Boletín n.° 1. Del 14 al 21 de agosto 2017


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En este primer boletín se tratan los siguientes temas de la crisis:

5 claves de los juicios del TSJ contra 16 alcaldes y un gobernador de oposición- Acceso a la JusticiaGobierno arrecia el ataque contra el poder municipal en manos de la oposición- Transparencia Venezuela. 5.148 detenidos en 4 meses- Foro Penal Venezolano33 ONG rechazaron cualquier operación militar sobre Venezuela- Provea. 56 protestas al día en Venezuela- Observatorio de Conflictividad Social.  Persisten los acosos a la libertad de expresión e información- Espacio Público

Boletín No. 1 Crisis en Vnezuela

La condena anunciada del alcalde Ramón Muchacho


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Hasta la fecha, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ha condenado a prisión (15 meses) por “desacato” e inhabilitado políticamente a cinco alcaldes, todos opositores al Gobierno nacional, sin contar a los 11 que aún tiene en la mira. Uno de ellos es el alcalde de Chacao, Ramón Muchacho.

En cada uno de los procesos se han cometido múltiples irregularidades, tales como violación del debido proceso, al establecer un procedimiento por vía de sentencia; violación del juez natural, pues el desacato es competencia de los tribunales penales y no de la Sala Constitucional; usurpación de las funciones del Ministerio Público, al ser la propia Sala la que imputa en la audiencia y luego condena; y negación del derecho a la defensa, por cuanto en una misma audiencia (la que fijó el TSJ para que los alcaldes comparecieran) se los imputó y condenó, sin tomar en cuenta los argumentos de los abogados representantes.

Pero la causa contra Muchacho es quizás la más notable, porque tiene unas particularidades que ponen de manifiesto, una vez más, lo parcializado que está el TSJ, por cuanto cualquiera fuera la medida o acción tomada por el mandatario local frente a las amenazas del máximo tribunal estaba “condenado a ser condenado”.

En primer lugar, vale recordar que el 24 de mayo de este año la Sala Constitucional del TSJ ordenó al alcalde de Chacao, como a los demás en estos casos, evitar la obstaculización de vías públicas para garantizar el libre tránsito de personas; la remoción de escombros, barricadas y demás bloqueos similares; garantizar el orden del tránsito vehicular, la protección de vecinos y habitantes del municipio, así como del ambiente y servicio de aseo urbano y domiciliario, para lo cual debía girar instrucciones a la Policía Municipal.

Pese a lo expuesto, la Sala Constitucional no quiso darse por enterada que Polichacao tiene más de un año intervenida. En la Gaceta Oficial 6.229 del 29 de mayo de 2016 fue publicada una resolución sin número del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz (MPPRIJP), en la cual se ordena la intervención del mencionado cuerpo de seguridad. En dicha resolución se nombra una junta interventora que está facultada para prohibir la prestación de los servicios de la policía y, además, se nombró como nuevo director a un comisario de la Policía Nacional Bolivariana (PNB). Estas nuevas autoridades debían rendir cuentas al MPPRIJP.

Dicha intervención fue prorrogada por tercera vez el pasado 8 de marzo por 180 días más. Adicionalmente, para justificar la intervención, el presidente Nicolás Maduro afirmó que la Policía de Chacao estaba relacionada con “bandas paramilitares” y que solo tenía activos 40 funcionarios de un total de 80.

Vale acotar que de acuerdo con la Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana, así como las normas sobre actuación de las fuerzas de seguridad locales en reuniones públicas y manifestaciones, el órgano competente para mantener el orden público durante las protestas son las policías estadales, en este caso la PNB y la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) como órgano de refuerzo si la situación rebasa a los efectivos locales, pues las municipales no cuentan con los equipos especiales requeridos en situaciones de disturbios.

De esta forma, se tiene una policía de Chacao dirigida por funcionarios designados y controlados por el MPPRIJP, con la mitad de efectivos en funciones y sin competencia para actuar en la contención de disturbios.

El rigor del control del ente ministerial sobre Polichacao ha sido tal que en medio de las protestas de los últimos meses dicho ente ordenó su acuartelamiento, cosa que ya había ocurrido previamente. Debemos recordar, además, que las recientes protestas no se limitaron a los supuestos “municipios oligarcas” de Caracas, como los denomina el chavismo, ni a la ciudad capital, sino que tuvieron eco a lo largo y ancho de la geografía nacional.

Por otro lado, para el momento de su condena, el alcalde de Chacao había designado quince días antes a un alcalde interino, alegando razones de salud.

Cabe preguntarse entonces, ¿le era posible al alcalde Muchacho cumplir con lo dispuesto por la Sala Constitucional? ¿Podía obedecer la sentencia con una policía controlada en su dirección por el MPPRIJP, con pocos efectivos, sin los equipos ni la competencia legal y con el riesgo de ser acuartelada arbitrariamente sin siquiera estar ejerciendo el cargo de alcalde, en el contexto de unas manifestaciones de alcance nacional? La respuesta resulta tan obvia como su condena.

La sentencia que condenó a Muchacho, al igual que la de Alfredo Ramos (Barquisimeto), David Smolansky (El Hatillo), Carlos García (Libertador, Mérida) y Gustavo Marcano (Lechería, Anzoátegui) se desconocen, pues el TSJ informó de ello mediante notas de prensa y no publicó el veredicto ni sus motivos en su página web, tal como ocurre con todos los dictámenes.

 ¿Y a ti venezolano, cómo te afecta?

Cuando a un alcalde se lo condena sin el más mínimo respeto de los derechos al debido proceso, al juez natural, a la defensa y a la libertad personal, resulta evidente que el Estado de Derecho y Justicia que señala la Constitución es como los avisos de tráfico a los que nadie hace caso y, cuando esto ocurre, la anarquía y el abuso son las consecuencias naturales de la falta de respeto a los derechos humanos.

5 claves de los juicios del TSJ contra 16 alcaldes y un gobernador de oposición


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Luego de sentar precedente con la condena a prisión y destitución de los alcaldes del municipio San Diego (Carabobo), Enzo Scarano y de San Cristóbal (Táchira), Daniel Ceballos en 2014, a raíz de las protestas contra el Gobierno nacional, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) inició en mayo de este año una nueva arremetida contra las máximas autoridades locales y una regional (todas de oposición) de las zonas donde el descontento popular hacia los abusos de poder desde Miraflores tuvo su máxima expresión.

Los juicios llevados adelante por la Sala Constitucional del TSJ en contra de 16 alcaldes de oposición  y el gobernador del estado Miranda incurren en la violación de principios jurídicos básicos, convirtiendo el Derecho en un simple ejercicio de dibujo libre. A continuación presentamos cinco claves de la telaraña jurídica urdida por el alto Tribunal contra quienes piensan distinto:

1.- Violación al derecho del juez natural. Recordemos que antes de las sentencias contra los alcaldes Scarano y Ceballos en 2014, la Sala Constitucional era del criterio que ante el desacato de un amparo debía remitirse el expediente al Ministerio Público (MP) para que este presentase la acusación, si era el caso, ante un tribunal penal. Esto era lógico, porque evitaba que el tribunal contra el que se cometió el desacato se convirtiese en acusador y juez al mismo tiempo, pues de serlo perdería toda imparcialidad, cualidad mínima que debe tener cualquier tribunal. Pese a ello, la Sala Constitucional en las decisiones antes mencionadas cambió de criterio y, como nos tiene acostumbrados, estableció que una sanción de prisión no tenía carácter penal (¿?) y que por tanto, contra toda lógica, no tenía que ser juzgado por un tribunal penal sino que podía ser conocido por la propia Sala, quien entonces pasaría a ser acusadora y juez al ni siquiera remitir el expediente al MP, porque ella misma asumiría esos roles y decidiría según su propia acusación. Todo eso en una misma decisión y en una sola audiencia. Con esto, entre otros, se vulneró el derecho de Scarano y Ceballos a ser juzgados por su juez natural, esto es, por un tribunal penal, y ahora en el caso de los 5 alcaldes sentenciados a prisión por la Sala Constitucional.

2.-Violación al derecho al debido proceso. La Sala Constitucional desconoce este derecho humano, al establecer un procedimiento mediante una sentencia e ignorar flagrantemente el establecido en el Código Orgánico Procesal Penal. Otro componente del debido proceso es el que todo juicio debe ser llevado adelante por un tribunal competente (uno penal), independiente e imparcial, siendo manifiesto que estos dos últimos requerimientos no se cumplen por cuanto tres de los magistrados de la Sala Constitucional, como se ha denunciado nacional e internacionalmente, fueron escogidos por un procedimiento nulo y con violación de las exigencias constitucionales y legales, y otros magistrados de esa sala fueron seleccionados atendiendo a criterios de fidelidad política, como ellos mismos han puesto en evidencia desde su designación. Finalmente, al ser una condena que no tiene apelación, también se violó el derecho humano a la doble instancia reconocido incluso por el Estatuto de Roma y que en nuestro país es dejado de lado constantemente.

3.- Violación al derecho a la libertad personal. Al ser condenados en un proceso inconstitucional, creado por una sentencia de un tribunal incompetente, parcializado y ajeno a las garantías mínimas que debe tener toda persona, la detención de los alcaldes puede ser catalogada de arbitraria, más aún cuando es público y notorio que muchas personas que incurren en delitos graves son tratadas de una manera muy flexible por la justicia venezolana, mientras que en estos casos no hay atenuantes ni consideraciones garantistas y se les aplica la prisión inmediatamente, porque priva lo político por encima del Derecho y, sobre todo, porque lo que se aplica en realidad en Venezuela es el derecho penal del enemigo.

4.- Violación del principio de legalidad y de reserva legal. De acuerdo con nuestra Constitución, toda persona tiene derecho a ser juzgada por sus jueces naturales “con las garantías establecidas en esta Constitución y en la ley” (artículo 49, numeral 4), sin que se haga indicación alguna de que dichas garantías, entre las que está el debido proceso, puedan ser establecidas mediante una sentencia. Recordemos que una cosa es que un fallo aclare una norma e incluso la complemente y otra es que se invente todo un procedimiento, sobre todo habiendo ya uno establecido en la ley correspondiente.

5.- Violación a recibir una sentencia fundamentada en derecho y debidamente motivada. Las únicas constancias de las condenas a prisión de los cinco alcaldes son notas de prensa que el TSJ ha colgado en su página web y, en algunos casos, la transmisión en el canal de televisión del Estado del momento en que los magistrados dictan las sanciones, pero técnicamente hablando no hay sentencias publicadas. Por ello en cada caso se conoce la condena, aunque no la motivación que llevó a esa decisión ni las pruebas presentadas y que fueron admitidas o no, aspectos que debe contener toda sentencia emitida por un tribunal, y aun así, uno de esos alcaldes está preso y los otros cuatro están siendo buscados para aprehenderlos.

Esta última violación al debido proceso es fundamental, porque en el Antiguo Régimen los jueces no tenían por qué motivar sus sentencias. ¿Hemos vuelto a la época de la monarquía absoluta?

¿Y a ti como venezolano, cómo te afecta?

Según la Constitución el proceso constituye un instrumento fundamental para la realización de la justicia. Los juicios seguidos contra los alcaldes y el gobernador de Miranda violan todos principios esenciales de un debido proceso, lo que demuestra su profunda injusticia.

Esto es muy preocupante, porque si la Sala Constitucional del Tribunal Supremo, llamada a defender los derechos de las personas, es la que los viola a costa de la política, ¿quién podrá defendernos frente a los abusos del poder?

Dos historias y una realidad: un vigilante y 16 alcaldes perseguidos por la justicia


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Primera historia: el guardia

Imagínese usted que estamos en presencia de un vigilante en un colegio de educación secundaria, encargado de evitar que entren los niños sin uniforme y, además, que terceros roben bienes del colegio.

Imagínese ahora que los maestros de todos los colegios del país deciden ir a una huelga. De repente, en esa situación, llegan unos policías y dicen que el vigilante va a ser juzgado porque los niños no están recibiendo su educación y que un tribunal dictó una medida cautelar ordenándole al guardia que se reanuden las clases, dándole un plazo para que lo logre.

Ante tal disparate nuestro asombrado guachimán, quien se sabe inocente, decide que va a defenderse. Llega al tribunal y se encuentra con que, a pesar de que lo pueden condenar a prisión, el tribunal que hace el juicio no es penal sino mercantil. A él, aunque no es abogado, eso no le suena bien.

Luego, cuando llega a la audiencia, el tribunal le exige pruebas de lo que ha hecho para que se reanuden las clases. Nuestro personaje, con la tranquilidad de la conciencia limpia, responde que a él no le corresponde lo que le piden, porque es un simple vigilante.

Ante tal afirmación, el tribunal mercantil decide que hubo desacato a su decisión, por lo que dicho juzgado se convierte repentinamente en acusador y juez. El vigilante alega que, siendo así, necesitará más tiempo para defenderse; el tribunal simplemente lo oye sin escucharlo y pasa de una vez a dictar sentencia: lo condena a diez meses y quince días de prisión, y sin tomar en cuenta la opinión del director del colegio, quien le había prometido al vigilante que le guardaría el trabajo aunque lo condenasen, declara que existe una ausencia absoluta de su cargo y que cesa en sus funciones como guardia por dos años.

Algo muy similar es lo ocurrido con el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y los 16 alcaldes opositores. Veamos por qué.

Segunda historia: los 16 alcaldes

La Sala Constitucional dictó la sentencia de condena a prisión y no un tribunal penal; como en el relato anterior, un tribunal mercantil sentenció al vigilante en vez de uno penal.

Antes de condenar a los alcaldes, la Sala Constitucional les exigió que si no impedían las manifestaciones en sus municipios dentro de un lapso que ella misma establecería irían presos. En el mismo sentido, en nuestra historia el tribunal decidió que si el vigilante no lograba que se reanudaran las clases iría preso.

En ambos casos, ni el vigilante ni los 16 alcaldes tienen el poder de hacer lo que el tribunal les pide. En el primer caso, es obvio que el guardia no está en posibilidad de acabar con la huelga de los maestros, pues no es su potestad. En el caso de los alcaldes, ellos no pueden hacer lo que la Constitución y la ley les prohíben.

La Constitución establece el derecho a manifestar pacíficamente por parte de los ciudadanos, por lo que los alcaldes no lo pueden impedir. Además, la Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (PNB), así como las Normas sobre actuación de los cuerpos de policía en manifestaciones públicas y privadas no les dan la potestad para intervenir en manifestaciones sino a la policía estadal, y cuando estas tienen la magnitud de las que han estado ocurriendo desde abril de este año, la competencia es de la PNB y eventualmente de la Guardia Nacional. A esto se añade que los ciudadanos tienen derecho a manifestar, así como los maestros a declararse en huelga, y ningún cuerpo de seguridad puede impedirlo, ni el guardia en el primer caso, ni los alcaldes en el segundo.

Finalmente, la Sala Constitucional estableció una audiencia para supuestamente escuchar a los alcaldes, y como anunció en su primera sentencia sobre cada caso, si no impedían las manifestaciones a su saber y entender (juez y parte), los condenaría, como hizo en los casos de Enzo Scarano (San Diego, Carabobo) y Daniel Ceballos (San Cristóbal). Así, en la audiencia en que debían defenderse, los condenó, pero con un procedimiento no establecido en norma alguna sino en las sentencias de los casos antes mencionados. De igual manera, en el caso del vigilante, aunque era obvio que no tenía posibilidad alguna de impedir la huelga, fue condenado a prisión en la misma oportunidad en que le tocaba defenderse.

Adicionalmente, a los enjuiciados en ambos casos los suspenden de su cargo sin tener la competencia para ello, a los alcaldes porque de acuerdo con el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, que increíblemente es citado por la propia Sala en su sentencia, “si la falta temporal se prolonga por más de noventa días consecutivos, el Concejo Municipal (…) declarará si debe considerarse como ausencia absoluta” (hay que enfatizar en que es el Concejo, no la Sala). En el caso del vigilante, su patrono había decidido dejarle su cargo, incluso después de que saliera de prisión, pero el tribunal se lo quitó.

¿Y a ti venezolano como te afecta?

Cuando un tribunal actúa fuera de su competencia, creando un procedimiento para juzgar delitos sin que la ley lo estipule y condenando a personas a prisión por el incumplimiento de una orden de imposible o ilegal ejecución, todos los derechos, todo el Derecho y toda noción de orden y respeto a la persona quedan de lado, mientras se manifiesta una vez más que en nuestro país el poder judicial no está al servicio de la justicia, y donde no hay justicia ni derecho no puede haber democracia. En Venezuela, cada día más, esto lo tenemos todos muy claro.

¿Qué dice la sentencia  n° 552 del TSJ contra el alcalde de El Hatillo, David Smolansky?


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Sala: Constitucional

Tipo De Recurso: Desacato

Nº Exp: 17-0542      TSJ/SC Nº Sent: 552      Fecha: 07-08-2017

Caso: Acción de protección de derechos e intereses colectivos o difusos interpuesta por Yurani Godoy y otros

Decisión: Fija y convoca Audiencia Pública y Decreta prohibición de salida del País.

Extracto:

“Visto que con ocasión de esa decisión, esta Sala Constitucional acordó requerir en atención a lo contemplado en el artículo 70 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y en el artículo 177 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, el apoyo y colaboración de los Juzgados con competencia en lo Civil y con competencia en Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, a los fines de que practiquen en el Municipio El Hatillo, las inspecciones correspondientes, con la finalidad de constatar el cumplimiento o no del amparo cautelar en los términos en que ha sido dictado por esta Sala, e informe de dichas resultas a esta instancia constitucional, dados los intereses colectivos tutelados.

 Visto que, transcurrido como ha sido el lapso para la realización de las inspecciones ordenadas, y dado que en la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales no está contemplado procedimiento alguno para la valoración sobre el cumplimiento o el posible incumplimiento de un mandamiento de amparo como el decretado en la presente causa.

Visto que, conforme con lo señalado en el artículo 98 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, cuando en el ordenamiento jurídico no se preceptúe un proceso especial a seguir se aplicará el que exclusivamente las Salas de este Alto Tribunal juzguen más conveniente para la realización de la justicia, siempre que tenga fundamento legal.

 Esta Sala, para determinar el presunto incumplimiento al mandamiento de amparo cautelar decretado, estima que el procedimiento que más se adecúa para la consecución de la justicia en el caso de autos es el estipulado para el amparo constitucional, tal y como lo señalara en sentencia n° 138 del 17 de marzo de 2014, recaída en el caso Vicencio Scarano Spisso, por lo que de conformidad con la Ley que rige la materia, se CONVOCA al ciudadano David Smolansky, Alcalde del Municipio El Hatillo del Estado Bolivariano de Miranda, a una audiencia pública que se celebrará el día MIÉRCOLES 09 de AGOSTO de 2017, a las DIEZ DE LA MAÑANA (10:00 a.m.), para que exponga los argumentos que a bien tuviere en su defensa.

A tenor de lo señalado en el artículo 23 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, en concordancia con la sentencia N° 7 de 1 de febrero de 2000 (caso: José Amando Mejía), en la cual se señaló que: “La falta de comparecencia del presunto agraviante a la audiencia oral aquí señalada producirá los efectos previstos en el artículo 23 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales”, la inasistencia del aludido Alcalde a la audiencia pública se tendrá como aceptación de los hechos.

Una vez celebrada la audiencia la Sala, podrá decidir inmediatamente el fondo; en cuyo caso expondrá de forma oral el fallo, y lo publicará dentro de los cinco (5) días siguientes; o diferir cualquier pronunciamiento, por estimar que es necesaria la presentación o evacuación de alguna prueba que sea fundamental para resolver el caso.

Esta Sala Constitucional, en el supuesto de constatar el desacato, impondrá la sanción conforme a lo previsto en el artículo 31 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales y remitirá la decisión para su ejecución a un Juez de Primera Instancia en lo Penal en Funciones de Ejecución del Circuito Judicial Penal correspondiente.

De conformidad con los artículos 26 de la Constitución y 130 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, esta Sala para garantizar la tutela judicial efectiva, atendiendo a la potestad que dicha norma consagra para dictar -de oficio- las medidas cautelares dadas las circunstancias del caso y los intereses públicos en conflicto, acuerda como medida cautelar la prohibición de salida del país del ciudadano David Smolansky, Alcalde del Municipio El Hatillo del Estado Bolivariano de Miranda, titular de la cédula de identidad n° V-16.274.506.”

Comentario de Acceso a la Justicia: La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) mediante sentencia número 552, publicada el 07 de agosto de 2017, fijó audiencia pública de desacato de la sentencia número 368 que prohibía obstaculización de vías y manifestaciones públicas en el municipio El Hatillo (24/05/2017) para el 09 de agosto de 2017, contra el alcalde de dicha jurisdicción, David Smolansky  y le  prohibió salida del país.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/agosto/202129-552-7817-2017-17-0542.HTML

¿Qué dice la sentencia n° 551 del Tribunal Supremo de Justicia?


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Sala: Constitucional

Tipo De Recurso: Amparo cautelar

Nº Exp: 17-0544      TSJ/SC Nº Sent: 551      Fecha: 04-08-2017

Caso: Acción de protección de derechos e intereses colectivos o difusos interpuesta por Estela Balza de Núñez y otros.

Decisión: Extiende los efectos del amparo cautelar a quie ejerza las funciones de Alcalde (E) y Acuerda continuar la audiencia el día lunes 07.08.2017 a las 2:00 de la tarde, convocando a la Médico que expidó reposo.

Extracto:

“Y siendo que el mandamiento de amparo constitucional cautelar debe ser acatado por el Alcalde del Municipio Chacao del Estado Miranda, so pena de incurrir en desobediencia a la autoridad y exponerse a la sanción prevista en el artículo 31 eiusdem, es por lo que esta Sala extiende los efectos de dicho amparo cautelar a quien se encuentre ejerciendo tales funciones y, por lo tanto, se le ordena a cumplir con los siete mandatos antes transcritos, so pena de la sanción antes referida, mientras se decide la causa principal.”

Comentario de Acceso a la Justicia: La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) mediante sentencia número 551, publicada el 04 de agosto de 2017, extendió los efectos de la sentencia 369 (mandamiento de amparo cautelar, ordenando impedir la obstaculización de las vías en el municipio y las manifestaciones públicas) al alcalde encargado del municipio Chacao, ante el reposo médico de Ramón Muchacho y se ordena continuación de la audiencia pública para el lunes 07 de agosto de 2017.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/agosto/202025-551-4817-2017-2017-0544.HTML