Boletín n.° 14. Del 13 al 20 de noviembre de 2017


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La emergencia humanitaria cobró la vida a dos trasplantadas en una semana – Codevida. Hijo del alcalde de Ejido no ha sido presentado ante tribunales en casi 4 meses – Foro Penal Venezolano. Maduro admite corrupción en “posiciones de poder” pero no ha habido ningún ministro preso – Transparencia Venezuela. Cepaz presentó ante la AN informe sobre violaciones a los DD HH electorales en los comicios del 15 de octubre – CEPAZ. El presunto odio como excusa para censurar – Espacio Público. IPYS Venezuela comunicó su rechazo ante acciones de control del gobierno – Un Mundo Sin Mordaza. ¿Qué debes saber sobre la llamada “Ley Constitucional contra el Odio” aprobada por la ANC?- Acceso a la Justicia

Boletín 14 Crisis en Venezuela

¿Qué debes saber sobre la llamada “Ley Constitucional contra el Odio”?


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La aprobación de la llamada “Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia” dictada por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) ha generado más preguntas que respuestas entre los actores políticos, los representantes de los medios de comunicación y los ciudadanos en general. Esto se debe a sus implicaciones en el ejercicio de derechos tan importantes como la libertad de expresión, a la manifestación pacífica y el pluralismo político, entre otros.

En este sentido, Acceso a la Justicia proporciona algunas claves para entender el trasfondo de dicha normativa.

  1. No es una ley porque no la dictó la Asamblea Nacional (AN), que es el órgano legislativo reconocido por la Constitución.
  1. No es constitucional porque viola la Carta Magna al dictarla la ANC, usurpando funciones de la AN y sin seguir el procedimiento constitucional para discutir y aprobar una ley.
  1. No es constitucional además porque viola varios derechos humanos establecidos en la Constitución, por mencionar algunos: la libertad de expresión, opinión e información; el derecho a manifestar pacíficamente; el derecho a participar políticamente; el derecho al sufragio; el derecho a la asociación y el derecho a la democracia.
  1. ¿Por qué viola la libertad de expresión, opinión e información? Castiga a quien emita un mensaje por cualquier medio que el Gobierno considere que es de odio. Sanciona con quitarles la licencia a los medios que emitan mensajes de odio y también con bloquear páginas web, así como obligaría a quien emita por las redes sociales un mensaje de esta índole a eliminarlo dentro de las 6 horas siguientes, so pena de ser sancionado. Obliga a los medios a transmitir mensajes de paz del Gobierno, bajo riesgo de sanción. Está claro que si los medios no pueden expresarse libremente, los ciudadanos tampoco pueden estar debidamente informados, y si la información es del Gobierno y obligatoria, puede transformarse en propaganda política.
  1. ¿Por qué viola el derecho a manifestar pacíficamente? Castiga cualquier actividad de odio, fascista o de violencia política. Cabe destacar que el Gobierno considera que las protestas en su contra, aunque sean pacíficas, tienen esas características porque así las ha calificado.
  1. ¿Por qué viola el derecho a participar políticamente? Castiga a los partidos que hagan cualquier actividad o expresen una idea contraria al Gobierno y, en particular, incita a perseguir el fascismo. Vale acotar en este sentido que el Gobierno ha catalogado a la oposición política como “fascista”.
  1. ¿Por qué viola el derecho al sufragio? Sanciona con revocatoria de inscripción a partidos políticos que lleven a cabo actividades de odio o si las prevén en sus estatutos. Obliga a las organizaciones partidistas a agregar una cláusula en sus estatutos de expulsión de sus miembros si cometen un acto de odio, so pena de revocación. No permite que se inscriban toldas que insten al odio en opinión del Gobierno. Entonces, si no se puede elegir entre varios partidos políticos que representen distintas ideologías políticas y solo existe una opción ideológicamente hablando, no hay derecho al sufragio activo (derecho al voto). Si no se pueden constituir partidos políticos de oposición se limita el sufragio pasivo (o el derecho a ser elegido).
  1. ¿Por qué viola el derecho a la asociación? Insta a los funcionarios a no constituir ni permitir el funcionamiento de personas jurídicas de derecho privado que violen la ley.
  1. ¿Por qué viola el derecho a la democracia? Porque desconoce derechos fundamentales en los que esta se basa, como la libertad de expresión y el derecho al voto. Al ser una norma de la ANC que pretende ser una ley, desconoce al Parlamento, y al ser una supuesta “ley constitucional” niega la vigencia de la Constitución, porque esta figura no existe en ella, además de que pretende cambiarla sin que el pueblo haya aprobado ese cambio por un referéndum. También, al eliminar el pluralismo político, establecer una censura previa, crear un mecanismo de persecución política y represión, así como un control absoluto de la disidencia y del pensamiento, transforma el régimen político venezolano en un totalitarismo, lo que es contrario a una democracia y su Constitución.
  1. La norma contra el odio no tiene ningún valor jurídico, es un acto de autoridad, porque proviene de la ANC, que es un órgano de origen no democrático, inconstitucional y que se ha arrogado todas las funciones del Estado, entre las cuales, destaca la potestad de cambiar las normas y los funcionarios que considere. Lo que ha ocurrido en Venezuela es un golpe de Estado, que no es más que la violación deliberada de las formas constitucionales por un Gobierno, una asamblea o un grupo de personas que detenta el poder para obtener todo el poder (Bobbio, Mateucci y Pasquino; Diccionario de Política).

¿Es un logro el debate de la crisis venezolana en el Consejo de Seguridad de la ONU?


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Para la comunidad internacional el régimen político que gobierna Venezuela ya no se disfraza de democracia, simplemente no lo es.

De hecho, durante la reunión del Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas (ONU) realizada el lunes 13 de noviembre para discutir la crisis en nuestro país, el representante de Uruguay, Elbio Rosselli, criticó que la gestión de Nicolás Maduro pretenda funcionar de manera correcta con sus países vecinos, mientras en su nación “no existe la democracia”. También advirtió que el papel que ejerce la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), usurpando funciones de la Asamblea Nacional, hace cuesta arriba recuperar la “convivencia institucional” y por ende el restablecimiento del sistema democrático.

Embajadores como los de Francia y Reino Unido recordaron otras razones por las cuales se considera que no hay democracia en Venezuela además de la propia existencia de la ANC, como lo son las reiteradas violaciones a derechos como la libertad de expresión —reforzado con la aprobación de la Ley Contra el Odio—, la manifestación pacífica, la salud y la alimentación. Sobre estos últimos se refirieron con preocupación al hecho de que, pese a la crisis, en Miraflores se nieguen a aceptar ayuda humanitaria por motivos políticos, mientras hay gente que muere por desnutrición y falta de medicamentos.

Quizás las palabras más duras en el encuentro propiciado por Estados Unidos e Italia bajo la “fórmula Arria” (reunión informal del Consejo) fueron las de Nikki Haley, embajadora de la nación, quien tildó de “narcoestado violento” al régimen de Maduro y por lo tanto un “peligro” para la región y el mundo entero. “Estamos pendientes, no nos dejamos engañar”, advirtió.

Pese a lo grave de la situación, los países participantes coincidieron en que se retome un diálogo en Venezuela, pero verdadero, y se espera que las sanciones como las recientemente impuestas por la Unión Europea sirvan para presionarlo.

Mediáticamente se ha considerado un logro, y en efecto lo es, que a través de la fórmula Arria el tema de la crisis venezolana llegara al Consejo, en el que generalmente sólo participan Estados y que, en cambio, también participaran las ONG, como es el caso de Foro Penal Venezolano y Cáritas de Venezuela, que han recopilado importantes denuncias sobre violaciones de derechos humanos en nuestro país.

Cáritas puso sobre la mesa cifras dramáticas, como que 68% de los venezolanos actualmente padece de hambre, que sólo 4 millones puede ingerir dos comidas al día y que 82% vive en pobreza, entre otras.

Acceso a la Justicia debe recordar que la fórmula Arria está basada en encuentros informales que se llevan a cabo entre los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU con agentes externos, con el fin de promover el diálogo directo entre los distintos agentes implicados en un conflicto.

¿Y a ti venezolano, cómo te afecta?

El hecho de que en instancias internacionales como la ONU, que tiene entre sus funciones la protección de los derechos humanos, se esté discutiendo la crisis venezolana y las acciones a implementar para resolverla (sanciones, acompañamientos), luce hasta ahora como el camino más viable y garantista para los ciudadanos a los efectos de destrancar el juego político y dar paso al restablecimiento de la democracia en el país y a las soluciones de su crisis social, política y económica.

Es más, para que tenga lugar un verdadero diálogo entre los actores políticos parece necesaria la presión internacional de organismos como la ONU, porque es la única garantía de que ese diálogo se dirija a resolver los problemas reales de los venezolanos, como son, sobre todo, los que se derivan de la emergencia humanitaria.

Boletín n.° 13. Del 6 al 13 de noviembre de 2017


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El Inca, primera película censurada y retirada de las salas de cine en la historia del país- Un Mundo Sin MordazaJavier Torres: En Perú surgió un nuevo tipo de dictaduraProvea. Las graves contradicciones del TSJ en el caso de Freddy Guevara– Acceso a la JusticiaMujeres al límite: el peso de la emergencia humanitaria– CEPAZPretensión totalitaria anunciada: la regulación de la expresión– Espacio PúblicoDesconocer el voto es lanzar al país por el despeñadero de la violencia-Transparencia Venezuela

Boletin 13 Crisis en Venezuela

La ANC legalizó la persecución política y la arbitrariedad


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Si se tenía alguna duda sobre la vigencia de la Constitución de 1999 en Venezuela, con la Ley Constitucional Contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia queda claro que ya no es válida. Igual ocurre con la democracia y con todas sus implicaciones, por mencionar algunas de las más básicas para su existencia: la libertad de expresión, el pluralismo político y el derecho al voto.

En efecto, esta supuesta “ley constitucional” persigue e incluso instiga a perseguir cualquier actividad o mensaje que promueva el “fascismo”, la “discriminación”, la “intolerancia”, el “odio” o la “violencia política” (artículos 4, 5, 24.1).

En principio esto puede parecer positivo, porque el fascismo, la discriminación, la intolerancia, el odio o la violencia política pueden dar lugar a conductas irrespetuosas, contrarias al prójimo, a la armonía social e incluso, bajo determinadas circunstancias, pueden constituirse en delitos. Pero la ley mencionada no tipifica claramente los elementos de hecho que prohíbe y sanciona, con lo que más bien promueve una limitación importante a la libertad de expresión y da un cheque en blanco al Gobierno para determinar discrecionalmente qué mensaje o hecho constituye la conducta prohibida.

Lo que puede darnos una pista sobre lo que significa para la fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente (ANC), que es quien aprobó la ley usurpando nuevamente las funciones legislativas de la Asamblea Nacional (AN) y violando la Constitución, es que su presidenta, Delcy Rodríguez ha usado la palabra “fascismo” para hacer alusión a la oposición política. De la misma manera lo ha hecho el Presidente de la República, Nicolás Maduro, y ha calificado como actos de odio, intolerancia y violencia política las protestas de ciudadanos en contra de su gestión. El propio Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) considera un delito el llamado por la oposición política a manifestar pacíficamente.

Es decir, el mayor problema de este instrumento legal es que lo que persigue coincide con los calificativos que el régimen da a la oposición, por lo que nunca será aplicable a los adeptos al oficialismo. Por lo tanto, se trata de una norma que viola el principio básico de cualquier ley en una democracia, es decir, que sea aplicable a todos sin discriminación, por lo que no tiene sentido una ley contra la discriminación que nace de ella.

Acceso a la Justicia quiere dejar claro que esta pseudoley no es más que un instrumento para perseguir a la oposición política y eliminar el pluralismo político, y que además afectará la libertad de pensamiento, expresión e información.

La ley erige como una política pública la persecución con el nombre de “política pública para la convivencia pacífica”, con sanciones hasta de veinte años de prisión y limitaciones, inclusive de funcionamiento de organizaciones políticas y sociales, por cualquier manifestación que el Gobierno considere de odio, discriminación, fascismo o intolerancia. En este sentido, hasta establece el Día Internacional de la Paz como un feriado nacional y el mes de mayo como el Mes Nacional para la Promoción de la Paz, la Convivencia y la Lucha contra la Intolerancia (artículo 10).

Por otro lado, el órgano responsable de la aplicación de la ley es la Comisión para la Convivencia Pacífica, cuyo objeto supuestamente es la promoción de la paz, la convivencia y la tolerancia. Ella estará integrada por tres representantes de la ANC;  tres ministros (Educación; Interior, Justicia y Paz; Comunicación e Información); el Presidente del TSJ; el Fiscal General; el Defensor del Pueblo; el Defensor Público; un rector del CNE, y tres voceros de organización sociales.

¿Y a ti venezolano, cómo te afecta? 

Esta nueva norma de la ilegítima ANC es muy peligrosa para los venezolanos, porque institucionaliza la persecución como política del Estado, y lo más grave, es que la Comisión, al estar formada por personas que se han declarado chavistas, da lugar a una verdadera cacería de brujas.

A esto se añade que al participar en ella todos los órganos del Estado (hecha excepción de la AN, de mayoría opositora), incluso el Poder Judicial, no hay instancia donde el ciudadano o el acusado pueda defenderse.

Boletín n.° 12. Del 30 de octubre al 6 de noviembre de 2017


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Somos+ y queremos defender nuestros derechos humanos- Un mundo Sin Mordaza.Red Naranja conmemorará el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer- CEPAZ. Teniente Ruperto Sánchez encarcelado desde hace 3 años sin pruebas – Foro Penal Venezolano100 personas en riesgo de perder sus órganos trasplantados por falta de medicamentos– Codevida. ANC eliminará el odio, pero con más violaciones a los derechos humanos- Acceso a la Justicia

Boletin 12 Crisis en Venezuela

Boletín n.° 11. Del 23 al 30 de octubre de 2017


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Menos medios, más represión y justicia militar– Espacio PúblicoEl gobierno no ha perdido un solo juicio en el TSJ vinculado con política –Transparencia Venezuela¿Qué dice la primera sentencia del “TSJ en el exilio”?- Acceso a la JusticiaMinisterio de Salud debe pronunciarse sobre el brote de difteria– CodevidaEn Venezuela no hay libertad de expresión- Un mundo sin Mordaza.ONG exigen a la CIDH firmeza sobre Venezuela- Provea.  484 personas siguen detenidas por motivaciones políticas – Foro Penal VenezolanoBeatriz Borges en la CIDH: Institucionalidad democrática fue socavada por el gobierno venezolano– CEPAZ

Boletin 11 Crisis en Venezuela

Las graves contradicciones del TSJ en el caso de Freddy Guevara


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Con los mismos argumentos del Derecho Penal del Enemigo, tal y como sucedió con el diputado de la Asamblea Nacional (AN), Germán Ferrer, la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), mediante sentencia del pasado 3 de noviembre, ordenó el enjuiciamiento del primer vicepresidente del Parlamento, Freddy Guevara. De nuevo, el máximo tribunal se salta el procedimiento del antejuicio de mérito al considerar que el acusado cometió delitos flagrantes y ordena su prohibición de salida del país.

Responsablemente afirmamos que los magistrados del TSJ con este tipo de decisiones usan el derecho como un instrumento de represión política, al incurrir en artificios como equiparar la figura del delito permanente con la del delito flagrante, con el fin de saltarse el escollo del antejuicio de mérito. Hablan de una compatibilidad que no es tal entre el delito permanente y el delito flagrante; se trata de definiciones tan básicas que cualquier estudiante de Derecho sabría distinguir y diferenciar.

El delito permanente consiste en que su acción se prolonga en el tiempo. El ejemplo típico para entender este concepto es el secuestro, que inicia su comisión desde el momento en que se priva de libertad a la víctima y puede tener una permanencia en el tiempo mientras dure esa privación de libertad.

Con respecto a la flagrancia o delito flagrante, es en cambio aquel que se está cometiendo o acaba de cometerse. Parafraseando al abogado penalista Alberto Arteaga Sánchez, la flagrancia en el delito es una realidad, de cuya consecuencia surge la posibilidad de apresar al autor in fraganti. Se trata, pues, de situaciones diferentes: el permanente es un tipo de delito, mientras que la flagrancia es una manifestación o situación que puede presentarse en cualquier delito, de manera que no son conceptos que puedan identificarse ya que están referidos a condiciones distintas. En dos platos, se están mezclando peras con manzanas.

Así, el hecho de que una persona pueda ser aprehendida en flagrancia cometiendo un delito permanente no implica en lo absoluto que todo delito permanente sea flagrante.

Esta contradicción de la Sala Plena resulta evidente cuando se analiza la sentencia, en la que haciendo alusión al escrito acusatorio de la Fiscalía señala que “entre los meses de abril a julio del año 2017, ocurrieron en nuestro país, una serie de hechos violentos”; luego hace referencia a supuestas declaraciones de personas sobre hechos ocurridos el 5 de mayo de este año, es decir, hace más de cinco meses, y finalmente dice: “Es menester señalar que el ciudadano FREDDY GUEVARA, ha continuado hasta los actuales momentos instigando al odio contra la instituciones públicas”, y esto último sin indicar los elementos de pruebas sobre tal particular.

Luego de una larga enumeración de citas para equiparar delitos permanentes o continuados con delitos cometidos en flagrancia, el TSJ concluye que “resulta claro que la noción de delitos continuados y permanentes, son flagrantes, siempre que no haya cesado la permanencia o la continuidad”, es decir, que si el delito permanente cesa en el tiempo este no puede ser flagrante, y en ese sentido no explica por qué, a pesar de que los hechos imputados son de hace más de cinco meses, se está en presencia de un delito permanente o continuado.

Lo que también llama la atención es que el fin de las protestas es un hecho público y notorio y la propia presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) a la que el TSJ se ha autosometido así lo ha indicado: “¡Se acabaron las guarimbas, trancazos, quema de (sic) personas vivas y violencia política!”. En este sentido, mal puede ser un delito continuado algo que los más altos representantes del régimen indican que se ha terminado.

Pero más allá de esto, lo jurídicamente relevante es que, a pesar de su extendido análisis sobre el delito permanente, la sentencia nunca dice por qué los delitos imputados a Guevara se mantienen en el tiempo, y en efecto no hay respuesta jurídica a ello, pues la Fiscalía no aportó elemento probatorio alguno, es más, reconoció que se trata de hechos ocurridos hace meses, por lo que la Sala Plena violó una vez más el privilegio constitucional de inmunidad parlamentaria.

Adicionalmente, con la remisión del expediente a la ANC, el TSJ viola también la Constitución, pues en ningún artículo se le atribuyen funciones legislativas. En este sentido, el artículo 200 de la Carta Magna expresa: “De los presuntos delitos que cometan los o las integrantes de la Asamblea Nacional conocerá en forma privativa el Tribunal Supremo de Justicia, única autoridad que podrá ordenar, previa autorización de la Asamblea Nacional, su detención y continuar su enjuiciamiento”.

Así, queda claro que el allanamiento de la inmunidad parlamentaria es una atribución exclusiva del Parlamento que no puede ser usurpada por ningún otro órgano.

¿Y a ti venezolano, cómo te afecta?

La violación de la inmunidad de un diputado no es algo que lo afecte a él exclusivamente, sino que es también un atentado contra la voluntad del soberano que lo eligió y por lo mismo una usurpación de la soberanía popular. Cuando una sentencia puede ser desmontada con uno o dos simples argumentos, es una prueba clara del poco valor que tienen para el poder los derechos, no de los políticos, sino de todos los ciudadanos.