Amparo cautelar por razones de aseo urbano y servicio de bomberos


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Sala: Constitucional

Tipo De Recurso: Acción por derechos e intereses colectivos o difusos

Nº Exp: 17-0743      TSJ/SC Nº Sent: 538      Fecha: 12-07-2017

Caso: Legisladoras y Legisladores del Consejo Legislativo del Estado Zulia,  interpusieron  “AMPARO CONSTITUCIONAL PARA LA PROTECCIÓN DE INTERESES COLECTIVOS O DIFUSOScontra la Alcaldesa del Municipio Maracaibo del Estado Zulia, ciudadana Eveling Coromoto Trejo de Rosales, en razón de “…los acontecimientos ocurridos en la ciudad y Municipio Maracaibo del estado Zulia, llevados a cabo por pequeños grupos violentos a través de las denominadas “guarimbas”, y de la colocación de “barricadas” o “trincheras”, así como de la omisión por parte de la  ALCALDESA DEL MUNICIPIO MARACAIBO, …omissis… en cuanto al deber que tiene de cumplir con las competencias que constitucionalmente tiene asignadas; hechos estos DE TRASCENDENCIA NACIONAL conocidos a través de los distintos medios de comunicación social del país”.

Decisión: Decreta de oficio Medida Cautelar.

Extracto:

“Ahora bien, vista la situación de hecho grave e inminente de que adolece la población residente y circulante del Municipio Maracaibo del Estado Zulia, tal como se desprende de los hechos noticiosos publicados en diferentes medios nacionales y regionales, particularmente en el Diario Informativo Independiente “PANORAMA” del día miércoles 12 de julio del presente año, en los cuales se evidencia que existe un estado de insalubridad pública en virtud de la omisión en la recolección del servicio de aseo urbano y domiciliario, así como la inoperatividad del servicio público prestado por el Cuerpo de Bomberos de la ciudad de Maracaibo, por falta de pago de sus salarios, esta Sala Constitucional, en aplicación del principio de la sana crítica que rige en materia constitucional, estima pertinente hacer uso de los amplios poderes cautelares que otorga el artículo 130 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, que reza:

(…) En cualquier estado y grado del proceso las partes podrán solicitar, y la Sala Constitucional podrá acordar, aun de oficio, las medidas cautelares que estime pertinentes. La Sala Constitucional contará con los más amplios poderes cautelares como garantía de la tutela judicial efectiva, para cuyo ejercicio tendrá en cuenta las circunstancias del caso y los intereses públicos en conflicto. (Resaltado de este fallo).

Atendiendo a la disposición antes transcrita esta Sala, tomando en cuenta las circunstancias que acontecen en dicho Municipio Maracaibo, referidas a los servicios públicos de aseo urbano y domiciliario y la inoperatividad de su Cuerpo de Bomberos, en aras de garantizar los derechos constitucionales a la salud, a la vida y a la integridad física, así como preservar la prestación permanente, oportuna y eficaz de los referidos servicios públicos acuerda, como medida cautelar, hasta tanto se decida el fondo del presente asunto, que la Gobernación del Estado Zulia a cargo del ciudadano Francisco Arias Cárdenas, ejercerá la prestación en forma directa de los servicios de aseo urbano y domiciliario y del Cuerpo de Bomberos en el Municipio Maracaibo de ese Estado, comprendiendo ello la recaudación de las tasas correspondientes a la prestación de los mismos, pudiendo valerse para tales fines de los convenios que considere necesarios y viables con otras instituciones públicas o privadas, así como establecer las coordinaciones que considere pertinentes con el Ministerio del Poder Popular para Ecosocialismo y Aguas, como ente rector en materia ambiental. Para el cumplimiento de tales fines, la Gobernación del Estado Zulia asumirá la dirección del Instituto Municipal de Aseo Urbano (IMAU) y del Instituto Autónomo Cuerpo de Bomberos, ambos del Municipio Maracaibo de dicho Estado, así como el manejo y administración del personal, materiales y equipos afectos a la prestación de los aludidos servicios.

Comentario de Acceso a la Justicia: De oficio, la SC del máximo tribunal del país acordó una medida cautelar para que la gobernación del estado Zulia asumiera algunas funciones de la alcaldesa del municipio Maracaibo, Eveling Trejo de Rosales.  En efecto, la Sala estableció que el gobernador Francisco Arias Cárdenas sea quien maneja la dirección del aseo urbano y del cuerpo de bomberos de la referida entidad municipal.

Para la Sala, existen hechos noticiosos, particularmente publicados en el diario “PANORAMA” del día miércoles 12 de julio del presente año, en los cuales se evidencia “que existe un estado de insalubridad pública en virtud de la omisión en la recolección del servicio de aseo urbano y domiciliario, así como la inoperatividad del servicio público prestado por el Cuerpo de Bomberos de la ciudad de Maracaibo, por falta de pago de sus salarios”.

De esta manera, la medida cautelar dictada por la SC encontró su fundamento en el artículo  artículo 130 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, cuyo texto reza: “(…) En cualquier estado y grado del proceso las partes podrán solicitar, y la Sala Constitucional podrá acordar, aun de oficio, las medidas cautelares que estime pertinentes. La Sala Constitucional contará con los más amplios poderes cautelares como garantía de la tutela judicial efectiva, para cuyo ejercicio tendrá en cuenta las circunstancias del caso y los intereses públicos en conflicto…”.

Lamentablemente se está convirtiendo en una política de la SC despojar de sus funciones a los organismos que son dirigidos por funcionarios públicos que no comulgan con el Ejecutivo Nacional para (re)asignarlas a otras instancias que están dirigidas por simpatizantes del gobierno nacional y su partido.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/julio/201057-538-12717-2017-17-0743.HTML   

Beneficios procesales relativos a los delitos de la Ley contra el Secuestro y la Extorsión


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Sala: de Casación Penal

Tipo De Recurso: Casación

TSJ/SCP Nº Sent: 222      Fecha: 16-06-2017

Caso: Diego Armando Maluenga Figueroa

Decisión: Declara con lugar la única denuncia planteada en el recurso de casación propuesto por el representante del Ministerio Público; se rectifica la pena a imponer al ciudadano DIEGO ARMANDO MALUENGA FIGUEROA, quedando en definitiva la pena a cumplir en nueve (9) años, seis (6) meses y veinte (20) días de prisión, por ser cómplice en el delito de Secuestro.

Extracto:

Siendo así se advierte que el delito de Secuestro se materializa cuando ilegítimamente una persona es privada de su libertad, o cuando se retenga, oculte, arrebate o traslade a una o más personas, por cualquier medio, a un lugar distinto al que se hallaba, para obtener de ellas o de terceras personas dinero, bienes, títulos, documentos, beneficios, acciones u omisiones que produzcan efectos jurídicos o que alteren de cualquier manera sus derechos a cambio de su libertad; y el cómplice es aquel que sin ser autor o determinador, ejecute o realice cualquier actividad o suministre algún medio, destinado a facilitar la perpetración de cualquier delito; ahora bien, cuando el cómplice coadyuve con la autoridad competente, tendrá derecho a que se le rebaje un tercio de la pena a cumplir, tal como lo realizó el Juez  del Tribunal Segundo de Primera Instancia Estadal y Municipal en función de Control del Circuito Judicial Penal del estado Cojedes, extensión San Carlos, al momento de calcular pena a imponer al ciudadano DIEGO ARMANDO MALUENGA FIGUEROA.

Sin embargo, alega el recurrente que la Juzgadora al momento de calcular la pena a imponer,  aplicó lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley Contra el Secuestro y la Extorsión (tal como se explicó anteriormente) pero además también aplicó el contenido del artículo 21 eiusdem, incurriendo en una rebaja de pena contraria a derecho, pues, en su criterio,  lo correcto era aplicar únicamente la rebaja de pena establecida en el artículo 11 ibídem, ya que dicho artículo por sí mismo explica la rebaja prevista por el legislador en los casos como el presente asunto penal, y por ello interpuso recurso de apelación, el cual fue declarado sin lugar por la Sala Única de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Cojedes…

OMISSIS…

De la norma antes transcrita se puede observar que el legislador, le otorgó al  Ministerio Público, la posibilidad de suspender el ejercicio de la acción penal en delitos tipificados en la Ley Contra el Secuestro y la Extorsión, pero “conforme a lo establecido”  en el artículo 39 (hoy 40) del Código Orgánico Procesal Penal

OMISSIS…

Este supuesto es un procedimiento de naturaleza especial, distinto a los tradicionalmente conocidos, con características singulares de inicio, tramitación, acuerdo y aprobación judicial. Constituyendo entonces, una medida alternativa especial, que responde a los fines de oportunidad y búsqueda de elementos de prueba en el esclarecimiento de delitos y autores en el ámbito de la transacción penal, como un medio de lucha no convencional contra el crimen organizado.

En este sentido, la colaboración de los sujetos investigados en el sistema probatorio criminal, se verá retribuida con beneficios judiciales o de protección a su favor. La delación o información a cambio de beneficios penales o penitenciarios aparece como una forma de cooperación con el sistema judicial penal. Estos beneficios se orientan a estimular la disociación de las organizaciones del crimen.

Esta figura viene a ser como un mecanismo de simplificación del proceso, de conformidad con las nuevas corrientes doctrinarias, tiene su base en el derecho procesal penal transaccional, cuya finalidad es evitar un proceso regular largo e innecesario, bajo la conducción de someterse a un acuerdo con el Fiscal y obtener la reducción de la pena, pero siempre con la aprobación del Juez en la fase preparatoria.

Es importante resaltar, que este mecanismo transaccional proviene de la cultura jurídica del derecho anglosajón, donde la utilidad y la eficacia del procedimiento constituyen los ejes del sistema. También cabe mencionar, que algunos autores la denominan como una forma de manifestación de la justicia penal consensuada.

OMISSIS…

Del criterio jurisprudencial trascrito, se desprende que deben concurrir las condiciones establecidas en el artículo 40 del Código Orgánico Procesal Penal, para que proceda el principio de oportunidad; pero también se destaca, que es una facultad del Ministerio Público, como titular de la acción penal en delitos de acción pública, y es este quien deberá solicitarlo al Juez de Control, previa su autorización, verificando que se haya cumplido con los requisitos previamente establecidos en la norma in comento; por lo tanto, se trata de una atribución legal que posee el representante Fiscal y que, por ende, es potestativo del representante del Estado, de acuerdo a la Ley, en atención al artículo 111, numeral 6, eiusdem.

Así las cosas, la Sala concluye que cuando estén dados los supuestos para la aplicación del artículo 40 del Código Orgánico Procesal Penal, es el Ministerio Público quien podrá solicitar el supuesto especial, no siendo permitido a los Jueces de Instancia ni a los de la Corte de Apelaciones, proceder de oficio, en cuanto a la aplicabilidad de la figura de la delación, ya que esta es una potestad exclusiva del titular de la acción penal.

OMISSIS…

En efecto, en el presente caso, tanto en el escrito acusatorio, como en la admisión de los hechos y en la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia, quedaron establecidas todas las circunstancias fácticas por las cuales resultó condenado el ciudadano DIEGO ARMANDO MALUENGA FIGUEROA, quedando como un hecho incontrovertido, cierto y apreciado, que luego de participar de manera activa en el secuestro del ciudadano Joseph  Jokim, en su planificación, ejecución y con concierto previo,  luego de ser identificado por las cámaras de video como la persona que dejó el vehículo de la víctima frente a su casa mientras éste último se encontraba plagiado, y durante un interrogatorio policial, señaló el lugar exacto donde se encontraba privado de libertad la víctima, en razón de lo cual se trasladaron al lugar para el rescate de ésta, lo cual generó un enfrentamiento entre los órganos de policía y los captores, resultando los mismos abatidos producto del procedimiento.

Como puede apreciarse, la conducta desplegada por el ciudadano DIEGO ARMANDO MALUENGA FIGUEROA, no se trató de una delación o de un informante arrepentido, con los requisitos exigidos por nuestra legislación, aunado al hecho que el hoy acusado tampoco colaboró de manera útil y eficaz con la información.

OMISSIS…

En razón de lo antes expuesto, la indebida aplicación del artículo 21 de la Ley Contra el Secuestro y la Extorsión, tuvo una incidencia relevante no solo en el fallo sino en el cálculo de la pena que en definitiva debe cumplir el ciudadano DIEGO ARMANDO MALUENGA FIGUEROA.”

Comentario de Acceso a la Justicia: La Sala concluye que la competencia para solicitar cualquier beneficio procesal a algún cómplice en la comisión de uno de los delitos previstos en la Ley contra el Secuestro y la Extorsión corresponde exclusivamente al Ministerio Público y no los puede conceder el Juez de la causa de oficio.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scp/junio/200040-222-16617-2017-C16-393.HTML

Naturaleza jurídica de acto convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente


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Sala: Político-Administrativa

Tipo De Recurso: Nulidad

TSJ/SPA Nº: 647      Fecha: 06-06-2017

Caso: Yvett Lugo Urbaez, Elinor Teresa Montes Méndez, Letty Mercedes Piedrahita, Elenis Rodríguez Martínez, Carlos Alfonso Prince, Jaime Daniel Martínez Mila y Omar Estacio interponen demanda de nulidad conjuntamente con acción de amparo y solicitud subsidiaria de medida cautelar de suspensión de efectos, contra los Decretos Nros. 2.830 y 2.831, ambos de fecha 01.05.2017, dictados por el ciudadano Presidente de la República Bolivariana de Venezuela.

Síntesis y comentarios:  

Expone la SPA en este fallo que el Presidente de la República como Jefe del Poder Ejecutivo Nacional tiene atribuidas un conjunto de competencias previstas tanto en la Constitución como en el resto del ordenamiento jurídico; “de manera que puede dictar actos que son ejecución directa e inmediata de la Carta Magna, pues obedecen al ejercicio de competencias previstas de manera expresa en ella, o puede dictar actos de rango sublegal, en ejecución de leyes u otras normas de inferior jerarquía”.

En razón de lo anterior, y con el apoyo de lo asentado por la SC-TSJ en la sentencia N° 2748 del 20 de diciembre de 2001, recaída en el caso: Javier Elechiguerra Naranjo, la SPA estableció que los actos dictados por el Presidente de la República referentes a la convocatoria y las bases comiciales de la Asamblea Nacional Constituyente son actos dictados en ejecución directa e inmediata de la Constitución y, en consecuencia, es competencia de la SC del máximo tribunal del país conocer de la demanda de nulidad presentada por los abogados Yvett Lugo Urbaez y otros en contra de los Decretos presidenciales Nos. 2.830 y 2.831.

Es de interés, además destacar, lo dicho por la SPA acerca de la competencia de la SC y la jerarquía de los actos “(…) el criterio acogido por el constituyente y seguido por el legislador para definir las competencias de la Sala Constitucional de este Máximo Tribunal, atiende a la jerarquía del acto objeto de impugnación respecto del Texto Fundamental, esto es, que dicho acto tenga una relación directa con la Constitución que es el cuerpo normativo de mayor jerarquía dentro del sistema jurídico venezolano”. (Vid., entre otras, sentencias de esta Sala Nos. 1.243 del 13 de agosto de 2014; y 393 del 6 de abril de 2016).

Decisión: INCOMPETENCIA para conocer la “demanda de nulidad por razones de inconstitucionalidad e ilegalidad” ejercida conjuntamente con solicitud de amparo cautelar y subsidiariamente medida de suspensión de efectos, por  los abogados Ivett Lugo Urbaez, Elionor Teresa Montes Méndez y otros contra los Decretos Nros. 2.830 y 2.831, dictados por el Presidente de la República, en Consejo de Ministros, y publicados en la Gaceta Oficial Nro. 6.295 Extraordinario del 1° de mayo de 2017, mediante los cuales: i) convocó una Asamblea Nacional Constituyente; y ii) creó una Comisión Presidencial a tales fines. Se DECLINA la competencia para conocer y decidir la presente causa en la Sala Constitucional de este Tribunal Supremo de Justicia.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/spa/junio/199659-00647-6617-2017-2017-0428.HTML    

 

Acumulación de causas penales a favor de Tribunales con competencia en delitos de violencia contra la mujer


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Sala: de Casación Penal

Tipo De Recurso: Conflicto de competencia

TSJ/SCP Nº Sent: 213      Fecha: 05-06-2017

Caso: Duilio José Paz Cordero

Decisión: Declara competente al Tribunal Primero de Primera Instancia en Funciones de Ejecución con Competencia en Delitos de Violencia contra la Mujer del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, con sede en Maracaibo, para que continúe conociendo de la ejecución de la pena en la causa que se le sigue al ciudadano DUILIO JOSÉ PAZ CORDERO; se ordena remitir el expediente al referido tribunal para que la causa continúe su curso legal. El Magistrado, Doctor JUAN LUIS IBARRA VERENZUELA, no firmó por motivo justificado.

Extracto:

El presente asunto, trata de un Conflicto de Competencia de No Conocer planteado por el Tribunal Único de Primera Instancia en funciones de Ejecución con Competencia en Delitos de Violencia contra la Mujer del Circuito Judicial Penal del estado Falcón, con sede en Coro, en virtud de la declinatoria de competencia efectuada por el Tribunal Segundo de Primera Instancia en funciones de Ejecución de la misma circunscripción judicial.

Al respecto, es importante resaltar que el Tribunal Segundo de Primera Instancia en funciones de Ejecución del Circuito Judicial Penal del estado Falcón, con sede en Coro, inicialmente solo conocía de la causa seguida al penado Duilio José Paz Cordero por la comisión de los delitos de Homicidio Calificado con Alevosía en Grado de Complicidad Necesaria, y Ocultamiento de Arma de Fuego, previstos en los artículos 406 (numeral 1), y 277 del Código Penal, respectivamente, en perjuicio de quien en vida respondía al nombre de Gustavo Rafael González, donde resultó condenado a quince (15) años de prisión.

Ahora bien, el Tribunal Único de Primera Instancia en funciones de Ejecución con Competencia en Delitos de Violencia contra la Mujer del Circuito Judicial del estado Falcón, con sede en Coro, se declara igualmente incompetente fundamentándose en el hecho de que la mayor pena impuesta al mencionado penado fue por el delito perpetrado en la jurisdicción del estado Zulia, donde resultó condenado por el Juzgado Décimo de Primera Instancia en función de Juicio del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, a diecinueve (19) años, siete (7) meses y dieciséis (16) días de presidio, por la comisión de los delitos de Homicidio Intencional Simple, previsto en el artículo 407 del  Código Penal, en concordancia con el artículo 65 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y Amenaza, establecido en el artículo 41 eiusdem, en perjuicio de las ciudadanas Giannina Marlith D’ Ambrosio Gómez (occisa) y Lisbeth Gómez, respectivamente, correspondiéndole  -a su criterio- el conocimiento al Tribunal de Ejecución con Competencia en Delitos de Violencia contra la Mujer del Circuito Judicial Penal del estado Zulia.

OMISSIS…

cuando sobre un mismo ciudadano versen varias sentencias condenatorias firmes, solo un Tribunal de Primera Instancia en lo Penal en funciones de Ejecución deberá conocer todo lo concerniente a la libertad del penado, las fórmulas alternativas de cumplimiento de pena, redención de la pena por el trabajo y el estudio, conversión, conmutación y extinción de la pena.

OMISSIS…

en aquellos casos donde al imputado, acusado o penado (dependiendo de la fase procesal en que se encuentre), se le califique su acción dentro de un tipo penal previsto en la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, el conocimiento de la causa le corresponde a un  tribunal de la jurisdicción especial de violencia contra la mujer.

De esa forma, resulta claro que el legislador expresó su voluntad de consagrar la competencia de los tribunales especializados en materia de violencia contra la mujer para conocer de todos aquellos casos en los cuales  la víctima sea una mujer, en aras de la protección efectiva de las mujeres contra el maltrato y ataques a su integridad personal y física, incluida la muerte, independientemente de la edad de la víctima del sexo femenino, por razones de género. (Vid., sentencia de esta Sala N° 108 del 26 de febrero de 2016, caso Filadelfio Mora Mora).

OMISSIS…

En este orden de ideas, el artículo 74 del texto penal adjetivo, prevé la forma de dirimir cuál es el Tribunal competente ante la presencia de delitos conexos, y establece:

Artículo 74. El conocimiento de los delitos conexos corresponde a uno solo de los tribunales competentes.

Son tribunales competentes según su orden para el conocimiento de las causa por delitos conexos:

1. El del territorio donde se haya cometido el delito que merezca mayor pena.

2. El que debe intervenir para juzgar el que se cometió primero en el caso de los delitos que tengan señalada igual pena”.

De esta manera, se vislumbra que el Tribunal Único de Primera Instancia en funciones de Ejecución con Competencia en Delitos de Violencia contra la Mujer del Circuito Judicial del estado Falcón, con sede en Coro, fundamentó correctamente su decisión al afirmar que el conocimiento del proceso le corresponde al Tribunal Primero de Primera Instancia en función de Ejecución con Competencia en Delitos de Violencia contra la Mujer del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, con sede en Maracaibo, por ser en esta jurisdicción donde el ciudadano Duilio José Paz Cordero, resultó condenado a mayor pena, ello en aplicación de los artículos 74 (numeral 1), y 471 (numeral 2), del Código Orgánico Procesal Penal. Así se decide.”

Comentario de Acceso a la Justicia: La Sala determina que ante la presencia de dos tribunales que han dictado sentencia condenatoria al mismo ciudadano, uno penal ordinario y otro con competencia en delitos de violencia contra la mujer, es éste último a quien corresponde acumular ambas causas y ejecutar la sentencia respectiva.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scp/junio/199792-213-5617-2017-CC17-143.HTML

Competencia de la SPA para conocer nulidad de actos de efectos generales del SENIAT


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Sala: Político-Administrativa

Tipo De Recurso: Nulidad

TSJ/SPA Nº: 516      Fecha: 11-05-2017

Caso: Corte Primera de lo Contencioso Administrativo declina competencia con motivo del recurso de nulidad interpuesto conjuntamente con acción de amparo cautelar por la sociedad mercantil Productos de Seguridad Industrial, C.A. (PRODUSCA) contra las Providencias Administrativas Nros. SNAT/2002/1419 y SNAT/2002/1455, de fechas 15 y 29.11.2002, respectivamente, emitidas por el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT).

Decisión: La Sala declara: 1.- ACEPTA LA COMPETENCIA que le fue declinada para conocer del recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto conjuntamente con solicitud de amparo cautelar por la sociedad mercantil PRODUCTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, C.A. (PRODUSCA). 2.- LA NULIDAD de todas las actuaciones procesales cumplidas en el expediente No. AB41-N-2003-000008 de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo. 3.- ADMITE, en cuanto ha lugar en derecho el aludido recurso. 4.- IMPROCEDENTE la solicitud cautelar de amparo.

Extracto:

“Corresponde a este Alto Tribunal decidir, en primer lugar, acerca de la competencia declinada por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo para conocer del recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto conjuntamente con solicitud de amparo cautelar, contra las Providencias Administrativas signadas con los Nros. SNAT/2002/1419  y SNAT/2002/1455, dictadas por el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) en fechas 15 y 29 de noviembre de 2002, respectivamente, mediante las cuales se designan a los Contribuyentes Especiales como Agentes de Retención del Impuesto al Valor Agregado.

Al respecto a la competencia para decidir dichas acciones, esta Máxima Instancia se ha pronunciado mediante las sentencias Nros. 00949, 01439, 01626 y 01193, dictadas los días 25 de junio, 23 de septiembre y 22 de octubre de 2003 y 6 de agosto de 2014, casos: Vicson, S.A.; Brenntag Venezuela, C.A.; C.A. Seagrams de Margarita y Bridgestone Firestone Venezolana, C.A. y otros, respectivamente. En tales decisiones la Sala asumió la competencia para conocer de la nulidad de las mencionadas Providencias Administrativas por la cual se designan a los Contribuyentes Especiales como Agentes de Retención del Impuesto al Valor Agregado.

En los aludidos fallos se señaló que las Providencias supra mencionadas constituyen actos administrativos de efectos generales de obligatorio cumplimiento para todos los contribuyentes especiales, que aún cuando pueden ser determinados por la Administración Tributaria se extiende mucho más allá de éstos y su eficacia causal se erige de forma general para todos aquellos sujetos pasivos que obtengan la característica de “especiales” en el futuro. En definitiva, se entiende que configura un acto contentivo de reglas de derecho impersonales y abstractas, que amplía sus efectos más allá de su simple aplicación.

En razón de lo anterior, siendo esta Sala Político-Administrativa la Máxima Instancia de las jurisdicciones contencioso administrativa y tributaria y estándole atribuida la competencia para conocer de los recursos contenciosos administrativos que se ejerzan, tanto por razones de inconstitucionalidad como de ilegalidad, contra actos administrativos de efectos generales dictados por el Poder Público Nacional, sin lugar a dudas reitera que le corresponde conforme a la norma atributiva de competencia residual contenida en el artículo 45 numeral 11 de la entonces vigente Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia (dispositivo contenido en el artículo 23 numeral 5 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa del año 2010), conocer del presente recurso de nulidad ejercido conjuntamente con solicitud de amparo cautelar, contra las Providencias Administrativas ya mencionadas, dictada por el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT). Así se decide.”

Comentario de Acceso a la Justicia: La Sala se declara competente para conocer de un recurso de nulidad contra un acto administrativo dictado por un órgano desconcentrado del Ejecutivo Nacional, citando erróneamente como fundamento el artículo 23, numeral 5 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa; e ignorando el contenido del artículo 24, numeral 5 ejusdem.

Fuente:  http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/spa/mayo/198756-00516-11517-2017-2017-0137.HTML

   

 

Incompetencia de la Superintendencia Nacional de Cooperativas para anular las actas de la asamblea de asociados


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Sala: Político-Administrativa

Tipo De Recurso: Nulidad

TSJ/SPA Nº: 502      Fecha: 09-05-2017

Caso: Asociación Cooperativa Organizada de Distribuidores Independientes de Aguas Minerales XX (CODIAM XX, R.L.) interpone demanda de nulidad contra la Resolución Nro. 077-2012 de fecha 29.06.2012, dictada por el Ministerio del Poder Popular para Comunas y Protección Social, hoy Ministerio del Poder Popular para Las Comunas y los Movimientos Sociales

Decisión: : CON LUGAR la demanda de nulidad incoada por la Asociación Cooperativa Organizada de Distribuidores Independientes de Aguas Minerales XX (CODIAM XX, R.L.) contra la Resolución emanada del Ministerio del Poder Popular para Las Comunas y los Movimientos Sociales. En consecuencia, se ANULAN1) el acto administrativo identificado con el Nro. 077-2012 de fecha 29 de junio de 2012, dictado por el Ministro del Poder Popular para las Comunas y los Movimientos Sociales; 2) la Providencia Administrativa Nro. PARR-181-12 del 5 de marzo de 2012, dictada por la Superintendencia Nacional de Cooperativas (SUNACOOP) y 3) la Providencia Administrativa sancionatoria Nro. 094-11, dictada el 19 de mayo de 2011 por dicho ente, específicamente en lo que se refiere a la declaratoria de nulidad de la “Asamblea General Extraordinaria n° 23 de Asociados de la Cooperativa Codiam XX R.L. celebrada el doce (12) de mayo del 2007”.

Extracto:

“la competencia ha sido entendida como un título formal de habilitación, como la aptitud de las personas que actúan en el campo del Derecho Público de emanar determinados actos jurídicos, por lo que la incompetencia como vicio de los actos administrativos se configura cuando una autoridad administrativa determinada dicta un acto para el cual no estaba legalmente autorizada, distinguiéndose jurisprudencialmente dentro de dicha irregularidad, tres tipos específicos de anomalías, a saber: a) la usurpación de autoridad, b) la usurpación de funciones, y c) la extralimitación de funciones; esta última ocurre cuando la autoridad administrativa investida legalmente de funciones públicas dicta un acto que constituye un exceso de las atribuciones que le han sido conferidas.

Determinar la incompetencia de un órgano de la Administración supone demostrar que el mismo ha actuado sin un poder jurídico previo que legitime su actuación, debiendo precisarse que de conformidad con lo dispuesto en el ordinal 4º del artículo 19 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, solo la incompetencia manifiesta vicia de nulidad absoluta el acto, entendida dicha incompetencia manifiesta como aquella que es grosera, patente, esto es, cuando sin particulares esfuerzos interpretativos se comprueba que otro órgano es el realmente competente (Vid, sentencias de esta Sala Nos. 122 y 385 de fechas 30 de enero de 2008 y 30 de marzo de 2011, respectivamente).”

Comentario de Acceso a la Justicia: Es de destacar que la SPA declara en este caso que la Superintendencia Nacional de Cooperativas, no estaba facultada para anular las asambleas de asociados celebradas por la Asociación Cooperativa Organizada de Distribuidores Independientes de Aguas Minerales XX (CODIAM XX, R.L.) y en tal virtud se declaró procedente el vicio de incompetencia alegado por los apoderados judiciales de la parte actora.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/spa/mayo/198535-00502-9517-2017-2013-0677.HTML      

 

La competencia para conocer de un juicio de reivindicación en el que las partes tienen una niña, hija de ambas


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Sala: de Casación Civil

Tipo De Recurso: Casación

TSJ/SCC Nº Sent: 250      Fecha: 05-05-2017

Caso: Juicio de reivindicación interpuesto por CARLOS EDUARDO GONZÁLEZ MÉNDEZ y NELLY MARGARITA MÉNDEZ contra FABIOLA CRISTINA VILLALOBOS ROSALES.

Decisión: Se casa de oficio y sin reenvío la sentencia dictada el 15 de julio de 2016, por el Juzgado Superior Tercero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Táchira; inadmisible la demanda en la jurisdicción civil ordinaria; nulo todo lo actuado; y, competente a los tribunales de Protección de Niños, Niñas, y Adolescentes de la citada Circunscripción Judicial, reponiendo la causa al estado en que el Juzgado de Primera Instancia de Mediación y Sustanciación de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la citada Circunscripción Judicial se pronuncie sobre la admisión.

Extracto:

De las sentencias parcialmente transcritas, se puede inferir que siempre que puedan resultar afectados directa o indirectamente los derechos o intereses de niños, niñas y adolescentes, deben ser tutelados los mismos por una jurisdicción especial, en virtud del interés superior del niño, resultando ser la más idónea los órganos que integran la jurisdicción de protección de niños, niñas y adolescentes.

En el sub iudice, la Sala observa: 1) que la demanda fue admitida el 16 de junio de 2014 por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Táchira; 2) que la misma versa sobre el “la reivindicación de un bien inmueble”; 3) que se encuentra involucrada una niña menor de edad hija de ambas partes; 4) el tribunal de la cognición declaró con lugar la demanda en fecha 12 de noviembre de 2015 y, 4) que apelada la referida decisión el Juzgado Superior Tercero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Táchira, confirmó la demanda el 15 de julio de 2016.

Fijados los hechos procesales anteriores y en atención al artículo 177 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes ut supra transcrito, el presente juicio debió haberse intentado, sustanciado y decidido ante los tribunales de jurisdicción especial de protección de niños, niñas y adolescentes y no ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Táchira, y luego, en segunda instancia, ante el Superior Tercero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la misma circunscripción judicial, los cuales son incompetentes para conocer, tramitar y decidir la presente controversia debido a que la competencia le está atribuida por ley a los Juzgados Protección de Niños, Niñas y Adolescentes.”

Comentario de Acceso a la Justicia: La sentencia establece el criterio de la Sala sobre la competencia de los Tribunales de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes para conocer de un juicio de reivindicación en el que las partes tienen una niña, hija de ambas y la importancia de ello como garantía de los derechos a la defensa y al debido proceso.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scc/mayo/198200-RC.000250-5517-2017-16-694.HTML

El tribunal competente para conocer de la extensión de la obligación de manutención y la oportunidad para solicitarla.


MONITOREO1

Sala: de Casación Social

Tipo De Recurso: Casación

TSJ/SCS Nº: 272      Fecha: 06-04-2017

Caso: Demanda de divorcio interpuesta por GIUSEPPE MURO COLITTO contra ELISA PRIANO BRUNETTI DE MURO.

Decisión: Se declara sin lugar el recurso de casación contra la sentencia dictada el 30 de marzo de 2015, por el Juzgado Superior Tercero de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas y Nacional de Adopción Internacional

Extracto:

Así, debe enfatizarse que no se extiende la obligación de manutención porque se está cursando estudios, esta situación tiene que ser tramitada y sustanciada ante un juez de protección, para que se autorice o niegue la aludida extensión, de modo que no opera de pleno derecho, toda vez que deberá otorgarse mediante un procedimiento judicial donde se le garantice el derecho de defensa de las partes y se concedan todas las garantías procesales constitucionales.

Por otra parte, el artículo 136 del Código de Procedimiento Civil, dispone que: “Son capaces para obrar en juicio, las personas que tengan el libre ejercicio de sus derechos, los cuales pueden gestionar por sí mismas o por medio de apoderados, salvo las limitaciones establecidas en la ley”, de modo que, siendo mayor de edad la ciudadana Valeria Muro Priano para el momento de la interposición de la demanda de divorcio, era ésta a quien le correspondía solicitar la extensión de la obligación de manutención.

En consecuencia, la ciudadana Valeria Muro Priano -hija mayor del matrimonio “Muro-Priano”-, se encontraba facultada para solicitar la extensión de la obligación de manutención, toda vez que para el momento de la interposición de la demanda de divorcio contaba con veinte (20) años de edad y ostentaba plena capacidad para obrar en juicio, pudiendo gestionar por sí misma o por medio de apoderados, la aludida extensión ante un tribunal de protección (vid. Sentencias de la Sala Constitucional Nros. 2.623 de fecha 11 de diciembre de 2001, caso: Haydé Arguinzones Negrín y otro, y 3.260 del 13 de diciembre de 2002, caso: Sherline del Valle Chirinos Loaiza), con el propósito de verificar las condiciones previstas en el artículo 383 de la Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, con las debidas garantías procesales.”

“…OMISSIS…”

“De acuerdo como fue resuelto en la denuncia anterior, conforme a la jurisprudencia de la Sala Constitucional de este máximo Tribunal, en cuanto a la demostración de las causales de divorcio previstas en el artículo 185 del Código Civil, en sentencia Nro. 693, del 2 de junio de 2015, con ponencia de la Magistrada Carmen Zuleta de Merchán, (caso: Francisco Anthony Correa Rampersad), se estableció:

“…OMISSIS…”

Así, entiende esta Sala de Casación Social que esta interpretación “constitucionalizante” de la norma en referencia, fundamentada en el derecho al libre desenvolvimiento de la personalidad, en la que se concibe el consentimiento como base nuclear del vínculo jurídico que se produce con el matrimonio, debe ser extendida también a una nueva exégesis de las causales ya existentes, que conduzca a una flexibilización de lo que hasta ahora debía ser tomado en cuenta para considerar demostrada la causal, e incluso, para aplicar la doctrina del divorcio solución, pues ahora no se exige para ello la demostración de una de las causales que taxativamente contempla la referida norma, siendo que la evidencia en autos de la ruptura de la vida en común en sí misma y/o el incumplimiento de los deberes que se deben los cónyuges entre sí, constituye causal suficiente para declarar el divorcio, con independencia de quien haya dado origen a estos hechos.”

Comentario de Acceso a la Justicia: La sentencia establece que corresponde a un Juez de Protección conocer de las solicitudes de extensión de la obligación de manutención y la oportunidad para solicitarla; de igual manera, se ratifica el criterio sobre el carácter enunciativo de las causales de divorcio.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scs/abril/197612-0272-6417-2017-15-507.HTML

Los Tribunales Laborales no son competentes para conocer de demandas de docentes al servicio de la Administración Pública


TSJ-800x600

Sala de Casación Social

Recurso de Casación 

TSJ/SCS N° 175.   Fecha: 15/03/2017

Caso: Recurso de Casación intentado por la parte atora en la demanda por cobro de acreencias laborales interpuesta por María Auxiliadora Díaz Najul contra República Bolivariana de Venezuela por órgano del Ministerio del Poder Popular para la Cultura.

Decisión: Se declara la incompetencia de la jurisdicción laboral para el conocimiento de la causa por corresponder al Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital, y se repone la causa al estado que el órgano jurisdiccional declarado competente se pronuncie con relación a la admisión de la causa bajo estudio, conservando las pruebas aportadas al proceso para su estudio.

En tal sentido, la Sala para tomar su decisión señaló:

“Del mismo modo, la Sala Político Administrativa, en decisión número 1.014 de fecha 31 de julio de 2002 (Caso: Martha Yolanda Monsalve de Gutiérrez), ratificó la situación de los docentes dependientes del Ejecutivo Nacional, indicando que por su relación de empleo Público deben regirse por las normas previstas en la Ley de Carrera Administrativa, derogada por la Ley del Estatuto de la Función Pública (…).

Así, esta Sala debe precisar que si bien es cierto que la Ley Orgánica de Educación señala que los docentes se regirán por dicha ley -Ley Orgánica del Trabajo-, así como que éstos gozarán de las prestaciones sociales en la forma establecida por esta última, no es menos cierto que tales indicaciones van referidas a la aplicación de las disposiciones que consagren beneficios al docente en su condición de trabajador, es decir, que debe el juez remitirse a la ley laboral en aquello que se refiera a los privilegios consagrados a favor de los trabajadores, sin embargo, ello no implica que los juzgados laborales deban conocer de las acciones intentadas por los docentes al servicio de la Administración Pública, negándole el carácter de funcionario Público a los docentes.

Siendo ello así, se observa que por cuanto la hoy accionante, sostuvo una relación funcionarial con la Oficina de Supervisión Zona 4, ubicada en la zona educativa del estado Aragua, la cual está adscrita al Ministerio del Poder Popular para la Educación, resulta claro para esta Sala la condición de funcionaria pública que ostentaba la demandante, y por ende, su relación de servicio Público estuvo regulada por la Ley de la Carrera Administrativa, derogada por la Ley del Estatuto de la Función Pública.

De acuerdo al criterio antes expuesto y al tratarse el caso de autos de una demanda por cobro de diferencia de prestaciones sociales, generadas con ocasión a la relación funcionarial que mantuvo la querellante con el Ministerio de Educación (…).

De modo que, conforme a lo establecido en el artículo 38 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, el régimen aplicable al personal docente contratado será aquél previsto en el respectivo contrato y en la legislación laboral, cuestión que no se verifica en el caso bajo análisis, toda vez que no existe en autos vinculación contractual alguna que evidencie la condición de “contratada” atribuida en algunas de las constancias de trabajo supra reseñadas, luego de la supresión del Consejo Nacional de la Cultura (CONAC) y la transferencia de la demandante al Ministerio del Poder Popular para la Cultura.

En mérito de las consideraciones expuestas, esta Sala de Casación Social actuando como cúspide de la jurisdicción laboral y siendo la competencia materia de orden público, revisable en cualquier estado y grado del proceso, declara la incompetencia por la materia de los tribunales laborales para dirimir el asunto sub examine, correspondiendo su conocimiento a la jurisdicción contencioso administrativa, en atención al principio del juez natural, el cual debe garantizarse de conformidad con el numeral 4, del artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Precisado lo anterior, se considera necesario pronunciarse con relación al órgano jurisdiccional al que le corresponde el conocimiento de la causa. En tal sentido, debe observarse lo estipulado en el artículo 93 y en la Disposición Transitoria Primera de la Ley del Estatuto de la Función Pública, que prevén lo siguiente:

Artículo 93. Corresponderá a los Tribunales competentes en materia contencioso administrativa funcionarial, conocer y decidir todas las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de esta Ley, en particular las siguientes:

  1. Las reclamaciones que formulen los funcionarios o funcionarias públicos o aspirantes a ingresar en la función pública cuando consideren lesionados sus derechos por actos o hechos de los órganos o entes de la Administración Pública. (Destacado de la Sala).

(…)

Con base en lo expuesto, esta Sala determina que el conocimiento de las demandas incoadas por las funcionarias o los funcionarios públicos con motivo de las reclamaciones formuladas cuando consideren lesionados sus derechos por actos o hechos de los órganos o entes de la Administración Pública, sea esta nacional, estadal o municipal, corresponde a la jurisdicción contencioso administrativa, esto es, en primera instancia a los Juzgados Superiores Estadales en lo Contencioso Administrativo, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 6, del artículo 25 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y, en el caso bajo examen, específicamente a un Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital, al cual sea asignada la causa previa distribución de la misma y, en segunda instancia, a las Cortes de lo Contencioso Administrativo. Así se decide.”

Comentario de Acceso a la Justicia: La sentencia ratifica criterios de la SPA y concluye que la competencia para conocer de una demanda por conceptos laborales interpuesta por un docente al Servicio de la Administración Pública, corresponde a la Jurisdicción Contencioso-administrativa (específicamente, a los Tribunales Superiores de lo Contencioso Administrativo en primera instancia y a las Cortes de lo Contencioso Administrativo en apelación) y no a la Laboral, en virtud del carácter de funcionario público que ostenta el docente. Independientemente de que sustantivamente se aplique la legislación laboral ordinaria (Ley Orgánica del Trabajo).

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scs/marzo/196941-0175-15317-2017-16-463.HTML