El control de precios como herramienta contra el pueblo


El control de precios como herramienta contra el pueblo

Venezuela vive la crisis económica más severa de su historia republicana. Los indicadores presentados por organismos multilaterales como el Banco Mundial o las mediciones realizadas por consultoras internas –caso Ecoanalítica– dan cuenta de que la contracción acumulada de los últimos cuatro años supera 35%, magnitud sólo vista en países que han sufrido eventos bélicos.

Los análisis arrojan que resultados tan negativos están atados a la falta de políticas públicas acertadas para corregir las distorsiones o, lo que es más preocupante, al mantenimiento de medidas, que lejos de mejorar las condiciones de vida de los venezolanos, las han desmejorado, provocando un largo período de inflación y escasez generalizada, que han dado lugar a una emergencia humanitaria en el país.

Entre esas políticas destaca el modelo centralizado de control de precios implantado desde 2003, y que se profundizó con la Ley de Costos y Precios Justos de 2011, donde se dejó atrás el control específico sobre los rubros de primera necesidad, para establecer la fijación de los valores de todos los bienes y servicios que se transan en el país (en 2014, el presidente Nicolás Maduro reformó la norma y la denominó Ley Orgánica de Precios Justos).

Asamblea Nacional ConstituyenteEsta política ha sido reeditada recientemente con la llamada Ley de Precios Acordados de la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente (ANC), usurpando las funciones legislativas de la Asamblea Nacional (AN), publicada en la Gaceta Oficial Extraordinaria 6.342 del 22 de noviembre de 2017, que tiene como finalidad, según se indica en ella “establecer las bases de una política de precios acordados fundamentada en los principios de la paz social, democracia, corresponsabilidad, justicia social, participación ciudadana, contraloría social, derechos humanos y eficiencia”.

Con la variación de la normativa mencionada se señala que los importes de venta serán “acordados” con los actores de la cadena productiva y de distribución, pero en las primeras de cambio el carácter autoritario del Gobierno echó por la borda cualquier negociación, al ordenar rebajar los precios de más de 6 mil productos.

Esta medida lo que hizo fue profundizar aún más a comienzos de 2018 la severa escasez que ya arrastraban los comercios, afectados por años de controles y regulaciones varias. No hay rubro que hoy en día no muestre anaqueles vacíos en todo el país.

Sobre este tipo de regulación, específicamente en 2011 cuando entró en vigencia la primera ley que buscó controlar todos los precios, se pronunció el impulsor del “socialismo del siglo XXI”, Heinz Dietrich, en un artículo intitulado irónicamente Milagro económico en Venezuela: La Ley de Costos y Precios Justos. En este emitió una crítica a la normativa que traslució lo que los expertos han sostenido sobre los controles, y es que “se reglamentó con ochenta y ocho artículos algo que no existe: el precio justo de la economía de mercado”, e incluso acotó que “legislar sobre él, es una manifestación de ignorancia científica y tontería económica”.

Anaqueles vacíosComo se desprende de lo anterior, pese a los resultados y los cuestionamientos, Maduro ha mantenido un esquema de regulaciones con esta ley y otras del período del fallecido presidente Hugo Chávez, como las de Expropiación por Causa de Utilidad Pública y la de Tierras, que le ha asegurado un férreo control sobre el aparato productor y comercial, lo que a la postre han conducido a la progresiva reducción de la producción que hoy condena a la escasez a toda la población.

Así, el Gobierno de Maduro, lejos de generar medidas para revertir la crisis, que se inició durante el gobierno de Chávez, pero que aún no era visible por los elevados precios del petróleo, la ha ahondado manteniendo o radicalizando el mismo modelo que durante más de una década creó todo tipo de distorsiones económicas y sociales.

Esta forma de ejercicio del poder hoy muestra al mundo una Venezuela empobrecida, con una población que no sólo no tiene condiciones dignas de vida, sino que incluso muere de hambre y por falta de medicinas, lo que puede hacer pensar en la comisión de crímenes de lesa humanidad al constituir una política gubernamental sistemática de “actos inhumanos que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física” (artículo 7 literal k del Estatuto de Roma).

¿Y a ti venezolano, cómo te afecta?

La política sistemática de los gobiernos de Chávez y Maduro de intervenir por la fuerza los sectores productivos y apropiarse de los medios de producción, no sólo ha desvirtuado la aplicación del estamento jurídico venezolano, sino que además se ha convertido en el principal factor en la desaparición progresiva de los productos hechos en Venezuela, e incluso en la merma de la importación de rubros terminados.

Esta situación que el Gobierno achaca a una guerra económica y no a su modelo económico, ha puesto a Venezuela en una verdadera situación de emergencia humanitaria originada por el Gobierno mismo, mediante sus políticas de controles excesivos y nacionalización de empresas, que han acabado con la producción nacional.

Además, está el agravante de que la falta de divisas causada por la progresiva ineficiencia en la producción petrolera, corrupción y excesivo gasto público ha dado lugar a una inflación sin precedentes y a un empobrecimiento generalizado, que han causado niveles de desnutrición alarmantes en niños y adultos, muertes por falta de alimentos, escasez estructural de rubros básicos, e incluso de productos no esenciales.

Maduro presentó memoria y cuenta bajo el manto de la ilegalidad


Memoria y cuenta 2017

El mismo día (5 de enero) de la instalación de la Asamblea Nacional (AN) por el período 2018, fecha en la que también reinició actividades la fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente (ANC), la primera dama de la República y constituyentista, Cilia Flores, recordó que el Parlamento continúa en desacato por la juramentación de los diputados de Amazonas en 2015 y, por lo tanto, todos sus actos siguen siendo nulos.

Bajo tal excusa, Flores propuso que el Jefe de Estado presentara su Memoria y Cuenta ante la ANC porque “no hay lugar más adecuado”. En efecto, la ilegítima instancia aprobó el planteamiento por unanimidad y Nicolás Maduro acudió en un acto violatorio del artículo 237 de la Constitución. La norma establece que el primer mandatario nacional debe presentarse dentro de los diez primeros días siguientes a la instalación de la AN para ofrecer la rendición de cuentas del período anterior (2017).

Escasez de alimentosIgnorando a un poder legítimo por ser electo por el pueblo, como es el de la AN, y pese a que físicamente se encontraba en la sede del Palacio Federal Legislativo, arbitrariamente ocupado por la ANC, Maduro dio un discurso totalmente ajeno a la realidad del país, pues calificó 2017 como un “año de logros sociales”. Difícil de creer ante la fuerte escasez de alimentos y medicinas, más la pérdida del poder adquisitivo del venezolano por los embates de la hiperinflación (2.626% según proyecciones de la AN), que los precarios y excluyentes programas sociales no pudieron siquiera aliviar.

Cifras dudosas

El jefe de Estado aseguró en su mensaje anual que el desempleo bajó a 6%, pero en 2016 el porcentaje ofrecido fue de 7,5%. Mientras, firmas como Ecoanalítica ubican la tasa de desocupación en 10,5% sólo hasta mayo de 2017. Debe advertirse que estas estadísticas toman en cuenta el empleo informal. Por su parte, el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) no ha publicado cifras actualizadas.

La pobreza fue ubicada por Maduro en 18,1% y la extrema en 4%. La Encuesta Sobre Condiciones de Vida en Venezuela (Encovi) arrojó 81,8% de hogares en pobreza en 2016 y advirtió que en 2017 la cifra iría en aumento tras cuatro años de crisis sostenida, por lo que el porcentaje ofrecido por el mandatario es dudoso.

Emergencia humanitaria“En 2017 Venezuela entró en un contexto de emergencia humanitaria compleja en el que más del 80% de la población se encuentra imposibilitada de satisfacer sus necesidades en salud y alimentación”, resaltó la ONG Provea.

Todas las anteriores son razones más que suficientes para desconfiar de estas palabras del Ejecutivo: “Ha sido un año de inversión social, de avances sociales, políticos que nos han permitido preparar condiciones para la llegada de un nuevo tiempo, de futuro”.

Las protestas y saqueos en varias zonas del país por falta de alimentos (la firma Econométrica reportó 52,6% de escasez para noviembre de 2016) y fallas en la distribución de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) durante el mes de diciembre y lo que va de enero también ponen en entredicho los supuestos logros de los cuales se ufanó el Presidente.

La Ley de Precios Acordados, mencionada por Maduro durante su discurso como un arma contra los “comerciantes especuladores” y aprobada inconstitucionalmente por la ilegitima ANC (es competencia de la AN) en noviembre de 2017, contribuirá a agravar la escasez, porque obliga a los comerciantes a bajar los precios a pérdida (de momento colocar los mismos de diciembre), pues ante la falta de divisas preferenciales se ven obligados a recurrir al mercado negro para reponer sus inventarios, principalmente mercancía importada porque la producción nacional es casi inexistente.

Por otro lado, se habló de nuevas pensiones (202.430) a través del código VeQR del Carnet de la Patria en 2017, superando los 3.200.000 adultos mayores. ¿Qué pasó con quienes no comulgan con el Gobierno y no poseen dicho documento? ¿Quedaron por fuera?

¿Y a ti venezolano, cómo te afecta?

El Poder Ejecutivo inició 2018 bajo el mismo manto de ilegalidad que ha venido arrastrando desde hace años. No hay reconocimiento de la AN, no hay libertad económica, ni siquiera de la crisis humanitaria aunque la conflictividad social le haya estallado en la cara y vaya en aumento. Todo parece indicar que no lo habrá, por lo tanto es difícil prever soluciones a los padecimientos de los venezolanos en todos los ámbitos en el corto y mediano plazo.

El Petro amplía hegemonía inconstitucional del Gobierno


Bitcoin

Desde hace dos años, el Gobierno mantiene al país bajo un régimen de estado excepción y emergencia económica -decretado por primera vez el 14 de enero de 2016- que no da tregua a los derechos de los venezolanos, pero que se ha configurado en el medio para que el Ejecutivo amplíe su hegemonía y genere mecanismos para dar un marco jurídico, aunque sea ilegal, a sus acciones.

 La última extensión de esta medida extraordinaria en los ámbitos social, económico y político se dio el pasado 9 de enero con el Decreto N°  3.239. Como en otras prórrogas, el Presidente de la República se valió de esta resolución para aplicar cambios, que en esta ocasión le permitieron instrumentar el Petro, el que espera sea la primera criptomoneda del país.

 BCVAunque en círculos económicos este criptoactivo no es una moneda virtual, sino esencialmente un instrumento de deuda -porque no es minable, está respaldado en recursos naturales y será emitido por el Banco Central-; en términos jurídicos, el mecanismo financiero abre una nueva brecha en la legalidad del país.

 Específicamente el numeral 6 del artículo 2 del decreto N°  3.239 faculta al Ejecutivo para “dictar medidas que permitan la incorporación al sistema económico nacional de criptoactivos a partir de instrumentos que generen seguridad sobre la base del aprovechamiento nacional de las materias primas, recursos minerales e hidrocarburos de la República y su aplicación productiva en el corto plazo al mejoramiento de las condiciones económicas del país y el desarrollo nacional”.

 Este poder excepcional que se atribuyó el Presidente de la República se inscribe en el marco del decreto No. 3.196 del 8 de diciembre de 2017, con el cual dispuso la creación y uso del Petro, y el artículo 3 del decreto N° 3.074 del 11 de septiembre de 2017, que si bien no contempla expresamente la facultad para dictar esta medida, fue tomado como base para asegurar la implementación irregular de esta moneda  en el país.

 Al desagregar los elementos cuestionables del Petro, destaca que el Ejecutivo desconoció que la regulación del sistema financiero y monetario del país es competencia exclusiva de la Asamblea Nacional (artículos 156.11 y 187.1 de la Constitución), evidenciando la falta de constitucionalidad del decreto, y la peligrosa hegemonía que el Jefe de Estado pretende consolidar ampliando todavía más sus competencias, aunque diezme el vigor del texto constitucional y el estado de derecho.

 Otro aspecto del Petro que se riñe con la legalidad fue aludido por el Legislativo -en sesión del pasado 9 de enero- cuando declaró la inconstitucionalidad del criptoactivo, por considerar que contraviene la regulación que protege a los bienes del dominio público del país.

 El Parlamento argumentó que el artículo 12 de la Constitución, que especifica que los yacimientos mineros y de hidrocarburos existentes en el territorio nacional son bienes del dominio público y, por tanto, inalienables e imprescriptibles, fue quebrantado por el Gobierno, al establecer como respaldo del Petro parte de las reservas petroleras y otros recursos naturales.petróleo

 Irregularidades recurrentes

 Aunado a las violaciones vinculadas expresamente al criptoactivo, el Decreto de Estado de Excepción y Emergencia económica reitera la irregularidad cometida en las disposiciones previas, pues fue puesto en práctica sin la previa aprobación del Parlamento como lo exige el artículo 339 constitucional.

 También el Ejecutivo vuelve sobre la irregularidad de la duración de esta condición excepcional, ya que a pesar de tratarse de la declaratoria de un “nuevo” régimen es, sin duda, una reedición de los decretos anteriores,  especialmente del emitido el 11 de septiembre de 2017 bajo el número 3.074.

 Con esta maniobra, el Jefe de Estado busca evadir el carácter limitado en el tiempo (principio de la temporalidad) al que debe estar sometido este tipo de actos conforme a lo dispuesto en el artículo 338 de la Constitución que prevé un plazo máximo de 120 días.

 Finalmente, el decreto N° 3.239 tampoco garantiza el respeto de los derechos humanos, pues basta leer su contenido para constatar que no señala o determina las garantías restringidas y sus límites, al igual que ha ocurrido con todas las resoluciones anteriores, contraviniendo concretamente la norma constitucional prevista en el artículo 337, así como pactos internacionales y sin notificar a la Organización de Naciones Unidas (ONU).

 Y a ti venezolano, ¿cómo te afecta?

 El estado de excepción y emergencia económica recientemente decretado por el Gobierno nacional es un reconocimiento a su incapacidad e ineficiencia para hacerle frente a la compleja y grave crisis social, económica y política que padece la sociedad venezolana.

 Esta decisión arbitrariamente adoptada no ofrece para nada soluciones concretas y prácticas. Por el contrario, favorece al desabastecimiento de productos de primera necesidad,  la paralización de los servicios públicos esenciales para la comunidad,  la hiperinflación galopante, entre otros, pero sobre todo pone en peligro el ejercicio de los derechos individuales dado su  ambigüedad e imprecisa y genérica regulación.

Boletín n.° 19. Del 8 al 15 de enero de 2018


Boletín Crisis en Venezuela

TSJ le tendió la alfombra roja a la dictadura en 2017- Acceso a la JusticiaProvea constata que venezolanos consumen comida para perros-Provea. ONG repudian impunidad en el asesinato de niña Yara Emiliana- CEPAZLa ley contra el odio en uso– Un Mundo Sin MordazaEn 2018 seguiremos de pie pese a las adversidades contra la libertad de expresión- Espacio Público. Estamos en un escenario de guerra por la emergencia humanitaria– Codevida.

Boletín n.° 19 Crisis en Venezuela

Boletín n.° 18. Del 11 al 18 de diciembre de 2017


Boletín Crisis en Venezuela

En el Día Internacional de la Cobertura Universal de Salud Codevida pide cooperación humanitaria- Codevida. Pluralidad en impresos nacionales: Polarización, escasez de papel y partidización de lo público- Espacio PúblicoInvestigación por corrupción en PDVSA: ¿justicia o pase de factura?-Acceso a la Justicia. Sin Mordaza anuncia el lanzamiento de su página web Memorias por la Vida- Un Mundo Sin Mordaza. Diplomacia Ciudadana llega a Bolivia-Provea. Fiscalía investigará a ex ministro Rafael Ramírez un año después de que el TSJ se lo impidió a la AN-Transparencia Venezuela. Cepaz y Redac realizaron veeduría ciudadana de las elecciones municipales- CEPAZ.

Boletín n.° 18 Crisis en Venezuela