadores de Acción Democrática (AD) ante la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) y el despojo de su investidura como nuevo mandatario del Zulia a Juan Pablo Guanipa de Primero Justicia, sino desde las sentencias 155 y 156 del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que anularon las competencias del Parlamento nacional en marzo de 2017. Lo que ha ocurrido, señaló es que la situación se agravó con la instalación de la ANC.

“El poder cada vez tiene más poder, y allí se ponen en evidencia los errores que tenemos como sociedad; tenemos que crecer, no podemos seguir dejándonos manipular. Parte de los errores de la oposición ha sido creer que los venezolanos somos los de antes y edulcorarnos las mentiras. La oposición debió hablar claro desde el principio, no prometer que el Gobierno saldría de un momento a otro o que por ejemplo acabaría con las colas (para comprar comida) en meses”, reprochó.

La directora de Acceso a la Justicia instó a la dirigencia política a convertirse en líder y dejar de actuar como si no supiera qué hacer, así como dejar de guiarse sólo por lo que le dicen las redes sociales.

“Juego macabro”

Louza admitió que la ONG Acceso a la Justicia estuvo de acuerdo con votar en las regionales, e incluso llamó a la ciudadanía a participar, porque no hay que ceder los espacios que se tienen hasta que se pierden completamente, pero lo ocurrido después demostró que el CNE no mantuvo ni las garantías de diciembre de 2015, por lo que no había garantías para que el derecho al sufragio fuera ejercido y respetado, ni siquiera mínimamente. Se trató de un “juego macabro” del Gobierno.

“La oposición democrática cometió muchos errores. Ella venía advirtiendo que no había Estado de derecho, por ello, llamó a la aplicación de los artículos (de la Constitución) 350 y 333, pero luego aceptó ir a elecciones. Es cierto que tenía miedo de repetir el error de 2005 (cuando no participó en los comicios parlamentarios con nefastas consecuencias), pero la situación no era la misma porque no había en esa época la ruptura del orden constitucional que hay ahora. Tampoco se podía confiar que una vez instalada la ANC en que habría las mismas reglas de (las parlamentarias) de 2015, cuando se ganó la mayoría de la Asamblea Nacional”.

También subrayó que los resultados que según el Consejo Nacional Electoral favorecieron al Gobierno con dieciocho jefaturas regionales el 15 de octubre no son legítimos por las irregularidades cometidas antes, durante y después de la jornada, y menos aún son indicadores de la realidad del país.

Enlace al audio.

Boletín n.° 10. Del 16 al 23 de octubre de 2017


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Memorias de la diáspora- Un Mundo Sin MordazaPresupuesto 2018 repetirá vicios inconstitucionales de 2017- Transparencia Venezuela. Claves del fraude electoral en las regionales- Acceso a la JusticiaCiudadanos monitorearon las elecciones de gobernadores- CEPAZ. Autoridades deben garantizar tratamiento oportuno a pacientes con cáncer de mama- CodeVidaIlegal: el gobierno prohíbe protestar por tres semanas – Espacio PúblicoElecciones regionales del 15 de octubre no fueron democráticas- PROVEA

Boletin 10 Crisis en Venezuela

¿Deben juramentarse los gobernadores electos ante la ANC?


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La tiranía no se caracteriza, como alguno podría pensar, en la posesión absoluta del poder sin control alguno sino en la arbitrariedad, es decir, como reza el diccionario, estar “sujeto a la libre voluntad o al capricho antes que a la ley o a la razón”. Para los antiguos griegos esa era la diferencia entre un monarca absoluto y un tirano, pues a este último no le basta el poder total, ello le es insuficiente, pues considera precisamente que tener el poder absoluto para no abusar de él sencillamente no tiene sentido.

Al entramado Gobierno, Consejo Nacional Electoral (CNE), Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y Asamblea Nacional Constituyente (ANC) no le bastó un fraude general en las elecciones de gobernadores realizadas el 15 de octubre. Ahora el poder, en los cinco estados (Zulia, Táchira, Anzoátegui, Nueva Esparta y Mérida) donde la trampa no fue suficiente, utiliza algo que no es sino la más pura y simple arbitrariedad.  Así, la amenaza del presidente de la República, Nicolás Maduro, se convirtió en requisito para ejercer el cargo, de acuerdo con el decreto publicado en la Gaceta Oficial 41.259.

En el nuevo “decreto constituyente” (tipo de norma que no figura en la Constitución, todavía vigente) por el que se dan como juramentados a los dieciocho gobernadores del oficialismo (artículo 1), se ordena a los consejos legislativos la juramentación de los que resultaron electos (artículo 2) y en un párrafo aparte se señala que “Los Consejos Legislativos no podrán juramentar a aquellas gobernadoras proclamadas y gobernadores proclamados que no hayan prestado juramento previo ante esta Asamblea Nacional Constituyente”.

La supuesta base para dictar esta norma la indica el decreto en su primer párrafo, en el que hace alusión a los artículos 347, 348 y 349 de la Constitución. De los indicados, el único que atribuye potestades a la Asamblea Nacional Constituyente es el primero al establecer que su objeto es “transformar el Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva Constitución”, entendiéndose entonces que esa transformación del Estado se hará mediante esa futura Carta Magna a elaborar.

Un análisis de esta situación parte del hecho de que el límite de todo poder, incluso del constituyente, son los derechos humanos, y aun dejando de lado lo fraudulento de la ANC, lo cierto es que la elección hecha el 15 de octubre ya se efectuó y sus consecuencias, para bien o para mal, ya se consumaron; en tal circunstancia, ese poder ilegítimo no puede establecer condiciones de ejercicio a los gobernadores a posteriori. Lo dicho no es una sutileza jurídica, sino la expresión de un principio universal denominado irretroactividad de la norma, derecho humano consagrado en el artículo 24 de la Constitución (todavía vigente) y cuya única excepción es cuando se beneficie al reo. Esto último es interesante porque precisamente este régimen  trata como tal a los ciudadanos.

Debemos recordar que la juramentación de los gobernadores se rige, en primer lugar, por la Ley de Juramento, que señala en su artículo 1 que “ningún empleado podrá entrar en ejercicio de sus funciones sin prestar antes juramento de sostener y defender la Constitución y Leyes de la República y de cumplir fiel y exactamente los deberes de su empleo”. Asimismo, por el artículo 12 de la Ley sobre Elección y Remoción de los Gobernadores de Estado  que dispone que el “gobernador electo tomará posesión del cargo, previo juramento ante la Asamblea Legislativa. Si por cualquier circunstancia no pudiere hacerlo ante la Asamblea Legislativa, lo hará ante un Juez Superior de la correspondiente Circunscripción Judicial”, es decir que existe una normativa legal que ya regula este supuesto, por lo que una norma sobrevenida no puede alterar la aplicación a hechos ya consumados.

Lo descrito se aplica a la regla establecida por el maestro Sánchez Covisa, quien entre los cuatro supuestos para saber si una norma era retroactiva señalaba como primero, cuando la nueva ley afecta la existencia misma de un supuesto de hecho verificado antes de su entrada en vigencia, y afecta también las consecuencias jurídicas subsiguientes de tal supuesto. Esto es así, porque la juramentación debió realizarse en los días pasados así que en tales supuestos las normas aplicables eran las ya citadas y que no se ejecutaron en espera del decreto de la ANC, por lo que la aplicación de esas normas se demoró a pesar de ser vinculantes en espera de esta norma posterior y retroactiva.

No se trata de un tecnicismo ni de una “leguleyada”, pues el principio de irretroactividad permite proteger los derechos adquiridos de los ciudadanos una vez que se hayan consumado los hechos que los hace acreedores de los mismos (una pensión por jubilación, por ejemplo). Por ello, no se puede aceptar de un órgano fraudulento una afectación de hechos pasados en los que nada más y nada menos está vinculado el voto popular, es decir, la verdadera y originaria soberanía de este país.

Otra evidencia sobre la arbitrariedad del poder en Venezuela la tenemos al leer la sentencia N.° 2 del 9 de enero de 2013, dictada por la Sala Constitucional del TSJ, la cual, ante un requerimiento sobre la ausencia de juramentación del entonces convaleciente presidente Hugo Chávez, admitió que sí era necesaria la juramentación, luego indicó que:

“Cualquier pretensión de anular una elección y/o de desproclamar a un funcionario electo por parte de algún poder constituido, al margen de una disposición constitucional expresa y desconociendo ‘el preponderante rol del cuerpo electoral una vez que ha sido manifestada su voluntad en un proceso comicial’, implicaría subordinar la libre expresión de la voluntad popular a una ‘técnica operativa, tomando en consideración —además— los traumatismos políticos e institucionales que supone la forzosa desincorporación de un funcionario electo’” (las cursivas son nuestras).

Es decir que sólo pueden exigirse a los funcionarios electos los requisitos establecidos en la Constitución para desproclamarlos, pero como ya sabemos, eso era porque así le convenía al poder, y como ahora es lo contrario no lo aplica.

Tenemos entonces que frente a la voluntad popular en ejercicio de su soberanía se interpone una norma retroactiva y desconocedora de esa voluntad impuesta por un poder fraudulento y arbitrario, es decir, estamos ante la ausencia del derecho.

¿Y a ti venezolano, cómo te afecta?

Cuando tu derecho al voto es desconocido y con ello los resultados electorales, cabe asumir que la arbitrariedad es la norma y que los ciudadanos deben estar conscientes de ello a fin de utilizar los medios cívicos de protesta para decirle al poder que los derechos humanos son sus límites.

La ANC irrespeta la voluntad popular de los estados donde la oposición ganó en las regionales al impedir que los gobernadores electos se juramenten y asuman funciones por mandato del pueblo.

Claves del fraude electoral en las regionales


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El domingo 15 de octubre se efectuó la jornada electoral para elegir a los veintitrés gobernadores del país, pese a los innumerables obstáculos impuestos arbitrariamente por el Consejo Nacional Electoral (CNE). Según el ente comicial, el oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) ganó dieciocho de las veintitrés gobernaciones, mientras que la coalición opositora obtuvo las jefaturas regionales de Anzoátegui, Mérida, Nueva Esparta, Táchira y Zulia.

Frente a estos resultados, diferentes voceros de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), especialmente el jefe de campaña, Gerardo Blyde, expresaron públicamente su rechazo y desconocimiento de los datos ofrecidos por el CNE. Según el alcalde de Baruta, los resultados dados por el poder electoral no se correspondían con las cifras de las actas que tenían los testigos.

La MUD hizo otros señalamientos en contra del CNE por la comisión de graves irregularidades ocurridas antes y durante el proceso, las cuales harían discutibles los resultados a favor del chavismo.

Pero no sólo la oposición se mostró inconforme con el producto de la elección, también buena parte de la sociedad civil y la comunidad internacional, a quienes les resulta difícil creer que en un país sumido en una grave crisis social y económica el partido gobernante pueda tener tanta popularidad.

Acceso a la Justicia considera necesario enumerar y resaltar las irregularidades del proceso que derivaron en resultados que develan la parcialidad del órgano comicial y la falta de garantías democráticas que afectaron no sólo a la coalición opositora sino también al electorado.

  1. El CNE permitió que la Asamblea Nacional Constituyente usurpara sus funciones al adelantar las elecciones regionales para el mes de octubre en franca violación de lo dispuesto en el artículo 294 de la Constitución, comicios que, en todo caso, debían celebrarse en diciembre de 2016.
  1. El irrespeto de los derechos políticos por la Contraloría General de la República, así como por el CNE y el Tribunal Supremo de Justicia con el propósito de impulsar el ventajismo de los candidatos del PSUV, como lo fue por un lado inhabilitar a figuras o dirigentes políticos de la oposición para ejercer cargos públicos, y por el otro el no admitir e impedir las sustituciones de los candidatos de la MUD.

Se debe recordar al respecto que los partidos políticos —con excepción del PSUV— debieron someterse a un proceso complejo de renovación de sus nóminas como requisito para participar en las regionales.

  1. A sólo cuatro días de las elecciones, el CNE reubicó intempestivamente y de manera arbitraria 282 centros de votación, que colocaron en situación de indefensión a los electores que se vieron impedidos a última hora para trasladarse a los nuevos lugares fijados para ejercer el derecho al sufragio, pues fueron ubicados en zonas de difícil acceso.
  1. La manifiesta parcialidad política de las cuatro rectoras del CNE y de los efectivos militares del Plan República que no aseguraron en ningún momento la celebración de un proceso electoral limpio, libre, equitativo y ajustado a la Constitución y a la legislación electoral. He aquí tres situaciones emblemáticas que fueron denunciadas durante la jornada electoral y que ponen en evidencia las debilidades del proceso:
  • Las irregularidades de los llamados “acompañantes” en el voto asistido, figura que se ha convertido en los últimos procesos electorales en un instrumento para intimidar a los votantes. Aun cuando el voto asistido sirve para auxiliar a quien presenta alguna discapacidad, tiene una edad avanzada o es analfabeto, en estas elecciones la práctica fue grotesca al no llevarse ningún tipo control ni mucho menos un registro de las personas que fungían como supuestos acompañantes para votar, transgrediendo el secreto del voto y la voluntad libre del elector.
  • A través de las redes sociales se difundieron denuncias según las cuales los electores de algunos centros de votación estaban siendo “comprados” o presionados a votar por los candidatos oficialistas a cambio de alimentos de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP).
  • La instalación de los llamados “puntos rojos” que fueron ubicados descaradamente en las inmediaciones de los centros de votación a solicitud expresa del constituyente Diosdado Cabello. Los empleados públicos y otras personas dependientes del oficialismo debían pasar para ser controlados con el Carnet de la Patria, ante la vista gorda de los coordinadores de centros de votación —responsables de las actividades electorales en materia de logística e infraestructura— y de los efectivos del Plan República.
  1. La eliminación del uso de la tinta indeleble y la etapa de la estación de información al elector (indicaba en procesos anteriores la mesa en la que ejercería su voto según sus datos) que configuraban elementos garantes para la transparencia e identificación de las personas que ejercían el voto, para evitar las violaciones o suplantaciones de identidad. Se dejó expuesto y sin garantías el respeto del principio “un elector, un voto”.

Las circunstancias descritas dejaron profundas dudas sobre los resultados y con ello la profundización de la grave situación política, económica y social que atraviesa Venezuela.

Lo que ocurrió antes, durante y después de los comicios es tan cuestionable como lo es el árbitro electoral, que busca una fórmula para legitimar —con estas elecciones— un Gobierno que una vez más se manifiesta en desacuerdo con los principios y valores propios de un Estado constitucional y democrático de derecho.

¿Y a ti venezolano, cómo te afecta?

Ante todas las dudas que dejan las elecciones regionales parece abrirse en el país un nuevo episodio de su crisis que, lejos de superar la falta de medicinas y alimentos y elevada inflación que agobian actualmente a los venezolanos, lamentablemente promete agudizarse, sin encontrar una solución pacífica y democrática a la actual situación caótica que se vive.

Sin una renovación del CNE peligra el ejercicio del voto como arma para dirimir las diferencias de forma democrática. Se aproximan elecciones como las presidenciales, que revisten una gran importancia, y recuperar la confianza de buena parte de los ciudadanos en el sistema electoral luce cuesta arriba.

¿Cuál es la trampa detrás de la decisión de la Sala Electoral del TSJ?


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Con la celeridad que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) tiene reservada a las decisiones que benefician al poder, las salas Constitucional y Electoral decidieron que algo que era un derecho se convirtiese en una potestad arbitraria por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE): la sustitución de candidaturas de cara a las elecciones regionales del 15 de octubre.

Mediante la admisión de un recurso de interpretación del artículo 63 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales (Lopre), el TSJ ratificó que la sustitución de candidaturas de cara a las elecciones regionales de este 15 de octubre, tenía como fecha límite 10 días antes de los comicios. El problema estuvo en que, según denunciaron partidos políticos de oposición, el CNE —que optó por el silencio— no tramitó el reemplazo de los abanderados inscritos inicialmente por los ganadores de las primarias. De manera que el lapso venció y la campaña opositora se centra ahora en evitar que sus simpatizantes incurran en votos nulos por la confusión con las candidaturas.

La presidenta del poder electoral, Tibisay Lucena, reapareció y ratificó que efectivamente el lapso se venció y aseguró que sí tramitaron 189 solicitudes de modificaciones de candidaturas. ¿Pero de quiénes? No lo dijo.

El artículo 63 de la Lopre es claro: “Las organizaciones postulantes podrán modificar las postulaciones que presenten y, en consecuencia, sustituir candidatos o candidatas hasta diez días antes de ocurrir el acto electoral”. Como nítidamente señala la norma citada, es un derecho de los partidos políticos el modificar las postulaciones que hagan siempre que sea en el mencionado lapso previo a la elección de que se trate.

En la decisión del TSJ se interpretó que dicho artículo no dice lo que dice, sino que en realidad se trata de algo diferente, pues para la Sala Electoral una cosa es el derecho de los partidos para hacer modificaciones y otra cosa es que el CNE no pueda fijar “la oportunidad para el cambio o modificación de postulación de candidatos o candidatas”, pues esto es de su competencia y por tanto “podrá establecerla mediante lapso o término que apreciará de acuerdo a las particularidades y requerimientos técnicos de cada proceso electoral, siempre y cuando no sobrepasen los diez días anteriores al acto de votación”.

Lo primero que debemos decir de este argumento es que el artículo 63 en ninguna parte menciona al CNE, de modo que interpretar un derecho de los partidos como una potestad del ente comicial es ajeno a la norma interpretada, y en segundo lugar, si el artículo indica que los cambios se pueden hacer hasta diez días antes de las elecciones no tiene sentido que se dé el poder al CNE para que sólo se pueda hacer dos meses antes (y en un solo día), pues a partir de ello la norma queda vacía de contenido.

Conveniente confusión

Recordemos que la Asamblea Nacional Constituyente ordenó que las elecciones regionales se adelantaran mediante un “Decreto Constituyente” (figura esta que no se encuentra prevista en ninguna parte de nuestro ordenamiento jurídico), de fecha 12 de agosto de este año. El CNE hizo una reprogramación de las actividades electorales y, curiosamente, ese mismo día publicó un nuevo cronograma electoral que estableció como fechas para la postulación de candidatos los días 13 y 14 de agosto y apenas 24 horas después de este cierre, es decir para el 16 de agosto, como único día para que los partidos hicieran las sustituciones y modificaciones de candidatos que consideraran conforme lo establece la ley sobre la materia.

Llama la atención que el CNE no había dicho nada hasta ahora, sabiendo que la MUD realizaría las elecciones internas (10 de septiembre) y tampoco contestó a las solicitudes de la coalición de sustituir a los candidatos elegidos en primarias.

Debemos indicar que la decisión del CNE, ahora aprobada por la Sala Electoral, viola el artículo 67 de la Constitución, que indica que los ciudadanos tienen derecho a formar partidos políticos y que al efecto “sus candidatos o candidatas a cargos de elección popular serán seleccionados o seleccionadas en elecciones internas con la participación de sus integrantes”. Ahora bien, dar apenas 24 horas entre la postulación y la oportunidad para hacer modificaciones impide, obviamente, que se realice ningún tipo de primarias, así que sólo por esta razón la decisión del CNE y de la Sala Electoral es contraria a la Constitución y violatoria de los derechos humanos de los electores, quienes deberían estar informados fielmente de cuáles son los verdaderos candidatos a ser elegidos. Ahora ocurrirá que los ciudadanos se encontrarán en el tarjetón a personas que renunciaron y que no son abanderados, dando paso a la confusión a la hora de votar por los gobernadores de cada estado.

Es decir, si alguien que no sabe que el candidato de su preferencia renunció a su pretensión de ser electo en favor de otro, este voto será considerado nulo en perjuicio no sólo del candidato que quedó elegido sino también del propio elector que no tenía conocimiento de este cambio. Esta es la trampa detrás de todo este tinglado. Ahora la tarea de la oposición de aquí al domingo de informar a los votantes será ardua, ya que por supuesto el CNE no hará nada al respecto.

Por otro lado, queremos destacar el hecho de que la Sala Constitucional fue la que inicialmente conoció (4 de octubre) el recurso de interpretación del artículo 63 de la Lopre, introducida por el ciudadano Omar Ávila. El mismo día 4 dicha instancia declinó la competencia, el día 5 la Sala Electoral tomó el caso y en esa misma fecha dictó sentencia. Tal celeridad no la vemos, por ejemplo, en el caso del juicio de los diputados de Amazonas, que ya tiene 22 meses sin decisión, dejando sin representación legislativa a todo un estado y que ha servido de excusa para justificar el desacato de la Asamblea Nacional y anular toda su actuación.

¿Y a ti venezolano, cómo te afecta?

Cuando un tribunal, como es la Sala Electoral del TSJ, dicta una decisión en apenas unas horas para facilitar los intereses del poder y tratar de respaldar decisiones arbitrarias y violatorias de los derechos humanos, como lo es la del CNE, queda una vez más en evidencia la parcialidad de ese órgano jurisdiccional, y sobre todo se afecta nada menos que la fuente realmente originaria del poder de este país como lo es la soberanía popular, pues la misma se verá afectada al presentarse una oferta electoral que no fue la que decidieron los ciudadanos, sino la que le interesa al poder.

¿Qué dice la sentencia n.° 165 de la Sala Electoral?


cne

Sala: Constitucional

Tipo De Recurso: Interpretación

Nº Exp: 2017-000107      Nº Sent: 165      Fecha: 05-10-2017

Caso: recurso de interpretación del artículo 63 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales, interpuesto por el ciudadano OMAR ALEXANDER ÁVILA HERNÁNDEZ, aludiendo el carácter de Secretario General de Unidad Visión Venezuela, asistido por el abogado Enio José Campos Cedeño.

Decisión: La Sala declaró: 1. COMPETENTE para conocer del recurso de interpretación interpuesto. 2. ADMITE el recurso de interpretación incoado en cuanto ha lugar en derecho. 3. Declara de MERO DERECHO la causa contentiva del recurso de interpretación. 4. RESUELTA la interpretación del artículo 63 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales 5. Se ORDENA la publicación del fallo en la Gaceta Judicial.

Extracto:

“Artículo 63. Las organizaciones postulantes podrán modificar las postulaciones que presenten y, en consecuencia, sustituir candidatos o candidatas hasta diez días antes de ocurrir el acto electoral.

Aprecia la Sala en primer lugar que la norma legal trascrita dispone el derecho de las organizaciones postulantes en un proceso comicial, entre ellas, las organizaciones con fines políticos, de modificar o sustituir las postulaciones de candidatos o candidatas que presenten ante los órganos del Poder Electoral.

Asimismo establece que, hasta diez (10) días antes de la realización del acto electoral de votación, se puede modificar o sustituir la postulación presentada; ello significa que bajo ningún concepto dichas modificaciones o sustituciones pueden realizarse más allá del límite máximo señalado.

En ese sentido, observa esta Sala que dicha disposición legal prevé una condición de orden temporal para la presentación de modificaciones o sustituciones de las postulaciones realizadas, lo cual es de particular interés para el planteamiento del solicitante, por lo que esta Sala estima que la interpretación de la norma en cuestión no puede hacerse de forma aislada, y sólo puede verificarse dentro de un contexto muy particular como lo es el actual, de orden político y social, e integrarse a los principios que preconizan la nueva fisonomía del Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia, de tal manera que la labor interpretativa se realice de manera concatenada con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela  de 1999, como norma suprema de todo el ordenamiento jurídico.

En ese sentido, destaca la Sala que la Asamblea Nacional Constituyente mediante Decreto Constituyente de fecha 12 de agosto de 2017, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.327 Extraordinario, de esa misma fecha, en ejercicio del poder originario, decidió lo siguiente:

CONSIDERANDO

Que todos los órganos del Poder Público se encuentran subordinados a la Asamblea Nacional Constituyente, como expresión del poder originario y fundacional del Pueblo venezolano, en los términos establecidos en las Normas para Garantizar el Pleno Funcionamiento Institucional de la Asamblea Nacional Constituyente en Armonía con los Poderes Públicos Constituidos;

(…)

CONSIDERANDO

Que es menester consolidar la paz y tranquilidad que trajo consigo la elección de la Asamblea Nacional Constituyente, sin dejar espacio ni tiempo alguno para que factores antidemocráticos repitan su agenda violenta y criminal de desestabilización;

CONSIDERANDO

Que el proceso electoral para la escogencia de gobernadores y gobernadoras de estado, se encuentra pendiente desde el mes de diciembre del año 2016, de conformidad con lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela;

DECRETA

PRIMERO. Reprogramar para el mes de octubre de 2017, el proceso electoral para la escogencia de gobernadores y gobernadoras de estado, en el marco del cronograma electoral ya anunciado por el Poder Electoral, en ejercicio de sus funciones constitucionales.

Conforme a lo anterior, el Consejo Nacional Electoral, máximo órgano del Poder Electoral venezolano, en cumplimiento del mandato contenido en el Decreto Constituyente, conforme a lo establecido en el segundo párrafo del artículo 349 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y en ejercicio de su potestad constitucional y legal de organización de todos los actos relativos a la elección de los cargos de representación popular del Poder Público, decidió disponer sobre la reprogramación de las fases del proceso electoral de gobernadores y gobernadoras de los estados que había sido previamente convocado, según se desprende de nota de prensa publicada en la página web oficial del órgano rector electoral (http://www.cne.gob.ve/web/salaprensa/noticiadetallada.php?id=3559).

En consecuencia, el Consejo Nacional Electoral elaboró la reprogramación del cronograma electoral con acto de votación para el día 15 de octubre de 2017, el cual fue publicado en su página web oficial (http://www.cne.gob.ve/web/normativa_electoral/elecciones/2017/regionales/documentos/cronograma_regionales_2017.pdf).

De dicho cronograma se observa que el Consejo Nacional Electoral dispuso la fase de “Sustitución y Modificación de las Postulaciones Nominales” por el término de un día (16 de agosto de 2017), estableciendo como fundamento los artículos 62 y 63 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales, y 162 de su Reglamento.

El referido artículo 63 otorga, por una parte, el derecho de las organizaciones postulantes de sustituir o modificar las inscripciones de candidatos o candidatas presentadas, y de otra, el mandato del legislador al órgano rector electoral de no exceder el límite máximo temporal de “hasta diez días antes de ocurrir el acto electoral” para la fijación de la mencionada fase en el cronograma electoral respectivo.

Por ello, debe precisar la Sala que la sola previsión del legislador en cuanto al límite de orden temporal no condiciona al Consejo Nacional Electoral para establecer el transcurso del período de la fase de sustitución y modificación de las postulaciones nominales. La fijación de la oportunidad para el cambio o modificación de postulación de candidatos o candidatas corresponde al órgano rector electoral, el cual podrá establecerla mediante lapso o término que apreciará de acuerdo a las particularidades y requerimientos técnicos de cada proceso electoral, siempre y cuando no sobrepasen los diez días anteriores al acto de votación.

De tal manera que el ejercicio del derecho a realizar modificaciones a las postulaciones establecido por el legislador en el artículo 63 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales se encuentra precedido por la fijación en el cronograma electoral correspondiente de la temporalidad de la mencionada fase del proceso electoral.

Así, si bien el examen o análisis del cronograma electoral para la elección de gobernadores y gobernadoras de los estados publicado por el Consejo Nacional Electoral no constituye el objeto de la presente causa, debe advertir que el mismo contiene la oportunidad cierta para ejercer el derecho de modificar o sustituir las postulaciones realizadas por las organizaciones participantes.

Expuesto lo anterior, circunscribiéndose la Sala a la solicitud planteada por el recurrente, se debe afirmar que el artículo 63 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales debe interpretarse en el sentido que el Consejo Nacional Electoral puede establecer la oportunidad para la ejecución de la fase de sustitución y modificación de las postulaciones nominales, siempre y cuando no exceda el límite máximo temporal de diez días anteriores a la ocurrencia del acto electoral, atendiendo a las particularidades y requerimientos técnicos del proceso electoral de que se trateAsí se declara.”

Comentario de Acceso a la Justicia: La Sala Electoral, luego que la Sala Constitucional le declinase la competencia, ha decidido interpretar el artículo 63 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales alterando en vez de interpretar lo que dice el artículo antes mencionado. Así, si bien dicha norma dice que “Las organizaciones postulantes podrán modificar las postulaciones que presenten y, en consecuencia, sustituir candidatos o candidatas hasta diez días antes de ocurrir el acto electoral”, la Sala hace una artificiosa interpretación de este artículo y lo convierte en otra cosa, pues indica que en realidad lo que quiere decir es que el CNE (que como se ve nunca es mencionado en el artículo en cuestión) puede establecer el día en que se hagan las sustituciones siempre y cuando no sea antes de los 10 días previos a la elección. De este modo, algo que es un derecho de los partidos se convierte, por obra y gracia de la Sala Electoral, en una potestad arbitraria del CNE para que el mismo fije cuando esto puede ocurrir. En este caso las postulaciones fueron el 13 y 14 de agosto, y el CNE había fijado las sustituciones para el 16, es decir, apenas 24 horas después de las inscripciones y sin dar tiempo a las primarias que exige el artículo 67 de la Constitución. De este modo la Sala Electoral, una vez más sirve de brazo ejecutor de los intereses del oficialismo, pues ahora en estas elecciones aparecerán en las boletas personas que renunciaron y que ya no son candidatas a pesar de haber pedido oportunamente su eliminación del tarjetón electoral.

Fuente: http://www.accesoalajusticia.org/wp/infojusticia/noticias/cne-pone-en-peligro-oferta-electoral-para-regionales/

http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/selec/octubre/203561-165-51017-2017-2017-000107.HTML

 

CNE pone en peligro oferta electoral para regionales


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Al no dar respuesta a la solicitud de sustituciones de los candidatos por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) que fueron electos en las primarias celebradas el pasado 11 de septiembre, el Consejo Nacional Electoral (CNE) continúa con prácticas que dejan a un lado la Constitución y la normativa electoral. Esto a menos de quince días para la celebración de las elecciones regionales.

Dicho incumplimiento del Poder Electoral no sólo resta transparencia al proceso convocado sino que es mucho más grave porque afecta las garantías del sufragio y la libertad de los votantes para elegir a los candidatos de su preferencia.

A fin de facilitar la comprensión del mecanismo de la sustitución de candidatos que aparece consagrado en la Ley Orgánica de Procesos Electorales (Lopre) y la inobservancia que está cometiendo el CNE, presentamos ocho claves básicas.

  1. ¿Qué es la sustitución de candidatos postulados?

Es un derecho que tienen las organizaciones políticas de reemplazar a sus candidatos que han sido postulados a un determinado proceso electoral. Este derecho está reconocido expresamente en el artículo 62 de la Lopre.

  1. ¿En qué casos las organizaciones políticas de la MUD pueden ejercer su derecho a sustituir los candidatos que fueron postulados en el mes de agosto?

De conformidad con el artículo 62 de la Lopre podrán sustituir sus candidatos en los siguientes casos: fallecimiento, renuncia, discapacidad física o mental debidamente certificada por la autoridad competente, así como por razones constitucionales o legales.

  1. ¿Hasta cuándo se pueden realizar las sustituciones?

Las sustituciones podrán realizarse hasta diez días antes de la celebración del acto de votación (artículo 63 de la Lopre). Es decir, que en el caso de las elecciones regionales las organizaciones políticas tienen hasta el 5 de octubre para realizar estos cambios.

  1. ¿Qué pasa si las organizaciones políticas pretenden realizar estos cambios, pero el CNE impide el ejercicio de este derecho previsto en la Lopre?

El CNE vulneraría la democracia representativa y la participación política (artículos 5 y 62 de la Constitución), además de incumplir con el artículo 62 de la Lopre que consagra este derecho que tienen las organizaciones políticas. Igualmente incumpliría con los principios de publicidad, información y certeza que rigen el ejercicio del derecho al sufragio. Ante esta circunstancia, el órgano comicial generaría en el país un ambiente de caos por la falta de claridad entre los electores sobre la oferta electoral.

  1. ¿Y si el CNE se pronuncia sobre estas sustituciones después del 5 de octubre que es la fecha límite de acuerdo con el artículo 63 de la Lopre?

Se trataría de una decisión tardía y cuya validez jurídica sería cuestionable, al mismo tiempo que crearía mucho más desconcierto entre los electores, porque la aprobación de esos cambios de última hora podría conducir a que no queden reflejados en la pantalla táctil de la máquina de votación. Es más, en este contexto, las organizaciones políticas estarían obligadas a realizar forzosas y masivas campañas informativas para evitar, por irresponsabilidad del órgano comicial, que se indujera a errores a los electores al momento de escoger sus candidatos.

  1. Si las sustituciones que fueran aprobadas por el CNE no quedaran reflejadas en la pantalla de la máquina de votación, ¿es nulo el voto que se emita a un candidato que ha sido sustituido?

No. Según el artículo 62 parte in fine de la Lopre, cuando el tiempo en que se realiza la sustitución resulte insuficiente para realizar el cambio en el instrumento electoral, los votos que los electores emitan a un candidato que ha sido sustituido serán acreditados al candidato sustituto.

  1. Sobre aquellos candidatos de la oposición que renunciaron a sus postulaciones pero cuyas sustituciones han sido impedidas por el CNE, ¿es nulo el voto que emitan electores a estos candidatos?

Sí, pues esas postulaciones quedan sin candidato sustituto y el voto emitido no puede ser adjudicado a ningún candidato ni organización política.

  1. ¿Esta actitud que mantiene el CNE garantiza el derecho a los electores a estar informados sobre la oferta y la transparencia del proceso electoral convocado para el 15 de octubre?

Absolutamente no. De hecho, tal modo de proceder del órgano comicial implica indiscutiblemente la franca violación de valores y principios democráticos, entre los que destacan especialmente, los principios de transparencia, equidad, imparcialidad y eficiencia (artículo 3 Lopre), sin olvidar la obligación que tiene de garantizar certeza y claridad en las reglas necesarias para el juego democrático. Esta práctica es un obstáculo más para el ejercicio de la libre expresión de la voluntad ciudadana.

No es de extrañar, por eso, que en un país altamente polarizado como Venezuela, estas difíciles circunstancias representan —sin duda— otro riesgo determinante en la confianza, seguridad y certeza de estos comicios convocados para el próximo 15 de octubre.

Tenemos a un Poder Electoral que lejos de procurar un ambiente seguro que garantice la participación de los electores y el libre ejercicio del derecho al sufragio, aporta desconfianza y empuja prácticamente y de manera descarada a la abstención, un factor que beneficiaría, en la situación sociopolítica que atraviesa el país, a los intereses partidistas del gobierno actual.

¿Y a ti venezolano, cómo te afecta?

Es obvio que la denuncia contra las prácticas arbitrarias del CNE cobra un carácter de vital importancia para y por el rescate de la democracia del país. Dejar de votar en las circunstancias actuales sólo acentuaría la grave crisis que vivimos los venezolanos.

Es indispensable no caer en la desesperanza dado que ese es el juego de las cuatro rectoras del Poder Electoral y, por ende, del Gobierno nacional, al imponer más y más obstáculos que sólo buscan dificultar o impedir el ejercicio legítimo del derecho al sufragio, entre otros derechos políticos. Es nuestra responsabilidad insistir en la importancia y el alto valor que tiene votar en la jornada electoral del domingo 15 de octubre, porque el voto continúa siendo el gran instrumento de protesta pacífica y democrática que reconoce todo Estado constitucional de derecho.

El CNE y sus contradicciones en el juego democrático


cnenota

Las irregularidades en las que incurre el Consejo Nacional Electoral (CNE) están a la orden del día al privilegiar los deseos de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) y del partido de gobierno a costa de los derechos políticos de los venezolanos. El Poder Electoral, en franca violación de los cometidos que le encarga el artículo 294 de la constitución vigente, adelantó las elecciones regionales para el mes de octubre de este año por decisión de la ANC, en sesión del pasado 12 de agosto, aceptando pasivamente y sin motivación alguna el cambio de la fecha para la elección de los gobernadores, prevista para el mes de diciembre de este año.

De esta forma, el CNE permitió que la ANC usurpara sus funciones, a lo que se añade el clima de suspicacia e incertidumbre generado por su silencio al dejar transcurrir un mes para anunciar sólo a través de su página web que las elecciones “de gobernadoras y gobernadores se realizarán el domingo 15 de octubre, tal como fue aprobado por el Consejo Nacional Electoral, cuya convocatoria, así como el cronograma de actividades estarán a disposición a partir del martes 13 de septiembre”.

Hay que recordar al respecto lo sinuosa que ha sido la vía transitada por los venezolanos para que el CNE pudiera convocar estas elecciones regionales, las cuales debían celebrarse en diciembre de 2016, pero el máximo órgano del Poder Electoral, sin razón alguna, las difirió para este año. Con tal decisión, se violaron los artículos 160 y 162 de la Constitución, que proclaman que el inicio y la culminación de los períodos constitucionales de los cargos de elección popular en las entidades estadales son de cuatro años.

Si bien no existe en la Constitución ni en la legislación electoral un patrón estable para escoger la fecha de las elecciones, lo cierto es que el CNE, bajo el pretexto del artículo 42 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales —que le permite establecer la fecha específica de los comicios—, actúa desproporcionada y arbitrariamente al fijar o modificar a su antojo esta regla clave del juego político usándola como un instrumento ventajista para el partido de gobierno.

Para Acceso a la Justicia, un organismo electoral en el que casi todos sus miembros rectores están claramente identificados con la organización política gobernante no ofrece credibilidad, y esta falta de confianza es justificadamente trasladada a cada una de sus decisiones en las que los derechos políticos de los venezolanos parecen ser un elemento ornamental.

Por desgracia, este panorama poco alentador para los venezolanos se agrava cuando a un mes de celebrarse el proceso electoral la ciudadanía, en términos generales, desconoce su cronograma, ya que no ha habido mayor difusión de la información y, peor aún, no sabe en qué condiciones ejercerá su derecho al sufragio, sobre todo si se toma en cuenta el último y polémico precedente de las elecciones de la fraudulenta ANC. Recordemos que en este caso el CNE introdujo cambios inesperados a última hora, como el de establecer el Poliedro de Caracas como un centro de votación de contingencia.

De hecho, ya hay un cambio anunciado según las recientes declaraciones del rector Luis Emilio Rondón en las que afirmó en un programa de televisión que en las elecciones regionales pautadas para el 15 de octubre no se usará la tinta indeleble, sin que esta modificación haya sido anunciada oficialmente por el Poder Electoral.

Y a ti venezolano ¿cómo te afecta?

Las reiteradas contradicciones del CNE se están traduciendo en los tiempos actuales en una tendencia bastante notoria e inobjetable que resulta sólo favorable para los detentadores del poder, pues promueven la abstención por la falta de confianza en el sistema electoral por parte del ciudadano.

Es muy importante en el contexto sociopolítico que vivimos hoy todos los venezolanos impulsar prácticas democráticas y acciones colectivas que permitan desafiar y denunciar la descompuesta institucionalidad del Poder Electoral, que sólo perjudica la débil salud democrática del país, así como participar en los pocos espacios que tenemos para ejercer nuestros derechos políticos, como lo son las elecciones.