La responsabilidad objetiva del empleador por daño moral en accidente de trabajo


justicia

Sala: de Casación Social

Tipo De Recurso: Casación

TSJ/SCS Nº 906                  Fecha: 23-10-2017                                            

Caso: Demanda de indemnización por accidente de trabajo interpuesta por Reyna Ramona Castillo Reinoso y otros contra T-Ventas, C.A., y otro

Decisión: SIN LUGAR el recurso de casación y SE CONFIRMA el fallo recurrido.

Extracto:

“Ahora bien, es importante resaltar que respecto de la procedencia del daño moral, de acuerdo con la reiterada doctrina jurisprudencial establecida sobre la responsabilidad del patrono en casos de accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales, aún cuando no sea posible establecer que los daños experimentados en la salud o integridad física de los laborantes, estén ligados causalmente a una conducta culposa o dolosa del empleador, éste queda obligado a indemnizar los perjuicios sufridos con ocasión de la prestación de servicios, en virtud de que el daño -lesiones derivadas de accidente o enfermedad ocupacional- constituye la materialización de un riesgo introducido por el empresario en el tráfico jurídico mediante la explotación de una actividad económica que le reporta un lucro. Por tanto, en atención a la teoría de la responsabilidad objetiva o del riesgo profesional, el alcance sobre la indemnización por la responsabilidad del patrono, abarca la esfera del daño moral, cuya cuantificación queda a la estimación discrecional del juez.”

Comentario de Acceso a la Justicia: La Sala de Casación Social reitera que las indemnizaciones por daño moral proceden con independencia de la culpa del patrono. Así, se establece que la responsabilidad objetiva del patrono (guardián de la cosa) en materia de accidentes o enfermedades profesionales, sobre la base del riesgo que éste asume por ser quien lo origina y recibe los beneficios del trabajo, es procedente independientemente de la culpa o negligencia del empleador, siempre que se configure el presupuesto de hecho esencial como lo es que el accidente o enfermedad provenga del trabajo mismo o con ocasión directa de él. Así, y en atención al concepto de daño moral demandado, en aplicación de la “teoría del riesgo profesional”, dicho daño debe ser reparado por el patrono aunque no haya habido culpa en la ocurrencia del infortunio de trabajo”. Lo dicho ratifica la Sentencia de la Sala de Casación Social dictada el 01/07/09; caso Sonia Maribel Ramírez contra C.A. Metro de Caracas. 

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scs/octubre/204287-0906-231017-2017-17-022.HTML

Elementos para la estimación del monto a indemnizar por daño moral en caso de accidente o enfermedad ocupacional


JUSTICIA-NOTA

Sala: de Casación Social

Tipo De Recurso: Casación

TSJ/SCS Nº 906                  Fecha: 23-10-2017

Caso: Demanda de indemnización por accidente de trabajo interpuesta por Reyna Ramona Castillo Reinoso y otros contra T-Ventas, C.A., y otro

Decisión: SIN LUGAR el recurso de casación y SE CONFIRMA el fallo recurrido.

Extracto:

“En ese sentido, siendo que la presente denuncia persigue refutar la estimación hecha por el juez de la recurrida, por cuanto no tomó en consideración los elementos establecidos por esta misma Sala en sentencia N° 144 de fecha 7 de marzo de 2002 (caso: José Francisco Tesorero Yánez, contra la empresa Hilados Flexilón, S.A.), se hace necesario analizar dichos elementos, a los fines de constatar la procedencia o no de la presente denuncia, para lo cual observa:

a) Respecto a la entidad del daño (la llamada escala de los sufrimientos morales): Siguiendo el criterio establecido para la estimación y cuantificación del daño moral, se observa que en el caso bajo estudio, el trabajador perdió la vida en el accidente acaecido, lo cual obviamente causa un daño emocional de gran magnitud a los actores beneficiarios que interpusieron la presente demanda.

b) El grado de culpabilidad del accionado o su participación en el acto ilícito que causó el daño: En el caso de autos, tal como fue establecido por el Tribunal ad quem, hubo incumplimientos en materia de salud y seguridad laborales que fueron determinantes en el infortunio acaecido.

c) En relación a la conducta de la víctima: No se evidenció de las pruebas de autos, que la conducta de la víctima (trabajador fallecido), haya sido determinante en la ocurrencia del accidente donde éste perdiera la vida.

d) Respecto al grado de educación y cultura de la víctima: Consta en el expediente que el trabajador fallecido, tenía un grado de instrucción de 4° año de bachillerato, y desempeñó dentro de la empresa durante la existencia de la relación de trabajo, varios cargos, siendo el último el de chofer, lo que hace presumir que tenía un nivel de educación media.

e) En cuanto a la capacidad económica y condición social de la víctima: En el asunto bajo análisis, para la fecha de ocurrencia del infortunio laboral, se determinó que el trabajador devengaba un salario mensual de Bs. 1.191,60 y en el curso del juicio se demostró que tenía a su cargo y que dependían económicamente de él, a su concubina, su padre y su madre.

f) Con respecto a la capacidad económica de la accionada: Se trata de una empresa cuyo objeto está relacionado al negocio de la comercialización, venta y distribución, de productos cosméticos, alimenticios, prendas de vestir, productos naturales, medicamentos, representación de empresas nacionales e internacionales, por lo que cuenta con activos para cubrir las indemnizaciones acordadas a favor de los actores.

g) Los posibles atenuantes a favor del responsable: No se evidenció, de la investigación realizada por el órgano competente, la existencia de atenuantes, por el contrario se estableció la conexión entre los incumplimientos en materia de salud y seguridad laborales y el fallecimiento del trabajador.

h) El tipo de retribución satisfactoria que necesitarían los beneficiarios de las indemnizaciones, como víctimas, tomando en consideración que se produjo la muerte del trabajador que ocasiona sentimientos de tristeza, por la pérdida de un ser integrante del grupo familiar, aunado al hecho de ser el sostén económico de sus integrantes: Una retribución dineraria como se procederá a condenar a pagar en favor de los beneficiarios de la víctima.”

Comentario de Acceso a la Justicia: La Sala de Casación Social considera que el juez de alzada no aplica expresamente el análisis o tasación de la indemnización por daño moral con base al test o elementos para la estimación de la indemnización por daño moral, no obstante la Sala, considera que ello no tiene incidencia en el dispositivo de la decisión, por cuanto después de haber analizado el caso de autos conforme a lo establecido en la referida decisión, llegó a la misma conclusión que dicho juez de alzada.  

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scs/octubre/204287-0906-231017-2017-17-022.HTML

No procede compensación del Bono por terminación por accidente de trabajo salvo que esté pactado


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Sala: de Casación Social

Tipo De Recurso: Casación

TSJ/SCS Nº 881                  Fecha: 18-10-2017

Caso: demanda de indemnización por enfermedad laboral interpuesta por Basilio Ramón Guerrero Vásquez contra Pepsi Cola Venezuela, C.A.

Decisión:  PRIMERO: SIN LUGAR el recurso de casación interpuesto por la parte demandada contra la decisión de fecha 6 de marzo de 2017, emanada del Juzgado Superior Primero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira; SEGUNDO: SE CONFIRMA el fallo recurrido. Se condena en costas del recurso a la accionada, de conformidad con lo previsto en los artículos 60 y 175 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

Extracto:

“En síntesis, debe partirse de la premisa según la cual toda cantidad pagada en exceso debe ser compensada, no obstante, en el caso de preverse una eventual reclamación por indemnizaciones derivadas de un accidente o una enfermedad ocupacional, es obligatorio efectuar mención expresa de ello, pues al constituir conceptos distintos a aquellos que son propios de la liquidación de prestaciones sociales, no pueden considerarse tácitamente incluidos en ésta.”

Comentario de Acceso a la Justicia: La Sala considera que en caso de que el patrono pague un Bono Adicional o Bono Gracioso o liberalidad al término de la relación y que la misma se condicione a que dicho monto se debe compensar con cualquier reclamo futuro, en el caso de reclamos por accidente y/o enfermedad no opera la compensación salvo que se hubiese pactado de forma expresa en el condicionado del acuerdo. Por tanto, al no estar debidamente informado el trabajador, pudiera ocurrir que al recibir la bonificación especial éste se prive de demandar diferencias de prestaciones sociales, al considerar que las mismas se encuentran satisfechas producto del pago extraordinario realizado por el patrono al momento del finiquito de las mismas, pero, si luego decide reclamar las indemnizaciones derivadas de una enfermedad ocupacional certificada con posterioridad al término de la relación, exigirle la compensación de un pago que él consideró imputable a otros conceptos, no sería cónsono con la protección de sus derechos. 

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scs/octubre/203908-0881-181017-2017-17-290.HTML

Requisitos para obtener indemnización por accidente o enfermedad de trabajo


DINERO

Sala: de Casación Social

Tipo De Recurso: Casación

TSJ/SCS Nº 706                  Fecha: 03-08-2017

Caso: Demanda de indemnización interpuesta por Robert José Marín Sánchez contra Ford Motor de Venezuela, S.A.

Decisión: CON LUGAR el recurso de casación anunciado y formalizado por la parte demandada la sociedad mercantil FORD MOTOR DE VENEZUELA, S.A., contra la sentencia proferida por el Tribunal Superior Segundo del Trabajo de la Circunscripción Judicial del estado Carabobo en fecha 10 de agosto de 2016. NULA la sentencia recurrida. PARCIALMENTE CON LUGAR la demanda incoada por el ciudadano ROBERT JOSE MARÍN SANCHEZ, contra la sociedad mercantil FORD MOTOR DE VENEZUELA, S.A.

Extracto:

“En relación con la indemnización prevista en el artículo 130 de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, el mencionado artículo establece que en caso de ocurrencia de un accidente de trabajo o enfermedad ocupacional como consecuencia de la violación de la normativa legal en materia de seguridad y salud en el trabajo por parte del empleador o de la empleadora, éste estará obligado al pago de una indemnización al trabajador, trabajadora o derechohabientes, de acuerdo a la gravedad de la falta y de la lesión; en el caso particular del numeral 4 del mencionado artículo, la indemnización será el equivalente a no menos de dos (2) años de salario ni más de cinco (5) años.   

        En ese sentido, esta Sala hizo una revisión minuciosa de las actas procesales que conforman el presente expediente, y pudo constatar del mismo, la certificación de enfermedad ocupacional emitida por la Diresat-Carabobo, la cual certificó que el trabajador demandante Robert José Marín Sánchez, padece una enfermedad ocupacional consistente en discopatía lumbar L1-L2, L3-L4 y L4-L5, y Hernia Discal L2-L3 y L5-S1 (COD. CIE10-M511), que le ocasiona una discapacidad parcial permanente para el trabajo habitual (ver folio 66 y 67, pieza N° 1). Asimismo se observa, que existe informe médico marcado “F”, cursante al folio 65 de la primera pieza, expedido por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, Dirección Nacional de Rehabilitación y Salud en el Trabajo, Comisión Nacional de Evaluación de Incapacidad Residual Sub-Comisión del estado Carabobo, donde se diagnosticó al demandante: “VERTEBRA EN CUÑA L2-L3. ARTROSIS LUMBAR SEVERA, ESCOLIOSIS LUMBAR- DEGENERACIÓN DE DISCOS L2.L3, L5.S1”; con una pérdida de capacidad para el trabajo de 67%.

        Por otra parte es importante destacar, que conforme al reiterado criterio  jurisprudencial de esta Sala de Casación Social, no basta la certificación de enfermedad ocupacional emitida por el Instituto Nacional de Prevención Salud y Seguridad Laborales, para considerar que corresponden las indemnizaciones a que se contrae el artículo 130 y siguientes de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (LOPCYMAT), toda vez que dicha certificación por sí sola, no resulta suficiente a los efectos de demostrar por ejemplo, que exista una relación de causa efecto entre el incumplimiento de obligaciones patronales en materia de seguridad y salud en el trabajo, y la aparición o el agravamiento de los padecimientos físicos del trabajador o trabajadora demandante. De donde se desprende, que por el sólo hecho de que la mencionada institución, declare la existencia de un accidente de trabajo o de una enfermedad ocupacional, no corresponden automáticamente, las indemnizaciones derivadas de la responsabilidad subjetiva patronal, específicamente las contenidas en el artículo 130 de la ley especial en materia de salud y seguridad laborales.

Al respecto, ha establecido de manera reiterada tanto esta Sala de Casación Social, como Sala Constitucional, que en casos como el de autos, donde se reclaman indemnizaciones derivadas de la responsabilidad subjetiva patronal, necesariamente deben demostrarse al menos tres elementos que resultan absolutamente indispensables para que procedan dichas indemnizaciones, a saber: la ocurrencia del daño mismo, el incumplimiento de normas y obligaciones patronales en materia de seguridad y salud en el trabajo, y finalmente, una relación causal entre dichos incumplimientos patronales y la ocurrencia del infortunio laboral, llámese éste accidente de trabajo o enfermedad ocupacional.”

Comentario de Acceso a la Justicia: En el criterio expresado por la Sala se aclara que no todo accidente de trabajo o enfermedad que afecte el desempeño laboral de una persona da derecho a la indemnización prevista en el artículo 130 de la Ley orgánica de Prevención, condiciones y medio ambiente de trabajo; debe demostrarse además que hay relación de causalidad entre el accidente o enfermedad y una conducta culposa o dolosa por parte del patrono.

Fuente:  http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scs/agosto/201813-0706-3817-2017-16-857.HTML

Las circunstancias que constituyen un accidente de trabajo


MONITOREO1

Sala: de Casación Social

TSJ/SCS Nº 694                  Fecha: 02-08-2017

Caso: Servicios Venezolanos Costa Afuera, C.A. contra acto administrativo CMO-NE-002-15, de fecha 23 de enero de 2014, dictada por Dirección Estadal de Salud de los Trabajadores Anzoátegui, Sucre y Nueva Esparta, hoy Gerencia Estadal de Salud de los Trabajadores Anzoátegui, Sucre y Nueva Esparta, adscrita al Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales (INPSASEL). Tercero interviniente: José Antonio Gutiérrez.

Decisión: SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la sociedad mercantil SERVICIOS VENEZOLANOS COSTA AFUERA, C.A., contra la sentencia de fecha 29 de noviembre de 2016, dictada por el Juzgado Primero Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Sucre, con sede en Cumaná; se CONFIRMA el fallo apelado y queda FIRME el acto administrativo recurrido.

Extracto:

“En ese sentido, resulta imperativo traer a colación el contenido del artículo 69, numeral 3, de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, el cual prevé:

“Artículo 69.- Se entiende por accidente de trabajo, todo suceso que produzca en el trabajador o la trabajadora una lesión funcional o corporal, permanente o temporal, inmediata o posterior, o la muerte, resultante de una acción que pueda ser determinada o sobrevenida en el curso del trabajo, por el hecho o con ocasión del trabajo.

Serán igualmente accidentes de trabajo:

(…Omissis…)

  1. Los accidentes que sufra el trabajador o la trabajadora en el trayecto hacia y desde su centro de trabajo (…)

Ahora bien, se desprende del Acta de Declaración de Accidente de Trabajo, sin fecha en los autos, (folios 18 y 19 de la pieza 1 del expediente); del Informe de Investigación de Accidente del “24 de agosto de 2011” (sic), elaborado por la entidad de trabajo accionante (folios 164 y 165 de la citada pieza) y del Informe para la Calificación de Accidente emanado de la entonces Dirección Estadal de Salud de los Trabajadores Anzoátegui, Sucre y Nueva Esparta, adscrita al Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales (INPSASEL) del 8 de abril de 2014 (folios 233 al 242 ídem) que el accidente de tránsito, en el que resultó lesionado el ciudadano José Antonio Gutiérrez, ocurrió el día 26 de abril de 2012, cuando el prenombrado trabajador “(…) se encontrab[a] siendo trasladad[o] vía terrestre desde la ciudad de Carúpano a la Unidad de Perforación PetroSaudí Discoverer [a la cual arribaría vía marítima (en lancha) desde] (…) el muelle Ubicado en la Ciudad de Cumaná” (Agregados de este fallo), siendo a destacar que se desplazaba entre las referidas ciudades, con la finalidad de acudir a su lugar de trabajo a bordo de un vehículo (automóvil, tipo taxi) de un particular, que había sido contratado por su patrono a tales fines, y que el accidente se produjo, específicamente, en la “Carretera Cumaná-Carúpano Sector Mariguitar”, del Estado Sucre, por colisión entre dos vehículos.

…OMISSIS…

Ahora bien, del contenido de tales probanzas y lo establecido en la sentencia apelada, se desprende que el accidente padecido por el trabajador, en fecha 26 de abril de 2012, momento en el que se dirigía a cumplir sus labores correspondientes al cargo de “Camarero” en la entidad de trabajo accionante, a bordo de un vehículo (taxi) que había sido contratado por el patrono con esa expresa finalidad, ocurrió, en la carretera que comunica a las ciudades de Carúpano y Cumaná del Estado Sucre, específicamente en el sector denominado Mariguitar, destacándose que se trasladaba hacia la última de las indicadas ciudades, por cuanto allí abordaría una lancha que lo transportaría a la “Unidad de Perforación PetroSaudí Discoverer” (Buque Taladro), para ese entonces, ubicada en la costa (campo Dragón) del Estado Sucre de la República Bolivariana de Venezuela, punto no controvertido en el juicio sub examine, circunstancias que permiten determinar que el accidente suscitado, constituye una acción determinada con ocasión del trabajo, puesto que en tales circunstancias el ciudadano José Antonio Gutiérrez, estaba a disposición y bajo la responsabilidad de su empleador, sociedad mercantil Servicios Venezolanos Costa Afuera, C.A., como fuera certificado por la Gerencia Estadal de Seguridad y Salud de los Trabajadores Anzoátegui, Sucre y Nueva Esparta, adscrita al Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales (INPSASEL), en fecha 23 de febrero de 2015, conforme a la investigación realizada para la calificación del accidente.”

Comentario de Acceso a la Justicia: La Sala ratifica su criterio según el cual, el accidente de tránsito ocurrido en el trayecto del trabajador hacia su lugar de trabajo debe considerarse como un accidente de trabajo; ello, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 69 de la Ley orgánica de prevención, condiciones y medio ambiente de trabajo.

Fuente:  http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scs/agosto/201730-0694-2817-2017-17-093.HTML

Indemnizaciones a herederos por trabajador fallecido se reparten según código civil salvo la prestación de antigüedad.


cheque-NOTA

Sala: de Casación Social

Tipo De Recurso: Casación

TSJ/SCS Nº Sent: 453      Fecha: 05-06-2017

Caso: Luis Alfredo Pereira contra Compañía Anónima de Administración y Fomento Eléctrico (CADAFE) hoy Corporación Eléctrica Nacional (CORPOELEC)

Decisión: PRIMERO: CASA DE OFICIO la sentencia dictada por el Juzgado Superior Primero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón, en fecha 26 de febrero de 2016; SEGUNDO: ANULA el fallo recurrido; y TERCERO: REPONE LA CAUSA al estado en que el Juzgado de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la referida Circunscripción Judicial, que resulte competente, admita nuevamente la demanda y se efectúe el llamamiento a que alude el artículo 231 del Código de Procedimiento Civil, previo al ejercicio del despacho saneador que ordene la subsanación del libelo mediante la incorporación como demandantes de los ciudadanos Luzdelys Chiquinquirá Pereira Mora, Ludiflor Chiquinquirá Pereira Mora y Luis Alfredo Pereira Mora, titulares de las cédulas de identidad Nos 15.237.053, 17.103.750 y 20.297.406, respectivamente.

Extracto:

“Sin embargo, las previsiones de los artículos 568, 569 y 570 de la Ley Orgánica del Trabajo, sólo pueden ser aplicadas a los supuestos ya enunciados de muerte del trabajador por infortunio laboral y del pago de prestación de antigüedad, no siendo admisible su aplicación al reclamo de otros conceptos, y al respecto ya ha establecido esta Sala en el referido fallo del 29 de noviembre de 2001, que al fallecer el trabajador los derechos, prestaciones e indemnizaciones que debe pagar el empleador, diferentes de la prestación de antigüedad se transmiten a sus herederos aplicando el orden de suceder en los términos y condiciones previstos en el Código Civil (Resaltado del presente fallo).”

Comentario de Acceso a la Justicia: La Sala ratifica su criterio conforme al cual: la prestación de antigüedad acumulada por el trabajador en caso de fallecimiento, no forma parte de la masa hereditaria, pues sus destinatarios no necesariamente coinciden con los herederos –así como puede ostentar tal condición quien carezca de vocación hereditaria, también es posible que un heredero no sea beneficiario del mencionado concepto–, e igualmente ocurre con la indemnización derivada de un infortunio laboral que acarree la muerte del trabajador. Además, de las transcripciones precedentes se extrae que el listado de beneficiarios dispuesto en el artículo 568 de la Ley Orgánica del Trabajo de 1997, aplicable ratione temporis, sólo puede ser aplicado a los supuestos indicados –muerte por infortunio laboral y pago de prestación de antigüedad–, mas no en lo que respecta al reclamo de otros conceptos, razón por la que se afirma que “los derechos, prestaciones e indemnizaciones que debe pagar el empleador, diferentes de la prestación de antigüedad se transmiten a sus herederos aplicando el orden de suceder en los términos y condiciones previstos en el Código Civil”. (vid. sentencia N° 884 del 16 de octubre de 2013, caso: Gabrielys Nancy Noda viuda de Pagadizábal contra Constructora Nase, C.A.).

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scs/junio/199602-0453-5617-2017-16-854.HTML      

La responsabilidad solidaria de los contratistas y beneficiarios con el patrono por los infortunios laborales. Los elementos constitutivos del hecho ilícito


JUSTICIA-NOTA

Sala: de Casación Social
Tipo De Recurso: Casación
TSJ/SCS Nº Sent: 415      Fecha: 29-05-2017
Caso: Demanda por indemnización de daños y perjuicios interpuesta por MORAIMA COROMOTO MEZA PIÑA y ALDRIN RAFAEL JARAMILLO, en su carácter de padres del trabajador fallecido RAFAEL ALEJANDRO JARAMILLO MEZA; ARIANNY ZARAY PÉREZ DÍAZ, en nombre propio y en representación de su hija contra RESGUARDO Y VIGILANCIA TOTAL C.A., COMPAÑÍA BRAHMA VENEZUELA S.A. e INVERSIONES L. RADEL C.A.
Decisión: Se declara desistido el recurso de casación de RESGUARDO Y VIGILANCIA TOTAL C.A.; sin lugar los recursos de casación contra la sentencia dictada el 24 de mayo de 2016, por el Juzgado Superior de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del estado Lara.
Extracto:
“De la lectura de los extractos jurisprudenciales antes citados, en los que se analizó el contenido del artículo 127 de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, se desprende claramente que para que opere la solidaridad de los contratistas y beneficiarios por infortunios acaecidos con ocasión del trabajo, por el incumplimiento de la normativa de seguridad y salud laboral frente a la responsabilidad del contratista, resulta necesario que los trabajadores laboren en las instalaciones o centros de trabajo del contratante.”
“…OMISSIS…”
“Ahora bien, tanto la doctrina patria como la jurisprudencia, han señalado como elementos constitutivos del hecho ilícito: 1) El incumplimiento de una conducta preexistente; 2) El carácter culposo del incumplimiento; 3) que el incumplimiento sea ilícito, o sea, viole el ordenamiento jurídico positivo; 4) que se produzca un daño y, 5) La relación de causalidad entre el incumplimiento culposo ilícito, actuando como causa y el daño figurando como efecto.”
Comentario de Acceso a la Justicia: La sentencia ratifica el criterio de la Sala sobre la necesidad de que el trabajador labore en las instalaciones del contratante para que haya responsabilidad solidaria de los contratistas y beneficiarios con el patrono por los infortunios laborales. También ratifica su criterio sobre los elementos constitutivos del hecho ilícito.
Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scs/mayo/199396-0415-29517-2017-16-684.HTML 

Hay que probar el daño moral en accidentes laborales


MONITOREO1

Sala de Casación Social

Recurso de Casación

TSJ/SCS Nº 179.    Fecha: 15/03/2017

Caso: Recurso de Casación en demanda por daños y perjuicios intentada por Yajaira Martínez contra Compañia Anónima de Administración y Fomento Eléctrico (CADAFE)

Decisión: Se declaró con lugar el recurso de casación, se anuló la sentencia recurrida y Parcialmente Con Lugar la demanda de indemnización de daños incoada. La Sala para tomar su decisión señaló:

“En primer lugar debe reconocerse que ciertamente ha establecido la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo de Justicia (como lo ha señalado el apoderado judicial de la trabajadora demandante), que es factible obligar al empleador con base únicamente en la responsabilidad objetiva patronal, vale decir, sin que medie hecho ilícito de su parte (como ocurre en el caso concreto), al pago de indemnizaciones tanto materiales, como de carácter moral. Así lo ha establecido de manera reiterada la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo de Justicia, tanto en su Sala de Casación Social, como a través de su Sala Constitucional. Sin embargo, lo que no ha dispuesto la doctrina jurisprudencial, es que la parte que pretende la indemnización de algún daño, bien sea éste material o moral, se encuentre exceptuada o dispensada de demostrarlo, es decir, relevada de su obligación de demostrar la existencia del daño mismo que le afecta y cuya indemnización pretende.

Ahora bien, lo que acertadamente ha dispuesto la sentencia recurrida en el caso concreto, es que no resulta procedente la indemnización reclamada por concepto de daño moral, porque no está demostrada la ocurrencia misma del mencionado daño moral. En ese sentido, a juicio de esta Alzada, para la procedencia de la indemnización por daño moral que pretende la demandante, no es suficiente la demostración del daño físico que la afecta (el cual si está demostrado en autos, consistente en la hernia discal que padece la trabajadora demandante, conforme a la certificación que obra en los autos), sino que adicionalmente es necesario e indispensable demostrar, el daño moral propiamente dicho, cuya indemnización se reclama, el cual no está demostrado de forma alguna en este caso.

(Omissis)

(…) es imprescindible a los efectos de la procedencia de dicha indemnización, que el daño moral esté plenamente demostrado, por cuanto no es consustancial a todo daño material, la generación de un daño moral y en el presente asunto, no quedó demostrada una afectación en la esfera psíquica o moral de la trabajadora demandante, derivada o con ocasión de la “Discopatía Degenerativa de L5-S1”, que padece. Por el contrario, observa esta Alzada que gran parte de los medios probatorios de la actora fueron dirigidos a comprobar el carácter ocupacional de la enfermedad que ésta padece, pasando por alto la necesidad de demostrar la existencia misma del daño moral que tal enfermedad supuestamente le produce, indistintamente de su naturaleza ocupacional o común, ya que, como antes se estableció, el daño moral no es una consecuencia “automática” de todo padecimiento físico, por lo cual, resulta indispensable su demostración a los efectos de que resulte procedente su indemnización, circunstancia de hecho que no fue demostrada en el presente asunto. Y así se declara.”

Comentario de Acceso a la Justicia: La sentencia declara que no resulta procedente la indemnización reclamada por concepto de daño moral, porque no basta con probar el daño físico o material, sino que hay que probar la ocurrencia misma del mencionado daño moral. Este criterio rompe con los criterios tradicionales en materia de daños, ya que, el daño moral se considera una consecuencia lógica del daño físico; toda vez que es prácticamente imposible probar y más aún medir, el sufrimiento causado como consecuencia de un daño material.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scs/marzo/196945-0179-15317-2017-16-733.HTML

Accidente en la ruta al trabajo o accidente in itinere


Ley-Orgánica-de-Prevención,-Condiciones-y-Medio-Ambiente-de-Trabajo

Sala de Casación Social.

Recurso de apelación.

TSJ/SCS Nº 58. Fecha: 13/02/17.

Caso: Recurso de apelación en la demanda de nulidad de acto administrativo interpuesta por MONAPLAS, C.A., contra la certificación N° 0426-2014 de fecha 17 de julio de 2014, emanada de la Gerencia Estadal de Salud de los Trabajadores de Monagas y Delta Amacuro adscrita al Instituto de Prevención, Salud y Seguridad Laborales INPSASEL, que calificó como laboral el accidente de tránsito in itinere sufrido por la ciudadana AIDA DEL CARMEN DUARTE DE VIÑA.

Decisión: Se declaró con lugar el recurso de apelación interpuesto, se revoca la decisión recurrida y se declara sin lugar la demanda de nulidad interpuesta por MONAPLAS. La Sala indicó:

“De acuerdo con el informe de investigación de origen de accidente,  que forma parte del expediente administrativo resalta que el trayecto (rutagrama) que debió ser  solicitado por la empresa al trabajador en el que especificara el recorrido desde su casa al trabajo y viceversa así como el tiempo empleado, es inexistente, es decir, que sin ese instrumento no existe punto de partida para establecer lo habitual del itinerario que debe transitar la trabajadora a su ida y regreso de su hogar a su trabajo, menos aún a esas altas horas de la noche donde debe resguardarse de zonas donde exista algún riesgo o peligrosidad.

Se dejó plenamente establecido en el expediente y por el informe de investigación de accidente de trabajo (folios 26 y 423 1ª y 2ª pieza del expediente, respectivamente), que la empresa no notificó los riesgos en trayecto ni registró una vía o ruta para los trabajadores desde su casa hasta la entidad de trabajo (rutagrama) el cual sería el punto de partida para realizar la investigación, lo que ocasiona la falta de certeza acerca de si el recorrido habitual de la trabajadora, era el lugar donde ocurrió el accidente. Esa carencia del rutagrama, provocó que el funcionario del Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales advirtiera a la entidad de trabajo, y además la apercibiera por no notificar el accidente de trabajo recomendando un procedimiento de multa, razón por la cual por el principio de favor y el in dubio pro operario debe tenerse como cierto -porque no existe otra prueba concluyente- que el recorrido habitual de la trabajadora en altas horas de la noche era por donde circulaba en ese momento donde ocurrió el accidente de tránsito.

En otras palabras, el funcionario estableció la vía más corta y expedita a su parecer, pero tal apreciación no se encuentra corroborada por la declaración de testigos y el testimonio directo de la trabajadora accidentada que demostrase el recorrido habitual y la hora de salida en altas horas de la noche. De allí que no quedaron probados los hechos que la recurrida estableció en consonancia con la pretensión de la parte actora, siendo otro aspecto favorable al débil jurídico.

Concluye esta Sala afirmando que la concordancia entre estos dos elementos de tiempo y lugar, deben ser concurrentes para catalogar el accidente in itinere como de carácter laboral, cuestión que como se explicó supra fueron demostrados considerando que, la empresa no cumplió con el deber de solicitar a la trabajadora cuál era su recorrido habitual para ir del trabajo a su hogar a esas altas horas de la noche, por lo que concuerdan los elementos temporales y espaciales que califican el infortunio como de trabajo, sin que haya prueba en contrario aportada por la parte actora en nulidad, siendo procedente la denuncia del apelante. Y así se decide.”

Comentario de Acceso a la Justicia: Esta sentencia establece la importancia de que se tenga una declaración de recorrido habitual o trayecto hacia y desde el centro de trabajo, como se desprende del artículo 69, numeral 3, de la LOPCYMAT. Así en caso de no tenerlo, se acepta como válida la ruta utilizada por el trabajador y se reconoce como un accidente in itinere.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scs/febrero/196002-058-13217-2017-16-244.HTML

Lucro cesante en caso de fallecimiento del trabajador


DINERO

Sala de Casación Social.

Recurso de casación.

TSJ/SCS Nº 27. Fecha: 30/01/17.

Caso: Recurso de casación en el juicio por indemnizaciones derivadas de accidente laboral que siguen LUZ MERALYS JIMÉNEZ MOLINA, en su nombre y en representación de sus dos hijos E.D.C.J. y E.S.C.J., contra INVERSIONES JUANA ANTONIA, C.A. y el grupo económico conformado por las empresas COROMIX PREMEZCLADOS, C.A.COROMIX CORO, C.A. y COROMIX PARAGUANÁ, C.A. (GRUPO COROMIX).

Decisión: Con lugar el recurso, se anula el fallo recurrido. En la sentencia la Sala indicó que:

“Lucro cesante

A este respecto, debe indicarse que es criterio reiterado y pacífico de esta Sala que para la procedencia de los reclamos por lucro cesante se requiere demostrar que el infortunio laboral ocurrió ante un hecho ilícito. Sobre tal premisa, esta Sala de Casación Social ha afirmado en reiteradas oportunidades, entre ellas en decisión nº 768 del 6 de julio de 2005, el criterio que sigue:

[…] el trabajador que demande la indemnización de daños materiales superiores a los establecidos en las leyes especiales, deberá probar de conformidad con el Artículo 1.354 del Código Civil, los extremos que conforman el hecho ilícito que le imputa al patrón, criterio este, mantenido por la Sala de Casación Civil, ratificado hoy por esta Sala de Casación Social, el cual a continuación se transcribe:

‘Es criterio de esta Sala que de acuerdo a la acción intentada por el Trabajador con base en los Artículos 1.185 y 1.196 del Código Civil, el Tribunal Superior ajustó su decisión a los extremos que exige el Código Civil en materia de hecho ilícito demandado conforme a esas normas, por lo que correspondía a la parte actora demostrar en la secuela del juicio si el accidente se produjo por intención, negligencia o imprudencia de la empleadora, extremos que configuran el hecho ilícito que da lugar a la acción por daños y perjuicios morales o materiales, a tenor de los citados Artículos 1.185 y 1.196 del Código Civil. En lo que respecta al Artículo 1.354 del Código Civil, considera esta Corte que el Juzgado Superior sí le dio correcta aplicación”. (Sentencia de la Sala de Casación Civil de fecha 3 de junio de 1987, en el caso Isidro Arias Suárez contra Manufacturas Orgam, C.A.).’ (Sentencia N° 116, de fecha 17 de mayo de 2000, Sala de Casación Social).

Así las cosas, y en lo que se refiere al lucro cesante, es obligación de los órganos jurisdiccionales ajustar su decisión a los extremos que exige el derecho común en materia de hecho ilícito, por lo que es necesario verificar si la materialización del accidente o enfermedad ocupacional, según sea el caso, ha concurrido la intención, negligencia o imprudencia del empleador, demostrando el daño sufrido y la relación de causalidad.

El artículo 1.273 del Código Civil, establece.

Los daños y prejuicios se deben generalmente al acreedor, por la pérdida que haya sufrido y por la utilidad de que se le haya privado, salvo las modificaciones y excepciones establecidas a continuación.

En tal sentido, toda vez que quedó demostrado el hecho ilícito del patrono y que resulta imposible que el ciudadano Edgar Castro siga percibiendo ingresos o ganancias derivadas de la prestación de sus servicios personales, procede condenar al pago por lucro cesante, para lo cual se considera la edad del causante al momento del accidente (30 años) y el tiempo útil de un trabajador según lo establece la Ley del Seguro Social (de 60 años de edad), aunado al hecho de que el contrato era por tiempo indeterminado. De lo anterior, resulta que el ciudadano Edgar Castro, contaba con una vida útil 30 años de edad, correspondiendo el cálculo de la indemnización a razón el salario integral diario, base de cálculo admitida por esta Sala de Casación Social, entre otras en sentencia n° 341 del 11 de abril de 2016 (caso Carmen Zoraima Delgado de Abreu y otros contra Cantv).

Por tanto, la Sala acuerda como indemnización por lucro cesante la cantidad de Bs. 1.700.352,00, que resulta de multiplicar el salario integral diario del trabajador, por 10.800 días. Así se decide.

De la responsabilidad del grupo Coromix

Al momento de resolver el recurso de casación, se dispuso que la responsabilidad civil ordinaria del patrono por hecho ilícito, no excluye necesariamente la posibilidad de que se admita, al propio tiempo, la reclamación por responsabilidad civil de quien concurre en el hecho ilícito.

Partiendo de esta premisa, se observa que el caso marras el grupo Coromix participó en la comisión del hecho ilícito que produjo la muerte del ciudadano Edgar Castro, circunstancia que se verifica, entre otros elementos, del expediente de investigación del Inpsasel en el cual cursa la certificación de accidente de trabajo que dispone:

[…] para el momento del hecho se encontraba específicamente en la parte superior de la edificación sujetando el brazo mecánico del equipo bomba de concreto con el propósito de realizar el vaciado de cemento, en ese momento dicho brazo (cuello de jirafa o pluma) golpea una línea de alta tensión provocando una fuerte descarga eléctrica al trabajador supramencionado ocasionándole la muerte, debida a Insuficiencia Cardio-Respiratoria Aguda, Choque eléctrico […]. [Folio 157 de la pieza 3 del expediente].

Esta prueba, al igual que los testimonios y el informe de Corpoelec, dan cuenta de la presencia del camión de concreto premezclado el día del accidente, y que fue el brazo jirafa o pluma del referido camión el que derribó la línea eléctrica que causó la muerte del trabajador Edgar Castro.

Al mismo tiempo, en informe de la Corporación eléctrica Nacional, S.A., que figura en la pieza tres del expediente, refiere que la ruptura abrupta de la línea de media tensión (13 kV) correspondiente al circuito Los Taques, fue provocada por un camión de la empresa Coromix que estaba haciendo un vaciado de concreto.

De acuerdo con esto, observa la Sala que los dependientes o trabajadores del grupo Coromix, fueron quienes operaron los equipos que causaron la ruptura abrupta de la línea de media tensión eléctrica. Que además el grupo Coromix es el propietario del camión bomba y la jirafa o pluma que causa la ruptura de la línea de alta tensión eléctrica, de tal modo que el accidente de trabajo es imputable de manera concurrente a la sociedad mercantil Inversiones Juana Antonia, C.A. y al grupo Coromix, de conformidad con los artículos 1191 y 1195 del Código Civil.

De tal manera, si bien en el caso no se encuentran presentes las circunstancias para establecer la responsabilidad del grupo Coromix por lo que respecta a las obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales y seguridad social, no ocurre lo mismo en relación a la responsabilidad de acuerdo a las normas de derecho civil.

Consecuentemente, de conformidad con las normas de derecho común, específicamente de acuerdo a los artículos 1.191 y 1.195 del Código Civil, se condena al grupo Coromix a responder solidariamente de la condena por lucro cesante establecida en este fallo. Así se decide.

De la indemnización a cargo del grupo Coromix por concepto de daño moral o extrapatrimonial

Los demandantes reclaman a título propio, indemnización por daño moral ante el sufrimiento que les supone la muerte del ciudadano Edgar Castro, alegando que deben responder solidariamente la sociedad mercantil Inversiones Juana Antonia, C.A. y el grupo Coromix.

Al respecto, quedó comprobado en autos que hubo una lesión a un bien extrapatrimonial que afecta a la esfera íntima de los actores generando una aflicción, lo cual da lugar a una indemnización compensatoria, ya impuesta por la Sala a la empresa Inversiones Juana Antonia, C.A.

Ahora bien, observando que en el presente caso existe la circunstancia particular de la concurrencia del grupo Coromix en el hecho generador del infortunio (por cuenta de los dependientes del grupo), y que se han determinado los elementos de su responsabilidad civil (daño, culpa y relación de causalidad) según el cúmulo de pruebas aducidas al proceso, corresponde establecer su responsabilidad solidaria de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 1191, 1195, 1196 y 1221 del Código Civil, último de los cuales dispone:

Artículo 1.221. La obligación es solidaria cuando varios deudores están obligados a una misma cosa, de modo que cada uno pueda ser constreñido al pago por la totalidad, y que el pago hecho por uno solo de ellos liberte a los otros, o cuando varios acreedores tienen el derecho de exigir cada uno de ellos el pago total de la acreencia y que el pago hecho a uno solo de ellos liberte al deudor para con todos.

Conviene reiterar que en el caso bajo análisis hubo una cadena causal. Inobservancia de las obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales por parte de la sociedad mercantil Inversiones Juana Antonia, C.A., y la acción para la ocurrencia del daño por parte del grupo Coromix. La primera (patrono) tenía la capacidad (y la obligación) de evitar el infortunio, y el segundo realizó la acción necesaria que produjo la muerte (golpear la línea de transmisión eléctrica).

De tal modo, se condena al grupo Coromix a responder solidariamente de la indemnización compensatoria por daño moral establecida precedentemente, atendiendo a que, en definitiva, se trata de un solo concepto que obedece a la aflicción producida por la muerte del ciudadano Edgar Castro. Así se decide.”

Comentario de Acceso a la Justicia: La sentencia ratifica el criterio de la Sala sobre la procedencia y determinación del lucro cesante en caso de fallecimiento del trabajador, esto es, que se requiere demostrar que el infortunio laboral ocurrió ante un hecho ilícito. Además, establece la responsabilidad solidaria de un grupo económico por su concurrencia en el hecho generador del daño.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scs/enero/195641-027-30117-2017-15-1317.HTML