TSJ concretó disolución de la Asamblea Nacional en 2017


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La Asamblea Nacional (AN), electa el 6 de diciembre de 2015 por estar conformada por una mayoría calificada opositora al gobierno (por primera vez en 16 años de chavismo) no ha podido prácticamente ejercer sus funciones por una serie de obstáculos impuestos por el Poder Judicial.

 Para tener una idea de la guerra judicial en contra de la AN que emprendió el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) desde su elección, se debe recordar que en 2016 bajo el amparo de la tesis del desacato le quitó prácticamente todas sus atribuciones a partir de julio de ese año.

Ya en 2017, el TSJ desconoció a la directiva presidida por el diputado Julio Borges sin justificación y permitió la instalación de una Asamblea Nacional Constituyente (ANC), que  vino entre otras cosas a sustituir al Parlamento.Julio Borges

Estado de excepción impuesto

Desde enero de 2016, Venezuela permanece bajo un perenne estado de excepción, cuya finalidad desde el inicio, según el mismo Jefe de Estado, era tomar medidas extraordinarias que permitieran superar la crisis económica.

Sin embargo, en cada ocasión que se han cumplido los 60 días que prevé la Constitución como plazo máximo de duración del decreto de emergencia económica, el Ejecutivo ha firmado una extensión por el mismo lapso, lo que también permite la Constitución, sólo que al culminar la prórroga dicta un nuevo decreto que luego extiende, lo que está prohibido por el texto constitucional que prevé un plazo máximo de 120 días de estado de excepción por la causa indicada.

Con esta metodología, el Ejecutivo mantiene al país en estado de excepción desde hace dos años, haciendo lo que quiere en materia de legislación socioeconómica e incluso en otros ámbitos. El decreto más reciente es del 09 de enero por lo que ha habido 13 decretos en total.

Ninguno de los decretos de estado de excepción ni sus prórrogas han sido aprobados por el Poder Legislativo como exige expresamente el artículo 339 de la Constitución, y aun así el TSJ los ha declarado constitucionales, haciendo caso omiso también de la Ley Orgánica de Estados de Excepción y de la Exposición de Motivos del texto fundamental que incluso le prohíben intervenir en ese supuesto.

Con esto queda muy claro que el máximo tribunal desempeña un rol al revés de su mandato, al permitir la desintegración de la Carta Magna con estados de excepción inconstitucionales, cuando su función según el artículo 334 es “asegurar la integridad de la Constitución”.

El eterno desacato

La tesis del desacato fue la que creó el TSJ poco después de las elecciones parlamentarias en diciembre de 2015 para hacer lo que la Constitución no le permite al gobierno, pero que era su mayor desiderátum: disolver la AN, como en efecto hizo posteriormente el TSJ con la sentencia nº 156 del 30 de abril.

El desacato surgió porque la AN no quiso acatar la decisión de la Sala Electoral de no juramentar a los cuatro diputados de Amazonas. Aunque la AN más adelante desincorporó a los parlamentarios (enero de 2017) la sanción persistió, de hecho la Sala Constitucional (SC, sentencia 2/2017) del TSJ declaró que todas las sesiones de la AN desde su instalación el 05 de enero eran nulas, desconoció la juramentación de la directiva de Borges y prohibió el inicio del nuevo período legislativo mientras persistiera el supuesto desacato.

Reiteramos que el desacato es un “delito o falta, según el caso, que implica la desobediencia a una orden judicial” y acarrea prisión o arresto pero no anulación de actuaciones. Por ello, lo conducente era eventualmente la sanción de su directiva, la presidida por Henry Ramos Allup por juramentar a diputados de Amazonas, pero no la anulación del órgano.

Impunidad

PdvsaEn 2016, el TSJ declaró que no le convenía al país una investigación por corrupción sobre Petróleos de Venezuela (Pdvsa) que había iniciado la AN y en 2017, ordenó a la Contraloría General de la República (CGR) investigar al diputado Freddy Guevara por querer notificar en Nueva York de esa investigación a Rafael Ramírez, quien se desempeñaba como embajador por Venezuela ante la ONU. Lo más increíble de esto es que a finales de este año la persecución a Ramírez por corrupción ha sido la bandera del gobierno.

En el transcurso de 2017 el TSJ tomó decisiones con las que negó uno de los principios básicos republicanos: la responsabilidad de cualquier órgano del Estado y su obligación de rendir cuentas. En este sentido, entre otros, desconoció en la sentencia nº 7 del 26-1-2017 de la SC el abandono del cargo del Presidente de la República declarado por la AN; permitió que la memoria y cuenta le fuera presentada a él y no a la AN, eliminó el control de la CGR sobre las empresas militares a pesar de que tienen a su cargo la mayoría de los recursos naturales del país y autorizó al Ejecutivo a vender parte de Pdvsa y a endeudarse sin control del legislativo.

Ruptura del orden constitucional

Desde el 2016, el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, ha denunciado la grave alteración del orden constitucional y democrático en Venezuela y en febrero de 2017 reabrió el debate sobre la activación de la aplicación de la Carta Democrática Interamericana en nuestro país, presentando el 14 de marzo un nuevo informe sobre la crisis. A raíz de ello, la AN aprobó un acuerdo para la reactivación de la Carta.

El partido de gobierno inmediatamente reaccionó y presentó un recurso ante la Sala Constitucional del TSJ y esta respondió a los seis días con la sentencia 155 del 29 de abril en la que anula el acuerdo de la AN que aprobó el informe de Almagro e incentivó al Ejecutivo a legislar en materia de seguridad nacional, en el ámbito penal y militar, aunque sin limitaciones, para evitar un supuesto estado de conmoción exterior (otra causal de estado de excepción). Además desconoce la inmunidad parlamentaria por el desacato. Al día siguiente, esa misma Sala dictó otra sentencia, la 156 en que permite la venta de parte de la estatal petrolera sin la autorización de la AN a una empresa rusa y además disolvió el parlamento. También decidió que desde ese momento, la Sala o el órgano que ella indicara sustituían a la Asamblea Nacional.

Estas dos sentencias causaron gran escándalo en la comunidad internacional, quien anunció que en Venezuela se había instaurado una dictadura y como consecuencia de ello se produjo el retiro de embajadores de varios países. Esto dio lugar a la activación por parte del Ejecutivo del Consejo General de Seguridad quien exhortó al TSJ a revisar sus sentencias. El 1º de abril, la Sala Constitucional anuló sus sentencias, pero en la práctica la AN siguió invalidada.

TSJ

La Fiscal

Hasta la fiscal general de la República Luisa Ortega Díaz reconoció que había habido una ruptura del orden constitucional en Venezuela por las sentencias 155 y 156 e inició una verdadera guerra judicial contra el Gobierno, pero esto no tuvo mayores frutos, pues aunque visibilizó aún más el régimen y sus debilidades su cruzada dio lugar a su destitución del cargo por la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente (ANC), potestad que es de la AN.

El esposo de la Fiscal, diputado del partido de gobierno, Germán Ferrer también se le unió. Como consecuencia de ello, mediante la sentencia 66 de la Sala Plena, el TSJ le quitó la inmunidad parlamentaria, competencia que es de la AN. Luego un tribunal de instancia dictó una orden de aprehensión en su contra por manejar supuestamente una importante red de corrupción desde la Fiscalía.

El golpe electoral

La renovación de los partidos políticos por el TSJ fue uno de los temas clave de 2017. Esta exigencia fue por una sentencia del máximo tribunal, la primera de 2016 de la Sala Constitucional, en la que prohibió la doble militancia y exigió, en contra de la lo que dice la ley de la materia, la renovación de los partidos políticos que hubieran participado en las elecciones parlamentarias con la tarjeta de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) y no con su propia tarjeta.

El TSJ también en 2016 designó a los rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE) que tenían el periodo vencido, aunque fuera competencia de la AN.

La guinda del pastel del TSJ contra la AN en 2017 fue el aval a la convocatoria del presidente Nicolás Maduro e instalación de la fraudulenta ANC a través de varias sentencias. Hoy en sustitución ilegal del Parlamento, la ANC aprueba leyes, incluido el presupuesto nacional, ha allanado la inmunidad parlamentaria de diputados de oposición y ordena investigaciones, entre otras funciones.

¿Y a ti venezolano, cómo te afecta?

Sin Parlamento, no hay democracia, pues es el órgano democrático por excelencia al ser el que representa a todas las ideologías del país y permite el debate entre ellas. Mientras en el Ejecutivo suele estar el partido político que obtuvo la mayoría, en el Parlamento u órgano legislativo nacional están también los que no la obtuvieron y esto permite controlar mejor la gestión del Ejecutivo y del partido de gobierno.

Además como el Parlamento suele tener no sólo funciones legislativas, sino también de control, puede garantizar el mejor uso de los recursos públicos por parte del Ejecutivo, de hecho es quien recibe la memoria y cuenta del gobierno, así como aprueba el presupuesto nacional de cada año. Si se elimina el Parlamento, como ha ocurrido en Venezuela, el Ejecutivo tiene rienda suelta en la administración y uso de los recursos públicos, lo que puede causar exceso de endeudamiento, corrupción e inflación, que son entre otros males los que hoy en día nos afectan a todos.

La disolución de la Asamblea Nacional por la Sala Constitucional


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La sentencia Nº 156 del 29 de marzo de 2017 es la estocada final del Tribunal Supremo de Justicia al parlamento venezolano, prácticamente en desaparición por obra ese propio tribunal, cuya función constitucional esencial es paradójicamente resguardar la Constitución y nuestros derechos como ciudadanos (artículo 334), pero que al violarla por atribuirse una competencia no prevista expresamente y trastocar la soberanía popular, pues evidentemente actúa de manera contraria a lo que es su mandato.

Esta sentencia 156/2017 se dicta al día siguiente de la solicitud hecha por representantes de la Corporación Venezolana de Petróleo y en ella, se establece que la Sala Constitucional, o el órgano que ella determine, se sustituye en las funciones de la Asamblea Nacional, por estar la misma en desacato al no haber cumplido con las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia, especialmente de la Sala Electoral, por no haber desincorporado o haberlo hecho, pero no de la manera que se le exigió, a los diputados de Amazonas.

El efecto de la sentencia 156/2017 es disolver el parlamento, una figura no prevista en la Constitución de la manera en que se ejecuta ni es competencia del Tribunal Supremo de Justicia, sino en todo caso del Presidente de la República, (artículo 240), sin que se den tampoco los supuestos para que este lo haga y su consecuencia que sería “la convocatoria de elecciones, para una nueva legislatura dentro de los sesenta días continuos”, no es la que se establece en la sentencia, sino la sustitución (léase usurpación) de las funciones de la Asamblea Nacional por la Sala Constitucional, o el órgano que ella determine.

Se trata sin duda de un golpe de estado, declarado por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.

¿Y a ti venezolano, cómo te afecta?

Los principios básicos de un sistema democrático han sido eliminados con la sentencia 156/2017 de la Sala Constitucional. Esta pretende sustituir un órgano de elección popular, la Asamblea Nacional, cuando esa sala no lo es. Sin representación parlamentaria, no hay manifestación de soberanía popular y sin esta, no hay democracia.

El TSJ la joya que pocos han podido retener


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Acceso a la Justicia realizó una investigación sobre la duración de los magistrados en su cargo y encontró que desde que entró en vigencia la nueva Constitución que el máximo tribunal pasó a llamarse Tribunal  Supremo de Justicia, apenas 7 magistrados han logrado completar los 12 años que les otorga la CRBV. Esto representa apenas el 13% de los magistrados nombrados en estos 17 años y la pregunta obvia es ¿Qué ha pasado para que este número sea tan bajo? La respuesta se encuentra en el informe que surgió de esa investigación y que denominamos: Informe sobre duración de magistrados del TSJ.

Laura Louza: La peor condena del Poder Judicial fue someterse al Ejecutivo


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La renuncia de la jueza Karla Moreno de Caracas en pleno juicio por la presión para que cambiara su decisión, al igual que ocurrió en Anzoátegui en la  sala del Tribunal sexto de Control, levantó polémica en la opinión pública y aparecieron nuevos cuestionamientos sobre la independencia del Tribunal Supremo de Justicia.

Sobre este tema, la directora de Acceso a la Justicia, Laura Louza, fue entrevistada el 2 de marzo en Mesa Editorial, programa de VivoPlay conducido por Ana Virginia Escobar. En su intervención la abogada constitucionalista expresó que a partir de los dos episodios mencionados el gremio y los venezolanos comenzaron a hacerse la pregunta: ¿quién manda a quién?

“Por lo general el Gobierno se ampara en decisiones del TSJ para decir que lo está haciendo bien. Vemos a su vez cómo el Poder Judicial está presionado por un órgano que al final del día es parte del Gobierno: el Sebin. Esto indica que aquí quien manda realmente es el Gobierno, no el Poder Judicial”, apuntó Louza.

La abogada se refiere a las múltiples sentencias que el máximo representante de la justicia en el país ha emitido en favor de directrices del presidente Nicolás Maduro. En un estudio realizado por su organización se determinó que las acciones a su favor reciben respuesta en un promedio de apenas nueve días y siempre a favor.

Louza recordó que el norte del Poder Judicial es la ley y la Constitución, por lo que sus jueces no deben imputar delitos sin pruebas. “El Poder Judicial se ha ido autosometiendo al Ejecutivo y eso ha sido su propia condena. No hay mayor garantía para un juez que decir que sigue la Constitución y la ley. Incluso internacionalmente los jueces pudieron haber sido defendidos si así lo hubieran hecho. Al no seguir las leyes ni la Constitución entonces han sido cada vez más esclavos del régimen”, aseveró.

Recordó el calificativo que le dio el magistrado Eladio Aponte Aponte, quien fue destituido de su cargo por la Asamblea Nacional (mayoría oficialista) en 2012. Ese mismo año él viajó a Estados Unidos y declaró desde ese país que no existía autonomía en el TSJ por lo que aseguró que la justicia en Venezuela era de plastilina porque se podía moldear.

“Lo que nos imaginamos es que persiste lo que dijo Aponte Aponte. Él dijo que todas las decisiones que tomaba el TSJ eran ordenadas por el Presidente de la República y un comité que se reunía los viernes con la Fiscalía, el Defensor y otros órganos”.

Louza, explicó que el régimen está mutando hacia una dictadura más tradicional, de tipo militar con un sistema de justicia paralelo para los opositores a su régimen.

“Hoy en día por la misma conciencia de Estado de derecho y por la relación del país con la comunidad internacional es muy difícil para el Gobierno actuar fuera de su poder judicial formal. Aunque tenga controlado al Poder Judicial, hay cosas que se le escapan de las manos porque al final este va a buscar seguir su fin natural que es seguir la ley y la Constitución. Por ello, ocurrió lo de la jueza Karla Moreno, y como consecuencia de ello, tuvo que intervenir el Sebin. Entonces el Gobierno va a tener que ir hacia otro esquema, más allá del Poder Judicial y sin acatar la Constitución de manera alguna, y está claro que así lo ha ido haciendo, entre otros, con la situación del estado de excepción indefinido. Hasta ahora lo que hemos tenido es una autocracia legalista”, explicó.

Laura Louza, “Según TSJ: Soberanía es el poder del gobierno… No del pueblo”


“Según TSJ: Soberanía es el poder del gobierno… No del pueblo”

El 2 de Marzo en entrevista con Azalea Liscano, por la emisora Super Estereo 98.1 FM del estado Nueva Esparta, la Dra. Laura Louza, abogado, profesora universitaria, fundadora y directora de la ONG Acceso a la Justicia, indicó que las constantes modificaciones ilegítimas a la Constitución y las leyes, las realizan solo para favorecer los intereses del Presidente de la República y de su partido, alejándose de forma grotesca de sus verdaderos postulados, así como de la libertad y dignidad de los venezolanos, pilares fundamentales en una sociedad democrática.

El TSJ “legitima” el ejercicio de medidas arbitrarias que puedan ser dictadas por la misma Sala Constitucional o por otros órganos del Estado contra la Asamblea Nacional, con el propósito de obstaculizar aún más el ejercicio de funciones parlamentarias, pero bajo un velo de supuesta “legalidad”.

Los DDHH no aceptan dualidad, el Estado Venezolano debe resolver la crisis humanitaria de alimentos, medicamentos y las elecciones, como lo dictamina la Constitución Nacional. Por ello Luis Almagro, en nombre de la OEA agradeció este miércoles 1 de marzo el apoyo bipartidista del Senado de EE.UU. para que el organismo aplique la Carta Democrática a Venezuela.

Para escuchar la entrevista, ingresa aquí.

El TSJ le pone la soga a la Asamblea


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El TSJ le pone la soga a la Asamblea

    Análisis de sentencia que anula su directiva y la decisión de abandono del cargo del Presidente

 El año nuevo empezó con la sentencia N° 2  de la Sala Constitucional del pasado 11 de enero, la cual agrava aún más el conflicto institucional y político que vive el país  y hace casi imposible su solución, porque, con una exigencia de formalismo inédita y contraria al artículo 257 Constitución, que establece que “no se sacrificará la justicia por la omisión de formalidades no esenciales”, exige a la Asamblea Nacional que con su Junta Directiva anterior a la de este año y no con la actual, desincorpore a los diputados del estado Amazonas, a los efectos de que deje de estar en desacato y como consecuencia de ello, sus decisiones sean válidas.

Con más precisión el TSJ en la sentencia ordena “a los Diputados que conformaron la Junta Directiva del lapso vencido asumir sus funciones directivas y secretariales de la Asamblea Nacional, para que de forma única y exclusiva den cumplimiento a las decisiones de este Máximo Tribunal…”.

Este exceso de recelo en el cumplimiento de formalidades no esenciales llama mucho la atención de Acceso a la Justicia, sobre todo porque constituye una violación a los artículos 194 y 219 de la Constitución, que exigen que la Asamblea Nacional se instale el 5 de enero de cada año y que su Directiva sea elegida cada año, con lo cual no puede seguir ejerciendo sus funciones la Junta Directiva anterior como pretende el TSJ. Además desde el 15 de noviembre de 2015, los diputados de Amazonas no están incorporados a la AN, con lo cual no queda claro por qué el TSJ sigue solicitando que se desincorporen y que se haga de una manera determinada porque en caso contrario no es válido. Y aun habiendo seguido esas formalidades la Asamblea este año, el TSJ considera que no es suficiente y que fue extemporáneo y con la directiva incorrecta.

Lo que en realidad ha estado ocurriendo es que el TSJ no dicta la decisión de fondo que corresponde respecto del supuesto fraude en las elecciones parlamentarias de Amazonas y además cada vez que la Asamblea hace algo dice que está en desacato o le exige un requisito formal nuevo para que cese de estarlo y aun si lo cumple, considera que no es suficiente. Por ello, Acceso a la Justicia considera que se trata de un argumento del TSJ para justificar la denegación de justicia en que ha incurrido al no decidir el caso Amazonas e impedir que la Asamblea funcione como debería.

Como consecuencia de lo explicado no es de extrañar que la Sala en la sentencia Nº 2 haya prohibido una vez más a la AN realizar cualquier acto que implique la instalación del nuevo período de sesiones hasta que “acate las decisiones emanadas de este Máximo Tribunal y perfeccione las condiciones coherentes, objetivas y constitucionales necesarias para el nombramiento de la nueva Junta Directiva”, llegando incluso a dejar sin efecto el nombramiento de la nueva directiva electa el pasado 5 de enero de 2017.

Adicionalmente, debe observarse que la Sala en su sentencia no examinó o hizo referencia a la declaratoria del abandono del cargo presidencial aprobado por la AN; sino que se limitó, simplemente, a anular el acto parlamentario bajo el argumento del “desacato”.

Y a ti venezolano ¿cómo te afecta?

Con la sentencia Nº 2 la Sala Constitucional continúa la misma línea inconstitucional de ataque sistemático y continuo contra la democracia venezolana que inició con la victoria de la oposición en las elecciones parlamentarias del pasado 6 de diciembre de 2015.

Lamentablemente los venezolanos estamos viviendo un clima de desesperanza y caos creado en buena medida por el Tribunal Supremo de Justicia, que se ha encargado de ignorar y descalificar a los representantes de la AN, autoridades legítimamente electas de acuerdo a la Constitución y las leyes.

Al desconocer la autoridad legítima del Poder Legislativo, los poderes Ejecutivo y Judicial se deslegitiman porque violan abiertamente la Constitución de nuestro país, y dejan en evidencia que en Venezuela ya no hay democracia.

TSJ anula el nombramiento de nueva junta directiva de la AN


MONITOREO1

Sala Constitucional. 

Recurso de nulidad. 

TSJ/SC N° 2. Fecha: 11/01/2017.

Caso: Diputado Héctor Rodríguez demanda de nulidad por inconstitucionalidad contra “el acto parlamentario aprobado por la Asamblea Nacional en fecha 05 de enero de 2017, mediante el cual se eligió y juramentó la Junta Directiva y los cargos de Secretario y Subsecretario de dicho órgano del Poder Público Nacional”.

Decisión: La Sala indicó:

“… 2.-ADMITE el recurso de nulidad interpuesto en contra del acto parlamentario celebrado el 05 de enero de 2017, así como las decisiones que se tomaron en el referido acto por la Asamblea Nacional.

3.- DECLARA DE MERO DERECHO la resolución del presente recurso de nulidad.

4.- DECLARA la inconstitucionalidad por omisión del Poder Legislativo Nacional al no haber dictado las medidas indispensables para garantizar el cumplimiento de la Constitución referidas al acatamiento de las decisiones dictadas por este Máximo Tribunal de la República y, EN CONSECUENCIA, SE ANULAN el acto parlamentario celebrado el 05 de enero de 2017, así como el acto celebrado el 09 de enero de 2017, por la Asamblea Nacional con ocasión del nombramiento de la nueva Junta Directiva de la Asamblea Nacional y todos los actos parlamentarios subsecuentes que se generen por contrariar las órdenes de acatamiento a las decisiones de este Máximo Tribunal de la República Bolivariana de Venezuela.

5.-  SE ORDENA a los Diputados que conformaron la Junta Directiva del lapso vencido asumir sus funciones directivas y secretariales de la Asamblea Nacional, para que de forma única y exclusiva den cumplimiento a las decisiones de este Máximo Tribunal, en los términos antes expuestos en el presente fallo. En consecuencia, se ordena efectuar las notificaciones correspondientes.  

6.- SE PROHÍBE a la Asamblea Nacional realizar cualquier acto que implique la instalación del Segundo Período de Sesiones correspondiente al año 2017, así como la elección de una nueva Junta Directiva y de Secretaría, hasta tanto acate las decisiones emanadas de este Máximo Tribunal y perfeccione las condiciones coherentes, objetivas y constitucionales necesarias para el nombramiento de la nueva Junta Directiva de la misma e inicio del período de sesiones del año 2017.

7.- SE DEJA SIN EFECTO el nombramiento írrito de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional celebrado el 05 de enero de 2017, la cual quedó conformada de la siguiente manera: como Presidente, el diputado Julio Andrés Borges; como Primer Vice-presidente, el diputado Freddy Guevara Cortez y como segunda Vice-presidenta, la diputada Dennis Fernández; como Secretario, el ciudadano José Ignacio Guédez y como Sub-secretario, el ciudadano José Luis Cartaya.

8.- SE ORDENA al Consejo Nacional Electoral remita un informe detallado en donde se especifique la configuración que por Partidos Políticos integran a la Asamblea Nacional, así como el número exacto de Diputados que los integran.

9.- REMÍTASE copia certificada de la presente decisión al Consejo Moral Republicano, perteneciente al Poder Ciudadano, para recabe los elementos necesarios para dar inicio a la investigación correspondiente determinando la responsabilidad a que hubiere lugar de conformidad con la ley, de los Diputados que conforman la Junta Directiva de la Asamblea Nacional de lapso vencido y de la recientemente nombrada mediante el acto parlamentario celebrado el 05 de enero de 2017.

10.- Cualquier actuación de la Asamblea Nacional y de cualquier órgano o individuo en contra de lo aquí decidido será nula y carente de toda validez y eficacia jurídica, sin menoscabo de la responsabilidad a que hubiere lugar.”

Comentario de Acceso a la Justicia: La Sala Constitucional anuló el acto parlamentario de instalación de la nueva Junta Directiva de la AN,  celebrado el 5 de enero de 2017, además del acto llevado a cabo el 9 de enero de 2017 en que el órgano legislativo declaró el abandono del cargo por parte del Presidente de la República. Igualmente, la Sala declaró la nulidad de “todos los actos parlamentarios subsecuentes que se generen por contrariar las órdenes de acatamiento a las decisiones de este Máximo Tribunal de la República Bolivariana de Venezuela”. La justificación de esta decisión judicial se fundamentó, nuevamente, en la situación de desacato al orden constitucional en que, según la Sala, se encuentra el Poder Legislativo frente al Poder Judicial por la reiterada e ilegítima incorporación de los diputados del estado Amazonas a la AN.

Por otra parte, puntualizó la Sala que no es la nueva Junta Directiva la que debe desincorporar a los diputados del estado Amazonas para acatar con el mandamiento judicial, tal como se hizo. Por el contrario, sentencia la Sala que es la Junta Directiva del período parlamentario vencido de 2016 la encargada de desincorporar a los mencionados diputados antes de proceder a la instalación de la nueva directiva de la AN, y de esta manera restablecer el orden constitucional.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/enero/194891-02-11117-2017-17-0001.HTML

Inconstitucionalidad Ley de Reforma de la Ley Orgánica del Ambiente


MONITOREO4

Sala Constitucional.

Constitucionalidad de la ley. 

TSJ/SC N° 1. Fecha: 06/01/2017.

Caso: El Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, remitió Ley de Reforma de la Ley Orgánica del Ambiente con el objeto de que la Sala Constitucional se pronuncie acerca de su constitucionalidad.

Decisión: Se declara nula la reforma a la Ley Orgánica del Ambiente. La Sala expuso:

“Con fundamento en los criterios jurisprudenciales parcialmente transcritos, esta Sala, considerando la notoriedad comunicacional de la situación irregular supra señalada; y en resguardo del orden público constitucional, en función de lo juzgado por la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia y de lo establecido en sus propias decisiones, resulta evidente que el referido desacato por parte del órgano legislativo nacional se produjo a partir del 28 de julio de 2016, siendo que el Presidente de la República recibió la ley para su promulgación con posterioridad al momento en que se produjo dicha circunstancia, lo que incidió en la consideración del Jefe de Estado en cuanto a que la misma no resultaba constitucional por tal motivo.

En tal sentido, esta Sala reitera que en su condición de máxima y última intérprete de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, debe garantizar la supremacía y efectividad de las normas y principios constitucionales, correspondiéndole fijar las interpretaciones sobre su contenido y alcance, por lo que una legislación que se concrete en el desconocimiento del vértice normativo del ordenamiento jurídico de la República -dentro de la cual se encuentra el pronunciamiento de esta Sala para hacer cumplir las disposiciones constitucionales-, conlleva como consecuencia la nulidad de todas las actuaciones que la contraríen; más aún cuando esta Sala ha reiterado pacíficamente que no existen actos de los órganos que ejercen el Poder Público que puedan desarrollarse al margen de la Constitución (ver artículos 1, 2, 3, 5, 7, 137, 253, 266, 334, 335 y 336 Constitucionales).

Así entonces, vista la situación de desacato en que se encuentra la Asamblea Nacional ante la conformación del pleno para el momento en que fue sancionada la Ley de Reforma de la Ley Orgánica del Ambiente, esta Sala considera motivos suficientes para declarar inconstitucional el acto sancionatorio, sin que sea necesario en este estado entrar a pronunciarse acerca de cada una de las disposiciones contenidas en el precitado instrumento.”

Comentario de Acceso a la Justicia: La Sala reitera el argumento acerca de la situación irregular en que se encuentra la Asamblea Nacional ante los mandatos de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia. Recordemos que la decisión origen del supuesto desacato está basada en una grabación anónima e ilegal por la que se dejó sin representación parlamentaria todo un Estado. Además, utiliza lo establecido en sus propias decisiones, para declarar la nulidad de la reforma de la ley referente al ambiente que había sancionado el órgano legislativo en sesión del día 30 noviembre de 2016.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/enero/194748-01-6117-2017-16-1261.HTML

Régimen presupuestario de los municipios


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Sala Constitucional. 

Ampliación de sentencia.

TSJ/SC Nº 1107. Fecha: 15/12/2016.

Caso: Poder Ejecutivo Municipal del Municipio Bolivariano Santiago Mariño del Estado Aragua, solicitó ampliación de la sentencia n.° 954 del 22 de noviembre de 2016, dictada por esta Sala Constitucional, en la que se declaró la admisión de la acción de inconstitucionalidad por omisión legislativa que el mismo propuso contra el Concejo Municipal del Municipio Santiago Mariño del Estado Aragua, al publicar la “Ordenanza sobre el Régimen para la Comparecencia de los Funcionarios y Funcionarias Públicas y los o las Particulares ante el Concejo Municipal del Municipio Santiago Mariño del Estado Aragua”, sin que el Alcalde del referido Municipio refrendara y promulgara la misma.

Decisión: Procedente la ampliación de sentencia. La Sala expuso:

Igualmente, visto lo dispuesto en el artículo 54 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, esta Sala, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 130 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, que prevé la posibilidad de decretar medidas cautelares en cualquier estado y grado de la causa, para preservar las resultas del juicio, evitar que se causen daños de difícil reparación por la definitiva, teniendo en cuenta las circunstancias reseñadas respecto a la atención del Ejecutivo Local en el pago de beneficios y compromisos laborales con los trabajadores y trabajadoras de esa entidad local y sus dependencias adscritas, así como el hecho que el país se encuentra bajo un Estado de excepcionalidad,  ACUERDA –mientras se decide el recurso  interpuesto y con el objeto de prevenir posibles vicios de inconstitucionalidad- que todo acuerdo presentado para aprobación por el Concejo Municipal debe consultarse con carácter obligatorio al Ejecutivo Local, a los fines de determinar su conformidad económica, aun los sancionados para la fecha de publicación del presente fallo, y se ORDENA al Concejo Municipal del Municipio Santiago Mariño del Estado Aragua abstenerse de modificar las partidas presupuestarias previamente estructuradas por el Alcalde de dicho Municipio, en aras de preservar los principios de eficiencia, solvencia, transparencia y responsabilidad. Así se decide.”

Comentario de Acceso a la Justicia: La Sala Constitucional acuerda  la ampliación de la sentencia N° 954 dictada el 22 de noviembre de 2016 en que admitió la acción de inconstitucionalidad por omisión legislativa contra el Concejo Municipal del Municipio Santiago Mariño del Estado Aragua. Al respecto, la ampliación del fallo está referida a la solicitud presentada por el Ejecutivo Municipal de que “se incluya en la referida sentencia las condiciones de presentación y aprobación de cualquier otro acto administrativo o instrumento jurídico que esté relacionado con la ejecución de las políticas dictadas por el Ejecutivo Nacional, esto en aras de no afectar la armonización en la gestión de las competencias del municipio”. Por la razón antes expuesta, la Sala ordenó que todo acuerdo que pretenda ser aprobado por el Concejo Municipal deberá ser consultado con carácter obligatorio al Ejecutivo Local, a los fines de determinar su conformidad económica. La Sala, asimismo, ordenó que el mencionado órgano legislativo del municipio Santiago Mariño del estado Aragua debe abstenerse de modificar las partidas presupuestarias previamente estructurada por el alcalde de dicha entidad municipal.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/diciembre/193999-1107-151216-2016-16-1030.HTML

Inconstitucionalidad de la designación de rectores del CNE


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Sala Constitucional. 

Omisión legislativa.

TSJ/SC Nº 1086. Fecha; 13/12/2016.

Caso: HÉCTOR RODRÍGUEZ CASTRO solicitó declaratoria de omisión inconstitucional por parte de la Asamblea Nacional, de designar a los funcionarios que sustituirán en sus cargos a Rectores Principales y Suplentes del Consejo Nacional Electoral.

Decisión: La Sala decretó:

1. La designación se efectúa como medida indispensable, atendiendo al mantenimiento de la supremacía constitucional, así como a la estabilidad y a la paz de la República, por haber expirado el período constitucional correspondiente y por falta de diligencia en el trámite de la designación respectiva, aunado a que el órgano parlamentario nacional se encuentra en desacato al Poder Judicial, situación que determina la nulidad de todas sus actuacionesmientras se mantenga tal situación lesiva al orden constitucional.

2. La Sala designa, para el período que transcurre desde el 4 de diciembre de 2016 al 4 de diciembre de 2023, como primera Rectora principal a la ciudadana Socorro Elizabeth Hernández, titular de la cédula de identidad n.° 3.977.396, y como su suplente al ciudadano Iván Zerpa Guerrero, titular de la cédula identidad n.° 5.147.743; como segunda Rectora principal a la ciudadana Tania D’ Amelio Cardiet, titular de la cédula de identidad n.° 11.691.429, y como su suplente al ciudadano Gustavo Guevara Sifontes, titular de la cédula identidad n.° 11.916.776; quienes ya fueron postulados e, inclusive, designados rectores del Consejo Nacional Electoral, por cumplir todos los requisitos previstos en la Constitución y en el resto del ordenamiento jurídico para desempeñar esa función pública que deberán ejercer, ahora por un nuevo período, puesto que no existe obstáculo para ello, en virtud de la designación que se efectúa en la presente sentencia, ante la manifiesta y persistente omisión parlamentaria en la que se encuentra la Asamblea Nacional.

Todas estas designaciones se efectúan de acuerdo con los artículos  336.7 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y 25.7 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, quedando invariablemente subsanada la omisión parlamentaria advertida y resuelta mediante la presente decisión.

El ejercicio en funciones de los rectores aquí designados,  para un nuevo período, comenzará a regir, de conformidad con el artículo 296 constitucional, a partir de su juramentación (tal como lo ha dispuesto y ha sucedido con ocasión de los precedentes jurisprudenciales de esta Sala -ver sentencia n.° 1865/2014-). En tal sentido, sobre la base del principio de continuidad administrativa, las actuaciones de los rectores actuales, cuyo período está vencido desde el 4 de diciembre de 2016 (que son los mismos rectores que se designan mediante la presente sentencia), deben entenderse, in abstracto, como válidas, como también lo serán luego de la correspondiente juramentación para ejercer esos cargos en el período 2016-2023.

3. Se convoca a los Rectores y Rectoras designados como principales y suplentes para su juramentación, la cual se llevará a cabo el día miércoles 14 de diciembre de 2016, a las 10:00 A.M. en el Auditorio Principal de Sala Plena de este Tribunal Supremo de Justicia. Así se decide.

4. Se reitera que todas las actuaciones desplegadas por la Asamblea Nacional relacionadas con el proceso de designación de los nuevos funcionarios o las nuevas funcionarias que deben sustituir en el ejercicio de sus cargos a las Rectoras Principales del Consejo Nacional Electoral Socorro Elizabeth Hernández Hernández,  y Tania D’ Amelio Cardiet, y los Rectores Suplentes Iván Zerpa Guerrero y Gustavo Guevara Sifontes, carecen de validez, eficacia y existencia jurídica, conforme a lo dispuesto en sentencias de esta Sala nros. 808 y 810, de fechas 2 de septiembre de 2016 y 21 de septiembre de 2016, y recientemente en las nros. 952 del 21 de noviembre de 2016 y nros. 1012, 1013 y 1014 del 25 de noviembre de 2016, en las que ha evidenciado el desacato por parte de la Asamblea Nacional a la decisión Nº 108 de fecha 01 de Agosto de 2016, emanada de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, estableciendo entre otros pronunciamientos “que resultan manifiestamente inconstitucionales y, por ende, absolutamente nulos y carentes de toda vigencia y eficacia jurídica, los actos emanados de la Asamblea Nacional, incluyendo las leyes que sean sancionadas, mientras se mantenga el desacato a la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia”; conducta esta que aún se mantiene de forma ininterrumpida, por lo que se EXHORTA  a la Asamblea Nacional a realizar el acto parlamentario formal de desincorporación de los ciudadanos Nirma Guarulla, Julio Haron Ygarza y Romel Guzamana, como lo hizo el 11 de enero del presente año, en respeto a los principios de paralelismo de las formas, legalidad, seguridad jurídica y supremacía constitucional, en correspondencia con el dispositivo cuarto de la sentencia n.° 1 del 11 de enero de 2016, dictada por la Sala Electoral de esta máximo tribunal de la República, en el que se ordenó “a la Junta Directiva de la Asamblea Nacional dejar sin efecto la referida juramentación y en consecuencia proceda con LA DESINCORPORACIÓN inmediata de los ciudadanos Nirma Guarulla, Julio Haron Ygarza y Romel Guzamana, lo cual deberá verificarse y dejar constancia de ello en  Sesión Ordinaria de dicho órgano legislativo nacional”, orden que fue cabalmente cumplida el 11 de febrero de 2016 (ver sentencia de esta Sala n.° 3/2016), y que luego fue obviada mediante la nueva incorporación formal de esos ciudadanos a la Asamblea Nacional, efectuada el 28 de julio de 2016. 

6. Cualquier actuación de la Asamblea Nacional y de cualquier órgano o individuo en contra de lo aquí decidido será nula y carente de toda validez y eficacia jurídica, sin menoscabo de la responsabilidades a que hubiere lugar.”

Comentario de Acceso a la Justicia:  La Sala Constitucional, al resolver una la solicitud presentada por el ciudadano Héctor Rodríguez Castro, quien planteó la omisión de la Asamblea Nacional de designar a dos de los rectores principales del Consejo Nacional Electoral y a sus suplentes, aprovechó la oportunidad para usurpar y, por ende, ejercer esta función exclusiva del órgano legislativo contemplada en el artículo 296 de la Constitución. Esta Sala, una vez más, le da otro “golpe” a la Constitución y, por ende, a los venezolanos al violar  la soberanía popular tal como lo hizo con la designación de las rectoras Tibisay Lucena, Sandra Oblitas y el rector Luis Emilio Rondón, así como a sus respectivos suplentes, a través de la sentencia N° 1.865 del 26 de diciembre de 2014 que sirvió de fundamento para el fallo N° 1.086.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/diciembre/193866-1086-131216-2016-16-1191.HTML