Rosales vs. Scarano: dos caras de una misma moneda


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Con la habilitación política del exgobernador del estado Zulia, Manuel Rosales (30 de octubre de 2017), el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) reconoció que las inhabilitaciones ordenadas por la Contraloría General de la República (CGR) violan el debido proceso, pero con la decisión también dejó en evidencia el trato discriminatorio de la administración de justicia venezolana.

La Sala Político Administrativa (SPA) del TSJ, en sentencia n° 1.169, resolvió dejar sin efecto la inhabilitación de Rosales para ejercer cargos públicos por un período de siete años y seis meses, impuesta por la CGR en agosto de 2014.

Con el fallo, es la primera vez que esta instancia cuestiona una disposición de la Contraloría que restringe la participación política de un opositor. Estas medidas ya habían sido condenadas como una práctica de persecución por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el informe intitulado “Democracia y Derechos Humanos en Venezuela”, publicado en 2009.

En el documento, la CIDH advierte que se trata de una violación al debido proceso, porque la CGR no siguió procedimiento alguno para establecer la inhabilitación, y además por la irregularidad que supone que un órgano administrativo imponga una condena penal y no un tribunal.

rosales-nota1Si bien Acceso a la Justicia respalda la decisión de la SPA en el caso Rosales, considera preocupante que sólo hace unas semanas esa misma sala, en sentencia n.° 1.110 de fecha 17 de octubre no tomara la misma resolución con respecto al exalcalde del municipio San Diego en el estado Carabobo, Vicenzo Scarano.

Atendiendo a la decisión, la sala argumentaría que las causas por las que consideró que en el caso de Rosales no hubo debido proceso son distintas a la del procedimiento seguido contra Scarano y otros políticos. Al exgobernador del Zulia, la SPA le reconoció la violación, señalando que cuando fue inhabilitado él estaba fuera del país, por lo que fue procesado en ausencia, mientras que Scarano y otros dirigentes estaban en el país, por lo que no se trataría de la misma situación.

Sin embargo, Acceso a la Justicia hace notar que, como refiere la CIDH, la decisión de inhabilitarlos provino de un órgano incompetente (la CGR) y no de un tribunal, además que fue tomada sin procedimiento alguno, por lo que el estar en Venezuela no les garantizó tener un debido proceso.

Cabe resaltar además que lo hecho por la CGR con Rosales replica lo hecho por la Sala Constitucional con Scarano la primera vez que lo inhabilitó, así como lo ejecutado contra varios alcaldes recientemente y el exgobernador de Miranda, Henrique Capriles Radonski. La Sala les siguió juicios en ausencia bajo la figura de un amparo cautelar y un supuesto desacato, tomando una decisión de índole penal y además violando su derecho a que los procese su juez natural.

Principio de igualdad

Otro elemento que debe ser considerado, por las dudas que genera en cuanto a la intencionalidad de la sentencia, es por qué se le dio un trato distinto a Rosales si es un opositor político al igual que Scarano y otros alcaldes.

La inquietud parte de que una vez conocida la medida, el Consejo Nacional Electoral (CNE), por orden de la fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente (ANC), decidió repetir la elección del gobernador del estado Zulia tras declarar vacante el cargo, pues el mandatario regional electo en octubre pasado, Juan Pablo Guanipa, perteneciente a la oposición, no se subordinó a la ANC, pero Rosales se inscribió para participar en esa elección inconstitucional.

Sumado a la secuencia de eventos que favoreció la vuelta al ruedo político de Rosales, pero no así la de otros tantos opositores, Acceso a la Justicia pide a la SPA que habilite a Scarano como lo hizo con el exgobernador zuliano, así como al resto de dirigentes de la oposición que la CGR ha inhabilitado sin seguir los procedimientos de ley.

rosales-nota3Otro elemento que ensombrece la decisión es que, de forma muy inusual, la sentencia a favor de Rosales se publicó un día lunes, cuando lo habitual, en el caso de la SPA, es hacerlo de martes a jueves (días de despacho). La revisión de las sentencias publicadas en lo que va de año evidencia que esta es la única decisión divulgada un día fuera de los establecidos para dar despacho.

De manera coincidente, las postulaciones para la elección del gobernador zuliano iniciaron el día después de dictada la medida, de acuerdo con el cronograma publicado por el CNE.

Conocidos los hechos, Acceso a la Justicia está en la obligación de señalar todas las irregularidades que evidencien un trato ajeno a la imparcialidad de cualquier decisión judicial, y que el TSJ dé despacho un día que no corresponde para publicar una única sentencia y en el contexto antes descrito es un ejemplo de ello.

En suma, para la ONG resulta preocupante que la justicia se esté aplicando de manera distinta según quién sea la persona que se enjuicia, cuando un tribunal para ser tal debe ser imparcial e independiente, y debe aplicar la Ley con base en el principio de igualdad constitucional.

También es contrario a la seguridad jurídica, que un juzgado modifique sin razón y el debido proceso, las reglas y derechos, pues ello coloca a las personas en una situación de absoluta y grave indefensión.

Cada vez se hace más claro que, al estilo de la obra Rebelión en la granja, de George Orwell, en la que el autor, imaginando en lo que se convertiría el socialismo, describe un Estado totalitario con un partido único en el que el Gobierno hacía lo contrario a lo que promovía con su discurso e iba cambiando las normas a su conveniencia, en Venezuela rige la regla: “todos somos iguales pero unos más iguales que otros”.

 ¿Y a ti venezolano, cómo te afecta?

rosales-nota2No cabe duda que en el contexto electoral y de ausencia de Estado de derecho que vive actualmente el país, los intereses políticos son los que marcan las pautas de las decisiones de los distintos órganos del Estado, incluso de aquellos cuyo rol es únicamente aplicar la ley como la Contraloría General de la República y el Poder Judicial. Esta realidad es grave, porque las decisiones, incluso del órgano que debe hacer justicia como el TSJ, se vuelven políticas, es decir, un ejercicio de poder y no de reconocimiento y protección de los derechos de los ciudadanos, que son su verdadero rol y razón de ser.

Boletín n.° 14. Del 13 al 20 de noviembre de 2017


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La emergencia humanitaria cobró la vida a dos trasplantadas en una semana – Codevida. Hijo del alcalde de Ejido no ha sido presentado ante tribunales en casi 4 meses – Foro Penal Venezolano. Maduro admite corrupción en “posiciones de poder” pero no ha habido ningún ministro preso – Transparencia Venezuela. Cepaz presentó ante la AN informe sobre violaciones a los DD HH electorales en los comicios del 15 de octubre – CEPAZ. El presunto odio como excusa para censurar – Espacio Público. IPYS Venezuela comunicó su rechazo ante acciones de control del gobierno – Un Mundo Sin Mordaza. ¿Qué debes saber sobre la llamada “Ley Constitucional contra el Odio” aprobada por la ANC?- Acceso a la Justicia

Boletín 14 Crisis en Venezuela

¿Qué debes saber sobre la llamada “Ley Constitucional contra el Odio”?


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La aprobación de la llamada “Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia” dictada por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) ha generado más preguntas que respuestas entre los actores políticos, los representantes de los medios de comunicación y los ciudadanos en general. Esto se debe a sus implicaciones en el ejercicio de derechos tan importantes como la libertad de expresión, a la manifestación pacífica y el pluralismo político, entre otros.

En este sentido, Acceso a la Justicia proporciona algunas claves para entender el trasfondo de dicha normativa.

  1. No es una ley porque no la dictó la Asamblea Nacional (AN), que es el órgano legislativo reconocido por la Constitución.
  1. No es constitucional porque viola la Carta Magna al dictarla la ANC, usurpando funciones de la AN y sin seguir el procedimiento constitucional para discutir y aprobar una ley.
  1. No es constitucional además porque viola varios derechos humanos establecidos en la Constitución, por mencionar algunos: la libertad de expresión, opinión e información; el derecho a manifestar pacíficamente; el derecho a participar políticamente; el derecho al sufragio; el derecho a la asociación y el derecho a la democracia.
  1. ¿Por qué viola la libertad de expresión, opinión e información? Castiga a quien emita un mensaje por cualquier medio que el Gobierno considere que es de odio. Sanciona con quitarles la licencia a los medios que emitan mensajes de odio y también con bloquear páginas web, así como obligaría a quien emita por las redes sociales un mensaje de esta índole a eliminarlo dentro de las 6 horas siguientes, so pena de ser sancionado. Obliga a los medios a transmitir mensajes de paz del Gobierno, bajo riesgo de sanción. Está claro que si los medios no pueden expresarse libremente, los ciudadanos tampoco pueden estar debidamente informados, y si la información es del Gobierno y obligatoria, puede transformarse en propaganda política.
  1. ¿Por qué viola el derecho a manifestar pacíficamente? Castiga cualquier actividad de odio, fascista o de violencia política. Cabe destacar que el Gobierno considera que las protestas en su contra, aunque sean pacíficas, tienen esas características porque así las ha calificado.
  1. ¿Por qué viola el derecho a participar políticamente? Castiga a los partidos que hagan cualquier actividad o expresen una idea contraria al Gobierno y, en particular, incita a perseguir el fascismo. Vale acotar en este sentido que el Gobierno ha catalogado a la oposición política como “fascista”.
  1. ¿Por qué viola el derecho al sufragio? Sanciona con revocatoria de inscripción a partidos políticos que lleven a cabo actividades de odio o si las prevén en sus estatutos. Obliga a las organizaciones partidistas a agregar una cláusula en sus estatutos de expulsión de sus miembros si cometen un acto de odio, so pena de revocación. No permite que se inscriban toldas que insten al odio en opinión del Gobierno. Entonces, si no se puede elegir entre varios partidos políticos que representen distintas ideologías políticas y solo existe una opción ideológicamente hablando, no hay derecho al sufragio activo (derecho al voto). Si no se pueden constituir partidos políticos de oposición se limita el sufragio pasivo (o el derecho a ser elegido).
  1. ¿Por qué viola el derecho a la asociación? Insta a los funcionarios a no constituir ni permitir el funcionamiento de personas jurídicas de derecho privado que violen la ley.
  1. ¿Por qué viola el derecho a la democracia? Porque desconoce derechos fundamentales en los que esta se basa, como la libertad de expresión y el derecho al voto. Al ser una norma de la ANC que pretende ser una ley, desconoce al Parlamento, y al ser una supuesta “ley constitucional” niega la vigencia de la Constitución, porque esta figura no existe en ella, además de que pretende cambiarla sin que el pueblo haya aprobado ese cambio por un referéndum. También, al eliminar el pluralismo político, establecer una censura previa, crear un mecanismo de persecución política y represión, así como un control absoluto de la disidencia y del pensamiento, transforma el régimen político venezolano en un totalitarismo, lo que es contrario a una democracia y su Constitución.
  1. La norma contra el odio no tiene ningún valor jurídico, es un acto de autoridad, porque proviene de la ANC, que es un órgano de origen no democrático, inconstitucional y que se ha arrogado todas las funciones del Estado, entre las cuales, destaca la potestad de cambiar las normas y los funcionarios que considere. Lo que ha ocurrido en Venezuela es un golpe de Estado, que no es más que la violación deliberada de las formas constitucionales por un Gobierno, una asamblea o un grupo de personas que detenta el poder para obtener todo el poder (Bobbio, Mateucci y Pasquino; Diccionario de Política).

¿Es un logro el debate de la crisis venezolana en el Consejo de Seguridad de la ONU?


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Para la comunidad internacional el régimen político que gobierna Venezuela ya no se disfraza de democracia, simplemente no lo es.

De hecho, durante la reunión del Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas (ONU) realizada el lunes 13 de noviembre para discutir la crisis en nuestro país, el representante de Uruguay, Elbio Rosselli, criticó que la gestión de Nicolás Maduro pretenda funcionar de manera correcta con sus países vecinos, mientras en su nación “no existe la democracia”. También advirtió que el papel que ejerce la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), usurpando funciones de la Asamblea Nacional, hace cuesta arriba recuperar la “convivencia institucional” y por ende el restablecimiento del sistema democrático.

Embajadores como los de Francia y Reino Unido recordaron otras razones por las cuales se considera que no hay democracia en Venezuela además de la propia existencia de la ANC, como lo son las reiteradas violaciones a derechos como la libertad de expresión —reforzado con la aprobación de la Ley Contra el Odio—, la manifestación pacífica, la salud y la alimentación. Sobre estos últimos se refirieron con preocupación al hecho de que, pese a la crisis, en Miraflores se nieguen a aceptar ayuda humanitaria por motivos políticos, mientras hay gente que muere por desnutrición y falta de medicamentos.

Quizás las palabras más duras en el encuentro propiciado por Estados Unidos e Italia bajo la “fórmula Arria” (reunión informal del Consejo) fueron las de Nikki Haley, embajadora de la nación, quien tildó de “narcoestado violento” al régimen de Maduro y por lo tanto un “peligro” para la región y el mundo entero. “Estamos pendientes, no nos dejamos engañar”, advirtió.

Pese a lo grave de la situación, los países participantes coincidieron en que se retome un diálogo en Venezuela, pero verdadero, y se espera que las sanciones como las recientemente impuestas por la Unión Europea sirvan para presionarlo.

Mediáticamente se ha considerado un logro, y en efecto lo es, que a través de la fórmula Arria el tema de la crisis venezolana llegara al Consejo, en el que generalmente sólo participan Estados y que, en cambio, también participaran las ONG, como es el caso de Foro Penal Venezolano y Cáritas de Venezuela, que han recopilado importantes denuncias sobre violaciones de derechos humanos en nuestro país.

Cáritas puso sobre la mesa cifras dramáticas, como que 68% de los venezolanos actualmente padece de hambre, que sólo 4 millones puede ingerir dos comidas al día y que 82% vive en pobreza, entre otras.

Acceso a la Justicia debe recordar que la fórmula Arria está basada en encuentros informales que se llevan a cabo entre los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU con agentes externos, con el fin de promover el diálogo directo entre los distintos agentes implicados en un conflicto.

¿Y a ti venezolano, cómo te afecta?

El hecho de que en instancias internacionales como la ONU, que tiene entre sus funciones la protección de los derechos humanos, se esté discutiendo la crisis venezolana y las acciones a implementar para resolverla (sanciones, acompañamientos), luce hasta ahora como el camino más viable y garantista para los ciudadanos a los efectos de destrancar el juego político y dar paso al restablecimiento de la democracia en el país y a las soluciones de su crisis social, política y económica.

Es más, para que tenga lugar un verdadero diálogo entre los actores políticos parece necesaria la presión internacional de organismos como la ONU, porque es la única garantía de que ese diálogo se dirija a resolver los problemas reales de los venezolanos, como son, sobre todo, los que se derivan de la emergencia humanitaria.

Boletín n.° 13. Del 6 al 13 de noviembre de 2017


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El Inca, primera película censurada y retirada de las salas de cine en la historia del país- Un Mundo Sin MordazaJavier Torres: En Perú surgió un nuevo tipo de dictaduraProvea. Las graves contradicciones del TSJ en el caso de Freddy Guevara– Acceso a la JusticiaMujeres al límite: el peso de la emergencia humanitaria– CEPAZPretensión totalitaria anunciada: la regulación de la expresión– Espacio PúblicoDesconocer el voto es lanzar al país por el despeñadero de la violencia-Transparencia Venezuela

Boletin 13 Crisis en Venezuela

El Gobierno está obligado a promover la convivencia y tolerancia con el ejemplo


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“Alarmante”, así calificó el relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Edison Lanza, la recién aprobada Ley Constitucional Contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia por parte de la fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente (ANC).

Según el experto, una de las razones de la alarma son las penas de prisión de hasta veinte años para quienes incurran en expresiones de odio y que son equiparables a un asesinato. También alertó que las sanciones son aplicables hasta contra los periodistas que publiquen alguna información contraria a los intereses de Miraflores y que, pese a la persecución, todavía preservaban algunas garantías para ejercer.

“Esto es mucho más grave, porque son tipos penales abiertos; se crean las condiciones para perseguir al enemigo interno y entrar a un Estado absolutamente totalitario”, expresó Lanza.

Acceso a la Justicia se une a la preocupación del relator de la CIDH, especialmente porque con dicha pseudoley, la censura llega a los únicos espacios hasta ahora no controlados por el Gobierno, las redes sociales. Además, desde Miraflores se pretende decretar la paz, la convivencia, la tolerancia y el cese del odio sin dar el ejemplo.

Venezuela y 1984

Al estilo de la obra de George Orwell intitulada 1984 en la que el autor, imaginando en lo que se convertiría el socialismo, describe un Estado totalitario con un partido único en que el Gobierno hacía lo contrario a lo que promovía con su discurso, la “ley del odio” en realidad promueve la división, la intolerancia y la discriminación, pues fomenta la persecución o eliminación del que piense distinto o se exprese de una forma que no le guste al régimen, y crea una política pública dirigida al fortalecimiento de un partido único.

En 1984 el Ministerio del Amor reprimía y castigaba, el de la Verdad mentía y el de la Abundancia limitaba y controlaba los recursos. Los programas de los “Dos Minutos de Odio” en los que se expone al enemigo del Estado son muy parecidos a lo que se hace en Venezuela; claro ejemplo de ello es Con el mazo dando, el programa televisivo del constituyente Diosdado Cabello. Con la nueva ley se institucionaliza la obligación a los medios de crear espacios para transmitir lo que el Gobierno le indique para supuestamente fomentar la paz.

En Venezuela, a fin de lograr de verdad la paz y la convivencia, el conflicto y la polarización política, no se debe eliminar al otro, es decir, promover el odio, ni se debe mermar o limitar la libertad de expresión e información para que no haya mensajes contrarios al Gobierno, sino revisar qué está causando esa violencia y ponerle ¿solución a sus causas, no tratar de anular sus efectos.

Adicionalmente, el Gobierno y la propia Constituyente deben cambiar su discurso y su forma de expresarse, pues precisamente el lenguaje divisivo y violento que utilizan es el que ha llevado a la conflictividad del país a los niveles en los que se encuentran y que sólo se agravarán con una supuesta ley hecha para el enemigo.

¿Y a ti venezolano, cómo te afecta?

Si desde Miraflores se le dice al ciudadano que no puede odiar ni ofender a sus dirigentes y funcionarios, pero al mismo tiempo Diosdado Cabello emplea expresiones y calificativos como “marihuanita Guevara” para referirse al primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Freddy Guevara, y por otro lado, Iris Varela advierte que “tendrá que ser fusilado” quien, desde su punto de vista, ataque a Venezuela. ¿Qué mensaje se le está dando a la gente? ¿Por qué el Gobierno sí puede emitir ofensas y mensajes de odio y el resto no? ¿Porque tienen el poder? ¡Cómo puedes exigir respeto si no das el ejemplo!

La cosecha de tal siembra puede ser peligrosa en una sociedad en la que lamentablemente se está cultivando el resentimiento en lugar de valores y verdaderas formas de convivencia pacífica. En este sentido, la labor de instituciones como la Iglesia, las ONG y la propia familia es arduo y lo será aún más desde el día en el que un cambio político se concrete en el país.

La ANC legalizó la persecución política y la arbitrariedad


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Si se tenía alguna duda sobre la vigencia de la Constitución de 1999 en Venezuela, con la Ley Constitucional Contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia queda claro que ya no es válida. Igual ocurre con la democracia y con todas sus implicaciones, por mencionar algunas de las más básicas para su existencia: la libertad de expresión, el pluralismo político y el derecho al voto.

En efecto, esta supuesta “ley constitucional” persigue e incluso instiga a perseguir cualquier actividad o mensaje que promueva el “fascismo”, la “discriminación”, la “intolerancia”, el “odio” o la “violencia política” (artículos 4, 5, 24.1).

En principio esto puede parecer positivo, porque el fascismo, la discriminación, la intolerancia, el odio o la violencia política pueden dar lugar a conductas irrespetuosas, contrarias al prójimo, a la armonía social e incluso, bajo determinadas circunstancias, pueden constituirse en delitos. Pero la ley mencionada no tipifica claramente los elementos de hecho que prohíbe y sanciona, con lo que más bien promueve una limitación importante a la libertad de expresión y da un cheque en blanco al Gobierno para determinar discrecionalmente qué mensaje o hecho constituye la conducta prohibida.

Lo que puede darnos una pista sobre lo que significa para la fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente (ANC), que es quien aprobó la ley usurpando nuevamente las funciones legislativas de la Asamblea Nacional (AN) y violando la Constitución, es que su presidenta, Delcy Rodríguez ha usado la palabra “fascismo” para hacer alusión a la oposición política. De la misma manera lo ha hecho el Presidente de la República, Nicolás Maduro, y ha calificado como actos de odio, intolerancia y violencia política las protestas de ciudadanos en contra de su gestión. El propio Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) considera un delito el llamado por la oposición política a manifestar pacíficamente.

Es decir, el mayor problema de este instrumento legal es que lo que persigue coincide con los calificativos que el régimen da a la oposición, por lo que nunca será aplicable a los adeptos al oficialismo. Por lo tanto, se trata de una norma que viola el principio básico de cualquier ley en una democracia, es decir, que sea aplicable a todos sin discriminación, por lo que no tiene sentido una ley contra la discriminación que nace de ella.

Acceso a la Justicia quiere dejar claro que esta pseudoley no es más que un instrumento para perseguir a la oposición política y eliminar el pluralismo político, y que además afectará la libertad de pensamiento, expresión e información.

La ley erige como una política pública la persecución con el nombre de “política pública para la convivencia pacífica”, con sanciones hasta de veinte años de prisión y limitaciones, inclusive de funcionamiento de organizaciones políticas y sociales, por cualquier manifestación que el Gobierno considere de odio, discriminación, fascismo o intolerancia. En este sentido, hasta establece el Día Internacional de la Paz como un feriado nacional y el mes de mayo como el Mes Nacional para la Promoción de la Paz, la Convivencia y la Lucha contra la Intolerancia (artículo 10).

Por otro lado, el órgano responsable de la aplicación de la ley es la Comisión para la Convivencia Pacífica, cuyo objeto supuestamente es la promoción de la paz, la convivencia y la tolerancia. Ella estará integrada por tres representantes de la ANC;  tres ministros (Educación; Interior, Justicia y Paz; Comunicación e Información); el Presidente del TSJ; el Fiscal General; el Defensor del Pueblo; el Defensor Público; un rector del CNE, y tres voceros de organización sociales.

¿Y a ti venezolano, cómo te afecta? 

Esta nueva norma de la ilegítima ANC es muy peligrosa para los venezolanos, porque institucionaliza la persecución como política del Estado, y lo más grave, es que la Comisión, al estar formada por personas que se han declarado chavistas, da lugar a una verdadera cacería de brujas.

A esto se añade que al participar en ella todos los órganos del Estado (hecha excepción de la AN, de mayoría opositora), incluso el Poder Judicial, no hay instancia donde el ciudadano o el acusado pueda defenderse.

7 claves sobre la “ilegalización” de los partidos políticos anunciada por Maduro


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Luego de las dudas y denuncias de fraude en las elecciones regionales del 15 de octubre, y tras la orden de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) al Consejo Nacional Electoral (CNE) de convocar las elecciones municipales para diciembre, además de solicitar la repetición de los comicios para elegir al gobernador del estado Zulia, la mayoría de los partidos políticos que integran la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) anunció que no participará en ambos procesos por considerar que no hay garantías.

Frente a la decisión de buena parte de la coalición opositora (Acción Democrática, Voluntad Popular, Primero Justicia, Causa R y Alianza Bravo Pueblo), el jefe del comando de campaña del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Jorge Rodríguez, consignó ante el CNE un documento en el que solicitó que se tomen “medidas contra aquellos partidos políticos que impidan el voto y el derecho a la participación del pueblo”.

La petición de Rodríguez fue respaldada por el presidente de la República, Nicolás Maduro, quien advirtió que tanto el CNE como la ANC están obligados a tomar “medidas draconianas” contra  los “partidos que se han ausentado del procedimiento político democrático y electoral” y hasta sugirió que se les inhabilitarán las tarjetas para próximos comicios.

En este nuevo capítulo de la vida político-electoral del país que pone aún más en peligro la libertad, Acceso a la Justicia plantea siete preguntas y respuestas claves para comprender el tema:

  1. ¿Abstenerse de participar en un proceso electoral configura una irregularidad o infracción en la legislación electoral venezolana que acarrea ilegalización de los partidos políticos?

No. En efecto, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) a través de la Sala Electoral (SE) reconoce  expresamente que la abstención o la falta de concurrencia a las elecciones es una forma de expresión del sufragio, tanto pasivo como activo, considerándose, claro está, un avance en materia de derechos políticos.

De hecho, la SE sostuvo en sentencia n.° 29 del 19 de febrero de 2002 que “La noción general del derecho al sufragio alude a la libertad de participar en un proceso electoral, tanto en la condición de elector (sufragio activo) como en la de candidato (sufragio pasivo). En ambas modalidades debe admitirse, además de la posibilidad de elegir y ser elegido, la opción de abstenerse de elegir o presentarse como candidato”.

En este sentido, al no verse socavado el derecho al sufragio ni mucho menos la participación política, la SE admitió que la abstención “no produce efecto jurídico alguno”. De hecho, expresamente afirmó que “configura un fenómeno político que, aunque atenta contra la legitimidad de la elección o decisión que se adopte, en sistemas de elecciones por mayoría simple como el nuestro no produce efecto jurídico alguno. En este sentido, también se admite, aunque no técnicamente, que la abstención es una forma de expresar el sufragio”.

  1. ¿Los partidos políticos están obligados a participar en los procesos electorales?

No. Desde que entró en vigencia la Constitución de 1999 el sufragio, tanto pasivo como activo, es concebido exclusivamente como un derecho. Por tal razón, ninguna organización política está obligada a postular candidatos (sufragio pasivo), ni los electores tienen el deber de concurrir al acto de votación de los procesos electorales convocados por el CNE (sufragio activo).

  1. ¿Es la primera vez que los partidos políticos del país deciden abstenerse de participar en unas elecciones convocadas por el CNE?

No. En 2005 las principales fuerzas de la oposición también decidieron no participar en las elecciones de la Asamblea Nacional (AN) convocadas para el 4 diciembre de ese año, luego de haber quedado en evidencia la parcialización del CNE en el referendo revocatorio del presidente de la República y, sobre todo, por la implementación del Sistema de Autenticación Integral (nombre técnico de las máquinas “captahuellas”) que no brindaba ninguna confianza sobre el secreto, la transparencia y la autenticidad de los comicios parlamentarios.

  1. ¿El CNE puede cancelar a los partidos políticos por abstenerse de participar en las elecciones municipales 2017, inhabilitándolos para las elecciones presidenciales de 2018?

 Absolutamente  no.  La falta de concurrencia a una elección, según la legislación electoral,  no se encuadra como infracción, delito o falta electoral.  A esto habría que añadir que, dada la concepción del sufragio como derecho en el artículo 63 de la Constitución, es más bien una conducta totalmente permitida en el país, por lo que el CNE debería actuar con objetividad e imparcialidad y no hacer nada al respecto.

Sancionar a las organizaciones partidistas por una conducta no tipificada como delito ni falta electoral implicaría una grave violación a los derechos electorales ciudadanos, especialmente a la libertad de la participación política (artículo 62 constitucional), el  derecho al sufragio (artículo 63) y el derecho de asociación con fines políticos (artículo 67). También infringe el principio constitucional de que no hay delito ni sanción sin ley previa (artículo 49 numeral 7) y el principio de legalidad según el cual ningún órgano del Estado puede actuar si la ley no lo faculta (artículo 137).

  1. ¿Cómo regula la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones la cancelación de los partidos políticos en el país?

Precisamente, el artículo 32 de la citada ley establece de forma elocuente cuatro supuestos a partir de los cuales  pueden los partidos políticos perder su inscripción:

  • Cuando sea solicitado por el propio partido, conforme a sus estatutos internos.
  • Por la fusión o incorporación a otro partido político.
  • Cuando el partido ha dejado de participar en las elecciones, en dos períodos constitucionales sucesivos.
  • Cuando se compruebe que hubo fraude durante la inscripción o que su actuación no estuviere ajustada a las normas legales.
  1. Según la previsión contenida en la letra c del artículo 32 de la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones, ¿es viable su aplicación a los partidos que decidieron no acudir a las elecciones municipales?

No. Este es un supuesto que  resultaría aplicable para cancelar a las organizaciones políticas sólo cuando estas no postulen candidatos en dos elecciones continuas, y está muy claro que los partidos que decidieron abstenerse de participar en las municipales concurrieron a las regionales.

  1. ¿La solicitud entregada al CNE para que tome sanciones en contra de los partidos que expresaron su voluntad de no participar en las municipales es cónsona con el texto constitucional y la legislación electoral? 

No, porque está claro que no busca defender el voto sino restringir e impedir cada vez más el ejercicio de los derechos políticos de los venezolanos, al pretender desvalorizar y extinguir a los partidos políticos opositores y a sus seguidores sólo por protestar la falta de transparencia en los comicios regionales. Es decir, el CNE y el Gobierno no dan garantías de elecciones limpias pero quieren obligar a la participación.

Boletín n.° 12. Del 30 de octubre al 6 de noviembre de 2017


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Boletin 12 Crisis en Venezuela